ATC513-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC513-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 08001-22-13-000-2022-00146-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luz Marina Delgado Escorcia contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Registradur\u00eda Especial de Barranquilla; si no fuera porque la Corte observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales a la personalidad jur\u00eddica, nacionalidad y estado civil, que dice vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
Indic\u00f3 la gestora que era nacional venezolana; que su madre era colombiana; que a ra\u00edz de la crisis que enfrenta Venezuela se traslado a Colombia y resid\u00eda en Barranquilla; y que al tener madre colombiana ten\u00eda derecho a que se le reconociera la nacionalidad colombiana. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que acudi\u00f3 a la Registradur\u00eda Especial de Barranquilla para adelantar dicho tr\u00e1mite, empero, le exigieron contar con su partida de nacimiento apostillada, lo que no pod\u00eda acreditar porque no le era posible trasladarse a Venezuela; y que en la Circular 064 de 2017 la Canciller\u00eda, la Registradur\u00eda, la Procuradur\u00eda y Migraci\u00f3n Colombia permit\u00edan dicha inscripci\u00f3n sin la apostilla, con dos testigos h\u00e1biles, empero, la misma estuvo vigente hasta noviembre del 2020. <\/p>\n
Adujo que exist\u00eda una respuesta a una petici\u00f3n de inter\u00e9s general en la que se dejaba claro que se requer\u00eda dicha apostilla; que hab\u00eda intentado hacer el tr\u00e1mite por la p\u00e1gina web pero le ped\u00edan un numero de planilla \u00fanica bancaria con el que no contaba, en tanto que dicho pago solo se pod\u00eda hacer de forma presencial; y que la falta de apostilla no era un capricho sino el resultado de la crisis por la que se atravesaba. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene a la entidad acusada que \u00abproceda con la inscripci\u00f3n de [su] nacimiento en el registro civil colombiano dando aplicaci\u00f3n a la medida excepcional para la inscripci\u00f3n del nacimiento de hijos colombianos nacidos en Venezuela, permitiendo suplir el requisito de apostilla con la presentaci\u00f3n de dos (2) testigos\u00bb; y que \u00abuna vez realizado el tr\u00e1mite para la inscripci\u00f3n extempor\u00e1nea de [su] nacimiento emita y haga entrega del respectivo documento de [su] registro civil de nacimiento\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la exigencia del documento de registro civil de nacimiento expedido en Venezuela debidamente apostillado no infring\u00eda los derechos fundamentales alegados, pues respond\u00eda a las din\u00e1micas pol\u00edticas propias del Estado receptor; que el ordenamiento jur\u00eddico patrio requer\u00eda para el registro de colombianos nacidos en el exterior el documento expedido por la autoridad venezolana debidamente apostillado, el que se pod\u00eda obtener de forma remota en la p\u00e1gina web del Ministerio del Poder Popular, previo pago del costo correspondiente; que no era posible la aplicaci\u00f3n excepcional de la Circular 064 de 2017 que permit\u00eda la inscripci\u00f3n en el registro civil de nacimiento a los hijos de colombianos nacidos en Venezuela, que no tuvieran su documento antecedente debidamente apostillado, con la declaraci\u00f3n de testigos, pues tal excepcionalidad estuvo vigente hasta el mes de noviembre de 2020; que tal como informaba la Unidad Administrativa Especial de Migraci\u00f3n Colombia, la accionante ten\u00eda una situaci\u00f3n de migrante regular, era titular del permiso por protecci\u00f3n temporal que le permit\u00eda ejercer cualquier actividad u ocupaci\u00f3n legal en el pa\u00eds, acceder al sistema de seguridad social en salud y pensi\u00f3n, contratar con entidades financieras, convalidar sus t\u00edtulos profesionales, ingresar y salir de Colombia y las dem\u00e1s situaciones donde los migrantes venezolanos requieran identificarse y acreditar su estatus; y que no era evidente la vulneraci\u00f3n de derechos reclamada. <\/p>\n
3. La accionante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n que se acaba de rese\u00f1ar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del extracto f\u00e1ctico de la demanda de resguardo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Corte para decidir la impugnaci\u00f3n del presente asunto, pues la actuaci\u00f3n surtida se encuentra viciada de nulidad, en la medida en que el a quo constitucional carec\u00eda de aquella para tramitarla en primer grado. <\/p>\n
Ello en la medida en que el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en su art\u00edculo 2.2.3.1.2.1., establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica, ha de resaltarse que el auxilio supralegal del ep\u00edgrafe se dirigi\u00f3 contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil y la Registradur\u00eda Especial de Barranquilla, puesto que la gestora no cuenta con su partida de nacimiento apostillada para registrarse como colombiana, por lo que solicita se le aplique la medida excepcional de permitirle la declaraci\u00f3n de dos testigos h\u00e1biles. <\/p>\n
Luego, se vislumbra, que no hab\u00eda lugar a aplicar el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del referido Decreto 1069 de 2015 -modificado por el Decreto 333 de 2021-, conforme al cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones\u2026 del Registrador Nacional del Estado Civil\u2026 ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb; comoquiera que es \u00abevidente que la queja objeto de discusi\u00f3n no compromete de manera directa una actuaci\u00f3n espec\u00edfica\u00bb de la investidura del funcionario mencionado a espacio, esto es, del Registrador Nacional del Estado Civil, \u00ablo que habilitar\u00eda el conocimiento del Tribunal en las condiciones en que lo hizo\u00bb (CSJ ATC862-2018, 19 abr., rad. 2018-00468-01), pues se alude a una circular, sin que se presente queja directa frente a dicho funcionario (CSJ ATC1938-2021 y CSJ ATC306-2022). <\/p>\n
3. En ese orden, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de la entidad convocada como sujeto pasivo de la tutela, r\u00e1pidamente se observa que la competencia para conocer de la salvaguarda, en primera instancia, correspond\u00eda al Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla, acorde con la regla consagrada en el ya citado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
4. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla est\u00e1 viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta Colegiatura que: <\/p>\n
El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992.2 (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016, reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
5. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
6. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja al Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla, a quien correspondi\u00f3 por reparto inicialmente el presente asunto, por ser el competente para resolver el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo decantado, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad del fallo dictado 3 de marzo de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado, salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena remitir de inmediato el expediente al Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Barranquilla, a quien le fue inicialmente repartido, para que imprima al asunto el tr\u00e1mite de primera instancia de rigor. <\/p>\n
3. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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