ATC549-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC 549 -2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00241-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 29 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosalba Corredor Ariza contra el Juzgado Veintisiete de Familia de esta ciudad, se advierte que quien interpuso dicho recurso carece de mandato id\u00f3neo para representar a los vinculados en este asunto, lo que inviabiliza su procedencia y le resta competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Lo anterior, en raz\u00f3n a que la impugnaci\u00f3n fue impetrada por el abogado Guillermo Germ\u00e1n C\u00e1rdenas Pineda, \u00abobrando como apoderado de todos los herederos reconocidos dentro del proceso de sucesi\u00f3n del se\u00f1or H\u00e9ctor Gonzalo Ram\u00f3n Torres\u00bb, pero no alleg\u00f3 poder especial de quienes dice resultaron afectados con la decisi\u00f3n atacada, ni acredit\u00f3 su reconocimiento dentro del presente tr\u00e1mite procesal como mandatario judicial de los herederos que representa dentro del sucesorio cuya actuaci\u00f3n se cuestiona por esta v\u00eda, por lo que, se concluye, carece de postulaci\u00f3n para actuar al interior de la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
N\u00f3tese que la posible condici\u00f3n de apoderado judicial en dicho liquidatorio, no lo faculta para asumir la representaci\u00f3n de tales poderdantes en este espec\u00edfico asunto, ya que para ello se requiere el correspondiente poder especial que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
3. En efecto, trat\u00e1ndose de tutelas promovidas a trav\u00e9s de apoderado judicial, as\u00ed como para cuando no se responden las mismas directamente por el interesado, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Corte y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver entre otras, sentencia del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese mismo sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01, citada en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01 y ATC285-2019, 28 feb. 2019, rad. 00002-01). <\/p>\n
La postura anterior viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97); y a que \u00abdebe desecharse la hip\u00f3tesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al prop\u00f3sito de intentar la acci\u00f3n de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un car\u00e1cter informal, tambi\u00e9n lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se present\u00f3 y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro y a t\u00edtulo profesional\u00bb (CC T-526\/98). Destaca la Sala. <\/p>\n
La exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta en eventos como el que ahora se analiza, ya que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial del demandante en el referido proceso [\u2026], esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos\u00bb (CSJ ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01). <\/p>\n
Del mismo modo se ha dicho y reiterado que \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, citada entre otras en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01). Subraya la Corte. <\/p>\n
Igualmente, en relaci\u00f3n con el tema la Sala indic\u00f3 \u00ab(\u2026) por cuanto a la profesional del derecho que promovi\u00f3 la acci\u00f3n y quien seguidamente impugn\u00f3 lo resuelto en primera instancia, no se le confiri\u00f3 poder especial para representar a quien dice fungir como afectado, y tampoco se invoc\u00f3 que actuara como agente oficioso de \u00e9ste, no se satisface el presupuesto de la legitimaci\u00f3n en la causa que habilite su intervenci\u00f3n en sede de tutela\u00bb (CJS STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 2016-00801-01, citada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, tampoco podr\u00eda tenerse al profesional del derecho como habilitado para impugnar, bajo el supuesto de que el tribunal a-quo lo hubiera enterado de la iniciaci\u00f3n de la salvaguarda, ni tampoco por encontrarse vulnerados sus derechos a t\u00edtulo personal, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto que se cuestiona, s\u00f3lo les compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los apoderados, en tanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) los poderes conferidos a los abogados para actuar dentro de las actuaciones judiciales o extrajudiciales, no pueden tener \u00ab…la virtud de transferirle al apoderado los derechos fundamentales de su poderdante, ni mucho menos habilitarle para interponer acciones de tutela adyacentes…\u00bb, ya que este mecanismo es un proceso judicial aut\u00f3nomo, que cuando se ejerce a trav\u00e9s de un abogado requiere sujetarse a las reglas generales del derecho de postulaci\u00f3n (entre muchos, fallos de 15 mayo 1995 -exp. 2169-, 22 de mayo y 2 de agosto de 1996 -exps. 3009 y 3224-, 14 de noviembre 1997 -exp. 4568-, 4 de marzo y 14 de agosto de 1998 -exps. 4804 y 5254-, 24 noviembre de 1999 -exp. 7669-, 31 de julio de 2000 -exp. 0206-, 20 de febrero y 29 de noviembre de 2001 -exps. 20000965 y 200010813)\u00bb (CSJ ATC, 19 feb. 2003, rad. 00072-01, citado entre otros en ATC, 10 mar. 2011, rad. 2010-00188-01, y STC, 21 ago. 2013, rad. 01149-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abEl profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (\u2026) El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada en ATC1052-2019, 16 jul. 2019, rad. 00232-01). <\/p>\n
5. As\u00ed, en el presente caso resultaba perentorio que el abogado que impugn\u00f3 el fallo desestimatorio del auxilio, demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, omisi\u00f3n que impide dar tr\u00e1mite al recurso, m\u00e1s si se tiene en cuenta que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb (CSJ STC 14 dic. 2010, rad. 00008-02, citada en ATC1445-2019, 17 sep. 2019, rad. 00424-01), y como en el caso analizado no se cumplen a cabalidad tales condiciones, la admisi\u00f3n del recurso deviene impr\u00f3spera. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase que la presente decisi\u00f3n se adopta mediante auto, manteniendo el criterio que en tal sentido se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo del 16 de abril 2008 (rad. 2007-00272-01), reiterado en ATC, 10 mar. 2011, rad. 00188-01, y citado en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01; ATC133-2019, 6 feb. 2019, rad. 2018-00683-01; ATC285-2019, 28 feb. 2019, rad. 00002-01; ATC838-2019, 4 jun. 2019, rad. 00094-01; ATC929-2019, 21 jun. 2019, rad. 00230-01; ATC1052-2019, 16 jul. 2019, rad. 00232-01; ATC1185, 1\u00b0 ago. 2019, rad. 00103-01; ATC1445-2019, 17 sep. 2019, rad. 00424-01; ATC1630-2019, 17 oct. 2019, rad. 00274-01, y ATC1819-2019, 20 nov. 2019, rad. 01948-01, y ATC1047-2020, 4 nov. 2020, rad. 00043-01, entre otros. <\/p>\n
De conformidad con lo antes discurrido, se inadmitir\u00e1 la impugnaci\u00f3n planteada y en su lugar se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la Corte Constitucional conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia inicialmente referidas. <\/p>\n
Segundo: Previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al a quo, se ordena la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para que se surta el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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ATC549-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente ATC 549 -2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00241-01 Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). 1. Respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62578","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62578","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62578"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62578\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62578"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62578"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62578"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}