ATC557-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC557-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-01192-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Sesenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esta ciudad) y Civil Municipal de Madrid (Cundinamarca), con ocasi\u00f3n del conocimiento de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Yenifer Marcela Camelo Mendoza contra Avon S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ CIVIL MUNICIPAL DE BOGOT\u00c1 D.C.\u00bb, con el prop\u00f3sito de que se ordene a la querellada resolver la petici\u00f3n que formul\u00f3 en procura de que se \u00abretire el (\u2026) reporte negativo ante las centrales de riesgo (Data cr\u00e9dito)\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Sesenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa localidad), al que inicialmente correspondi\u00f3 el asunto por reparto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla [solicitante] (\u2026) se encuentra domiciliada y tiene su residencia ubicada en el municipio de Madrid \u2013 Cundinamarca, y en principio, es all\u00ed donde [la vulneraci\u00f3n] produce sus efectos\u00bb. En consecuencia, remiti\u00f3 las diligencias a los jueces civiles municipales de esa localidad. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el hom\u00f3logo Civil Municipal de Madrid, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00ab[p]or v\u00eda normativa y jurisprudencial se impuso (\u2026) la imposibilidad de los jueces para desconocer la decisi\u00f3n de la parte [convocante] respecto de quien tramitar\u00e1 su proceso y por ello tal expresi\u00f3n prima y prevalece sobre el criterio territorial que invoca el remitente\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir el presente conflicto de competencias, dado que involucra a despachos de diferentes distritos judiciales; lo anterior al amparo de lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Acorde con el canon 37 del Decreto 2591 de 1991, \u00ab[s]on competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivaren la presentaci\u00f3n de la solicitud\u00bb, pauta que reproduce el art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, a cuyo tenor \u00abpara los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de peticiones de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000). (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
Tal determinaci\u00f3n, no desconoce el car\u00e1cter expedito, preferente y sumario de la acci\u00f3n de tutela pues, con independencia de dichos atributos, como acci\u00f3n judicial \u00abest\u00e1 sujeta al debido proceso (art\u00edculo 29 y 85 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) del que dimana la competencia para el conocimiento de los diferentes asuntos. Este corresponde por el factor territorial al juez del lugar de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho fundamental (art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991) y por la naturaleza de la autoridad o del acto se distribuye entre los diferentes despachos judiciales, conforme al Decreto 1382 de 2000\u00bb (CSJ. 10 abr. 2021, rad. 42345). <\/p>\n
En otra oportunidad, se\u00f1al\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que el debido proceso es un derecho de car\u00e1cter fundamental, aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y la competencia, como una de sus manifestaciones, corresponde a la facultad de los jueces para ejercer jurisdicci\u00f3n en determinada parte del territorio o en ciertos asuntos y, como tal, no puede ser invadida por un hom\u00f3logo unipersonal o corporativo. El Decreto 1382 de 2000 reglament\u00f3 el reparto de las acciones de tutela, y determin\u00f3 el juez natural que debe conocer de acuerdo con el nivel al cual pertenezca la autoridad [encartada] o su jerarqu\u00eda, o si se trata de un particular\u00bb (CSJ 23 may. 2013, rad 67047). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala precisa que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que la accionante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb, lo que sugiere, en principio, que en el sub ex\u00e1mine cualquiera de las autoridades en contienda podr\u00eda proveer sobre el particular. <\/p>\n
Lo anterior, porque, en primer lugar, el Juzgado Civil Municipal de Madrid se acompasa con el domicilio de la gestora1, al paso que su hom\u00f3logo Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Sesenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esta ciudad) corresponde al lugar de funcionamiento de la dependencia, sucursal u oficina de la entidad querellada2, con la cual la aqu\u00ed gestora habr\u00eda entablado relaci\u00f3n, al presuntamente haberle dirigido su petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que la finalidad de las previsiones normativas que regulan la materia consiste en: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver, entre otros, CSJ ATC2439-2016, 26 abr., rad. 2016-01053). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con las premisas precedentes, es el Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Sesenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esta ciudad), el llamado a dirimir la tramitaci\u00f3n de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Ochenta y Cinco Civil Municipal de Bogot\u00e1 (transformado transitoriamente en el Sesenta y Siete de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples de esta ciudad), para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n al citado despacho e informar lo decidido a la otra agencia judicial involucrada en la contienda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 All\u00ed se refiri\u00f3: \u00abYENIFER MARCELA CAMELO MENDOZA, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadan\u00eda (\u2026), expedida en Madrid (Cundinamarca), domiciliada y residente en el municipio de Madrid\u00bb, f. 1, escrito de tutela, archivo 1. <\/p>\n
2\u0002 Al efecto, se indic\u00f3: \u00abCorreo f\u00edsico [de la accionada]: Calle 53 # 10-43, Bogot\u00e1\u00bb, f. 14, \u00eddem. As\u00ed mismo, en el Registro \u00danico Empresarial se pudo constatar que Avon Colombia S.A.S., con NIT 900041914 \u2013 7 y matr\u00edcula mercantil 35068212, cuenta con \u00abestablecimiento, agencia o sucursal\u00bb, entre otras, en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem. <\/p>\n
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