ATC562-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
ATC562-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02212-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Bebys Orozco Mu\u00f1oz contra la Sociedad de Activos Especiales – SAE, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, el Comit\u00e9 de Enajenaci\u00f3n del Frisco y dem\u00e1s partes e intervinientes en el proceso de extinci\u00f3n de dominio con radicado n\u00ba 2016-00002, sino fuera porque en el tr\u00e1mite de primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La se\u00f1ora Bebys Orozco Mu\u00f1oz invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la Sociedad de Activos Especiales – SAE. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que la Fiscal\u00eda 21 Especializada de Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 y la Sociedad de Activos Especiales \u2013SAE- adelantaron en su contra proceso de extinci\u00f3n de dominio, tr\u00e1mite asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, quien, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2019, declar\u00f3 la improcedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n sobre el inmueble de su propiedad ubicado en el Edificio Arrecife Apartamento 501, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 040-285721 de la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Barranquilla. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 30 de enero de 2020, el asunto fue remitido a la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 con el fin de resolver el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 21 de mayo de 2021, mediante Resoluci\u00f3n n\u00ba 1132 la Sociedad de Activos Especiales orden\u00f3 el inicio de proceso de enajenaci\u00f3n temprana sobre el referido bien, acto que qued\u00f3 registrado en el certificado de libertad y tradici\u00f3n bajo la anotaci\u00f3n 009 con fecha 12 de julio de 2021. <\/p>\n
Adujo que la mencionada entidad hace un uso desproporcionado de sus facultades administrativas al iniciar ese tr\u00e1mite, aun cuando se dict\u00f3 sentencia de improcedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio sobre el bien, decisi\u00f3n que se encuentra en el Tribunal pendiente para resolver en grado de consulta. <\/p>\n
Sostuvo que este mecanismo constitucional es id\u00f3neo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra, dado que no procede ning\u00fan tipo de recurso frente a la actuaci\u00f3n administrativa realizada por la Sociedad de Activos Especiales SAE. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que frente a la afectaci\u00f3n al debido proceso que en este caso ocasiona la enajenaci\u00f3n temprana, en reiteradas ocasiones, se ha amparado dicha prerrogativa superior en casos similares, suspendiendo este tipo de actuaciones administrativas hasta tanto no se resuelvan los tr\u00e1mites de consulta sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de derecho de dominio. Para soportar su aserci\u00f3n, refiri\u00f3 y describi\u00f3 entre otras, las sentencias STP16849-2018, STP4539-2019, STP4927-2019 y STP13057-2019. <\/p>\n
Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la entidad accionada \u00abdecretar la suspensi\u00f3n provisional del proceso de enajenaci\u00f3n temprana (\u2026) hasta que no sea resuelto de manera definitiva el procedimiento jurisdiccional de consulta que actualmente se realiza en el Tribunal Superior Sala de Extinci\u00f3n de Dominio de la Ciudad de Bogot\u00e1, a la sentencia de improcedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Barranquilla el d\u00eda 19 de noviembre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal 21 adscrita a la Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio, inform\u00f3 que adelant\u00f3 el tr\u00e1mite mencionado por la reclamante sobre el bien de su propiedad el cual fue puesto a disposici\u00f3n de la SAE para su administraci\u00f3n de conformidad a lo consagrado en el art\u00edculo 90 y ss. del C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, quien tiene la facultad de llevar a cabo la enajenaci\u00f3n temprana de activos cuando se presente alguna de las circunstancias consignadas en el canon 93 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. La Sociedad de Activos Especiales SAE se opuso a la prosperidad del amparo e indic\u00f3 que dando cumplimiento a su deber legal someti\u00f3 a aprobaci\u00f3n el mecanismo de enajenaci\u00f3n temprana del inmueble de propiedad de la peticionaria ante el Comit\u00e9 de Enajenaciones, el cual en sesi\u00f3n n\u00ba 26 del 9 de abril de 2021 aprob\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a la aludida figura bajo la causal n\u00ba 4, decisi\u00f3n que se materializ\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n 1132 del 21 de mayo de 2021, sin que a la fecha registre causal de exclusi\u00f3n. Asimismo, destac\u00f3 que no ha sido notificada de decisi\u00f3n por parte del ente judicial que impida la administraci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los mecanismos consagrados en le Ley 1708 de 2014 sobre el bien. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y de Derecho manifest\u00f3 que la Resoluci\u00f3n que orden\u00f3 el inicio de la enajenaci\u00f3n temprana, fue expedida en el marco de las facultades concedidas por la Ley 1798 de 2014 y como resultado de las medidas cautelares decretadas contra el inmueble por la Fiscal\u00eda 21 Especializada, en virtud de las cuales a la SAE le corresponde asumir la administraci\u00f3n del bien. <\/p>\n
5. La Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, no obstante, inform\u00f3 que el proceso adelantado contra la accionante fue adjudicado a ese Despacho el 5 de febrero de 2020, para resolver los m\u00faltiples recursos de apelaci\u00f3n interpuestos contra la sentencia de primera instancia y surtir el grado jurisdiccional de consulta, respecto de los bienes que no fueron extinguidos. <\/p>\n
6. Mediante sentencia constitucional de 9 de noviembre de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal concedi\u00f3 de manera transitoria la solicitud de amparo propuesta por la accionante y orden\u00f3 suspender \u00ablos efectos de la Resoluci\u00f3n No. 1132 del 21 de mayo de 2021, emitida por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (S.A.E.), exclusivamente respecto del bien\u00bb, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 040-285721 de Barranquilla. En consecuencia, s\u00f3lo hasta que se defina la procedencia o improcedencia de la extinci\u00f3n del dominio, seg\u00fan sea el caso, a trav\u00e9s de una decisi\u00f3n debidamente ejecutoriada, podr\u00e1 reactivar dicha entidad, de ser procedente, la determinaci\u00f3n objetada. <\/p>\n
7. El anterior fallo fue objeto de impugnaci\u00f3n por parte de la Sociedad de Activos Especiales, argumentando que la determinaci\u00f3n por ella adoptada, encuentra sustento en las facultades de administraci\u00f3n con que fue investida por la Ley 1708 de 2014, am\u00e9n que cuenta con la respectiva aprobaci\u00f3n de la enajenaci\u00f3n temprana por parte del Comit\u00e9 de enajenaciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para conocer y definir en primera instancia el amparo reclamado, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e, espec\u00edficamente, a la Sociedad de Activos Especiales – SAE, quien, en sentir de la reclamante, incurri\u00f3 en un uso desproporcionado de sus facultades, al iniciar la enajenaci\u00f3n temprana sobre el bien identificado con matricula inmobiliaria n\u00ba 040-28572. <\/p>\n
Por tanto, la convocatoria a estas diligencias de la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de dicha especialidad de Barranquilla, resulta apenas aparente, pues, si bien en el escrito inicial se menciona que la actuaci\u00f3n se encuentra surtiendo el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia desestimatoria, lo cierto es que la pretensi\u00f3n de este amparo se enfil\u00f3 contra la determinaci\u00f3n adoptada por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., en Resoluci\u00f3n n\u00ba 1132 de 2021, mediante la cual, dispuso enajenar tempranamente el bien de propiedad de la accionante. <\/p>\n
Sobre lo expuesto, esta Sala, en un caso de id\u00e9nticos perfiles, expuso: <\/p>\n
\u00ab[Q]ueda claro que, m\u00e1s all\u00e1 de que exista una alusi\u00f3n al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dada su intervenci\u00f3n en el tr\u00e1mite extintivo, su actuaci\u00f3n no constituy\u00f3 el cimiento de la demanda constitucional, pues como viene de indicarse, el ataque apunta concretamente al proceder de la SAE, quien, como administradora del FRISCO, se encuentra investida de autonom\u00eda para gestionar los bienes vinculados a esa clase de procesos judiciales, por lo que se evidencia que la vinculaci\u00f3n de la colegiatura tantas veces mencionada en este caso resulta apenas aparente. <\/p>\n
Lo anterior para significar que no es suficiente con que en la demanda se mencione al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para que la competencia recaiga autom\u00e1ticamente en esta Corporaci\u00f3n, pues sustancialmente se requiere que el actor le atribuya alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n vulneradora de sus derechos supralegales situaci\u00f3n que, como se ha advertido, no ocurre en este caso\u00bb (CSJ. ATC1935-2019). <\/p>\n
2. Ahora, como la accionada es la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, quien de acuerdo con el art\u00edculo 90 de la Ley 1708 de 2014, es una \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional\u00bb, encargada de la administraci\u00f3n del Fondo para la Rehabilitaci\u00f3n, Inversi\u00f3n Social y Lucha contra el Crimen Organizado, el juez constitucional de primer grado, carec\u00eda de competencia para decidirla, de conformidad con lo ordenado en el numeral 2\u00b0, inciso primero del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1382 de 2000 modificado por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 2021 -vigente para la fecha en que se radic\u00f3 el amparo, el cual establece que \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb, correspondiendo entonces, su conocimiento a los Juzgados del Circuito o con categor\u00eda de tal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
De manera que, si ninguna acusaci\u00f3n espec\u00edfica materializ\u00f3 la parte aqu\u00ed interesada en relaci\u00f3n a las citadas autoridades judiciales, no resulta jur\u00eddico enlazarlas a este tr\u00e1mite, por tanto, se itera, su vinculaci\u00f3n es infundada y se convocatoria a la presente acci\u00f3n resulta apenas aparente. <\/p>\n
Cumple precisar al efecto, que como lo ha explicado la Sala en otras ocasiones, \u00abde acuerdo con lo preceptuado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1382 de 2000, modificado por el Decreto 1983 de 2017 \u00ablos hechos descritos en la solicitud de tutela\u00bb son los que permiten determinar la competencia para conocer de dicha acci\u00f3n, de suerte que las reglas all\u00ed descritas logran cabal desarrollo a partir la descripci\u00f3n f\u00e1ctica indicada, por lo que no basta con que se designe a un demandado o que se exponga aisladamente el motivo de su convocatoria, como se hizo en este caso, para que de esa manera, inapropiadamente, el gestor del amparo var\u00ede el funcionario habilitado para el conocimiento de la queja; de otro modo, se radicar\u00eda esa facultad solamente con estribo en la clase de demandado, con prescindencia de que ciertamente se le acuse o no de la infracci\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental, dejando en el vac\u00edo, por tanto, los prop\u00f3sitos de racionalizaci\u00f3n y desconcentraci\u00f3n en el conocimiento de las acciones de tutela, que justifican dichos preceptos legales\u00bb (STC6613-2021). <\/p>\n
Se resalta, que la situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos que regulan dicho tr\u00e1mite, siempre que no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Por tanto, como se encuentra configurada la nulidad por falta de competencia prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, de conformidad con el 138 \u00eddem, implica que \u00ab(\u2026) lo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb (subraya la Sala), en cumplimiento de esa \u00faltima disposici\u00f3n, que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se puntualiza que se dejar\u00e1 sin efecto el fallo proferido por el a quo constitucional, para que el funcionario habilitado, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de la validez de las pruebas practicadas y las que se requieran. <\/p>\n
La Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del Decreto 333 de 2021 y dem\u00e1s normas complementarias, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab[R]especto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u00bb (CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01, citado entre otros en STC6613-2021). <\/p>\n
3. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad del fallo de primer grado y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a los juzgados con categor\u00eda de circuito de Bogot\u00e1 -reparto-, para que asuman el conocimiento de esta salvaguarda, tal como lo ha ordenado esta Corte en casos similares (ATC1024-2019, ATC1935-2019 y ATC843-2019). <\/p>\n
\u00ab[N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ, ATC 16 jul. 2010, rad. 2010-00022-01, reiterado en ATC8658-2016, 15 dic. 2016, rad. 00363-01 y ATC10522021, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 9 de noviembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, en el asunto de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR la remisi\u00f3n del expediente a los juzgados con categor\u00eda de circuito de Bogot\u00e1 -reparto-, para que asuman el conocimiento de la presente acci\u00f3n constitucional. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite asignado a esta Sala el 4 de abril de 2022. <\/p>\n
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ATC562-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente ATC562-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02212-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 9 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62581","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62581","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62581"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62581\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62581"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62581"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62581"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}