ATC567-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC567-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00571-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ricardo Emiro Cuervo Pe\u00f1uela, en su calidad de Juez Veintid\u00f3s de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esta ciudad contra la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y el Juez Coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, ambos de esta capital, se advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, acude al mecanismo de amparo para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, trabajo en condiciones dignas y justas, petici\u00f3n y \u00abprohibici\u00f3n de la esclavitud\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades convocadas. <\/p>\n
Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, mediante resoluci\u00f3n n\u00ba 202 del 3 de marzo de 2022 la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de este Distrito Judicial lo design\u00f3, en su condici\u00f3n de Juez Veintid\u00f3s de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, como \u00abclavero en la comisi\u00f3n escrutadora de la localidad de M\u00e1rtires 14.1 de Bogot\u00e1\u00bb para las elecciones de Congreso de la Rep\u00fablica y consultas de partidos, del 13 de marzo de 2022, designaci\u00f3n que, seg\u00fan adujo, \u00abimplica la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos durante el t\u00e9rmino en que cumpla la funci\u00f3n en tales comisiones, al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 157 del C\u00f3digo Nacional Electoral\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, luego, con oficio CSJBTOP22-306 de 11 de marzo de 2022 el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional, dirigido al Director Seccional, comunic\u00f3 que dicha corporaci\u00f3n no autorizaba la suspensi\u00f3n del reparto de acciones de tutela para ning\u00fan despacho judicial, sin importar su especialidad, de Bogot\u00e1, con fundamento en que, \u00absi bien los funcionarios designados desarrollar\u00e1n su labor como escrutadores o claveros fuera de la sede judicial, todos sus colaboradores continuar\u00e1n prestando el servicio de administraci\u00f3n de justicia a trav\u00e9s del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, con fundamento en el art\u00edculo 1\u00ba del Acuerdo n\u00ba PCSJA22-11930 de 25 de febrero de 2022 emanado de la Sala Superior\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuestion\u00f3 tambi\u00e9n que, el juez coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de esta capital, debi\u00f3 suspender el reparto de asuntos civiles y acciones constitucionales para los despachos judiciales cuyo titular fue designado clavero, en atenci\u00f3n a lo previsto en el art\u00edculo 157 del C\u00f3digo Nacional Electoral, decreto ley 2241 de 1986. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, las labores como claveros, conforme est\u00e1 contemplado legalmente, inician a las 03:30 p.m., y se extienden hasta las 12 de la noche el d\u00eda de las elecciones y en los d\u00edas subsiguientes hasta que la comisi\u00f3n finalice el escrutinio, en jornadas de hasta 12 horas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, la decisi\u00f3n del magistrado del Consejo Seccional de no autorizar la suspensi\u00f3n de reparto de acciones de tutela para los juzgados en los que el titular cumpli\u00f3 esas funciones electorales, \u00abse constituye en arbitraria y en una situaci\u00f3n que incita al juez a prevaricar, de acatarse semejante groser\u00eda de decisi\u00f3n (sic), adem\u00e1s de que implica indirectamente [\u2026] consecuencias vulneradoras de [\u2026] derechos fundamentales\u00bb; ya que, seg\u00fan sostuvo, el estudio de las providencias que proferir, \u00absupone un tiempo adicional de trabajo diario que generar\u00eda una situaci\u00f3n de esclavitud prohibida\u00bb; y que adem\u00e1s, el mencionado magistrado est\u00e1 suponiendo \u00abque el suscrito juez clavero, como todos los jueces designados, somos unos irresponsables jueces firmones. Eso constituye un insulto a la funci\u00f3n jurisdiccional\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 que, \u00ab(\u2026) se suspenda la aplicaci\u00f3n o efectos del oficio CSJBTOP22-306 de marzo 11 de 2022 suscrito por el mg. H\u00e9ctor Enrique Pe\u00f1a Salgado, Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 (\u2026) ordenarle al [juez] Coordinador del Centro de Servicios para los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, que suspenda inmediatamente el reparto de tutela y de demandas civiles al Juzgado Veintid\u00f3s de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple a partir del viernes 11 de marzo de 2022 y de demandas civiles a partir del lunes 14 de marzo de 2022 y los reparta a los despachos cuyos titulares no fueron designados escrutadores o claveros en Comisi\u00f3n Escrutadora\u00bb. <\/p>\n
2. El tribunal a quo declar\u00f3 la improcedencia del amparo por cuanto, de conformidad con el art\u00edculo 6\u00ba literal 5\u00ba del decreto 2591 \u00abla tutela no procede para atacar actos de car\u00e1cter general, impersonal y abstracto, connotaci\u00f3n que cabe predicar del oficio [cuestionado]\u00bb, con el que se desautoriz\u00f3 la suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para los juzgados de la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
3. El anterior fallo lo impugn\u00f3 el juez tutelante insistiendo en los argumentos del escrito inaugural y, refut\u00f3 lo considerado por el tribunal a quo para negar la salvaguarda pues asevera que, el oficio recriminado suscrito por el magistrado del Consejo Seccional, \u00ab(\u2026) es un acto administrativo que no es general sino particular y referido en concreto \u00fanica y exclusivamente al reparto de los procesos a los jueces que fuimos designados como escrutadores o claveros, y en donde se alega los efectos particulares y espec\u00edficos de este en relaci\u00f3n con los derechos del accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de esta acci\u00f3n lo prev\u00e9 el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
El incumplimiento de dichos criterios se erige como una causal de nulidad, seg\u00fan prev\u00e9 el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, que en armon\u00eda con el 138 \u00eddem, implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en este caso. <\/p>\n
Examinada la demanda y las piezas procesales que hacen parte del expediente, se establece que el objetivo de la presente acci\u00f3n, se encamina a censurar el oficio CSJBTOP22-306 de 11 de marzo de 2022 suscrito por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional, dirigido al Director Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, mediante el cual comunica que esa corporaci\u00f3n no autoriza la suspensi\u00f3n del reparto de acciones de tutela para ning\u00fan despacho judicial sin importar su especialidad, aun cuando su titular hubiere sido designado para ejercer la labor de escrutador o clavero en la jornada electoral del 31 de marzo de 2022. <\/p>\n
Adicional al ataque enfilado contra la anterior corporaci\u00f3n, el actor tambi\u00e9n cuestion\u00f3 al Juez Coordinador del Centro de Servicios de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogot\u00e1, por no suspenderle el reparto a su despacho. <\/p>\n
Bajo tal perspectiva, para la definici\u00f3n del funcionario competente se hace necesario observar y hacer uso de la interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 333 de 2021. <\/p>\n
En efecto, del estudio de dichas normas, se evidencia que, inicialmente, el tribunal a quo estar\u00eda llamado a conocer del asunto porque adem\u00e1s de ser el superior funcional del juez coordinador convocado, el reproche se dirige contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, evento regulado en el numeral 6\u00b0 de la disposici\u00f3n en cita, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Consejos Seccionales de la Judicatura y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial\u00bb. Resalta la Sala. <\/p>\n
No obstante, como seguidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 8\u00b0 del mencionado precepto dispone que \u00ab[c]uando se trate de acciones de tutela presentadas por funcionarios o empleados judiciales, que pertenezcan o pertenecieron a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, el conocimiento corresponder\u00e1 a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo (\u2026)\u00bb, se torna imperativo integrar el primer canon con el que se acaba de referir, para, de esta manera, concluir que, como se trata de una funcionario judicial perteneciente a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, debe ser el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el que dirima el auxilio. Se resalta y subraya. <\/p>\n
3. La actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De acuerdo con lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para conocer en primer grado esta acci\u00f3n, y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, decretar su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al reparto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. <\/p>\n
As\u00ed, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que la afectaci\u00f3n es solo del fallo de primera instancia, sin perjuicio de lo que la corporaci\u00f3n habilitada para conocer de este tr\u00e1mite estime necesario complementar (vr. g. realizar notificaciones omitidas y\/o practicar otras pruebas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa tem\u00e1tica, en pret\u00e9ritas oportunidades esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) [E]mpero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u201c\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
[Por tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)\u201d\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC1569-2021, 13 oct. 2021, rad. 00229-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00ab[e]l fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC185-2021, 17 feb. 2021, rad. 000148-01, citado en ATC1699-2021, 11 nov. 2021, rad. 00698-01, entre otros muchos). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2022 en el tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente a la Secretar\u00eda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que, previo reparto, se habilite su conocimiento en primer grado. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al a-quo y a los interesados mediante medio expedito, y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones que sean pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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