ATC568-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC568-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2022-00152-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022. <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 30 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Andr\u00e9s Alejandro Cueva Torres contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad, como pasa a explicarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en nombre propio, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida digna, igualdad, debido proceso, personalidad jur\u00eddica, entre otros, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que debido a la crisis econ\u00f3mica, social y pol\u00edtica que atraviesa Venezuela, se vio obligado a emigrar y residir en este pa\u00eds, pues uno de sus padres es colombiano, y a fin de obtener la nacionalidad el 9 de julio de 2016 la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil con sede en Soledad Atl\u00e1ntico, le inform\u00f3 que deb\u00eda allegar el Registro Civil de Nacimiento y dos testigos. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, dando cumplimiento a los anteriores requerimientos, se le aprob\u00f3 el registro y se le entreg\u00f3 junto con la contrase\u00f1a, explicando que dichos documentos se remitir\u00edan a la oficina en Bogot\u00e1 donde los revisar\u00edan nuevamente y determinar\u00edan si se cumpl\u00eda o no, posteriormente se le expidi\u00f3 la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, reside en Medell\u00edn, junto con su familia, conformada por dos hijos menores de edad, quienes dependen econ\u00f3micamente de \u00e9l y realiza actividades laborales de forma legal. <\/p>\n
Aduj\u00f3 que, a comienzos de febrero de 2022, verific\u00f3 en la p\u00e1gina de la entidad y encontr\u00f3 que el n\u00famero de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda hab\u00eda sido \u00abcancelada por falsa identidad\u00bb \u00ab (Sanci\u00f3n de 5 a\u00f1os y 6 meses despu\u00e9s de que adquir\u00ed la ciudadan\u00eda colombiana)\u00bb. <\/p>\n
Para el gestor el acto administrativo por medio del cual le anul\u00f3 su registro civil de nacimiento y la consecuente cancelaci\u00f3n de su documento de identidad por falsa identidad, no fue notificado, por lo que considera que \u00ab [la] actuaci\u00f3n fue arbitraria e ilegal\u00bb y no puede pretender \u00abque la responsabilidad de este tipo de actuaciones de las entidades recaiga en el ciudadano, quien en \u00faltimas no puede ni cuenta con la posibilidad de defenderse y ni garantizarse un debido proceso\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 que se ordene a la querellada que \u00abINMEDIATAMENTE se LEVANTE LA SANCI\u00d2N Y SE ME DEVUELVA la NACIONALIDAD y la PERSONALIDAD JUR\u00ccDICA COMO COLOMBIANO\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Inicialmente, el asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, quien rechaz\u00f3 el amparo y remiti\u00f3 la foliatura a la Oficina de Reparto de esa ciudad, tras considerar que, de acuerdo con \u00abel art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 numeral 3\u00ba del Decreto 1069 de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acci\u00f3n de tutela dirigidas contra el Registrador Nacional del Estado Civil\u2026 [La solicitud debe ser asumida por] el Honorable Tribunal Superior de Medell\u00edn\u00bb. <\/p>\n
5. Recibido el expediente por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad, admiti\u00f3 el tr\u00e1mite y dict\u00f3 sentencia mediante la cual declar\u00f3 improcedente el resguardo deprecado por desconocer el requisito de la subsidiariedad, toda vez que, \u00abel petente cuenta con varias v\u00edas judiciales id\u00f3neas para atacar el acto referido. En un primer momento solicitar la declaratoria de la irregularidad de la notificaci\u00f3n acorde con lo establecido en el Art. 72 o la nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
6. Por su parte, el quejoso recurri\u00f3 la precitada providencia, argumentando que \u00aben ning\u00fan momento me notific[\u00f3] de la sanci\u00f3n de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 66 de la ley 1437 de 2011\u2026 en la medida que ellos no aportaron la prueba que sustente y soporte el tr\u00e1mite de la actuaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n presuntamente enviada. Es decir, no certifican dentro de la acci\u00f3n, cual fue la empresa encargada y autorizada que realiz[\u00f3] la notificaci\u00f3n, las fechas de envi\u00f3 de la notificaci\u00f3n, constancia de cu[\u00e1]l fue el motivo de devoluci\u00f3n de dicho documento, ni cuantos env\u00edos realizaron [a] dicha direcci\u00f3n. As\u00ed mismo, cabe aclarar que la direcci\u00f3n citada no tiene relaci\u00f3n alguna con el suscrito, luego no se explica c\u00f3mo se va a convalidar una notificaci\u00f3n sobre una direcci\u00f3n inexistente\u2026 ni tampoco alleg[\u00f3] prueba de la notificaci\u00f3n supuestamente realizada por correo electr\u00f3nico, ni informaron cual fue el supuesto correo electr\u00f3nico que se supone se me envi\u00f3 la resoluci\u00f3n y por qu\u00e9 no existe constancia del mismo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena \u2013como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial\u2013a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC, A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1.\u00ba del Decreto 333 de 2021, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de aspectos como el nivel de la autoridad o la calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso, se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 4.\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia en el sub-lite. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de esta causa, la Corte encuentra que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que el reclamo no compromete actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n de los funcionarios que, en forma expresa, enlista el numeral 3.\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el Decreto 333 de 20211), sino que se dirige contra la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, autoridad del orden nacional. <\/p>\n
En un asunto en el que se present\u00f3 una controversia similar sobre el entendimiento de la prenotada disposici\u00f3n, esta Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00abDel relato f\u00e1ctico expuesto en el escrito de tutela se desprende, sin duda alguna, que la queja constitucional est\u00e1 dirigida concretamente frente a las actuaciones de la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, m\u00e1s no de su representante legal o titular. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge clara la falta de competencia del a quo para resolver la presente queja constitucional, pues, por una parte, no le ser\u00eda aplicable lo dispuesto en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017, que prev\u00e9 que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \u201cRegistrador Nacional del Estado Civil\u201d ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos; y por la otra, seg\u00fan la naturaleza jur\u00eddica de la entidad acusada, y lo dispuesto en las reglas consagradas en el numeral 2\u00ba ib\u00eddem, la competencia para conocer del presente asunto en primera instancia corresponde a los Jueces del Circuito o con categor\u00eda de tales\u00bb (CSJ ATC857-2018, 18 abr. 2018, 2018-00033-01 citado en ATC057-2022, 26 ene. 2022, rad. 00378-01, entre otros). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva y teniendo en consideraci\u00f3n el factor funcional antes mencionado, el conocimiento de una tutela contra entidades, autoridades u organismos del orden nacional radica en los jueces del circuito, al tenor de lo previsto en el numeral 2.\u00b0 del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual dispone que: \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb se resalta. <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn para conocer en primera instancia este amparo; y, en consecuencia, como se ha dictado sentencia bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando el env\u00edo del expediente al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de la citada urbe, a quien fue repartida en primera oportunidad esta acci\u00f3n3. <\/p>\n
De esa forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso que ordena que \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin, conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el resguardo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar (v. gr., practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas). <\/p>\n
4. Sobre la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales. <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC1526, 06 oct. 2021, rad. 00036-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa l\u00ednea, se ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo4, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19925\u00bb (CSJ ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01, citado en ATC057-2022, 26 ene. 2022, rad. 00378-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto, una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00ab (\u2026) no cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC, 21 may. 2020, rad. 00091-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, el 30 de marzo de 2022, en el tr\u00e1mite de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Veintitr\u00e9s Penal del Circuito de Medell\u00edn, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito, y librar las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00ab3. Las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n, del Consejo Nacional Electoral, as\u00ed como, las decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud relacionadas con medidas cautelares y de toma de posesi\u00f3n e intervenci\u00f3n forzosa administrativa para administrar o liquidar, de cesaci\u00f3n provisional, o de revocatoria total o parcial de habilitaci\u00f3n o autorizaci\u00f3n de funcionamiento, con fundamento en los art\u00edculos 124 y 125 de la Ley 1438 de 2011, ser\u00e1n repartidas, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb Se resalta. <\/p>\n
2\u0002 De acuerdo con el lugar que el gestor indic\u00f3 para recibir notificaciones: \u00abCarrera 56 #4-88, Apto 402 Campoamor, Medell\u00edn\u00bb (f. 9, escrito inicial. <\/p>\n
3\u0002 Conforme se evidencia en el auto del 23 de marzo de 2022, proferida por ese estrado judicial, mediante la cual dispuso remitir este asunto al tribunal, tras considerar que carec\u00eda de competencia. <\/p>\n
4\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
5\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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