SC1073-2022 (2015-06321-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC1073-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-001-2015-06321-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados Marca Urbanistika S.A.S. y Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos, frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2017 dentro del proceso que en su contra y de Augusto Moreno Murcia y Daniel Alberto Castro L\u00f3pez promovi\u00f3 Edificio Caminos de Compostela P.H. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Con la demanda, la actora pretende que se declare que la sociedad Promotora Urbanistika S.A.S. -como promotora del proyecto arquitect\u00f3nico- y Daniel Alberto Castro L\u00f3pez, Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos y Augusto Moreno Murcia -como representantes legales de la liquidada sociedad Caminos de Compostela S.A.S. y como constructores responsables- vulneraron los derechos que como consumidores tienen los copropietarios del edificio Caminos de Compostela P.H. En consecuencia, pidieron que se les ordene corregir las deficiencias de orden constructivo y de funcionamiento de las que adolecen los bienes comunes de la propiedad horizontal. Por \u00faltimo, instaron a la imposici\u00f3n de \u00abrigurosas sanciones a que haya lugar habida cuenta a que los copropietarios -consumidores fueron inducidos a error\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
B. Causa petendi <\/p>\n
El edificio Caminos de Compostela \u2013 P.H. fue construido por la sociedad liquidada Caminos de Compostela S.A.S., que hizo parte, \u00abseg\u00fan publicidad desplegada para la promoci\u00f3n del proyecto\u00bb, de la organizaci\u00f3n empresarial Urbanistika S.A.S. Asegur\u00f3 que para el acompa\u00f1amiento t\u00e9cnico en el recibo de los bienes comunes, se contrat\u00f3 a la empresa Iacon S.A.S., \u00abentidad que gener\u00f3 un informe t\u00e9cnico con las deficiencias de construcci\u00f3n que a esa fecha fueron encontradas y sobre las cuales el constructor se abstuvo de realizar correcciones\u00bb. Fallas que, a la fecha, no hab\u00edan sido saneadas, ante la imposibilidad de llegar a acuerdos con el constructor. <\/p>\n
Se indic\u00f3 que las aludidas falencias se presentaron en \u00abla zona de los s\u00f3tanos y parqueaderos, la rampa de acceso vehicular y de giro de acceso a los s\u00f3tanos, ducto shut y cuarto de basuras, ancho de parqueaderos en s\u00f3tano tres, primer piso y exteriores, duplicadores de parqueaderos para visitantes y parqueadero de discapacidad, se\u00f1alizaci\u00f3n de medios de salida, cambios en el dise\u00f1o arquitect\u00f3nico sin contar con licencia, incumplimiento de dise\u00f1o y reconstrucci\u00f3n de rampa discapacidad, tanque de agua potable, puntos fijos, escaleras de evacuaci\u00f3n y emergencia, gabinetes de red contra incendio, iluminaci\u00f3n de emergencia en pasillos en cada nivel, deficiencias en cubiertas, montaje de ascensores, equipos de presi\u00f3n, red de incendio y eyectoras, instalaci\u00f3n de la planta el\u00e9ctrica, calidad de las instalaciones el\u00e9ctricas, entre otros\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
C. Posici\u00f3n de la demandada <\/p>\n
Los interpelados Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos, Daniel Alberto Castro L\u00f3pez y Augusto Moreno Murcia se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y propusieron las excepciones de m\u00e9rito que nominaron: \u00abilegitimidad en la causa por pasiva\u00bb e \u00abinexistencia de obligaciones a cargo de mis representados\u00bb; y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. En s\u00edntesis, sostuvieron que el due\u00f1o, propietario y responsable del proyecto inmobiliario fue la sociedad Caminos de Compostela S.A.S. Sin embargo, al haberse liquidado, \u00abel responsable de atender el cumplimiento de la garant\u00eda es la persona que fungi\u00f3 como liquidador, por as\u00ed disponerlo los art\u00edculos 252 y 255 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, la Promotora Urbanistika aleg\u00f3 la \u00abinexistencia de causa incoada\u00bb; \u00abcobro de lo no debido\u00bb; \u00abprescripci\u00f3n de la obligaci\u00f3n\u00bb e \u00abinexistencia del da\u00f1o\u00bb. Asegur\u00f3 que no era la encargada de la construcci\u00f3n ni de la obtenci\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n. Explic\u00f3 que suscribi\u00f3 un contrato de uso de marca con Caminos de Compostela S.A.S. en la que se estipul\u00f3 que Urbanistika S.A.S. no ser\u00eda responsable \u00abde precios, estipulaciones, condiciones, \u00e1reas, acabados (\u2026) como tampoco de la papeler\u00eda, cartas, documentos, comunicaciones, dotaciones para la actividad de \u00edndole laboral con la impresi\u00f3n de la marca URBANISTIKA (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
D. Resoluci\u00f3n en las instancias <\/p>\n
Culminado el tr\u00e1mite correspondiente a la primera instancia, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 que la sociedad demandada y Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos \u00abvulneraron las normas de protecci\u00f3n al consumidor relativas a la efectividad de la garant\u00eda\u00bb. Por ende, les orden\u00f3, a t\u00edtulo de efectividad de la garant\u00eda, realizar distintos tipos de reparaciones. Finalmente, impuso una multa a dichos demandados. Respecto de Daniel Castro y Augusto Moreno Murcia neg\u00f3 las pretensiones ante la comprobada falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Inconformes, apelaron, tanto la citada persona jur\u00eddica como el se\u00f1or Castro Hoyos. La primera insisti\u00f3 en que el a quo confundi\u00f3 \u00abla marca Urbanistika con la sociedad Promotora Urbanistika S.A., cuando una es un bien intangible y la otra es una persona jur\u00eddica\u00bb. Bajo tal consideraci\u00f3n, explic\u00f3 que \u00fanicamente se prest\u00f3 la marca para la promoci\u00f3n del proyecto \u00abque de ninguna manera la convierten en productora o proveedora\u00bb. <\/p>\n
El se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos expres\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que quien deb\u00eda responder por los da\u00f1os era la extinta sociedad Caminos de Compostela S.A.S. A su turno, por estar liquidada y su matr\u00edcula cancelada \u00abno es posible perseguir su responsabilidad ni patrimonio en contra de los antiguos representantes legales ni empleados. Por otro lado, la responsabilidad por la ausencia de la garant\u00eda legal debido a la liquidaci\u00f3n de la sociedad recae exclusivamente sobre quien ten\u00eda el deber de asegurar la prestaci\u00f3n del servicio con posterioridad a la liquidaci\u00f3n\u00bb, a saber, el liquidador de la sociedad. A su vez, frente al hecho de que el se\u00f1or Castro Hoyos figurara en la licencia de construcci\u00f3n como constructor o posible urbanizador \u00abes evidente que este actuaba dentro del tr\u00e1mite de licencia de construcci\u00f3n en su calidad de representante legal de la sociedad Caminos de Compostela S.A., hoy liquidada, y de ninguna manera a t\u00edtulo personal, como persona natural\u00bb. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Comenz\u00f3 por indicar que los problemas jur\u00eddicos que se deben resolver se concretan en determinar si los demandados recurrentes se encuentran legitimados para soportar la acci\u00f3n proveniente de la violaci\u00f3n a la garant\u00eda legal. Y, en segundo lugar, \u00abcomo petici\u00f3n subsidiaria si hay lugar a reducir las sanciones a los demandados en la sentencia de primera instancia por concepto de obras imposibles de mitigar o reconstruir\u00bb. En ese orden de ideas, dej\u00f3 sentado que los impugnantes no cuestionaron la existencia de los defectos de construcci\u00f3n que adolecen las zonas comunes del edificio Caminos de Compostela P.H., \u00abas\u00ed como tampoco las \u00f3rdenes que se emitieron para lograr su reparaci\u00f3n en principio\u00bb. En efecto, lo que en rigor se controvierte es la legitimaci\u00f3n que les asiste para resistir a la causa y las responsabilidades que en virtud de esta se les impusieron en la parte resolutiva del fallo cuestionado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la apelaci\u00f3n presentada por el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro, anunci\u00f3 que confirmar\u00eda la determinaci\u00f3n tomada en primera instancia comoquiera que \u00ablas pruebas documentales que se recaudaron legal y oportunamente en la primera instancia, en consonancia con el numeral quinto del art\u00edculo noveno de la ley 1480 del 2011, lo que se define como productor, apuntan a que el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos en tal condici\u00f3n comprometi\u00f3 su responsabilidad en la construcci\u00f3n del edificio Caminos de Compostela al fungir como constructor de dicho inmueble y mostrarse as\u00ed ante terceros\u00bb. Subray\u00f3 que al adelantarse los tr\u00e1mites para la expedici\u00f3n de la licencia de urbanismo de la susodicha edificaci\u00f3n ante la Curadur\u00eda Urbana no. 3 \u00abfue reconocido como el urbanizador responsable de ese proyecto. As\u00ed se determin\u00f3 en el art\u00edculo quinto de la parte resolutiva del acto administrativo, resoluci\u00f3n 11-3-105 de 28 de febrero del 2011, emitido por esa curadur\u00eda, por medio del cual se aprob\u00f3 el proyecto urban\u00edstico denominado Caminos de Compostela\u00bb. Adicionalmente, aludi\u00f3 a la licencia de construcci\u00f3n LC-11-3-0339 del 12 de abril del 2011 \u00abseg\u00fan, el cual se repite, el constructor responsable de ese proyecto es el se\u00f1or Castro Hoyos\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, para el Tribunal es claro que \u00absi para efectos de adelantar los tr\u00e1mites constructivos del proyecto inmobiliario Caminos de Compostela fue el propio se\u00f1or Castro quien se mostr\u00f3 como urbanizador Y\/O constructor responsable ante las autoridades competentes para la autorizaci\u00f3n de esa construcci\u00f3n, pues no de otra forma hubiera sido reconocido, como tal para lo cual l\u00f3gicamente era menester contar con su aquiescencia sin que medie correcci\u00f3n o modificaci\u00f3n al respecto, resulta incontestable que esa espec\u00edfica calidad se ajusta la de productor que est\u00e1 definida por el Estatuto del consumidor Ley 1480 del 2011 en el numeral noveno del art\u00edculo 15\u00bb. Por ende, le correspond\u00eda a tal demandado asumir la responsabilidad que se le impuso por el incumplimiento de la garant\u00eda legal del producto o bien que construy\u00f3, <\/p>\n
\u00absin que para ello puede alegar que s\u00f3lo act\u00faa en calidad de representante legal de la sociedad Caminos de Compostela SAS, siendo esta la \u00fanica responsable del proyecto o que la responsabilidad recae en el liquidador Eduardo Arias, de aquella sociedad, pues, en primer lugar, la documentaci\u00f3n anteriormente rese\u00f1ada no se desprende que su actuaci\u00f3n se haya restringido a la de cualquier representante legal sino a la de constructor o urbanizador, porque en esa condici\u00f3n se le concedieron esas autorizaciones, como persona natural, pues en tal calidad fue reconocido al efecto. Y, en segundo lugar, aducir que son otros los que deben responder es olvidar que por expreso mandato constitucional, en temas de consumo, ser\u00e1n responsables todos quienes hayan participado en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios y con ello atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a Consumidores y Usuarios, esto lo rese\u00f1a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 78. Lo que se ha comparado con el car\u00e1cter de solidaria que define la garant\u00eda, misma condici\u00f3n bajo la cual opera su responsabilidad, estamos hablando de responsabilidad por la garant\u00eda, por disposici\u00f3n de la ley 1480 del 2011 en sus art\u00edculos quinto y sexto, sin que por dem\u00e1s esas fuentes normativas prevean que la condici\u00f3n de productor debe estar radicada necesariamente en cabeza de una sola persona\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en lo concerniente con la alzada propuesta por la sociedad Urbanistika S.A.S., asegur\u00f3 que los motivos bajo los cuales se sustent\u00f3 \u00abno le son \u00fatiles a este prop\u00f3sito de exonerarse de la demanda que se le endilg\u00f3, pues ese asunto, m\u00e1s que averiguado, porque as\u00ed lo dispuso el propio Estatuto del Consumidor, que productor es cualquier persona que imponga su marca, nombre, cualquier signo distintivo en el producto, art\u00edculo 20, as\u00ed lo dice el Estatuto del consumidor, y por ende, llamado a responder por la garant\u00eda legal de ese producto\u00bb. En efecto, tras citar apartes de la sentencia del 30 de abril del 2009, proferida por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en el expediente 1999-00629, y del examen del contrato de licencia de marca suscrito entre la apelante y Caminos de Compostela S.A.S., sostuvo que \u00abresulta incontestable que la sola utilizaci\u00f3n de la marca urban\u00edstica en la comercializaci\u00f3n o venta de esas unidades residenciales que compon\u00edan el conjunto de Caminos de Compostela convierte a la demandada en productora y, en consecuencia, en acreedora del r\u00e9gimen de responsabilidad previsto en el Estatuto del consumidor\u00bb. Aunado a ello, de las probanzas obrantes en el expediente se advierte que Urbanistika S.A.S., no solo particip\u00f3 en el negocio a trav\u00e9s de publicidad y comercializaci\u00f3n de las unidades residenciales, sino que, adem\u00e1s, \u00abfue la encargada de la venta o al menos todo ello se hizo bajo su marca, creando en el p\u00fablico la convicci\u00f3n que era ella la constructora del proyecto inmobiliario, por lo que no puede pretender delegar su responsabilidad como productora de ese bien\u00bb. <\/p>\n
En punto de lo expuesto en precedencia, cit\u00f3 las declaraciones del testigo Mauricio Alberto C\u00e1rdenas Ladino, Carlos Edwin Vanegas Casallas, H\u00e9ctor Julio P\u00e9rez Rodr\u00edguez y Enilsa Rosa Gonz\u00e1lez Guerra, quienes al un\u00edsono manifestaron que para hacer cualquier tipo de tr\u00e1mite relacionado con el inmueble -pagos, reclamaciones, compra, cr\u00e9ditos-, deb\u00edan acudir a las oficinas de Urbanistika S.A.S. en Bogot\u00e1. A su turno, la prueba documental tambi\u00e9n da cuenta de dicha situaci\u00f3n: i) las reclamaciones efectuadas por los copropietarios del edificio iban dirigidas a Urbanistika -folios 4849 y 3845-; y ii) las respuestas a las quejas, emitidas bajo el membrete de dicha sociedad -folio 5054-. De manera que se cre\u00f3 en los terceros \u00abel convencimiento de que se trataba de la constructora del edificio, lo que la ubica dentro del grupo de productores por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 20 del Estatuto del consumidor\u00bb. <\/p>\n
A su turno, infiri\u00f3, una vez visto el objeto social de la demandada en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, que \u00abfue precisamente en el marco de ese objeto social y de su calidad de comercializador que celebr\u00f3 el referido contrato de uso de marca\u00bb; lo que, a la luz del art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, \u00ablo obliga a responder por las fallas presentadas en la edificaci\u00f3n objeto del proceso\u00bb. Y sobre la cl\u00e1usula de indemnidad pactada entre las partes, para el Tribunal \u00aben ning\u00fan momento son oponibles frente a terceros o v\u00edctimas que reclaman una indemnizaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, con respecto a la condena de pago de las obras imposibles de mitigar o reconstruir, subray\u00f3 que lo expuesto por los apelantes no los exonera de tal obligaci\u00f3n, la cual tiene sustento en el numeral 1 del art\u00edculo 11 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
3.1. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N DEL SE\u00d1OR JOS\u00c9 ALBERTO CASTRO HOYOS <\/p>\n
El demandado Castro Hoyos present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n contentiva de tres cargos. <\/p>\n
3.1.1 SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso se formul\u00f3 el segundo cargo por la v\u00eda directa. Se denunci\u00f3 la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 1602, 1604, 2341, 2060, numeral 3, 2343, 2344, 2347, 2351 y 2356 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; los art\u00edculos 200, 227, 228, 252, del C\u00f3digo de Comercio; el art\u00edculo 19 del Decreto 1469 de 2010; Ley 1229 de 2008 art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995, por falta de aplicaci\u00f3n; y por aplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 5, numeral 9, 6, 7, 15 y 19 de la Ley 1480 de 2011, como consecuencia del equivocado entendimiento de lo que regulan las normas jur\u00eddicas que protegen al consumidor en Colombia. <\/p>\n
Para empezar, critic\u00f3 el an\u00e1lisis efectuado por el Tribunal respecto de los sujetos intervinientes en la cadena de producci\u00f3n y consumo, as\u00ed como la responsabilidad de quienes intervienen en ella. En efecto, aclar\u00f3 que el art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica hace referencia exclusivamente a los productores y distribuidores \u00abno a otros intervinientes, a diferentes t\u00edtulos, como licenciatarios o representantes legales\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, asegur\u00f3 que se err\u00f3 en el \u00abentendimiento jur\u00eddico de los bienes que son objeto de protecci\u00f3n por las normas que regulan los derechos de los consumidores en Colombia\u00bb. <\/p>\n
Como tercer punto, afirm\u00f3 que la sentencia acusada se equivoca en lo que ha de entender como producto defectuoso, el cual, a la luz de la providencia citada por el ad quem, comprende \u00fanicamente los bienes muebles y servicios. Ciertamente, la acci\u00f3n que debi\u00f3 impetrarse fue la contenida en el art\u00edculo 2060 del C\u00f3digo Civil. De manera que \u00abel acomodo que hace el Tribunal en la sentencia recurrida, no deja de ser un tanto ex\u00f3tico e innecesario, cuando la ley y la jurisprudencia han definido un camino expedito y l\u00f3gico de acuerdo con nuestro sistema jur\u00eddico. As\u00ed las cosas, tambi\u00e9n se configura una transgresi\u00f3n del sistema jur\u00eddico, en forma directa, cuando el Tribunal en la sentencia que acusamos, desprecia la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2060 y 2351 del C\u00f3digo Civil, pertinentes para la soluci\u00f3n de este caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el \u00e1mbito de la construcci\u00f3n de inmuebles, se han expedido normas que regulan espec\u00edficamente su desarrollo, las obligaciones y par\u00e1metros t\u00e9cnicos que deben cumplirse en el desarrollo de la actividad constructiva. Sobre el particular, no es posible aseverar, que el estatuto del consumidor -Ley 1480 del 2011- no se aplica para las relaciones entre todas las personas que participan en la cadena de consumo que en este caso es la construcci\u00f3n de un inmueble- y el consumidor final -quien lo adquiere para su vivienda-. En efecto, en el Decreto 735 del 2013, por el cual \u00abse reglamenta la efectividad de la garant\u00eda prevista en los art\u00edculos 7\u00b0 y siguientes de la Ley 1480 de 2011\u00bb, se regul\u00f3 -art\u00edculo 13- la garant\u00eda legal contemplada en el art\u00edculo 7 de la Ley 1480 del 2011, en lo concerniente a los bienes inmuebles. <\/p>\n
As\u00ed lo ha reconocido esta Sala, que en sentencia SC14426-2016 sostuvo lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDe ese modo, en relaci\u00f3n con el vendedor, el comprador de la vivienda puede denunciar la presencia de vicios ocultos o redhibitorios y perseguir la rescisi\u00f3n de la venta, la disminuci\u00f3n proporcional del precio o la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios causados (arts. 1917 y 1918 C.C.), la resoluci\u00f3n o rebaja del importe acordado trat\u00e1ndose de compraventa mercantil (arts. 934 y 397 C. Co.). <\/p>\n
Respecto del constructor tambi\u00e9n puede denunciar el incumplimiento de las normas t\u00e9cnicas especiales relativas a la idoneidad, calidad y seguridad del bien ante las autoridades administrativas competentes para que sean impuestas las sanciones correspondientes, o solicitar la efectividad de las garant\u00edas de eficiencia y calidad, cuya protecci\u00f3n procura el Estatuto del Consumidor y el art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que consagra en beneficio del consumidor la exigencia de la \u00abcalidad de bienes y servicios\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, puede solicitar la protecci\u00f3n de los derechos colectivos reconocidos en los literales l) y m) del art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 472 de 1998, correspondientes a los de \u00abseguridad y prevenci\u00f3n de desastres previsibles t\u00e9cnicamente\u00bb, y la obligaci\u00f3n de realizar \u00ablas construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jur\u00eddicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes\u00bb, procurando la adopci\u00f3n de las medidas pertinentes. <\/p>\n
A los otros sujetos que participan en el proceso constructivo puede atribuirles la obligaci\u00f3n de reparar los da\u00f1os causados con su conducta, la cual es independiente de la que recae sobre la persona que, en definitiva, est\u00e1 a cargo de todo el proceso constructivo, frente a quien, ninguna de esas actuaciones impide perseguir el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por vicios en la construcci\u00f3n, previa declaraci\u00f3n de su responsabilidad civil, regulada \u00fanicamente por el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 2060 y el canon 2351 del ordenamiento sustantivo de esa especialidad\u00bb. (destacado propio). <\/p>\n
Adicionales a ellas, y entendiendo que el Estatuto del Consumidor s\u00ed es aplicable en materia de construcci\u00f3n de inmuebles, el consumidor de vivienda tambi\u00e9n podr\u00eda ejercer la acci\u00f3n de responsabilidad por da\u00f1o por producto defectuoso, contemplada en el art\u00edculo 20 ejusdem. Ello es as\u00ed, adem\u00e1s, porque el numeral 17 del art\u00edculo 5 de dicha norma define al producto defectuoso como \u00abaquel bien mueble o inmueble que en raz\u00f3n de un error el dise\u00f1o, fabricaci\u00f3n, construcci\u00f3n, embalaje o informaci\u00f3n, no ofrezca la razonable seguridad a la que toda persona tiene derecho\u00bb (subrayado propio). De manera que, el Tribunal no incurri\u00f3 en error al haber resuelto la controversia a la luz del art\u00edculo 7, 10 y 11 de la Ley 1480 del 2011. Y no lo hizo, pues, se reitera, la norma no excluy\u00f3 a los inmuebles como productos susceptibles de estar cobijados por las garant\u00edas legales enunciadas y la protecci\u00f3n por producto defectuoso. <\/p>\n
2.- Dicho lo anterior, se reciben como muy relevantes las definiciones de productor y distribuidor dispuestas en el Estatuto, a cuyo tenor literal se indica que: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 5\u00b0. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: (\u2026) Productor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, dise\u00f1e, produzca, fabrique, ensamble o importe productos. Tambi\u00e9n se reputa productor, quien dise\u00f1e, produzca, fabrique, ensamble, o importe productos sujetos a reglamento t\u00e9cnico o medida sanitaria o fitosanitaria. (\u2026) <\/p>\n
Proveedor o expendedor: Quien de manera habitual, directa o indirectamente, ofrezca, suministre, distribuya o comercialice productos con o sin \u00e1nimo de lucro\u00bb. <\/p>\n
Esto es, el Tribunal hall\u00f3 que la garant\u00eda y la responsabilidad por producto defectuoso estar\u00eda a cargo del due\u00f1o de la obra -quien construye o hace construir para vender-, el constructor, el administrador delegado, y, en fin, toda aquella persona que se encuentre en la cadena de construcci\u00f3n del bien. Al respecto, en su providencia explic\u00f3 que \u00abaducir que son otros los que deben responder es olvidar que por expreso mandato constitucional, en temas de consumo, ser\u00e1n responsables todos quienes hayan participado en la producci\u00f3n y en la comercializaci\u00f3n de bienes y servicios y con ello atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a Consumidores y Usuarios, esto lo rese\u00f1a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 78. Lo que se ha comparado con el car\u00e1cter de solidaria que define la garant\u00eda, misma condici\u00f3n bajo la cual opera su responsabilidad, estamos hablando de responsabilidad por la garant\u00eda, por disposici\u00f3n de la ley 1480 del 2011 en sus art\u00edculos quinto y sexto, sin que por dem\u00e1s esas fuentes normativas prevean que la condici\u00f3n de productor debe estar radicada necesariamente en cabeza de una sola persona\u00bb. <\/p>\n
En una palabra, esta interpretaci\u00f3n se halla acorde con las normas que regulan el r\u00e9gimen legal de las relaciones de consumo en punto de la garant\u00eda legal, que, por un lado, no define espec\u00edficamente a qu\u00e9 se refiere como productor y\/o proveedor en el campo de los inmuebles. Y, por el otro, prescribe la solidaridad en la responsabilidad generada por la garant\u00eda legal (art\u00edculo 10 del Estatuto del Consumidor). De manera que no se estructura la alegada interpretaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 5, numeral 9, 6, 7, 15 y 19 de la Ley 1480 de 2011. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo no puede prosperar. <\/p>\n
3.1.2. PRIMER Y TERCER CARGO <\/p>\n
Las censuras primera y tercera se estudiar\u00e1n conjuntamente -por fundarse en los mismos supuestos de hecho-. <\/p>\n
3.1.2.1. PRIMER CARGO <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso se formul\u00f3 el primer cargo por la v\u00eda indirecta. En particular, denunci\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1604, 2341, 2343, 2344, 2347, 2356 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. Los art\u00edculos 200, 227, 228, 252 del C\u00f3digo de Comercio. El art\u00edculo 19 del Decreto 1469 de 2010. Ley 1229 de 2008; art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995, por falta de aplicaci\u00f3n. Y por aplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 5, numeral 9, 6, 7, 15 y 19 de la Ley 1480 de 2011, como consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental. <\/p>\n
En su desarrollo, el censor sostuvo que la sentencia del Tribunal incurri\u00f3 en tres errores de hecho: <\/p>\n
a.- El primero se ciment\u00f3 en que el Tribunal dio por probado, sin estarlo, que el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos actu\u00f3 como constructor y\/o urbanizador responsable, a t\u00edtulo personal, pues en tal condici\u00f3n fueron concedidas las autorizaciones. Asegur\u00f3 que los documentos a los que alude el ad quem indican \u00abque el se\u00f1or Castro Hoyos actuaba como Representante Legal de la sociedad; no solicit\u00f3 licencias a nombre propio, no actu\u00f3 ni como constructor, ni como urbanizador, ni como vendedor, ni era el propietario del lote donde se construy\u00f3 el edificio\u00bb. <\/p>\n
Insisti\u00f3 en que se incurri\u00f3 en error al confundir la licencia de construcci\u00f3n con la licencia de urbanizaci\u00f3n. Para el efecto, record\u00f3 que este \u00faltimo documento se ocupa de las \u00e1reas o fajas de cesi\u00f3n al Distrito Capital, por lo que en nada afectan a la relaci\u00f3n de consumidor de las unidades privadas. Aunado a ello, destac\u00f3 que, en dicho tr\u00e1mite, \u00abmi representado actu\u00f3 tambi\u00e9n como Representante Legal de la sociedad Caminos de Compostela y no a nombre propio. Pero, adem\u00e1s, en el supuesto hipot\u00e9tico de haber actuado a nombre propio, que no lo hizo, como urbanizador no es responsable, no tiene ninguna relaci\u00f3n con los consumidores, su relaci\u00f3n es con el Distrito Especial de Bogot\u00e1 (\u2026). El urbanizador no est\u00e1 en la cadena de producci\u00f3n hacia el consumo\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, el recurrente apuntal\u00f3 que a\u00fan en la hip\u00f3tesis de haber sido vinculado como administrador de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., tampoco estar\u00eda llamado a responder, al no haberse acreditado los supuestos que prev\u00e9 el art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995 sobre la responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores. En efecto, \u00abno se prob\u00f3 que el demandado hubiera incurrido en actos dolosos o culposos ni que hubiera violado los estatutos o la ley, sino que tampoco se prob\u00f3 que durante el periodo en el cual ejerci\u00f3 sus funciones como administrador de la sociedad, le hubiera causado un perjuicio a Edificio Caminos de Compostela P.H., a la sociedad o a los socios\u00bb. <\/p>\n
Luego, transcrito el art\u00edculo 4 de la Ley 400 de 1997, observ\u00f3 que en el tr\u00e1mite de la licencia -no se identifica si la de construcci\u00f3n o urbanismo- actuaron cinco profesionales en diferentes roles, quienes \u00abactuaron como empleados o contratistas de la sociedad, pero fue esta, en todo momento la constructora, y responsable del proyecto\u00bb. Adicionalmente, destac\u00f3 que de conformidad con la Ley 1796 de 2016, una persona jur\u00eddica s\u00ed puede ser un constructor responsable, siempre y cuando \u00abbajo la responsabilidad de este se adelante la construcci\u00f3n de viviendas destinadas al uso habitacional y figure en la licencia de construcci\u00f3n. Elementos normativos que se cumplen a cabalidad en este proceso\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, critica que el Tribunal no hubiera observado que quien solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de la licencia de construcci\u00f3n fue la sociedad Caminos de Compostela S.A.S. Apunt\u00f3 que si se hubieran apreciado correctamente los expedientes y antecedentes administrativos efectuados para obtener la aludida autorizaci\u00f3n \u00abse habr\u00eda dado cuenta, que la actuaci\u00f3n fue iniciada, tramitada y recibida por la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., liquidada, en cumplimiento de su objeto social\u00bb. Bajo la misma consideraci\u00f3n, critic\u00f3 que no se hubiera apreciado el \u00abexpediente administrativo allegado por el se\u00f1or Javier Alfonso S\u00e1nchez Pacheco, directo de Recursos F\u00edsicos y Gesti\u00f3n Documental de la Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, as\u00ed como las memorias de c\u00e1lculo, planos y proyectos estructurales suscritos por ingenieros y arquitectos diferentes al representante legal de la aludida sociedad; el pago del impuesto predial del 2011; la valla que por orden de la curadur\u00eda se coloc\u00f3 en el predio; la declaraci\u00f3n del representante legal de Urbanistika S.A.S; el reglamento de propiedad horizontal ni el instructivo para compradores. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que de haber valorado tales medios de prueba en su \u00abreal y verdadero alcance\u00bb, habr\u00eda concluido que el se\u00f1or Castro Hoyos actu\u00f3 en los tr\u00e1mites de solicitud y obtenci\u00f3n de licencias urban\u00edsticas y de construcci\u00f3n, en su calidad de representante legal de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., y no como persona natural. <\/p>\n
b. En lo que toca con el segundo error enrostrado a la sentencia, el pretensor adujo que se dej\u00f3 de valorar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal, el cual prueba que, para la fecha de interposici\u00f3n de la demanda, la referenciada persona jur\u00eddica ya se encontraba liquidada y en la que \u00abse se\u00f1ala como liquidador al se\u00f1or Eduardo Arias, que fue a qui\u00e9n debi\u00f3 demandarse\u00bb. Sostuvo lo mismo frente al acta 8 de la Asamblea de Accionistas del 15 de mayo del 2014. Sobre este punto, concluy\u00f3 que, si el Colegiado hubiera apreciado tales medios de convicci\u00f3n, \u00abhabr\u00eda llegado a la indiscutible conclusi\u00f3n de que el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos no pod\u00eda ni deb\u00eda ser llamado a responder por los reclamos de terceros, pues la ley asign\u00f3 de manera di\u00e1fana tal responsabilidad en cabeza del liquidador\u00bb. <\/p>\n
c. Insisti\u00f3 el recurrente en aseverar que el ad quem err\u00f3 al dejar de lado el hecho debidamente acreditado que Caminos de Compostela S.A.S. \u00abfue la \u00fanica persona jur\u00eddica titular de la licencia de construcci\u00f3n, de la Licencia Urban\u00edstica, quien las solicit\u00f3 y adem\u00e1s la propietaria del predio en el cual se desarroll\u00f3 tal actividad, as\u00ed como la constructora del proyecto inmobiliario y qui\u00e9n vendi\u00f3 las unidades inmobiliarias resultantes a los adquirentes que conforman la propiedad horizontal demandante en este proceso\u00bb. <\/p>\n
d. Teniendo en cuenta lo expuesto en precedencia, razon\u00f3 que el Colegiado dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 19 del Decreto Ley 1469 de 2010, \u00abque determina que solo los titulares de derechos reales principales podr\u00e1n solicitar la expedici\u00f3n de licencias de construcci\u00f3n sobre el inmueble objeto de la solicitud de construcci\u00f3n y las dem\u00e1s normas anotadas en el encabezamiento del cargo\u00bb. <\/p>\n
3.1.2.2. TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal \u00abprimera\u00bb del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se acus\u00f3 la sentencia de segundo grado por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1604, 2341, 2343, 2344, 2347, 2351 y 2356 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n; los art\u00edculos 200, 227, 228, 252 del C\u00f3digo de Comercio; y el art\u00edculo 19 del Decreto 1469 de 2010; Ley 1229 de 2008; art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995, todos por falta de aplicaci\u00f3n; y por aplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 5, numeral 9, 6, 7, 15 y 19 de la Ley 1480 de 2011, como consecuencia de errores de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria, de la prueba documental allegada al plenario. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el Tribunal infringi\u00f3 el art\u00edculo 250 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra la indivisibilidad de la prueba documental, \u00abtoda vez que indica claramente en su conjunto, que mi poderdante actu\u00f3 en los tr\u00e1mites, solicitud y obtenci\u00f3n de las licencias de urbanismo y construcci\u00f3n, como representante legal de la constructora propietaria y el Tribunal en su sentencia, secciona dicha prueba, para mirar aisladamente una casilla, de la cual desprende equivocadamente que es constructor responsable, como persona natural\u00bb. Dicho proceder implica, a su turno, la transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones 257 y 260 ejusdem. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que si se hubiese observado el expediente y antecedente administrativo, el Formulario \u00danico Nacional, el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., las memorias de c\u00e1lculos, planos y proyectos estructurales suscritos por ingenieros y arquitectos diferentes al representante legal de la susodicha persona jur\u00eddica, licencia de construcci\u00f3n y la licencia de urbanismo, en su conjunto y sin dividirlos, \u00abhubiese concluido que el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos, al suscribir el formulario \u00fanico nacional, para obtener la licencia de Urbanismo, lo hizo en nombre y representaci\u00f3n de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., liquidada, en desarrollo del objeto social de la sociedad, esto es, como empresa constructora del proyecto (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Se advierte que los cargos primero y tercero est\u00e1n llamados al fracaso, comoquiera que el ad quem valor\u00f3 los medios probatorios obrantes en el plenario -dentro de la autonom\u00eda valorativa de la cual se encuentra investida-. <\/p>\n
2.- Del escrutinio al acervo documental, se advierte que, para el Tribunal, el se\u00f1or Castro Hoyos s\u00ed deb\u00eda ser considerado como constructor responsable, pues en dicha calidad se present\u00f3 ante las autoridades administrativas encargadas de conceder las licencias de construcci\u00f3n y urbanismo. En particular, estim\u00f3 que \u00abla documentaci\u00f3n anteriormente rese\u00f1ada no se desprende que su actuaci\u00f3n se haya restringido a la de cualquier representante legal sino a la de constructor o urbanizador, porque en esa condici\u00f3n se le concedieron esas autorizaciones, como persona natural, pues en tal calidad fue reconocido al efecto\u00bb. <\/p>\n
3.- Se cuestiona, en s\u00edntesis, la lectura parcializada de las licencias de construcci\u00f3n y urbanismo, que le permitieron al Tribunal concluir que el se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos particip\u00f3 en calidad de constructor y urbanizador responsable dentro de la cadena de consumo, en una condici\u00f3n independiente a la de representante legal de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S. Asegur\u00f3 que el ad quem confundi\u00f3 la licencia de construcci\u00f3n con la de urbanizaci\u00f3n. Expuso que el urbanizador no est\u00e1 en la cadena de la producci\u00f3n hacia el consumo y que, en todo caso, de all\u00ed no puede derivar responsabilidad, comoquiera que el urbanizador no tiene ninguna relaci\u00f3n con los consumidores sino con el Distrito Especial de Bogot\u00e1. En todo caso, el se\u00f1or Castro Hoyos actu\u00f3 como representante legal y no como persona natural. <\/p>\n
Frente a esta \u00faltima aseveraci\u00f3n, recalco que se apreciaron indebidamente varios documentos, cuya lectura parcializada llev\u00f3 al Tribunal a que diera por acreditado \u00absin estarlo, los elementos para configurar responsabilidad del se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Hoyos como constructor responsable\u00bb. En ese sentido, sostuvo que se valor\u00f3 err\u00f3neamente: i) los expedientes y antecedentes administrativos para obtener la licencia de construcci\u00f3n; ii) el Formulario \u00danico Nacional; iii) el Certificado de Existencia y Representaci\u00f3n Legal de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S.; iv) memorias de c\u00e1lculos, planos y proyectos estructurales suscritos por ingenieros y arquitectos diferentes al representante legal de la sociedad Caminos de Compostela S.A.S.; v) el escrito de demanda; vi) la licencia de construcci\u00f3n; vii) la licencia de urbanismo; viii) el pago del impuesto predial del 2011; ix) la valla que por orden de la Curadur\u00eda No. 3 se coloc\u00f3 en el predio; x) la declaraci\u00f3n del representante legal de Urbanistika; xi) el reglamento de propiedad horizontal; y xii) el instructivo para compradores. <\/p>\n
4.- Pues bien, a juicio de esta Sala, el discernimiento del ad quem emana de los documentos que el recurrente tilda de haber sido equivocadamente apreciados. <\/p>\n
V\u00e9ase que en la licencia de urbanismo obrante a folio 81 del Cuaderno 4 -Resoluci\u00f3n 11-3-105 del 28 de febrero del 2011-, s\u00ed consagr\u00f3 en su art\u00edculo 5 que, por un lado, la titular de la licencia s\u00ed es Caminos de Compostela S.A.S., pero que el urbanizador responsable del desarrollo inmobiliario es el ingeniero Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos, como persona natural y \u00abseg\u00fan la informaci\u00f3n contenida en el formulario de la solicitud de licencia\u00bb. A su turno, la licencia de construcci\u00f3n No. LC 11-3-039 obrante a folio 141 del Cuaderno 1, contempl\u00f3 en su parte resolutiva como \u00abpropietarios: CAMINOS DE COMPOSTELA S.A.S.\u00bb y como \u00abconstructor responsable: ALBERTO CASTRO HOYOS\u00bb. De manera que la abstracci\u00f3n que realiz\u00f3 el Tribunal respecto de tales documentales se deviene del contenido de la prueba, sin que se observe el yerro denunciado en torno a la supuesta divisi\u00f3n de la documental valorada. <\/p>\n
Ahora bien, a prop\u00f3sito de las probanzas omitidas por el Despacho, se observa la siguiente situaci\u00f3n: <\/p>\n
En cuanto a los expedientes y antecedentes administrativos para obtener la licencia de construcci\u00f3n, el Formulario \u00danico Nacional, la valla colocada por orden de la Curadur\u00eda, el Instructivo de Compradores y el Reglamento de Propiedad Horizontal, no se discute en ning\u00fan momento que quien inici\u00f3, tramit\u00f3 y recibi\u00f3 las aludidas autorizaciones. Entre otras cosas, porque a la luz del art\u00edculo 19 del Decreto 1469 del 2010 \u00abpodr\u00e1n ser titulares de las licencias de urbanizaci\u00f3n, parcelaci\u00f3n, subdivisi\u00f3n y construcci\u00f3n los titulares de derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a t\u00edtulo de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias, de los inmuebles objeto de la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En efecto, el cargo se haya desenfocado, comoquiera que la calidad de constructor no se deriv\u00f3 de aquella del titular de las licencias, sino porque en las solicitudes y en los relatados actos administrativos se dej\u00f3 sentado qui\u00e9n era el constructor y urbanizador encargado de la obra. <\/p>\n
Sobre este aspecto, dijo la Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abEl fen\u00f3meno del desatino de la acusaci\u00f3n ocurre \u201ccuando la argumentaci\u00f3n del recurrente se enfoca hacia aspectos que no fueron desarrollados por el fallador, es decir cuando van por caminos dis\u00edmiles\u201d, por lo que las razones del casacionista \u201ccarecen de la virtualidad necesaria para enervar el soporte de la sentencia impugnada, siendo inane la censura formulada. Precisamente a este defecto, que supone que el recurrente dirija su labor impugnaticia hacia fundamentos diferentes de los tenidos en cuenta por el fallador y no frente al soporte real de la decisi\u00f3n, de antiguo, en la esfera casacional se le conoce como desenfoque o desatino del cargo, que, por la misma raz\u00f3n anotada, le resta todo m\u00e9rito de prosperidad a la censura.\u201d (Sentencia del 18 de octubre de 2000, exp. 5638) <\/p>\n
En el com\u00fan de las veces, el desenfoque de la impugnaci\u00f3n se establece al momento del estudio de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa, esto es, en el fallo propiamente dicho, siempre y cuando el sentenciador de casaci\u00f3n haya verificado que la acusaci\u00f3n se orient\u00f3 en sentido muy diverso de los fundamentos tenidos en cuenta por el Tribunal\u00bb. (CSJ AC 323-2000, del 15 de diciembre de 2000, rad. 760013110008-1996-8690-02.) <\/p>\n
Asimismo, por la especializaci\u00f3n de roles al interior de la actividad de construcci\u00f3n de inmuebles, en este se permite identificar sujetos distintos del constructor, tales como \u00abpromotores inmobiliarios, due\u00f1os de la obra, vendedores, gerentes de proyecto, financiadores, arquitectos, ingenieros de suelos, ingenieros calculistas, dise\u00f1adores de elementos estructurales y no estructurales, e interventores o supervisores t\u00e9cnicos\u00bb. <\/p>\n
3.2. DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE MARCA URBANISTIKA S.A.S. -ANTES PROMOTORA URBANISTIKA S.A.S.-. <\/p>\n
La sociedad demandada Marca Usbanistika S.A.S. present\u00f3 demanda de casaci\u00f3n contentiva de tres cargos, los cuales se estudiar\u00e1n conjuntamente por fundarse en los mismos supuestos de hecho, a saber, la presunta falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva para soportar las pretensiones incoadas por el demandante. <\/p>\n
<\/p>\n
1. CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la \u00abcausal primera\u00bb del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente censur\u00f3 la sentencia de segunda instancia por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1604, 2341, 2343, 2344, 2347, 2351 y 2356 del C\u00f3digo Civil; Ley 1229 de 2008; art\u00edculo 162 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000 de la CAN, todos por falta de aplicaci\u00f3n; y por aplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 20 de la Ley 1480 de 2011, como consecuencia de errores f\u00e1cticos en la valoraci\u00f3n probatoria, de la prueba documental allegada al plenario y del interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la sociedad Urbanistika S.A.S. <\/p>\n
Aduce la incursi\u00f3n en dos yerros f\u00e1cticos que ameritan la modificaci\u00f3n del prove\u00eddo de segunda instancia: <\/p>\n
Por otro lado, asever\u00f3 que se valor\u00f3 indebidamente el contrato de licenciamiento de uso de marca, pues se omiti\u00f3 parte de su contenido. De haberlo hecho, habr\u00eda \u00abllegado a la conclusi\u00f3n que Urbanistika, autorizaba el uso de su marca, pero no estaba comprometida ni con la construcci\u00f3n, enajenaci\u00f3n, ni comercializaci\u00f3n de las Unidades de Vivienda que conforman el proyecto\u00bb. Por dem\u00e1s, que quej\u00f3 de que no se hubiera valorado el interrogatorio rendido por el representante legal de Urbanistika \u00abde fechas 22 de junio de 2016 y 29 de agosto de 2016, donde bajo la gravedad del juramento manifest\u00f3, que la sociedad, no ten\u00eda personal a cargo suyo, motivo suficiente para concluir que no pod\u00eda haber comercializado o vendido el proyecto\u00bb. <\/p>\n
Por a\u00f1adidura, critic\u00f3 que el Tribunal dio por sentado que se anexaron los brochures, volantes, etc., donde figura que la marca Urbanistika S.A.S., fung\u00eda como productora a la luz del Estatuto del Consumidor \u00aby que se encarg\u00f3 de la promoci\u00f3n y venta del Proyecto\u00bb. Sin embargo, \u00abno obra en el expediente documento de los se\u00f1alados en el que pueda apoyar su aseveraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En tercer lugar, asegur\u00f3 que es un error del ad quem considerar que la recurrente \u00abenajen\u00f3 las Unidades de Vivienda, esta sociedad nunca figur\u00f3 en el Certificado de Libertad y Tradici\u00f3n, como propietaria inscrita\u00bb. Y que \u00abfue la encargada de la venta, por haberlo hecho bajo su marca y que por ello cre\u00f3 en el p\u00fablico la convicci\u00f3n que ella era la constructora del proyecto inmobiliario, que por lo tanto no pod\u00eda desligarse de su responsabilidad como productora del bien\u00bb. Tal yerro -explic\u00f3- se debe a la indebida valoraci\u00f3n del reglamento de propiedad horizontal de Caminos de Compostela, al pago del impuesto predial del 2011, la valla que por orden de la Curadur\u00eda No. 3 se coloc\u00f3 en el predio, la declaraci\u00f3n del Representante Legal de Urbanistika S.A.S., el Instructivo para Compradores, la Comunicaci\u00f3n de fecha 27 de enero del 2014 y la del 5 de julio del 2011. <\/p>\n
b.- Como segundo punto, censura que el Colegiado incurri\u00f3 en error manifiesto y trascendente en el examen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Recu\u00e9rdese que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ. AC. Ene. 12 de 2016. Rad. 1995-00229-01). <\/p>\n
A voces de la Corte, este espec\u00edfico defecto (art. 336-2 C. G. del P.) tiene lugar en los eventos que \u00abse supone o pretermite la prueba entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa\u00bb (CSJ SC 1853-2018 de 29 de mayo de 2018, rad. 2008-00148-01). <\/p>\n
Aunado a ello, es preciso destacar que, en el \u00e1mbito de la prueba y para los prop\u00f3sitos casacionales, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios exhiben. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando se exige que este sea \u201cmanifiesto\u201d (art. 336-2 C. G. del P.), excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. Por el contrario, estos han de quedar comprobados a simple vista en el expediente. Esto es, el \u201c[e]rror evidente, es el notorio, el que aparece de bulto, aquel que se descubre f\u00e1cilmente sin necesidad de escol\u00e1sticas alegaciones o de tremendos esfuerzos de imaginaci\u00f3n\u201d1. Bajo el mismo tenor, en prove\u00eddo reciente se\u00f1al\u00f3 que: \u00abNo sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga, una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb (CSJ SC sentencia de 29 de mayo de 2018, exp. C. 5075).2 <\/p>\n
2.- En el cargo en estudio, el accionante enunci\u00f3 errores de hecho cometidos por el juez de segundo grado, ninguno de los cuales tiene la virtualidad de derruir la presunci\u00f3n de legalidad de la que est\u00e1 cobijada la sentencia cuestionada, tal como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1.- Como primer punto, la censora aduce que el Colegiado incurri\u00f3 en error al considerar probado, sin estarlo, que Urbanistika S.A.S., es responsable por la efectividad de la garant\u00eda al ser productor. Insisti\u00f3 que, en el caso en concreto, quien tiene la calidad de productor y proveedor es la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., de manera que \u00abno puede de ninguna manera hacer responsable de la garant\u00eda a Urbanistika, pues este nunca tuvo, la calidad de productor, fabricante, proveedor, distribuidor, promotor o ninguna otra de la cual se pueda derivar responsabilidad alguna frente a los consumidores\u00bb. En tal sentido, aludi\u00f3 a \u00ablos expedientes y antecedentes administrativos\u00bb, la licencia de construcci\u00f3n LC11-3-0339 del 12 de abril del 2011, el \u00abformulario \u00danico Nacional, radicado en el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial\u00bb y la \u00ablicencia de Urbanismo\u00bb para destacar que la constructora era la aludida sociedad por acciones simplificadas y que \u00abno est\u00e1n acreditados elementos probatorios que demuestren que Urbanistika fue la sociedad constructora y por lo tanto no se le debi\u00f3 condenar a responder por la efectividad de la garant\u00eda, al considerarla como \u201cproductora\u201d, m\u00e1xime cuando dentro de su objeto social no est\u00e1 considerado construir o enajenar las unidades de vivienda\u00bb. <\/p>\n
Verificada la sentencia de segunda instancia, es cierto que el Tribunal omiti\u00f3 manifestarse expresamente sobre tales medios de prueba. Sin embargo, tal yerro no tiene la virtualidad de variar la decisi\u00f3n en la medida en que el hecho de que la sociedad Caminos de Compostela S.A.S., haya sido la titular de las licencias de construcci\u00f3n y urbanismo (hecho que se pretende probar con tales documentales) no implica que la Urbanistika S.A.S. no pueda ser considerada como productora a la luz del Estatuto del Consumidor y de la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
Ciertamente, lo que sostuvo el Tribunal fue que, al licenciar el uso de su marca, \u00abresulta incontestable que la sola utilizaci\u00f3n de la marca urban\u00edstica en la comercializaci\u00f3n o venta de esas unidades residenciales que compon\u00edan el conjunto de Caminos de Compostela convierte a la demandada en productora y, en consecuencia, en acreedora del r\u00e9gimen de responsabilidad previsto en el Estatuto del consumidor\u00bb. M\u00e1xime cuando, en l\u00edneas precedentes, sostuvo claramente que ni la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica ni la Ley 1480 del 2011 \u00abprev[\u00e9n] que la condici\u00f3n de productor debe estar radicada necesariamente en cabeza de una sola persona\u00bb. <\/p>\n
2.2.- En segundo lugar, adujo que se incurri\u00f3 en error de hecho al valorar el contrato de licenciamiento de uso de marca pues, de haberlo mirado en debida forma, \u00abhubiera analizado el verdadero alcance de la cl\u00e1usula Segunda del Contrato de Uso de Marca, firmado entre las partes\u00bb. Adem\u00e1s, critica que no se hubiera valorado el interrogatorio rendido por el representante legal de Urbanistika S.A.S., el 22 de junio de 2016 y el 29 de agosto del 2016 \u00abdonde bajo la gravedad del juramento manifest\u00f3, que la sociedad, no ten\u00eda personal a cargo suyo, motivo suficiente para concluir que no pod\u00eda haber comercializado o vendido el proyecto\u00bb. <\/p>\n
En consonancia con ello, en el numeral 1.3, asegur\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 al aseverar que la mentada sociedad se encarg\u00f3 de la venta de las unidades residenciales. En tal sentido, si hubiera valorado el reglamento de propiedad horizontal, el pago del impuesto predial del 2011, la valla que por orden de la Curadur\u00eda No. 3 se coloc\u00f3 en el predio, el instructivo de compradores y las comunicaciones del 27 de enero del 2014 y 5 de julio del 2011, \u00abhabr\u00eda llegado a la \u00fanica conclusi\u00f3n posible, de que mi representada, no actu\u00f3 en los tr\u00e1mites de solicitud y obtenci\u00f3n de licencias urban\u00edsticas y de construcci\u00f3n, no tiene la calidad de constructor, de productor, y mucho menos enajen\u00f3 los Inmuebles, que equivocadamente le atribuye el Tribunal en su sentencia y por ende debi\u00f3 ser absuelto en la misma\u00bb. <\/p>\n
En este caso, el cuestionamiento del recurrente no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, puesto que las cr\u00edticas planteadas se limitaron a exponer su propia apreciaci\u00f3n sobre los elementos incorporados, sin revelar lo absurdo o contraevidente de las inferencias del tribunal. Aunado a ello, la labor estuvo encaminada a resaltar la conclusi\u00f3n que ella predica, no solo del contrato de licencia de uso de marca, sino a partir del contenido de otras probanzas, como la declaraci\u00f3n del representante legal de la casacionista obtenida del interrogatorio de parte, la valla, el instructivo de compradores, recibos de pago del impuesto predial, etc. <\/p>\n
Sin embargo, omiti\u00f3 desvirtuar aquellas que le permitieron al Tribunal colegir lo atacado, a saber, los testimonios de Mauricio Alberto C\u00e1rdenas Ladino, Carlos Edwin Vanegas Casallas, H\u00e9ctor Julio P\u00e9rez Rodr\u00edguez y Enilsa Rosa Gonz\u00e1lez Guerra, quienes manifestaron que para hacer cualquier tipo de tr\u00e1mite relacionado con el inmueble -pagos, reclamaciones, compra, cr\u00e9ditos-, deb\u00edan acudir a las oficinas de Urbanistika en Bogot\u00e1. As\u00ed como tampoco la documental que soporta el dicho de los testigos, verbigracia, i) las reclamaciones efectuadas por los copropietarios del edificio iban dirigidas a Urbanistika -folios 4849 y 3845-; y, ii) las respuestas a las quejas, emitidas bajo el membrete de dicha sociedad -folio 5054-. <\/p>\n
No atac\u00f3 la afirmaci\u00f3n del Tribunal, referida a que con dichos medios de prueba se logr\u00f3 advertir que lo que hizo Urbanistika S.A.S., fue crear en los terceros \u00abel convencimiento de que se trataba de la constructora del edificio, lo que la ubica dentro del grupo de productores por expresa disposici\u00f3n del art\u00edculo 20 del Estatuto del Consumidor\u00bb. As\u00ed las cosas, se omiti\u00f3 combatir los pilares jur\u00eddicos y f\u00e1cticos del fallo -o, al menos, del segmento que se discrepa-, de forma que no result\u00f3 destruida la presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que viene revestida la sentencia atacada. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha explicado que: <\/p>\n
\u00ab(…) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. <\/p>\n
Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211-2017, 26 sep.). <\/p>\n
<\/p>\n
2. CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia por violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1602, 1604, 2341, 2060, numeral 3, 2343, 2344, 2347, 2351 y 2356 del C\u00f3digo Civil; Ley 1229 de 2008; art\u00edculo 24 de la Ley 222 de 1995, todos por falta de aplicaci\u00f3n; y por aplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional, el canon 5, numeral 9, 6, 7, 15 y 19 de la Ley 1480 de 2011 y el art\u00edculo 162 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000, de la Comunidad Andina de Naciones -CAN-, como consecuencia de un equivocado entendimiento de lo que regulan las normas jur\u00eddicas que protegen al consumidor en Colombia. <\/p>\n
Asever\u00f3 que la Sala Civil del Tribunal de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un equivocado an\u00e1lisis de lo que debe entenderse por los sujetos intervinientes en la cadena de consumo y su responsabilidad. Asimismo, censur\u00f3 el alcance jur\u00eddico de los bienes que son objeto de protecci\u00f3n por las normas que regulan los derechos de los consumidores en Colombia. En tal sentido, reiter\u00f3 los argumentos expuestos por el impugnante Castro Hoyos en el cargo segundo, a saber, que el art\u00edculo 78 de la Constituci\u00f3n y el 20 del Estatuto del Consumidor solo refieren a productores y distribuidores y no a licenciatarios o representantes legales; y, que el \u00e1mbito de protecci\u00f3n en punto de la garant\u00eda legal \u00fanicamente cobijaba a los bienes muebles y no a los inmuebles. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por ser este cargo id\u00e9ntico al planteado por el apoderado del se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro, el presente ser\u00e1 desestimado bajo las consideraciones anteriormente planteadas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en la \u00abcausal primera\u00bb del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1602, 1604, 2341, 2343, 2344, 2347, 2351 y 2356 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n; los art\u00edculos 200, 227, 228, 252 del C\u00f3digo de Comercio; y el art\u00edculo 19 del Decreto 1469 de 2010; Ley 1229 de 2008; art\u00edculo 24 de la ley 222 de 1995, todos por falta de aplicaci\u00f3n; y por aplicaci\u00f3n indebida los art\u00edculos 78 de la Constituci\u00f3n Nacional y el canon 5, numeral 9, 6, 7, 15 y 19 de la Ley 1480 de 2011, como consecuencia de errores de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria, de la prueba documental allegada al plenario. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3 que el Tribunal infringi\u00f3 el art\u00edculo 250 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra la indivisibilidad de la prueba documental, \u00abtoda vez que indica claramente en su conjunto, que mi poderdante actu\u00f3 en los tr\u00e1mites, solicitud y obtenci\u00f3n de las licencias de urbanismo y construcci\u00f3n, como representante legal de la constructora propietaria y el Tribunal en su sentencia, secciona dicha prueba, para mirar aisladamente una casilla, de la cual desprende equivocadamente que es constructor responsable, como persona natural\u00bb. Dicho proceder implica, a su turno, la transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones 257, 176 y 260 ejusdem. Afirm\u00f3 que, si se hubiese observado el reglamento de propiedad horizontal, el pago del impuesto predial de 2011, la valla que por orden de la Curadur\u00eda 3 se coloc\u00f3 en el predio, la declaraci\u00f3n del representante legal de Urbanistika, el instructivo para compradores, y las comunicaciones del 27 de enero del 2014 y 5 de julio del 2011, en su conjunto y sin dividirlos, \u00abse habr\u00eda dado cuenta de que la sociedad URBANISTIKA no tramitar (sic), ni obtuvo las licencias de urbanizaci\u00f3n y de construcci\u00f3n del edificio CAMINOS DE COMPOSTELA P.H. La sociedad que represento no comercializ\u00f3 ni enajen\u00f3 las Unidades de Vivienda\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Advierte la Corte que el cargo planteado est\u00e1 llamado al fracaso por adolecer de serios vicios de t\u00e9cnica, que conllevan a su necesaria desestimaci\u00f3n. Ello debido a la falta de demostraci\u00f3n del error de derecho -que, adem\u00e1s, fue formulado bajo la \u00abcausal primera de casaci\u00f3n\u00bb-. <\/p>\n
A la luz del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la sentencia es denunciable en casaci\u00f3n por \u00abLa violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb. En efecto, el error de derecho refiere a la apreciaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba. De manera que supone la conformidad con el contenido objetivo de \u00e9sta, pero se reclama su indebida estimaci\u00f3n por mediar la violaci\u00f3n de normas de disciplina probatoria que ata\u00f1en con la aportaci\u00f3n, admisi\u00f3n, producci\u00f3n o estimaci\u00f3n de estas. V\u00e9ase que, de conformidad con el precedente reiterado de esta Corte, no es suficiente la afirmaci\u00f3n gen\u00e9rica de \u00abfalta de valoraci\u00f3n en conjunto\u00bb, sino que el pretensor debe: i) singularizar los medios de convicci\u00f3n que dejaron de ser apreciados de manera conjunta; ii) indicar los pasajes de los medios de prueba que muestren la falta de integraci\u00f3n en la apreciaci\u00f3n del acervo probatorio; y iii) exponer en evidencia que la apreciaci\u00f3n de las pruebas se hizo de manera aislada. <\/p>\n
En efecto, la Corte ha delineado el rigor que debe observar el censor en este aspecto de la siguiente manera: \u00ab[e]s indiscutible que el incumplimiento por parte del fallador del deber de valorar en conjunto todas las pruebas allegadas al proceso, genera un error de derecho de su parte que hace atacable la sentencia de conformidad con la causal primera de casaci\u00f3n. Empero, no es suficiente que tal cosa se afirme simplemente, sino que es imperativo que, adem\u00e1s de la individualizaci\u00f3n de los medios de prueba no estimados globalmente, se indique por la censura los apartes de cada una de ellas que evidencien y demuestren de modo completo la falta total de dicha integraci\u00f3n, a consecuencia de la cual se produce la violaci\u00f3n de norma de derecho sustancial, so pena de que como secuela de no hacerse as\u00ed permanezca inalterable la presunci\u00f3n de acierto que cobija toda decisi\u00f3n judicial, y por lo mismo inc\u00f3lume la sentencia atacada con el recurso de casaci\u00f3n\u2019 [\u2026].\u00bb (Se subraya. CSJ SC198, 29 oct. 2002, Exp. n.\u00b0 6902, reiterado CSJ AC3303-2018 de 2 de agosto de 2018, Exp. 2015-00036-01). <\/p>\n
Sobre este tipo de error, esta Sala ha se\u00f1alado adem\u00e1s que, <\/p>\n
\u00ab(…) para su acreditaci\u00f3n se impone realizar un ejercicio comparativo entre la sentencia y el correspondiente medio de persuasi\u00f3n, con la finalidad de evidenciar \u201cque, conforme a las reglas propias de la petici\u00f3n, decreto, pr\u00e1ctica o apreciaci\u00f3n de las pruebas, el juicio del sentenciador no pod\u00eda ser el que, de hecho, consign\u00f3. En consecuencia, si dijo que la prueba era apta para demostrar el hecho o acto, debe hacerse notar que no lo era en realidad; o si la desestim\u00f3 como id\u00f3nea, debe puntualizarse que s\u00ed era adecuada. Todo, con sujeci\u00f3n a las susodichas normas reguladoras de la actividad probatoria dentro del proceso, las cuales, en consecuencia, resultan quebrantadas, motivo por el cual y a fin de configurar el error, debe denunciarse su violaci\u00f3n\u201d (CSJ SC 6 abr. 2011, exp. 2004-00206-00)\u00bb (CSJ SC5676-2018, 19 dic.). <\/p>\n
Es imperioso destacar, en suma, que una acusaci\u00f3n de este linaje exige del casacionista <\/p>\n
\u00abdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d, seg\u00fan lo establece el literal a) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. No basta con que se se\u00f1ale la existencia de una equivocaci\u00f3n por parte del juzgador \u201csino que adem\u00e1s se hace necesario mostrar su trascendencia, esto es, seg\u00fan tambi\u00e9n se tiene definido, poner de \u201c(\u2026) presente c\u00f3mo se proyect\u00f3 en la decisi\u00f3n\u201d (CSJ. AC. 26 de noviembre de 2014, rad. 2007-00234-01). <\/p>\n
Solo el error manifiesto, evidente y trascendente es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado. Los yerros cuya incidencia determinante no aparezca demostrada, a pesar de su concurrencia, no bastan para infirmar la decisi\u00f3n mediante el recurso extraordinario\u00bb (CSJ SC876-2018, 23 mar., citada en SC5040-2021 del 06 de dic.). <\/p>\n
2.- En el sub examine, se advierte la falta de precisi\u00f3n y claridad, comoquiera que se asegura que el Tribunal infringi\u00f3 el art\u00edculo 250 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra la indivisibilidad de la prueba documental, \u00abtoda vez que indica claramente en su conjunto, que mi poderdante actu\u00f3 en los tr\u00e1mites, solicitud y obtenci\u00f3n de las licencias de urbanismo y construcci\u00f3n, como Representante Legal de la Constructora propietaria y el Tribunal en su sentencia, secciona dicha prueba, para mirar aisladamente una casilla, de la cual se desprende equivocadamente que es constructor responsable, como persona natural\u00bb. V\u00e9ase que tal aseveraci\u00f3n corresponde de manera id\u00e9ntica a la afirmaci\u00f3n realizada por el apoderado del se\u00f1or Jos\u00e9 Alberto Castro Hoyos- a folio 28 del cuaderno-. Y en nada corresponde a la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el ad quem frente al problema jur\u00eddico planteado frente a la sociedad Urbanistika S.A.S. De manera que tal \u00abvicio\u00bb es francamente intrascendente para los intereses de la aludida persona jur\u00eddica. <\/p>\n
3.- Aunado a lo anterior, se observa que la impugnante, si bien esgrime la incursi\u00f3n de un error de derecho, la alegaci\u00f3n empieza a ocupar la v\u00eda de los errores de hecho pues censur\u00f3 que el Tribunal omiti\u00f3 valorar \u00abla prueba documental, que adelante singularizaremos, con la observancia de los requisitos legales\u00bb. Y que, por este camino, se habr\u00eda dado cuenta de que \u00abla sociedad URBANISTIKA no tramitar (sic), ni obtuvo las licencias de urbanizaci\u00f3n y de construcci\u00f3n del edificio CAMINOS DE COMPOSTELA P.H. La sociedad que represento no comercializ\u00f3, ni enajen\u00f3 las Unidades de Vivienda. Es lo que se desprende de la prueba documental, apreciada en su conjunto y no en forma seleccionada, como recibi\u00f3 la mirada del Tribunal\u00bb. Y contin\u00faa a enunciar las pruebas documentales que \u00abel Tribunal no mira\u00bb. <\/p>\n
Como se observa, todos estos argumentos aluden a errores de hecho, en tanto reclama su pretermisi\u00f3n, habida cuenta que \u00absolo se detiene en los testigos de la demandante, copropietarios, llegados al proceso urban\u00edstico al final\u00bb. Sobre este tipo de defecto, recu\u00e9rdese que implica inconformidad con la labor investigativa del juzgador en el campo f\u00e1ctico, y que ocurre por deficiencias en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de los elementos probatorios, que a voces de la Corte tiene lugar en los eventos en que \u00abel fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio, alterando su contenido de forma significativa\u00bb (CSJ AC 4689-2017 de 25 de julio de 2017). Recu\u00e9rdese que <\/p>\n
\u00aben esta clase de error, diversamente a lo que sucede con el de hecho, siempre se parte de que el juzgador es consciente de la presencia del medio, solo que al evaluarlo no lo hace con sujeci\u00f3n a la preceptiva legal\u00bb (CSJ SC 137 de 13 de oct. de 1995, exp.3986). Esto es, \u00ab(…) la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores [de hecho y de derecho, se aclara] no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026). Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n (…) pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad\u00bb (AC219-2017, de 25 enero). <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2017 dentro del proceso que en su contra y de Augusto Moreno Murcia y Daniel Alberto Castro L\u00f3pez promovi\u00f3 Edificio Caminos de Compostela P.H. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de los recurrentes en casaci\u00f3n. Se fija como agencias en derecho la suma de seis (6) s.m.l.m.v. <\/p>\n
<\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC del 2 de agosto de 1958. <\/p>\n
2\u0002 As\u00ed mismo, \u00ab[e]l sentido legal del recurso est\u00e1 determinado inexorablemente por la sentencia misma lo que implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad quem tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto pues alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed mismo presta base s\u00f3lida a dicha resoluci\u00f3n esta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede quebrarse en sede de casaci\u00f3n resultando en consecuencia completamente intrascendente si se logra o no demostrar los errores que el impugnante se\u00f1ala en la apreciaci\u00f3n de otras pruebas\u00bb (CSJ SC Sentencia de 5 de noviembre de 1973, G.J. t CXLVII). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC1073-2022 (2015-06321-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC1073-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-001-2015-06321-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados Marca […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62590","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62590"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62590\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}