SC1074-2022 (2015-00958-01)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
SC1074-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-044-2015-00958-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad Owen Londo\u00f1o y C\u00eda S.A.S. -en reestructuraci\u00f3n- frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de mayo de 2017, en el proceso ordinario que instaur\u00f3 contra la Corporaci\u00f3n Financiera de Colombia S.A. -Corficolombiana S.A.- o Corficol S.A. y Colombiana de Concesiones y Licitaciones S.A.S. -Concecol S.A.S-. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n y su fundamento f\u00e1ctico <\/p>\n
La sociedad demandante pretende que se declare que las demandadas actuaron con dolo. O bien con abuso del derecho en el marco del proceso de reestructuraci\u00f3n empresarial al adquirir por conducto de terceros las acreencias de la Dian y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1, \u00abcon el fin de precipitar la apertura del tr\u00e1mite concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria de Owen Londo\u00f1o y C\u00eda SAS, mediante la violaci\u00f3n del r\u00e9gimen de clases y mayor\u00edas previsto en la Ley 550 de 1999\u00bb. En consecuencia, que se declare que la actuaci\u00f3n de las demandadas en el a\u00f1o 2005 \u00abcondujo al vencimiento del t\u00e9rmino legal establecido en el inciso 2 del art\u00edculo 27 de la Ley 550\/99\u00bb y la apertura del tr\u00e1mite concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria de dicha sociedad. Por lo tanto, se solicit\u00f3 que se condene a las demandadas que son civil y solidariamente responsables de los perjuicios consistentes en \u00abgastos y erogaciones\u00bb asumidos durante el proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria. Adem\u00e1s, tambi\u00e9n se reclaman los respectivos intereses compensatorios desde la g\u00e9nesis de los perjuicios hasta que se profiera sentencia, m\u00e1s los intereses moratorios comerciales hasta su pago efectivo. <\/p>\n
Como fundamentos f\u00e1cticos, aleg\u00f3 que ante la Superintendencia de Sociedades promovi\u00f3 un acuerdo de reestructuraci\u00f3n empresarial -seg\u00fan lo previsto por la Ley 550 de 19991-. En septiembre de 2004 se llevaron a cabo las reuniones para la determinaci\u00f3n de votos y acreencias de la sociedad. La Secretar\u00eda de Hacienda Distrital y la Dian comunicaron al promotor el pago de sus acreencias por parte de Mauricio Fernando Rodr\u00edguez Agudelo, \u00abque para el caso concreto correspond\u00eda a 2.069.939.326 votos, equivalentes al 13,05490% del total de votos admisibles en el acuerdo\u2026\u00bb2. Convocados los acreedores, Corficolombiana decidi\u00f3 no darle aprobaci\u00f3n al acuerdo de reestructuraci\u00f3n.3 Y \u00abdada la falta de asistencia del supuesto nuevo acreedor\u2026, el acuerdo no pudo ser ni aprobado ni improbado\u2026\u00bb.4 <\/p>\n
Sostuvo que el 16 de septiembre de 2005 inform\u00f3 a la Superintendencia para que se iniciara de oficio el proceso concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria. Raz\u00f3n por la cual, dicha entidad con auto 155-016590 del 4 de octubre de 2005 dio por concluida la etapa de reestructuraci\u00f3n y convoc\u00f3 a la sociedad al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n obligatoria5. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que, \u00abcon el porcentaje del 50,31% (realmente en cabeza de un mismo beneficiario: Corficolombiana), no hubiera sido posible lograr la improbaci\u00f3n del Acuerdo proyectado por el Promotor y, por ende, no hubiere sido procedente el inicio del tr\u00e1mite liquidatorio de Owen Londo\u00f1o\u00bb. Por lo tanto, en octubre de 2007 la sociedad gestora solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n del prove\u00eddo que dispuso la apertura del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. La Superintendencia de Sociedades con auto del 5 de mayo de 2009 declar\u00f3 la nulidad del proceso. Y, en su lugar, dispuso remitir el expediente para continuar el tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n6. <\/p>\n
El 7 de febrero de 2011 se logr\u00f3 la consecuci\u00f3n del acuerdo de reestructuraci\u00f3n -en iguales condiciones y t\u00e9rminos al propuesto en 2004-. A modo de s\u00edntesis, indic\u00f3 la parte actora en su escrito genitor, que \u00abdesde la fecha en que se profiri\u00f3 el auto ordenando la iniciaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n obligatoria (4 octubre de 2005), hasta la firmeza del auto que orden\u00f3 la anulaci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n (4 de junio de 2010) y la suscripci\u00f3n del nuevo acuerdo de reestructuraci\u00f3n (7 de febrero de 2011) transcurri\u00f3 un tiempo cercano a los cinco a\u00f1os y medio\u00bb. Tiempo durante el cual \u00abincurri\u00f3 en numerosos gastos y erogaciones para costear el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n\u2026de los cuales se hubiera liberado en el evento de adelantar el proyecto frustrado con ocasi\u00f3n de las actuaciones de las Demandadas\u00bb. Tales erogaciones, son las que comprenden la reclamaci\u00f3n que dio lugar al presente proceso, las cuales \u00abcorresponden a: (i) honorarios de la revisor\u00eda fiscal durante el per\u00edodo de la liquidaci\u00f3n; (ii) asistencia de la revisor\u00eda fiscal durante la liquidaci\u00f3n; (iii) honorarios por concepto de contabilidad durante el per\u00edodo de la liquidaci\u00f3n; (iv) asesor\u00eda jur\u00eddica durante el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n; (v) aval\u00faos; (vi) honorarios del liquidador; (vii) mayor valor en prediales; (viii) mayor valor en comisiones a la fiduciaria, entre otros\u00bb. <\/p>\n
B. Posici\u00f3n de los demandados <\/p>\n
En tiempo contestaron, con expresa oposici\u00f3n a los hechos y pretensiones. Concecol S.A.S. propuso como excepciones las siguientes: \u00ablegalidad en la adquisici\u00f3n de los cr\u00e9ditos de la DIAN y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1, liquidaci\u00f3n obligatoria ordenada por la Superintendencia de Sociedades, inexistencia de dolo, inexistencia de abuso del derecho, buena fe\u2026, inexistencia de perjuicios materiales, inexistencia de perjuicios ciertos y reales, inexistencia de relaci\u00f3n causal entre el da\u00f1o impetrado y la conducta de Concecol, prescripci\u00f3n extintiva, abuso en el ejercicio del derecho a litigar [y] excepci\u00f3n gen\u00e9rica\u00bb (fls. 394-418 del Cdno no.1). Por su parte, Corficolombiana excepcion\u00f3: \u00abprescripci\u00f3n, no viol\u00f3 ninguna norma durante el proceso de restructuraci\u00f3n de Owen Londo\u00f1o, ausencia de dolo o culpa, el da\u00f1o reclamado por el demandante es hipot\u00e9tico\u2026, no abus\u00f3 del derecho [y] excepci\u00f3n gen\u00e9rica\u00bb (fls. 494-517 del Cdno Principal no. 1). <\/p>\n
C. Tr\u00e1mite <\/p>\n
El Juzgado Cuarenta y Cuatro Civil del Circuito de Bogot\u00e1 culmin\u00f3 la primera instancia, con fallo denegatorio de las pretensiones. Adicionalmente, conden\u00f3 en costas a la parte actora. Contra esta providencia, la sociedad gestora interpuso recurso de apelaci\u00f3n. Los reparos concretos estribaron en las conclusiones a las que lleg\u00f3 el a quo respecto del dolo, al abuso del derecho y a la necesidad de acreditar que el acuerdo se hubiera celebrado para dar paso al estudio del efecto que tuvo el comportamiento de las demandadas. El Tribunal, al desatar la alzada, con sentencia del 25 de mayo de 2017 resolvi\u00f3 confirmar el pronunciamiento impugnado. El recurso de casaci\u00f3n, por su parte, fue concedido por auto del 14 de junio de 2017. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego del usual resumen del proceso, de aludir te\u00f3ricamente los elementos de la responsabilidad extracontractual y de los fundamentos del abuso del derecho, el ad quem destac\u00f3 que el motivo de la impugnaci\u00f3n consiste en que el juez de la primera instancia no accedi\u00f3 a las pretensiones declarativas, por cuanto, argumenta la recurrente \u00ab(\u2026) que los tres elementos de la responsabilidad civil extracontractual est\u00e1n probados: el error de conducta fue el ocultamiento, el da\u00f1o que son los perjuicios que le cost\u00f3 estar en liquidaci\u00f3n y la relaci\u00f3n de causalidad consistente en que si se hubiera revelado la condici\u00f3n del mandante, como era la obligaci\u00f3n del acuerdo con los prop\u00f3sitos del r\u00e9gimen concursal, no se hubiera podido enviar a liquidaci\u00f3n a la sociedad\u00bb. Expuso que la r\u00e9plica de Concecol \u00abconsisti\u00f3 en afirmar el acierto de la sentencia sobre el principio de congruencia\u00bb y que \u00abel ataque fue incompleto\u00bb. En igual sentido, Corficolombiana adujo que \u00abno ten\u00eda obligaci\u00f3n de informar que hab\u00eda adquirido las acreencias porque solo hay dos momentos para hacerlo, el primero ya hab\u00eda pasado y el segundo no se dio, que era el momento de votar el acuerdo\u00bb. <\/p>\n
Luego de destacar lo pretendido en este asunto por la demandante frente a los demandados y qu\u00e9 fue lo decidido por el juez de primera instancia, encontr\u00f3 \u00abestablecido que en este tipo de juicios a la parte demandante le correspond\u00eda la tarea de acreditar los tres elementos que configuran la responsabilidad civil: el da\u00f1o, hecho culposo y el nexo causal, y que a falta de cualquiera de ellos no podr\u00edan tener \u00e9xitos sus pretensiones, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n atacada, porque no cumpli\u00f3 con la carga de demostrar los fundamentos f\u00e1cticos en que finc\u00f3 sus aspiraciones\u00bb. Esto, por cuanto, las pruebas deben ser \u00abvaloradas en conjunto\u2026ejercicio que, sabido es, no puede efectuarse de manera aislada, solamente con las pruebas que convienen a una de las partes, como lo pretende el aqu\u00ed recurrente\u00bb. <\/p>\n
A su turno, estableci\u00f3 que Corficolombiana abus\u00f3 de su derecho en el marco del proceso concursal al ocultar la adquisici\u00f3n de las acreencias de la DIAN y la SHD. Sin embargo, sostuvo que no se acredit\u00f3 el da\u00f1o sufrido por la demandante con ocasi\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n. Concretamente, que los gastos incurridos por Owen Londo\u00f1o estuvieran ligados a la liquidaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda pues, \u00abno se puede sostener que, de haber mediado un acuerdo con los acreedores, la hoy demandante no habr\u00eda tenido que incurrir en esas erogaciones\u00bb. Respecto del nexo causal, encontr\u00f3 que no hab\u00eda v\u00ednculo de causalidad entre el abuso del derecho en que incurrieron las demandadas y el inicio del tr\u00e1mite concursal de la parte pretensora. En el punto, el Tribunal precis\u00f3 que \u00aba pesar de reconocer la conducta de abuso del derecho, no pueda accederse a la pretensi\u00f3n primera subsidiaria, pues en ella se reclama no solo el reconocimiento de la conducta sino la finalidad de precipitar la apertura del tr\u00e1mite concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria, la cual no se estableci\u00f3\u00bb. En consecuencia, confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre tres cargos. El primero, por el motivo quinto consagrado en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. El segundo, enarbolado por la causal segunda casacional. Y el \u00faltimo, invocado por la primera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Causal quinta. Se acusa la sentencia impugnada de haber incurrido en causal de nulidad originada en ella, con sujeci\u00f3n al numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de la falta de jurisdicci\u00f3n del tribunal para proferirla. En orden a demostrarlo, explic\u00f3 que \u00abla Sala de Decisi\u00f3n que deb\u00eda proferir la sentencia no fue constituida en forma legal\u2026nunca tuvo el n\u00famero de magistrados exigidos por la ley para proferir la sentencia\u00bb. Ello, por cuanto uno de los magistrados integrantes de la Sala se declar\u00f3 impedido para conocer del recurso de apelaci\u00f3n. Adem\u00e1s, expuso que \u00abpara conjurar dicha situaci\u00f3n, el Tribunal debi\u00f3 haber agotado el mecanismo de impedimento consagrado en el art\u00edculo 144 del C\u00f3digo General del Proceso y designar otro magistrado o, si no era posible, un conjuez…\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, determin\u00f3 que \u00abla debida integraci\u00f3n de la Sala para proferir la Sentencia del Tribunal configur\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n como causal de nulidad\u00bb. Por lo expuesto, solicit\u00f3 que se decrete la nulidad de la sentencia recurrida. Y, que se ordene la renovaci\u00f3n de la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo en segunda instancia, en cuanto \u00abno fue saneada la nulidad alegada mediante el presente cargo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el punto, con respecto a la falta de jurisdicci\u00f3n como causal de nulidad7, esta Corporaci\u00f3n enfatiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00aben el evento en que una decisi\u00f3n como la adoptada en este caso fuese del resorte de la especialidad jurisdiccional civil\u2026, la irregularidad que debe predicarse es la de una falta de competencia del juez de familia para proveer sobre ella, mas no una falta de jurisdicci\u00f3n, en la medida en que esta causal de nulidad qued\u00f3, por sustracci\u00f3n de materia y ante el querer expl\u00edcito del constituyente y reiterado en la Ley Estatutaria de la Justicia, reducida a aquellos casos en que cualquier autoridad de una jurisdicci\u00f3n (y no \u201cespecialidad jurisdiccional\u201d, se repite) se arroga la facultad para conocer de un asunto atribuido a otra jurisdicci\u00f3n, como si un juez de la jurisdicci\u00f3n ordinaria (civil, de familia, agrario, penal laboral) conociera de un asunto deferido a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, o penal militar, o cualesquiera otra sea de las ya enunciadas. En otras palabras, a sabiendas de que la jurisdicci\u00f3n es una y as\u00ed todo juez investido de tal calidad tiene jurisdicci\u00f3n, esa otra acepci\u00f3n del t\u00e9rmino, que comprende lo que la doctrina suele denominar \u201cla competencia por ramas\u201d, y que era lo que correspond\u00eda a la falta de jurisdicci\u00f3n como causal de nulidad insaneable del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, est\u00e1 hoy m\u00e1s reducida, por cuanto al indicarse en la Constituci\u00f3n y la ley que la jurisdicci\u00f3n com\u00fan u ordinaria se divide en especialidades jurisdiccionales, lo que se hizo fue establecer un g\u00e9nero \u2013la jurisdicci\u00f3n com\u00fan- y varias especies dentro de \u00e9l \u2013las especialidades jurisdiccionales civil, agraria, de familia, penal y laboral- con lo cual fluye como consecuencia que si una de estas especialidades jurisdiccionales conoce de un asunto atribuido a otra especialidad jurisdiccional del mismo g\u00e9nero, la irregularidad es constitutiva de falta de competencia y no de falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb (CSJ SC6315, 9 de mayo de 2017. Rad. 2008-00427-01). <\/p>\n
En efecto, la Corte ha precisado que \u00abcarece de competencia funcional el juzgado plural que delibera y decide sin la asistencia, ni el voto mayoritario favorable de los integrantes de la respectiva Sala\u00bb (CSJ AC7719-2017). En una palabra, lo invocado est\u00e1 lejos de recrear la causal de nulidad alegada -falta de jurisdicci\u00f3n-. <\/p>\n
2. En consonancia con lo expuesto, dentro de las excepciones para que todos los magistrados de una Sala de decisi\u00f3n de un cuerpo colegiado intervengan en la deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n de los litigios a su cargo, se hallan los eventos de impedimento aceptado, enfermedad o calamidad dom\u00e9stica comprobados -y cualquier otra raz\u00f3n legal que imponga separaci\u00f3n temporal del cargo-.8 Desde esa perspectiva, la determinaci\u00f3n de dictar sentencia en sala dual no fue arbitraria, sino que estuvo precedida por una causa legal afianzada en el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996. Por lo expuesto, los reparos de la impugnante devienen desenfocados, porque dej\u00f3 de lado la verdadera raz\u00f3n que, desde el referente legal anunciado, se estim\u00f3 como v\u00e1lida la justificaci\u00f3n de la no comparecencia de la tercera integrante de la Sala. <\/p>\n
3. Por lo explicado, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con soporte en la causal segunda de casaci\u00f3n, la sociedad actora invoc\u00f3 la violaci\u00f3n indirecta por falta de aplicaci\u00f3n de \u00ablos art\u00edculos 2341, 2343, 2344 del C\u00f3digo Civil, los art\u00edculos 1, 222, 830 y 884 del c\u00f3digo de Comercio, el art\u00edculo 29 segundo inciso de la Ley 550 de 1999 y el art\u00edculo 151 de la Ley 222 de 1995\u00bb. Para sustentarlo, controvirti\u00f3 que el Tribunal err\u00f3 en forma grave al concluir que el abuso del derecho en que incurrieron las demandadas al adquirir los cr\u00e9ditos de la DIAN y la SHD no fue la causa que directamente precipit\u00f3 la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n obligatoria.9 Sostuvo que el error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria se encuentra probado y \u00absingularizado en la tergiversaci\u00f3n del auto de 5 de mayo de 2009, mediante el cual la superintendencia de sociedades declar\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n obligatoria de Owen\u00bb. Ello pues, \u00abla \u00fanica causa por la cual se declar\u00f3 la nulidad del proceso de liquidaci\u00f3n\u2026 se contrae a las maniobras de Corficolombiana y Concecol para la adquisici\u00f3n de las acreencias de la DIAN y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1\u2026y posterior ocultamiento de la operaci\u00f3n al Promotor\u00bb. Asever\u00f3 que \u00abel error es manifiesto y trascendente, pues el Tribunal en la sentencia da por probado que las sociedades demandadas incurrieron en abuso del derecho\u2026al ocultar\u2026el real adquiriente de las acreencias\u00bb. No obstante, \u00abel Tribunal estima que entre el actuar abusivo de las demandadas y la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n, no existe nexo de causalidad\u00bb. De manera que, de no haberse distorsionado el auto, \u00abla sentencia impugnada habr\u00eda reconocido el nexo causal entre el abuso del derecho de las demandadas y la apertura del tr\u00e1mite liquidatorio\u2026por lo cual el fallo habr\u00eda sido categ\u00f3ricamente distinto\u00bb. <\/p>\n
A su turno, manifest\u00f3 que \u00abla preterici\u00f3n del memorial\u00bb que puso en conocimiento la \u00abmaniobra fraudulenta\u00bb de las demandadas consistente en adquirir las acreencias de la DIAN y la SHD a trav\u00e9s de un tercero con ocultamiento al promotor, habr\u00eda variado los resultados de la reuni\u00f3n convocada para votar el acuerdo. Dado que al \u00abacudir a la prueba indiciaria que es por excelencia la prueba de naturaleza indirecta,\u2026en el evento en que se hubiera sometido a votaci\u00f3n el acuerdo de restructuraci\u00f3n\u2026el acreedor externo Selopa S.A. habr\u00eda votado favorablemente\u00bb y, con \u00abel voto afirmativo de Selopa, al provenir de dos clases, esto es, acreedores financieros por haber adquirido la acreencia de Alianza Fiduciaria S.A. y otros acreedores a trav\u00e9s de su acreencia original, sumado al voto de los acreedores internos de Owen Londo\u00f1o, habr\u00eda permitido aprobar el acuerdo de reestructuraci\u00f3n\u2026situaci\u00f3n que ech\u00f3 de menos el Tribunal\u2026y habr\u00eda variado el sentido de la sentencia\u2026que est\u00e1 fundado en no haberse demostrado que Owen contaba con el voto favorable tanto de acreedores internos como externos\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 igualmente, que la \u00abpreterici\u00f3n del convenio para el desarrollo construcci\u00f3n y venta del lote denominado \u201cLa Estancia, Chanco Bajo\u201d de propiedad del fideicomiso de Owen de fecha 8 de abril de 2005 firmado por los representantes legales de Owen\u2026Inversiones Selopa S.A., Canales Andrade Compa\u00f1\u00eda S en C y Canaan de Colombia S. en C\u2026cuyos ingresos ser\u00edan utilizados, en parte, para el pago de las obligaciones contra\u00eddas por Inversiones Navarra S.A. y la acreedora externa\u2026Selopa S.A.\u2026le impidi\u00f3 al Tribunal observar que Inversiones Selopa S.A. habr\u00eda emitido voto favorable al acuerdo de reestructuraci\u00f3n\u2026\u00bb.10 <\/p>\n
En cuanto al error de derecho, lo singulariz\u00f3 en \u00abel desconocimiento de las normas probatorias contenidas en los art\u00edculos 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso en materia de decreto de pruebas de oficio\u00bb. Es as\u00ed, por cuanto \u00abseg\u00fan qued\u00f3 establecido en dicha sentencia, no existe prueba del sentido en que hubieran votado los acreedores externos. El Tribunal no encontr\u00f3 probado que, adem\u00e1s del voto favorable de los acreedores internos, se hubiese obtenido el voto favorable de las dem\u00e1s clases excluidas\u00bb. En tal sentido, asever\u00f3 que \u00abel Tribunal omiti\u00f3 el decreto de pruebas11 que le permitieran definir en qu\u00e9 sentido habr\u00edan votado el acuerdo de reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, reclam\u00f3 \u00abla tergiversaci\u00f3n de los dict\u00e1menes periciales preparados por Moore Stephens SCAI S.A. y Solfin Ltda junto con los soportes\u00bb, lo que conllev\u00f3 a negar las pretensiones de la demanda por considerar que no se encontr\u00f3 probado el nexo causal entre los gastos acreditados en el tr\u00e1mite de la liquidaci\u00f3n obligatoria. Acus\u00f3 la sentencia por \u00abpor desdibujar la naturaleza de los gastos\u2026al cercenar otros gastos incurridos durante el periodo de liquidaci\u00f3n\u00bb. Desconociendo con ello, que \u00abpor mandato de la ley, las sociedades en liquidaci\u00f3n solo pueden realizar los actos tendientes a esa finalidad\u00bb. Por lo expuesto, solicit\u00f3 casar la sentencia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El ataque por la incursi\u00f3n de un error de hecho, conforme se ha dicho invariablemente12, est\u00e1 vinculado al defecto en la contemplaci\u00f3n, existencia y percepci\u00f3n de determinado medio convictivo. De esta manera, se trata de un cuestionamiento a la percepci\u00f3n material de las probanzas con la indisoluble incidencia en la decisi\u00f3n por parte del sentenciador, a contragolpe de la trasgresi\u00f3n de las normas sustanciales que han debido disciplinar el asunto sometido a la jurisdicci\u00f3n. Entonces, en el error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas -error facti in judicando-, el sentenciador parte de premisas f\u00e1cticas equivocadas. Como se sabe, no es posible, en sede casacional, entrar en la disputa de los hechos y en su correlativo entendimiento por parte del Tribunal. Y tampoco definir cu\u00e1l es la \u00fanica y correcta interpretaci\u00f3n de determinado medio de prueba, cuando es posible la concurrencia de diversas conclusiones f\u00e1cticas. \u00abDe ah\u00ed la necesidad de respetar la valoraci\u00f3n de las pruebas que hacen los jueces de instancia, porque ser\u00eda insostenible que s\u00f3lo el juez de la casaci\u00f3n tuviera el monopolio de la raz\u00f3n a la hora de elucidar el recto entendimiento de las pruebas allegadas13\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es preciso destacar que, en el \u00e1mbito de la prueba y para los prop\u00f3sitos casacionales, debe refulgir la abierta e irreconciliable afirmaci\u00f3n extra\u00edda por el Tribunal frente a la verdad indiscutible que esos medios muestran. Esa ant\u00edtesis de protuberante envergadura, expresamente prevista para el error de hecho cuando se exige que \u00e9ste sea \u201cmanifiesto\u201d (art\u00edculo 336, #2 CGP), excluye que los supuestos errores tengan que ser demostrados a partir de una esforzada argumentaci\u00f3n. Por el contrario, estos han de quedar comprobados a simple vista en el expediente, distinci\u00f3n que, dicho esto de margen, caracteriza al recurso de casaci\u00f3n y lo diferencia de la instancia del proceso. <\/p>\n
En el punto, esta Corporaci\u00f3n record\u00f3 que \u00abno sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga, una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb14. <\/p>\n
En el mismo sentido, conviene se\u00f1alar que el censor debe atacar todas las pruebas determinantes que sirven de base al fallo, de tal manera que la impugnaci\u00f3n se muestre completa, de cara a los argumentos basilares de la sentencia. En efecto: <\/p>\n
\u00abEl sentido legal del recurso est\u00e1 determinado inexorablemente por la sentencia misma lo que implica el deber del recurrente de echar a pique en su integridad los pilares en que se fundamenta para lo cual debe asumir la tarea de desvirtuar la totalidad de las pruebas con que el ad quem tuvo por acreditado los hechos relevantes del asunto litigioso resuelto pues alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed mismo presta base s\u00f3lida a dicha resoluci\u00f3n esta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede confirmarse en sede de casaci\u00f3n resultando en consecuencia completamente intrascendente si se logra no demuestra los errores que el impugnante se\u00f1ala en la apreciaci\u00f3n de otras pruebas15\u00bb <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, la fundamentaci\u00f3n del cargo no puede consistir simplemente en presentar el disentimiento del recurrente frente a la apreciaci\u00f3n probatoria que hizo el Tribunal. Por el contrario, aqu\u00e9l debe ir mucho m\u00e1s all\u00e1: debe exhibir -en forma clara y precisa- los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3 el Juzgador de segunda instancia al apreciar los elementos de juicio que obren en el proceso y, en el evento de pretermitir algunos, indicar su influencia para cambiar el sentido del fallo. De ah\u00ed que \u00ab[p]ara que se produzca esa clase de error -como lo ha pregonado la Corte en constante jurisprudencia- que la equivocaci\u00f3n del sentenciador haya sido de tal magnitud que sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se debe a que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso. La duda que genera el punto de hecho o la pluralidad de interpretaciones que sugiera, excluyen, en consecuencia, la existencia de un error de la naturaleza indicada\u00bb16. <\/p>\n
La Corte hace \u00e9nfasis en lo anterior, porque el cargo dirigido contra la sentencia del Tribunal, plantea simples discrepancias respecto de la valoraci\u00f3n de las pruebas. Labor que, como se anot\u00f3, no tiene que ver con la apreciaci\u00f3n f\u00edsica de esos medios de convicci\u00f3n, sino con la inteligencia que se les dio para determinar su alcance. <\/p>\n
3. En el caso en concreto, la parte recurrente soport\u00f3 la censura de este cargo por la v\u00eda indirecta por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. En efecto, atribuy\u00f3 al Tribunal un error en la interpretaci\u00f3n del auto proferido por la Superintendencia de Sociedades el 5 de mayo de 2009 y de los dict\u00e1menes periciales preparados por Moore Stephens SCAI S.A. y Solf\u00edn Ltda., junto con sus soportes -por tergiversaci\u00f3n-. Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que el ad quem -pretermiti\u00f3 el memorial mediante el cual Owen Londo\u00f1o, Inversiones Selopa S.A. y otros \u00abpusieron en conocimiento la maniobra de Corficolombiana y Concecol consistente en adquirir las acreencias de la DIAN y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1 a trav\u00e9s de Mauricio Rodr\u00edguez Agudelo, adquisici\u00f3n que fue ocultada al promotor Owen Londo\u00f1o\u00bb. Y \u00abel convenio para el desarrollo construcci\u00f3n y ventas del lote denominado \u201cLa Estancia, Chanco Bajo\u201d de propiedad del fideicomiso 1642 Owem Londo\u00f1o & C\u00eda. S. en C.\u00bb. <\/p>\n
4. Como se sabe, el censor tiene a su cargo la tarea de presentarle a esta Colegiatura una cr\u00edtica acompasada con los pilares de la sentencia. Para as\u00ed derruir tambi\u00e9n la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que acompa\u00f1a al fallo de instancia en lo concerniente a las conclusiones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que condujeron al sentenciador a decidir como lo hizo. Tarea que, si no se evidencia, acarrea en \u00faltimas una formulaci\u00f3n de ataques sin la necesaria precisi\u00f3n o tino -desenfoque-17 (CSJ SC5605, 15 de diciembre de 2021, rad. 2015-00599-01). <\/p>\n
5. El cargo propuesto censura al Tribunal por incurrir en el los errores de hecho antes mencionados. Sin embargo, examinado el contenido del fallo de segunda instancia, brilla la incompletitud y el desenfoque del cargo incoado. En efecto, el Tribunal deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, en suma, porque \u00ab\u2026en este tipo de juicios a la parte le correspond\u00eda la tarea de acreditar los tres elementos que configuran la responsabilidad civil: el da\u00f1o, hecho culposo y el nexo causal\u00bb, sin embargo, sostuvo que la parte actora \u00abno cumpli\u00f3 con la carga de demostrar los fundamentos f\u00e1cticos en que finc\u00f3 sus aspiraciones. A tales conclusiones arriba la Sala, valoradas en conjunto las pruebas adosadas a la tramitaci\u00f3n, ejercicio que, sabido es, no puede efectuarse de manera aislada, solamente con las pruebas que convienen a una de las partes, como lo pretende el aqu\u00ed recurrente\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, y en desarrollo de los elementos atributivos de responsabilidad, el Tribunal concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
a). El comportamiento enrostrado. Corficol s\u00ed abuso de su derecho. <\/p>\n
b). El da\u00f1o. \u00abLa Sala encuentra que la relaci\u00f3n de gastos presentada por el perito [dict\u00e1menes de Moore Stephens SCAI S.A.] se pueden agrupar, como lo hizo la demanda, en i) honorarios de revisor\u00eda fiscal; ii) asistencia de revisor\u00eda fiscal; iii) honorarios por concepto de contabilidad; iv) asesor\u00eda jur\u00eddica en tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n; v) aval\u00faos; vi) rendici\u00f3n de cuentas; vii) servicios de mensajer\u00eda; viii) mayor valor en prediales; ix) mayor valor de comisiones a la Fiduciaria\u00bb. Sin embargo, puntualiz\u00f3 que \u00abno se puede establecer una relaci\u00f3n directa y necesaria con el proceso liquidatorio en aquellos rubros denominados aval\u00fao sobre el valor contable de los derechos fiduciarios de Owen (fl. 551), o el mayor valor de comisiones a la fiduciaria, soportado apenas en un cheque girado a favor de Alianza, ni de la rendici\u00f3n de cuentas, de la que no se conoce su prop\u00f3sito, y que viene asociada a la elaboraci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de renta, seg\u00fan la cuenta de cobro y el comprobante de egreso (fls. 542-543), puesto que no se puede sostener, en forma indefectible, que en el tr\u00e1mite de negociaci\u00f3n o de ejecuci\u00f3n de un acuerdo de reorganizaci\u00f3n Owen se habr\u00eda librado de tales gastos y que, por tanto, son exclusivos de la liquidaci\u00f3n\u00bb. Se\u00f1al\u00f3 que tampoco se \u00abencuentra esa asociaci\u00f3n en los conceptos de mayor valor en prediales cuando lo que cobra es el valor total de los prediales, seg\u00fan recibos de pago de los a\u00f1os 2005 a 2010 (fl. 562-567), en los que, adem\u00e1s, se advierte el pago de unos intereses de mora, los que no se pueden atribuir al estado de liquidaci\u00f3n en s\u00ed mismo. Puntualmente, no se puede sostener que, de haber mediado un acuerdo con los acreedores, la hoy dem\u00e1ndate no habr\u00eda tenido que incurrir en esas erogaciones, menos a\u00fan que al amparo de aquel hubiera desarrollado el proyecto inmobiliario que habr\u00eda conducido a la enajenaci\u00f3n de las unidades y, por ello, pagado menos impuestos, m\u00e1xime si de ello no hay prueba\u00bb.18 <\/p>\n
En lo referente a los honorarios por asesor\u00edas en la liquidaci\u00f3n pagados a Josu\u00e9 P\u00e9rez y C\u00e9sar Ucr\u00f3s, indic\u00f3 que \u00abvienen justificados en documentos impresos que muestran una cuenta del PUG, un detalle de control de pagos (fl. 600-604) y en una cuenta de cobro del se\u00f1or P\u00e9rez (fl. 599), sin que se haya aportado otra prueba encaminada a mostrar que la asesor\u00eda efectivamente estuvo vinculada al proceso liquidatorio, ni siquiera el testimonio de los propios asesores encaminado a ese fin\u00bb. Y frente al rubro relativo al pago de una oficina por el tiempo de la liquidaci\u00f3n, sostuvo que \u00abtampoco aparece justificado en la medida en que solo se soporta en una factura de venta que dice corresponder arriendo de la oficina del domicilio social en el periodo de octubre de 2005 hasta agosto de 2009 (fl. 593), y ninguna otra prueba se acompa\u00f1a para establecer que tal arriendo correspond\u00eda a una necesidad propia de la liquidaci\u00f3n. Y sobre los honorarios pagados a la liquidadora (fl. 568-571), se recuerda que la Superintendencia orden\u00f3 que estos deb\u00edan ser pagados por Corficol, seg\u00fan aparece en el auto del 5 de mayo de 2009 (fl. 146-157)\u00bb. Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que \u00abotro punto a tener en cuenta est\u00e1 relacionado con la causaci\u00f3n o las fechas de los pagos invocados, pues muchos aparecen registrados despu\u00e9s de la fecha del auto que decret\u00f3 la nulidad del proceso liquidatorio, es decir, 5 de mayo de 2009, abarcando los a\u00f1os 2010 hasta 2014, lo que desdibuja esa relaci\u00f3n buscada con el perjuicio que se alega causado\u00bb. Por lo expuesto, concluy\u00f3 que \u00abno hay prueba suficiente de que todos estos conceptos reclamados indiscutiblemente obedecieran al tr\u00e1mite liquidatorio al que se avoc\u00f3 la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
c). Nexo causal. El Tribunal determin\u00f3 la falta de relaci\u00f3n causal entre las conductas endilgadas a las demandadas y la decisi\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades de ordenar la liquidaci\u00f3n obligatoria de la recurrente. Ello pues, obra prueba de que la liquidaci\u00f3n se produjo por varias razones. Primero, \u00ablas puntualmente mencionadas por el Promotor en el escrito de fecha 18 de septiembre de 2005, dirigido al Coordinador del Grupo de Acuerdos de Reestructuraci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades, en la cual \u00e9l manifest\u00f3 el fracaso de la negociaci\u00f3n que \u201cno hubo consenso para la celebraci\u00f3n del Acuerdo\u201d y que \u201cninguna de las partes me manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de llegar a un acuerdo y por el contrario dieron por terminadas las negociaciones\u201d y, finalmente, el cumplimiento del plazo m\u00e1ximo previsto por la ley\u00bb. Segundo, \u00ablas otras razones que tuvo en cuenta la Superintendencia, de acuerdo con la toma de informaci\u00f3n que hizo, mencionadas en el mismo auto de 4 de octubre de 2005, que convoc\u00f3 a Owen a liquidaci\u00f3n\u00bb. En consecuencia, sostuvo que \u00abel vencimiento del t\u00e9rmino de cuatro meses, sin acuerdo logrado, fue tan solo uno de los hechos que motiv\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades a convocar a la demandante al proceso de liquidaci\u00f3n, no el \u00fanico\u00bb. <\/p>\n
En una palabra, el Tribunal sent\u00f3 tres afirmaciones capitales para la desestimaci\u00f3n de las pretensiones. <\/p>\n
Primero, que Corficol s\u00ed abuso de su derecho19: ejerci\u00f3 su titularidad patrimonial de manera dis\u00edmil del est\u00e1ndar o patr\u00f3n de comportamiento exigible.20 Esto es, desde un \u201ccriterio funcional\u201d21, se actu\u00f3 -con \u201canormalidad\u201d22 o \u201cexceso\u201d23- de forma \u201cculposa o dolosa\u201d24, o con \u201cfalta de precauci\u00f3n\u201d25, o con \u201cmalicia\u201d26; su actuaci\u00f3n estuvo gobernada por \u201cuna falsa direcci\u00f3n\u201d 27, sin un \u201cfin l\u00edcito y moral\u201d28. \u201c[E]s decir, distinta de su propia y natural destinaci\u00f3n o fuera de sus l\u00edmites adecuados\u201d.29Desde luego, el abuso indemnizable ha de cumplir con los otros elementos reclamados por la reparaci\u00f3n de perjuicios. Uno de ellos es, precisamente, la relaci\u00f3n de causalidad -entre la conducta y el da\u00f1o-. <\/p>\n
Segundo, que no hay prueba suficiente de que todos los conceptos reclamados indiscutiblemente obedecieron al tr\u00e1mite liquidatorio al cu\u00e1l se convoc\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda recurrente. Y, tercero, que el vencimiento del t\u00e9rmino legal de cuatro meses y la falta de acuerdo logrado fue tan solo uno de los hechos que motiv\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades a convocar a la demandante al proceso de liquidaci\u00f3n30. <\/p>\n
De suerte que, el casacionista propone una censura desenfocada e incompleta, pues los pilares de la decisi\u00f3n no fueron atacados a completitud. Aunado a ello, se advierte que las inconformidades elevadas frente a la forma en que fueron interpretadas los medios de convicci\u00f3n no son m\u00e1s que alegatos de instancia.31 <\/p>\n
6. Finalmente, el planteamiento relacionado con el presunto error de derecho del Tribunal al omitir el decreto de pruebas de oficio que le \u00abpermitieran definir en qu\u00e9 sentido habr\u00edan votado el acuerdo de reestructuraci\u00f3n el IDU, Alianza Fiduciaria, Inversiones Selopa S.A. y Gloria Francia Duque\u00bb. Y con ello \u00abhabr\u00eda podido fallar con base en la certeza del sentido del voto y no bajo un manto de incertidumbre\u00bb no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque no concurren en el proceso los presupuestos indispensables definidos por esta Corporaci\u00f3n para que el Tribunal tuviera que acceder necesariamente a la potestad de decretar pruebas de oficio.32 <\/p>\n
En el punto, la Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abSi bien la Corte ha relievado la importancia de la facultad oficiosa de decretar pruebas en segunda instancia como una herramienta valiosa para la resoluci\u00f3n de litigios, su exigencia debe ser ponderada, dado que la misma en modo alguno puede aparejar el desconocimiento de la regla de juicio consagrada en el inciso primero del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme a la cual, \u00abincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, y le impone al sentenciador trasladar las consecuencias de no probar un hecho a quien deb\u00eda acreditarlo. <\/p>\n
Dicha regla sigue vigente en el actual estatuto procesal civil y junto con otras pautas, como la \u00abfacultad-deber\u00bb de decretar pruebas de oficio (art. 170 C.G.P.), y la denominada \u00abcarga din\u00e1mica de la prueba\u00bb (art. 167, inc. 2\u00b0, ib.), orientan el raciocinio del juez al acometer el ejercicio exclusivo de apreciaci\u00f3n probatoria, que involucra establecer cu\u00e1les circunstancias f\u00e1cticas relevantes quedaron acreditadas en el juicio y cu\u00e1les no. Por lo tanto, no es desacertado que un juzgador, despu\u00e9s de efectuar el an\u00e1lisis cr\u00edtico y arm\u00f3nico de las probanzas recaudadas como se lo impone el canon 176 ib\u00eddem, dirima la controversia de manera adversa a quien teniendo la carga de probar un determinado hecho no la satisfizo, haciendo as\u00ed uso de la comentada \u00abregla de juicio\u00bb, que se deriva de las normas de distribuci\u00f3n del onus probandi, y \u00abprefiguran la resoluci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
7. En definitiva, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con fundamento en el primer motivo de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal de violar directamente \u00abpor tergiversaci\u00f3n [en la aplicaci\u00f3n] del art\u00edculo 29 de la Ley 550 de 1999, y por falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 222 del C\u00f3digo de Comercio\u2026como consecuencia adicional la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2341,2343,2344 del C\u00f3digo Civil, el 830 del C\u00f3digo de Comercio, y el art\u00edculo 151 de la Ley 222 de 1995\u00bb. En orden a fundamentarlo, debati\u00f3 que el Tribunal \u00abconcluy\u00f3\u2026 [que] el inter\u00e9s de las demandadas era improbar el acuerdo\u2026ante la negativa de la sociedad demandante de desistir de la reclamaci\u00f3n por anatocismo promovida contra Corficolombiana\u00bb. En ese sentido, se\u00f1al\u00f3 que \u00abde haberse conocido que el real adquiriente de las acreencias de la DIAN y la SHD era Concecol, las demandadas habr\u00edan tenido que contar con el concurso de otros acreedores\u2026que representaran por lo menos el 25% de los votos admisibles, para lograr improbar el acuerdo\u2026esto quiere decir que, ante la imposibilidad de las demandadas para obtener la improbaci\u00f3n del acuerdo este deb\u00eda entenderse aprobado por ministerio de la ley\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, sostuvo que \u00abel Tribunal en su sentencia tambi\u00e9n acepta que durante el tiempo en que Owen Londo\u00f1o estuvo en tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n obligatoria, se causaron una serie de gastos\u00bb. Sin embargo, \u00abno concluy\u00f3 que tales gastos estuvieran ligados al proceso de liquidaci\u00f3n\u00bb, lo que implica \u00abla violaci\u00f3n directa del art\u00edculo 222 del C\u00f3digo de Comercio, que a su vez condujo a la violaci\u00f3n directa de las normas anunciadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de la ley sustancial se produce cuando sin consideraci\u00f3n a las pruebas que le hayan servido al fallador para formar su juicio, desconoce en la sentencia la norma que lo regula, o la entiende err\u00f3neamente o aplica al caso una norma que es ajena a la controversia, siendo este el conocido como error juris in judicando. <\/p>\n
2. La cabal comprensi\u00f3n de este asunto supone conocer el contenido de la decisi\u00f3n judicial impugnada. Ello es as\u00ed, porque lo que hace el Tribunal -contrario a lo argumentado por el censor-, es darle aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n al art\u00edculo 29 de la Ley 550 de 1999. Para el efecto, despu\u00e9s de memorar su contenido, enfatiz\u00f3 que \u00abla norma parte del supuesto de la emisi\u00f3n de votos en un mismo sentido frente al acuerdo de restructuraci\u00f3n, pero en la demanda no se dijo que el proyecto de acuerdo fuera votado\u00bb. En tal sentido, y para lo que interesa al cargo, concluy\u00f3 que \u00ab\u2026si no puede decirse que el acuerdo fue objeto de votaci\u00f3n, como en efecto lo prev\u00e9 la norma, ni el sentido en que se emitir\u00edan los votos de los dem\u00e1s acreedores, distintos a Corficol y su controlada, ni que el acuerdo ser\u00eda aprobado exclusivamente con los votos de los acreedores internos, resulta inoficioso atribuirle la culpa a esta demandada, pues no ser\u00eda la causante de que se haya improbado, por las razones aludidas en la demanda. Esa misma es la raz\u00f3n por la cual, a pesar de reconocer la conducta de abuso del derecho, no pueda accederse a la pretensi\u00f3n primera subsidiaria, pues en ella se reclama no solo el reconocimiento de la conducta sino la finalidad de \u201cprecipitar la apertura del tr\u00e1mite concursal de liquidaci\u00f3n obligatoria\u201d, la cual no se estableci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, ante estos claros razonamientos del Tribunal, el casacionista guard\u00f3 silencio. Esto es, se evidencia la incompletitud del cargo. Adem\u00e1s, desv\u00eda su ataque e insiste en el argumento hipot\u00e9tico que \u00abde haberse conocido el real adquirente de las acreencias, el acuerdo habr\u00eda sido sometido a votaci\u00f3n, las Demandadas hubieran votado en contra y, al no contar con el concurso de otros acreedores en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29 de la Ley 550 de 1999, se habr\u00eda tenido por aprobado el acuerdo\u00bb. De lo expuesto, tambi\u00e9n se advierte el desenfoque del cargo pues, el Tribunal no malinterpret\u00f3 el art\u00edculo 29 de la Ley 550 de 1999. Por el contrario, la raz\u00f3n medular de la decisi\u00f3n en este punto fue que el acuerdo no fue votado -supuesto de la norma- ni se acredit\u00f3 el sentido del voto que emitir\u00edan los dem\u00e1s acreedores, lo que demostr\u00f3 la ausencia de relaci\u00f3n de causalidad entre las conductas atribuidas a las demandadas y la liquidaci\u00f3n obligatoria, pues existieron otras causas. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, el cargo fracasa. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 25 de mayo de 2017, en el proceso ordinario que instaur\u00f3 la sociedad Owen Londo\u00f1o y C\u00cdA S.A.S -en reestructuraci\u00f3n- contra la Corporaci\u00f3n financiera Colombiana S.A. -Corficolombiana S.A.- o Corficol S.A. y Colombiana de Concesiones y Licitaciones S.A.S -Concecol S.A.S.-. <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente en casaci\u00f3n. Se fija como agencias en derecho la suma de seis (6) s.m.l.m.v. En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con la solicitud adjunt\u00f3 un presupuesto que inclu\u00eda un proyecto de viviendas de inter\u00e9s social, el cual ser\u00eda desarrollado en el predio de propiedad del patrimonio aut\u00f3nomo de garant\u00eda n\u00famero 1642-0667 del cual Owen Londo\u00f1o era titular del 100% de los respectivos derechos fiduciarios. -Hechos 1,2 y 3 de la demanda-. <\/p>\n
2\u0002Tercero en condici\u00f3n de mandatario sin representaci\u00f3n. Adquiri\u00f3 el derecho al voto de las dos entidades correspondiente al 13,05490% de votos en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n conforme al art. 24 de la Ley 550 de 1999. <\/p>\n
3\u0002 Condicion\u00f3 la firma del acuerdo a que Owen y todos sus acreedores desistieran de las reclamaciones judiciales y extrajudiciales que tuvieran por objeto impugnar la capitalizaci\u00f3n de los intereses. <\/p>\n
4\u0002 Se asevera que esta circunstancia \u00abprecipit\u00f3 que se venciera el t\u00e9rmino legal de 4 meses para lograrse el acuerdo de reestructuraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Tal situaci\u00f3n \u00abtuvo la grave trascendencia de impedir el desarrollo del proyecto de construcci\u00f3n de vivienda de inter\u00e9s social\u00bb. En el transcurso del tr\u00e1mite concursal, Corficolombiana cedi\u00f3 su acreencia a Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A. Asimismo, Owen Londo\u00f1o, tuvo conocimiento \u00abde que en realidad las acreencias de la DIAN y de la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital no hab\u00edan sido adquiridas por el se\u00f1or Mauricio Fernando Rodr\u00edguez Agudelo, quien en realidad hab\u00eda obrado en condici\u00f3n de simple mandatario sin representaci\u00f3n de Concecol y por instrucciones directas de su sociedad controlante Corficolombiana, quien era para esa \u00e9poca propietaria de m\u00e1s del 99% de la participaci\u00f3n accionaria de Concecol\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 La decisi\u00f3n fue recurrida por Corficol en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n; empero, la Superintendencia la confirm\u00f3 y neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, que por v\u00eda de queja el tribunal estim\u00f3 bien denegado. <\/p>\n
7\u0002 As\u00ed, el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 133 consagra un listado de nulidades y otras dispersas en varios preceptos (arts. 14, 16, 36, 38, 40 in fine, 107, 121, 164) siendo insubsanables las de \u00abproceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido, pretermitir \u00edntegramente la instancia\u00bb (par\u00e1grafo del art. 136 ibidem). Desde luego, uno de los motivos de nulidad procesal es el previsto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 133 ib\u00eddem. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que la audiencia podr\u00e1 llevarse a cabo con la presencia de la mayor\u00eda de los magistrados que integran la Sala, cuando la incomparecencia de los restantes obedezca a un hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito -de lo cual, se deber\u00e1 dejar constancia en el acta-. Adicionalmente, el art\u00edculo 54 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia -Ley 270 de 1996-, autoriza a los organismos colegiados para adelantar tales actuaciones sin la presencia de todos los integrantes de la Sala de decisi\u00f3n. <\/p>\n
8\u0002 As\u00ed las cosas, en el asunto examinado, se advierte que el magistrado ponente, \u00abprevia aceptaci\u00f3n del impedimento presentado por la Magistrada Myriam In\u00e9s Lizarazu Bitar\u00bb, procedi\u00f3 a emitir la sentencia de segunda instancia. Por supuesto, aunque dicha providencia solo fue proferida por dos de los tres magistrados que conformaban la Sala de Decisi\u00f3n, seg\u00fan lo expuesto, se tuvo por justificada al mediar la causa legal de impedimento aceptada por la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
9\u0002 Esto por cuanto \u00abla sentencia impugnada comienza por reconocer que las sociedades demandadas efectivamente incurrieron en abuso del derecho al ocultar la adquisici\u00f3n de los cr\u00e9ditos de la DIAN y la Secretar\u00eda de Hacienda Distrital de Bogot\u00e1. Sin embargo, al estudiar el da\u00f1o, el Tribunal consider\u00f3 que el dictamen aportado como prueba de los perjuicios no era prueba suficiente para determinar que las erogaciones incurridas por Owen durante la \u00e9poca de la liquidaci\u00f3n estuvieran directamente relacionadas con dicho tr\u00e1mite. Asimismo, respecto del nexo de causalidad el Tribunal lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el abuso del derecho de las demandadas no hab\u00eda sido la causa directa que precipit\u00f3 la apertura del proceso liquidatorio\u00bb. <\/p>\n
10\u0002 Lo cual, habr\u00eda variado la decisi\u00f3n, fundada justamente en no haberse demostrado que Owen Londo\u00f1o contaba con el voto favorable de los acreedores externos e internos en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29 de la Ley 550 de 1999. <\/p>\n
11\u0002 Las pruebas que podr\u00eda haber decretado el Tribunal son: declaraciones de la representante legal de Inversiones Selopa S.A, de Alianza Fiduciaria y del IDU. Personas que se encuentran mencionadas en los hechos 7 y 8 de la demanda. <\/p>\n
12\u0002 Por todas: CSJ SC del 23 de mayo de 1955 (M.P. Jos\u00e9 J. G\u00f3mez); 19 de noviembre de 1956 (M.P. Guillermo Garavito); 24 de abril de 1986 (M.P. H\u00e9ctor Mar\u00edn Naranjo); 2 de julio de 1993 (M.P. Eduardo Garc\u00eda Sarmiento); 9 de noviembre de 1993 (M.P. Eduardo Garc\u00eda Sarmiento). <\/p>\n
13\u0002 CSJ SC del 15 de abril de 2011 (exp. 2006-0039). <\/p>\n
Esto lo ha precisado la jurisprudencia en multitud de fallos, algunos de vieja data seg\u00fan los cuales: \u201c[e]rror evidente, es el notorio, el que aparece de bulto, aquel que se descubre f\u00e1cilmente sin necesidad de escol\u00e1sticas alegaciones o de tremendos esfuerzos de imaginaci\u00f3n.\u201d CSJ SC del 2 de agosto de 1958. <\/p>\n
Bajo el mismo tenor, en prove\u00eddo del 25 de noviembre de 1993, se sostuvo que: \u201cEl yerro f\u00e1ctico, para que tenga entidad en casaci\u00f3n y pueda, por ende, ocasionar la rotura de un fallo, tiene que ser manifiesto, particularidad que alcanza, cuando es tan grave y notorio que a simple vista se impugna a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso\u201d. M\u00e1s recientemente, record\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que: \u00abNo sobra rememorar que cuando se aducen yerros de facto en la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n, el recurrente tiene la carga, una vez individualizado el medio en que recae el error, de indicarlo y demostrarlo se\u00f1alando c\u00f3mo se gener\u00f3 la suposici\u00f3n o preterici\u00f3n o cercenamiento, sin perder de vista que debe aparecer de manera manifiesta en los autos (\u2026)\u00bb. Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
14\u0002 Sentencia de 15 de septiembre de 1998, expediente 5075. <\/p>\n
15\u0002 C.S.J- Sala de Casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 5 de noviembre de 1973, G.J.t CXLVII <\/p>\n
16\u0002 C.S.J- Sala de casaci\u00f3n Civil, Sentencia de 16 de agosto de 2005, expediente 1999-00954-01. <\/p>\n
17\u0002 O sin la claridad que, como requisitos formales, debe cumplir la demanda y cada uno de los cargos. Ha adoctrinado la Sala que \u00ab[l]a cr\u00edtica que propone el censor debe ser, de un lado, sim\u00e9trica, de modo tal que se dirija espec\u00edficamente a destruir cada uno de los fundamentos f\u00e1cticos de la sentencia enjuiciada; y de otro, de ser consistente, es decir, que el m\u00e9rito de la propuesta tenga virtualidad para excluir la tesis del Tribunal\u00bb (CSJ, sentencia 2 de octubre de 2001, expediente 6997, auto 11 de septiembre 2013, expediente 2004-00221-01, auto 19 de diciembre de 2012, Rad. n\u00b0. 2001-00038-01. AC2929-2016, de 16 de mayo de 2016, entre otros). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n, la Corte ha dicho que: \u00ab(\u2026) debe entenderse no s\u00f3lo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, es decir, porque aquella combate todas y cada una de las apreciaciones jur\u00eddicas y probatorias que fundamentan la resoluci\u00f3n, sino como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dice impugnativos, si ellos son aparente y realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia\u00bb (CSJ SC del 14 de julio de 1998, expediente 4724). <\/p>\n
18\u0002 Tambi\u00e9n destac\u00f3 que la misma suerte corre los honorarios por concepto de contabilidad, revisor\u00eda fiscal, servicios de mensajer\u00eda y asistente de la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
19\u0002 El abuso del derecho ha sido reconocido ya como un principio, un est\u00e1ndar de valoraci\u00f3n de comportamientos y aplicaci\u00f3n de normas -est\u00e1 dirigido al juez-. Es una herramienta de control del ejercicio de los derechos patrimoniales, con el prop\u00f3sito de defender otros derechos generales y particulares. Desde luego, en el derecho patrio, este est\u00e1ndar est\u00e1 englobado en la denominada Teor\u00eda general del contrato mercantil (Arts. 830, 831 C.Co.). Tambi\u00e9n, valga aclararlo, se puede inferir como principio impl\u00edcito en el C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En principio, \u201cno se considera que obra con dolo quien ejercita su derecho\u201d. Digesto 50, 17, 55. El Digesto de Justiniano. T.III. D\u2019Ors, A., Hern\u00e1ndez, F., Tejero, P., Fuenteseca, P., Garc\u00eda, M. y Burillo, J. Aranzadi. Pamplona, 1975. Empero, ya desde el siglo XIX los jueces del mundo han venido denunciando diferentes \u201cejercicios abusivos de los derechos, que no ofrecen utilidad alguna a su titular\u201d. Tribunal de Colmar. Francia. Sentencia del 2 de mayo de 1855. D.P. 56.2.9. Cita en: Les grands arr\u00eats de la jurisprudence civile, Par\u00eds, 2007, p. 435. <\/p>\n
D\u00e9cadas despu\u00e9s este planteamiento fue recibido por la muy c\u00e9lebre doctrina de Josserand y Capitant. Josserand, Louis, De l\u2019abus des droits, Edit. Rousseau, Par\u00eds, 1905. Y Capitant, Henri. Sur l\u2019abus des droits. R.T.D. civ., Paris, 1928, pp. 305 a 376. <\/p>\n
20\u0002 En efecto, \u201cel abuso del derecho implica o significa culpa en su ejercicio\u201d. CSJ del 24 de marzo de 1939. G.J. 1940, p.743. <\/p>\n
\u201cCada derecho tiene su esp\u00edritu, su objeto y su finalidad; quien quiera que pretenda desviarlo de su misi\u00f3n social, comete una culpa, delictual, un abuso del derecho, susceptible de comprometer por este motivo su responsabilidad\u201d Josserand. Evolutions et actualit\u00e9s. Conference de Droit Civil. Par\u00eds, 1936. Citado por CSJ del 21 de febrero de 1938. G.J. 1932, p.60. <\/p>\n
21\u0002 CSJ del 21 de febrero de 1938. G.J. 1932, p.62. <\/p>\n
22\u0002 CSJ del 19 de mayo de 1941. G.J. 1971, p.248. <\/p>\n
23\u0002 CSJ del 30 de octubre de 1907. G.J. 1901, p.313. <\/p>\n
24\u0002 CSJ del 5 de agosto de 1937. G.J. 1927, p.419. <\/p>\n
25\u0002 CSJ del 4 de abril de 1940. G.J. 1955, p.215. <\/p>\n
26\u0002 CSJ del 19 de agosto de 1938. G.J. 1940, p.58. <\/p>\n
27\u0002 CSJ del 21 de febrero de 1938. G.J. 1932, p.60. <\/p>\n
29\u0002 CSJ del 19 de agosto de 1938. G.J. 1940, p.62. <\/p>\n
30\u0002 Tambi\u00e9n se observa en los antecedentes del auto del 4 de octubre de 2005 -por el cual se orden\u00f3 la liquidaci\u00f3n obligatoria de Owen Londo\u00f1o y C\u00eda S. en C.- que el promotor del acuerdo mediante escrito del 16 de septiembre de 2005, \u00abinform\u00f3 que ninguna de las partes manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de llegar a un acuerdo y por el contrario, dieron por terminada la negociaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual se debe convocar a la sociedad a una liquidaci\u00f3n obligatoria\u00bb. Adem\u00e1s, en la toma de informaci\u00f3n realizada a la compa\u00f1\u00eda el 23 de septiembre de 2005 -inserta en el mismo auto-, se lee que \u00abla sociedad no viene desarrollando su objeto social y los ingresos provienen \u00fanica y exclusivamente de los ajustes por inflaci\u00f3n. La sociedad no tiene a su cargo trabajadores, ni pensionados\u00bb. <\/p>\n
31\u0002 Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que \u00ab(…) \u201cpor v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura (Sent. cas. civ. No. 027 de 27 de julio de 1999; subrayas de ahora) \u2026\u00bb (fallo de 27 de febrero de 2012)\u00bb. <\/p>\n
Recientemente, la Corte insisti\u00f3 en que \u00ab(…) el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u00bb (CSJ SC15211 del 26 de septiembre de 2017). <\/p>\n
32\u0002 Aunado a ello, la jurisprudencia pac\u00edfica de la Sala ha reiterado que el recurrente debe ilustrar que la falta de autorizaci\u00f3n y recaudo de la prueba no obedeci\u00f3 a un acto suyo. Y que, adem\u00e1s, se trata de un medio de convicci\u00f3n trascendental, cuya presencia en el plenario hubiera motivado una decisi\u00f3n diversa. Por supuesto, tales aspectos deben justificarse de manera clara en el recurso, y no de forma hipot\u00e9tica, como ocurri\u00f3 en el caso en concreto. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC1074-2022 (2015-00958-01) FRANCISCO TERNERA BARRIOS SC1074-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-044-2015-00958-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la sociedad Owen Londo\u00f1o y C\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62591"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62591\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}