SC1075-2022 (2018-01513-00)<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC1075-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-01513-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Emporio Empresarial del Meta S.A.S. demand\u00f3 a la sociedad aqu\u00ed convocante, ante el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, con el fin de que se declarara responsable contractualmente por el incumplimiento de sus deberes y obligaciones como socio part\u00edcipe del contrato de cuentas en participaci\u00f3n2 suscrito entre las partes el 11 de junio de 2012, modificado por otros\u00ed firmado el 7 de noviembre siguiente. En consecuencia, solicit\u00f3 que se condenara a la demandada a pagar la suma de $94.359.668.540 por concepto de da\u00f1o emergente y lucro cesante, la entrega de los 10 parqueaderos pactados en la aludida adenda y la cancelaci\u00f3n de perjuicios morales. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 pretensiones \u00absubsidiarias y comunes a las principales y subsidiarias\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez designado el \u00e1rbitro \u00fanico e instalado el Tribunal arbitral, se profiri\u00f3 auto admisorio el 16 de febrero de 2016, con el cual se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n personal al extremo pasivo y se decret\u00f3 cauci\u00f3n en virtud de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda. A lo pretendido se opuso la accionada. Para lo cual manifest\u00f3 que no ha existido incumplimiento por su parte. Adem\u00e1s, propuso como excepciones de m\u00e9rito: \u00abla inexistencia del derecho reclamado\u00bb y \u00abexcepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Tribunal Arbitral con fallo del 23 de marzo del 2017 resolvi\u00f3 declarar que \u00abLa Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. es civilmente responsable por incumplimiento de sus deberes y obligaciones como socio participante del contrato de cuentas en participaci\u00f3n suscrito. En consecuencia, la conden\u00f3 a pagar a Emporio Empresarial del Meta S.A.S. la suma de $54.615.231.450 (indexada) -por perjuicios patrimoniales- y la entrega de los 10 parqueaderos pactados en el otros\u00ed suscrito el 7 de noviembre de 2012. Tambi\u00e9n neg\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones. Para ello, consider\u00f3 lo que viene. i) Que entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de cuentas en participaci\u00f3n3. ii) Que una de las obligaciones contra\u00eddas por la sociedad demandante fue la de aportar su Know How. iii) Que esta prestaci\u00f3n no fue la causa de ese contrato. Y iv) que esa obligaci\u00f3n no ten\u00eda el mismo \u201cpeso\u201d o significaci\u00f3n que la de aportar la \u201cgesti\u00f3n en la ubicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n del bien inmueble en el que se desarrollar\u00eda el proyecto\u201d- la cual efectivamente se materializ\u00f3-.4 <\/p>\n
4. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, La Primavera Desarrollo y Construcciones S. en C interpuso recurso anulaci\u00f3n. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con providencia del 26 de septiembre de 2017, resolvi\u00f3 declararlo infundado. Para el efecto, primero, resalt\u00f3 que seg\u00fan el art\u00edculo 42 de la Ley 1563 de 2012 no deb\u00eda pronunciarse sobre el fondo de la controversia, ni calificar o modificar los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el Tribunal Arbitral. Segundo, destac\u00f3 que el laudo se sustent\u00f3 en derecho, sin dejar de lado razones de equidad conforme al art\u00edculo 230 de la Carta Pol\u00edtica. Y tercero, advirti\u00f3 que no hubo incongruencia en la decisi\u00f3n por haber reconocido el mutuo disenso t\u00e1cito frente la obligaci\u00f3n de la demandante de aportar el know how, pues ello no fue plasmado en la parte resolutiva de la determinaci\u00f3n.5 <\/p>\n
5. Finalmente, la recurrente present\u00f3 recurso de revisi\u00f3n -que es materia de decisi\u00f3n- contra el laudo arbitral proferido por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2017 y la providencia del 3 de abril siguiente que decidi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y correcci\u00f3n frente al mismo. <\/p>\n
II. EL TR\u00c1MITE DEL RECURSO DE REVISI\u00d3N <\/p>\n
1. En primer lugar, como el fallo atacado fue proferido el 23 de marzo de 20176, y el recurso propuesto se radic\u00f3 el 29 de mayo de 20187, se concluye que fue presentado en t\u00e9rmino. <\/p>\n
2. La recurrente deprec\u00f3 la nulidad del laudo anotado y de la providencia que resolvi\u00f3 negar la aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n y correcci\u00f3n con fundamento en las causales sexta y octava del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso. De cara al primer motivo, manifest\u00f3 que las maniobras fraudulentas se dieron \u00abcon la connivencia del \u00e1rbitro \u00fanico y del perito principal Mauro Contreras\u00bb, pues \u00abla parte demandante infiltr\u00f3 con perfidia como perito en la sombra al se\u00f1or Duvalier Pulido, experto [con] evidente inter\u00e9s en el resultado del pleito, pues se trataba de un asesor en la adquisici\u00f3n de Verm\u00e9dicas y la venta a Emporio, quien adem\u00e1s era acreedor e interesado en la buena suerte del litigio. En suma, Duvalier Pulido, perito en la sombra, era acreedor en este asunto como \u00e9l lo reconoce en su declaraci\u00f3n\u2026 de lo cual se sigue, estaba impedido para participar en este asunto, pues la suerte de su deudor la firma EMPORIO, determinaba la garant\u00eda del pago de la obligaci\u00f3n. Es la propia ley la que descalifica el perito interesado como acreedor de una de las partes y en este caso la clandestinidad de esa contaminaci\u00f3n reca\u00eda en la figura del perito emergente se\u00f1or Duvalier Pulido\u00bb. Agreg\u00f3 que el perito principal quebrant\u00f3 la Ley 1673 de 2019, toda vez que \u00abpermiti\u00f3 el ejercicio ilegal de una profesi\u00f3n u oficio legalmente regulado a la luz del art\u00edculo 26 de la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la causal octava del canon 355 ib\u00eddem, resalt\u00f3 que el vicio se origina en el laudo, pues contiene en su estructura \u00abdisposiciones contradictorias y excluyentes, concebidas deliberadamente por el \u00c1rbitro para exonerar a EMPORIO de sus obligaciones contractuales y evitarle la acusaci\u00f3n de contratante incumplido\u00bb. Adujo errores \u00abde silog\u00edstica para desaparecer a conveniencia la obligaci\u00f3n de prestar el Know How y hacerla aparecer cuando lo requiera el antojo del \u00c1rbitro, violaci\u00f3n al principio de no contradicci\u00f3n\u2026 el error l\u00f3gico consiste\u2026 en juzgar que esa obligaci\u00f3n de aportar conocimiento era inexistente, no convenida, imposible de prestar por EMPORIO, intrascendente o desaparecida por mutuo disenso t\u00e1cito\u00bb. En esa misma l\u00ednea, sostuvo que se vulneraron las reglas de la l\u00f3gica y las leyes del pensamiento, por lo que el fallo carece de motivaci\u00f3n racional. Asimismo, consider\u00f3 que la resoluci\u00f3n cuestionada se fundament\u00f3 en una estructura en equidad, y no en derecho -como estaba obligado el \u00e1rbitro de la causa- pues, \u00abcarece de argumentaci\u00f3n sobre el da\u00f1o, y elude la motivaci\u00f3n sobre su car\u00e1cter de cierto y directo. Estimar en equidad el quantum de la indemnizaci\u00f3n viola el deber de argumentar la decisi\u00f3n conforme a derecho e introduce nulidad en el laudo\u00bb. Estim\u00f3, tambi\u00e9n, que la funci\u00f3n jurisdiccional la ejerci\u00f3 el perito, y no el \u00e1rbitro. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abla intenci\u00f3n del \u00c1rbitro era sobre pujar el \u00fanico aporte que s\u00ed cumpli\u00f3 EMPORIO EMPRESARIAL DEL META S.A.S. para hacerle decir que pr\u00e1cticamente ella era la due\u00f1a del lote y que aport\u00f3 la propiedad como afanosamente argumenta en la p\u00e1gina 55, yendo m\u00e1s all\u00e1 del hecho escueto presentado por la demandante. Estos excesos y demas\u00edas\u2026, son un fraude argumental para incrementar exponencialmente el aporte consistente en un simple corretaje, buscando llenar el inmenso vac\u00edo dejado por la ausencia del aporte del Know How, faltante insustituible, debido al incumplimiento de EMPORIO. La \u00fanica raz\u00f3n para que el contrato de cuentas en participaci\u00f3n exista es el aporte del Know How\u2026, sin ese aporte el contrato se llamar\u00eda corretaje y la remuneraci\u00f3n bien se pudo pactar desde un comienzo sin acudir a un contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Reunidos los requisitos exigidos en la normativa procesal (art\u00edculos 354 y ss.), este Despacho -con auto de 9 de junio de 2021-, admiti\u00f3 la demanda y orden\u00f3 correr su traslado a la contraparte en el juicio arbitral. Emporio Empresarial del Meta S.A.S. \u2013demandante-, por medio de apoderado, al contestar la demanda se pronunci\u00f3 sobre los se\u00f1alamientos expuestos en ella. Y solicit\u00f3 que se defina \u00abnegativamente y declarar infundado el recurso de revisi\u00f3n en todas las causales invocadas, por fundarse en controversias acerca del fondo del asunto, por pretender modificar los criterios y motivaciones expuestos en el laudo, y por basarse en calumnias y maniobras fraudulentas inexistentes de las partes del proceso arbitral\u00bb (fls. 402-415 del C. Corte). <\/p>\n
4. Efectuado el traslado a la demandada, el 1\u00ba de febrero de 2022 se tuvieron en cuenta como pruebas las aportadas al plenario. Y se negaron los testimonios solicitados por la parte recurrente -por ser abiertamente inconducentes e impertinentes-. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En relaci\u00f3n con la sentencia anticipada -art. 278 del C.G. P.-, esta Corporaci\u00f3n ha plasmado que: <\/p>\n
\u00abSignifica que los juzgadores tienen la obligaci\u00f3n, en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros tr\u00e1mites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y econom\u00eda procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, que las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n inmediata. <\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una administraci\u00f3n de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial\u00bb (CSJ SC132-2018. 12 feb. 2018. Rad. 2016-01173-00. Reiterado en SC439-2021). <\/p>\n
Asimismo, ha destacado que, \u00ab\u2026aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (SC12137, 15 ago. 2017, rad. n\u00b0 2016-03591-00. Reiterado en SC439-2021). <\/p>\n
Bajo ese panorama, y al abordar el caso objeto de estudio, es procedente el fallo anticipado. En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas y la situaci\u00f3n de facto particular no son necesarios elementos de convicci\u00f3n adicionales. <\/p>\n
2. Conforme se acot\u00f3, en el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n de la Sala, la sociedad recurrente invoc\u00f3 la causal 6\u00aa del art\u00edculo 355 del C.G.P. Al respecto, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab\u2026Para la prosperidad de la causal sexta, consistente en \u201c[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u201d, es necesario el concurso simult\u00e1neo de los siguientes elementos: a) que exista colusi\u00f3n de las partes o maniobras fraudulentas de una sola de ellas, con magnitud suficiente para afectar el pronunciamiento de una sentencia inicua; b) que se le haya causado un perjuicio a un tercero o a la parte recurrente; y, c) que tales hechos no hayan podido alegarse en el marco del tr\u00e1mite procesal de instancia\u2026\u00bb (se resalta) (CSJ SC4159-2021, 7 de octubre de 2021, rad. 2018-00732-00). <\/p>\n
Aunado a ello, ha destacado que se estructura siempre y cuando \u00abLas partes, o una de ellas, despliega una actividad deliberada, consciente e il\u00edcita, encaminada a falsear la verdad, con miras a inducir en error al juzgado, malogrando los derechos que la ley concede a terceros o a los otros sujetos procesales, comportamiento que, obviamente debe aparecer plenamente probado, pues la presunci\u00f3n de buena fe\u2026 debe, en todo quebrarse\u00bb (se resalta) (CSJ SC681-2020, reiterada en CASJ SC4669-2021, 11 de noviembre de 2021, rad. 2019-02668-00).8 <\/p>\n
2.1. En el presente asunto, la recurrente acusa que las maniobras fraudulentas se efectuaron con la aquiescencia del \u00e1rbitro \u00fanico y del perito principal en el proceso. Ello es as\u00ed, pues anot\u00f3 que el extremo activo \u00abinfiltr\u00f3 con perfidia como perito en la sombra al se\u00f1or Duvalier Pulido\u00bb, quien ten\u00eda intereses particulares en las resultas positivas del juicio y direccion\u00f3 el concepto que sirvi\u00f3 de fuente para establecer el monto de la condena. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que el experto principal quebrant\u00f3 la Ley 1673 de 2019 por cuanto actu\u00f3 de forma ilegal. <\/p>\n
2.2. De igual manera, se evidencia lo infundado de la alegaci\u00f3n: los supuestos no se encuadran en la causal invocada. En efecto, las se\u00f1aladas \u00abmaniobras fraudulentas\u00bb alegadas no provienen de las partes en el proceso arbitral. Esto es, no se permite -bajo dicha causal- determinar el despliegue de una actividad deliberada, consiente e il\u00edcita, con miras a inducir en error al \u00c1rbitro y con ello vulnerar derechos de terceros o a los otros sujetos procesales. Adem\u00e1s, la credibilidad o no de la prueba pericial, es un asunto que ata\u00f1e al Tribunal de Arbitramento -en desarrollo de sus facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia-. Por supuesto que no es una cuesti\u00f3n extra\u00f1a a dicha autoridad ni producida por fuera del proceso, pues cualquier inconformidad respecto de las actuaciones surtidas por Duvalier Pulido (testigo) y Mauro Contreras (perito)9, era dable formularla ante el juez del litigio arbitral10, sin que tal omisi\u00f3n torne fraudulenta la conducta ahora reprochada11 y pueda ser suplida con el recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Bajo esa perspectiva, la causal invocada resulta infundada. <\/p>\n
3. Ahora bien, con respecto a la otra hip\u00f3tesis alegada -numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 355 del C.G.P.-, la Corte, recientemente sostuvo que: <\/p>\n
\u00abEl motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que, si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio\u2026. De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u00bb (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). <\/p>\n
En el punto, cabe resaltar que la nulidad emanada del fallo tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal, puesto que ninguno de los motivos permite discusiones sobre la hermen\u00e9utica de preceptos o valoraci\u00f3n probatoria, por lo que debe encuadrar en acontecimientos de anulaci\u00f3n expresamente fijados por la ley adjetiva. En ese sentido, la Sala ha se\u00f1alado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) ha de tratarse de \u00abuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que \u201clos motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil- \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u00bb (CSJ SR, 29 oct. 2004. Rad. 03001. Reiterada en CSJ SC7121-2017, reiterado en CSJ SC674, e de marzo de 2020).). <\/p>\n
No obstante, lo anterior, posteriormente, la Corte \u00abampl\u00edo el espectro de las nulidades habiendo habilitado como vicio generador de tal sanci\u00f3n, no solo las del art\u00edculo 140 del C. de P.C., sino tambi\u00e9n otras como la falta de motivaci\u00f3n de los fallos judiciales, por tener incidencia en el debido proceso\u00bb. En efecto, expuso que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] la gravedad, no s\u00f3lo comprende una inexistencia plena o total de los motivos para fallar la litis, sino, tambi\u00e9n, cuando el sost\u00e9n argumentativo explicitado rompe toda l\u00f3gica o coherencia; se aparta de elementales reglas del sentido com\u00fan y contrar\u00eda, abiertamente, la raz\u00f3n. La motivaci\u00f3n as\u00ed sea lac\u00f3nica, en la medida en que aborde el tema litigioso, no estructura el vicio; los argumentos expuestos cuando resultan entendibles, comprensibles y anejos al tema debatido no configuran la irregularidad. Tal deficiencia la crean solo trazos o ensayos del soporte para sentenciar, sin ning\u00fan an\u00e1lisis o exposici\u00f3n de las m\u00e1s m\u00ednimas reflexiones con miras a resolver la contienda. <\/p>\n
\u2026Es \u2018deficiente\u2019 la motivaci\u00f3n, cuando los argumentos ofrecidos son tan parciales o inconclusos, que m\u00e1s se aproximan a lo inexistente, o a lo irreal, en vista de que lo que les falta, el complemento argumentativo que est\u00e1 ausente, no puede l\u00f3gicamente suponerse, no est\u00e1 impl\u00edcito ni se puede dar por sobreentendido, de forma que no es posible establecer una conexi\u00f3n racional y un\u00edvoca con lo decidido\u00bb\u2026 Incurre en \u2018contradicci\u00f3n\u2019 en su parte considerativa, el fallo que simult\u00e1neamente adopta a nivel de premisas o de conclusiones parciales, ideas, entidades o conceptos que se repelen, que resultan antag\u00f3nicos, encontrados o de imposible aplicaci\u00f3n simult\u00e1nea, y que por ello, s\u00f3lo uno, si acaso, podr\u00eda conducir a la soluci\u00f3n adoptada en la decisi\u00f3n, mediante desarrollos que no se encuentran explicitados\u00bb (CSJ SC 31 de julio de 2015, Exp. 2009 00241 01). Motivar es tambi\u00e9n justificar con razones adecuadas una resoluci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ SC12948-2016, 15 de septiembre de 2016, rad. 2012-01064-00). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, enfatiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00aben coherencia con lo sostenido y con el inciso sexto del art\u00edculo 142 del Estatuto Procesal Civil\u2026, admite la posibilidad de que la ineficacia procesal pueda originarse en la sentencia, entre otras razones, por falta de motivaci\u00f3n; pero condicionada a la carencia radical, absoluta y total, por cuanto una omisi\u00f3n de tales caracter\u00edsticas \u201c(…) va de frente contra lo que constitucional y legalmente se consagra como una de las m\u00e1s preciosas garant\u00edas individuales, cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales\u00bb (CSJ SC 374 de 8 de noviembre de 1989; en similar sentido las de 29 de abril de 1988, 23 de septiembre de 1991, y 24 de agosto de 1998, radicaci\u00f3n 4821).12 <\/p>\n
3.1. En el caso en concreto, la sociedad recurrente indic\u00f3, en primer lugar, que la nulidad se origin\u00f3 en el laudo proferido el 23 de marzo de 2017, pues carece esencialmente de motivaci\u00f3n racional. Ello, debido a que \u00abla sentencia quebr\u00f3 todas las reglas de la l\u00f3gica y las leyes del pensamiento racional que inspiran la epistemolog\u00eda occidental [\u2026]\u00bb, ya que contiene \u00aben su estructura disposiciones contradictorias y excluyentes, concebidas deliberadamente por el \u00e1rbitro para exonerar a Emporio de sus obligaciones contractuales y evitarle la acusaci\u00f3n de contratante incumplido\u00bb. Lo anterior -para la demandante resulta as\u00ed-, que el juzgador de la causa desapareci\u00f3 \u00ab\u2026a toda costa la obligaci\u00f3n de Emporio de prestar el know how, [\u2026] resulta de juzgar que esa obligaci\u00f3n de aportar conocimiento era inexistente, no convenida, imposible de prestar por Emporio, intrascendente o desaparecida por mutuo disenso t\u00e1cito\u00bb. Al llevar a cabo dicha actuaci\u00f3n, \u00abelimin\u00f3 el contrato de cuentas en participaci\u00f3n y redujo la relaci\u00f3n a un simple corretaje cuyo valor es de solo $60 millones, con lo cual dej\u00f3 sin explicaci\u00f3n el otorgamiento de beneficios a Emporio en cuant\u00eda superior a $54.000 millones de pesos\u00bb.13 <\/p>\n
3.2. De igual manera, se advierte que la falta o ausencia de motivaci\u00f3n en las determinaciones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial, puede considerarse motivo de nulidad, en cuanto ata\u00f1e al debido proceso. La exposici\u00f3n de las razones que llevan al funcionario a resolver en los t\u00e9rminos en que lo hace, necesariamente debe condensar el porqu\u00e9 del sentido de la decisi\u00f3n dado a la realidad f\u00e1ctica y jur\u00eddica surgida de la controversia. Ello, por cuanto resulta de la exteriorizaci\u00f3n de la percepci\u00f3n racional y coherente del estado de cosas captadas con fundamento en las actuaciones validadas en el proceso.14 <\/p>\n
3.3. En el caso que nos ocupa, la Corte observa que no le asiste raz\u00f3n a la sociedad gestora, pues de la determinaci\u00f3n cuestionada no se advierte la carencia de motivos que la fundaron o que los mismos hayan sido contradictorios. Ciertamente, en el cuerpo del laudo se rese\u00f1aron los argumentos para imponer la condena en contra de La Primavera Desarrollo y Construcciones S. en C \u2013hoy en liquidaci\u00f3n-. En efecto, el Tribunal decidi\u00f3 en el numeral quinto \u00abdeclarar no probadas las excepciones propuestas por [la convocada] en la contestaci\u00f3n a la demanda denominadas inexistencia del derecho reclamado y excepci\u00f3n de contrato no cumplido\u00bb. Por lo tanto, determin\u00f3 que era \u00abcivilmente responsable por incumplimiento de sus deberes y obligaciones como socio participe del contrato de cuentas en participaci\u00f3n [\u2026]\u00bb. En consecuencia, le impuso las condenas referidas.15 <\/p>\n
3.4. En ese orden, como los argumentos expuestos en el fallo impugnado guardan evidente conexidad con el problema jur\u00eddico planteado y la soluci\u00f3n ofrecida al litigio, el vicio alegado no se acredit\u00f3. A ello cabe agregar que los reparos referidos a temas de congruencia y reconocimiento oficioso de hechos constitutivos de excepci\u00f3n -art\u00edculos 281 y 282 del C. G. P.-, resultan ajenos al debate propuesto en esta extraordinaria senda, pues como se expuso en precedencia, cualquier yerro al respecto escapa de los precisos motivos legales y jurisprudenciales que la erigen viable. Por consiguiente, la censura planteada -de cara a los argumentos consignados en la providencia arbitral-, obedece m\u00e1s a una inconformidad con lo decidido que a un problema de motivaci\u00f3n del pronunciamiento. Al respecto, la Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] este tr\u00e1mite no tiene por finalidad reabrir el debate original, de manera que no constituye una instancia adicional del proceso, como lo ha se\u00f1alado la Corte al advertir que \u201cno es posible discutir en dicho recurso los problemas de fondo debatidos en el proceso fuente de la mencionada relaci\u00f3n ni tampoco hay lugar a la fiscalizaci\u00f3n de las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas en ese mismo proceso ventiladas, sino que cobran vigencia motivaciones distintas y espec\u00edficas que, constituyendo verdaderas anomal\u00edas, condujeron a un fallo err\u00f3neo o injusto, motivaciones que por lo tanto no fueron controvertidas anteriormente, por lo que valga repetirlo una vez m\u00e1s, la revisi\u00f3n no puede confundirse con una nueva instancia pues supone, seg\u00fan se dej\u00f3 apuntado, el que se lleg\u00f3 a una definitiva situaci\u00f3n de firmeza y ejecutoriedad creadora de la cosa juzgada material que s\u00f3lo puede ser desconocida ante la ocurrencia de una cualquiera de las an\u00f3malas circunstancias que en \u2018numerus clausus\u2019 y por ello con un claro sentido de necesaria taxatividad, indica el Art. 380 reci\u00e9n citado\u201d (G.J. CCXLIX. Vol. I, 117, citado en Rev. Civ., sentencia de 8 de abril de 2011, Exp. 2009-00125-00)\u00bb (CSJ SC 19 dic. 2012, rad. 2010-00598-00, reiterada en CSJ SC5408-2018). <\/p>\n
3.5. Finalmente, la sociedad recurrente aleg\u00f3 que el laudo cuestionado fue resuelto en equidad, y no en derecho. Expuso que el \u00abse\u00f1or \u00e1rbitro en los procelosos dominios de la subjetividad judicial absoluta y de la equidad como \u00e9l la entiende, surge de su insistencia remarcada en la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. Lo anterior, con fundamento en que el canon citado \u00abentra en abierta colisi\u00f3n con el imperativo que gobierna el procedimiento arbitral en derecho, en tanto en este procedimiento se excluye radicalmente la equidad. La obsesi\u00f3n del \u00e1rbitro en aplicar el art\u00edculo 283 del CGP le condujo, por ejemplo, a elegir el 65% del 20% del valor del proyecto acabado como indemnizaci\u00f3n a favor de la demandante, y a tomar como subrogado pecuniario este valor, sin reparar que en el precio de cada metro vendible deb\u00edan ser descontados los costos de construcci\u00f3n, que no existieron para el perito ni para el se\u00f1or \u00e1rbitro\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto, la Sala insiste en que dichos planteamientos son extra\u00f1os al recurso de revisi\u00f3n. En efecto, este mecanismo no es el medio id\u00f3neo para reeditar la apreciaci\u00f3n probatoria, ni mucho menos para verificar o evaluar el acierto del an\u00e1lisis realizado por el \u00e1rbitro. Ese escrutinio pretendido, por supuesto, desnaturaliza la censura. Por lo dem\u00e1s, la Corte destaca que el Tribunal Arbitral profiri\u00f3 el veredicto censurado sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo16, doctrinal17, jurisprudencial18 y de una valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n allegados. Por lo discurrido, la causal analizada tampoco prospera. <\/p>\n
4. Por las motivaciones expuestas, se declarar\u00e1 infundado el recurso de revisi\u00f3n. En consecuencia, se condenar\u00e1 a la recurrente al pago de las costas y los perjuicios que hayan ocasionado con su actuar en el presente recurso, incluyendo las agencias en derecho a favor de la demandada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por La Primavera Desarrollo y Construcciones S. en C \u2013hoy en liquidaci\u00f3n- frente al laudo dictado por el Tribunal Arbitral de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 el 23 de marzo de 2017 y el auto aclaratorio del 3 de abril siguiente, en el proceso de responsabilidad civil contractual promovido por Emporio Empresarial del Meta S.A.S. contra la recurrente. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar en costas y perjuicios al recurrente. Liqu\u00eddense mediante incidente los \u00faltimos e incl\u00fayase la suma de $3.000.000 por concepto de agencias en derecho, al practicar la liquidaci\u00f3n de las primeras. <\/p>\n
TERCERO: Devolver el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen donde se dict\u00f3 la sentencia materia de revisi\u00f3n, junto con copia de esta providencia. Por secretar\u00eda, l\u00edbrese el oficio correspondiente. <\/p>\n
CUARTO: Cumplido lo anterior, archivar las diligencias. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N GONZ\u00c1LEZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Aclaraci\u00f3n de voto) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-01513-00 <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Aunque comparto plenamente el sentido de la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 la Sala, respetuosamente me permito aclarar mi voto, en relaci\u00f3n con los apartes del fallo que sostienen que la ausencia de motivaci\u00f3n pudiera considerarse como un evento estructurante de la nulidad de la sentencia; ello porque esa hip\u00f3tesis no armoniza con el precedente actualmente vigente, ni con la arquitectura del proceso civil. <\/p>\n
Esa acotaci\u00f3n no pretende desconocer la trascendencia del deber de motivaci\u00f3n, ni tampoco su v\u00ednculo con la tutela judicial efectiva; al fin y al cabo, al exigir que se exterioricen los raciocinios \u2013fundados\u2013 que permitieron al juez llegar a una determinada conclusi\u00f3n se diluye la posibilidad de que este act\u00fae en forma arbitraria o caprichosa, y se dota de legitimidad racional a los actos jurisdiccionales, a partir de la exposici\u00f3n de argumentos razonables, pertinentes y adecuados frente al marco normativo y f\u00e1ctico del litigio. <\/p>\n
\u00ab(…) \u201cen punto de la taxatividad de los motivos que constituyen nulidades procesales (\u2018especificidad\u2019), la legislaci\u00f3n colombiana sigui\u00f3 a la francesa de la Revoluci\u00f3n y su gran apego o culto a la ley en cuyo desarrollo acu\u00f1\u00f3 la m\u00e1xima pas de nullit\u00e9 sans texte, esto es, que no hay defecto capaz de estructurar nulidad, sin ley que expresamente la establezca, consagrado sint\u00e9ticamente en el encabezamiento del art\u00edculo 140 del estatuto de enjuiciamiento [que corresponde al precepto 133 del C\u00f3digo General del Proceso] al decir que \u201cel proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos (…)\u201d, especificidad que reafirma el inciso 4o. del art\u00edculo 143 ib\u00eddem [135 actual], al disponer que \u201cel juez rechazar\u00e1 de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta a las determinadas en este cap\u00edtulo…\u201d. <\/p>\n
La contundencia de esta directriz se pone de presente en estas palabras de la Corte: \u201cLa ley procesal es terminante al se\u00f1alar cu\u00e1les vicios de actividad son generadores de nulidad y cu\u00e1les no, por manera que no es dable al int\u00e9rprete asimilar a los primeros, acudiendo a argumentos de analog\u00eda o por mayor\u00eda de raz\u00f3n, alg\u00fan otro tipo de defecto adjetivo, restricci\u00f3n por cierto claramente definida en una larga tradici\u00f3n jurisprudencial al tenor de la cual se tiene por sabido que \u201c…nuestro C\u00f3digo de procedimiento Civil -aludiendo al de 1931 que as\u00ed como el actual consagraba el principio de la especificidad de las nulidades-, siguiendo el principio que informa el sistema franc\u00e9s, establece que ninguna actuaci\u00f3n del proceso puede ser declarada nula si la causal no est\u00e1 expresamente prevista en la ley. Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades o irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaci\u00f3n m\u00e1s o menos importante de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador\u201d (G.J. t. XCI, p\u00e1g. 449)\u00bb (CSJ SC, 22 mar. 1995, rad. 4459; reiterada en CSJ SC5512-2017, 24 abr. y CSJ AC2727-2018, 28 jun.). <\/p>\n
Con apoyo en la comentada regla orientativa del sistema de nulidades procesales, un sector mayoritario de la jurisprudencia ha insistido, consistentemente, en que la \u00abnulidad originada en la sentencia\u00bb ata\u00f1e, de manera exclusiva, a la estructuraci\u00f3n, en la fase conclusiva del juicio, de una cualquiera de las causales de anulabilidad procesal previstas en la codificaci\u00f3n procesal civil vigente. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en el fallo CSJ SC, 27 sep. 1996, rad. 5641 se precis\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abLa especificidad de los motivos de revisi\u00f3n viene a ser as\u00ed una nota caracter\u00edstica que impide orientar la impugnaci\u00f3n para cumplir prop\u00f3sitos diferentes seg\u00fan sea el antojo del impugnante, en tanto que el recurso en los t\u00e9rminos en que legalmente est\u00e1 concebido, apunta a eliminar en casos especial\u00edsimos los efectos de cosa juzgada material con todas las consecuencias jur\u00eddicas que ello implica. En esa misma medida, precisa decir que cuando se invoca la causal 8\u00aa de revisi\u00f3n del art\u00edculo 380 del C. de P.C. consistente en \u201cexistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u201d, debe se\u00f1alarse un hecho de orden formal que constituya uno de los vicios procesales de los que enlista el art\u00edculo 140 del C. de P.C. y que se origine s\u00f3lo en la sentencia, lo que de plano descarta que pueda ser considerado como causal de nulidad, y por ende de revisi\u00f3n, el error jur\u00eddico o f\u00e1ctico que en el sentir del impugnante fluya de las consideraciones en que se apoya el fallo objeto de revisi\u00f3n, o, como aqu\u00ed se propone, de las motivaciones que haya efectuado el sentenciador en casaci\u00f3n para proveer sobre el recurso; las discrepancias de ese orden, por razonables que puedan ser (…) am\u00e9n de que quedan en el campo de la divagaci\u00f3n o de la mera conjetura, no constituye defecto formal alguno o vicio procesal que inficione el proceso\u00bb. <\/p>\n
Por ese mismo sendero, la Corte explic\u00f3 luego que <\/p>\n
\u00ab(…) los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que -a m\u00e1s de estar expresamente previstos en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades- se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes; es decir, \u201c\u2026no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representaci\u00f3n ni falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, que constituye causal espec\u00edfica y aut\u00f3noma de revisi\u00f3n, como lo indica el numeral 7\u00ba del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso\u201d (CLVIII, 134)\u00bb. (CSJ SC, 29 oct. 2004, rad. 2001-00030-01) <\/p>\n
Y m\u00e1s recientemente, dijo: <\/p>\n
\u00ab[E]l motivo de revisi\u00f3n consagrado en el numeral octavo del art\u00edculo 380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y cuando no procedan en su contra los recursos de apelaci\u00f3n o de casaci\u00f3n, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deber\u00e1 alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que si la respectiva impugnaci\u00f3n no se interpuso, se produce el saneamiento del eventual vicio (…). De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido (…), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.). <\/p>\n
Consecuente con lo expuesto, y dado que el legislador no consagr\u00f3 como causa de anulabilidad procesal la comentada \u00abfalta de motivaci\u00f3n de la sentencia\u00bb, cualquier alegato que pretenda denunciar ese particular vicio no ser\u00e1 apto para fincar, apropiadamente, un recurso de revisi\u00f3n por la causal octava, lo cual es apenas l\u00f3gico, si se tiene en cuenta que la fundamentaci\u00f3n del fallo ata\u00f1e a la labor de juzgamiento, y no al procedimiento <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo expuestas las razones por las cuales aclaro mi voto, con reiteraci\u00f3n de mi irrestricto respeto por la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Por medio de su apoderado judicial y conforme al poder conferido. <\/p>\n
2\u0002 \u00abcuyo objeto consisti\u00f3 en la ejecuci\u00f3n de obras sobre el lote de terreno urbano ubicado en la Calle 15 No. 1BR Santa Librada, del municipio de Villavicencio\u2026, en el cual se desarrollar\u00eda un megaproyecto con desarrollo urban\u00edstico multiprop\u00f3sito que constar\u00eda de oficinas, locales comerciales y vivienda\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 En el cual la sociedad demandante se comprometi\u00f3 a aportar dos prestaciones: i) la gesti\u00f3n en la ubicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n del bien inmueble en el que se desarrollar\u00eda el proyecto -lo que en efecto cumpli\u00f3-. Y ii) el know how en la construcci\u00f3n de obras civiles. Como beneficio, se acord\u00f3 que tendr\u00eda derecho al 20% del total de los metros construidos vendibles. Por su parte, la demandada tendr\u00eda a cargo las siguientes obligaciones: i) la idea de negocio. ii) los costos de las licencias, estudios topogr\u00e1ficos, entre otros. iii) la ejecuci\u00f3n total de la obra de construcci\u00f3n. iv) la ejecuci\u00f3n total de la preventa y comercializaci\u00f3n del proyecto. Y v) el valor de los costos preoperativos. <\/p>\n
4\u0002 Sumado a ello, concluy\u00f3 que no prosperaba la excepci\u00f3n de contrato no cumplido. Ello pues, \u00abla parte accionada debi\u00f3 cumplir primero las obligaciones a su cargo, consistentes en reunirse con la convocante y en hacer las promesas de compraventa estipuladas en el otros\u00ed de siente (7) de noviembre de 2012\u00bb. Por lo expuesto, hall\u00f3 exigible la obligaci\u00f3n pactada en la cl\u00e1usula 2\u00aa del negocio jur\u00eddico. En su texto se estableci\u00f3 que \u00abindependientemente del valor que estos aportes tengan, el participante No. 1 tendr\u00e1 derecho a un veinte por ciento (20%) sobre el valor total de los metros construidos vendibles\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Frente a esta \u00faltima providencia, la impugnante interpuso recurso de revisi\u00f3n. Sin embargo, esta Corporaci\u00f3n con sentencia SC3892-2020 del 19 de octubre de 2020, resolvi\u00f3 declararlo infundado. <\/p>\n
6\u0002 Cobr\u00f3 ejecutoria el 3 de abril de 2017 -auto que resolvi\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n y adici\u00f3n del laudo-. <\/p>\n
7\u0002 Folio 364 C. Corte. <\/p>\n
8\u0002 Y, ha se\u00f1alado que \u00abAunque la norma no lo diga expresamente, constituye requisito inherente a dicha causal que las maniobras fraudulentas se hayan conocido con posterioridad al pronunciamiento del fallo impugnado, toda vez que es obvio que de haberse notado su presencia con anterioridad al mismo, ese discernimiento habr\u00eda permitido la utilizaci\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios que, en modo alguno, pueden ser suplidos por el recurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb (CSJ SC339-2019, reiterado en CSJ SC681-2020 y CSJ SC4669-2021). <\/p>\n
9\u0002 Lo aseverado no resultan demostraciones que configuren maniobras fraudulentas que conlleven a alterar el sentido del laudo, debido a que lo relacionado no es prueba de maquinaci\u00f3n enga\u00f1osa entre Pulido y Contreras, ya que no se evidenci\u00f3 la parcialidad que pudiera ostentar el perito principal, relativa a que su voluntad se encontraba socavada por Duvalier Pulido al momento de emitir sus conclusiones de cara al caso. <\/p>\n
10\u0002 A trav\u00e9s de la contradicci\u00f3n del dictamen al momento del traslado. Incluso, en los alegatos de conclusi\u00f3n. O la tacha de falsedad. <\/p>\n
11\u0002 Al respecto, la Corte, en un asunto donde se demand\u00f3 bajo la misma causal, manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] aquellas aserciones no evidencian de forma alguna la realizaci\u00f3n de una maniobra fraudulenta por parte de la demandada en el proceso aludido, toda vez que el escrito que las contiene no es prueba fehaciente de la supuesta confabulaci\u00f3n entre aquella y la declarante, tendiente a torpedear la acci\u00f3n y alterar el sentido del fallo\u2026 Sobre el particular, se ha dicho que no basta con las tretas malintencionadas \u00abpropias del devenir del proceso promovidas por las partes en su transcurso y sin ninguna ocultaci\u00f3n que, por lo mismo, fueron sometidas a consideraci\u00f3n de los jueces y estuvieron sujetas a controversia, independientemente de c\u00f3mo hayan sido finalmente tratadas o resueltas; ni las que resultan de procedimientos supuestamente irregulares, los cuales justamente por haber estado sometidos al escrutinio judicial excluyen la maquinaci\u00f3n de las partes\u00bb (CSJ SC242-2001, 13 dic., rad. 0160, reiterada, entre otras, en CSJ SC3343-2021). <\/p>\n
12\u0002 Por el contrario, destac\u00f3 que \u00ab\u2026cuando la sentencia est\u00e1 motivada, as\u00ed sea en medida m\u00ednima (…) el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, it\u00e9rase, el hecho de que el sentenciador se haya sustra\u00eddo rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n, \u201c(\u2026) desde luego que el razonamiento confuso, deficiente, escaso, exiguo, incompleto, insuficiente o parco no traduce ni conduce a significar que el fallo carezca de fundamentaci\u00f3n\u201d (CSJ SC10223, 1\u00ba de agosto de 2014, reiterado en CSJ SC3892, 19 de octubre de 2020, rad. 2017-03567-00). <\/p>\n
13\u0002 En ese sentido, aleg\u00f3 que si bien el \u00ab\u00e1rbitro elimin\u00f3 la obligaci\u00f3n de aportar el know how cuando tas\u00f3 la indemnizaci\u00f3n\u00bb, tambi\u00e9n asever\u00f3 \u00abque esa obligaci\u00f3n s\u00ed existi\u00f3 y adem\u00e1s que fue incumplida por Emporio que nunca estuvo en capacidad de cumplirla\u00bb, con lo que \u00abafirma y [niega] al mismo tiempo la obligaci\u00f3n de aportar el conocimiento, de ella dice el \u00e1rbitro [\u2026] que existe pero que no existe al mismo tiempo, y esa inferencia esquizoide del se\u00f1or \u00e1rbitro fue construida para salvar al demandante de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, pues si la obligaci\u00f3n existe, como efectivamente existe, inexorablemente Emporio era desde el propio umbral del negocio jur\u00eddico contratante incumplido\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 En esa l\u00ednea, cuando el juez identifica y expone acertadamente el tema objeto de resoluci\u00f3n, realiza un examen cr\u00edtico del material probatorio y valora los argumentos legales y doctrinarios necesarios para fundar la decisi\u00f3n adoptada. De ello, permite concluir que esa labor cumpli\u00f3 con el razonamiento de justificaci\u00f3n externo como interno. <\/p>\n
15\u0002 Precisamente, lo resuelto guarda directa conexi\u00f3n con lo expuesto en la parte motiva de la determinaci\u00f3n. Ello pues, el Tribunal concluy\u00f3 que el negocio jur\u00eddico base de la acci\u00f3n fue un contrato de cuentas en participaci\u00f3n -sobre el cual explic\u00f3 todo lo concerniente a dicho convenio-. Adem\u00e1s, expuso que, si bien una de las obligaciones contra\u00eddas por la demandante fue el aporte del know how, dicha carga no result\u00f3 la causa elemental del pacto, en la medida en que \u00e9sta no ten\u00eda equivalencia similar a la de gestionar la ubicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n del inmueble en el que se desarrollar\u00eda el proyecto -carga que s\u00ed cumpli\u00f3 la demandante-. Asimismo, consider\u00f3 que la excepci\u00f3n de contrato no cumplido no pod\u00eda prosperar, b\u00e1sicamente porque la convocada en el sub judice debi\u00f3 cumplir antes que todas las exigencias dispuestas a su cargo, las relativas a reunirse con la convocante y negociar las promesas de compraventa suscritas en el otros\u00ed del 7 de noviembre de 2012. <\/p>\n
Sumado a ello, el Tribunal Arbitral resalt\u00f3 que la obligaci\u00f3n de aportar el saber hacer, \u00abnunca [se] intent\u00f3 aportar por cuanto la oferta de bienes y servicios [\u2026] en estricto sentido, no corresponde a un saber hacer y, m\u00e1s a\u00fan, no se entregar\u00edan o prestar\u00edan por concepto de aporte al proyecto sino como de servicios que ser\u00edan cobrados, lo que conlleva claramente un abandono de la obligaci\u00f3n a su cargo, que se reitera, no es esencial en el contrato de cuentas en participaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En el punto, si bien el \u00e1rbitro as\u00ed lo asever\u00f3, de ello no se desprende que existan contradicciones en el laudo, pues brill\u00f3 para el funcionario que la obligaci\u00f3n de \u00abaportar el know how\u00bb s\u00ed se acord\u00f3. Sin embargo, sostuvo que la misma no ten\u00eda la entidad suficiente para ser elemental en el contrato de cuentas en participaci\u00f3n, como s\u00ed lo fue la otra obligaci\u00f3n -gestionar la ubicaci\u00f3n y negociaci\u00f3n de la adquisici\u00f3n del inmueble, la cual, se cumpli\u00f3-. <\/p>\n
16\u0002 Referenci\u00f3 las leyes 222 de 1995 y 1258 de 2008. Adem\u00e1s, los art\u00edculos 13, 333 de la Constituci\u00f3n Nacional. Los c\u00e1nones 25, 98, 259, 332, 504, 507, 508, 510, 511, 514 del C\u00f3digo de Comercio y los preceptos 1069, 1546, 1609, 1618 del C\u00f3digo Civil, entre otros. <\/p>\n
18\u0002 CSJ SC del 4 de diciembre de 2008, MP. Jaime Arrubla. CSJ SL del 30 de julio de 1980, publicada en jurisprudencia y doctrina, tomo x. CSJ SC del 3 de julio de 1963. CSJ SC del 2 de agosto de 1999, MP. Jos\u00e9 Fernando Ram\u00edrez. CSJ SC del 27 de julio de 1978. Entre otras. <\/p>\n
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SC1075-2022 (2018-01513-00) FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente SC1075-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-01513-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). I. ANTECEDENTES 1. Emporio Empresarial del Meta S.A.S. demand\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62592","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62592\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62592"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}