SC1169-2022 (2018-00287-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1169-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2018-00287-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que el demandado, CONJUNTO MULTIFAMILIAR SUPER-MANZANA DOS DE CIUDAD KENNEDY P.H., interpuso frente a la sentencia proferida en audiencia del 16 de junio de 2020 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil, en el presente proceso verbal que en su contra adelantaron los se\u00f1ores HERNANDO ROJAS PINILLA y ALEJANDRO SABOGAL MART\u00cdNEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, decretar la nulidad absoluta, en primer lugar, de las convocatorias efectuadas para la celebraci\u00f3n de asamblea ordinaria de propietarios del conjunto accionado, que tuvo lugar los d\u00edas 18 y 22 de marzo y 29 de abril de 2018, debido a que la citante carec\u00eda \u201cde (\u2026) reconocimiento y certificaci\u00f3n como administradora y representante legal\u201d; en segundo t\u00e9rmino, de la asamblea realizada en esas fechas; en tercer lugar, del acta que recoge la misma; y, finalmente, de todas las decisiones y nombramientos realizados en dicho acto. <\/p>\n
2. En sustento de esos pedimentos, se adujeron los hechos que quedaron plasmados de forma definitiva en el escrito de subsanaci\u00f3n del libelo introductorio, de los cuales solamente guardan relaci\u00f3n directa con las pretensiones incoadas, los que pasan a rese\u00f1arse: <\/p>\n
2.1. Como quiera que en el a\u00f1o 2017 no se realiz\u00f3 asamblea ordinaria de la propiedad horizontal demandada, debido a las inadecuadas convocatorias que se efectuaron con tal fin, la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca, designada como administradora posteriormente, no pudo obtener su reconocimiento como tal por parte de la Alcald\u00eda Local de Ciudad Kennedy. <\/p>\n
2.2. Esa determinaci\u00f3n administrativa fue cuestionada por v\u00eda de tutela, acci\u00f3n denegada por el Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de la ciudad, fallo que el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito tambi\u00e9n de esta capital confirm\u00f3 en integridad, al desatar la impugnaci\u00f3n que contra \u00e9l interpusieron los interesados. <\/p>\n
2.3. Pese a ello, la precitada persona, en su presunta condici\u00f3n de administradora del conjunto, el 23 de febrero de 2018 convoc\u00f3 a los propietarios del mismo a asamblea general ordinaria a realizarse el 18 de marzo de ese a\u00f1o a las 8:00 a.m. y, en caso de que en tal oportunidad no se lograra el qu\u00f3rum reglamentario, a una segunda reuni\u00f3n que tendr\u00eda lugar el d\u00eda 22 siguiente, a la misma hora. <\/p>\n
2.4. El 19 de abril del a\u00f1o en cita, los propietarios del conjunto recibieron un escrito firmado \u00fanicamente por la se\u00f1ora Bueno Fonseca, en la calidad anotada, mediante el cual les inform\u00f3 que los asistentes a la segunda reuni\u00f3n realizada el 22 de marzo anterior, decidieron continuar la asamblea el 29 de abril a las 8:00 a.m. <\/p>\n
2.5. Las referidas convocatorias se encuentran viciadas, toda vez que quien fungi\u00f3 como administradora, carec\u00eda de certificaci\u00f3n legal que la acreditara como representante legal del conjunto; por consiguiente, \u201cla asamblea ordinaria de copropietarios que fue convocada y realizada por la citada se\u00f1ora MARTHA BUENO los d\u00edas 18 de marzo de 2018, 22 de marzo de 2018 y abril 29 de 2018 carece (\u2026) de legalidad y por lo mismo se debe declarar la NULIDAD de dicha convocatoria, as\u00ed como de las decisiones y nombramientos que en dichas reuniones se hayan realizado\u201d. <\/p>\n
2.6. El revisor fiscal, a quien le venci\u00f3 el 15 de mayo de 2017 el contrato que lo vinculaba como tal con la propiedad horizontal, no obstante conocer esas ilegalidades, guard\u00f3 silencio y permiti\u00f3 la realizaci\u00f3n de la asamblea. <\/p>\n
2.7. Los miembros del Consejo de Administraci\u00f3n, por haber continuado desempe\u00f1ando sus cargos despu\u00e9s de vencerse el per\u00edodo para el cual fueron nombrados, carec\u00edan de legitimaci\u00f3n para designar como administradora a la se\u00f1ora Bueno Fonseca y para realizar la convocatoria. <\/p>\n
2.8. Las segunda y tercera reuniones de la asamblea cuestionada, verificadas el 22 de marzo y el 29 de abril de 2018, contravinieron el art\u00edculo 75 del reglamento interno del conjunto, como quiera que all\u00ed se dispone que \u201c[s]i fracasara la primera convocatoria por falta de qu\u00f3rum, se celebrar\u00e1 la asamblea una (1) hora despu\u00e9s en SEGUNDA CONVOCATORIA\u201d. <\/p>\n
2.9. El desarrollo de la asamblea fue irregular, pues no se garantiz\u00f3 la participaci\u00f3n de todos los asistentes. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de esta capital, al que por reparto le correspondi\u00f3 el conocimiento del proceso, admiti\u00f3 la demanda con auto del 13 de junio de 2018. Mediante prove\u00eddo de 9 de octubre siguiente, tuvo por notificada de esa providencia al accionado por aviso judicial del 18 de julio anterior, determinaci\u00f3n que mantuvo al desatar la reposici\u00f3n que contra la misma se interpuso (auto del 14 de febrero de 2019). <\/p>\n
4. En el t\u00e9rmino de traslado, la persona jur\u00eddica convocada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
5. En la audiencia realizada el 29 de noviembre de 2019, se dict\u00f3 sentencia anticipada para declarar la falta de legitimaci\u00f3n del actor Alejandro Sabogal Mart\u00ednez, raz\u00f3n por la cual se negaron respecto de \u00e9l las pretensiones de la demanda. As\u00ed las cosas, el proceso continu\u00f3 \u00fanicamente con el demandante se\u00f1or Hernando Rojas Pinilla. <\/p>\n
6. Agotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento dict\u00f3 sentencia definitiva en audiencia del 15 de enero de 2020, en la que declar\u00f3 \u201cNULAS todas las decisiones adoptadas en las asambleas de copropietarios llevadas a cabo los d\u00edas 18 y 22 de marzo y 29 de abril de 2018, del CONJUNTO MULTIFAMILIAR SUPERMANZANA II DE CIUDAD KENNEDY\u201d. <\/p>\n
En ese mismo acto, se concedieron los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos contra la sentencia anticipada, el fallo proferido en el curso del mismo y los autos que denegaron las nulidades solicitadas. <\/p>\n
7. El Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil, en audiencia del 16 de junio de 2020, desat\u00f3 dichas alzadas, y en tal virtud, revoc\u00f3 el fallo previo del 29 de noviembre de 2019 y confirm\u00f3 el definitivo del 15 de enero de 2020. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n
Para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, el juzgador de segunda instancia adujo los razonamientos que enseguida se compendian: <\/p>\n
1. Comenz\u00f3 por estudiar la apelaci\u00f3n incoada contra la sentencia anticipada, en la que se declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n del demandante Alejandro Sabogal Mart\u00ednez, impugnaci\u00f3n en relaci\u00f3n con la cual observ\u00f3: <\/p>\n
1.1. El precitado actor invoc\u00f3 y acredit\u00f3, para actuar como tal, la calidad de heredero de su padre y que \u00e9ste era titular del dominio de una de las unidades residenciales del conjunto. <\/p>\n
1.2. Debe analizarse, por lo tanto, si para los efectos del art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001, puede considerarse que el heredero de un propietario est\u00e1 habilitado para impugnar las decisiones adoptadas por los \u00f3rganos directivos de la propiedad horizontal. <\/p>\n
1.3. Para despejar ese interrogante, el Tribunal trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 1297 del C\u00f3digo Civil y destac\u00f3, respecto del mismo, por una parte, que \u00e9l \u201cestablece que efectivamente los herederos pueden actuar en representaci\u00f3n de la herencia\u201d y, por otra, que consecuencialmente ellos est\u00e1n facultados para procurar la protecci\u00f3n de los bienes herenciales, al punto que la norma les otorga la condici\u00f3n de \u201cadministradores o representantes\u201d de los mismos. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, si bien es verdad, \u201cel derecho real de propiedad y el derecho real de sucesi\u00f3n son distintos, la ley habilita igualmente la representaci\u00f3n que puede tener el heredero respecto de los bienes herenciales\u201d. <\/p>\n
1.4. En tal orden de ideas, el ad quem estim\u00f3 \u201cinadecuada la decisi\u00f3n de la primera instancia\u201d, como quiera que con ella se \u201cdesconoci\u00f3 esa calidad de heredero\u201d, raz\u00f3n por la cual coligi\u00f3 la pertinencia de revocar la sentencia anticipada dictada en este asunto, sin condena en costas. <\/p>\n
2. En segundo t\u00e9rmino, asumi\u00f3 el estudio de la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia definitiva emitida en la audiencia del 15 de enero de 2020, sobre la que apunt\u00f3: <\/p>\n
2.1. De entrada se entiende, que el primer punto a resolver, es la acusada falta de legitimaci\u00f3n del demandante Hernando Rojas Pinilla, aspecto en torno del cual subray\u00f3 que, conforme las pruebas allegadas, en particular, la escritura p\u00fablica 3499 del 20 de septiembre de 2019 y el folio de matr\u00edcula del inmueble respecto del cual esgrimi\u00f3 la calidad de propietario, se establece que a \u00e9l se le adjudic\u00f3 la totalidad del mismo en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que tuvo con la se\u00f1ora Edilma Ram\u00edrez y que la transferencia que posteriormente efectu\u00f3, recay\u00f3 solamente sobre el 50% de ese derecho, de donde conserv\u00f3 el otro 50% en su cabeza, titularidad que lo facultaba para ejercer la acci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Abord\u00f3 a continuaci\u00f3n el otro punto de la inconformidad del apelante, esto es, establecer si la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca ostentaba la calidad de administradora del conjunto para cuando hizo la convocatoria a la asamblea ordinaria realizada en el a\u00f1o 2018, tem\u00e1tica sobre la cual manifest\u00f3: <\/p>\n
2.2.1. Seg\u00fan el mandato del art\u00edculo 50 de la Ley 675 de 2001, la representaci\u00f3n legal de la copropiedad est\u00e1 en cabeza del administrador; y adicionalmente, que conforme el canon 39 de ese mismo estatuto, \u00e9l \u201cest\u00e1 habilitado para convocar a la reuni\u00f3n de asamblea ordinaria, lo mismo que el consejo de administraci\u00f3n, [el] revi[sor] fiscal o un n\u00famero plural de propietarios de bienes privados que represente por lo menos la quinta parte del coeficiente de copropiedad\u201d. <\/p>\n
2.2.2. La representaci\u00f3n legal no es un asunto \u201cque las partes puedan simplemente reconocer a gusto propio\u201d, sino que es una cuesti\u00f3n reglamentada; y en el caso del conjunto demandado, conforme a sus estatutos, la designaci\u00f3n del representante legal le correspond\u00eda al Consejo de Administraci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.3. Sentadas esas bases, enfatiz\u00f3 que \u201clo que se echa de menos en todo momento es el documento que confiere, que confirma ese nombramiento de la administradora previamente a la convocatoria de la asamblea\u201d. <\/p>\n
Al respecto, puntualiz\u00f3 que la \u201ccuesti\u00f3n probatoria\u201d consist\u00eda en que se acreditara que \u201cpara el momento en que dicha se\u00f1ora h[izo] las convocatorias\u201d a la asamblea del a\u00f1o 2018, \u201cestuviera actuando\u201d en condici\u00f3n de administradora. <\/p>\n
Luego de advertir que la representaci\u00f3n legal de conjunto en cabeza de la se\u00f1ora Bueno Fonseca, para ese entonces, present\u00f3 \u201cotro conflicto\u201d, puesto que \u201cla alcald\u00eda local no termin\u00f3 expidiendo certificaci\u00f3n de esa calidad de administradora sino a partir del primero de agosto de 2018\u201d, como quiera que \u201c[e]n las actuaciones anteriores no se hab\u00eda presentado el acta que la hubiere elegido o nombrado\u201d como tal, el Tribunal asever\u00f3 que \u201cdicha prueba no se aport\u00f3\u201d y que, por lo tanto, no milita en autos el elemento de juicio que acredite la designaci\u00f3n de \u201cla se\u00f1ora antes del primero de agosto de 2018 como administradora\u201d. <\/p>\n
Clarific\u00f3 que \u201cno es propiamente el registro que se haga de esa designaci\u00f3n en la alcald\u00eda\u201d el que faculta al administrador para \u201cejercer las funciones\u201d, toda vez que \u201clo que hace el registro es reconocer la representaci\u00f3n legal en cabeza del administrador designado, pero no obsta que (\u2026) habiendo sido designad[o]\u201d pueda \u201cejecutar los actos propios de administrador antes de obtener la representaci\u00f3n legal\u201d y que, por tal raz\u00f3n, \u201caqu\u00ed la deficiencia probatoria, se reitera, es la ausencia de cualquier documento que (\u2026) acredite que antes del primero de agosto [de 2018] hab\u00eda sido designada y que por tanto ten\u00eda esa calidad al momento que hizo las convocatorias\u201d a la asamblea que se celebr\u00f3 en los meses de marzo y abril de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2.2.4. Por m\u00e9rito de lo anterior, dicho sentenciador coligi\u00f3 que deb\u00eda confirmarse la sentencia definitiva de primera instancia, \u201cque consider\u00f3 que no se hab\u00eda acreditado esta circunstancia (\u2026) y que (\u2026) por indebida convocatoria deb\u00edan declararse nulas las decisiones tomas en esas asambleas\u201d. <\/p>\n
2.2.5. Al final observ\u00f3 que la inconformidad relativa al monto de las agencias en derecho fijadas por el a quo, no es cuesti\u00f3n que pueda dilucidarse en desarrollo de la apelaci\u00f3n propuesta contra la sentencia, pues la v\u00eda fijada con ese fin es la indicada por el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En sustento del recurso extraordinario de que se trata, su proponente formul\u00f3 dos cargos, el primitivo sustentando en la causal primera de casaci\u00f3n y el otro en la segunda. La Corte los resolver\u00e1 en el mismo orden de su proposici\u00f3n, por ser el que legalmente corresponde. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Como se dijo, con estribo en el motivo inicial del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se reproch\u00f3 la sentencia fustigada por ser directamente violatoria del canon 49 de la Ley 675 de 2001. <\/p>\n
En respaldo de la acusaci\u00f3n, se expuso: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Previa transcripci\u00f3n del precepto indicado, que su quebranto se produjo \u201cal reconocer la legitimaci\u00f3n por activa para impugnar las actas de asamblea a un tenedor o heredero\u201d, como quiera que dicha norma se\u00f1ala que los \u00fanicos facultados para ello son el administrador, el revisor fiscal y los propietarios de bienes privados, raz\u00f3n por la cual ella no es susceptible de ninguna interpretaci\u00f3n diferente. <\/p>\n
2. Memor\u00f3 que el Tribunal revoc\u00f3 la sentencia anticipada, en la que se hab\u00eda declarado la falta de legitimaci\u00f3n del demandante se\u00f1or Alejandro Sabogal Mart\u00ednez, con el argumento de que \u201cel heredero puede[,] en pro de proteger la herencia[,] (\u2026) realizar las acciones jur\u00eddicas que protejan su derecho, para lo cual expres[\u00f3] que dicha calidad era concordante con los art\u00edculos 1297 (herencia yacente) del C\u00f3digo Civil y art\u00edculo 87 (demanda contra herederos determinados e indeterminados[,] dem\u00e1s administradores de la herencia y el c\u00f3nyuge) del C. G. P.\u201d. <\/p>\n
3. Insisti\u00f3 en el quebranto directo del art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001, puesto que el se\u00f1or Alejandro Sabogal Mart\u00ednez no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de administrador, revisor fiscal o propietario de algunas de las unidades residenciales del conjunto accionado, con sujeci\u00f3n a las reglas de los art\u00edculos 665, 673, 740, 745, 749, 756 y 1760 del C\u00f3digo Civil, que coment\u00f3. <\/p>\n
4. A\u00f1adi\u00f3 que el reconocimiento de la legitimaci\u00f3n activa del prenombrado actor, en contravenci\u00f3n de la norma cuya infracci\u00f3n se denunci\u00f3, trajo como resultado que se reconoci\u00f3 a aqu\u00e9l un derecho que no tiene, como es el de impugnar las decisiones de la asamblea ordinaria de propietarios del conjunto demandado, en su condici\u00f3n de heredero. <\/p>\n
5. Al final pidi\u00f3 que, de no prosperar la acusaci\u00f3n, \u201cse haga el estudio del cargo de forma oficiosa\u201d, con sujeci\u00f3n a lo normado en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y porque desconocer el yerro del ad quem afecta la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como expresamente lo se\u00f1al\u00f3 el sentenciador de segunda instancia en su fallo, \u201cla ley 675 de 2001 se\u00f1ala expresamente qui\u00e9nes son las personas que est\u00e1n legitimadas para impugnar las decisiones y, efectivamente, como lo mencionan las partes y qued\u00f3 reconocido sin discusi\u00f3n, est\u00e1n el administrador, el revisor fiscal y el propietario\u201d (se subraya), comentario alusivo, sin duda, al art\u00edculo 49 de ese ordenamiento jur\u00eddico, como lo ratific\u00f3 en el p\u00e1rrafo siguiente. <\/p>\n
Con tal base y en consideraci\u00f3n a que el se\u00f1or Sabogal Mart\u00edez acredit\u00f3 en el proceso, por una parte, ser heredero de su progenitor, y de otro, que \u00e9ste era propietario de una de las unidades residenciales del conjunto accionado, esa Corporaci\u00f3n pas\u00f3 a \u201cestablecer si, para efectos de la aplicaci\u00f3n de ese art\u00edculo (\u2026), 49 de la ley 765, puede considerarse al heredero (\u2026) habilitado para impugnar las decisiones\u201d. <\/p>\n
Tal interrogante lo absolvi\u00f3 fincado en el art\u00edculo 1297 del C\u00f3digo Civil, que lo llev\u00f3 a sostener \u201cque los herederos pueden actuar en representaci\u00f3n de la herencia\u201d y que, por lo mismo, ellos est\u00e1n facultados para realizar las gestiones necesarias en procura de \u201cproteger (\u2026) los bienes herenciales\u201d o para \u201cactuar en favor de los derechos\u201d constituidos sobre ellos. <\/p>\n
Esos razonamientos, en s\u00edntesis, fueron los que lo llevaron a colegir el desacierto de la sentencia anticipada y a disponer su revocatoria. <\/p>\n
Cosa diferente fue que, con el prop\u00f3sito de saber si los herederos de un propietario tambi\u00e9n estaban legitimados para ello, recurri\u00f3 al art\u00edculo 1297 del C\u00f3digo Civil y, en general, a las reglas de la sucesi\u00f3n il\u00edquida, de modo que fue con base en uno y otras que infiri\u00f3 que aqu\u00e9llos, en su condici\u00f3n de tales, s\u00ed pod\u00edan defender los bienes de la herencia y adelantar las actuaciones correspondientes para proteger los derechos constituidos sobre ellos. <\/p>\n
3. Es n\u00edtido, entonces, que el sentenciador de segunda instancia arrib\u00f3 a esa definici\u00f3n soportado en el preindicado precepto y en las mencionadas reglas, entendimiento que para nada supuso la interpretaci\u00f3n por su parte del art\u00edculo 49 de la Ley 675 de 2001, y mucho menos, que hubiese propuesto una extensiva o laxa sobre su sentido o alcance. <\/p>\n
4. A\u00f1\u00e1dese a lo anterior, sin perjuicio de lo que m\u00e1s adelante se dir\u00e1 sobre similar deficiencia, la intrascendencia de la acusaci\u00f3n, pues estando ella referida \u00fanicamente a la sentencia anticipada, en la que se resolvi\u00f3 sobre la falta de legitimaci\u00f3n solamente de uno de los actores, al punto que el proceso continu\u00f3 con el otro, es patente que as\u00ed se admitiese que el ad quem incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n directa develada en este cargo, eso no cambiar\u00eda las resultas del proceso, pues la nulidad declarada en la sentencia definitiva que se profiri\u00f3 el 20 de enero de 2020 se mantendr\u00eda inalterada, en tanto que habr\u00eda que entender que con ella se desat\u00f3 afirmativamente la acci\u00f3n planteada por el otro demandante, se\u00f1or Hernando Rojas Pinilla. <\/p>\n
5. El cargo, por consiguiente, no est\u00e1 llamado a buen suceso. <\/p>\n
6. Queda por decir que la solicitud final del censor, encaminada a que ante el fracaso de la acusaci\u00f3n, la Corte resuelva de oficio, no es atendible, toda vez que en relaci\u00f3n con esta nov\u00edsima figura -la casaci\u00f3n oficiosa-, prevista en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala tiene definido que su operancia deriva de la concurrencia de tres requisitos, a saber: \u201c(I) El error del Tribunal debe ser ostensible, huelga decirlo, \u2018claro, manifiesto, patente\u2019; (II) La afectaci\u00f3n irrogada a la parte ha de ser grave: \u2018de mucha entidad o importancia\u2019; y (III) Es necesario que se configure alguna de las causales se\u00f1aladas en la legislaci\u00f3n: desconocimiento del orden p\u00fablico, del patrimonio p\u00fablico o de los derechos y garant\u00edas de los sujetos procesales\u201d (CSJ, SC 5453 del 16 de diciembre de 2021, Rad. n.\u00b0 2014-00085-01). <\/p>\n
Esas exigencias no se avizoran cumplidas en este caso, habida cuenta que, como ya se analiz\u00f3, el Tribunal no incurri\u00f3 en el desacierto jur\u00eddico que se le imput\u00f3; por la intrascendencia detectada, no hay c\u00f3mo admitir que la aceptaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n del actor Sabogal Mart\u00ednez constituye una afectaci\u00f3n grave para el conjunto demandado; y, por \u00faltimo, en consonancia con lo anterior, no se constata el quebranto de alg\u00fan derecho o garant\u00eda fundamental de la recurrente. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal de casaci\u00f3n del mismo n\u00famero, se acus\u00f3 el fallo del ad quem por \u201cviolar la [l]ey [s]ustancial por la v\u00eda indirecta por error de hecho (\u2026) manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de determinadas pruebas\u201d. <\/p>\n
En pro de la censura, se adujo: <\/p>\n
1. La incursi\u00f3n por parte del Tribunal, en los siguientes yerros: <\/p>\n
1.1. Estimar que el conjunto demandado, antes de la convocatoria a la asamblea ordinaria de 2018, no contaba con ning\u00fan documento que acreditara que la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca era su administradora y representante legal. <\/p>\n
1.2. Considerar que la precitada persona \u201cno hab\u00eda sido designada como administradora en el a\u00f1o 2017\u201d, cuando en el expediente obra \u201cel acta No. 21, suscrita por los consejeros GUILLERMO BAUTISTA, GUSTAVO RAM\u00cdREZ, DIANA MILENA FERN\u00c1NDEZ, RICARDO RAM\u00cdREZ, BASILIA PALACIOS, el d\u00eda 30 de mayo de 2017, donde deciden contratar a la se\u00f1ora Martha en calidad de administradora\u201d. <\/p>\n
1.3. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la susodicha persona solicit\u00f3 ante la Alcald\u00eda Local de Ciudad Kennedy su reconocimiento como administradora y representante legal del conjunto demandado, desde el 12 de junio de 2017, seg\u00fan radicado No. 20175810122652. <\/p>\n
1.4. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la se\u00f1ora Bueno Fonseca, en su condici\u00f3n de administradora, realiz\u00f3 todas las tareas inherentes a dicho cargo, entre otras, respondi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que el se\u00f1or Alejandro Sabogal Mart\u00ednez promovi\u00f3 ante el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de esta capital, en la que solicit\u00f3 la anulaci\u00f3n de la convocatoria a la asamblea general de propietarios del conjunto en 2018 y que esa oficina deneg\u00f3. <\/p>\n
1.5. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que los propios demandantes, en la demanda que presentaron, sostuvieron: \u201cHECHO CUARTO: En fecha de mayo 30 de 2017 la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA BUENO FONSECA, fue nombrada en remplazo del se\u00f1or WILMAR ANDR\u00c9S RAMOS GARAVITO, por parte del consejo de administraci\u00f3n acta No. 21 (anexo documento). HECHO QUINTO: La citada se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA BUENO FONSECA en fecha de junio 12 y julio 26 de 2017, solicit[\u00f3] ante la alcald\u00eda local de Kennedy se le \u2018concediera la representaci\u00f3n legal\u2019 (anexo documento de junio 12\/17)\u2019\u201d. <\/p>\n
1.6. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que los actores \u201cimpugnar[o]n el acta No. 21 de[l] consejo de administraci\u00f3n suscrita el d\u00eda 30 de mayo de 2017, al estar inconformes con el nombramiento de la administradora[,] la se\u00f1ora MARTHA LUC\u00cdA BUENO FONSECA\u201d. <\/p>\n
1.7. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que conforme el acta de 2016 aportada por los demandantes, \u201cse eligieron a los consejeros de administraci\u00f3n de la copropiedad para el per\u00edodo 2016-2017, GUILLERMO BAUTISTA, GUSTAVO RAM\u00cdREZ, DIANA MILENA FERN\u00c1NDEZ, RICARDO RAM\u00cdREZ, BASILIA PALACIOS, GLORIA L\u00d3PEZ Y HERNANDO ROJAS PINILLA\u201d. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n especific\u00f3 que las pruebas err\u00f3neamente apreciadas fueron las siguientes: los hechos cuatro y quinto del escrito con el cual se subsan\u00f3 la demanda primigeniamente presentada; el acta del Consejo de Administraci\u00f3n No. 21 del 30 de mayo de 2017 (fl. 153); la solicitud de representaci\u00f3n legal elevada ante la Alcald\u00eda Local de Ciudad Kennedy el 12 de junio de 2017 (fl. 153); la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Funci\u00f3n de control de Garant\u00edas, que data del 21 de marzo de 2018; y la copia del acta de asamblea general celebrada en el a\u00f1o 2016. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de demostrar la censura, el recurrente: <\/p>\n
3.1. Reiter\u00f3 la indebida ponderaci\u00f3n probatoria atr\u00e1s relacionada; y calific\u00f3 tales equivocaciones de \u201cprotuberantes, ostensibles y contradictori[a]s con (\u2026) la realidad procesal y la [l]ey sustancial\u201d. <\/p>\n
3.2. Insisti\u00f3 en que el Tribunal, fruto de las equivocaciones que cometi\u00f3, pas\u00f3 por alto que la mencionada se\u00f1ora s\u00ed fue designada administradora, seg\u00fan da cuenta de ello el acta mencionada; que cumpli\u00f3 las obligaciones inherentes a dicho cargo; y que los propios actores, acreditaron el hecho cuatro de la demanda. <\/p>\n
3.3. Agreg\u00f3 que si el ad quem hubiese \u201cobservado, apreciado y analizado en debida forma\u201d las pruebas atr\u00e1s relacionadas y \u201clas solicitadas de oficio que obran en el expediente (\u2026), habr\u00eda encontrado que l[a]s mism[a]s contienen informaci\u00f3n puntual y certera de[l] nombramiento y designaci\u00f3n de la [a]dministradora en el per[\u00ed]odo 2017 y la(\u2026) solicitud elevada ante el ente local, adem\u00e1s [del] reconocimiento de la comunidad CONJUNTO MULTIFAMILIAR SUPERMANZANA DOS DE CIUDAD KENNEDY, [que] en su momento no se opus[o] a dicho nombramiento, conforme lo expuso el juez de tutela (\u2026) del 21 de marzo de 2018, Juzgado Veinticuatro (24) Penal Municipal [c]on Funci\u00f3n [d]e Control [d]e Garant\u00edas de Bogot\u00e1, con el radicado 110014088024-2018-0003300\u201d. <\/p>\n
3.4. Repiti\u00f3 que dicha designaci\u00f3n fue hecha por el Consejo de Administraci\u00f3n elegido en el a\u00f1o 2016 para desempe\u00f1arse como tal \u201centre 2016 y 2017\u201d; y que los hechos de la demanda tambi\u00e9n acreditan ese hecho. <\/p>\n
4. Al cierre, el impugnante se\u00f1al\u00f3 que \u201c[d]el an\u00e1lisis de las probanzas antes indicadas se determinar\u00e1 la violaci\u00f3n de la [l]ey [s]ustancial por la v\u00eda indirecta por error de hecho, lo que conllevar\u00e1 al quebrantamiento de la sentencia en los t\u00e9rminos indicados\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Pese a que en el cargo que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala no se hizo un se\u00f1alamiento expreso de las normas sustanciales vulneradas, en acatamiento de la exigencia consagrada en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, propio es entender superada esa aparente falla, en la medida que en desarrollo de la acusaci\u00f3n su proponente adujo que \u201c[p]ara llegar a incurrir en el error\u201d denunciado, deb\u00eda tenerse en cuenta que, de conformidad con los art\u00edculos 39, 50 y 51 de la Ley 675 de 2001, la convocatoria a las asambleas generales debe efectuarla el administrador; que \u00e9l tiene representaci\u00f3n legal de los conjuntos constituidos bajo el r\u00e9gimen de propiedad horizontal; que debe ser designado por el Consejo de Administraci\u00f3n, cuando exista, o por la asamblea general, cuando no; y que una de sus funciones es hacer la citaci\u00f3n para la realizaci\u00f3n del mencionado acto, normas que fueron, precisamente, aquellas en las que se fund\u00f3 el Tribunal para arribar a la decisi\u00f3n confirmatoria que adopt\u00f3. <\/p>\n
2. Si como qued\u00f3 rese\u00f1ado al compendiarse la sentencia de segunda instancia, el argumento cardinal en ella esgrimido fue que en el proceso no obraba el acto por medio del cual la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca fue designada como administradora del conjunto accionado antes de realizar la convocatoria para la pr\u00e1ctica de la asamblea general de 2018, es ostensible el error del ad quem, como quiera que, tal y como lo puso de presente el censor, con la demanda se aport\u00f3 copia el acta No. 21 del 30 de mayo de 2017. <\/p>\n
Ella recoge la reuni\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n del ente accionado verificada en esa fecha, la cual tuvo como objetivo entrevistar los candidatos al cargo de administrador del Conjunto Multifamiliar Supermanzana Dos de Ciudad Kennedy, y al final, da cuenta de que, \u201c[d]esp\u00faes de las entrevistas[,] se decidi\u00f3 contratar a la se\u00f1ora MARTA BUENO FONSECA para el cargo de administradora (\u2026), a partir del 1 de junio del a\u00f1o 2017 y por un per\u00edodo [de] prueba de CUATRO (4) MESES (\u2026)\u201d, acta que aparece suscrita por los consejeros Guillermo Bautista (presidente), Gustavo Ram\u00edrez (Vicepresidente), Diana Milena Fern\u00e1ndez (Secretaria), Ricardo Ram\u00edrez y Basilia Palacios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no hay duda de la preterici\u00f3n de ese documento por parte del sentenciador de segunda instancia, el cual, en principio, corresponde a la prueba que esa autoridad ech\u00f3 de menos y que lo condujo a colegir la falta de demostraci\u00f3n de la designaci\u00f3n de la se\u00f1ora Bueno Fonseca como administradora del Conjunto, antes de la convocatoria que ella hizo para la realizaci\u00f3n de la asamblea general el 18 de marzo de 2018. <\/p>\n
3. No obstante la efectiva militancia en el expediente del elemento de juicio antes relacionado, y por lo mismo, del error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal al no apreciarlo, establece la Corte la intrascendencia de tal descarr\u00edo, toda vez que, como acaba de registrarse, la se\u00f1alada acta da cuenta de la designaci\u00f3n de la se\u00f1ora Bueno Fonseca como administradora, pero s\u00f3lo por el per\u00edodo de cuatro meses, contado a partir del 1\u00ba de junio de 2017, esto es, hasta el 30 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, fecha muy anterior a la de la convocatoria a la asamblea (23 de febrero de 2018). <\/p>\n
Por consiguiente, as\u00ed se tuviera en cuenta ese elemento de convicci\u00f3n, de todas maneras, no podr\u00eda tenerse por comprobado que, para la \u00faltima de las fechas arriba mencionadas, la nombrada administradora fung\u00eda legalmente como tal y que, por lo mismo, la citaci\u00f3n que efectu\u00f3 para la reuni\u00f3n ordinaria de los propietarios del conjunto, fue v\u00e1lida. <\/p>\n
4. Ahora bien, en cuanto hace a los otros errores denunciados en el cargo, esto es, la indebida apreciaci\u00f3n de los hechos cuarto y quinto del escrito de subsanaci\u00f3n, de la solicitud elevada ante la alcald\u00eda local por la propia se\u00f1ora Bueno Fonseca para el reconocimiento de la representaci\u00f3n legal, de la sentencia de tutela identificada por el censor y del acta de asamblea de 2016, es notorio su fracaso debido a que ninguna de esas pruebas es id\u00f3nea para demostrar el referido nombramiento, y mucho menos, la representaci\u00f3n legal del conjunto por parte de la nombrada en el mes de febrero de 2018. <\/p>\n
Sobre el punto, debe ponerse de presente que a voces del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 675 de 2001, \u201c[l]a inscripci\u00f3n y posterior certificaci\u00f3n sobre la existencia y representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas a las que alude esta ley, corresponde al Alcalde Municipal o Distrital del lugar de ubicaci\u00f3n de edificio o conjunto, o a la persona o entidad en quien \u00e9ste delegue esta facultad\u201d (se subraya). <\/p>\n
Tambi\u00e9n que esa es una funci\u00f3n reglada, como quiera que \u201c[l]a inscripci\u00f3n se realizar\u00e1 mediante la presentaci\u00f3n ante el funcionario o entidad competente de la escritura registrada de constituci\u00f3n del r\u00e9gimen de propiedad horizontal y los documentos que acrediten los nombramientos y aceptaciones de quienes ejerzan la representaci\u00f3n legal y del revisor fiscal. Tambi\u00e9n ser\u00e1 objeto de inscripci\u00f3n la escritura de extinci\u00f3n de la propiedad horizontal, para efectos de certificar sobre el estado de liquidaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica\u201d (inciso 2\u00ba, ib.). <\/p>\n
Esas prescripciones normativas descartan que la manifestaci\u00f3n que los actores realizaron en los hechos cuarto y quinto del escrito de subsanaci\u00f3n, o la aceptaci\u00f3n por parte de los propietarios de las unidades privadas sobre el desempe\u00f1o como administradora de la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca, o la solicitud que \u00e9sta elev\u00f3 ante la alcald\u00eda local para que la reconocieran como tal, o el fallo de tutela comentado por el recurrente, o la copia del acta de asamblea de 2016, sirvan al prop\u00f3sito de acreditar que en la fecha de la convocatoria a la asamblea de 2018 (23 de febrero de 2018) la susodicha se\u00f1ora tuviese la condici\u00f3n anotada. <\/p>\n
5. Se suma a lo expuesto, la intrascendencia de todas las acusaciones en precedencia examinadas, en particular, de la que se hall\u00f3 pr\u00f3spera, toda vez que si la Sala optara por casar la sentencia del Tribunal, no tendr\u00eda c\u00f3mo revocar el fallo de primera instancia en el sustitutivo que le corresponder\u00eda proferir, por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
5.1. El a quo coligi\u00f3 que la tantas veces mencionada se\u00f1ora Bueno Fonseca no ostentaba la calidad de administradora para el momento en que efectu\u00f3 la convocatoria a la asamblea de 2018, en s\u00edntesis, porque la Alcald\u00eda Local de Ciudad Kennedy neg\u00f3 su reconocimiento como tal, habida cuenta que la documentaci\u00f3n que aport\u00f3 con ese fin no cumpl\u00eda los requisitos legales, debido a dos razones fundamentales: en primer lugar, el acta en que figuraba el nombramiento, carec\u00eda de firmas; y, en segundo t\u00e9rmino, no se acredit\u00f3 la elecci\u00f3n del Consejo de Administraci\u00f3n que realiz\u00f3 la designaci\u00f3n de aqu\u00e9lla en el mencionado cargo, puesto que, en relaci\u00f3n con la asamblea donde ello al parecer tuvo ocurrencia, no se demostr\u00f3 la realizaci\u00f3n de la convocatoria en legal forma, ni el control de asistencia para establecer que existi\u00f3 el qu\u00f3rum necesario. <\/p>\n
M\u00e1s adelante precis\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n de la alcald\u00eda, los interesados no propusieron los recursos y las acciones contencioso administrativas a que hab\u00eda lugar, de lo que se deriv\u00f3 la firmeza de la misma. <\/p>\n
Para arribar a esas inferencias tuvo en cuenta, de un lado, que la mencionada alcald\u00eda local certific\u00f3 que, con anterioridad a 2018, el \u00faltimo administrador registrado fue el se\u00f1or William Andr\u00e9s Ramos Garavito, quien se desempe\u00f1\u00f3 como tal hasta el 31 de mayo de 2017 y que, con posterioridad a esta fecha, no se efectu\u00f3 el registro de ninguna persona diferente en ese cargo; y de otro, en la sentencia de tutela que la se\u00f1ora Bueno Fonseca y el conjunto plantearon contra la negativa a reconocerla como representante legal, acci\u00f3n constitucional que fue denegada tanto en primera, como en segunda instancia. <\/p>\n
Con tal base, el juzgado del conocimiento infiri\u00f3 la ilegalidad de la convocatoria efectuada para la asamblea del a\u00f1o 2018, y como consecuencia de ello, declar\u00f3 la nulidad de todas las decisiones y nombramientos efectuados en ella. <\/p>\n
5.2. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la persona jur\u00eddica demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y en desarrollo del mismo expres\u00f3, como reparos concretos, los siguientes: <\/p>\n
5.2.1. No se tuvo en cuenta la sentencia de tutela dictada por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas, mediante la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional intentada por uno de los promotores de este asunto para cuestionar la legalidad de la convocatoria a la asamblea general de 2018, en el sentido de \u201cque el mismo demandante Alejandro Sabogal, como se lo mencion\u00f3 el juez de tutela, est\u00e1 reconociendo a la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno como ejecutora del presupuesto, es decir, como (\u2026) administradora, de acuerdo a las funciones que realizaba, por eso le llama la atenci\u00f3n este despacho en v\u00eda de tutela al se\u00f1or accionante Alejandro Sabogal, dici\u00e9ndole que \u00e9l omiti\u00f3 en el momento de la elecci\u00f3n y la dej\u00f3 ejercer durante seis meses, para que el d\u00eda que iba a realizar la asamblea s\u00ed objetara la misma\u201d. <\/p>\n
5.2.2. La falta de legitimaci\u00f3n activa del otro demandante, se\u00f1or Hernando Rojas Pinilla. <\/p>\n
5.3. Como correspond\u00eda, al momento de la sustentaci\u00f3n de la alzada ante el Tribunal, el apelante desarroll\u00f3 esas mismas dos tem\u00e1ticas, aunque con mayor amplitud. <\/p>\n
5.4. De suyo, entonces, como con absoluta nitidez se aprecia, los argumentos en que el a quo fund\u00f3 su conclusi\u00f3n de que la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca no ostentaba la condici\u00f3n de administradora y representante legal del Conjunto accionado para los inicios del a\u00f1o 2018, cuando realiz\u00f3 la convocatoria para la asamblea general que se inici\u00f3 el 18 de marzo de ese a\u00f1o, no fueron combatidos, de donde la Corte, se reitera, en el supuesto de casar la sentencia del Tribunal y actuar en sede de segunda instancia, no podr\u00eda infirmarlos. <\/p>\n
(\u2026) Otra modalidad de incongruencia corresponde al exceso en que incurre el funcionario judicial de segunda instancia al decidir el recurso de apelaci\u00f3n desbordando los temas objeto de la alzada. <\/p>\n
Ciertamente, se trata de la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appellatum, consagrado en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 328 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u2018la apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla\u2019. <\/p>\n
Entonces, las facultades del funcionario que conoce de la impugnaci\u00f3n interpuesta por un apelante \u00fanico est\u00e1n restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por \u00e9ste, lo cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia, en tanto al fallador de segunda instancia le est\u00e1 vedado manifestarse sobre asuntos no propuestos ante \u00e9l (SC 5473 del 16 de diciembre de 2021, Rad. n.\u00b0 2017-40845-01; se subraya). <\/p>\n
5.5. Desde otra perspectiva, se encuentra que los razonamientos del sentenciador de primer grado se ajustan al mandato del art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 675 de 2001, en tanto que este precepto, seg\u00fan ya se resalt\u00f3, asigna a las alcald\u00edas municipales o distritales, seg\u00fan fuere el caso, tanto \u201c[l]a inscripci\u00f3n\u201d como la \u201cposterior certificaci\u00f3n sobre la (\u2026) representaci\u00f3n legal de las personas jur\u00eddicas a las que alude esta ley\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si la alcald\u00eda local no acept\u00f3 la inscripci\u00f3n de la se\u00f1ora Marta Luc\u00eda Bueno Fonseca como representante legal del conjunto desde cuando el se\u00f1or Wilmar Andr\u00e9s Ramos Garavito ces\u00f3 en sus funciones como administrador (31 de mayo de 2017) y hasta el 1\u00ba de agosto de 2018, cuando s\u00ed fue aceptada como tal pero debido a un nombramiento posterior que se le hizo, esa sola circunstancia imped\u00eda, como con acierto lo estim\u00f3 el a quo, admitir que ella ten\u00eda la referida condici\u00f3n cuando realiz\u00f3 la convocatoria para la asamblea de 2018 (23 de febrero de ese a\u00f1o), inferencia de esa autoridad que, por lo tanto, corresponder\u00eda respaldarse. <\/p>\n
5.6. La cortedad de las razones aducidas en pro de la apelaci\u00f3n incoada contra la sentencia de primera instancia y la legalidad de los fundamentos de este pronunciamiento, dejan en evidencia la imposibilidad de reconocer prosperidad a dicho recurso, deriv\u00e1ndose de all\u00ed, como ya se anunci\u00f3, por una parte, que as\u00ed tendr\u00eda que resolverlo la Corte en sede de segunda instancia, y por otra, que como consecuencia de ello a ninguna parte conduce el cargo auscultado. <\/p>\n
6. Colof\u00f3n de todo lo expresado, es el naufragio del reproche examinado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 16 de junio de 2020 proferida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Replicada en tiempo la demanda tanto por el extremo opositor, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo. La Secretar\u00eda de la Sala practique la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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SC1169-2022 (2018-00287-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC1169-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-031-2018-00287-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62593","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62593","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62593"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62593\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62593"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62593"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62593"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}