SC1170-2022 (2013-00031-02)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1170-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2013-00031-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Procede la Corte a pronunciarse oficiosamente, en sede de casaci\u00f3n, respecto de la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2018 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil, en el proceso que FANNY CECILIA VEGA RUEDA, NELSON JOS\u00c9 SPELL GRACIA, DAVID CASTA\u00d1EDA RUIZ, LUZ MARINA G\u00d3MEZ DE MART\u00cdNEZ, CARLOS LEOBARDO SU\u00c1REZ MATEUS, MAR\u00cdA EVANGELINA GARC\u00cdA ROJAS, LUIS EDUARDO BUSTAMANTE MART\u00cdNEZ, LUIS IGNACIO CHARRY FIERRO, JORGE ARMANDO RAM\u00cdREZ RAMOS, GERM\u00c1N ROBELTO PINZ\u00d3N, CUSTODIA GARZ\u00d3N DE CALLEJAS, MIRTA SOF\u00cdA CALLEJAS GARZ\u00d3N, JORGE ENRIQUE PERALTA, JOS\u00c9 ORLANDO RODR\u00cdGUEZ GUZM\u00c1N, ANA EMPERATRIZ G\u00d3MEZ SILVA, HILDA ROSA PI\u00d1EROS ARIAS, SINTRAOTIS y VIVIANA VANESSA MORENO PARRA, JUAN SEBAST\u00cdAN MORENO PARRA y CARMEN CECILIA PARRA, como sucesores procesales de Alfonso Moreno Mora (q.e.p.d.), adelantaron en contra de la FEDERACI\u00d3N DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS METAL\u00daRGICAS EL\u00c9CTRICAS MEC\u00c1NICAS DE COLOMBIA -FETRAMECOL-, DISYCONS LTDA. y CONSTRUCTORA EL BAMB\u00da LTDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En demanda con la que se dio inicio al proceso se solicit\u00f3, en s\u00edntesis: <\/p>\n
1.1. Declarar que la Federaci\u00f3n de Trabajadores de las Industrias Metal\u00fargicas El\u00e9ctricas Mec\u00e1nicas de Colombia -Fetramecol- incumpli\u00f3 las promesas y los contratos de compraventa que celebr\u00f3 con todos y cada uno de los actores, como quiera que no les entreg\u00f3 las obras a que se oblig\u00f3, \u201creferente[s] a [c]alles pavimentadas, sardineles, redes de aguas potable, negras y lluvia[s], red el\u00e9ctrica, piscina, canchas deportivas m\u00faltiples, [p]arqueaderos para visitantes, encerramientos exteriores, planta de tratamiento de aguas servidas (negras), caseta de porter\u00eda, ciclo v\u00edas, sede social remodelada y muro de contenci\u00f3n sobre la quebrada la \u2018GUADUALA\u2019\u201d. <\/p>\n
1.2. Declarar que las sociedades Disycons Ltda. y Constructora El Bamb\u00fa Ltda., \u201cson [s]olidariamente responsables por el incumplimiento en la entrega de las obras civiles\u201d mencionadas. <\/p>\n
1.3. Ordenar a las accionadas que ejecuten \u201cla obra debida enunciada en la cl\u00e1usula primera[,] [p]ar\u00e1gafo 2\u00ba\u201d, de las promesas de compraventa y en la \u201ccl\u00e1usula [p]rimera, par\u00e1grafos 1 y 2[,] de las escrituras de compraventa\u201d, en el plazo que prudencialmente se determine con tal fin. <\/p>\n
1.4. Se condene en costas a las convocadas. <\/p>\n
2. Como fundamento de esos pedimentos, se adujo: <\/p>\n
2.1.1. La Federaci\u00f3n de Trabajadores de las Industrias Metal\u00fargicas El\u00e9ctricas Mec\u00e1nicas de Colombia -Fetramecol- mediante escritura p\u00fablica, cuyo n\u00famero, fecha y notar\u00eda se indic\u00f3 en cada caso, vendi\u00f3 al respectivo demandante, uno de los lotes, identificado por su n\u00famero y linderos especiales, que forma parte de la \u201cURBANIZACI\u00d3N EL BAMB\u00da\u201d, ubicada en el municipio de Melgar, departamento del Tolima. <\/p>\n
2.1.2. En \u201cla cl\u00e1usula primera, par\u00e1grafo[s] 1 y 2[,] del documento de compraventa LA FEDERACI\u00d3N DE TRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS METAL\u00daRGICAS EL\u00c9CTRICAS MEC\u00c1NICAS DE COLOMBIA -FETRAMECOL- se comprometi\u00f3 a elaborar las obras de [c]alles pavimentadas, sardineles, redes de aguas potable, negras y lluvia[s], red el\u00e9ctrica, piscina, canchas deportivas m\u00faltiples, parqueaderos para visitantes, encerramientos exteriores, planta de tratamiento de aguas servidas (negras), caseta de porter\u00eda, ciclo v\u00edas, sede social remodelada y muro de contenci\u00f3n sobre la quebrada la \u2018GUADUALA\u2019\u201d. <\/p>\n
2.1.3. La precitada persona jur\u00eddica celebr\u00f3 con los promotores de la controversia promesa de compraventa y \u201cdentro de la CL\u00c1USULA CUARTA\u201d se comprometi\u00f3 a entregar, \u201cA LA FIRMA DE LA ESCRITURA\u201d, las obras civiles atr\u00e1s relacionadas. <\/p>\n
2.2. Las accionadas, \u201chasta la fecha de radicaci\u00f3n de esta demanda[,] no han dado cumplimiento a la elaboraci\u00f3n de las obras civiles\u201d. <\/p>\n
2.3. Adicionalmente, \u201cencerraron el predio de mayor extensi\u00f3n donde est\u00e1n ubicados los lotes de mis poderdantes, (\u2026) le han colocado celador y no les permiten la entrada\u201d. <\/p>\n
2.4. Los actores se han visto perjudicados, pues compraron los lotes con el prop\u00f3sito de construir sus casas y no han podido hacerlo. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de esta capital, al que le correspondi\u00f3 por reparto el conocimiento del asunto, admiti\u00f3 el libelo introductorio con auto del 5 de febrero de 2013, que notific\u00f3 personalmente a la Federaci\u00f3n de Trabajadores de las Industrias Metal\u00fargicas El\u00e9ctricas Mec\u00e1nicas de Colombia -Fetramecol-, por intermedio del apoderado judicial que design\u00f3 para que la representara, en diligencia cumplida el 8 de julio de 2013. <\/p>\n
No habiendo sido posible la vinculaci\u00f3n de las otras demandadas, se decret\u00f3 su emplazamiento de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, mediante auto del 16 de diciembre de a\u00f1o en cita. Surtido el mismo, se les design\u00f3 curador ad litem, con quien se verific\u00f3 el enteramiento del prove\u00eddo admisorio en diligencia del 2 de abril de 2014. <\/p>\n
4. La Federaci\u00f3n de Trabajadores de las Industrias Metal\u00fargicas El\u00e9ctricas Mec\u00e1nicas de Colombia -Fetramecol- replic\u00f3 en tiempo el escrito generatriz de la controversia, memorial en el que se opuso a sus pretensiones; respecto de los hechos alegados, reclam\u00f3 su comprobaci\u00f3n; y propuso las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u201cFALTA DE INTER\u00c9S SERIO Y ACTUAL\u201d, sustentado en que no se fij\u00f3 \u201cun plazo ni una condici\u00f3n para la ejecuci\u00f3n de la obra a la cual se refiere la demanda\u201d, e \u201cINDETERMINACI\u00d3N DE LA OBLIGACI\u00d3N RECLAMADA\u201d, toda vez que \u201c[e]xiste imprecisi\u00f3n en cuanto a la identificaci\u00f3n, cuantificaci\u00f3n, calidad, plazos y dem\u00e1s caracter\u00edsticas de las obras cuya ejecuci\u00f3n es base de la resoluci\u00f3n o ejecuci\u00f3n demandada\u201d. <\/p>\n
En memorial separado, plante\u00f3 las excepciones previas de \u201cINEPTA DEMANDA\u201d y \u201cFALTA DE LEGITIMACI\u00d3N EN CAUSA PASIVA EN RELACI\u00d3N CON LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, Y EN SUBSIDIO, DE LA TERCERA ACUMULADA\u201d, que fueron denegadas mediante providencia del 26 de febrero de 2015, que se mantuvo pese a los recursos que se interpusieron en su contra. <\/p>\n
Por su parte, el curador ad litem que represent\u00f3 a las otras convocadas, en la contestaci\u00f3n de la demanda que present\u00f3, manifest\u00f3, sobre las pretensiones, atenerse a lo que resulte probado, y en relaci\u00f3n con los hechos, que parecen ciertos, de acuerdo con los documentos allegados. <\/p>\n
5. Agotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento, en audiencia celebrada el 20 de noviembre de 2017, dict\u00f3 sentencia, en la que declar\u00f3 el incumplimiento por parte de la Federaci\u00f3n de Trabajadores de las Industrias Metal\u00fargicas El\u00e9ctricas Mec\u00e1nicas de Colombia -Fetramecol- respecto a los contratos de compraventa que celebr\u00f3 con los actores; le orden\u00f3 cumplir la obligaci\u00f3n de realizar y entregar las obras reclamadas y con ese fin le concedi\u00f3 \u201cun t\u00e9rmino no superior a 6 meses a partir de la ejecutoria del presente prove\u00eddo\u201d; excluy\u00f3 del proceso a Disycons Ltda. y Constructora El Bamb\u00fa Ltda.; y conden\u00f3 a la demanda inicialmente mencionada, al pago de las costas. <\/p>\n
6. En virtud de la apelaci\u00f3n que contra dicho fallo propuso Fetramecol, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, mediante providencia del 20 de noviembre de 2018, lo revoc\u00f3, y en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones del libelo introductorio, levant\u00f3 las medidas cautelares practicadas y conden\u00f3 en perjuicios y costas a los promotores del litigio, de conformidad con las previsiones de los numerales 5\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General de Proceso, en concordancia con el canon 365 de la misma obra. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de reconocer la satisfacci\u00f3n de los presupuestos procesales, descartar deficiencias en lo actuado, no advertir ning\u00fan impedimento, avizorar la salvaguarda de las garant\u00edas fundamentales de las partes y observar que solamente una de ellas apel\u00f3, raz\u00f3n por la cual la decisi\u00f3n debe sujetarse a los reclamos del impugnante, salvo los pronunciamientos oficiosos que deban hacerse, el ad quem, para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, esgrimi\u00f3 los argumentos que enseguida se compendian: <\/p>\n
2. Tras recordar lo pedido en la demanda y advertir que el cumplimiento perseguido vers\u00f3 sobre una obligaci\u00f3n accidental de los contratos de compraventa celebrados por las partes, pas\u00f3 a \u201crevisar si se cuenta con la condici\u00f3n de exigibilidad\u201d de la misma o \u201csi contrario a ello, se adelantaron las tareas legales en aras de reconvenir en mora al obligado, para que conforme a este asunto se le irrogara la carga de efectuar la[s] obras de infraestructura que por esta v\u00eda se demandan\u201d. <\/p>\n
3. Sin m\u00e1s, el Tribunal estim\u00f3 que el \u201cprimer aspecto[,] esto es, la exigibilidad\u201d, no estaba cumplido, puesto que la obligaci\u00f3n objeto de reclamaci\u00f3n \u201ces pura y simple\u201d, en la medida que \u201cno se encuentra sometida a plazo, condici\u00f3n o modo\u201d y que, por lo mismo, \u201clos actores ten\u00edan la carga de reconvenir previamente a la obligada para dar paso a tal exigencia contractual\u201d y de acreditar la satisfacci\u00f3n de este requisito, seg\u00fan las premisas del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, mandato que antes contemplaba el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, planteamiento en pro del cual reprodujo parte de un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Previa reproducci\u00f3n del contenido del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, a\u00f1adi\u00f3 que \u201cnos encontramos ante el tercer evento, puesto que no se estipul\u00f3 plazo alguno y la [l]ey tampoco lo prev\u00e9\u201d, tesis que sustent\u00f3 con otros fallos de la Sala, que reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
4. En tal orden de ideas, concluy\u00f3: <\/p>\n
De lo discurrido, encuentra la Sala que no se cumple con uno de los requisitos esenciales que permitan arribar a la conclusi\u00f3n que Fetramecol es contratante incumplido, pues aun cuando es cierto que se comprometi\u00f3 a efectuar unas obras de infraestructura en el predio denominado Urbanizaci\u00f3n El Bamb\u00fa en Melgar[,] Tolima, tambi\u00e9n lo es que aqu\u00e9lla situaci\u00f3n es insuficiente para acudir a la v\u00eda deprecada, en tanto, como qued\u00f3 revelado[,] no se pact\u00f3 plazo o condici\u00f3n para la realizaci\u00f3n de aqu\u00e9llas labores y tampoco se acat\u00f3 la carga que impone la [l]ey de constituir en mora al deudor a prop\u00f3sito de este convenio, sin que pueda suplirse con la presentaci\u00f3n de la demanda, en tanto el art\u00edculo 90 del C. de P.C., vigente para cuando se introdujo este expediente, establec\u00eda que la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la [l]ey lo exig\u00eda para tal fin, si no se hubiere efectuado antes, verbi gratia, para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, por expreso mandato del art\u00edculo 2007 del C.C., \u2018\u2026ser\u00e1 necesario requerimiento del arrendador\u2019 y a falta de \u00e9ste la notificaci\u00f3n mencionada produce ese efecto. <\/p>\n
5. Luego de anunciar la revocatoria de la sentencia de primera instancia para, en su lugar, \u201cdeclarar probada la excepci\u00f3n denominada \u2018falta de inter\u00e9s serio y actual\u2019\u201d, toda vez que fue soportada en la inexistencia de un plazo para la realizaci\u00f3n de las obras convenidas, agreg\u00f3: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estima la Sala que el a quo soslay\u00f3 la ausencia de un postulado principal para este tipo de expediente, sin que pueda se\u00f1alarse que esta colegiatura est\u00e9 excedi\u00e9ndose en sus funciones, como quiera que la decisi\u00f3n de todo litigio debe \u2018\u2026empezar por el estudio del derecho pretendido y por indagar si al demandante le asiste. Cuando esta sugesti\u00f3n inicial es respondida negativamente, la absoluci\u00f3n del demandado se impone; pero cuando se halle que la acci\u00f3n existe y que le asiste al actor, entonces s\u00ed es procedente estudiar si hay excepciones que la emboten, enerven o infirmen\u2019 (G. J. XLVI, 623; XCI, p\u00e1g. 830)\u2019, precedente que adem\u00e1s se acompasa con los art\u00edculos 281 y 282 [d]el CGP., seg\u00fan lo se\u00f1ala el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 282 ib\u00eddem. <\/p>\n
6. Para terminar, consider\u00f3 necesario proveer sobre el levantamiento de las cautelas practicadas y, como consecuencia de ello, condenar en perjuicios a los actores. Adicionalmente, imponerles a \u00e9stos las costas, en ambas instancias. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N, SU INADMISI\u00d3N Y LA SELECCI\u00d3N POSITIVA <\/p>\n
Inconformes con la decisi\u00f3n del Tribunal, los actores recurrieron en casaci\u00f3n su fallo y en la demanda que presentaron para sustentar tal impugnaci\u00f3n extraordinaria, formularon cuatro cargos, el inicial, soportado en la causa tercera de casaci\u00f3n (incongruencia), los dos siguientes en la segunda (violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial) y el \u00faltimo, en la primera (violaci\u00f3n directa). <\/p>\n
En este caso, con abstracci\u00f3n de las deficiencias formales advertidas, se hace necesario, en aplicaci\u00f3n de los mandatos del inciso final del art\u00edculo 336 ib\u00eddem, estudiar de fondo esa demanda para determinar si la sentencia dictada en segunda instancia por el Tribunal en este proceso, eventualmente resulta ser vulneradora de los derechos fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
Colof\u00f3n de todo lo que antecede, se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada por no cumplir los requisitos formales, pero se proceder\u00e1 a escogerla en uso de la selecci\u00f3n positiva con fundamento en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996, reformada por la ley 1285 de 2009, en concordancia con el inciso final del 336 del C\u00f3digo General del Proceso, para el estudio y decisi\u00f3n de los temas mencionados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en definitiva, se inadmiti\u00f3 el referido libelo y se \u201cselecci\u00f3n[\u00f3] positivamente el proceso para emitir pronunciamiento de fondo, de acuerdo con los motivos explicitados en la parte considerativa de esta providencia\u201d. <\/p>\n
En firme esa decisi\u00f3n, por auto proferido por el despacho del Magistrado Ponente que data del 23 de junio de 2021, con el prop\u00f3sito de \u201cgarantizar en debida forma el derecho de contradicci\u00f3n\u201d, se orden\u00f3 \u201ccorrer traslado de dicha demanda y del auto que contiene los motivos que llevaron a seleccionar positivamente el asunto, en el t\u00e9rmino y por la forma establecida en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d, adopt\u00e1ndose las medidas necesarias para la efectiva concreci\u00f3n de ese mandato. <\/p>\n
En acatamiento de las decisiones adoptadas en las providencias relacionadas en precedencia, se reproducir\u00e1 a continuaci\u00f3n el compendi\u00f3 que en la primera de ellas se hizo de los cargos esgrimidos en la demanda de casaci\u00f3n presentada en este asunto. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se invoca la causal tercera del art\u00edculo 336 ib\u00eddem, por no estar lo resuelto en la providencia refutada en consonancia con lo planteado por la parte demandada en el escrito de apelaci\u00f3n y en su sustentaci\u00f3n en audiencia, ya que en los dos \u00faltimos, el extremo impugnante \u2018se limit\u00f3 a citar falta de legitimaci\u00f3n por pasiva y falta de inter\u00e9s serio y actual, pero en ning\u00fan momento menciona la falta de requerimiento de (los demandantes) para exigir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n de ejecutar las obras civiles por parte de Fetramecol\u2019. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Sobre la base de la casual segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes aducen la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de hecho manifiesto y trascendente, consistente en la falta de apreciaci\u00f3n de la solicitud de conciliaci\u00f3n elevada ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, en la que los aqu\u00ed demandantes citaron a conciliar a Fetramecol, Disycons y Constructora el Bamb\u00fa Ltda., con el objeto de llegar a un acuerdo extraprocesal relacionado con el incumplimiento de las obras. <\/p>\n
Al explicar el embate, los impugnantes aducen que con dicho documento qued\u00f3 demostrado que a las demandadas s\u00ed se les requiri\u00f3 para cumplir con las obras civiles a trav\u00e9s de la citaci\u00f3n a la audiencia, de modo que con dos a\u00f1os de anticipaci\u00f3n se les intim\u00f3 para que honraran su compromiso contractual. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con sustento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil, se denuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de no aplicarse en el fallo impugnado lo previsto en los art\u00edculos 90 del C. de P.C. y 94 de la actual normatividad adjetiva, \u00faltimo donde se previene que \u2018La notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al demandado, cuando la ley lo exige para tal fin\u2019. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
En el \u00e1mbito de la causal primera, se acusa la sentencia del Tribunal por violar directamente la norma sustantiva, al estimarse que: <\/p>\n
1. Al asumirse en la providencia censurada que en los contratos de compraventa no se fij\u00f3 un plazo para la ejecuci\u00f3n de las obras civiles, y que por ende exist\u00eda indeterminaci\u00f3n en cuanto al objeto del supuesto incumplimiento; se ignor\u00f3 que la obligaci\u00f3n pactada es pura y simple, \u2018y como tal, su cumplimiento es de forma inmediata y su exigibilidad nace del mismo contrato\u2019. <\/p>\n
2. Adem\u00e1s, con el razonamiento del ad-quem se termin\u00f3 desconociendo la voluntad de las partes, toda vez que si ellas no plasmaron un plazo en las escrituras de compraventa fue porque as\u00ed lo quisieron. <\/p>\n
4. En un fallo \u2018con justicia y equidad\u2019 es necesario auscultar si el vendedor y el comprador cumplieron con todas las obligaciones del contrato, siendo necesario para ese efecto aplicar lo previsto en los art\u00edculos 1602 y 1603 del C\u00f3digo Civil. Consecuentemente con esos preceptos, \u2018no es de recibo que se diga que no hay un plazo, cuando as\u00ed lo acordaron las partes, toda vez que \u2018hay que considerar que las promesas de compraventa se firmaron en el a\u00f1o 2001 y solo hasta el 26 de diciembre (sic) se firmaron las escrituras, por lo tanto la aqu\u00ed demandada Fetramecol tuvo 34 meses para ejecutar las obras\u2019. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero analizar los alcances de la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primera instancia: <\/p>\n
1.1. Como ya se registr\u00f3, dicho fallo fue estimatorio de las pretensiones en cuanto hace a la demandada Federaci\u00f3n de Trabajadores de las Industrias Metal\u00fargicas El\u00e9ctricas Mec\u00e1nicas de Colombia -Fetramecol-, raz\u00f3n por la cual \u00e9sta lo apel\u00f3 en la audiencia en la cual fue proferido, que data del 20 de noviembre de 2017. <\/p>\n
Al momento de la interposici\u00f3n del recurso, el apoderado de la precitada accionada formul\u00f3 dos reparos concretos: <\/p>\n
1.1.1. De un lado, que la condena impuesta era \u201cet\u00e9rea\u201d, puesto que no indic\u00f3 el \u201ctipo de obras\u201d ordenadas, ni sus \u201cespecificaciones tecnol\u00f3gicas, en cantidad, calidad y dimensiones\u201d, lo que la hac\u00eda \u201cimposible de cumplir\u201d. <\/p>\n
1.1.2. Y, de otro, que como Fetramecol no era la propietaria del predio donde deb\u00edan realizarse los trabajos, toda vez que el dominio del mismo estaba radicado en cabeza de las otras convocadas, a las cuales el juzgado del conocimiento absolvi\u00f3 por falta de legitimaci\u00f3n, no ten\u00eda acceso a esos terrenos, y por ende, estaba imposibilitada para dar cumplimiento a la sentencia, al punto que, de hacerlo, estar\u00eda expuesta a las consecuencia legales adversas que, de una conducta como esa, pudieran derivarse para ella. <\/p>\n
1.2. En la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, realizada en segunda instancia el 3 de mayo de 2019, el apoderado de la citada accionada sustent\u00f3 la alzada, lo que hizo de conformidad con los reparos concretos atr\u00e1s relacionados, raz\u00f3n por la cual insisti\u00f3 en la indeterminaci\u00f3n de las obras ordenadas por el a quo; y en la imposibilidad que representaba para su cliente, la circunstancia de no ser la titular del derecho de dominio del predio donde deb\u00edan ejecutarse las mismas, pues las propietarias eran las demandadas que el juzgado del conocimiento desvincul\u00f3 del proceso sin reproche alguno por parte de los accionantes. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, siendo ello as\u00ed, esto es, ante la imposibilidad en que se encuentra Fetramecol de realizar las labores de infraestructura a que se oblig\u00f3, los actores se equivocaron al plantear la acci\u00f3n en la forma como lo hicieron, pues lo pertinente era que hubiesen demandado la resoluci\u00f3n del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
1.3. El Tribunal, como igualmente ya se consign\u00f3, opt\u00f3 por revocar la sentencia del a quo, y en su lugar declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cfalta de inter\u00e9s serio y actual\u201d alegada por Fetramecol, habida cuenta que estim\u00f3, en esencia, que la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento deprecaron los actores era inexigible, sin que ellos previamente hubiesen constituido en mora a aqu\u00e9lla y sin que la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda produjere tal efecto. <\/p>\n
1.4. Es ostensible, entonces, que dicha Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 por fuera de los l\u00edmites que el apelante fij\u00f3 al cuestionamiento que propuso frente al fallo impugnado, toda vez que, pese a que dicha autoridad no se pronunci\u00f3 sobre las excepciones por \u00e9l planteadas al contestar la demanda, nada dijo sobre tal omisi\u00f3n y porque no recab\u00f3 en la presunta inexigibilidad de la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento se solicit\u00f3, tem\u00e1tica sobre la que guard\u00f3 absoluto silencio. <\/p>\n
1.5. De forma reciente, la Sala dej\u00f3 muy en claro que la desatenci\u00f3n por parte de los sentenciadores de segunda instancia de las razones en las que el apelante de una sentencia haya soportado su inconformidad, es constitutiva del vicio formal de inconsonancia, criterio que ahora se ratifica, raz\u00f3n por la que es del caso traer a colaci\u00f3n, en extenso, dicho pronunciamiento: <\/p>\n
(\u2026) Otra modalidad de incongruencia corresponde al exceso en que incurre el funcionario judicial de segunda instancia al decidir el recurso de apelaci\u00f3n desbordando los temas objeto de la alzada. <\/p>\n
Ciertamente, se trata de la aplicaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appellatum, consagrado en el art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 328 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u2018la apelaci\u00f3n se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podr\u00e1 enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en raz\u00f3n de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos \u00edntimamente relacionados con aqu\u00e9lla\u2019. <\/p>\n
Entonces, las facultades del funcionario que conoce de la impugnaci\u00f3n interpuesta por un apelante \u00fanico est\u00e1n restringidas a las recriminaciones exteriorizadas por \u00e9ste, lo cual corresponde al desarrollo del principio de congruencia, en tanto al fallador de segunda instancia le est\u00e1 vedado manifestarse sobre asuntos no propuestos ante \u00e9l. <\/p>\n
Sobre esto la Sala razon\u00f3 que: <\/p>\n
Esta limitaci\u00f3n es la expresi\u00f3n de un principio general del derecho procesal, seg\u00fan el cual el juez que conoce de un recurso est\u00e1 circunscrito a lo que es materia de agravios, dado que no est\u00e1 facultado para despojar al apelante \u00fanico del derecho material que le fue reconocido en la providencia recurrida, y que fue aceptado por la contraparte que no impugn\u00f3 un extremo del litigio que le desfavoreci\u00f3. De este modo, lo que no es materia de impugnaci\u00f3n se tiene como consentido, sea beneficioso o perjudicial, por lo que la alzada (y de hecho, cualquier recurso) se resuelve en la medida de los agravios expresados. (CSJ SC4415 de 2016, rad. 2012-02126). <\/p>\n
En la misma providencia esta Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 \u2018[l]uego, la incongruencia no se presenta solo cuando existe una disonancia entre lo invocado en las pretensiones de la demanda y lo fallado, sino que tambi\u00e9n se patentiza cuando la sentencia no armoniza con lo pedido en la sustentaci\u00f3n del recurso (pretensi\u00f3n impugnaticia), que indudablemente corresponde a una invocaci\u00f3n del derecho sustancial controvertido\u2019. <\/p>\n
(\u2026) No obstante lo anterior, la Corte colige impr\u00f3spero el cargo bajo estudio, en tanto no es absoluta la restricci\u00f3n dirigida al juzgador de segundo grado tendiente a evitar que se pronuncie sobre materias no expuestas en la impugnaci\u00f3n sometida a su conocimiento, porque un veredicto en tal sentido denota el cumplimiento de su deber de promulgar el derecho debatido, lo que, por contera, evidencia que se trata de una potestad intr\u00ednseca al recurso ordinario de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el funcionario ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u2018[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u2019. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u2018[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u2018excepci\u00f3n\u2019 que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026\u2019 (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Es decir, la resoluci\u00f3n del derecho reclamado por el solicitante, accediendo o negando, previamente al estudio de los mecanismos de defensa propuestos o a los reparos se\u00f1alados por el recurrente por v\u00eda de apelaci\u00f3n, no comporta la conculcaci\u00f3n del principio de congruencia, por tratarse del cumplimiento del deber de administrar justicia de que est\u00e1 investido todo funcionario judicial, ya de primera instancia ora de segundo grado, en desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva. <\/p>\n
La Corte sobre el punto decant\u00f3, en pronunciamiento que refer\u00eda a la legitimaci\u00f3n de las partes pero que guarda simetr\u00eda con el presente, que \u2018cuando los sentenciadores de instancia asumen el estudio de la legitimaci\u00f3n y determinan su ausencia en relaci\u00f3n con alguna de las partes, lo que los lleva a negar la pretensi\u00f3n, est\u00e1n, en estricto sentido, resolviendo oficiosamente sobre los presupuestos indispensables para desatar de m\u00e9rito la cuesti\u00f3n litigada\u2019 (CSJ SC2642 de 2015, rad. 1993-05281). <\/p>\n
(\u2026) En suma, no se configura el vicio de incongruencia cuando el juzgador de segundo grado analiza la satisfacci\u00f3n de los presupuestos de la pretensi\u00f3n radicada por el demandante, aun cuando estos no sean objeto de reparo en la apelaci\u00f3n (SC3918 de 2021, rad. 2008-00106) (SC 5473 del 16 de diciembre de 2021, Rad. n.\u00b0 2017-40845-01; se subraya). <\/p>\n
1.6. Si bien es verdad, el Tribunal estim\u00f3 que con la revisi\u00f3n que hizo de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n reclamada, no estaba desbordando sus facultades, por ser ese un elemento del derecho reclamado y por actuar en desarrollo de las previsiones de los art\u00edculos 281 y 282 del C\u00f3digo General del Proceso, es del caso puntualizar que ello, en el caso sub lite, no es as\u00ed. <\/p>\n
Es que, como se ver\u00e1 enseguida, la inexigibilidad advertida por el ad quem no es jur\u00eddicamente atendible; y lo segundo, porque acusa notoria inexactitud, toda vez que no se trat\u00f3 del reconocimiento oficioso de una excepci\u00f3n, sino de una alegada por la propia Fetramecol que, como ya se dijo, el a quo no estudi\u00f3 y respecto de la cual, pese a esa abstenci\u00f3n del sentenciador de primera instancia, la precitada demandada, al apelar, nada dijo, actitud silente que signific\u00f3 el abandono de la excepci\u00f3n, y por ende, la impertinencia de su reconocimiento en segunda instancia. <\/p>\n
1.7. Sin dejar de lado que est\u00e1 pendiente el an\u00e1lisis jur\u00eddico de la presunta inexigibilidad de la obligaci\u00f3n reclamada, a lo que se sigue, se impone colegir, de lo hasta aqu\u00ed expuesto, que el Tribunal actu\u00f3 por fuera de los linderos de la apelaci\u00f3n que la tantas veces nombrada demandada propuso contra el fallo del a quo y que, fruto de ello, con argumentos propios, en definitiva, neg\u00f3 la acci\u00f3n. <\/p>\n
2. S\u00edguese a ver si, ciertamente, como lo coligi\u00f3 el ad quem, la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento deprecaron los accionantes de este asunto, era o no exigible. <\/p>\n
2.1. Las obligaciones puras y simples son aquellas que no est\u00e1n sometidas a plazo o condici\u00f3n, en contraposici\u00f3n de las que s\u00ed lo est\u00e1n, cuya exigibilidad sobreviene en un momento posterior al de su surgimiento, es decir, cuando se cumpla el plazo, esto es, cuando llega \u201cla \u00e9poca que se fija para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u201d (art. 1550, C.C.), o la condici\u00f3n, es decir, acontezca el hecho \u201cfuturo, que puede suceder o no\u201d (art. 1530, ib.). <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, las obligaciones puras y simples nacen exigibles, en tanto que por voluntad de las partes no se difiri\u00f3 su cumplimiento a un momento posterior, mediante la fijaci\u00f3n de un plazo o condici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte tiene dicho: <\/p>\n
En las obligaciones puras y simples, el momento en que la obligaci\u00f3n nace y aqu\u00e9l en que debe ser cumplida, es decir, el instante del nacimiento y el de su exigibilidad, se confunde. Esos dos momentos son uno mismo en el tiempo. No acaece lo propio en las obligaciones a plazo, en que, a pesar de existir ya la obligaci\u00f3n, su cumplimiento, en principio, s\u00f3lo puede demandarse despu\u00e9s de que llega el tiempo prefijado para el pago (art\u00edculo 1553 del C\u00f3digo Civil); la ley ha definido el plazo como la \u00e9poca que se determina para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n (art. 1551 ib\u00eddem). En esta \u00faltima especie de obligaciones, pues, no puede exigirse su pago antes de expirar el concedido, exceptu\u00e1ndose los casos excepcionales del art\u00edculo 1533 citado, desde luego que contemplan claras situaciones en que las posibilidades de cumplimiento por parte del deudor se ven menguadas palmariamente. <\/p>\n
De manera semejante, en las obligaciones condicionales, como lo declara el art\u00edculo 1542 de la misma obra, no puede exigirse su cumplimiento sino verificada la condici\u00f3n totalmente. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Advi\u00e9rtese, pues que en las obligaciones puras y simple, es uno mismo el tiempo en que se forma el manantial de donde proceden, uno mismo aquel en que la obligaci\u00f3n nace y uno mismo el de su exigibilidad; (\u2026) (CSJ, SC del 8 de agosto de 1974, G.J., t. CXLVIII, p\u00e1gs. 192 a 198; se subraya). <\/p>\n
2.3. En los contratos de compraventa base de la acci\u00f3n se previ\u00f3, en el par\u00e1grafo 1\u00ba de su cl\u00e1usula inicial, que: <\/p>\n
Los lotes se entregan en las condiciones en que se encuentran en la actualidad; las obras de infraestructura, consideradas en la licencia de urbanismo N\u00b0 003, del quince (15) de enero del a\u00f1o 2003, otorgada por la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Melgar Tolima, que contempla, lo referente a calles pavimentadas, sardineles, redes de aguas potables, negras y lluvias, red el\u00e9ctrica, piscina, cancha deportiva m\u00faltiple, parqueaderos para visitantes, encerramientos exteriores, planta de tratamiento de aguas servidas (negras), caseta de porter\u00eda, ciclo v\u00edas, sede social remodelada y muro de contenci\u00f3n sobre la quebrada \u2018La Guaduala\u2019, ser\u00e1n realizadas por la vendedora FEDERACI\u00d3N DE TTRABAJADORES DE LAS INDUSTRIAS METAL\u00daRGICAS EL\u00c9CTRICAS Y MEC\u00c1NICAS DE COLOMBIA \u2018FETRAMECOL\u2019. <\/p>\n
2.4. Es claro, entonces, que se trat\u00f3 de una obligaci\u00f3n pura y siempre, en tanto que no se estableci\u00f3 plazo o condici\u00f3n que determinara un momento posterior en que deb\u00eda atenderse, y que, por consiguiente, su cumplimiento sobrevino desde el preciso momento del nacimiento de la misma, esto es, desde la celebraci\u00f3n de los contratos que la contienen, lo que tuvo ocurrencia en diferentes fechas de los a\u00f1os 2003 y 2004. <\/p>\n
2.5. La condici\u00f3n de ser pura y simple la obligaci\u00f3n materia de la acci\u00f3n, no significaba, como con total desacierto lo entendi\u00f3 el Tribunal, que se trataba de una obligaci\u00f3n inexigible, sino que, por el contrario, esa misma caracter\u00edstica, pon\u00eda de manifiesto que correspond\u00eda a una que, como se dijo, naci\u00f3 exigible. <\/p>\n
2.6. Siendo ello as\u00ed, debe reiterarse, entonces, que el primero de los argumentos esgrimidos por el ad quem para considerar que su actuaci\u00f3n en segunda instancia no desbordaba la \u00f3rbita de sus facultades, carece de raz\u00f3n, pues como acaba de verse era claro que la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento pretendieron los actores, al ser pura y simple, condici\u00f3n expresamente aceptada por esa Corporaci\u00f3n, evidenciaba ser exigible, y que por lo mismo, no hab\u00eda lugar al examen que sobre este aspecto realiz\u00f3, so pretexto de definir el derecho invocado por los demandantes. <\/p>\n
3. No obstante que queda definido que la obligaci\u00f3n cuyo cumplimiento persiguieron los demandantes, era y es exigible, resulta necesario explorar la pertinencia de la constituci\u00f3n en mora exigida por el ad quem. <\/p>\n
3.1. Mientras que el incumplimiento deriva de la sola insatisfacci\u00f3n del pago en el tiempo debido, la mora exige adicionalmente la concurrencia de otro elemento como es la culpabilidad del deudor, que a t\u00e9rminos del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil se presupone en dos supuestos: cuando la obligaci\u00f3n no se ha cumplido \u201cdentro del t\u00e9rmino estipulado\u201d (numeral 1\u00ba); y cuando \u201cla cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla\u201d (numeral 2\u00ba). Ello es l\u00f3gico, de conformidad con \u201cel principio dies interpellat pro homine, o sea que se presume que tal deudor ha sido prevenido desde el momento de la celebraci\u00f3n del contrato, que si no satisface el compromiso dentro de plazo estipulado se hace responsable de los respectivos perjuicios\u201d (CSJ, SC del 24 de septiembre de 1982). En los dem\u00e1s casos, es necesario que el deudor haya \u201csido reconvenido judicialmente por el acreedor\u201d (numeral 3\u00ba) <\/p>\n
As\u00ed, unos son los efectos jur\u00eddicos del incumplimiento y otros los de la mora. Acaecido lo primero, surge la posibilidad de exigirse la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n pactada. En cambio, de la mora aflora el deber de resarcir perjuicios por el incumplimiento. Por consiguiente, si el acreedor, en un caso determinado, solicita lo primero sin comprender lo segundo, no es presupuesto de su reclamaci\u00f3n que el deudor se encuentre en mora. Empero, si lo que busca es el resarcimiento del da\u00f1o, o lo que pide comprende tal reparaci\u00f3n, si es indispensable la presencia de la anotada exigencia. <\/p>\n
Al respecto, es necesario memorar lo expresado por la Sala de hace ya bastante tiempo: <\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 es la mora? Es un incumplimiento calificado que produce ciertas consecuencias jur\u00eddicas. No todo incumplimiento produce mora; pero s\u00ed toda mora supone un incumplimiento. Los efectos del incumplimiento son unos, los de la mora son otros. En consecuencia, lo que el art\u00edculo 1609 dice es que en los contratos bilaterales si ambos han incumplido, de ninguno se podr\u00e1n predicar los efectos que surgen de la mora, \u00fanicamente se les pueden aplicar los efectos propios del incumplimiento. \u00bfCu\u00e1les son los efectos de la mora? Tres, a saber: 1) Permite cobrar perjuicios (C.C., arts. 1610 y 1615) 2) Hace exigible la cl\u00e1usula penal (C.C., arts. 1594 y 1595); y 3) Invierte el fen\u00f3meno de la carga del riesgo sobreviniente respecto de la cosa debida (art. 1731 y 1733). Es decir, en los contratos bilaterales, si ambos contratantes han incumplido -por lo que no se encuentran en mora, aclara ahora la Corte- ninguno de los dos puede pedir perjuicios, ninguno de los dos puede exigir la cl\u00e1usula penal y de ninguno de los dos se predican las consecuencias espec\u00edficas sobre el riesgo sobreviniente. Eso, y nada m\u00e1s, pero tampoco nada menos, es lo que dice el art\u00edculo 1609. Entonces, surge el gran interrogante. \u00bfSe puede exigir judicialmente el cumplimento de una obligaci\u00f3n si el deudor no est\u00e1 en mora? Obvio que s\u00ed. La exigibilidad surge del incumplimiento, no de la mora. Ello es claro. Pero si alguna duda quedara sobre el particular, la despeja el art\u00edculo 1594 del C\u00f3digo Civil, que dice: \u2018Antes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligaci\u00f3n principal o la pena, sino s\u00f3lo la obligaci\u00f3n principal\u2026\u2019 \u00bfPuede quedar alguna duda? Antes de constituirse al deudor en mora el acreedor puede demandar la obligaci\u00f3n principal, pero no puede demandar la pena (CSJ, SC del 7 de diciembre de 1982, G.J., t. CLXV, p\u00e1gs. 341 a 350; se subraya). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s pr\u00f3ximo, la Corporaci\u00f3n reiter\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) significa entonces lo anterior que exigibilidad y mora de la obligaci\u00f3n son dos nociones jur\u00eddicas diferentes. La primera se predica de las obligaciones puras y simples, esto es, las que no se encuentran sometidas a plazo, condici\u00f3n o modo, ya porque nunca han estado sujetas a una cualquiera de estas modalidades, ora porque \u00e9stas ya se realizaron y, por ello el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor su cumplimiento, aun acudiendo para el efecto a la realizaci\u00f3n coactiva del derecho mediante la ejecuci\u00f3n judicial; la mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligaci\u00f3n, y para constituir en ella al deudor, se requiere que sea reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la cancelaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n debida. De tal suerte que, s\u00f3lo a partir de surtida la interpelatio puede afirmarse que el deudor incumplido, adem\u00e1s ostenta la calidad de deudor moroso, momento ese a partir del cual puede exigirse el pago de los perjuicios conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 1610 y 1615 del C\u00f3digo Civil, o reclamarse el pago de la cl\u00e1usula penal que entonces se torna exigible de acuerdo a lo preceptuado por los art\u00edculos 1594 y 1595 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
(\u2026) Como se ve por lo expuesto, si una de las partes contratantes incumple con sus obligaciones, el acreedor, por el solo hecho de este incumplimiento no puede reclamar el pago de los perjuicios que le hubieren sido causados con \u00e9l, pues para ello se requiere constituir en mora al deudor. <\/p>\n
(\u2026) Sin embargo, en manera alguna puede aseverarse que el acreedor se encuentre entonces impedido para exigir el cumplimiento de la prestaci\u00f3n que se le debe, pues este derecho surge de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n pactada en el contrato y no de la exigencia de la mora, que son, sin duda, fuentes diferentes. Porque desde aquel momento pueden los contratantes reclamar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contractual cuya certeza jur\u00eddica resulta indiscutible (\u2026) (CSJ, SC del 10 de julio de 1995, Rad. n.\u00b0 4540; se subraya). <\/p>\n
3.2. En el presente proceso, sus promotores solamente persiguieron el cumplimiento de la obligaci\u00f3n principal a cargo de Fetramecol, esto es, la realizaci\u00f3n de las obras de infraestructura a que se comprometi\u00f3 en las compraventas que celebr\u00f3 con aqu\u00e9llos, sin que el pedimento de \u00e9stos hubiese comprendido ning\u00fan otro factor, mucho menos, el reconocimiento de perjuicios. <\/p>\n
3.3. Siendo ese el alcance de la reclamaci\u00f3n judicial elevada por los accionantes, mal pod\u00eda exigirse, como de forma abiertamente equivocada lo hizo el Tribunal, que la precitada demandada estuviera constituida en mora, en tanto que, como se dej\u00f3 explicado, procur\u00e1ndose \u00fanicamente la satisfacci\u00f3n de la obligaci\u00f3n pactada, a ello no hab\u00eda lugar. <\/p>\n
4. Cabe a\u00f1adir que, si en gracia de discusi\u00f3n, se admitiera que para el buen suceso de la acci\u00f3n era indispensable que la deudora de la prestaci\u00f3n exigida estuviese constituida en mora, se impon\u00eda tener en cuenta y aplicar el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatuto vigente para cuando se present\u00f3 e impuls\u00f3 el libelo con el que se dio inicio a este asunto litigioso. <\/p>\n
4.1. Los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del mencionado precepto, establec\u00edan: <\/p>\n
La notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la ley lo exija para tal fin, si no se hubiere efectuado antes. <\/p>\n
Si fueren varios los demandados y existiere entre ellos litisconsorcio facultativo, los efectos de la notificaci\u00f3n a los que se refiere este art\u00edculo, se surtir\u00e1n para cada uno separadamente, salvo norma sustancial o procesal en contrario. Si el litisconsorcio fuere necesario ser\u00e1 indispensable la notificaci\u00f3n a todos para que se surtan dichos efectos. <\/p>\n
4.2. Es del caso clarificar que, si bien es verdad, en principio, fueron tres las demandadas, en la sentencia de primera instancia se excluy\u00f3 del litigio a las sociedades Disycons Ltda. y Constructora El Bamb\u00fa Ltda., por falta de legitimidad, sin reproche de los actores, por lo que ninguna aplicaci\u00f3n merecer\u00eda el inciso final de la norma que se comenta, pues con tal determinaci\u00f3n ese inicial litisconsorcio qued\u00f3 por completo desvertebrado, siendo claro que el proceso continu\u00f3 \u00fanicamente respecto de Fetramecol. <\/p>\n
4.3. Forzoso es recordar que el ad quem consider\u00f3 que la falta de constituci\u00f3n en mora de la precitada accionada no pod\u00eda \u201csuplirse con la presentaci\u00f3n de la demanda, en tanto el art\u00edculo 90 del C. de P.C., vigente para cuando se introdujo este expediente, establec\u00eda que la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda en procesos contenciosos de conocimiento produce el efecto de requerimiento judicial para constituir en mora al deudor, cuando la [l]ey lo exig\u00eda para tal fin, si no se hubiere efectuado antes, verbi gratia, para que el arrendatario sea constituido en mora de restituir la cosa arrendada, por expreso mandato del art\u00edculo 2007 del C.C., \u2018\u2026ser\u00e1 necesario requerimiento del arrendador\u2019 y a falta de \u00e9ste la notificaci\u00f3n mencionada produce ese efecto\u201d, sin que de esa manifestaci\u00f3n, como se infiere de su simple lectura, se desprendan las razones por las que no era aplicable el precepto. <\/p>\n
4.4. De lo anterior se sigue que el sentenciador de segunda instancia, pese a que consider\u00f3 que era indispensable la constituci\u00f3n en mora de la obligada a la realizaci\u00f3n de las obras de infraestructura materia de la acci\u00f3n, no hizo actuar el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sin explicar las razones para ello. <\/p>\n
Resultado de todas esas equivocaciones, fue que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cfalta de inter\u00e9s serio y actual\u201d, que el juzgado del conocimiento no estudi\u00f3 sin reclamo de su proponente en la apelaci\u00f3n que formul\u00f3; neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda con la que se apertur\u00f3 el proceso; levant\u00f3 las medidas cautelares practicadas, y en tal virtud, conden\u00f3 en perjuicios a los demandantes; e impuso a \u00e9stos el pago de las costas. <\/p>\n
6. A t\u00e9rminos del \u00faltimo inciso del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
La Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, aun de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales (se subraya). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta nov\u00edsima figura, la Sala, en el desarrollo jurisprudencial que sobre la misma viene elaborando, tiene ya establecido que \u201cpara poder anular oficiosamente el veredicto de instancia deben satisfacerse, concomitantemente, tres (3) requisitos: (I) El error del Tribunal debe ser ostensible, huelga decirlo, \u2018claro, manifiesto, patente\u2019; (II) La afectaci\u00f3n irrogada a la parte ha de ser grave: \u2018de mucha entidad o importancia\u2019; y (III) Es necesario que se configure alguna de las causales se\u00f1aladas en la legislaci\u00f3n: desconocimiento del orden p\u00fablico, del patrimonio p\u00fablico o de los derechos y garant\u00edas de los sujetos procesales\u201d (CSJ, SC 5453 del 16 de diciembre de 2021, Rad. n.\u00b0 2014-00085-01). <\/p>\n
Identificados quedaron atr\u00e1s los variados y graves errores en que incursion\u00f3 el Tribunal al expedir el fallo de segunda instancia objeto de estas consideraciones y que, fruto de ellos, se neg\u00f3 a los demandantes la acci\u00f3n de cumplimiento de la obligaci\u00f3n que persiguieron. <\/p>\n
De suyo, esa determinaci\u00f3n acarre\u00f3 para los actores la imposibilidad de obtener la efectiva satisfacci\u00f3n de ese d\u00e9bito contractual a que ten\u00edan derecho. <\/p>\n
Si a lo anterior se suma el tiempo transcurrido desde cuando la obligaci\u00f3n en referencia surgi\u00f3 y se hizo exigible, conforme a lo ya analizado, y adicionalmente el de duraci\u00f3n de este proceso (recu\u00e9rdase que el auto admisorio de la demanda data del 5 de febrero de 2013), propio es colegir que no se avizora viable que los accionantes, frente al fracaso de este asunto litigioso, puedan en el futuro acudir a la otra alternativa de que dispon\u00edan en virtud del incumplimiento de la precitada deudora, esto es, la resoluci\u00f3n del contrato (art. 1546, C.C.). <\/p>\n
Ello significa que el fallo del ad quem torn\u00f3 irresoluble la situaci\u00f3n derivada de la desatenci\u00f3n contractual imputada a Fetramecol en este proceso, que ella acept\u00f3 incluso al sustentar la apelaci\u00f3n que interpuso contra el fallo de primera instancia, estado de cosas que resulta, desde la perspectiva constitucional, inaceptable, en tanto que deja sin acci\u00f3n un derecho leg\u00edtimo de los demandantes, como quiera que proviene de un contrato legalmente celebrado. <\/p>\n
De lo expuesto se sigue la abierta vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda constitucional del \u201cderecho de toda persona para acceder a la administraci\u00f3n de justicia\u201d, prevista en el art\u00edculo 229 Superior, que comporta no solamente la posibilidad formal de adelantar ante los jueces de la Rep\u00fablica un juicio, sino la sustancial de obtener efectiva y cumplida justicia. <\/p>\n
As\u00ed lo dej\u00f3 plasmado la Corte Constitucional desde cuando hizo la revisi\u00f3n de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia (270 de 1996) y observ\u00f3, en relaci\u00f3n con su art\u00edculo 2\u00ba, que: <\/p>\n
Como se expres\u00f3 en el ac\u00e1pite anterior, el derecho de todas las personas de acceder a la administraci\u00f3n de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pac\u00edfica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protecci\u00f3n a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (Art. 1o y 2o C.P). <\/p>\n
El acceso a la administraci\u00f3n de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protecci\u00f3n o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constituci\u00f3n y la ley. Sin embargo, la funci\u00f3n en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constituci\u00f3n y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realizaci\u00f3n de los derechos amenazados o vulnerados. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusi\u00f3n la norma que se revisa -que est\u00e1 contenido en los art\u00edculos 29 y 229 de la Carta Pol\u00edtica- como uno de los derechos fundamentales, susceptible de protecci\u00f3n jur\u00eddica inmediata a trav\u00e9s de mecanismos como la acci\u00f3n de tutela prevista en el art\u00edculo 86 superior (Corte Constitucional, sentencia C-037 del 6 de febrero de 1996; se subraya). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el quebranto irrogado a los actores por el fallo de segunda instancia dictado en ese asunto, debe ponerse de presente que la Sala, en tiempo muy pr\u00f3ximo, cas\u00f3 oficiosamente uno, precisamente, porque infiri\u00f3 que \u00e9l generaba la paralizaci\u00f3n del derecho de las partes, prove\u00eddo en el que se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, mantener intacta la sentencia de segunda instancia conllevar\u00eda a dejar en estado de letargo una situaci\u00f3n contractual de muy dif\u00edcil o imposible resoluci\u00f3n, porque con la actitud procesal de la parte demandada (quien demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n la lesi\u00f3n enorme), no hay manera de que las partes consigan el cumplimiento voluntario (y no se diga forzado) de lo convenido en su momento en el contrato de promesa. <\/p>\n
Y la justicia como valor constitucional y eje central del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, exige que los juzgadores, en cualquier escala o grado, allanen los caminos para la efectiva y civilizada composici\u00f3n de los litigios, y ac\u00e1, ese camino, en efecto, lo otorga la novedosa figura de la casaci\u00f3n oficiosa, con la que se pone fin a un protot\u00edpico caso de estancamiento contractual, irresoluble con la instituci\u00f3n del mutuo disenso, o con las tradicionales acciones alternativas del art\u00edculo 1546 ib\u00eddem (CSJ, SC 3666 del 25 de agosto de 2021, Rad. n.\u00b0 2012-00061-01; se subraya). <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, dados como est\u00e1n los requisitos establecidos en la parte final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se casar\u00e1 la sentencia de segunda instancia dictada en este proceso. <\/p>\n
PRUEBAS DE OFICIO <\/p>\n
Antes de proferirse el correspondiente fallo sustitutivo, se estima necesario, como pruebas oficiosas (art. 170, C. G. del P.), el allegamiento, por una parte, de la escritura p\u00fablica No. 971 del 11 de abril de 2003, otorgada en la Notar\u00eda Cincuenta y Ocho de Bogot\u00e1, contentiva del r\u00e9gimen de propiedad horizontal a que fue sometida la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Bamb\u00fa\u201d; y de otro, de toda la actuaci\u00f3n administrativa adelantada ante la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Melgar, Tolima, que concluy\u00f3 con la expedici\u00f3n de la licencia de urbanismo No. 003 del 15 de enero de 2003. <\/p>\n
En consecuencia, as\u00ed se ordenar\u00e1 en la parte resolutiva de este fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del 20 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, D.C., Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo y, actuando en sede de segunda instancia, con base en el art\u00edculo 170 del C\u00f3digo General del Proceso, DECRETA de oficio la pr\u00e1ctica de las siguientes pruebas: <\/p>\n
1. Ordenar se allegue copia aut\u00e9ntica de la escritura p\u00fablica No. 971 del 11 de abril de 2003, otorgada en la Notar\u00eda Cincuenta y Ocho de Bogot\u00e1, contentiva del r\u00e9gimen de propiedad horizontal a que fue sometida la urbanizaci\u00f3n \u201cEl Bamb\u00fa\u201d, con todos sus anexos y, particularmente, los planos descriptivos de las zonas comunes de la misma, lo que deber\u00e1 hacer la parte demandante. Con tal fin, de requerirlo dicha parte, la Secretar\u00eda de la Sala libre oficio comunicando esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Disponer que la Secretar\u00eda de Obras P\u00fablicas de Melgar, Tolima, remita, a la mayor brevedad posible, copia aut\u00e9ntica de toda la actuaci\u00f3n administrativa adelantada y que concluy\u00f3 con la expedici\u00f3n de la licencia de urbanismo No. 003 del 15 de enero de 2003, expedida por esa dependencia. Deber\u00e1 incluirse, por lo tanto, la solicitud que dio lugar a ese tr\u00e1mite, los planos en que se sustent\u00f3 la misma y todas las pruebas recaudadas. Por la Secretar\u00eda de la Sala, of\u00edciese como corresponda. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n, como quiera que el quiebre de la sentencia de segunda instancia deriv\u00f3 de la actuaci\u00f3n oficiosa de la Corte. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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SC1170-2022 (2013-00031-02) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC1170-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-036-2013-00031-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del siete de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Procede la Corte a pronunciarse oficiosamente, en sede de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}