SC1171-2022 (2012-00715-01)_2<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC1171-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-10-008-2012-00715-01 <\/p>\n
(Discutida y aprobada en sesiones virtuales de dos y diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez frente a la sentencia de 30 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Familia, dentro del proceso que promovieron en su contra \u00c1ngela Mar\u00eda y Olga Luz Londo\u00f1o V\u00e1squez. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala de Decisi\u00f3n que resolver\u00e1 sobre la presente impugnaci\u00f3n no estar\u00e1 integrada por los honorables magistrados: \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo y Luis Alonso Rico Puerta, quienes en sesi\u00f3n de 2 de septiembre de 2021 manifestaron estar impedidos para intervenir en este asunto por \u00abamistad \u00edntima con el doctor Oscar Jaime Quintero\u00bb, con fundamento en la causal 9\u00b0 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual fue aceptada por los dem\u00e1s integrantes de la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el escrito inaugural de la controversia las demandantes solicitaron que se declarara \u00abque el hijo concebido y nacido del vientre de la se\u00f1ora Zuly \u00c1ngela Ram\u00edrez Agudelo el d\u00eda 8 de octubre de 1987, y reconocido por parte del se\u00f1or Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo el 23 de mayo de 1992, que se registr\u00f3 como Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez, no es hijo de \u00e9ste\u00bb (folio 5 del cuaderno principal), con la consecuente expedici\u00f3n de las comunicaciones al despacho notarial competente para que haga las anotaciones y modificaciones al folio de registro civil del nacimiento. <\/p>\n
2. En apoyo, las actoras relataron que fueron concebidas dentro del v\u00ednculo matrimonial conformado entre Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo y Mar\u00eda Herminia V\u00e1squez Hurtado, el cual termin\u00f3 el 6 de mayo de 1997 por la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio religioso. <\/p>\n
Con posterioridad, su padre inici\u00f3 una relaci\u00f3n convivencial con Zuly \u00c1ngela Ram\u00edrez Agudelo, momento para el cual era madre soltera de Santiago Ram\u00edrez; sin embargo, aprovechando el estado de embriaguez de aqu\u00e9l, lo hizo comparecer \u00aba la notar\u00eda \u00fanica del municipio de Santa Fe de Antioquia\u2026 y cuando ya ten\u00eda casi cinco (5) a\u00f1os de edad el hijo de la se\u00f1ora Zuly \u00c1ngela Ram\u00edrez Agudelo\u2026 el d\u00eda 23 de mayo de 1992, le reconoci\u00f3 como hijo suyo, de conformidad con la ley 75 de 1968\u00bb (folio 3 ejusdem). <\/p>\n
Aseguraron que \u00abel se\u00f1or Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo no pudo haber sido el padre del se\u00f1or Santiago Ram\u00edrez Agudelo, porque para la \u00e9poca en que pudo tener lugar la concepci\u00f3n seg\u00fan el art\u00edculo 92 del c\u00f3digo civil Colombiano (sic), incluso para la \u00e9poca del nacimiento del joven Santiago, ni siquiera se conoc\u00edan la se\u00f1ora Zuly \u00c1ngela Ram\u00edrez Agudelo, y el se\u00f1or Londo\u00f1o Restrepo, y por lo tanto no pod\u00edan sostener relaciones sexuales ni conocerse\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
Con fundamento en el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil y en raz\u00f3n del fallecimiento de su progenitor el 5 de febrero de 2012, impugnaron la paternidad del hijo reconocido. <\/p>\n
3. El convocado fue notificado personalmente (folio 15) y, al contestar, neg\u00f3 algunos hechos, clarific\u00f3 otros y plante\u00f3 las excepciones que intitul\u00f3 \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abposesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo extramatrimonial\u00bb y \u00abmala fe y temeridad en la interposici\u00f3n de la demanda\u00bb (folios 18 a 25). <\/p>\n
5. El Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia el 20 de octubre de 2017, en la cual deneg\u00f3 las defensas y determin\u00f3 \u00abque el se\u00f1or Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo\u2026 no es el padre biol\u00f3gico del se\u00f1or Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez, hijo de la se\u00f1ora Zuly \u00c1ngela Ram\u00edrez Agudelo, y [orden\u00f3] que en adelante [lleve] los apellidos de la progenitora\u00bb (folios 206 a 262). <\/p>\n
6. Apelada esta decisi\u00f3n por el convocante, el superior desat\u00f3 la alzada el 30 de enero de 2018 y confirm\u00f3 la providencia de primera instancia, por las razones que se compendian adelante (folios 9 y 10 del cuaderno 2 del Tribunal). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Adem\u00e1s de efectuar un an\u00e1lisis de los diversos medios probatorios, as\u00ed como de explicar el procedimiento de exhumaci\u00f3n del cad\u00e1ver de Pascual Londo\u00f1o, abord\u00f3 lo relativo a la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n, \u00fanico tema censurado en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Frente a esta \u00faltima asegur\u00f3 que, como la acci\u00f3n fue promovida por los herederos del causante, la norma que gobierna la situaci\u00f3n es el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, la cual prescribe que el t\u00e9rmino para promover la reclamaci\u00f3n judicial comienza a correr desde el surgimiento de un \u00abinter\u00e9s actual\u00bb, que no puede ser uno diferente que el deceso del causante, como lo reconoci\u00f3 la Corte Suprema de Justicia en las providencias de 29 de junio y 25 de agosto de 2017. <\/p>\n
Diferenci\u00f3 el \u00abinter\u00e9s actual\u00bb que habilita la reclamaci\u00f3n de los herederos, de la acci\u00f3n que pudo promover el padre en vida, pues esta \u00faltima se gobierna por el canon 214 del C\u00f3digo Civil, mientras que aqu\u00e9lla surge en favor de los sucesores cuando tienen certeza sobre la verdadera filiaci\u00f3n del demandado, para lo cual se exige la prueba cient\u00edfica de factores heredobiol\u00f3gicos (ADN), sin que en este punto sean relevantes los testimonios o declaraciones de parte. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El convocado propuso dos (2) embistes (folios 7 a 37 del cuaderno Corte), de los cuales el final fue inadmitido por auto de 13 de diciembre de 2018 (folios 40 a 47), quedando por resolver el inicial. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia de violar de forma directa los art\u00edculos 219, 248, 403 del C\u00f3digo Civil, 1\u00b0, 5\u00b0 de la ley 75 de 1968, 11 de la ley 1060 de 2006 y 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por no acceder a la excepci\u00f3n de caducidad, en tanto este \u00abt\u00e9rmino instituido para la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de la paternidad de los hijos reconocidos, a diferencia de lo que ocurre con respecto a las acciones tendientes a impugnar la paternidad de los hijos presuntos, se encuentra soportado en un \u00fanico criterio, esto es, el conocimiento de la existencia de la paternidad, sin que sea dable acudir a criterios diferentes no consagrados en la norma [art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 75 de 1968], como el \u2018del fallecimiento del padre o la madre\u2019\u00bb (folio 15). <\/p>\n
Precis\u00f3 que, conforme a la doctrina jurisprudencial, el plazo debe contarse desde que se tuvo conocimiento de la inexistencia del v\u00ednculo filial (art\u00edculo 248 del CC), sin importar la fecha del fallecimiento del presunto padre o madre, \u00abcomo s\u00ed ocurri\u00f3 expresamente en otras acciones de impugnaci\u00f3n de la paternidad, como la prevista en el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil para el caso de los hijos presuntos\u00bb (folio 19). <\/p>\n
Desestim\u00f3 que el inter\u00e9s de las demandantes naciera con ocasi\u00f3n del deceso de su progenitor, en tanto est\u00e1 vinculado con circunstancias o condiciones particulares de los interesados, el cual \u00abse concreta en el momento de obtenci\u00f3n del conocimiento, bien de la paternidad, ora de que el hijo reconocido no puede serlo del padre\u00bb (folio 22); en consecuencia, \u00abel inter\u00e9s actual de los hijos del padre que efectu\u00f3 el reconocimiento para impugnar la paternidad del hijo que no puede tener por padre o madre a quien pasa por tal, no se configura con el fallecimiento del de cujus, sino que el mismo acaece cuando aquellos tienen conocimiento acerca de que \u00e9ste no es padre ni madre del hijo reconocido\u00bb (folios 24 y 25). <\/p>\n
En el caso, era imperativo que el Tribunal determinara el momento en que las demandantes conocieron que su colateral no era hijo de su padre, pues a partir de \u00e9ste debi\u00f3 contabilizar el plazo de 140 d\u00edas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
I. Estudio de los cargos propuestos <\/p>\n
1. El estado civil de una persona se refiere a su \u00absituaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad\u00bb, originada en hechos o actos constitutivos, la cual \u00abdetermina\u00bb, es decir, concreta o fija, \u00absu capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0 del decreto 1260 de 1970). <\/p>\n
La Sala ha doctrinado que \u00ab[e]l estado civil de una persona es su \u2018situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad\u2019, que le brinda ciertas prerrogativas en punto del ejercicio de algunos de sus derechos o en la adquisici\u00f3n de unas espec\u00edficas obligaciones, en relaci\u00f3n con el cual cabe apuntar, adicionalmente\u2026 que su \u2018asignaci\u00f3n corresponde a la ley\u2019 (art. 1\u00ba, Decreto 1260 de 1970) y que se \u2018deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan\u2019, seg\u00fan la calificaci\u00f3n que de ellos igualmente contiene el ordenamiento jur\u00eddico (art. 2\u00ba, ib.)\u00bb (SC13602, 6 oct. 2015, rad. n.\u00b0 2008-00426-01). <\/p>\n
Se trata de una situaci\u00f3n que tiene estrecha conexi\u00f3n con la dignidad humana, \u00abporque toda persona tiene derecho a ser reconocido como parte de la sociedad y la familia\u00bb (SC2350, 28 jun. 2019, rad. n.\u00b0 2014-00328-01), de all\u00ed que se caracterice por: <\/p>\n
a) ser atributo de todas las personas, pues al tenor de la disposici\u00f3n reci\u00e9n citada, determina la capacidad de las mismas \u2018para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones\u2019; b) estar regulado por normas de orden p\u00fablico, como quiera que interesa a la sociedad en general, y por ende los preceptos legales que lo gobiernan no pueden derogarse por convenios particulares ni ser objeto de renuncias; c) estar excluido del comercio, y por consiguiente no puede comprarse ni venderse y menos transigirse, salvo en cuanto a los derechos patrimoniales que de \u00e9l se derivan; d) como regula situaciones concernientes a la familia y a la sociedad, que en principio no puede modificarse por la voluntad individual, tampoco es susceptible de confesi\u00f3n (como si lo son los hechos que lo acreditan) a menos que se trate de casos de excepci\u00f3n legal, como acontece con el reconocimiento voluntario de hijo extramatrimonial, que evidentemente produce para quien lo realiza consecuencias jur\u00eddicas; y e) ser imprescriptible, porque salvo excepci\u00f3n legal ni se gana ni se pierde por el transcurso del tiempo (SC, 25 ag. 2000, Exp. n.\u00b0 5215). <\/p>\n
2. En atenci\u00f3n a la importancia del estado civil, el legislador previ\u00f3 que las acciones encaminadas a su supresi\u00f3n tienen un alcance muy limitado, en aspectos relativos a su contenido, legitimaci\u00f3n y oportunidad. <\/p>\n
2.1. El arquetipo de estas acciones es la impugnaci\u00f3n del estado civil, instrumento establecido para cuestionar la paternidad o maternidad atribuida a una persona que biol\u00f3gicamente carece de dicha calidad; en otras palabras, \u00ab[l]a acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n es uno de los mecanismos instituidos para reclamar contra la progenitura\u2026, la cual debe desvirtuar el actor, si pretende que cesen los efectos que de ella dimanan\u00bb (SC16279, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2004-00197-01). <\/p>\n
2.2. Para que pueda accederse favorablemente a una pretensi\u00f3n de este tipo, corresponde al demandante socavar \u00ablos cimientos f\u00e1cticos de los cuales emerge el hecho presumido, esto es, demostrar que una cualquiera de las circunstancias que estructuran el hecho base o antecedente no existen\u00bb, o demostrar que \u00abla probabilidad escogida mediante una inferencia l\u00f3gica del legislador no se cumpli\u00f3, es decir, que a pesar de estructurarse los hechos b\u00e1sicos, la deducci\u00f3n legal no cabe en el caso espec\u00edfico\u00bb (SC, 21 may. 2010, rad. n.\u00b0 2004-00072-01). <\/p>\n
En particular, la impugnaci\u00f3n deber\u00e1 dirigirse a (i) \u00abdesvirtuar la presunci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 214 del C\u00f3digo Civil, en virtud de la cual los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio o de la uni\u00f3n marital de hecho, se presumen hijos de la pareja\u00bb; (ii) desmentir \u00abel reconocimiento, cuando se pretende desconocer la manifestaci\u00f3n voluntaria de quien acept\u00f3 ser el padre\u00bb; o (iii) repeler \u00abla maternidad en caso de un falso parto o de la suplantaci\u00f3n del pretendido hijo con el verdadero\u00bb (SC1175, 8 feb. 2016, rad. n.\u00b0 2010-00308-01). <\/p>\n
2.3. La legitimaci\u00f3n para formular esta clase de reclamaciones ha sido objeto de variadas intervenciones legislativas, que permiti\u00f3 trasegar desde una visi\u00f3n restringida, propia del C\u00f3digo Civil, hasta una ampliada con ocasi\u00f3n de la ley 1060 de 2006. <\/p>\n
2.3.1. Total, seg\u00fan la codificaci\u00f3n privada, el \u00ab[l]eg\u00edtimo contradictor en la cuesti\u00f3n de paternidad es el padre contra el hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuesti\u00f3n de maternidad, el hijo contra la madre, o la madre contra el hijo\u00bb (art\u00edculo 403), regla aplicable incluso a la filiaci\u00f3n natural por fuerza del canon 7\u00b0 de la ley 45 de 1936. <\/p>\n
A su vez, en su redacci\u00f3n original, el precepto 216 del C\u00f3digo Civil dispon\u00eda que \u00ab[m]ientras viva el marido, nadie podr\u00e1 reclamar contra la legitimidad del hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo\u00bb (art\u00edculo 216). <\/p>\n
Sobre estos mandatos, la Corte se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[l]os art\u00edculos 403 y 404 del C\u00f3digo Civil, a los cuales quiso darles estricta y obligatoria aplicaci\u00f3n la ley 45 de 1936, son de tan di\u00e1fana claridad que no es necesario acudir a reglas complicadas de hermen\u00e9utica para conocer e interpretar su sentido. Estatuyen y consagran que en controversias de esta \u00edndole s\u00f3lo es leg\u00edtimo contradictor el padre contra el hijo o viceversa y que siempre que est\u00e9 comprometida la paternidad \u2018deber\u00e1 intervenir el padre forzosamente\u2019\u00bb, lo cual se tradujo en que \u00abs\u00f3lo puede ser leg\u00edtimo contradictor el padre, so pena de nulidad, y que los herederos \u00fanicamente representan al contradictor leg\u00edtimo que ha fallecido antes de la sentencia\u00bb (SC, 26 ab. 1940, G.J n.\u00b0 XLIX). <\/p>\n
2.3.2. La ley 75 de 1968 encarn\u00f3 un cambio trascendental, al permitir que la impugnaci\u00f3n tambi\u00e9n pudiera promoverse por los descendientes del padre o la madre, con el fin de determinar su verdadera filiaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo asinti\u00f3 el inciso segundo del art\u00edculo 3\u00b0, a saber: \u00abEl hijo podr\u00e1 reclamar en cualquier tiempo, contra su legitimidad presunta, cuando su nacimiento se haya verificado despu\u00e9s del d\u00e9cimo mes siguiente al d\u00eda en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal\u00bb. <\/p>\n
La jurisprudencia, refiri\u00e9ndose al cambio en menci\u00f3n, dijo: \u00ab[A] trav\u00e9s de la Ley 75 de 1968 ampli\u00f3 la legitimaci\u00f3n para reclamar contra la paternidad, otorg\u00e1ndola al hijo mismo, a\u00fan en vida del progenitor presunto, con lo que perdi\u00f3 vigencia la concepci\u00f3n que hasta entonces se ten\u00eda sobre que este \u00faltimo era el \u00fanico interesado en develar el verdadero v\u00ednculo filial\u00bb (SC9226, 29 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2013-00020-01). <\/p>\n
2.3.3. Sin embargo, con la ley 1060 de 2006 se introdujo un nuevo paradigma respecto a la legitimaci\u00f3n por activa, al ensanchar el n\u00famero de personas que pod\u00edan acudir v\u00e1lidamente a esta acci\u00f3n, siempre que exista un inter\u00e9s actual. <\/p>\n
A partir de esta ley, \u00abresulta claro que la impugnaci\u00f3n del reconocimiento puede ser propuesta por el padre y el hijo, am\u00e9n de los ascendientes de aquel y, en general, por quien demuestre un inter\u00e9s actual, cierto, concreto y susceptible de protecci\u00f3n (arts. 248 y 335 C.C.; 5\u00ba Ley 75\/68)\u00bb (SC, 26 sep. 2005, rad. n.\u00b0 1999-0137; en el mismo sentido SC, 21 en. 2009, rad. n.\u00b0 1992-00115-01). <\/p>\n
As\u00ed se extrae de los art\u00edculos 4\u00b0, 5\u00b0, 7\u00b0 y 8\u00b0, que en su orden modificaron los c\u00e1nones 216, 217, 219 y 222 del C\u00f3digo Civil, al permitir que acudan a la impugnaci\u00f3n los descendientes, c\u00f3nyuges, compa\u00f1eros permanentes, padres biol\u00f3gicos, herederos y ascendientes del padre o madre. <\/p>\n
2.3.4. En el punto que interesa al presente proceso, esto es, la acci\u00f3n promovida por el heredero del causante, el art\u00edculo 7\u00ba de la citada ley, que sustituy\u00f3 el precepto 219 del C\u00f3digo Civil, estableci\u00f3 que: <\/p>\n
Los herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a \u00e9sta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas. Pero cesar\u00e1 este derecho si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico. <\/p>\n
Si los interesados hubieren entrado en posesi\u00f3n efectiva de los bienes sin contradicci\u00f3n del pretendido hijo, podr\u00e1n oponerle la excepci\u00f3n en cualquier tiempo que \u00e9l o sus herederos le disputaren sus derechos. <\/p>\n
Sobre esta norma, la jurisprudencia de la Corte defini\u00f3 como criterio interpretativo que: <\/p>\n
[E]l inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar del demandante deriva del beneficio o utilidad que pueda reportarle la sentencia de m\u00e9rito, ventaja que puede ser solo moral como en el caso del ascendiente que no tiene parte en la sucesi\u00f3n del progenitor presunto, o material si le representar\u00e1 un eventual incremento en su patrimonio, y aquel estar\u00e1 legitimado en la causa si existe identidad entre \u00e9l y \u2018la persona a la cual la ley concede la acci\u00f3n\u2019 (G.J. CCXXXVII, v1, n.\u00b0 2476, p\u00e1g. 486; G.J. LXXXI, n.\u00b0 2157-2158, p\u00e1g. 48). <\/p>\n
Por eso, fallecido el presunto padre, sus herederos tienen inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar de contenido moral y econ\u00f3mico en que se declare que quien pasa por hijo del causante realmente no lo es, en raz\u00f3n de la ausencia de v\u00ednculo biol\u00f3gico entre aquel y este, pero tambi\u00e9n tienen un inter\u00e9s jur\u00eddico para obrar quienes adquieren los derechos econ\u00f3micos que en la sucesi\u00f3n del causante les puedan corresponder a los primeros (negrilla fuera de texto, SC16279, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2004-00197-01). <\/p>\n
De forma m\u00e1s reciente enfatiz\u00f3 sobre la legitimaci\u00f3n del heredero para cuestionar la filiaci\u00f3n efectuada por el causante: <\/p>\n
La nueva disposici\u00f3n supuso una reforma estructural en virtud de la cual se elimin\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario que hasta ese momento el legislador le hab\u00eda dado a la acci\u00f3n de los herederos, pues la norma, en su texto original, correspond\u00eda a una regla aplicable \u00fanicamente en el evento de que el c\u00f3nyuge hubiera muerto \u2018antes de vencido el t\u00e9rmino que le conceden las leyes para declarar que no reconoce al hijo como suyo\u2019. <\/p>\n
La raz\u00f3n de tal restricci\u00f3n resid\u00eda en que a los herederos no se les reconoc\u00eda la titularidad de un inter\u00e9s jur\u00eddico propio en la impugnaci\u00f3n, porque, como se explic\u00f3 en l\u00edneas precedentes, el interesado directamente en ese asunto era el c\u00f3nyuge, cuya voluntad deb\u00eda respetarse por sus sucesores, de modo que si hab\u00eda dejado pasar el t\u00e9rmino para impugnar la legitimidad del hijo, ellos no ten\u00edan nada que reclamar en tanto que no eran considerados como due\u00f1os de alg\u00fan derecho subjetivo particular que les otorgara la legitimaci\u00f3n en esa causa. <\/p>\n
A partir del 26 de julio de 2006, esa situaci\u00f3n cambi\u00f3 porque la Ley 1060 elimin\u00f3 dicha limitaci\u00f3n, de modo que en vigencia suya, el heredero que promueve una impugnaci\u00f3n de la paternidad del de cujus no est\u00e1 ejerciendo una acci\u00f3n transmitida por \u00e9l, sino una acci\u00f3n propia o iure proprio (negrilla fuera de texto, SC9226, 29 jun. 2017, rad. n.\u00b0 2013-00020-01). <\/p>\n
Reluce que al sucesor se le concedi\u00f3 una acci\u00f3n propia, diferente de la reconocida en favor del padre o de la madre, encaminada a cuestionar la filiaci\u00f3n para salvaguardar su derecho sucesoral, cuya procedencia se encuentra condicionada al fallecimiento del reconocedor. <\/p>\n
2.4. Ciertamente, por las implicaciones de los derechos en conflicto, la impugnaci\u00f3n fue sometida a unos t\u00e9rminos cortos para su proposici\u00f3n, so pena de extinci\u00f3n por el paso del tiempo, dej\u00e1ndose a salvo el derecho del descendiente para conocer su verdadera filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta Sala fij\u00f3 como norte: <\/p>\n
[I]mporta poner de relieve que hist\u00f3ricamente el legislador ha regulado el tema del estado civil y de la familia con precisi\u00f3n y cuidado sumos a fin de proteger la propia intimidad que rodea su constituci\u00f3n y de atender a las realidades que en punto de los hijos genera su entorno y su propio desarrollo, tanto como para no haber permitido, a trav\u00e9s de las \u00e9pocas, que cualquier persona puede acudir a los estrados judiciales para cuestionar una paternidad o maternidad propiciada en ese \u00e1mbito. Incluso ha establecido prohibiciones espec\u00edficas para que, consumados ciertos hechos o vencidos determinados plazos, la situaci\u00f3n jur\u00eddica se torne inexpugnable, y por consiguiente definitiva; rigor que en general antes que disminuir se ha reafirmado en los \u00faltimos tiempos, de lo cual es elocuente ejemplo, la sentencia del orden constitucional (C-310-2004) mediante la cual se declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201ctrescientos d\u00edas\u201d que aparec\u00eda en el art\u00edculo 248, inciso 2\u00b0, numeral 2\u00b0, relativa al t\u00e9rmino de caducidad otorgado a personas distintas a los ascendientes para impugnar la legitimaci\u00f3n de los hijos extramatrimoniales, el cual qued\u00f3 reducido tambi\u00e9n a los sesenta d\u00edas fijados para las otras personas autorizadas legalmente para hacerlo (SC187, 9 nov. 2004, exp. n.\u00b0 00115). <\/p>\n
Y es que, \u00abde acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la caducidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n es \u2018una materia directamente implicada con el derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jur\u00eddica como lo es la definici\u00f3n del estado civil y la filiaci\u00f3n\u2019 (C-310\/04), t\u00e9rminos que en \u00faltimas propenden por poner fin a la incertidumbre de la filiaci\u00f3n\u00bb (SC5414, 11 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2013-00491-01). <\/p>\n
2.4.1. Trat\u00e1ndose del hijo, por mandato 217 del C\u00f3digo Civil, modificado por los art\u00edculos 5\u00b0 de la ley 1060 de 2006 y 626 de la ley 1564 de 2012, \u00abpodr\u00e1 impugnar la paternidad o la maternidad en cualquier tiempo\u00bb; valga decirlo, no se afecta por el transcurso del tiempo, como garant\u00eda del derecho fundamental al estado civil. <\/p>\n
En palabras de la Corte: <\/p>\n
Por lo que a este caso respecta, que es al hijo, harto se ha dicho del derecho que le asiste y, por lo mismo, del inter\u00e9s que tiene para indagar sobre el verdadero v\u00ednculo filial; y respecto de \u00e9l, cuando reclama el estado civil, se ha expresado que no tiene t\u00e9rmino alguno para ello, pues, como en su momento lo se\u00f1al\u00f3 la Corporaci\u00f3n, \u2018la acci\u00f3n que radica en cabeza de \u00e9ste para investigar su verdadera filiaci\u00f3n es imprescriptible y puede ejercerla en cualquier momento\u2019 para \u2018reclamar por este medio la declaraci\u00f3n de la verdadera maternidad, aunque el ejercicio de esta acci\u00f3n implique a la vez la impugnaci\u00f3n de la maternidad putativa\u2019 (G. J., t. CCI, p\u00e1g. 836) (SC, 4 may. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00301-01). <\/p>\n
2.4.2. El padre o madre, por prescripci\u00f3n del actual art\u00edculo 216, deber\u00e1 promover la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n \u00abdentro de los ciento (140) d\u00edas siguientes a aquel en que [tuvo] conocimiento de que no es el padre o madre biol\u00f3gico\u00bb. <\/p>\n
Para definir este hito, esta Corporaci\u00f3n dijo que \u00abla interpretaci\u00f3n constitucionalmente v\u00e1lida de la norma en menci\u00f3n\u2026 es aquella en la que el t\u00e9rmino de caducidad de la impugnaci\u00f3n de la paternidad se empieza a contar a partir de la fecha en la cual se tuvo conocimiento cierto a trav\u00e9s de la prueba de ADN de que no se era el padre biol\u00f3gico\u00bb (SC2350, 28 jun. 2019, rad. n.\u00b0 2014-00328-01). <\/p>\n
2.4.3. En cuanto se refiere a los herederos del causante, por fuerza de las disposiciones especiales que regulan la materia, el precepto 219 del estatuto privado previene: \u00abLos herederos podr\u00e1n impugnar la paternidad o la maternidad desde el momento en que conocieron del fallecimiento del padre o la madre o con posterioridad a esta; o desde el momento en que conocieron del nacimiento del hijo, de lo contrario el t\u00e9rmino para impugnar ser\u00e1 de 140 d\u00edas\u00bb. <\/p>\n
Luego, el plazo para accionar principiar\u00e1 a correr seg\u00fan la situaci\u00f3n de hecho, huelga enfatizarlo: (i) para los hijos nacidos antes del deceso del causante, el t\u00e9rmino contar\u00e1 desde el fallecimiento de \u00e9ste; y (ii) para los descendientes p\u00f3stumos a la defunci\u00f3n, el nacimiento de \u00e9stos ser\u00e1 el hito inicial para el conteo del plazo de caducidad. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la doctrina probable de este \u00f3rgano de cierre: <\/p>\n
Despunta entonces con la muerte de un sujeto, hecho jur\u00eddico que por ministerio de la ley determina, per se, la apertura de su sucesi\u00f3n \u2013art. 1012 del C.C.-, es decir, el nacimiento de los derechos que la ley o el testamento reconocen a quienes deben sucederlo en sus bienes transmisibles, legitim\u00e1ndose consiguientemente su ejercicio, condiciones bajo las cuales no luce irrazonable pensar, como lo hizo el Tribunal, que el fallecimiento de Benjam\u00edn Villamizar dot\u00f3 a los demandantes de inter\u00e9s para oponerse a la legitimaci\u00f3n del demandado, puesto que a partir de ese suceso resultar\u00eda admisible toda reclamaci\u00f3n de sus herederos, entre quienes se cuentan todos ellos, por raz\u00f3n de los derechos que les corresponden en la herencia de su progenitor, con independencia de que su composici\u00f3n, es decir los bienes, derechos y obligaciones que la integran, est\u00e9 probada o no, puesto que la comunidad herencial, que es universal, se caracteriza por \u2018comprender cuanto por ley transmite el causante al morir, por activa y por pasiva; por lo indefinido o indeterminado de los elementos positivos y negativos que la componen y por la afectaci\u00f3n esencial, necesaria e ineludible del activo por el pasivo hereditario\u2019 (G.J. t. LXXVIII, p\u00e1g. 329), luego bien puede ocurrir que a pesar de ignorar la existencia de los elementos que la integran, los apuntados derechos se radiquen en las personas llamadas a la sucesi\u00f3n del difunto, derechos que al hacerse extensivos a quien en realidad no es su sucesor, afecta, sin duda, la porci\u00f3n herencial que por ley corresponde a quienes s\u00ed lo son (negrilla fuera de texto, SC, 15 dic. 2006, rad. n.\u00b0 2000-00578-01). <\/p>\n
Con posterioridad reiter\u00f3: <\/p>\n
El derecho de accionar del heredero surge a la vida jur\u00eddica solo una vez que ocurra el fallecimiento del presunto padre o el nacimiento del hijo si este fue posterior al deceso. <\/p>\n
En consecuencia, no resulta l\u00f3gico ni es acorde con el texto del art\u00edculo 219 reformado, que el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n comenzara a correr antes de que le fuera posible a los herederos reclamar judicialmente contra la paternidad presunta. <\/p>\n
Es indudable que toda persona tiene el derecho de acci\u00f3n, es decir, de acudir ante la jurisdicci\u00f3n para la obtenci\u00f3n de una declaraci\u00f3n judicial respecto de su controversia. En cambio, no toda persona es titular de una relaci\u00f3n sustancial, esto es, del derecho material y subjetivo que reclama, el que s\u00f3lo puede hacer valer cuando la obligaci\u00f3n se ha hecho exigible. <\/p>\n
De ah\u00ed que antes de que haya nacido el derecho sustancial no es posible hablar de la extinci\u00f3n del derecho de acci\u00f3n; el t\u00e9rmino correspondiente debe contarse, necesariamente, desde el momento en que se pod\u00eda acudir a ella. Con otras palabras, es requisito indispensable para que transcurra el plazo de caducidad de una acci\u00f3n el que esta pueda ser ejercitada. <\/p>\n
Tesis renovada a los pocos meses en el siguiente sentido: <\/p>\n
Es claro, entonces, que en todos los casos de impugnaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial, independientemente de que su promotor sea el propio padre reconociente, o sus ascendientes, cuando aqu\u00e9l ya ha fallecido, o cualquiera otra persona, el que intente la acci\u00f3n debe estar asistido de \u201cinter\u00e9s\u201d suficiente para gestionarla, esto es, encontrarse en condiciones reales de adelantarla, lo que s\u00f3lo acontece cuando ha adquirido la certeza de que el reconocido no puede tener por padre a quien figura como tal\u2026 <\/p>\n
En el supuesto de los ascendientes, se impone precisar que si la creencia de que su hijo no es el progenitor del reconocido, surgi\u00f3 antes del deceso de aqu\u00e9l, el inter\u00e9s que tienen de impugnar la paternidad, se concretar\u00e1 \u00fanicamente con la muerte de su descendiente. En cambio, si aflor\u00f3 posteriormente, se materializar\u00e1 a partir de su aparecimiento (negrilla fuera de texto, SC12907, 25 ag. 2017, rad. n.\u00b0 2011-00216-01). <\/p>\n
2.4.4. Plazos que tienen aplicaci\u00f3n, no s\u00f3lo frente a la impugnaci\u00f3n de paternidad matrimonial, sino tambi\u00e9n frente a los hijos reconocidos de forma voluntaria por el causante, por fuerza de los siguientes c\u00e1nones: <\/p>\n
Art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil. En los dem\u00e1s casos podr\u00e1 impugnarse la paternidad probando alguna de las causas siguientes: <\/p>\n
1. Que el hijo no ha podido tener por padre al que pasa por tal. <\/p>\n
2. Que el hijo no ha tenido por madre a la que pasa por tal, sujet\u00e1ndose esta alegaci\u00f3n a lo dispuesto en el t\u00edtulo 18 de la maternidad disputada. <\/p>\n
No ser\u00e1n o\u00eddos contra la paternidad sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos, durante los 140 d\u00edas desde que tuvieron conocimiento de la paternidad. <\/p>\n
Art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 75 de 1968. El reconocimiento solamente podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Tal es el criterio de la Sala sobre la materia: \u00abpara destruir ese aparente v\u00ednculo filial, espec\u00edficamente con relaci\u00f3n a los hijos no nacidos durante la vigencia de la uni\u00f3n marital o el matrimonio, a los que no se aplica la paternidad presunta, el art\u00edculo 248 del C\u00f3digo Civil, estableci\u00f3 [las] causales de impugnaci\u00f3n\u00bb (SC1175, 8 feb. 2016, rad. n.\u00b0 2010-00308-01). <\/p>\n
3. Las anteriores consideraciones dejan en evidencia que los argumentos del casacionista est\u00e1n llamados al fracaso, en atenci\u00f3n a que el sentenciador aplic\u00f3 de manera adecuada el marco normativo que rige la controversia. <\/p>\n
3.1. Para apoyar el anterior aserto, conviene rememorar que el sub-lite fue promovido por \u00c1ngela Mar\u00eda Londo\u00f1o V\u00e1squez y Olga Luz Londo\u00f1o V\u00e1squez (folio 2 del cuaderno 1), quienes invocaron su calidad de hijas y, por tanto, sucesoras, de Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo. <\/p>\n
Petici\u00f3n que se sustent\u00f3 en \u00abel art\u00edculo 248 del c\u00f3digo civil Colombiano (sic), [que] faculta a las hijas leg\u00edtimas del causante, se\u00f1oras Olga Luz Londo\u00f1o V\u00e1squez y \u00c1ngela Mar\u00eda Londo\u00f1o V\u00e1squez, para impugnar el reconocimiento que hab\u00eda realizado con maniobras sobre su padre Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo, con relaci\u00f3n a la paternidad de quien aparece registrado como Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez\u00bb (folio 4 \u00eddem). <\/p>\n
3.2. Como la impugnaci\u00f3n fue promovida por las hijas de Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o V\u00e1squez, frente al reconocimiento voluntario que \u00e9ste efectu\u00f3 de Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez, descuella que se acudi\u00f3 a la acci\u00f3n consagrada para tutelar los derechos de los sucesores, en concreto, la establecida en el canon 248 del C\u00f3digo Civil, aplicable al asunto por remisi\u00f3n del art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 75 de 1968. <\/p>\n
3.3. Para establecer el t\u00e9rmino para demandar, seg\u00fan la norma en cita, la legislaci\u00f3n estableci\u00f3 que \u00ab[n]o ser\u00e1n o\u00eddos contra la paternidad sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello\u2026 durante los 140 d\u00edas desde que tuvieron conocimiento de la paternidad\u00bb. <\/p>\n
De este mandato relucen que se requieren dos (2) elementos para que el t\u00e9rmino de caducidad de 140 d\u00edas comience a correr: (i) surja en el demandante un inter\u00e9s para accionar y (ii) la paternidad rehusada sea conocida por \u00e9ste. As\u00ed se extrae de las siguientes expresiones: \u00abNo ser\u00f3n o\u00eddos\u2026 sino los que prueben un inter\u00e9s actual\u00bb, quienes deben actuar \u00abdesde que tuvieron conocimiento de la paternidad\u00bb. <\/p>\n
Una interpretaci\u00f3n como la propuesta por el casacionista, que propugna por considerar \u00fanicamente el \u00faltimo de los elementos mencionados, en desmedro del primero, conduce a absurdos hermen\u00e9uticos inaceptables. Y es que, arg\u00fcir que el inicio del plazo para el ejercicio de la acci\u00f3n comienza en el instante en que los herederos conocen del reconocimiento efectuado por el causante, sin considerar su inter\u00e9s para demandar, significar\u00eda rehusarles el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues al margen de que conozcan de la filiaci\u00f3n que estiman espuria, lo cierto es que hasta que no se configure aqu\u00e9l no ser\u00e1n o\u00eddos en juicio. <\/p>\n
De all\u00ed que la Corporaci\u00f3n, al interpretar este mandato, haya se\u00f1alado que el t\u00e9rmino de caducidad comience con el fallecimiento del causante, pues en este momento emerge el inter\u00e9s que permite desdecir de la filiaci\u00f3n matrimonial o extramatrimonial censurada. De este entendimiento dan cuenta los fallos de 15 de diciembre de 2006, 29 de junio y 25 de agosto de 2017, antes transcritos. <\/p>\n
Diferente es la conclusi\u00f3n cuando se trata de reclamaciones incoadas por los herederos, quienes podr\u00e1n accionar, \u00fanicamente, cuando tengan un inter\u00e9s directo en la refutaci\u00f3n de la paternidad o maternidad, lo que acontecer\u00e1 al nacimiento de su derecho herencial. <\/p>\n
Se excluye, de esta forma, que el ad quem incurriera en un error de juzgamiento por la senda directa, en descr\u00e9dito del \u00fanico cargo admitido a estudio en casaci\u00f3n; sin embargo, como se explicar\u00e1 en lo sucesivo, procede la intervenci\u00f3n de oficio para solventar la notoria transgresi\u00f3n de los derechos constitucionales del demandado en la presente controversia. <\/p>\n
II. Casaci\u00f3n oficiosa <\/p>\n
1. El reconocimiento del debido proceso como un derecho humano, con fuente en los c\u00e1nones XVIII de la Declaraci\u00f3n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 19481 y 10\u00b0 de la Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos2, aviv\u00f3 la idea de que el proceso civil debe responder no s\u00f3lo a los postulados de una justicia eminentemente rogada o dispositiva, sino que en ciertos casos deb\u00edan rebasarse los linderos trazados por los sujetos procesales, como garant\u00eda de la justicia material en el caso concreto. <\/p>\n
El debido proceso, en suma, no se agota con un mero ritualismo o decisionismo, sino que \u00abes preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es \u00fatil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la soluci\u00f3n justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas caracter\u00edsticas generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo hist\u00f3rico del proceso, consecuente con la protecci\u00f3n del individuo y la realizaci\u00f3n de la justicia, ha tra\u00eddo consigo la incorporaci\u00f3n de nuevos derechos procesales\u00bb (negrilla fuera de texto)3. <\/p>\n
Dentro de este contexto se abri\u00f3 paso la oficiosidad judicial, con el fin de dotar al aparato judicial de herramientas para acercar la decisi\u00f3n final a la realidad material del caso. Esto, debido a que, \u00ab[d]esde que el juez es el director del proceso, l\u00f3gicamente debe estar dotado de una serie de poderes para que pueda precisamente ejercer esa funci\u00f3n, de gran magnitud en el Proceso Civil contempor\u00e1neo. Estos poderes los establecen el C\u00f3digo colombiano y varios c\u00f3digos modernos, como el argentino y los de varias provincias de la Rep\u00fablica Argentina, los de algunos pa\u00edses centroamericanos, que se organizan para que esa actividad permanente del juez en la direcci\u00f3n del proceso cumpla su objetivo, llegue a la meta, de manera que esa funci\u00f3n b\u00e1sica del Estado, cual es la jurisdiccional, se cumpla satisfactoriamente\u00bb4. En suma, lleva al juez a erradicar la injusticia que pueda presentarse en el desarrollo del proceso. <\/p>\n
2. La casaci\u00f3n se vio impactada por estas nuevas ideas, pues con la oficiosidad se abri\u00f3 una brecha antes inexplorada, que si bien resquebraja el principio dispositivo sobre el cual se edific\u00f3 este remedio extraordinario, permite que se cumplan objetivos deseados en las sociedades contempor\u00e1neas. <\/p>\n
La Corte Constitucional, al analizar esta figura en vigencia del C.G.P, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Se trata de un instrumento de significativa relevancia que adem\u00e1s de limitar la naturaleza marcadamente dispositiva que ha caracterizado el recurso de casaci\u00f3n -con impactos negativos importantes en la prevalencia del derecho sustancial-, contribuye en plena armon\u00eda con los nuevos fines que lo inspiran, a promover el influjo directo de contenidos constitucionales en la comprensi\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los asuntos civiles, comerciales, agrarios y de familia. Tiene la Corte Suprema de Justicia, por expresa disposici\u00f3n del legislador procesal, el deber de transformar cualitativamente el significado del recurso. En el \u00e1mbito de sus atribuciones, la Corte Suprema debe asegurar que las normas de la Constituci\u00f3n adquieran real vigencia y efectividad en el derecho ordinario. Es a la luz de estas consideraciones que ese Tribunal deber\u00e1 interpretar esta nueva instituci\u00f3n. El legislador ya ha dado un paso, el siguiente le corresponde a la Corte (C-213\/17). <\/p>\n
3. En Colombia, el primer avance para la oficiosidad en la casaci\u00f3n civil se acometi\u00f3 con la expedici\u00f3n de la ley 1285 de 2009 que, en su art\u00edculo 7\u00b0, modificatorio del canon 16 de la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, estableci\u00f3: \u00abLas Salas de Casaci\u00f3n Civil y Agraria Laboral y Penal, actuar\u00e1n seg\u00fan su especialidad como Tribunal de Casaci\u00f3n, pudiendo seleccionar las sentencias objeto de su pronunciamiento, para los fines de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y control de legalidad de los fallos\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Acaece, a partir de este cambio de modelo, que el recurso excepcional tom\u00f3 una nueva orientaci\u00f3n, en la que ya no s\u00f3lo interesa, como fin primordial o estelar, la m\u00edtica unidad del derecho objetivo por medio de pronunciamientos destinados a unificar la jurisprudencia y crear procedentes vinculantes, sino tambi\u00e9n la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales y fundamentales de los sujetos involucrados en el litigio, traducida en un respeto a la garant\u00eda al debido proceso como derecho humano. <\/p>\n
De all\u00ed que el C\u00f3digo General del Proceso introdujera cambios relevantes en la finalidad de la casaci\u00f3n, pues en el anterior estatuto procesal estaba limitada a la \u00abunifica[ci\u00f3n de] la jurisprudencia nacional y proveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo en los respectivos procesos\u00bb y \u00abadem\u00e1s procura[r] reparar los agravios inferidos a las partes\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 365), mientras que en la actualidad se prev\u00e9 que \u00abtiene como fin defender el ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u00bb (art\u00edculo 333). <\/p>\n
Se dio paso, de esta forma, a una mayor oficiosidad, con aplicaciones concretas en el tr\u00e1mite de selecci\u00f3n, as\u00ed como en la casaci\u00f3n por motivos diferentes a los esgrimidos por el recurrente, figura \u00e9sta prevista expresamente en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso: \u00ab[l]a Corte no podr\u00e1 tener en cuenta causales de casaci\u00f3n distintas de las que han sido expresamente alegadas por el demandante. Sin embargo, podr\u00e1 casar la sentencia, a\u00fan de oficio, cuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
4. De acuerdo con la norma transcrita es dable que la Corte, llegado el momento de proferir sentencia y por su propia iniciativa, anule el veredicto de segundo grado, siempre que encuentre configurada alguna de las razones que habilitan su intervenci\u00f3n extraordinaria, y como se ve, no solo por cuestiones que interesen al Estado o afecten su patrimonio, sino cuando en el marco del litigio examinado encuentre la Colegiatura la afrenta a los derechos y garant\u00edas constitucionales, permitiendo as\u00ed que esa labor de garante no quede restringida a las acciones de tutela. <\/p>\n
En consecuencia, una vez situada la Sala en la fase procesal de resolver la casaci\u00f3n, su competencia va m\u00e1s all\u00e1 de los argumentos de la parte recurrente y su opositor, siempre que, seg\u00fan su prudente arbitrio, encuentre evidente que el veredicto del ad quem \u00abcompromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
En este escenario podr\u00e1n adoptarse soluciones que impidan la trasgresi\u00f3n manifiesta de los bienes jur\u00eddicos mencionados, sin las limitaciones ing\u00e9nitas al principio dispositivo que gobierna los recursos, a la congruencia o a la prohibici\u00f3n de reforma peyorativa; dicho de otra forma, la competencia de la Corte ser\u00e1 panor\u00e1mica, cuando deba ejercerla ex officio para conjurar amenazas o vulneraciones al orden o patrimonio p\u00fablico, o a los derechos y garant\u00edas constitucionales. <\/p>\n
Ahora bien, para que las prerrogativas legales no se traduzcan en arbitrariedad, siempre que la Corte las ejerza, deber\u00e1 se\u00f1alar las razones por las cuales entiende que es ostensible la transgresi\u00f3n y motivar las determinaciones que adopte. <\/p>\n
5. En el presente caso la intervenci\u00f3n oficiosa de la Corporaci\u00f3n deviene imperativa, con el fin de franquear la ostensible vulneraci\u00f3n de los preceptos que gobiernan, no solo el estado civil, sino los postulados que tanto en los tratados internacionales como en el orden interno se ocupan de la instituci\u00f3n familiar como base esencial de la sociedad, en punto al reconocimiento de la excepci\u00f3n propuesta por Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez tocante a su condici\u00f3n de hijo demostrada por la posesi\u00f3n notoria de su calidad. <\/p>\n
5.1. Es pac\u00edfico que el estado civil de las personas est\u00e1 gobernado por disposiciones de orden p\u00fablico, en atenci\u00f3n a las implicaciones que del mismo emergen para el titular, con relaci\u00f3n a su ubicaci\u00f3n en la familia y sociedad, as\u00ed como frente al ejercicio de sus derechos y los deberes correlativos. <\/p>\n
Justamente, la Corte ha dicho: <\/p>\n
Tambi\u00e9n es conocido que las normas relativas al estado civil son de orden p\u00fablico, pues se trata de una materia que no s\u00f3lo concierne a quien ostenta un determinado estado, sino tambi\u00e9n a la familia y a la sociedad toda, raz\u00f3n por la cual fue establecida su irrenunciabilidad y, por lo mismo, la proscripci\u00f3n de aquellos actos jur\u00eddicos que tienen como confesado prop\u00f3sito derogar o desconocer las leyes que lo gobiernan, a lo que se apareja que, del mismo modo y por los mismos motivos, le est\u00e1 vedado a las personas implementar acciones dirigidas a repudiar o indagar su filiaci\u00f3n, por v\u00edas distintas de las autorizadas en la ley (SC, 26 sep. 2005, rad. n.\u00b0 1999-0137). <\/p>\n
Ahora bien, dentro de las materias que conciernen al estado civil, conforme al canon 5\u00b0 del decreto 1260 de 1970, se encuentra lo relativo a \u00ablos nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambio de nombre, declaraciones de seud\u00f3nimo, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunci\u00f3n de muerte\u00bb. <\/p>\n
5.2. Para desentra\u00f1ar el alcance del anterior concepto, en el momento actual, es menester considerar que la concepci\u00f3n de familia ha tenido una evoluci\u00f3n constante en el derecho y, por ende, ha ampliado el contenido del estado civil; as\u00ed, comenzando por un escenario de anomia legislativa, se traseg\u00f3 hacia una regulaci\u00f3n limitada a ciertos temas econ\u00f3micos entre parientes consangu\u00edneos y afines, que con los a\u00f1os se expandi\u00f3 de acuerdo con la realidad social para normar aspectos concernientes a los efectos civiles e, incluso, reconocer novedosas formas de organizaci\u00f3n familiar propias de la evoluci\u00f3n social. <\/p>\n
Esta ampliaci\u00f3n del objeto de protecci\u00f3n en nuestro ordenamiento se ha dado tanto en el \u00e1mbito legislativo como constitucional, con expresiones concretas en materia de tutela a los hijos nacidos por fuera del v\u00ednculo matrimonial, a los cuales el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo Civil clasificaba en ileg\u00edtimos, naturales y de da\u00f1ado y punible ayuntamiento, que a su vez pod\u00edan ser adulterinos o incestuosos. La denominaci\u00f3n de ileg\u00edtimos era gen\u00e9rica, pues, comprend\u00eda todos los que no eran leg\u00edtimos. Pero, adem\u00e1s, el art\u00edculo 58 llamaba espurios los hijos de da\u00f1ado y punible ayuntamiento; y el 57 denominaba simplemente ileg\u00edtimo al hijo natural o al espurio a quien faltaba el reconocimiento por parte del padre o de la madre. Esta diferenciaci\u00f3n era expresi\u00f3n de un tratamiento discriminatorio, que poco a poco vino a ser remediado con las leyes 45 de 1936, 29 de 1982 y 1060 de 2006, las cuales constituyen un salto formidable hacia una sociedad igualitaria. <\/p>\n
Lo propio ocurri\u00f3 con la concepci\u00f3n integral de la familia, en donde solo se reconoc\u00eda como tal a aquellas conformadas por el v\u00ednculo matrimonial, dejando de lado todo aquello referido a la familia de hecho, esto es, la originada de la convivencia material y afectiva de los interesados, expresada en la fijaci\u00f3n de proyectos comunes, apoyo sentimental y econ\u00f3mico, tanto las heterosexuales como las homosexuales, las cuales carec\u00edan de cualquier protecci\u00f3n por el derecho. <\/p>\n
Fue la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica la encargada de avanzar decisivamente en la protecci\u00f3n, al prescribir que \u00ab[l]a familia\u2026 se constituye por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, por la decisi\u00f3n libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 42); regla que encuentra apoyadura adicional en los c\u00e1nones 5, 13, 15, 28 y 44, que en su orden consagran el deber de proteger la familia, la proscripci\u00f3n de la discriminaci\u00f3n por razones de origen familiar, la protecci\u00f3n de intimidad familiar, el derecho a no ser molestado en su familia y el derecho de los ni\u00f1os a tener una familia. <\/p>\n
Sobre esta cuesti\u00f3n, la Corte Constitucional tiene decantado: <\/p>\n
No obstante estar sometida a un proceso de constante evoluci\u00f3n primeramente verificado en la realidad de la que hace parte, la Corte ha definido la familia \u2018en un sentido amplio\u2019, como \u2018aquella comunidad de personas emparentadas entre s\u00ed por v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga \u00edntimamente a sus integrantes m\u00e1s pr\u00f3ximos\u2019… <\/p>\n
Hasta ahora la Corte ha destacado que, a diferencia de los jur\u00eddicos, los v\u00ednculos naturales hacen referencia a la decisi\u00f3n libre de conformar una familia que se traduce en la constituci\u00f3n de una uni\u00f3n de car\u00e1cter extramatrimonial que no tiene fundamento en el consentimiento expresado, sino \u2018en el solo hecho de la convivencia\u2019 y en la cual \u2018los compa\u00f1eros nada se deben en el plano de la vida en com\u00fan, y son libres en la determinaci\u00f3n de continuar en ella o de terminarla o de guardar fidelidad a su pareja\u2019\u2026 (C-577\/2011). <\/p>\n
La doctrina asegura que: <\/p>\n
En los \u00faltimos a\u00f1os, seguramente influidos por las reformas legislativas que gradualmente han ido disminuyendo la importancia jur\u00eddica de la autoridad familiar, los autores tienden a prescindir de dicho elemento en la conformaci\u00f3n de la noci\u00f3n de familia y dirigen su atenci\u00f3n a las relaciones de mutuo afecto y solidaridad que se aprecian en la comunidad humana reconocida como titular. Expresa Lacruz: \u2018En nuestro tiempo la familia, perdida la f\u00f3rmula de instituci\u00f3n patriarcal para pasar a la de una asociaci\u00f3n igualitaria de var\u00f3n y mujer para la crianza de los hijos si los hay y la convivencia en todo caso, es un grupo unido por v\u00ednculos de sangre y afecto que procrea, educa, prepara los alimentos, vive en com\u00fan y cuyos miembros \u00fatiles contribuyen al sostenimiento de todos con el producto de su actividad\u20195. <\/p>\n
Instituci\u00f3n que tuvo su origen en el progresivo reconocimiento de los derechos de los compa\u00f1eros permanentes, como fen\u00f3meno sociol\u00f3gico de largo arraigo en nuestro pa\u00eds y que, pese a su informalidad, logr\u00f3 su protecci\u00f3n con la expedici\u00f3n de la ley 54 de 1990, definiendo la uni\u00f3n marital de hecho como la \u00abformada entre un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida permanente y singular\u00bb (art\u00edculo 1\u00b0). <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose a este cambio regulatorio, dijo que \u00abante la ausencia de regulaci\u00f3n jur\u00eddica para un fen\u00f3meno social de relevancia incuestionable, como es la conformaci\u00f3n de parejas estables sin un v\u00ednculo matrimonial previo, la Ley 54 de 1990 abri\u00f3 la posibilidad de que estas fueran declaradas judicialmente, consecuencia que se abr\u00eda paso de inmediato, siempre que, para ese momento, se cumplieran los requisitos que all\u00ed mismo se establecieron\u00bb (SC, 12 dic. 2011, rad. n.\u00b0 2003-01261-01; reitera SC, 22 nov. 2010, exp. 2005-00997-01). <\/p>\n
A su vez, por fuerza de la sentencia C-075 de 7 de febrero de 2007, la Corte Constitucional declar\u00f3 la exequibilidad de esta disposici\u00f3n, \u00aben el entendido que el r\u00e9gimen de protecci\u00f3n en ella contenido se aplica tambi\u00e9n a las parejas homosexuales\u00bb. <\/p>\n
5.3. Deviene de lo anotado que, sin mencionar antecedentes m\u00e1s pret\u00e9ritos, la concepci\u00f3n de familia ha tenido una evoluci\u00f3n constante en el derecho, a consecuencia del dinamismo social, toda vez que en alguna \u00e9poca la tem\u00e1tica como tal no estuvo expresamente regulada, limit\u00e1ndose a las relaciones jur\u00eddicas entre parientes consangu\u00edneos y afines, en especial en el \u00e1mbito econ\u00f3mico, pero esa regulaci\u00f3n tan restringida ha venido super\u00e1ndose con el pasar de los a\u00f1os, atendiendo la misma realidad social que en su constante desarrollo demuestra que la familia constituye toda una instituci\u00f3n, llamada a ser reconocida y protegida. <\/p>\n
La familia, en consecuencia, no debe definirse exclusivamente por el cientificismo, porque doblega en repetidos casos, el derecho, la libertad y la autonom\u00eda de la voluntad. La familia es ante todo una instituci\u00f3n cultural, mediada por lazos sociales, donde lo cient\u00edfico puede ser desplazado. <\/p>\n
De all\u00ed que en tiempos m\u00e1s pr\u00f3ximos el campo de aplicaci\u00f3n de la familia de hecho se ensanchara, para reconocer que pod\u00eda emanar de lazos parentales o colaterales producidos por la crianza, esto es, de la acogida de una persona en un n\u00facleo familiar que, por fuerza de la convivencia, permite la formaci\u00f3n de relaciones de afecto, respeto, solidaridad, comprensi\u00f3n y protecci\u00f3n, dando, incluso, origen a una nueva fuente del v\u00ednculo filial no derivada del nexo biol\u00f3gico, pero no extra\u00f1a al ordenamiento jur\u00eddico, como en anta\u00f1o se admiti\u00f3 en materia de adopci\u00f3n. En consecuencia, en una sociedad multicultural y pluri\u00e9tnica la filiaci\u00f3n es una instituci\u00f3n cultural, social y jur\u00eddica, no sometida irremediablemente a los fr\u00edos y p\u00e9treos mandatos de la ciencia. <\/p>\n
Dicho de otra forma, las relaciones de crianza se generan por la asunci\u00f3n de la calidad de padre, hijo, hermano y sobrino, sin tener v\u00ednculo consangu\u00edneo o adoptivo, las cuales nacen de la incorporaci\u00f3n de un nuevo integrante a la comunidad dom\u00e9stica. <\/p>\n
La Sala, refiri\u00e9ndose a esta forma de familia, ha dicho: <\/p>\n
[L]a Jurisprudencia desarrollada por las Altas Cortes ha sido coincidente, en orden a ir m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites all\u00ed trazados, entendiendo que la familia no solo se constituye por el v\u00ednculo biol\u00f3gico o jur\u00eddico, sino tambi\u00e9n a partir de las relaciones de hecho o crianza, edificadas en la solidaridad, el amor, la protecci\u00f3n, el respeto, en fin, en cada una de las manifestaciones inequ\u00edvocas del significado ontol\u00f3gico de una familia\u2026 <\/p>\n
En el \u00e1mbito jur\u00eddico colombiano las relaciones de familia est\u00e1n determinadas por v\u00ednculos biol\u00f3gicos o jur\u00eddicos, as\u00ed para efectos de establecer la filiaci\u00f3n de una persona las presunciones consagradas por la ley tienen su fuente en el trato sexual entre los presuntos padres, no obstante, a pesar de que la mayor\u00eda de normas que regulan el tema de la filiaci\u00f3n est\u00e1n encaminados a establecer el v\u00ednculo consangu\u00edneo entre los presuntos padres y el presunto hijo, el ordenamiento legal de anta\u00f1o, consagr\u00f3 una presunci\u00f3n de paternidad extramatrimonial, donde no se exig\u00eda como requisito para establecerla las relaciones carnales del demandado con la madre del demandante , determinando que hay lugar a declararla judicialmente, \u00abcuando se acredita la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo. <\/p>\n
Es as\u00ed como el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1968, previ\u00f3 la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo como presunci\u00f3n de paternidad extramatrimonial, la cual cumple probarse conforme a lo dispuesto en los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba de la Ley 45 de 1936 y el 398 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 75 de 1968, figura que a pesar de su vetustez continua vigente, pues no fue modificada por las Leyes 29 de 1982, 721 de 2001 y 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso). (STC6009, 9 may. 2018, rad. n.\u00b0 2018-00071-01). <\/p>\n
A\u00f1os atr\u00e1s hab\u00eda manifestado: <\/p>\n
El grupo familiar est\u00e1 compuesto no solo por padres, hijos, hermanos, abuelos y parientes cercanos, sino que incluye tambi\u00e9n a personas entre quienes no existen lazos de consanguinidad, pero pueden haber relaciones de apoyo y afecto incluso m\u00e1s fuertes, de ah\u00ed que no haya una \u00fanica clase de familia, ni menos una forma exclusiva para constituirla. <\/p>\n
Se distinguen entonces diversas clases de familia, por adopci\u00f3n, matrimonio, uni\u00f3n marital entre compa\u00f1eros permanentes, de crianza, monoparentales y ensambladas, como lo defini\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-577 de 2011 (STC14680, 23 oct. 2015, rad. n.\u00b0 2015-00361-02). <\/p>\n
La Corte Constitucional ha establecido los siguientes requisitos para que se establezca una relaci\u00f3n de padre o madre e hijo de crianza: <\/p>\n
(a) Para calificar a un menor como hijo de crianza es necesario demostrar la estrecha relaci\u00f3n familiar con los presuntos padres de crianza y una deteriorada o ausente relaci\u00f3n de lazos familiares con los padres biol\u00f3gicos. El primero de los elementos supone la existencia real, efectiva y permanente de una convivencia que implique v\u00ednculos de afecto, solidaridad, ayuda y comunicaci\u00f3n. El segundo de los elementos supone una desvinculaci\u00f3n con el padre o madre biol\u00f3gicos seg\u00fan el caso, que evidencie una fractura de los v\u00ednculos afectivos y econ\u00f3micos. Ello se puede constatar en aquellos casos en los cuales existe un desinter\u00e9s por parte de los padres para fortalecer sus lazos paterno-filiales y por proveer econ\u00f3micamente lo suficiente para suplir las necesidades b\u00e1sicas de sus hijos. <\/p>\n
(b) De la declaratoria de hijo de crianza, se pueden derivar derechos y obligaciones. Teniendo en cuenta que los asuntos relativos al estado civil de las personas y a la filiaci\u00f3n son materia exclusiva del legislador, cuando se establezca la existencia de un hijo de crianza, madre o padre de crianza debe existir certidumbre acerca de dicha condici\u00f3n de acuerdo con el material probatorio que obre en el expediente\u2026 <\/p>\n
(d) La categor\u00eda \u201chijos de crianza\u201d es de creaci\u00f3n jurisprudencial; por lo tanto, el juez al momento de declarar la existencia de dicho v\u00ednculo debe hacerlo con base en un s\u00f3lido y consistente material probatorio del que derive unos fuertes lazos familiares existentes entre los menores y su padre de crianza, as\u00ed como la constataci\u00f3n de una ausencia de v\u00ednculo o muy deteriorada relaci\u00f3n entre el menor y su padre biol\u00f3gico. Por cuanto de dicha declaratoria m\u00e1s adelante se pueden derivar otro tipo de consecuencias jur\u00eddicas (T-836\/2014). <\/p>\n
5.4. V\u00ednculos de crianza que, por su especial relevancia para la estabilidad emocional y econ\u00f3mica de las personas, han sido tutelados jurisprudencialmente, por medio del reconocimiento de derechos tales como la prohibici\u00f3n de ruptura familiar, protecci\u00f3n prevalente sobre el v\u00ednculo biol\u00f3gico, igualdad y acceso judicial para definir el estado civil. <\/p>\n
5.4.1. As\u00ed la Corte Suprema de Justicia, en sede de casaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que en los eventos en que judicialmente se declare una filiaci\u00f3n biol\u00f3gica en desmedro de un v\u00ednculo de crianza, se impone a los sentenciadores que tomen medidas para evitar la afectaci\u00f3n emocional de los integrantes. <\/p>\n
En concreto asegur\u00f3: <\/p>\n
[Corresponde al a quo] buscar, a trav\u00e9s de todos los instrumentos legales de que dispone, como por medio de la asistente social\u2026, la eficaz colaboraci\u00f3n en la orientaci\u00f3n sicol\u00f3gica y social de la ni\u00f1a y de sus familiares, que le permitan a aqu\u00e9lla asumir, con el m\u00ednimo de desconcierto, la transici\u00f3n sobreviniente de la sentencia, por supuesto que este pronunciamiento no implica por s\u00ed mismo desconocer abruptamente las circunstancias en las cuales ella actualmente se desenvuelve, ni el entorno afectivo que en el momento ostenta, todo con el prop\u00f3sito fundamental de contribuir a su desarrollo arm\u00f3nico e integral, tal y como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 44 y 45 de la Carta Pol\u00edtica (negrilla fuera de texto, SC, 4 may. 2005, rad. n.\u00b0 2000-00301-01). <\/p>\n
E insisti\u00f3: <\/p>\n
En todo caso, advierte la Corte que el juzgador encargado de ejecutar la resoluci\u00f3n\u2026 deber\u00e1 promover, como mecanismo para salvaguardar el inter\u00e9s superior del menor actuante en este proceso, reconocido en los art\u00edculos 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 8 de la ley 1098 de 2006, las medidas necesarias para mitigar las afectaciones sociales y sicol\u00f3gicas que el cambio de paternidad pueda irrogarle. <\/p>\n
Para tales fines, se tendr\u00e1 en cuenta la calidad de los v\u00ednculos fraternos construidos entre el infante y quien se predicaba su progenitor, los cuales no podr\u00e1n verse interrumpidos en perjuicio de aqu\u00e9l. Recu\u00e9rdese que, seg\u00fan el mandato constitucional en cita, son derechos fundamentales de los menores la salud, el cuidado y el amor, los cuales no est\u00e1n atados a una condici\u00f3n biol\u00f3gica, sino a un v\u00ednculo social y afectivo, que debe ser objeto de protecci\u00f3n (negrilla fuera de texto, SC280, 20 feb. 2018, rad. n.\u00b0 2010-00947-01). <\/p>\n
Trasluce, entonces, que no puede truncarse una relaci\u00f3n jur\u00eddica forjada por la convivencia, incluso frente a la comprobaci\u00f3n de una filiaci\u00f3n cient\u00edfica, por las consecuencias que puede aparejar en la afectividad de los padres e hijos de crianza. <\/p>\n
En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que existe una restricci\u00f3n para que, con ocasi\u00f3n de una orden judicial o administrativa, se afecten las relaciones a que se ha hecho referencia: <\/p>\n
[E]n casos en los cuales se han consolidado lazos de apego entre un ni\u00f1o y su familia de hecho, cuya ruptura amenaza el inter\u00e9s superior del menor y la estabilidad de su proceso de desarrollo\u2026, se considera, para todos los efectos legales, que el grupo familiar digno de protecci\u00f3n constitucional es el constituido por la familia de crianza de dicho menor. Se trata, as\u00ed, de lazos familiares de hecho que, por su car\u00e1cter excepcional y su trascendencia para la estabilidad y el desarrollo de los ni\u00f1os implicados, son merecedores de protecci\u00f3n constitucional (T-292\/2004 y T-497\/2005). <\/p>\n
5.4.2. Se agrega que la jurisprudencia constitucional ha otorgado a la familia de crianza un car\u00e1cter prevalente sobre la consangu\u00ednea, siempre que aqu\u00e9lla haya dado lugar a v\u00ednculos afectivos que sean merecedores de protecci\u00f3n, en garant\u00eda del mejor desarrollo de sus part\u00edcipes. <\/p>\n
De forma perspicua se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
[La] Corporaci\u00f3n ha explicado que existe una presunci\u00f3n constitucional a favor de la familia biol\u00f3gica, en el sentido de que es este grupo familiar el que, en principio y por el hecho f\u00edsico del nacimiento, se encuentra situado en una mejor posici\u00f3n para brindar al menor las condiciones b\u00e1sicas de cuidado y afecto que requiere para desarrollarse\u2026 <\/p>\n
Por otra parte, existen casos en los cuales la presunci\u00f3n a favor de la familia biol\u00f3gica no es desvirtuada, sino que cesa de operar. Ello ocurre, por ejemplo, cuando un menor ha sido entregado a otra familia distinta y ha sido cuidado por esta de buena fe durante un tiempo suficiente como para que se hayan generado v\u00ednculos afectivos y de dependencia s\u00f3lidos entre los miembros de tal familia y el ni\u00f1o, en tal grado que el menor sienta que esa es su propia familia; ya se vio c\u00f3mo en estos casos, el \u00e1mbito de protecci\u00f3n del derecho a la familia del menor involucrado se traslada hacia su familia de crianza. Esta \u201ctraslaci\u00f3n\u201d consiste, esencialmente, en el reconocimiento de que el inter\u00e9s superior del menor estar\u00e1 mejor satisfecho si no se perturba su proceso de desarrollo al modificar su ubicaci\u00f3n familiar, por lo cual todos los mecanismos jur\u00eddicos de protecci\u00f3n de la familia operan en relaci\u00f3n con el grupo de cuidadores de hecho con los que el ni\u00f1o ha desarrollado lazos rec\u00edprocos de cari\u00f1o y dependencia. El correlato necesario de esta traslaci\u00f3n, es el cese de los efectos de la presunci\u00f3n a favor de la familia biol\u00f3gica, no porque esta familia necesariamente sea inepta para fomentar el desarrollo del menor, sino porque el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o y el car\u00e1cter prevaleciente de sus derechos hace que no se puedan perturbar los s\u00f3lidos y estables v\u00ednculos psicol\u00f3gicos y afectivos que ha desarrollado en el seno de su familia de crianza. En esa medida, no son relevantes los argumentos de las familias biol\u00f3gicas que pretenden recuperar a menores en esta situaci\u00f3n presentando sus condiciones actuales como m\u00e1s o menos favorables que las de la familia de crianza del ni\u00f1o implicado; son las caracter\u00edsticas de los v\u00ednculos entre este ni\u00f1o y sus cuidadores de hecho, y la forma en que incidir\u00eda su perturbaci\u00f3n sobre el bienestar y desarrollo del menor, lo que debe ocupar la atenci\u00f3n de las autoridades llamadas a tomar una decisi\u00f3n. Lo contrario equivaldr\u00eda a otorgar a los derechos de la familia biol\u00f3gica un alcance absoluto que no les corresponde, por medio de la adopci\u00f3n de medidas que, al tener en cuenta exclusivamente los derechos e intereses de tales parientes biol\u00f3gicos, pueden lesionar en forma irremediable los derechos prevalecientes de los ni\u00f1os implicados (T-292\/2004) <\/p>\n
5.4.3. Un derecho de especial importancia es la igualdad, pues los hijos de crianza no pueden ser objeto de discriminaci\u00f3n frente a los dem\u00e1s integrantes del n\u00facleo familiar -matrimoniales o extramatrimoniales-, en especial, para acceder a derechos prestacionales. <\/p>\n
Y es que la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es di\u00e1fana en prescribir que \u00ab[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibir\u00e1n la misma protecci\u00f3n y trato de las autoridades y gozar\u00e1n de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci\u00f3n por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi\u00f3n, opini\u00f3n pol\u00edtica o filos\u00f3fica\u00bb (negrilla fuera de texto, art\u00edculo 13). <\/p>\n
La Corte Constitucional decant\u00f3: <\/p>\n
[L]a igualdad que se predica entre los hijos de crianza y los hijos biol\u00f3gicos y adoptivos, se hace extensiva a todos los aspectos de la vida de los menores, entre ellos, la educaci\u00f3n, puesto que como se mencion\u00f3 en ac\u00e1pites anteriores, la correcta protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de este derecho, garantiza un adecuado nivel de vida (T-497\/2005). <\/p>\n
La Sala, de forma particular, refiri\u00e9ndose al acceso al sistema de seguridad social en salud, asever\u00f3: <\/p>\n
[C]onsidera la Sala que el concepto en que se fundamenta la encartada para negarse a realizar la inclusi\u00f3n, genera discriminaci\u00f3n y condiciones de desigualdad entre los miembros del n\u00facleo familiar, particularmente en relaci\u00f3n con los descendientes, que para el caso son dos, pues no hay justificaci\u00f3n que permita que frente a dos menores de edad, miembros de un mismo hogar, se imponga a uno de ellos un sistema de atenci\u00f3n en salud distinto y menos beneficioso que el consagrado para su hermano, porque estima la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, que el hijastro debe ser inscrito por sus progenitores en el sistema de salud al que ellos pertenezcan. <\/p>\n
La se\u00f1alada posici\u00f3n desconoce los derechos fundamentales del hijo aportado por la compa\u00f1era permanente del inconforme, toda vez que a pesar de convivir bajo igual techo, se le imponen restricciones para acceder a exactos beneficios de los que goza su hermano habido al interior de la uni\u00f3n marital de hecho, lo que \u00abcrea una situaci\u00f3n de segregaci\u00f3n dentro del n\u00facleo familiar, constitucionalmente inaceptable\u00bb (T-606 de 2013). <\/p>\n
Sobre el particular esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC14680-2015, de 23 octubre, reconoci\u00f3 que \u00abla familia puede constituirse por medio de v\u00ednculos naturales o jur\u00eddicos, mediante la determinaci\u00f3n de dos personas de contraer matrimonio o por la voluntad libre y responsable de conformarla\u00bb de esta manera distingui\u00f3 \u00abdiversas clases de familia, por adopci\u00f3n, matrimonio, uni\u00f3n marital entre compa\u00f1ero permanentes, de crianza, monoparentales y ensambladas\u00bb entendiendo la denominadas familias de crianza como \u00abcomo aquella que nace por relaciones de afecto, respeto, solidaridad , compresi\u00f3n y protecci\u00f3n, pero no por lazos de consanguinidad o v\u00ednculos jur\u00eddicos\u00bb, modalidades entre las cuales est\u00e1 prohibido hacer cualquier tipo de diferenciaci\u00f3n en cuanto a las prerrogativas que les asisten como unidad y respecto de cada uno de sus miembros (negrilla fuera de texto, STC12548, 7 sep. 2016, rad. n.\u00b0 2016-00386-01). <\/p>\n
Ese reconocimiento de derechos en las relaciones paterno-filiales \u00abde hecho\u00bb sigue abri\u00e9ndose camino jurisprudencialmente, siempre que se desvele la formaci\u00f3n de una familia nuclear, por el prohijamiento del nuevo integrante con actos positivos y, en el largo plazo, en virtud del convencimiento social de la condici\u00f3n de hijo. No en vano, se ha concedido acceso a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, cuando la contundencia de dicha calidad surja de la acreditaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos que la estructuran (cfr. CSJ, SL1020, 17 mar. 2021, rad. n.\u00b0 52742). <\/p>\n
5.4.4. Con ese mismo norte, la jurisprudencia ha reconocido al hijo de crianza la posibilidad de acceder a la administraci\u00f3n de justicia con el fin de definir el estado civil establecido con ocasi\u00f3n del afecto, convivencia y solidaridad, para lo cual tiene a su disposici\u00f3n la pretensi\u00f3n tendiente a declarar el reconocimiento voluntario de su calidad como integrante del n\u00facleo familiar, susceptible de ser demostrada por medio de la posesi\u00f3n notoria del estado civil. <\/p>\n
Esta Sala dijo, in extenso: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, atendiendo a que el v\u00ednculo de crianza refiere a la posesi\u00f3n notoria del estado civil de las personas, encuentra la Corte que la gestora, tal como lo afirm\u00f3 el fallador encausado, tiene a su alcance la acci\u00f3n judicial encaminada a determinar tal parentesco del cual se desprende derechos y obligaciones entre las partes, no puede tener dos filiaciones -biol\u00f3gica y de crianza-, habida cuenta que ir\u00eda en contrav\u00eda del principio de la Unidad del Estado Civil. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que \u00abel estado civil de una persona es su situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignaci\u00f3n corresponde a la ley\u00bb (art. 1\u00b0 Decreto 1260 de 1970), de ah\u00ed que si bien, por v\u00eda jurisprudencial se ha desarrollado las familias de crianzas, esto deviene de la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo y padre, el cual debe ser debidamente acreditado por las partes a trav\u00e9s de un juicio declarativo\u2026 <\/p>\n
Entonces, la accionante puede acudir ante los jueces de familia a fin de adelantar la acci\u00f3n de \u00abdeclaratoria de hija de crianza\u00bb, pues, it\u00e9rese, dicha declaratoria involucra su estado civil, a m\u00e1s que de lo all\u00ed dispuesto, nace los respetivos derechos y obligaciones entre las partes, esto es, las derivadas del padre al hijo y del hijo al padre, toda vez que, como se ha dicho, el v\u00ednculo reclamado es una categor\u00eda de creaci\u00f3n jurisprudencial, a fin de reconocer y proteger no solo los lazos de consanguinidad y v\u00ednculos jur\u00eddicos materia de un debate de esa connotaci\u00f3n, tambi\u00e9n los que resultan de la convivencia continua, el afecto, la protecci\u00f3n, el auxilio, la solidaridad, comprensi\u00f3n y respeto mutuo, dando paso a situaciones de facto que crean consecuencias jur\u00eddicas y que son igualmente destinatarios de las medidas de protecci\u00f3n a la familia fijadas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la ley colombiana (STC5594, 14 ag. 2020, rad. n.\u00b0 2020-00184-01). <\/p>\n
En este \u00faltimo caso la prevalencia de lo social sobre consideraciones gen\u00e9ticas o biol\u00f3gicas se hace palpable, como garant\u00eda del reconocimiento de todas las formas de familia en nuestra sociedad. As\u00ed lo doctrin\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
[D]ebe estudiarse cada caso en particular para verificar si prevalecen los afectos y el trato social, as\u00ed como el consentimiento del padre sobre lo puramente biol\u00f3gico para que, aun conociendo la veracidad de la prueba cient\u00edfica, se d\u00e9 prioridad a los afectos y se permita al hijo accionado mantener el statu quo civil en la forma en que lo ha sustentado durante toda su vida, impidiendo que razones ajenas a intereses puramente familiares permitan despojarlo de una filiaci\u00f3n que ha detentado con la aquiescencia de aquel que la ha tratado siempre como su padre. Son casos en que una certeza jur\u00eddica o social debe primar sobre la verdad biol\u00f3gica (SC1493, 30 ab. 2019, rad. n.\u00b0 2009-00031-02, reitera SC12907-2017). <\/p>\n
6. Por otra parte conviene recordar que, conforme se indic\u00f3 en precedencia, el legislador ha propendido de tiempo atr\u00e1s por la protecci\u00f3n de esa relaci\u00f3n filial, cobrando relevancia en el sub judice el canon 4\u00b0 de la ley 45 de 1936, modificado por el art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 75 de 1968, el cual dispone que \u00ab[s]e presume la paternidad natural y hay lugar a declararla judicialmente\u2026 [c]uando se acredite la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo\u00bb. <\/p>\n
Legalmente se entiende por \u00abposesi\u00f3n notoria del estado de hijo natural\u2026 que el respectivo padre o madre haya tratado al hijo como tal, proveyendo a su subsistencia, educaci\u00f3n y establecimiento, y en que sus deudos y amigos o el vecindario del domicilio en general, lo hayan reputado como hijo de dicho padre o madre, a virtud de aquel tratamiento\u00bb (art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 45 de 1936), siempre que haya \u00abdurado cinco a\u00f1os continuos por lo menos\u00bb (art\u00edculo 398 del C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
Figura que a pesar de su vetustez conserva vigencia en el sistema jur\u00eddico patrio, muy a pesar de los avances cient\u00edficos alcanzados y que permiten determinar, con grado pr\u00f3ximo a la certeza, el ligamen filial que vincula a dos sujetos, pues no ha sido modificada o suprimida por las reglamentaciones proferidas para gobernar la filiaci\u00f3n extramatrimonial, huelga decirlo, las leyes 29 de 1982, 721 de 2001 y 1564 de 2012. <\/p>\n
Ciertamente, no se desconoce que en la ley 721 de 2001 se impuso la obligaci\u00f3n de que \u00ab[E]n todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenar\u00e1 la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes que cient\u00edficamente determinen \u00edndice de probabilidad superior al 99.9%.\u00bb, pero ello no apareja el establecimiento de una regla \u00fanica que determine en grado absoluto el sentido de la decisi\u00f3n, en especial en juicios de impugnaci\u00f3n; tampoco trasluce que \u00fanicamente cuando se est\u00e9 en presencia de dicha prueba cient\u00edfica pueda abrirse paso una decisi\u00f3n relativa a la filiaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior porque, a\u00fan ante la acreditaci\u00f3n de dicha realidad biol\u00f3gica, es factible mantener inalterado el estado civil \u00abaparente\u00bb, por ejemplo, ante las disposiciones que regulan la caducidad para impetrar las acciones autorizadas para su establecimiento (aspecto que por cierto no se acontece en el caso); adem\u00e1s, cuando no sea posible obtener el informe t\u00e9cnico, el art\u00edculo 3 de la misma se\u00f1ala que podr\u00e1 recurrirse a cualquier medio demostrativo legalmente autorizado para que el juzgador decida de conformidad con lo que de ellos resulte acreditado y al amparo de las presunciones contempladas en la ley 45 de 1936, entre ellas la de posesi\u00f3n notoria. <\/p>\n
Y es que la posesi\u00f3n notoria tiene el alcance de servir para demostrar la paternidad por medio de una presunci\u00f3n legal, \u00abedificada sobre la base de la conciencia m\u00e1s o menos uniforme y generalizada que el presunto padre ha generado a la comunidad, cuando despliega, durante un lapso prolongado y relevante, aquellas acciones que usual y razonablemente resultan indicativas de la asunci\u00f3n de dicha calidad respecto del hijo y que, por lo mismo, originaron y suscitaron espont\u00e1neamente la mentada creencia a lo largo del \u00e1mbito social correspondiente, hasta convertirla en una situaci\u00f3n tan n\u00edtida, palpable y obvia que se da por descontada como cierta por parte de los miembros de la colectividad\u00bb (SC, 3 oct. 2003, rad. n.\u00b0 6861). <\/p>\n
Para su demostraci\u00f3n se ha exigido un elevado est\u00e1ndar probatorio, expresado en los hechos p\u00fablicos tendientes a satisfacer su subsistencia, educaci\u00f3n y, en general, mantenimiento. <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n sent\u00f3 como pauta: <\/p>\n
Por tratarse de cuestiones a las cuales est\u00e1 vinculado el orden p\u00fablico, como son todas las relativas al estado civil y a la familia, al darle el legislador a la posesi\u00f3n de estado civil el car\u00e1cter de medio para establecer el respectivo estado, no pod\u00eda hacerlo sin adoptar medidas precautelativas tendientes a evitar hasta el m\u00e1ximo cualquier posible abuso del sistema. Con ese fin, y teniendo en cuenta que la posesi\u00f3n de estado civil est\u00e1 integrada por hechos y que obviamente aqu\u00e9lla no puede darse por existente sino mediante la prueba de tales hechos, el legislador no dej\u00f3 al libre arbitrio del juez y de los interesados la determinaci\u00f3n de los hechos constitutivos de dicha posesi\u00f3n, ni quiso que la demostraci\u00f3n de ellos quedara sujeta a las normas comunes sobre pruebas. Por el contrario, se preocup\u00f3 de un lado por se\u00f1alar el rango o categor\u00eda de los hechos que para \u00e9l pod\u00edan configurar la posesi\u00f3n del estado, eligiendo los m\u00e1s significativos y protuberantes de los que dentro del respectivo estado civil pod\u00edan producirse, disponiendo a la vez que la posesi\u00f3n representada por esos hechos deb\u00eda tener una duraci\u00f3n m\u00ednima determinada; y, de otro, esto es en cuanto a la prueba de esos hechos, por sentar mandatos especiales relativos a la singular fuerza de convicci\u00f3n de que ella deb\u00eda estar dotada. <\/p>\n
As\u00ed, trat\u00e1ndose de la filiaci\u00f3n natural paterna, y en lo que al primero de los dos aspectos considerados concierne, que es lo que para el caso de autos interesa, despu\u00e9s de sentar el legislador en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 45 de 1936, que la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo natural da lugar a la declaraci\u00f3n judicial de paternidad, se\u00f1al\u00f3 copulativamente en el art\u00edculo 6\u00b0 los hechos que configuran dicha posesi\u00f3n notoria. <\/p>\n
Conforme a esta norma, para que haya posesi\u00f3n notoria del estado de hijo natural se requiere la demostraci\u00f3n debida de los hechos que, como integrantes esenciales suyos, all\u00ed se relacionan. No es admisible, para el mismo fin, que en sustituci\u00f3n de ellos se demuestren otros no contemplados por el precepto, por m\u00e1s significativos que sean. Desde luego, nada impide la demostraci\u00f3n de otros hechos no contemplados por la ley, adicionalmente a los que ella exige b\u00e1sicamente; pero tal circunstancia apenas significar\u00e1 que el interesado ha superado el l\u00edmite m\u00ednimo que debe satisfacer. As\u00ed, por ejemplo, el art\u00edculo 6\u00b0 en referencia no relaciona entre los hechos constitutivos de la posesi\u00f3n de hijo natural, el de que el padre presunto haya presentado al hijo como tal entre sus amigos y deudos, hecho que el art\u00edculo 397 del C\u00f3digo Civil s\u00ed exige como constitutivo de la posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo leg\u00edtimo. Pues bien, no obstante la significaci\u00f3n que en s\u00ed mismo tiene un hecho como ese, su demostraci\u00f3n en el campo de la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo natural no es jur\u00eddicamente indispensable, precisamente porque la ley no lo toma en cuenta al efecto, y menos todav\u00eda si con ella se pretende sustituir la prueba de los factores de subsistencia, educaci\u00f3n y establecimiento que s\u00ed est\u00e1n legalmente erigidos en elementos constitutivos de la aludida posesi\u00f3n de estado. <\/p>\n
No ha de desconocerse, sin embargo, que en el campo de los hechos la conciencia del fallador tiene que estar m\u00e1s al alcance de la convicci\u00f3n, y por ende m\u00e1s propensa a hallar irrefragable la prueba de la posesi\u00f3n notoria del estado civil, cuando adem\u00e1s de haber sido probados los elementos constitutivos de \u00e9l, se han acreditado tambi\u00e9n, adicionalmente, otras circunstancias corroborantes del mismo (SC, 27 ag. 1968, GJ CXXIV, n.\u00b0 2297 a 2299, p. 278). <\/p>\n
En el mismo sentido se expres\u00f3 posteriormente: <\/p>\n
Sabido es que, respondiendo a un criterio bien definido de equilibrio social y de justa protecci\u00f3n jur\u00eddica a los hijos no matrimoniales, la Ley 45 de 1936 acept\u00f3 y reglament\u00f3 en el pa\u00eds la acci\u00f3n de reclamaci\u00f3n de esta clase de filiaci\u00f3n en cuanto tiende ella a la determinaci\u00f3n judicial de la paternidad\u2026, lo que pone de manifiesto, en s\u00edntesis, que no fue el prop\u00f3sito del legislador abrirle la puerta a precipitadas atribuciones de paternidad que los ordenamientos de las naciones civilizadas nunca han considerado recomendables, sino hacer posible el reconocimiento mediante sentencia judicial de una relaci\u00f3n natural de procreaci\u00f3n ya existente de antemano y desconocido por quien tiene el deber de confesarla, imponi\u00e9ndose as\u00ed el respeto por dicha relaci\u00f3n y las serias consecuencias que lleva consigo, pero siempre dentro de un contorno circunscrito y limitado\u2026; ese l\u00edmite ha de referirse necesariamente y en forma exclusiva a los casos de ocurrencia previstos por el legislador; por esto, el dicho l\u00edmite tiene ante todo incidencia sobre el material probatorio cuyo tratamiento por parte de la justicia ha de atemperarse a la sistematizaci\u00f3n restrictiva que el legislador se vali\u00f3 para configurar la acci\u00f3n enderezada a obtener la declaraci\u00f3n, como un poder jur\u00eddico hasta cierto punto excepcional y, en todo caso, estrictamente regulado\u2026 <\/p>\n
Sobre estas premisas de car\u00e1cter general, una de sus seis causales en que al tenor del art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 75 de 1968 se presume la paternidad y por ende procede su declaraci\u00f3n judicial, se configura cuando se acredita del modo debido la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo, es decir cuando se demuestre en un proceso contradictorio y en forma irrefutable como lo requiere el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo Civil aplicable al caso por mandato expreso del art\u00edculo 19 de la misma Ley 75, que durante cinco a\u00f1os continuos, por lo menos, el padre haya tratado al hijo como tal proveyendo a su subsistencia, educaci\u00f3n y establecimiento, y que por virtud de este trato as\u00ed caracterizado y hecho ostensible por actos no secretos, inequ\u00edvocos y constantemente reiterados, se haya formado en determinado c\u00edrculo social la opini\u00f3n de que en verdad existe el v\u00ednculo de filiaci\u00f3n cuya declaraci\u00f3n se pide de la justicia a falta del reconocimiento efectuado con observancia de las solemnidades que indica el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 45 de 1936, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 75 de 1968. <\/p>\n
En definitiva y as\u00ed lo ha enjuiciado la doctrina jurisprudencial en nuestro medio (G.J. Tomo CLXXXVIII, p\u00e1g. 54), la posesi\u00f3n de estado en materia de filiaci\u00f3n extramatrimonial y en particular referida a la investigaci\u00f3n de la paternidad en este \u00e1mbito, consagra la eficacia del reconocimiento t\u00e1cito en que, a diferencia de lo que acontece con el que se lleva a cabo de forma expresa la voluntad del padre de tener a su hijo por tal no se consigna en palabras escritas, sino a trav\u00e9s de una conducta que en los precisos t\u00e9rminos se\u00f1alados por la ley, sino a trav\u00e9s de una conducta que en los precisos t\u00e9rminos se\u00f1alados en la ley, pueda tenerse como reveladora de que el designio del primero fue ese sin duda alguna y no otro diferente, se trata pues de un conjunto de circunstancias f\u00e1cticas cuya \u00edndole no les es indiferente a la legislaci\u00f3n positiva, circunstancias que en su complejidad le sean atribuibles al sujeto a quien se le imputa la paternidad\u2026 y se cuide que la prueba allegada para demostrar aquellas circunstancias sea singularmente fidedigna (SC, 20 sep. 1993, G.J CCXXV, n.\u00b0 2464, p. 527 y 528). <\/p>\n
En suma, para que opere la presunci\u00f3n en comento, deben acreditarse tres (3) requisitos: el trato, la fama y el tiempo. Valga la pena explicarlo, el padre o la madre debe haber, no s\u00f3lo abrigado al hijo en su familia, sino proveer moral y econ\u00f3micamente por su subsistencia, educaci\u00f3n y establecimiento, debiendo trascender el \u00e1mbito privado al p\u00fablico, tanto que sus deudos, amigos o el vecindario en general, le hayan reputado como hijo de ese padre en virtud de aquel tratamiento; y extenderse por m\u00ednimo cinco (5) a\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoci\u00f3 la jurisprudencia: <\/p>\n
[P]reciso es demostrar, por una parte, el trato que el presunto padre le hubiere dado al hijo, consider\u00e1ndolo como tal por un lapso m\u00ednimo de cinco a\u00f1os continuos, y de otro lado, la fama o reputaci\u00f3n que, con base en ese trato, tenga el pretendido hijo de haberlo sido respecto de determinada persona, siendo entendido que el trato y la fama \u00fatiles para ese prop\u00f3sito no pueden ser de cualquier linaje, si no tan s\u00f3lo los que se asienten en la circunstancia probada de modo incontrastable de que el supuesto progenitor provey\u00f3 en beneficio de su hijo a una cualquiera de estas tres necesidades vitales: a su subsistencia, a su educaci\u00f3n o a su establecimiento (SC, 20 sept. 1993, G.J CCXXV, n.\u00b0 2464, p. 527 y 528). <\/p>\n
Probados los supuestos de la presunci\u00f3n de marras se infiere la calidad pretendida por el interesado, sin que se admisible oponerle ninguna de las causales de impugnaci\u00f3n o exclusi\u00f3n de la paternidad, pues la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo es inexpugnable (cfr. CSJ, SC, 14 sep. 1972 y SC, 5 nov. 1978), en garant\u00eda de caros principios del derecho patrio como la protecci\u00f3n de todas las formas de familia, la autonom\u00eda individual, la autodeterminaci\u00f3n en las relaciones privadas y el libre desarrollo de la personalidad, lo que trasluce un relativizaci\u00f3n del aspecto biol\u00f3gico. <\/p>\n
7. Dilucidado el anterior marco deviene irrefutable que los sentenciadores de instancia, frente a la alegaci\u00f3n de la exceptiva de posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo, debieron analizar las pruebas tendientes a establecer la filiaci\u00f3n del convocado y su demostraci\u00f3n en el juicio por medio de pruebas indirectas, as\u00ed como los efectos de esta defensa frente a la s\u00faplica impugnatoria. <\/p>\n
Esto debido a que, en la contestaci\u00f3n del libelo introductorio, el opositor formul\u00f3 la excepci\u00f3n denominada \u00abposesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo extramatrimonial\u00bb, fundada en que \u00abPascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo\u2026 [lo] acogi\u00f3 como [hijo] provey\u00e9ndole la crianza, educaci\u00f3n y establecimiento durante toda su vida, es decir, por m\u00e1s de 23 a\u00f1os, hasta su fallecimiento; present\u00e1ndolo ante sus hijas nietas, dem\u00e1s parientes, vecinos y amigos como su entra\u00f1able hijo\u00bb (folio 21 del cuaderno 1). <\/p>\n
7.2. Para la demostraci\u00f3n de la anterior defensa deven\u00eda indispensable que en el tr\u00e1mite se acreditara la calidad de descendiente, por medio de actos p\u00fablicos que probaran que se forj\u00f3 una relaci\u00f3n familiar entre el hijo y su padre de crianza, la cual se extendi\u00f3 por cinco (5) a\u00f1os, en desarrollo de la cual propendi\u00f3 por su sostenimiento y educaci\u00f3n, seg\u00fan lo ordenan los art\u00edculos 6\u00b0 de la ley 45 de 1936 y 398 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Probanzas que ciertamente relucen de la foliatura, as\u00ed como las que dan cuenta de que Pascual Londo\u00f1o, de forma libre y sin ning\u00fan tipo de error, otorg\u00f3 p\u00fablicamente el trato de hijo a Santiago Londo\u00f1o, como se vislumbra en lo sucesivo. <\/p>\n
7.2.1. En primer lugar, de la fijaci\u00f3n de los hechos del litigio realizada por las partes en la audiencia de 28 de noviembre de 2013, las promotoras consintieron \u00abque de verdad el se\u00f1or Pascual s\u00ed tuvo al joven Santiago como su hijo, al igual que las demandantes y actu\u00f3 de tal forma que vel\u00f3 por su sostenimiento, desde que lo reconoci\u00f3 hasta que muri\u00f3\u00bb (negrilla fuera de texto, folios 93 y reverso). <\/p>\n
Asentimiento que satisface las condiciones para tenerla como una confesi\u00f3n espont\u00e1nea en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 194 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y es que, los hechos reconocidos son contrarios a los intereses de las demandantes, quienes actuaron con plena capacidad y respecto a un sustrato f\u00e1ctico sobre el cual hay libertad demostrativa, como lo ha reconocido la Corte en palabras aplicables mutatis mutandi: \u00abel ordenamiento no prev\u00e9 que la demostraci\u00f3n de la filiaci\u00f3n o del conocimiento de su inexistencia est\u00e9 sometida a un requisito ad-probationem, es decir, que existe libertad para acreditarla mediante confesi\u00f3n, dictamen especializado, testimonios, etc. (CSJ SC 16 feb. 1994, rad. 4109, reiterada en SC 21 may. 2010, rad. 2004-00072-01)\u00bb (SC1493, 30 ab. 2019, rad. n.\u00b0 2009-00031-01). <\/p>\n
Confesi\u00f3n corroborada en los interrogatorios de Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez, \u00c1ngela Mar\u00eda y Olga Luz Londo\u00f1o V\u00e1squez, quienes al un\u00edsono asintieron en que el causante present\u00f3 p\u00fablicamente a Santiago Londo\u00f1o como su hijo, con quien convivi\u00f3 por muchos a\u00f1os y lo hizo part\u00edcipe de m\u00faltiples eventos familiares (folios 118, 123, reverso, 130, reverso y 131 del cuaderno 1). <\/p>\n
7.2.2. Colof\u00f3n que se reafirma con las declaraciones de Andr\u00e9s Felipe Garz\u00f3n Londo\u00f1o y Juan Pablo Jaramillo Londo\u00f1o, nietos del causante, quienes asintieron, respectivamente, que su abuelo \u00abdec\u00eda que [Santiago Londo\u00f1o] era hijo de \u00e9l\u00bb (folio 119), al punto que \u00absu madre y los dem\u00e1s miembros de su familia\u2026 ten\u00edan a Santiago\u2026 como hermano, como lo present\u00f3 mi abuelo\u00bb (folio 123). <\/p>\n
7.2.3. Reconocimiento que se publicit\u00f3 tambi\u00e9n por fuera del c\u00edrculo de familiares cercanos de Pascual Londo\u00f1o. <\/p>\n
De lo anterior da cuenta Laura Marcela Aristiz\u00e1bal Rojas, empleada del de cujus, al afirmar que conoci\u00f3 \u00ab[a] Santiago\u2026 porque era hijo de Pascual[,] nos los (sic) present\u00f3 como hijo, a m\u00ed y a mi hermana\u00bb, lo que aconteci\u00f3 cuando \u00abSantiago\u2026 ten\u00eda m\u00e1s o menos 5 a\u00f1itos\u00bb (folio 120 reverso). Adem\u00e1s, al ser inquirida sobre \u00abc\u00f3mo era la relaci\u00f3n del se\u00f1or Pascual con el se\u00f1or Santiago\u00bb, respondi\u00f3 que era \u00abla de padre con su hijo, \u00e9l era muy responsable con su educaci\u00f3n, velaba porque no le faltara nada a Santiago, muy cari\u00f1oso, siempre lo trataba de papito, hijito\u00bb (folio 121 reverso). <\/p>\n
Rodrigo Mona \u00c1lvarez, mesero en un restaurante frecuentado por el causante, al referirse al trato que \u00e9ste dispensaba al demandado asegur\u00f3 que \u00absiempre de un buen padre a un hijo, era un trato maravilloso de mucho cari\u00f1o y afecto, se dirig\u00eda a \u00e9l como su hijo, de igual manera lo reprend\u00eda y \u00faltimamente le estaba ense\u00f1ando a manejar toda su empresa, siempre bajaba con \u00e9l a la cantera\u00bb (folio 126). <\/p>\n
En el mismo sentido, Ana Gertrudis Escudero, encargada de oficios varios en la residencia de Pascual Londo\u00f1o, fue cuestionada \u00absi sabe que (sic) relaci\u00f3n exist\u00eda entre los se\u00f1ores pascuales (sic) de Jes\u00fas Londo\u00f1o y Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez\u00bb, frente a lo cual mencion\u00f3 que \u00abla relaci\u00f3n de ellos fue vivir juntos, era relaci\u00f3n de hijo y papa (sic)\u00bb (folio 149 reverso), por haberlo \u00abadoptado desde los cinco a\u00f1os\u00bb (folio 150). <\/p>\n
Incluso el encargado de la labor de celadur\u00eda en el edificio en que viv\u00edan, Jorge Luis Cossio, frente al cuestionamiento \u00absi el se\u00f1or Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o reconoc\u00eda a Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez p\u00fablicamente como su hijo\u00bb, atestigu\u00f3: \u00abyo puedo decir que era el papa (sic) biol\u00f3gico de Santiago, porque desde que fui all\u00e1 los conoc\u00ed a los tres juntos y lo ve\u00eda con su ni\u00f1o cargado, yo lo conozco como su ni\u00f1o\u00bb (folio 146 reverso). <\/p>\n
7.2.4. Familiaridad que se expres\u00f3, entre otras formas, en que el padre proveyera por el mantenimiento de su descendiente de crianza, como lo relat\u00f3 Ana Gertrudis Escudero: \u00abel se\u00f1or Pascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o, hasta el d\u00eda que falleci\u00f3 vio por Santiago[,] viv\u00eda con el (sic) en el apartamento\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 150). <\/p>\n
Con id\u00e9ntica orientaci\u00f3n Laura Marcela Aristiz\u00e1bal Rojas asegur\u00f3 que \u00aben su ni\u00f1ez Pascual le enviaba una mesada [a Santiago Londo\u00f1o] para su manutenci\u00f3n e inclusive en las \u00e9pocas malos (sic), do\u00f1a Mar\u00eda Herminia le prestaba la plata, hac\u00edan alg\u00fan negocio para el tener la plata para sustentar a Santiago, y en la juventud Pascual\u00bb (folio 122). <\/p>\n
Tesis que encuentra respaldo adicional en la certificaci\u00f3n emitida por la Universidad Pontificia Bolivariana, en la que se asegur\u00f3 que durante los a\u00f1os 1997 a 2004 el valor de la matr\u00edcula y pensiones del \u00abestudiante Santiago Londo\u00f1o Ram\u00edrez\u00bb fue cancelada por \u00abPascual de Jes\u00fas Londo\u00f1o Restrepo\u00bb (folio 56). <\/p>\n
7.2.5. La temporalidad del v\u00ednculo de crianza excede con creces el m\u00ednimo legal, pues los declarantes antes relacionados dan cuenta de una ligaz\u00f3n que principi\u00f3 cuando el demandado era un infante (cerca al a\u00f1o de 1992) y que se extendi\u00f3 hasta el fallecimiento de su padre (5 de febrero de 2012). <\/p>\n
Conclusi\u00f3n reafirmada por las fotograf\u00edas arrimadas con la contestaci\u00f3n de la demanda, las cuales prueban una relaci\u00f3n cercana entre Pascual Londo\u00f1o y su prohijado, que comenz\u00f3 en su ni\u00f1ez y permaneci\u00f3 hasta la adultez, dispens\u00e1ndole cari\u00f1o en momentos relevantes como cumplea\u00f1os, primera comunicaci\u00f3n y grado universitario (folios 15 a 26). <\/p>\n
7.2.6. Estatus que, contrario a lo alegado por las demandantes, no se gest\u00f3 en un supuesto aprovechamiento de la adicci\u00f3n al alcohol de cujus, afirmaci\u00f3n por dem\u00e1s hu\u00e9rfana de demostraci\u00f3n en el proceso, sino en la decisi\u00f3n consciente de \u00e9ste de actuar como padre a pesar de carecer de un v\u00ednculo consangu\u00edneo. <\/p>\n
As\u00ed lo atestigu\u00f3 Rodrigo Mona \u00c1lvarez, quien al ser preguntado si \u00abel padre biol\u00f3gico de Santiago es el se\u00f1or Pascual\u00bb, asegur\u00f3 con contundencia que \u00ab[n]o, \u00e9l lo adopt\u00f3 le dio sus apellidos y as\u00ed no los present\u00f3\u00bb (folio 125), \u00absiempre habl\u00f3 como su hijo, no hac\u00eda referencia a lo adoptivo siempre lo presentaba como su hijo\u00bb (folio 125 reverso). <\/p>\n
Lo mismo cabe decir frente a Vadin \u00c1ngel Ram\u00edrez Agudelo, declarante que puntualiz\u00f3: \u00abDon Pascual me lo dijo a mi directamente en su apartamento en la c\u00e1mara de comercio, me dijo que aunque el no fuera su padre biolog\u00eda (sic) \u00e9l lo consideraba su hijo, que se pensaba hacer cargo de \u00e9l y esperaba que lo acompa\u00f1ara siempre, eso fue cuando ten\u00eda el ni\u00f1o 3 o cuatro a\u00f1os\u00bb (folio 127). <\/p>\n
Consideraci\u00f3n ratificada por Vianor de Jes\u00fas Olarte, quien describi\u00f3 la relaci\u00f3n de Pascual Londo\u00f1o y Santiago Londo\u00f1o como \u00abde padre e hijo adoptivo, el (sic) le dio el apellido a el (sic) por qu\u00e9 (sic) viv\u00eda con zully (sic) Ram\u00edrez\u2026 el (sic) mismo lo dec\u00eda que el (sic) no era hijo biol\u00f3gico de \u00e9l, pero que le dio el apellido, pero el (sic) lo creo le dio (sic) el el (sic) apellido, el estudio y le dio (sic) todo\u00bb (folio 152 reverso). <\/p>\n
A todo lo anotado se suma que el demandado desde la edad de cinco (5) a\u00f1os no ha tenido a ninguna otra persona como padre, puesto que su progenitora lo reconoci\u00f3 como madre soltera y con ocasi\u00f3n a aquel reconocimiento voluntario que opt\u00f3 por realizar el de cujus asumi\u00f3 esa figura paterna, que no mereci\u00f3 disputa alguna en el trasegar de los a\u00f1os, y que se mantuvo inalterada hasta el final de sus d\u00edas, constituy\u00e9ndose en un acto inequ\u00edvoco de expresi\u00f3n de su voluntad. <\/p>\n
Emerge de lo anotado que las probanzas examinadas dan cuenta de la existencia de una verdadera relaci\u00f3n parental entre el demandado y el causante, por el prohijamiento con actos inequ\u00edvocos como fue su sostenimiento personal, incluido el acad\u00e9mico hasta los estudios superiores, la convivencia permanente hasta el fallecimiento del padre y sobre todo, ese trato filial ante propios y extra\u00f1os, todo esto por m\u00e1s de quince (15) a\u00f1os, que permiten pregonar la demostraci\u00f3n de la calidad de hijo por medio de la posesi\u00f3n notoria. <\/p>\n
7.3. Establecida la posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo de crianza, debe establecerse su efecto frente a la s\u00faplica principal, como es la impugnaci\u00f3n de la paternidad por la ausencia de conexi\u00f3n biol\u00f3gica entre el ascendiente y el descendiente, con fin de determinar si aqu\u00e9lla tiene la aptitud de impedir esta \u00faltima. <\/p>\n
7.3.1. La acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n del estado civil, valga la pena recordarlo, es un mecanismo que permite refutar que la madre o el padre, o ambos, no obstante presentarse como tales en el registro civil de nacimiento, son ajenos al proceso de concepci\u00f3n o, por lo menos, a la aportaci\u00f3n consentida del material gen\u00e9tico. <\/p>\n
Total, impugnar consiste en \u00ab[c]ombatir, contradecir, refutar\u00bb (Diccionario de la Lengua Espa\u00f1ola), lo que se traduce en rehusar o rechazar, que en el caso de la filiaci\u00f3n se refiere a la calidad de ascendiente. <\/p>\n
La Sala tiene decantado que: <\/p>\n
[L]a acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n corresponde a la oportunidad establecida para refutar la paternidad o maternidad y presenta tres opciones: la que se dirige para desvirtuar la presunci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 214 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor los nacidos durante la vigencia de un v\u00ednculo de pareja debidamente constituido ser\u00e1n hijos de ella; la \u2018impugnaci\u00f3n de reconocimiento\u2019, cuando se pretende desconocer la manifestaci\u00f3n voluntaria de quien acepta ser padre, sin que medie relaci\u00f3n con \u00e1nimo de permanencia y la que repele la maternidad por corresponder a un falso parto o suplantaci\u00f3n del pretendido hijo al verdadero. <\/p>\n
Para los \u00faltimos dos supuestos hay que tener en cuenta que la Ley 75 de 1968, en su art\u00edculo 5\u00ba, establece que \u2018[e]l reconocimiento s\u00f3lo podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos, y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u2019, advirtiendo que, en su texto original, el inciso final de la primera de las normas citadas contemplaba que \u2018[n]o ser\u00e1n o\u00eddos contra la legitimaci\u00f3n sino los que prueben un inter\u00e9s actual en ello, y los ascendientes leg\u00edtimos del padre o madre legitimantes; estos en sesenta d\u00edas, contados desde que tuvieron conocimiento de la legitimaci\u00f3n; aquellos en los trescientos d\u00edas subsiguientes a la fecha en que tuvieron inter\u00e9s actual y pudieron hacer valer su derecho\u2019 (negrilla fuera de texto, SC, 1\u00b0 nov. 2011, rad. n.\u00b0 2006-00092-01, reiterado SC1493, 30 ab. 2019, rad. n.\u00b0 2009-00031-02). <\/p>\n
7.3.2. As\u00ed las cosas, la impugnaci\u00f3n del reconocimiento de un hijo extramatrimonial tiene como sustrato que el reconocedor haya declarado como hijo biol\u00f3gico a quien carece de dicha condici\u00f3n, por error, dolo o simple voluntad, en descr\u00e9dito de la fiabilidad del registro civil. <\/p>\n
Acci\u00f3n que se torna impr\u00f3spera, de forma especial, cuando el reconocedor de forma voluntaria no s\u00f3lo efectu\u00f3 el reconocimiento, sino que ratific\u00f3 su decisi\u00f3n de mantener la filiaci\u00f3n; as\u00ed se extrae del art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil, al se\u00f1alar que el derecho a la impugnaci\u00f3n \u00abcesar\u00e1 si el padre o la madre hubieren reconocido expresamente al hijo como suyo en su testamento o en otro instrumento p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Sobre este mandato la Sala tiene dicho: <\/p>\n
Esa prohibici\u00f3n legal encuentra sustento en el deseo del legislador de respetar siempre la voluntad el esposo o del compa\u00f1ero, la cual no puede ser desconocida por otras personas, pues ese reconocimiento realizado por el padre comporta una renuncia al derecho de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, realizado ese reconocimiento expreso del hijo, por parte del presunto padre, no ser\u00eda natural que otros sujetos desconocieran esa paternidad, pues nadie est\u00e1 en mejor situaci\u00f3n que el marido o el compa\u00f1ero permanente para saber que el hijo alumbrado por su esposa o compa\u00f1era permanente, es realmente suyo (negrilla fuera de texto, SC16279, 11 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2004-00197-01) <\/p>\n
Si bien la literalidad de la disposici\u00f3n refiere a un testamento u otro documento p\u00fablico, lo cierto es que la filosof\u00eda que inspira este mandato excede de las anotadas formalidades, pues su esencia se encuentra en la protecci\u00f3n del querer reflexivo de quien efect\u00faa el reconocimiento, el cual no puede socavarse por un acto unilateral del declarante o de sus herederos. <\/p>\n
Dicho de otra forma, es un requisito para la impugnaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n extramatrimonial, adem\u00e1s de la falta de v\u00ednculo gen\u00e9tico entre el padre y el hijo, y la tempestividad de la reclamaci\u00f3n, que el reconocedor no haya confirmado libre y voluntariamente su reconocimiento, por medio de escritura p\u00fablica o testamento, o de otra forma inequ\u00edvoca, como la concesi\u00f3n p\u00fablica del estado civil de hijo por medio de la posesi\u00f3n notoria. <\/p>\n
La biolog\u00eda, entonces, debe ser compatibilizada con la realidad familiar y los nuevos mecanismos para su conformaci\u00f3n, incluso con el desplazamiento de aqu\u00e9lla, para hacer real la voluntad de quien asinti\u00f3 en un v\u00ednculo de hecho derivado de la crianza. <\/p>\n
De forma agregada se compatibiliza el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 214 del C\u00f3digo Civil -subrogado por la ley 1060 de 2006- con el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 45 de 1936 -subrogado por la ley 75 de 1968-, que al un\u00edsono habilitan la impugnaci\u00f3n de la paternidad y su declaraci\u00f3n judicial en los casos de posesi\u00f3n notoria del estado de hijo. <\/p>\n
Y es que, frente a la posibilidad de deshacer la paternidad con ocasi\u00f3n de la certidumbre cient\u00edfica, se alza en su contra la conducta del ascendiente que cobij\u00f3 de forma consciente y p\u00fablica a una persona como parte de su prole a sabiendas de que no lo era, la cual no puede ser revocada o desmentida por sus herederos, en perjuicio del estado civil consolidado por el paso del tiempo. <\/p>\n
Hermen\u00e9utica que se abre paso por fuerza del art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que permite que la familia se constituya \u00abpor v\u00ednculos naturales\u00bb, siempre que haya \u00abvoluntad responsable de conformarla\u00bb. Sobre este mandato la Corte tiene dicho que \u00abcomo es di\u00e1fano en ese texto, adopta el constituyente, en lo relativo a su conformaci\u00f3n, un criterio abierto y d\u00factil que se contrapone a los principios f\u00e9rreos y cerrados que otrora caracterizaron el ordenamiento jur\u00eddico nacional en el punto\u00bb (SC203, 25 nov. 2004, exp. n.\u00b0 7291). <\/p>\n
Surge inequ\u00edvoco el deber de proteger la ligaz\u00f3n de hecho forjada por la crianza, siempre que satisfagan las condiciones para su demostraci\u00f3n por medio de la posesi\u00f3n notoria del estado civil, como salvaguardia de todas las formas de familia, la prevalencia de la voluntad y mecanismo impeditivo de una discriminaci\u00f3n debido a este origen. <\/p>\n
7.3.3. La interpretaci\u00f3n propuesta de ninguna manera vac\u00eda de contenido la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de paternidad, pues la misma conserva toda su extensi\u00f3n en los casos en que el progenitor efect\u00faa el reconocimiento de un hijo bajo la creencia err\u00f3nea de que es su consangu\u00edneo. <\/p>\n
Sin embargo, en los casos en que el padre decide acoger a un hijo como suyo, con la certidumbre de no haber participado en la concepci\u00f3n, brind\u00e1ndole el apoyo moral, econ\u00f3mico y sentimental necesario para proveer por su desarrollo, por lo menos por cinco (5) a\u00f1os, constituye, por lo menos, un principio de intencionalidad de reconocimiento como hijo, que si viene a ser completado con todos aquellos elementos que positivamente determinan la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo no puede ser desconocido acudiendo a la prueba cient\u00edfica, caso en el cual debe enervarse la pretensi\u00f3n reclamada, ante el compromiso constitucional de respetar y proteger todas las formas de conformaci\u00f3n de familia que la misma Carta reconoce, as\u00ed como la voluntad consciente del padre que decidi\u00f3 reconocer a un hijo como suyo con independencia de la biolog\u00eda. <\/p>\n
7.3.4. En consecuencia, considera la Sala que se subvierte la finalidad de la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n cuando los herederos del reconocedor, en desatenci\u00f3n de la voluntad p\u00fablica e inequ\u00edvoca de \u00e9ste, pretenden renegar del reconocimiento efectuado y reafirmado conscientemente con el paso de los a\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed sucedi\u00f3 en el sub examine, en tanto Pascual Londo\u00f1o se present\u00f3 ante el funcionario del registro civil a reconocer paternidad respecto de Santiago Londo\u00f1o con la certeza de que no era su padre biol\u00f3gico, sin que esta situaci\u00f3n fuera \u00f3bice para que desde aquel momento lo integrara a su n\u00facleo familiar -del que irrefutablemente formaban parte las actoras- present\u00e1ndolo abiertamente como de su estirpe y propendiera por su manutenci\u00f3n y establecimiento, lo que sin duda constituye una ratificaci\u00f3n de su voluntad de reconocerle la condici\u00f3n de hijo y, con ello, dio pie para la estructuraci\u00f3n de la posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo. <\/p>\n
En sustento basta recordar las declaraciones de Rodrigo Mona \u00c1lvarez, Vadin \u00c1ngel Ram\u00edrez Agudelo y Vianor de Jes\u00fas Olarte, quienes, al un\u00edsono, indicaron que el causante manifest\u00f3 a sus conocidos y familiares haber \u00abadoptado\u00bb a Santiago Londo\u00f1o, a quien abrig\u00f3 con afecto, compa\u00f1\u00eda, ense\u00f1anzas y ayuda patrimonial. <\/p>\n
Por tanto, como en este caso est\u00e1 decantada la voluntad del reconocedor, probada por medio de la posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo del accionado, fruto de una relaci\u00f3n de crianza, era procedente que los sentenciadores de instancia en el curso del litigio, ante la demostraci\u00f3n de la exceptiva planteada por la parte pasiva, rehusaran la impugnaci\u00f3n pretendida, por configurarse materialmente la causal de exclusi\u00f3n establecida en el art\u00edculo 219 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Al no haberse procedido de la manera indicada en precedencia se vulneraron no solo las normas que gobiernan el estado civil, sino las prerrogativas constitucionales del recurrente, habilitando as\u00ed la intervenci\u00f3n del sentenciador extraordinario en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
8. Vislumbrado el dislate del Tribunal se impone la casaci\u00f3n oficiosa de la sentencia confutada. En sede de instancia debe la Corte proferir la determinaci\u00f3n de reemplazo. <\/p>\n
Ante la prosperidad del recurso se descarta la condena en costas, conforme al inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Cumplidos los presupuestos procesales y ante la ausencia de irregularidades que puedan invalidar lo actuado, los argumentos expuestos al resolver la casaci\u00f3n, los cuales se entiende reproducidos en gracia de brevedad, son suficientes para acoger la excepci\u00f3n formulada por el demandado Santiago Londo\u00f1o, intitulada posesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo, fruto del v\u00ednculo de crianza forjado con Pascual Londo\u00f1o, en atenci\u00f3n a que se configuraron los supuestos fijados en la ley para su reconocimiento, que constituye una ratificaci\u00f3n de voluntad del \u00faltimo, que hace nugatoria la reclamaci\u00f3n de impugnaci\u00f3n impetrada. Consecuentemente, se deben denegar las pretensiones formuladas en el libelo genitor. <\/p>\n
Por sustracci\u00f3n de materia se hace innecesario analizar las dem\u00e1s excepciones propuestas, as\u00ed como la objeci\u00f3n formulada al dictamen pericial. <\/p>\n
De acuerdo con lo expuesto, se revocar\u00e1 la sentencia de 20 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, en el sentido de rehusar las s\u00faplicas iniciales y declarar la prosperidad de la excepci\u00f3n denominada posesi\u00f3n notoria de estado civil de hijo extramatrimonial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, casa oficiosamente la sentencia de 30 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medell\u00edn, Sala Familia, en el presente proceso, y en sede de instancia resuelve: <\/p>\n
Primero. Revocar la providencia de 20 de octubre de 2017 proferida por el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn. <\/p>\n
Segundo. En su lugar, reconocer la prosperidad de la excepci\u00f3n intitulada \u00abposesi\u00f3n notoria del estado civil de hijo extramatrimonial\u00bb. <\/p>\n
Tercero. Negar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Cuarto. No habr\u00e1 costas en casaci\u00f3n por haber prosperado la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Quinto. Condenar en costas a las demandantes en segunda instancia, en favor del demandando. Las agencias en derecho se fijan en cinco (5) s.m.l.m.v. <\/p>\n
Sexto. En su oportunidad devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser o\u00edda p\u00fablicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusaci\u00f3n contra ella en materia penal. <\/p>\n
3\u0002 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opini\u00f3n Consultiva OC-16\/99 de 1 de octubre de 1999, p\u00e1rrafo 117. <\/p>\n
4\u0002 Hernando Morales Molina, Los poderes del juez en el proceso civil, Tercera clase. En Temas vigentes en materia de derecho procesal y probatorio, Universidad del Rosario, 2008, p. 26. <\/p>\n
5\u0002 Hern\u00e1n Corral Talciani, Concepto y Reconocimiento Legal de la Familia de Hecho. En Revista Chilena de Derecho, Vol. 17, 1990, p. 40 y 41. <\/p>\n
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SC1171-2022 (2012-00715-01)_2 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC1171-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-10-008-2012-00715-01 (Discutida y aprobada en sesiones virtuales de dos y diecis\u00e9is de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62595","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62595","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62595"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62595\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62595"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62595"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62595"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}