SC1258-2022 (2017-00085-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-40-03-002-2017-00085-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de 20 de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que los demandantes, se\u00f1ores CARLOS ALBERTO G\u00d3MEZ BUEND\u00cdA y JULI\u00c1N BUEND\u00cdA V\u00c1SQUEZ, interpusieron frente a la sentencia proferida el 27 de agosto de 2020 por el Tribunal Superior de Armenia, Sala Civil \u2013 Familia – Laboral, en el presente proceso reivindicatorio que ellos adelantaron contra el MUNICIPIO DE ARMENIA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio a la controversia, en s\u00edntesis, se solicit\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Pretensiones principales: <\/p>\n
1.1.1. Declarar que los actores son los titulares del dominio de los siguientes bienes inmuebles: lote de terreno \u201cLa Caba\u00f1ita\u201d, ubicado en la calle 30 No. 39-71; lote de terreno identificado como \u201cLOTE A o LOTES 1 Y 2\u201d, ubicado en la calle 30 No. 39-41; y lote de terreno identificado como \u201cLOTE B o LOTES 3 Y 4\u201d, ubicado en la calle 30 No. 39-58, todos de la ciudad de Armenia, con matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 280-57959, 280-98348 y 280-98349 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, respectivamente, e identificados adem\u00e1s con los linderos y caracter\u00edsticas suministrados en dicho libelo. <\/p>\n
1.1.2. Ordenar al ente demandado \u201cy a sus causahabientes a cualquier t\u00edtulo\u201d, que restituyan a los accionantes \u201cla posesi\u00f3n material que (\u2026) tiene[n] y ejerce[n]\u201d sobre esos predios. <\/p>\n
1.1.3. Condenar al accionado a pagar a los promotores de la controversia, \u201clos perjuicios que les caus\u00f3 al no haberles cancelado la totalidad del valor de las sumas de dinero [en] que mensualmente se estim\u00f3 [la] (\u2026)indemnizaci\u00f3n\u201d por la ocupaci\u00f3n de sus terrenos y \u201cmientras subsisti[\u00f3]\u201d la misma, as\u00ed como por \u201chaber persistido en la indebida ocupaci\u00f3n temporal de sus predios m\u00e1s all\u00e1 de lo previsto en la Resoluci\u00f3n No. 0466 del 28 de septiembre de 2000\u201d y por \u201cno haberle dado efectivo cumplimiento a lo ordenado en la sentencia proferida el 26 de agosto de 2015 por la Secci\u00f3n Tercera – Subsecci\u00f3n A de la Sala Contencioso Administrativ[a] del Consejo de Estado, la cual se encuentra en firme y ejecutoriada\u201d. <\/p>\n
1.1.4. Declarar \u201cque cualquier oposici\u00f3n material o jur\u00eddica de quienes detentan los predios -adem\u00e1s del municipio demandado- tambi\u00e9n es improcedente, en raz\u00f3n a que en este evento los tendr\u00edan por cuenta y a nombre de esta entidad territorial (\u2026) y, al ser as\u00ed, devendr\u00eda en ineficaz la invocaci\u00f3n de una hipot\u00e9tica prescripci\u00f3n adquisitiva o extintiva\u201d. <\/p>\n
1.1.5. Cancelar cualquier gravamen o medida cautelar inscrita en las matr\u00edculas inmobiliarias de los se\u00f1alados inmuebles a solicitud de la convocada \u201co de sus causahabientes\u201d y ordenar \u201cla entrega de estos (\u2026) libres de todo tipo de ocupaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.1.6. Disponer que los gestores de la controversia no est\u00e1n obligados al pago de expensas y\/o mejoras, \u201cdebido a que ni el demandado ni quienes eventualmente en virtud de la causahabiencia detenten los bienes en su nombre, son poseedores de buena fe\u201d. <\/p>\n
1.1.7. Imponer las costas al extremo pasivo. <\/p>\n
1.2. Pretensiones subsidiarias. <\/p>\n
1.2.1. Declarar que a los accionantes les pertenece el dominio pleno y absoluto de los bienes atr\u00e1s relacionados. <\/p>\n
1.2.2. Condenar al ente demandado a pagar a los actores \u201cel valor comercial que tengan sus predios en la fecha en que quede ejecutoriada la respectiva sentencia, junto con los intereses moratorios comerciales que se causen a partir de este momento\u201d, si \u201cpor cualquier circunstancia de acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u201d, o por \u201chechos o culpa\u201d suya, \u201cdej\u00f3 de poseer o se torn\u00f3 dif\u00edcil o imposible la entrega de los bienes reivindicados\u201d. <\/p>\n
1.2.3. Disponer que los accionantes no est\u00e1n obligados a reconocer expensas o mejoras, \u201cdebido a que ni el demandado ni sus causahabientes son poseedores de buena fe\u201d. <\/p>\n
1.2.4. Condenar al accionado al pago de las costas. <\/p>\n
2. Como hechos fundantes de esas reclamaciones, se expusieron los que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. La \u201cConstructora Buend\u00eda\u2019s Ltda.\u201d adquiri\u00f3, por compra los inmuebles en cuesti\u00f3n, seg\u00fan consta en la escritura p\u00fabica No. 4776 del 1\u00ba de agosto de 1994 de la Notar\u00eda Tercera de Armenia. Como consecuencia de su liquidaci\u00f3n, se adjudicaron dichos predios a sus socios, se\u00f1ores Carlos Alberto G\u00f3mez Buend\u00eda y Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez, en proporci\u00f3n de un 50% para cada uno, como figura en la escritura p\u00fablica No. 5125 del 30 de diciembre de 2002, conferida en la Notar\u00eda Primera de la misma ciudad. <\/p>\n
2.2. Debido al terremoto que afect\u00f3 la ciudad de Armenia el 25 de enero de 1999, los mencionados terrenos fueron ocupados por personas indeterminadas, raz\u00f3n por la cual, en marzo siguiente, la entonces propietaria, esto es, la constructora atr\u00e1s citada, instaur\u00f3 las querellas policivas encaminadas a su recuperaci\u00f3n, habiendo dictado la Inspecci\u00f3n Sexta Municipal de Polic\u00eda de esa capital la Resoluci\u00f3n 029 de 1999, mediante la cual decret\u00f3 el lanzamiento impetrado. Esa decisi\u00f3n no se pudo cumplir por la oposici\u00f3n que plantearon \u201clas autoridades encargadas de solucionar la crisis humanitaria generada a ra\u00edz del movimiento tel\u00farico, quienes adem\u00e1s establecieron en esos terrenos una zona de ubicaci\u00f3n temporal de las familias afectadas\u201d. <\/p>\n
2.3. Con fundamento en la autorizaci\u00f3n que el Director General de la Unidad Administrativa Especial para la Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n de Desastres le dio a la Alcald\u00eda de Armenia para ocupar temporalmente, entre otros, los predios materia de la acci\u00f3n, dicho ente as\u00ed lo determin\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n 115 del 29 de febrero de 2000, que luego prorrog\u00f3 con las Resoluciones 168 del 31 de marzo, 297 del 31 de mayo y 446 del 28 de septiembre del mismo a\u00f1o, de modo que la ocupaci\u00f3n temporal se extendi\u00f3 hasta el 31 de diciembre siguiente. <\/p>\n
2.4. Llegada esta fecha, el municipio no restituy\u00f3 a su propietaria los terrenos, ni pag\u00f3 los perjuicios derivados de la ocupaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual aqu\u00e9lla promovi\u00f3 acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa ante el Tribunal Administrativo del Quind\u00edo, el que la resolvi\u00f3 mediante sentencia del 16 de diciembre de 2004, donde conden\u00f3 al municipio a pagar los perjuicios irrogados a la constructora propietaria y le orden\u00f3 restituirle los inmuebles. <\/p>\n
2.5. Al desatar los recursos de apelaci\u00f3n que ambas partes interpusieron, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en el fallo que profiri\u00f3 el 26 de agosto de 2015, declar\u00f3 \u201cla responsabilidad del municipio de Armenia por la p\u00e9rdida de oportunidad de gestionar su propiedad inmueble\u201d, lo conden\u00f3 al pago de perjuicios y le permiti\u00f3 adelantar las acciones policivas \u201cpara obtener la restituci\u00f3n de la posesi\u00f3n material del bien objeto de la demanda, en caso de que as\u00ed lo solicite la sociedad demandante dentro del t\u00e9rmino perentorio de 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la presente providencia\u201d. <\/p>\n
2.6. El 22 de octubre del precitado a\u00f1o, los demandantes solicitaron a la alcald\u00eda dar cumplimiento a ese prove\u00eddo, sin obtener \u201cresultados pr\u00e1cticos\u201d. <\/p>\n
3. Como tanto el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia, como el Tercero Administrativo de la misma ciudad y el Tribunal Contencioso Administrativo del Quind\u00edo declararon su incompetencia para conocer del asunto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del 28 de noviembre de 2017, defini\u00f3 el respectivo conflicto y asign\u00f3 el conocimiento del asunto a la primera de esas autoridades. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el referido juzgado admiti\u00f3 la demanda mediante auto del 11 de abril de 2018. <\/p>\n
5. Trabada la litis, el ente demandado, por intermedio de apoderado judicial constituido para el efecto, contest\u00f3 la demanda con oposici\u00f3n a sus pretensiones; se pronunci\u00f3 de distinta manera sobre los hechos alegados; y propuso las excepciones meritorias que denomin\u00f3 \u201ccosa juzgada\u201d, \u201c[i]ndebida [a]cci\u00f3n\u201d, \u201c[i]ndebida formulaci\u00f3n de pretensiones\u201d y \u201c[f]alta de legitimaci\u00f3n en la causa material por pasiva\u201d. <\/p>\n
6. Surtida la audiencia consagrada en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, el juzgado del conocimiento, en uso de la facultad consagrada en su inciso 5\u00ba, dict\u00f3 sentencia escrita el 20 de junio de 2019, con la que le puso fin a la primera instancia, providencia en la que neg\u00f3 las excepciones propuestas por el accionado; declar\u00f3 que los actores son los titulares del dominio de los bienes inmuebles disputados; orden\u00f3 al municipio de Armenia restituir a aqu\u00e9llos los mismos, dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria; lo conden\u00f3 a pagar por concepto de frutos, la suma de $128.359.649.oo; desestim\u00f3 el reconocimiento de perjuicios; declar\u00f3 al ente territorial poseedor de mala fe y, por ende, se abstuvo de imponer a los gestores de la controversia el pago de expensas necesarias y mejoras; neg\u00f3 en lo restante las s\u00faplicas del libelo introductorio; conden\u00f3 al convocado al pago de las costas; y se abstuvo de sancionar a los demandantes, por el juramento estimatorio que efectuaron. <\/p>\n
7. Apelado dicho fallo por el municipio de Armenia, el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial, Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral, en el que profiri\u00f3 el 27 de agosto de 2020, de conformidad con el art\u00edculo 14 del Decreto 806 del precitado a\u00f1o, lo revoc\u00f3 en su integridad, y en su lugar absolvi\u00f3 al recurrente \u201cde todas las pretensiones de la demanda\u201d y conden\u00f3 a los accionantes al pago de las costas de las dos instancias. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD QUEM <\/p>\n
Para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, tras reconocer la concurrencia de los presupuestos procesales y la inexistencia de nulidades que pudieran invalidar lo actuado, dicha autoridad adujo los razonamientos que, resumidos, se consignan: <\/p>\n
1. Concentr\u00f3 su atenci\u00f3n en la legitimaci\u00f3n de las partes, tem\u00e1tica a la que se refiri\u00f3 en abstracto y con ayuda de la jurisprudencia, dejando en claro que se trata de un presupuesto sustancial. <\/p>\n
2. Luego se refiri\u00f3 a ella, para el caso del proceso reivindicatorio, y con apoyo, de un lado, en los art\u00edculos 946 y 950 del C\u00f3digo Civil, precis\u00f3 que \u201ctiene como principal titular al propietario\u201d; y, de otro, en el canon 952 ib\u00eddem, resalt\u00f3 que debe dirigirse \u201ccontra el actual poseedor\u201d. <\/p>\n
3. Ante tal menci\u00f3n normativa, se ocup\u00f3 de la posesi\u00f3n y puntualiz\u00f3 que su configuraci\u00f3n no tiene ocurrencia \u201ccon la simple tenencia o cercan\u00eda f\u00edsica con la cosa, sino que reclama el ejercicio de actos de gobierno p\u00fablicos e incontestables que, por su linaje, den lugar a presumir -como lo hace la ley (inc. 2 art. 762 C.C.)-, que la persona que as\u00ed se comporta es la titular del derecho real de dominio (Sent. Cas. Civ. de 5 de agosto de 2002, Exp. No. 0437)\u201d. <\/p>\n
Memor\u00f3 los dos elementos que la caracterizan, el corpus y el animus; trajo a colaci\u00f3n el mandato del art\u00edculo 981 del C\u00f3digo Civil; y con reproducci\u00f3n de un fallo de la Corte, puso de presente que la posesi\u00f3n exige la realizaci\u00f3n de una serie de hechos que la demuestren. <\/p>\n
4. En tal orden de ideas, descendi\u00f3 al caso sometido a su conocimiento y observ\u00f3: <\/p>\n
4.1. Ninguna duda existe sobre la legitimaci\u00f3n de los demandantes, en tanto corresponden a los propietarios de los terrenos perseguidos, seg\u00fan lo acreditaron con la aportaci\u00f3n de los t\u00edtulos que as\u00ed lo demuestran. <\/p>\n
4.2. No ocurre lo mismo respecto de la legitimaci\u00f3n por pasiva, pues estando dirigida la acci\u00f3n en contra del municipio de Armenia, no hay prueba de que \u00e9l sea el poseedor de los bienes, inferencia que explic\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
4.2.1. De la demanda, que reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente, se extracta que sus proponentes \u201cno tienen certeza de la veracidad de la posesi\u00f3n atribuida a la entidad territorial demandada\u201d, toda vez que, seg\u00fan el relato de los hechos all\u00ed aducidos y que el ad quem compendi\u00f3, se advierte que el accionado \u201cno era poseedor de los bienes objeto de reivindicaci\u00f3n para el tiempo de la demanda, ni con posterioridad a la misma, pues los inmuebles fueron ocupados (\u2026), por \u2018personas indeterminadas\u2019 \u2018-en su calidad de damnificadas del sismo-\u2019 ocurrido en enero de 1999\u201d, sin que la ocupaci\u00f3n temporal que el municipio autoriz\u00f3 mediante distintas resoluciones, que fue prorrogando, lo haya convertido \u201cen poseedor de los inmuebles, como equivocadamente lo sos[tuvo] la parte actora y (\u2026) el [j]uez de primera instancia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.2.2. Frente a esa ocupaci\u00f3n, los afectados pod\u00edan, como en efecto lo hicieron los propietarios, demandar ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, proceso que concluy\u00f3 con fallo del Consejo de Estado, en el que se reconoci\u00f3 la responsabilidad del municipio, sin que \u201cesta situaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d lo hubiese revestido de \u201cla condici\u00f3n de poseedor material de los inmuebles\u201d. <\/p>\n
4.2.3. Luego de reproducir un segmento del fallo de primera instancia, el Tribunal puso de presente que \u201cel a quo tuvo por demostrada la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del ente demandado, con las declaraciones de testigos que simplemente afirma[ron] que algunas personas del sector les manifestaron que estaban all\u00ed porque el Municipio de Armenia los hab\u00eda reubicado o porque compraron la posesi\u00f3n, testigos que como se advierte son de o\u00eddas, que narra[ron] lo que otras personas les comentaron, lo que le resta credibilidad a sus versiones, adem\u00e1s, no dan cuenta que el Municipio demandado haya ejercido sobre dichos bienes actos de se\u00f1or y due\u00f1o, m\u00e1xime si se tiene en cuenta la confesi\u00f3n del accionante Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez, quien al absolver el interrogatorio de parte afirm\u00f3 en el minuto 14:39 de la grabaci\u00f3n que el predio lo habitaban personas indeterminadas, es decir, que el Municipio tampoco tiene la tenencia de los predios\u201d. <\/p>\n
4.2.4. Olvid\u00f3 el juzgado del conocimiento que la posesi\u00f3n, adem\u00e1s del elemento objetivo, consistente en la aprehensi\u00f3n f\u00edsica o material de la cosa, est\u00e1 integrada por un elemento \u201csubjetivo, intr\u00ednseco o sicol\u00f3gico que traduce la intenci\u00f3n o voluntad de tenerla como due\u00f1o (ANIMUS DOMINI) o de conseguirse esa calidad, requisito que si bien no es posible percibir directamente, puede presumirse de la comprobaci\u00f3n plena e inequ\u00edvoca de hechos externos que le sirven de indicio\u201d. <\/p>\n
4.2.5. El Tribunal fij\u00f3 su atenci\u00f3n luego en la sentencia dictada por el Consejo de Estado en el proceso de reparaci\u00f3n directa intentado por los propietarios contra el municipio de Armenia y destac\u00f3 que, en criterio de esa Corporaci\u00f3n, \u201cexisti\u00f3 un claro desinter\u00e9s de la parte actora en continuar con el tr\u00e1mite policivo de lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, a pesar de la solicitud que al respecto hicieron las autoridades de polic\u00eda del municipio\u201d, tras lo cual transcribi\u00f3 en extenso dicha providencia, incluida su parte resolutiva. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n a\u00f1adi\u00f3 que \u201cse infiere claramente, que el Municipio de Armenia no ha sido poseedor de los bienes objeto de litigio, ni en el per\u00edodo comprendido entre el 25 de enero de 1999 -fecha del sismo y en la que entraron a ocupar los inmuebles las personas damnificadas- y febrero de 2000 -fecha en la que se autoriz\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal, pues simplemente se legaliz\u00f3 dicha situaci\u00f3n-; ni en el t\u00e9rmino que transcurri\u00f3 entre el 29 de febrero y el 31 de diciembre de 2000, durante la cual se profirieron las Resoluciones 115 del 29 de febrero, 168 del 31 de marzo, 297 del 31 de mayo, 466 del 28 de septiembre, mediante las cuales se orden\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal de los predios objeto de l[a] demanda, de conformidad con lo previsto en el Decreto-ley 919 de 1989, (\u2026), pues continuaron ocupando los predios las familias que ya estaban instaladas all\u00ed\u201d. <\/p>\n
4.2.6. Asever\u00f3 que, por lo tanto, el planteamiento de los actores, consistente en que desde el 1\u00ba de enero de 2001 el municipio no tiene \u201cjusto t\u00edtulo para seguir poseyendo\u201d y que, por lo mismo, desde ese momento es \u201cposeedor de mala fe, carece de sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, ya que el ente demandado siempre ha reconocido dominio ajeno, y no ha ejercido actos de se\u00f1or\u00edo de manera independiente, p\u00fablica y aut\u00f3noma, no ha tenido el CORPUS, consistente en la aprehensi\u00f3n material de[l] (\u2026) bien, ni menos el elemento intr\u00ednseco o sicol\u00f3gico que se traduce en la intenci\u00f3n o voluntad de tenerlo como due\u00f1o (ANIMUS DOMINI), pues lo cierto es que el ente demandado siempre ha reconocido dominio en cabeza de la parte demandante y como bien se sabe para que la posesi\u00f3n se estructure, se requiere de un comportamiento excluyente del dominio ajeno, que en este caso no se da, por lo que la parte demandada carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, lo que inexorablemente genera sentencia absolutoria en su favor\u201d. <\/p>\n
4.2.7. Para terminar, puntualiz\u00f3 que en el referido fallo del Consejo de Estado no se orden\u00f3 la entrega de los inmuebles, ante la imposibilidad de establecer \u201cla realidad f\u00e1ctica de [su] explotaci\u00f3n actual\u201d; se mantuvo vigente la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria para pronunciarse sobre la reivindicaci\u00f3n de los predios que pudieran llegar a intentar los propietarios contra los poseedores; y que ante la negativa del proceso policivo adelantado en cumplimiento de lo all\u00ed ordenado, los actores no interpusieron recurso alguno. <\/p>\n
5. En tal orden de ideas, el ad quem, en \u00faltimas, como ya se dijo, infirm\u00f3 la sentencia apelada y neg\u00f3 la totalidad de las pretensiones incoadas. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Fincado, como ya se dijo, en la causal de casaci\u00f3n distinguida con igual n\u00famero, el censor le reproch\u00f3 que la sentencia combatida es incongruente. <\/p>\n
En respaldo de la acusaci\u00f3n, su autor adujo los argumentos que enseguida se compendian: <\/p>\n
1. Reprodujo, por una parte, las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda con la que se apertur\u00f3 este asunto litigioso; por otra, las decisiones adoptadas por el a quo, en el fallo de primera instancia; y, finalmente, la parte resolutiva de la sentencia cuestionada por v\u00eda extraordinaria. <\/p>\n
2. Con tal base, asever\u00f3 que, \u201c[c]omo puede verse, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Armenia (\u2026) accedi\u00f3 a las pretensiones principales (\u2026), emitiendo las dem\u00e1s ordenes consecuenciales que correspond\u00edan\u201d; y que, \u201c[s]in embargo, el ad quem al resolver (\u2026) las apelaciones interpuestas y sustentadas por las partes, determin\u00f3 revocar la decisi\u00f3n de primera instancia y negar las pretensiones que hab\u00eda considerado pr\u00f3speras el juzgador de primer grado\u201d. <\/p>\n
3. A\u00f1adi\u00f3 que \u201ctras revisarse el contenido integral de la parte considerativa del fallo objeto de casaci\u00f3n, se advierte que el Tribunal en su sentencia dej\u00f3 de resolver las pretensiones subsidiarias de la demanda reivindicatoria, las cuales le correspond\u00eda examinar indefectiblemente en la providencia aqu\u00ed impugnada, despu\u00e9s de haber desestimado las pretensiones principales de la demanda. No obstante, como no obr\u00f3 de ese modo, el juez de segunda instancia incurri\u00f3 en el vicio procesal de incongruencia, al haberse abstenido de resolver en su fallo todas las s\u00faplicas formuladas en la demanda y con ello todos los extremos del litigio\u201d. <\/p>\n
4. Como remate del cargo, explic\u00f3 la trascendencia del desatino imputado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es ampliamente conocido que la incongruencia corresponde a un defecto formal de construcci\u00f3n de la sentencia, netamente objetivo, cuya ocurrencia deriva de la desatenci\u00f3n, por parte del juzgador de instancia, de los linderos que, en relaci\u00f3n con la controversia, las partes dejaron trazados en la demanda y en la contestaci\u00f3n, o que la ley fija en materia de excepciones cuyo reconocimiento procede de oficio, de modo que el pronunciamiento que se emite desata cuestiones no comprendidas en ellos (extra petita), o los desborda o supera, concediendo m\u00e1s de lo pedido (ultra petita), o se queda corto, en la medida que deja sin resolver cuestiones comprendidas en ese marco referencial (minima petita). <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, es doctrina jurisprudencial que \u201c(\u2026) la falta de consonancia (\u2026) \u2018ostenta naturaleza objetiva, al margen de las consideraciones normativas, la valoraci\u00f3n probatoria o eventuales yerros de juzgamiento, y no se estructura por simple divergencia o disentimiento con la decisi\u00f3n\u2019. A este prop\u00f3sito, tiene dicho la Sala que, \u2018la trasgresi\u00f3n de esa pauta de procedimiento no puede edificarse sobre la base de controvertirse el juzgamiento del caso, porque el error se estructura, \u00fanicamente, trat\u00e1ndose de la incongruencia objetiva, cuando se peca por exceso o por defecto (ultra, extra o m\u00ednima petita)\u2019 (\u2026). Del mismo modo \u2018\u2026nunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas\u2026\u2019 (\u2026), \u2018la carencia de armon\u00eda entre lo pedido y lo decidido, referida como es al contenido de la sentencia, ha de buscarse, en l\u00ednea de principio, en la parte resolutiva de la misma, \u2018pues la causal no autoriza ni puede autorizar a entrar en el examen de las consideraciones que han servido al juzgador como motivos determinantes de su fallo (\u2026)\u201d (CSJ, SC 10051 del 31 de julio de 2014, Rad. n.\u00b0 1997-00455-01; se subraya). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el prove\u00eddo objeto del cargo, y por ende, de estas apreciaciones, el Tribunal, luego de \u201cREVOCAR la sentencia de primera instancia\u201d, resolvi\u00f3: \u201cABSOLVER al MUNICIPIO DE ARMENIA de todas las pretensiones de la demanda\u201d. <\/p>\n
4. El recurrente tild\u00f3 dicho pronunciamiento de incongruente, como quiera que, habiendo el juzgado del conocimiento accedido a las pretensiones principales, entendi\u00f3 que el ad quem solamente se pronunci\u00f3 sobre \u00e9stas, y por ende, dej\u00f3 sin resolver las subsidiarias. <\/p>\n
5. Tal argumentaci\u00f3n luce alejada de la realidad objetiva que emana de la decisi\u00f3n adoptada, puesto que, como ya se rese\u00f1\u00f3, la citada Corporaci\u00f3n, luego de aniquilar el prove\u00eddo de primer grado, absolvi\u00f3 al ente accionado \u201cde todas las pretensiones de la demanda\u201d (se subraya), determinaci\u00f3n que, como con nitidez absoluta se aprecia, es comprensiva de los pedimentos principales y subsidiarios incoados en el libelo introductorio, en tanto que no hizo distingos de ninguna naturaleza, , por el contrario, aludi\u00f3 a \u201ctodas\u201d las s\u00faplicas all\u00ed formuladas, se reitera. <\/p>\n
6. Ahora, si como se dej\u00f3 explicado, el yerro de que se trata es distinto de los errores de juzgamiento, es decir, de aquellos que conciernen con el sentido de la decisi\u00f3n, mal podr\u00edan escudri\u00f1arse las motivaciones del fallo recurrido a efecto de establecer la ocurrencia de la desarmon\u00eda denunciada, como pareciera haberlo sugerido el impugnante, menos cuando la aqu\u00ed alegada es puramente objetiva, en tanto que se circunscribi\u00f3 a la falta de resoluci\u00f3n de las referidas pretensiones. <\/p>\n
7. Corolario de lo analizado, es el rotundo fracaso del reproche auscultado. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con estribo en la causal primera de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 el fallo confutado por ser directamente violatorio de los art\u00edculos 21 y 25 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9; 2\u00ba, 38, 58 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y 947, 950 y 957 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego de memorar que, en acusaciones como \u00e9sta, soportada en el primer motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, no le es dable al recurrente separarse de las conclusiones f\u00e1cticas a que arrib\u00f3 el sentenciador de segunda instancia, as\u00ed como de transcribir y\/o comentar las normas atr\u00e1s relacionadas, el censor expuso: <\/p>\n
1. A voces del art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, son fines de la casaci\u00f3n, entre otros, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia y proteger los derechos constitucionales. <\/p>\n
Siguiendo esa gu\u00eda, \u201cdebe decirse que si fuese verdad que en el pa\u00eds toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes sin poder ser privado de ellos (art. 21, Pacto de San Jos\u00e9); que las autoridades de la Rep\u00fablica est\u00e1n instituidas para proteger a todas las personas en sus bienes y dem\u00e1s derechos (art. 2, C.N.); que en nuestro ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 proscrita la confiscaci\u00f3n (art. 38, ib\u00eddem); que la propiedad privada se garantiza cuando ha sido adquirida conforme a las leyes civiles (art. 58, ejusdem); y que las autoridades p\u00fablicas deben actuar de buena fe (art. 83, C.N.), entonces el Tribunal habr\u00eda estimado las s\u00faplicas principales de la demanda, o al menos las subsidiarias\u201d. <\/p>\n
2. Se\u00f1al\u00f3 que as\u00ed se admita la base f\u00e1ctica de la sentencia recurrida, esto es, que el municipio de Armenia no es el poseedor de los predios propiedad de los actores, por \u201cjusticia, equidad, legalidad y buena fe\u201d se impon\u00eda dictar una decisi\u00f3n favorable a las aspiraciones de los \u00faltimos, pues es evidente que ellos no pudieron hacer efectivo el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho decretado por las autoridades policivas, como consecuencia de \u201cla intervenci\u00f3n\u201d de dicho ente territorial, que fue el que se opuso a ello y decret\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal de los terrenos, para conjurar la crisis que sobrevino como consecuencia del sismo que afect\u00f3 a dicha ciudad en el a\u00f1o 1999. <\/p>\n
3. Relat\u00f3 asimismo el adelantamiento del proceso contencioso de reparaci\u00f3n directa y las decisiones que tanto en primera, como en segunda instancia, adoptaron el Tribunal Administrativo del Quind\u00edo y el Consejo de Estado, respectivamente, y el gestionamiento posterior de esta acci\u00f3n reivindicatoria, tras lo cual observ\u00f3 que \u201ca los se\u00f1ores Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez y Carlos Alberto G\u00f3mez Buend\u00eda se les est\u00e1 vulnerando el derecho convencional que hace parte del bloque de constitucionalidad, a una tutela judicial efectiva (art. 21, Pacto de San Jos\u00e9), como quiera que a trav\u00e9s de las acciones o recursos policivos que han gestionado y los judiciales que han iniciado y adelantado, no se ha logrado obtener la devoluci\u00f3n de los predios\u201d. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, el impugnante insisti\u00f3 en la procedencia de la reivindicaci\u00f3n material suplicada o, en su defecto, de la ficta, a que se contraen las s\u00faplicas subsidiarias de la demanda con la que se dio inicio al proceso, porque si ello no es as\u00ed, la conclusi\u00f3n a que se arriba es que en el caso de los actores oper\u00f3 la \u201cconfiscaci\u00f3n\u201d de sus bienes, o una \u201cexpropiaci\u00f3n de hecho, irregular o indirecta\u201d, comportamiento, uno y otro, que contradice abiertamente el mandato del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y por ende, la expropiaci\u00f3n regular, as\u00ed como el pago del precio de los bienes objeto de la misma y la indemnizaci\u00f3n a que ella da lugar, cuestiones definidas en la ley y en la jurisprudencia constitucional. <\/p>\n
5. Finalmente recab\u00f3 en la ocurrencia y trascendencia del \u201cerror de juzgamiento\u201d denunciado, pues si el Tribunal no lo hubiera cometido, \u201chabr\u00eda concluido que a pesar de que el municipio de Armenia no era el poseedor de los bienes reivindicados, s\u00ed hab\u00eda lugar a estimar las pretensiones de la demanda principal, o en su defecto las subsidiarias, toda vez que solo de esta manera se logra la protecci\u00f3n de los derechos convencionales a la propiedad particular y a la tutela judicial efectiva, a los constitucionales de dominio privado y buena fe y a los legales de donde emana directamente la acci\u00f3n reivindicatoria aqu\u00ed blandida\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La violaci\u00f3n directa de la ley sustancial que, como motivo de casaci\u00f3n contempla el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, comporta que el sentenciador de segunda instancia hubiese aplicado una norma sustancial inadecuada para resolver el caso sometido a su composici\u00f3n (indebida aplicaci\u00f3n) y, correlativamente, no hubiere hecho actuar la que s\u00ed estaba llamada a gobernar la controversia (falta de aplicaci\u00f3n), eventos que constituyen las dos caras de una misma moneda; y, adicionalmente, que pese a que escogi\u00f3 correctamente el precepto apropiado, su utilizaci\u00f3n result\u00f3 defectuosa, debido a la deficitaria inteligencia que dio al mismo (interpretaci\u00f3n err\u00f3nea). <\/p>\n
Empero, es necesario precisar, adem\u00e1s, que la ocurrencia de esos descarr\u00edos debe acaecer con prescindencia de la comprensi\u00f3n que dicha autoridad haya efectuado de los hechos del proceso, entendimiento que se presume acertado, raz\u00f3n por la cual, cuando de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial se trata, el recurrente no puede, por una parte, apartarse de las conclusiones a las que en este campo arrib\u00f3 el respectivo juzgador; y por otra, entremezclar cuestiones factuales al sustentar la acusaci\u00f3n, prohibici\u00f3n actualmente consagrada de forma expresa en el literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, al prever que cuando ese es el motivo de casaci\u00f3n, \u201cel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d. <\/p>\n
En tiempo muy reciente y de forma concreta la Corte, siguiendo la l\u00ednea argumentativa que de tiempo atr\u00e1s tiene perfectamente definida, reiter\u00f3 que \u201c[c]uando por v\u00eda del recurso extraordinario de casaci\u00f3n se alega violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, es claro que los reparos del recurrente deben ce\u00f1irse a cuestionar la sentencia de segunda instancia por haber resuelto la controversia vali\u00e9ndose de una norma jur\u00eddica ajena a ella, o porque habiendo aplicado la pertinente le atribuy\u00f3 efectos distintos a los que ella prev\u00e9 y le merm\u00f3 su alcance; de manera que le queda vedado apartarse de las conclusiones a las que haya arribado el tribunal en aspectos f\u00e1cticos, cuya discusi\u00f3n solo es factible por la v\u00eda indirecta\u201d (CSJ, SC 5251 del 26 de noviembre de 2021, Rad. n.\u00b0 2017-00179-01; se subraya). <\/p>\n
2. Para andar sin rodeos, debe se\u00f1alarse desde ya, que si la acci\u00f3n aqu\u00ed intentada fue la reivindicatoria, cuesti\u00f3n en la que est\u00e1n de acuerdo las partes, toda vez que as\u00ed lo propusieron expresamente los accionantes y lo entendi\u00f3 el ente demandado, como quiera que estructur\u00f3 su defensa al amparo de la misma, el ad quem no incurri\u00f3 en el defecto jur\u00eddico que se le atribuy\u00f3 en el cargo examinado, pues es patente que esa Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el proceso a la luz de las normas disciplinantes de dicha prerrogativa jur\u00eddica, aunque no abarc\u00f3 la aplicaci\u00f3n de todas las que la gobiernan, en tanto que su an\u00e1lisis s\u00f3lo comprendi\u00f3 la legitimaci\u00f3n de las partes, que finc\u00f3 en los art\u00edculos 946, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, habida cuenta que coligi\u00f3 que ese presupuesto no estaba dado en relaci\u00f3n con el municipio demandado. <\/p>\n
3. Esa constataci\u00f3n, a la vez, descarta la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, habida cuenta que la acci\u00f3n de dominio \u201ces la que tiene el due\u00f1o de una cosa singular, de que no est\u00e1 en posesi\u00f3n, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla\u201d, seg\u00fan la definici\u00f3n del art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, de modo que la reivindicaci\u00f3n es el instrumento que el legislador previ\u00f3 para hacer efectiva la garant\u00eda consagrada en ese mandato superior, en el caso del propietario que busca la recuperaci\u00f3n del bien objeto de su derecho, frente a quien lo detenta como poseedor. <\/p>\n
En ese sentido la Sala, en pret\u00e9rita oportunidad, observ\u00f3: <\/p>\n
Sobre el particular, recu\u00e9rdase que dentro de los instrumentos jur\u00eddicos instituidos para la inequ\u00edvoca y adecuada protecci\u00f3n del derecho de propiedad, el Derecho Romano prohij\u00f3, como una de las acciones in rem, la de tipo reivindicatorio (reivindicatio, Libro VI, T\u00edtulo I, Digesto), en ejercicio de la cual, lato sensu, se autorizaba al propietario -y se sigue autorizando- para reclamar que, judicialmente, se ordene al poseedor restituir el bien que se encuentra en poder de este \u00faltimo, por manera que la acci\u00f3n reivindicatoria, milenariamente, ha supuesto no s\u00f3lo el derecho de dominio en cabeza de quien la ejerce, sino tambi\u00e9n, a manera de insoslayable presupuesto, que \u00e9ste sea objeto de ataque \u2018en una forma \u00fanica: poseyendo la cosa, y as\u00ed es indispensable que, teniendo el actor el derecho, el demandado tenga la posesi\u00f3n de la cosa en que radica el derecho\u2019 (LXXX, p\u00e1g. 85). De ah\u00ed que, como bien acotara Ulpiano, \u2018Oficio del juez ser\u00e1 en esta acci\u00f3n, [la reivindicatoria], el indagar si el demandado posee\u2019 (Digesto, 6, 1. 9) (CSJ, SC del 15 de agosto de 2001, Rad. n.\u00b0 6219). <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e a la inaplicaci\u00f3n de las otras normas se\u00f1aladas en el cargo, esto es, los art\u00edculos 21 y 25 del Pacto de San Jos\u00e9 y 2\u00ba, 38 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sustentada en que as\u00ed se admita que el municipio de Armenia no es el poseedor de los terrenos perseguidos, de todas maneras, por razones de \u201cjusticia, equidad, legalidad y buena fe\u201d, debi\u00f3 dictarse sentencia estimatoria de las pretensiones principales, en el sentido de ordenar la restituci\u00f3n de los mismos a los actores, o de las subsidiarias, a efecto de condenar al ente territorial a pagar el precio de tales predios, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
4.1. Es indispensable recabar en que tal inconformidad est\u00e1 sustentada, fundamentalmente, en las circunstancias que siguen a concretarse: <\/p>\n
4.1.1. Por una parte, que la ocupaci\u00f3n de los inmuebles en cuesti\u00f3n por parte de personas indeterminadas que resultaron damnificadas con el sismo que afect\u00f3 a la ciudad de Amenia el 25 de enero de 1999 fue defendida y, posteriormente, legalizada por la alcald\u00eda de dicha ciudad, quien se opuso a la entrega de los terrenos por parte de ellas ordenada por las autoridades de polic\u00eda, y luego, a trav\u00e9s de diversas resoluciones sucesivas, decret\u00f3 su ocupaci\u00f3n temporal, situaci\u00f3n que se extendi\u00f3 hasta el 31 de diciembre del 2000. <\/p>\n
4.1.2. Por otra que, llegada esa fecha, es decir, a la finalizaci\u00f3n de la referida ocupaci\u00f3n temporal, el municipio no entreg\u00f3 a sus leg\u00edtimos propietarios los bienes ra\u00edces objeto de la misma. <\/p>\n
4.1.3. Y, por \u00faltimo, que pese al gestionamiento de las acciones administrativas, policivas y judiciales adelantadas por los due\u00f1os de los inmuebles aqu\u00ed perseguidos, no ha sido posible para ellos obtener su recuperaci\u00f3n. <\/p>\n
4.2. Siendo ello as\u00ed, como en efecto lo es, se encuentra que el recurrente, en esta parte del cargo, entremezcl\u00f3 cuestiones de orden f\u00e1ctico, como las precisadas en precedencia, pues en sustento de su inconformidad relat\u00f3 la ocupaci\u00f3n de los predios por personas afectadas con el ya memorado movimiento tel\u00farico que afect\u00f3 la ciudad de Armenia; puso de presente que cuando se fue a hacer efectiva la orden de lanzamiento que las autoridades policivas decretaron a solicitud de la entonces propietaria, fue el municipio el que se opuso a la realizaci\u00f3n de tal medida; advirti\u00f3 que dicho ente, una vez fue autorizado para ocupar los terrenos, opt\u00f3 por ello y que prorrog\u00f3 tal situaci\u00f3n, mediante la expedici\u00f3n de sucesivas resoluciones, en donde as\u00ed lo determin\u00f3; trajo a colaci\u00f3n la acci\u00f3n contencioso administrativa intentada por la due\u00f1a; y coment\u00f3 las decisiones que en ese proceso adoptaron el Tribunal Administrativo del Quind\u00edo y el Consejo de Estado. <\/p>\n
Traduce lo anterior, que la espec\u00edfica acusaci\u00f3n que ahora se analiza denota hibridismo, como quiera que, habiendo sido propuesta por la v\u00eda directa, figura soportada en los hechos que grosso modo se dejaron atr\u00e1s indicados, conjunci\u00f3n que, como ya se explic\u00f3, es inadmisible, por estar prohibida por la ley, y que, adicionalmente, torn\u00f3 en inaceptable dicho reproche. <\/p>\n
4.3. Se a\u00f1ade a lo anterior que, si bien es verdad, los hechos alegados en pro del segmento del cargo que ahora se ausculta, corresponden a situaciones factuales advertidas y dilucidadas a lo largo de las instancias, tambi\u00e9n lo es que su aducci\u00f3n en el cargo propende, en el fondo, por la prosperidad de una acci\u00f3n distinta a la reivindicatoria inicialmente planteada, en tanto que, luego de prescindir de la condici\u00f3n de poseedor del municipio demandado, el recurrente reclama, de todas maneras, una sentencia favorable, sustentado en la responsabilidad que, en su concepto, tiene ese ente territorial, al haber provocado que los propietarios de los inmuebles disputados no hayan podido obtener la recuperaci\u00f3n de los mismos o el pago de su precio. <\/p>\n
Con otras palabras, el impugnante, en el cargo, cambi\u00f3 la plana y busc\u00f3 el reconocimiento de pretensiones sustancialmente diferentes a las primigeniamente impetradas, aunque soportado en hechos similares a los alegados desde el inicio del proceso, actitud que no es admisible por caber dentro del concepto de \u201cmedio nuevo\u201d, que el inciso 2\u00ba del literal a) del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso proh\u00edbe en relaci\u00f3n con los cargos propuestos por violaci\u00f3n indirecta y que el art\u00edculo 346 de la misma obra refrenda de forma general, cuando califica de inadmisible la demanda de casaci\u00f3n en la que \u201cse planteen cuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocadas en las instancias\u201d. <\/p>\n
Es que en ning\u00fan supuesto es viable revisar la legalidad del fallo de segunda instancia, que es en esencia el fin del recurso de casaci\u00f3n, con base en argumentos que por no haber sido propuestos ante el ad quem, \u00e9ste no pudo estudiar y evaluar y de los cuales, adicionalmente, la parte contraria no pudo defenderse. <\/p>\n
(\u2026) el analizado planteamiento del recurrente corresponde a un medio nuevo que solo vino a proponer en casaci\u00f3n, pues a lo largo del proceso, como se estableci\u00f3 con el compendi\u00f3 que se hizo de las actuaciones de los actores, \u00e9stos afirmaron que la acci\u00f3n era extracontractual, de modo que fue \u00fanicamente en desarrollo de las acusaciones ahora examinadas que el censor cambi\u00f3 la plana y afirm\u00f3 lo contrario, esto es, que lo pretendido estaba regido por el contrato ajustado entre las partes y que, por ende, era con miras en ese pacto que deb\u00eda definirse la legitimaci\u00f3n de aquellos, condici\u00f3n de la que, por ende, s\u00ed estaban asistidos, por conformar uno de los extremos de ese v\u00ednculo negocial. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de una alegaci\u00f3n que, como viene de aseverarse, s\u00f3lo aflor\u00f3 en el recurso extraordinario, surge n\u00edtida su inadmisibilidad para servir de b\u00e1culo a dicha impugnaci\u00f3n, pues si se la permitiera, es ostensible la vulneraci\u00f3n del derecho a la defensa de la parte opositora y la injusticia en que se incurrir\u00eda con el ad quem, quien resultar\u00eda reprendido por no considerar un planteamiento que no le fue propuesto y que, por las restricciones que la ley procesal impone al recurso ordinario de apelaci\u00f3n, no le era factible evaluar, en tanto que estaba por fuera de los linderos que el impulsador de la alzada, le fij\u00f3 a su inconformidad (CSJ, SC 4264 del 20 de noviembre de 2000, Rad. n. \u00b0 2010-00133-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es necesario agregar lo que en esa misma providencia se a\u00f1adi\u00f3, respecto de la impertinencia del medio nuevo esgrimido, no obstante que uno de los cargos all\u00ed esgrimidos fue por la v\u00eda directa, como aqu\u00ed acontece, tem\u00e1tica en relaci\u00f3n con la cual se precis\u00f3: <\/p>\n
La anterior inferencia no sufre mengua por el hecho de que el cargo primero haya sido propuesto por la v\u00eda directa, pues lo cierto es que el se\u00f1alado planteamiento del recurrente no es puramente jur\u00eddico sino mixto, toda vez que tiene su cimiento en el contrato celebrado entre las partes, por lo que tambi\u00e9n frente a dicha acusaci\u00f3n es predicable su car\u00e1cter de medio nuevo. <\/p>\n
En cuanto hace a este aspecto, conveniente es memorar, como lo determin\u00f3 la Sala en reciente fallo, que: <\/p>\n
La circunstancia de que el cargo quinto hubiese sido propuesto por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, no es \u00f3bice para hacer actuar la teor\u00eda del medio nuevo, por el car\u00e1cter mixto de la acusaci\u00f3n, eventualidad en relaci\u00f3n con el cual la Corte ha explicado: <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, el hecho de que el cargo auscultado est\u00e9 sustentado en la violaci\u00f3n directa de las normas precisadas en la acusaci\u00f3n, no es obst\u00e1culo para predicar la inadmisibilidad del medio nuevo, pues como se extracta de todo lo hasta aqu\u00ed analizado, la acusaci\u00f3n no es puramente jur\u00eddica, sino h\u00edbrida, en tanto que en relaci\u00f3n con el hecho de la autorizaci\u00f3n, que como queda dicho, fue parte importante del debate procesal en los t\u00e9rminos ya delineados, el recurrente sobrepuso el argumento de no ser un requisito necesario de cuya insatisfacci\u00f3n pudiera inferirse el incumplimiento contractual reprochado en el libelo introductorio. <\/p>\n
En reciente fallo, la Sala, sobre el particular, acot\u00f3: <\/p>\n
\u2018As\u00ed las cosas, es forzoso colegir que el advertido hecho corresponde a un medio nuevo, inadmisible en casaci\u00f3n, sin que para su reconocimiento como tal, sea \u00f3bice que el cargo auscultado hubiese sido propuesto por la senda de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, pues como se vio, mirado su contenido, la acusaci\u00f3n es mixta. <\/p>\n
\u2018En torno de la alegaci\u00f3n de circunstancias f\u00e1cticas que no fueron debatidas en el respectivo proceso, la Corte ha expresado lo siguiente: <\/p>\n
\u2018(\u2026) Descartados los argumentos de puro derecho y los medios de orden p\u00fablico, que nunca ser\u00e1n materia nueva en casaci\u00f3n, lo dem\u00e1s, esto es, los planteamientos legales o extremos no formulados o alegados en instancia, son campo vedado al recurso extraordinario\u2026 \u2018\u2026Esto no implica que no se pueda aducir en casaci\u00f3n argumentos que no se hicieron en instancia, a condici\u00f3n que ellos tengan un car\u00e1cter puramente jur\u00eddico, que no se mezcle ning\u00fan elemento de hecho, lo que vale decir que los medios mixtos en que se mezclan elementos de hecho y de derecho no son aceptados en casaci\u00f3n\u2019 (XLI bis. Subraya la Sala)\u2026 Por consiguiente, en toda esta materia de las alegaciones jur\u00eddicas y de los planteamientos legales relacionados con los hechos y distintos de las razones de puro derecho y de orden p\u00fablico, se da el medio nuevo, pero \u00fanicamente cuando tales alegaciones no fueron formuladas en instancia (CSJ SC, 22 Jun. 1956, G.J. T. LXXXIII \u2013se destaca) (CSJ, SC 5798 del 9 de marzo de 2014, Rad. n.\u00b0 2009-00978-01)\u2019 (CSJ, SC 15222 del 26 de septiembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2009-00299-01). <\/p>\n
(\u2026) Siendo inatendibles los hechos fundantes de los cargos referidos, mal podr\u00eda reconocerse su prosperidad (CSJ, SC 3404 del 23 de agosto de 2019, Rad. n.\u00b0 2011-00568-01). <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de lo expresado, es que el Tribunal resolvi\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria intentada a la luz de las normas que la gobiernan, de lo que se sigue que las hizo actuar y que, como consecuencia de ello, no incurri\u00f3 en ninguna transgresi\u00f3n del art\u00edculo 58 Superior. <\/p>\n
En lo restante de la acusaci\u00f3n, se observa que su planteamiento entremezcl\u00f3 cuestiones f\u00e1cticas, que no son compatibles con su naturaleza, am\u00e9n que comport\u00f3 la aducci\u00f3n de un medio nuevo, en tanto que, en esencia, replante\u00f3 lo acci\u00f3n intentada, lo que es inadmisible. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el cargo no est\u00e1 llamado a abrirse paso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con respaldo en el segundo de los motivos enlistados en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 21 de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos humanos o Pacto de San Jos\u00e9, 2\u00ba, 38, 58 y 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 946, 947, 950 y 952 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; y 2531 del precitado estatuto, por aplicaci\u00f3n indebida, todo como consecuencia de los errores de hecho en que incurri\u00f3 esa Corporaci\u00f3n, al apreciar las pruebas del proceso. <\/p>\n
La sustentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n admite el siguiente compendio: <\/p>\n
1. Luego de reproducir en extenso las motivaciones del fallo impugnado, el impugnante puso de presente que para arribar a esas conclusiones el ad quem se bas\u00f3 en la demanda, las declaraciones del perito Wilson Garc\u00eda Pach\u00f3n, los testimonios de Faber Vallejo Olaya, Luis Guillermo Acosta Gonz\u00e1lez y Jorge Iv\u00e1n L\u00f3pez Murillo, las supuestas confesiones de los actores Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez y Carlos Alberto G\u00f3mez Buend\u00eda y la sentencia del 26 de agosto de 2015, proferida por el Consejo de Estado en el proceso de reparaci\u00f3n directa que la entonces propietaria de los terrenos aqu\u00ed perseguidos adelant\u00f3 en contra del municipio de Armenia. <\/p>\n
2. Con tal base, se\u00f1al\u00f3 que el sentenciador de segunda instancia mal apreci\u00f3 esos elementos de juicio y, adicionalmente, omiti\u00f3 valorar otras pruebas del proceso, las cuales, de haber analizado en conjunto con las atr\u00e1s relacionadas, le habr\u00edan permitido concluir que el citado ente territorial \u201cs\u00ed era poseedor de los inmuebles objeto de reivindicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Enseguida le imput\u00f3 la comisi\u00f3n, en concreto, de los siguientes yerros: <\/p>\n
3.1. Preterici\u00f3n del \u201cACTA DE REUNI\u00d3N – USO GENERAL\u201d de la Alcald\u00eda de Armenia, fechada el 17 de agosto de 2012, que reprodujo, toda vez que all\u00ed el municipio acept\u00f3 ser el poseedor de los terrenos materia de la acci\u00f3n, pues de lo contrario no habr\u00eda manifestado que se allanar\u00eda a las pretensiones de la demanda reivindicatoria que en ese acto anunciaron los actores, tesis que soport\u00f3 en los art\u00edculos 98 y 99 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3.2. Cercenamiento de la demanda, anomal\u00eda en pro de la cual reprodujo, por una parte, las apreciaciones que sobre ella efectu\u00f3 el Tribunal, y por otra, las pretensiones principales y subsidiarias de la misma, tras lo cual enfatiz\u00f3 que en el p\u00e1rrafo que esa autoridad tom\u00f3 para colegir que los accionantes no ten\u00edan certeza sobre la posesi\u00f3n del demandado, lo que se hizo fue se\u00f1alar los fundamentos de la legitimaci\u00f3n del municipio frente a unas y otras s\u00faplicas, por ser de distinta naturaleza. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, asever\u00f3 que del libelo introductorio no se infer\u00eda que los poseedores de esos inmuebles hubiesen sido \u201cpersonas indeterminadas\u201d, como lo entendi\u00f3 el sentenciador de segunda instancia, sino que su ocupante fue el municipio de Armenia. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que los desatinos de esa autoridad fueron m\u00e1s all\u00e1, pues los accionantes nunca sostuvieron que la falta de entrega de los inmuebles a la terminaci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n temporal, o la responsabilidad administrativa que se deriv\u00f3 de esa omisi\u00f3n para el ente territorial, reconocida por el Consejo de Estado en el fallo con que culmin\u00f3 el proceso adelantado por los actores, lo convert\u00edan en poseedor. <\/p>\n
Sobre el particular puntualiz\u00f3 que \u201cel argumento del ad quem tambi\u00e9n es desacertado por lo siguiente. i) No es cierto que la falta de entrega de los bienes por parte del municipio de Armenia a sus leg\u00edtimos propietarios -despu\u00e9s de finalizar las pr\u00f3rrogas de la ocupaci\u00f3n temporal ordenada a favor de la entidad territorial-, no constituya al menos un indicio grave de posesi\u00f3n ejercida por el municipio; ii) Tampoco es cierto que la condici\u00f3n de poseedor del demandado dependa del hecho de que los propietarios tuviesen a su disposici\u00f3n acciones judiciales ante el contencioso administrativo. Con ese discurrir, el Tribunal incurre en la consabida falacia non seguitur, porque la conclusi\u00f3n a la que arriba no se desprende de las premisas de las que parti\u00f3; y, iii) No es cierto que la acci\u00f3n de reparaci\u00f3n directa que ejercieron los due\u00f1os en contra del municipio de Armenia, decidida en segunda instancia por el Consejo de Estado, no sea un hecho indicador del cual se infiera la condici\u00f3n de poseedor del aqu\u00ed demandado\u201d. <\/p>\n
3.3. Cercenamiento de las declaraciones rendidas por el perito Wilson Garc\u00eda Pach\u00f3n y los testigos Faber Vallejo Olaya, Luis Guillermo Acosta Gonz\u00e1lez y Jorge Iv\u00e1n L\u00f3pez Murillo, que el impugnante transcribi\u00f3 en lo que estim\u00f3 pertinente y sobre las que observ\u00f3: <\/p>\n
N\u00f3tese, que al cotejarse lo expresado por los anteriores declarantes con lo considerado por el Tribunal en el fallo materia de casaci\u00f3n, r\u00e1pidamente se advierte el error de hecho del sentenciador por haber cercenado dichas pruebas, pues no es cierto, a diferencia de lo dicho en la providencia impugnada, que los testigos simplemente hayan afirmado \u2018que algunas personas del sector manifestaron que estaban all\u00ed porque el Municipio de Armenia las hab\u00eda reubicado\u2019, ni tampoco que no hayan dado \u2018cuenta que el Municipio demandado haya ejercido sobre dichos bienes actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u2019, ni, mucho menos, que los testimonios sean \u2018de o\u00eddas\u2019. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que esas conclusiones son: <\/p>\n
(\u2026) absolutamente equivocadas, toda vez que los testigos, adem\u00e1s de haber manifestado que las personas que habitan los inmuebles les se\u00f1alaron que se encontraban all\u00ed porque en ese lugar los hab\u00eda reubicado el municipio despu\u00e9s del terremoto, tambi\u00e9n indicaron que muchas de las personas que estaban en los predios consideraban al municipio de Armenia el poseedor de los mismos y que reconoc\u00edan a los Buend\u00eda como sus due\u00f1os; adicionalmente, se\u00f1alaron los testigos que ellos personalmente estuvieron en los bienes realizando distintas labores t\u00e9cnicas -testigos t\u00e9cnicos-, indicando que en los inmuebles ya hay v\u00edas pavimentadas del orden municipal y que las viviendas construidas cuentan con los servicios p\u00fablicos domiciliarios de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y gas, lo cual devela, sin lugar a dudas, la ejecuci\u00f3n de actos posesorios en cabeza del municipio de Armenia, a diferencia de lo concluido por el juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
Y que no son testimonios \u201cde o\u00eddas\u201d, por cuanto: <\/p>\n
(\u2026) los testigos estuvieron personalmente en los predios objeto de reivindicaci\u00f3n y en ese sitio percibieron directamente la problem\u00e1tica de las personas que se encuentran all\u00ed ubicadas, de suerte que lo que a ellos les dijeron los sujetos, no son la narraci\u00f3n de un hecho anterior que luego pas\u00f3 a conocimiento de otros y despu\u00e9s de los testigos -testigos de o\u00eddas-, sino que lo manifestado por los declarantes fue lo directamente percibido por ellos y expresado por los habitantes de los terrenos acerca de los sujetos que \u00e9stos consideraban como poseedor -al municipio- y como propietarios -a los Buend\u00eda- para la \u00e9poca en que se elaboraron los trabajos t\u00e9cnicos (siendo el \u00faltimo de ellos a finales de 2016), informaci\u00f3n que, se insiste, fue percibida por los testigos directamente, a trav\u00e9s del \u00f3rgano del o\u00eddo, lo que descarta que se trate de o\u00eddas, como mal los calific\u00f3 el Tribunal en la sentencia aqu\u00ed censurada. <\/p>\n
3.4. Cercenamiento de las declaraciones de parte rendidas por los demandantes Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez y Carlos Alberto G\u00f3mez Buend\u00eda, respecto de las cuales puso de presente que el sentenciador de segunda instancia infiri\u00f3 de ellas confesi\u00f3n, por cuanto a su entender el primero de los nombrados admiti\u00f3 que \u201cel predio lo habitan personas indeterminadas, es decir, que el Municipio tampoco tiene la tenencia de los predios\u201d; y el segundo que \u201chace algunos a\u00f1os funcionarios lo llamaron para hacerle entrega de una parte del lote y que no acept\u00f3 porque la entrega era parcial y quedar\u00eda de vecino de personas peligrosas\u201d. <\/p>\n
Tras advertir la dificultad que en casaci\u00f3n representa aducir, al interior de un cargo cimentado en la comisi\u00f3n de errores de hecho, uno de derecho, como quiera que ello puede constituir una falla t\u00e9cnica, puso de presente que el error del citado juzgador parti\u00f3 de la transgresi\u00f3n del art\u00edculo 192 del C\u00f3digo General del Proceso, porque para que \u201chaya confesi\u00f3n, cuando existe litisconsorcio necesario\u201d, es indispensable que \u201cella provenga de todos los que tienen ese car\u00e1cter, ya que de lo contrario la versi\u00f3n de cada litisconsorte necesario deber\u00e1 valorarse como si fuere un testimonio de tercero\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, sobre la base de que esas declaraciones deben apreciarse en la forma arriba indicada, devel\u00f3 que el ad quem las cercen\u00f3, pues vistas en integridad, para lo que las reprodujo con amplitud, otro era su sentido y alcance. <\/p>\n
La ofrecida por Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez, en realidad indic\u00f3 \u201cque dichos predios [fueron] ocupados por un grupo numeroso de personas desconocidas, pero que el poseedor de los terrenos era el municipio de Armenia\u201d; y la rendida por Carlos Alberto G\u00f3mez Buend\u00eda, refiri\u00f3 las determinaciones que adopt\u00f3 la alcald\u00eda para que se mantuvieran en los terrenos las personas damnificadas por el terremoto que hab\u00edan ingresado en ellos; la no entrega de los inmuebles a la finalizaci\u00f3n de esas medidas, por la falta de inter\u00e9s del municipio; que pese a la restituci\u00f3n ordenada por el Tribunal Administrativo del Quind\u00edo, tampoco se realiz\u00f3 la misma por \u201cla desidia y el desinter\u00e9s de la administraci\u00f3n\u201d; y que \u201cen los veinte (20) a\u00f1os que han transcurrido desde que el municipio de Armenia deb\u00eda haber devuelto los predios, en alguna ocasi\u00f3n el extremo demandado se acerc\u00f3 para restituirle una parte de las tierras, pero que se hab\u00eda opuesto a ello, porque no se estaba haciendo la entrega de la totalidad de los bienes\u201d. <\/p>\n
3.5. Preterici\u00f3n de la Resoluciones Nos. 115 del 29 de febrero, 168 del 31 de marzo, 297 del 31 de mayo y 466 del 28 de septiembre, todas del 2000, emitidas por la Alcald\u00eda de Armenia; cercenamiento de la Resoluci\u00f3n 336 del 17 de mayo de 2016, proferida por la Inspecci\u00f3n S\u00e9ptima de Polic\u00eda Urbana de Primera Categor\u00eda de esa ciudad; y cercenamiento y tergiversaci\u00f3n de la sentencia del 26 de agosto de 2015 dictada por el Consejo de Estado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este reproche, el censor, mixturando el contenido de esos elementos de juicio, acot\u00f3: <\/p>\n
3.5.1. La tergiversaci\u00f3n del indicado fallo del Consejo de Estado, cuesti\u00f3n en relaci\u00f3n con la cual reprodujo las consideraciones del Tribunal tocantes con ese pronunciamiento y se\u00f1al\u00f3, por una parte, admisible el planteamiento del ad quem consistente en que, antes de la expedici\u00f3n de la Resoluci\u00f3n 115 del 29 de febrero de 2000, el municipio demandado no tuvo la condici\u00f3n de poseedor y, por otra, que una vez expidi\u00f3 dicho acto administrativo la situaci\u00f3n fue distinta, toda vez que esa determinaci\u00f3n lo facult\u00f3 para la ocupaci\u00f3n temporal de los terrenos, y por ende, a partir de su proferimiento \u201cfue la entidad territorial la que comenz\u00f3 a ejercer el control y a disponer materialmente de los inmuebles por ser ella la favorecida con ese acto, impidiendo que los propietarios gestionaran sus bienes propios y destinando los predios para que all\u00ed permanecieran las personas damnificadas por el terremoto\u201d, situaci\u00f3n que, por las pr\u00f3rrogas de la ocupaci\u00f3n temporal, se extendi\u00f3 hasta el 31 de diciembre de 2000. <\/p>\n
3.5.2. Reiter\u00f3 el desacierto del sentenciador de segunda instancia al entender que, como consecuencia de la ocupaci\u00f3n temporal, el municipio accionado no era poseedor, porque la adopci\u00f3n de esa medida \u201cse hizo en favor de las personas que ocupaban los inmuebles y no del Municipio de Armenia\u201d, comprensi\u00f3n que tild\u00f3 de \u201cprotuberantemente impro[pia]\u201d, pues fruto de ella dicho juzgador \u201cno se percat\u00f3 y por ende omiti\u00f3 el hecho de que el demandado era quien estaba legalmente habilitado para ocupar temporalmente los bienes de los actores\u201d. <\/p>\n
En respaldo de lo anterior, reprodujo una a una las Resoluciones 115, 168, 287 y 466 del 29 de febrero, 31 de marzo, 31 de mayo y 28 de septiembre de 2000, respectivamente, tras lo cual asever\u00f3 que si la mencionada Corporaci\u00f3n no las hubiera ignorado, \u201chabr\u00eda entendido que la ocupaci\u00f3n temporal de los terrenos de los demandantes se hizo en favor del municipio de Armenia, entidad que dispuso en los mismos actos administrativos que en los inmuebles permanecieran los asentamientos espont\u00e1neos llamados \u2018Nueva Armenia\u2019 y \u2018Rinc\u00f3n Andaluz\u2019, ocupaci\u00f3n temporal que le concedi\u00f3 al municipio el control y la disposici\u00f3n de los predios reivindicados y que perdur\u00f3 durante el tiempo en que produjeron efectos jur\u00eddicos las aludidas resoluciones de la Alcald\u00eda Municipal de Armenia, esto es, hasta el 31 de diciembre de 2000\u201d. <\/p>\n
3.5.3. Critic\u00f3 a continuaci\u00f3n la conclusi\u00f3n del ad quem, tocante a que desde el 1\u00ba de enero de 2001 el municipio de Armenia tampoco ostent\u00f3 la posesi\u00f3n de los terrenos, porque en junio de ese a\u00f1o, en septiembre de 2002 y en abril de 2003 \u201cmostr\u00f3 inter\u00e9s en continuar con los tr\u00e1mites del lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho\u201d, actitud de la que infiri\u00f3 que con ella el ente territorial \u201c(\u2026) \u2018reconoci\u00f3 como propietaria\u2019 a la parte actora\u201d, apreciaciones que esa autoridad extrajo de la sentencia dictada por el Consejo de Estado y que, a decir del censor, comportaron la tergiversaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, el recurrente afirm\u00f3 que desde la fecha indicada \u201cse materializ\u00f3 la posesi\u00f3n del municipio de Armenia sobre los predios, toda vez que el control y la disposici\u00f3n que sobre ellos ejerc\u00eda en virtud de la ocupaci\u00f3n temporal decretada en las mencionadas resoluciones, jur\u00eddicamente desapareci\u00f3 para el municipio, por lo que desde entonces el control y la disposici\u00f3n que ejerce sobre los bienes sin t\u00edtulo que lo respalde, corresponde a una posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Explic\u00f3 que ello se debe a que desde cuando ces\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal decretada (31 de diciembre de 2000), el municipio \u201cdej\u00f3 tambi\u00e9n de pagar o siquiera comprometerse a cancelar, los montos de dinero que por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios estaba obligado a satisfacerle a la parte actora durante el tiempo de vigencia de las resoluciones expedidas por la alcald\u00eda\u201d y que, \u201c[e]se simple hecho nos muestra, que una era la condici\u00f3n que ten\u00eda el municipio de Armenia respecto a los predios mientras surtieron efectos las resoluciones, en las cuales se comprometi\u00f3 a pagarle una indemnizaci\u00f3n de perjuicios a sus propietarios; y que otra, muy distinta, fue la condici\u00f3n del municipio frente a los bienes, a partir de que los actos administrativos expiraron, pues, se insiste, el municipio demandado desde entonces dej\u00f3 de tener la obligaci\u00f3n de pagar una suma de dinero a los actores a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d. <\/p>\n
Estim\u00f3 indiscutible que, a partir de entonces, el poseedor de los terrenos fue el municipio, pues no restituy\u00f3 los mismos a sus propietarios, ni continu\u00f3 con el pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, lo que significa que se \u201crebel\u00f3 en contra de los due\u00f1os y desconoci\u00f3 el derecho de estos\u201d, sin que, por lo tanto, tenga \u201cninguna incidencia (\u2026) que la entidad territorial hubiese intentando en junio de 2001, en septiembre de 2002 y en abril de 2003, acercarse a los propietarios para que se le hiciera la restituci\u00f3n de los inmuebles (\u2026), pues lo cierto es que estos hechos aislados, por s\u00ed solos, no pueden diluir la condici\u00f3n de poseedor del municipio desde el 1\u00ba de enero de 2001 en adelante, as\u00ed como el desinter\u00e9s por salvaguardar el derecho de propiedad de la parte demandante\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de lo anterior, trajo a la colaci\u00f3n la conclusi\u00f3n expresada por el Consejo de Estado en su memorado fallo, seg\u00fan la cual desde el 25 de enero de 1999 y hasta el 31 de julio de 2003, \u201c(\u2026), \u2018la ocupaci\u00f3n del bien inmueble de propiedad de los demandantes existi\u00f3 y subsisti\u00f3 sin soporte legal, por una situaci\u00f3n atribuible a la entidad territorial demandada la que autoriz\u00f3 la ocupaci\u00f3n, con lo que se gener\u00f3 en cabeza de la sociedad demandante [Construcciones Buendia\u2019s] una p\u00e9rdida de oportunidad en la gesti\u00f3n de los bienes objeto de la demanda\u2019 (\u2026)\u201d, aserci\u00f3n que en criterio del recurrente \u201cdestruye la apreciaci\u00f3n del Tribunal\u201d y \u201cdesvirt\u00faa por completo el an\u00e1lisis\u201d que hizo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u201csi la administraci\u00f3n de Armenia para los meses de junio de 2001, septiembre de 2002 y abril de 2003 continuaba ocupando los inmuebles como lo asegur\u00f3 el Consejo de Estado, obviamente en calidad de poseedora, ello significa que los acercamientos que se presentaron entre las partes y de los cuales se vali\u00f3 el Tribunal para decir que el municipio reconoci\u00f3 dominio ajeno, no pudieron hacer desaparecer la condici\u00f3n de poseedor del demandado, pues de lo contrario el Consejo de Estado no habr\u00eda arribado a tal conclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.5.4. El impugnante pas\u00f3 a explicar la indebida aplicaci\u00f3n que el Tribunal hizo del art\u00edculo 2531 del C\u00f3digo Civil, que reprodujo. <\/p>\n
Concentr\u00f3 su atenci\u00f3n en la regla 1\u00aa del numeral 3\u00ba, de la que dijo que \u201ces aplicable al poseedor que alega la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio como modo de adquirir la propiedad, pero no a los simples poseedores como el municipio de Armenia que no cumplen los requisitos legales para usucapir y que en consecuencia no alegaron en juicio la usucapi\u00f3n, ni parecen interesados en hacerlo\u201d. <\/p>\n
De all\u00ed dedujo que fue \u201costensible (\u2026) el yerro cometido por el Tribunal al apreciar la sentencia del Consejo de Estado, pues la distorsion\u00f3 y recort\u00f3 en su contenido objetivo, ya que de ella dedujo que los contactos entre el municipio y los propietarios en los meses de junio de 2001, septiembre de 2002 y abril de 2003, a fin de continuar con el tr\u00e1mite del lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, fueron actos de reconocimiento de dominio y que por eso el municipio de Armenia no es poseedor de los bienes reivindicados\u201d, tras lo cual volvi\u00f3 a transcribir la conclusi\u00f3n a la que, sobre el punto, arrib\u00f3 el Consejo de Estado. <\/p>\n
Para terminar, advirti\u00f3 que, seg\u00fan concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado No. 1427 de 2002, \u201ccuando el Estado es poseedor, \u2018no todo tipo de \u2018acercamientos\u2019 implican per-se un reconocimiento de un mejor derecho en cabeza de terceros\u2019\u201d; y que \u201cel reconocimiento del dominio es un elemento a tener en cuenta cuando el poseedor pretende la usucapi\u00f3n -por tratarse de un requisito para su prosperidad- pero no sirve para descartar que un poseedor sea simplemente eso, un poseedor, un simple poseedor, sin pretensiones adquisitivas de dominio, y que, eventualmente, pueda llegar a acercarse una, dos o tres veces a la parte demandante, sin que esto \u00faltimo afecte su condici\u00f3n de poseedor de los bienes reivindicados\u201d. <\/p>\n
3.5.5. Rechaz\u00f3 la aseveraci\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual, carece de sustento jur\u00eddico y f\u00e1ctico que desde el 1\u00ba de enero de 2001 el ente accionado es poseedor de mala fe de los predios de los actores, puesto que, como ya lo hab\u00eda explicado, la terminaci\u00f3n de la \u00faltima pr\u00f3rroga de la ocupaci\u00f3n temporal decretada de los terrenos signific\u00f3 que \u201cel municipio de Armenia ya no contara con un t\u00edtulo legal para continuar con su ocupaci\u00f3n temporal, lo cual, sumado a que tambi\u00e9n a partir de ese instante el demandado dej\u00f3 de asumir la obligaci\u00f3n de pagar dinero por concepto de indemnizaci\u00f3n de perjuicios a favor de los propietarios, desconociendo as\u00ed el derecho de dominio de los demandantes, nos permite ver que desde entones el ente territorial ejerci\u00f3 posesi\u00f3n y sigui\u00f3 haci\u00e9ndolo de ah\u00ed en delante de mala fe, controlando y disponiendo de los predios como si fuera su se\u00f1or y due\u00f1o, sin permitir su gesti\u00f3n por parte de los demandantes y destin\u00e1ndolos al mismo objetivo trazado en vigencia de las ya expiradas resoluciones: mantener en los predios a las personas que se hab\u00edan asentado en ellos en virtud de los actos administrativos proferidos por la Alcald\u00eda Municipal, mediante los cuales se orden\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal de los inmuebles por parte del municipio\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, afirm\u00f3 que lo pretendido en la demanda s\u00ed tiene asidero jur\u00eddico y f\u00e1ctico, m\u00e1s cuando, seg\u00fan el ya citado concepto 1421 de 2002, tanto el Estado como las entidades p\u00fablicas pueden poseer bienes de propiedad particular, y en tal virtud, ganarlos por prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
4. Como corolario de los yerros atr\u00e1s advertidos, el censor observ\u00f3 que, contrariamente a lo que el Tribunal concluy\u00f3, en el proceso s\u00ed se demostr\u00f3 que \u201cel municipio de Armenia ha ejercido actos p\u00fablicos de se\u00f1or y due\u00f1o y ha tenido el corpus y el animus sobre los bienes, sin reconocer propiedad de otro y excluyendo el derecho de los aqu\u00ed recurrentes\u201d, en pro de lo cual adujo: <\/p>\n
4.1. En la demanda se afirm\u00f3 sin confusiones la posesi\u00f3n ejercida por el accionado. <\/p>\n
4.2. La ocupaci\u00f3n temporal de los terrenos disputados, decretada mediante las sucesivas resoluciones que con ese fin fueron proferidas, concedi\u00f3 al convocado \u201cel derecho a ocupar temporalmente los bienes de los demandantes, pudiendo controlar y disponer materialmente de los mismos\u201d, al punto que \u201cdecidi\u00f3 destinarlos\u201d para \u201cque all\u00ed permanecieran los asentamientos espont\u00e1neos \u2018Nueva Armenia\u2019 y \u2018Rinc\u00f3n Andaluz\u2019 que se hab\u00edan instalado en los inmuebles, v\u00edctimas del terremoto, a cambio de una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica que se le pagar\u00eda a los demandantes a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de perjuicios\u201d. <\/p>\n
4.3. El citado ente territorial \u201cha tenido tanto el corpus como el animus posesorio, habida cuenta que desde que decidi\u00f3 -animus- no prorrogar la medida de ocupaci\u00f3n temporal de los predios, continuando con el control y disposici\u00f3n material de hecho sobre los mismos -corpus-, careciendo de todo t\u00edtulo para hacerlo y finalizando cualquier compromiso de pago de indemnizaci\u00f3n de perjuicios a los demandantes -animus-, \u00e9l se hizo poseedor de los bienes\u201d. <\/p>\n
4.4. Dicha posesi\u00f3n inici\u00f3 el 1\u00ba de enero de 2001, toda vez que desde ese momento el municipio no reconoce a los propietarios suma aluna de dinero como contraprestaci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n y sigue disponiendo de los inmuebles como se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
4.5. No hubo, ni pudo haber, reconocimiento del derecho de propiedad de los aqu\u00ed demandantes, habida cuenta que el Consejo de Estado, en la sentencia que profiri\u00f3, reconoci\u00f3 que desde la preindicada fecha la Alcald\u00eda de Armenia sigui\u00f3 ocupando los terrenos, disponiendo de ellos e impidiendo a sus due\u00f1os el libre ejercicio de su derecho de propiedad. <\/p>\n
4.6. El accionado \u201cs\u00ed ha ejercido actos de se\u00f1or y due\u00f1o\u201d, como lo dijeron el perito Wilson Garc\u00eda Pach\u00f3n y los testigos Faber Vallejo Olaya, Luis Guillermo Acosta Gonz\u00e1lez y Jorge Iv\u00e1n L\u00f3pez, as\u00ed como el demandante Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez. <\/p>\n
4.7. El municipio de Armenia \u201cse ha negado sistem\u00e1ticamente a adelantar las gestiones necesarias para devolver la posesi\u00f3n de los predios\u201d, al punto que los actores llevan 20 a\u00f1os acudiendo a m\u00faltiples acciones administrativas y judiciales en procura de la recuperaci\u00f3n de los terrenos de su propiedad, sin conseguirlo. <\/p>\n
5. Adicionalmente a lo expuesto, el recurrente denunci\u00f3 cuatro errores adicionales del Tribunal: <\/p>\n
5.1. Tergivers\u00f3 una vez m\u00e1s la sentencia del Consejo de Estado, al estimar que all\u00ed no se orden\u00f3 la entrega a los actores de los predios en cuesti\u00f3n, planteamiento en relaci\u00f3n con el cual reprodujo lo expresado sobre el particular en el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Quind\u00edo y en aquel pronunciamiento. Con tal base, destac\u00f3 que en el primero, se orden\u00f3 claramente la restituci\u00f3n, mientras que en el segundo se \u201cle permiti[\u00f3] al municipio de Armenia iniciar el procedimiento policivo respectivo, para obtener la restituci\u00f3n material de los predios, siempre y cuando los demandantes as\u00ed lo solicitaran dentro de los 30 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia\u201d. <\/p>\n
5.2. Le a\u00f1adi\u00f3 a la apreciaci\u00f3n del Consejo de Estado de dejar a salvo la posibilidad de que los demandantes acudiesen a la acci\u00f3n reivindicatoria algo impropio, como fue que la misma deb\u00eda dirigirse contra los ocupantes de los terrenos, pues esa conclusi\u00f3n \u201ces errada porque el juzgador de segunda instancia lleg\u00f3 a ella omitiendo, cercenando y distorsionando las pruebas del plenario, lo cual constituye justamente el error de hecho que por la v\u00eda de indirecta se est\u00e1 denunciando en este primer cargo\u201d. <\/p>\n
5.3. Alter\u00f3 el sentido de la decisi\u00f3n que, para la recuperaci\u00f3n y entrega de los terrenos ocupados imparti\u00f3 el Consejo de Estado, pues interpret\u00f3 que la misma fue para que los demandantes promovieran la correspondiente acci\u00f3n policiva cuando, como ya se registr\u00f3, ella consisti\u00f3 en permitirle al municipio de Armenia el adelantamiento de ese proceso. <\/p>\n
5.4. Tal desatino estuvo acompa\u00f1ado por el cercenamiento de la Resoluci\u00f3n 036 del 17 de mayo de 2016 de la Inspecci\u00f3n S\u00e9ptima de Polic\u00eda Urbana de Primera Categor\u00eda de Armenia, mediante la cual se rechaz\u00f3 de plano \u201cel escrito en virtud del cual los aqu\u00ed demandantes le pidieron a la administraci\u00f3n municipal que iniciara el procedimiento policivo ordenado por el Consejo de Estado en su fallo\u201d, puesto que el ad quem no mir\u00f3 su contenido y por cuanto la impugnaci\u00f3n de esa decisi\u00f3n no compet\u00eda a los actores sino al ente territorial, en tanto que fue a \u00e9l al que el Consejo de Estado le orden\u00f3 el adelantamiento de dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la falta de interposici\u00f3n de los recursos contra la susodicha determinaci\u00f3n, a m\u00e1s de in\u00fatil, no pod\u00eda afectar o restringir \u201cel ejercicio de las pretensiones reivindicatorias materia de este proceso judicial, porque al no existir prejudicialidad, la acci\u00f3n reivindicatoria no est\u00e1 sujeta o condicionada a las resultas de un proceso policivo\u201d. <\/p>\n
6. Explic\u00f3 el censor la forma como los errores probatorios imputados al Tribunal ocasionaron la infracci\u00f3n de las normas sustanciales enlistadas al inicio del cargo. <\/p>\n
7. Para terminar, el impugnante adicionalmente denunci\u00f3 la preterici\u00f3n: <\/p>\n
7.1. De la \u201cFunci\u00f3n de Advertencia No. 001 del 19 de mayo de 2013 de la Contralor\u00eda Municipal de Armenia\u201d, que reprodujo, por cuanto ella acredita que, en la fecha de su expedici\u00f3n, el municipio accionado, pese a la terminaci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n temporal de los predios de los actores, todav\u00eda no hab\u00eda hecho la restituci\u00f3n de los mismos a \u00e9stos; y que, en opini\u00f3n de ese ente de control, el municipio de Armenia era su poseedor. <\/p>\n
7.2. Del dictamen pericial rendido por el se\u00f1or Wilson Garc\u00eda Pach\u00f3n, como quiera que \u00e9l, respecto del predio \u201cLa Caba\u00f1ita\u201d, dej\u00f3 constancia que su frente da \u201csobre la calle 30A, antigua carretera que conduc\u00eda de Armenia a Montenegro, v\u00eda interna Municipal de salida al Municipio de Montenegro Quind\u00edo\u201d, con lo que se prueba que el ente territorial \u201ces el poseedor de los inmuebles objeto de reivindicaci\u00f3n, toda vez que en ellos ya existen v\u00edas del orden municipal\u201d. <\/p>\n
8. Al cierre, puso de presente el car\u00e1cter manifiesto de los errores atribuidos al ad quem y la trascendencia de los mismos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Esas inferencias las dedujo, esencialmente, del escrito con el que se dio inicio a este asunto litigioso; la sentencia de segunda instancia dictada por el Consejo de Estado en el proceso de reparaci\u00f3n directa que la propietaria de los terrenos disputados adelant\u00f3 en contra el referido ente territorial, aportada en copia con dicho libelo introductorio; las declaraciones rendidas en el curso de lo actuado por el perito Wilson Garc\u00eda Pach\u00f3n y los testigos Faber Vallejo Ochoa, Luis Guillermo Acosta Gonz\u00e1lez y Jorge Iv\u00e1n L\u00f3pez Murillo; y los interrogatorios de parte absueltos por los demandantes se\u00f1ores Carlos Alberto G\u00f3mez Buend\u00eda y Juli\u00e1n Buend\u00eda V\u00e1squez. <\/p>\n
2. El recurrente, para controvertir el juicio del ad quem, en el extenso cargo que ahora se ausculta, asever\u00f3 que en el proceso s\u00ed se comprob\u00f3 que el citado ente territorial es el poseedor de los bienes materia de la reivindicaci\u00f3n suplicada desde el 1\u00ba de enero de 2001, pero que dicha autoridad no avizor\u00f3 tal constataci\u00f3n, como quiera que apreci\u00f3 indebidamente los elementos de juicio en que finc\u00f3 su fallo, atr\u00e1s relacionados, am\u00e9n que pretermiti\u00f3 otros, indicativos de lo mismo, que de haber ponderado en conjunto con aqu\u00e9llos, lo habr\u00edan llevado a avalar el planteamiento del impugnante, como fueron el \u201cACTA DE REUNI\u00d3N \u2013 USO GENERAL\u201d de la Alcald\u00eda de Armenia fechada el 17 de agosto de 2012; las Resoluciones 115, 168, 297 y 466 del 29 de febrero, 31 de marzo, 31 de mayo y 28 de septiembre de 2000, respectivamente, expedidas por esa misma dependencia; la Resoluci\u00f3n 336 del 17 de mayo de 2016, dictada por la Inspecci\u00f3n S\u00e9ptima de Polic\u00eda Urbana de Primera Categor\u00eda de la mencionada capital; y la \u201cFunci\u00f3n de Advertencia\u201d No. 001 del 19 de mayo de 2013, emitida por la Contralor\u00eda Municipal. <\/p>\n
3. Independientemente de que el sentenciador de segunda instancia hubiese incurrido o no en alguno o algunos de los errores de hecho que el censor le atribuy\u00f3 en la censura de que se trata, es lo cierto que la inferencia f\u00e1ctica determinante de las decisiones que adopt\u00f3, esto es, que en el proceso no se acredit\u00f3 que el ente accionado fuese el poseedor material de los bienes reivindicados, no resulta ser contraevidente, ni equivocada, conclusi\u00f3n que deja al descubierto tanto el desacierto, como la intrascendencia, del cargo auscultado, como pasa a explicarse: <\/p>\n
3.1. La posesi\u00f3n \u201ces la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o, sea que el due\u00f1o o el que se da por tal, tenga la cosa por s\u00ed mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de \u00e9l. (\u2026). El poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u201d (art. 762, C.C.; se subraya). <\/p>\n
En concordancia con ello, \u201c[s]e llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre del due\u00f1o. (\u2026). Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno\u201d (art. 775, ib.; se subraya). <\/p>\n
Se trata, pues, de dos categor\u00edas bien distintas respecto de la relaci\u00f3n de hecho que puede existir entre las personas y las cosas. Como con facilidad se aprecia, en ambas concurre el elemento de la aprehensi\u00f3n material del bien. Empero, para que haya posesi\u00f3n, a ese componente debe a\u00f1adirse el \u201canimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u201d que, correlativamente, no puede existir en la simple tenencia. <\/p>\n
Por consiguiente, el factor diferenciador entre dichas figuras es el resaltado elemento volitivo, como quiera que es indispensable, de un lado, que el poseedor, a sabiendas de que no es due\u00f1o, detente la cosa como si lo fuera y, por ende, que act\u00fae as\u00ed frente a los dem\u00e1s, de modo que todos, al apreciar su comportamiento, piensen que se trata del propietario y, consecuencialmente, no interfieran con el goce y disposici\u00f3n que \u00e9l da al respectivo bien. <\/p>\n
Y, de otro, que en el mero tenedor no exista dicha convicci\u00f3n, sino que, por el contrario, de su actitud se infiera que tiene la cosa a nombre del due\u00f1o o de quien se da por tal, esto es, se refleje que reconoce dominio ajeno. <\/p>\n
En ese sentido, la Corte tiene dicho que: <\/p>\n
Conforme a lo se\u00f1alado por la Corporaci\u00f3n, es evidente que el C\u00f3digo Civil \u2018destaca y relieva en la posesi\u00f3n no solo la relaci\u00f3n de hecho de la persona con la cosa, sino un elemento intelectual o sicol\u00f3gico. As\u00ed, mediante el art\u00edculo 762 establece que \u2018la posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u2019, con lo cual reclama para su tipificaci\u00f3n la concurrencia de dos elementos con fisonom\u00eda propia e independiente: el corpus, o sea el elemento material u objetivo; y el animus, elemento intencional o subjetivo. \u2026 Seg\u00fan la teor\u00eda subjetiva o cl\u00e1sica, que fue la acogida en el punto por los redactores de nuestro estatuto civil, de los dos elementos que la integran es el animus el caracter\u00edstico y relevante de la posesi\u00f3n y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesi\u00f3n la mera tenencia. Para que \u00e9sta exista es bastante la detentaci\u00f3n material; aqu\u00e9lla, en cambio, exige no s\u00f3lo la tenencia sino el \u00e1nimo de tener para s\u00ed la cosa\u2019 (G. J., t. CLXVI, pag. 50)\u201d (CSJ, SC del 21 de junio de 2007, Rad. n.\u00b0 7892; se subraya). <\/p>\n
3.2. Es cuesti\u00f3n pac\u00edfica en el proceso, que el origen del presente asunto litigioso deriv\u00f3 de la invasi\u00f3n de los predios materia de la acci\u00f3n por un significativo n\u00famero de familias que, como consecuencia de sismo que afect\u00f3 la ciudad de Armenia el 25 de enero de 1999, quedaron damnificadas y se vieron en la necesidad de ingresar en ellos, para guarecerse de la tragedia. <\/p>\n
La entonces titular del dominio de los lotes, al poco tiempo, en el mes de marzo, solicit\u00f3 ante las autoridades policivas su desocupaci\u00f3n, pedimento al que se accedi\u00f3, orden\u00e1ndose el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho de las personas que permanec\u00edan en los terrenos. Pese a ello, no se pudo materializar la diligencia, habida cuenta que su realizaci\u00f3n hac\u00eda m\u00e1s grave la situaci\u00f3n que enfrentaba la ciudad, seg\u00fan lo expusieron las autoridades municipales. <\/p>\n
Por la complejidad y magnitud del desastre, la Alcald\u00eda de Armenia solicit\u00f3, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 30 del Decreto 919 de 1989, autorizaci\u00f3n para ocupar temporalmente esos terrenos, y concedida la misma, con apoyo en tal precepto, expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 115 del 29 de febrero de 2000, mediante la cual orden\u00f3 \u201cla ocupaci\u00f3n temporal durante el per\u00edodo comprendido entre el 1\u00ba y el 31 de marzo de 2000, del predio ocupado por los asentamientos espont\u00e1neos denominados \u2018Ciudadela Nueva Armenia\u2019 y \u2018Rinc\u00f3n Andaluz\u2019, el cual est\u00e1 situado en el \u00e1rea urbana del Municipio de Armenia (\u2026). Como propietari[a] de dicho predio se haya registrada la Sociedad \u2018Construcciones Buendia\u2019s Ltda.\u2019\u201d (art\u00edculo 1\u00ba); y que a \u00e9sta, en esa condici\u00f3n, \u201cse le reconocer\u00e1 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n de los perjuicios por la ocupaci\u00f3n temporal la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($2.841.256.oo), la cual constituye la oferta que determina el art\u00edculo 31 del Decreto 919 de 1989\u201d (art\u00edculo 2\u00ba). <\/p>\n
Dicha ocupaci\u00f3n temporal fue prorrogada, en definitiva, hasta el 31 de diciembre del 2000, mediante las Resoluciones Nos. 168 del 31 de marzo, 297 del 31 de mayo y 466 del 28 de septiembre del citado a\u00f1o, debi\u00e9ndose destacar que en todas se reconoci\u00f3 a la sociedad Construcciones Buendia\u2019s Ltda. como propietaria de los inmuebles y se ofreci\u00f3 pagarle la indemnizaci\u00f3n fijada en cada uno de esos actos, en su condici\u00f3n de tal. <\/p>\n
Al vencimiento de la \u00faltima pr\u00f3rroga, el municipio de Armenia no hizo entrega de los predios a su due\u00f1a, como quiera que segu\u00edan ocupados de hecho por las familias conformantes de los \u201casentamientos espont\u00e1neos\u201d identificados por el ente territorial como \u201cCiudadela Nueva Armenia\u201d y \u201cRinc\u00f3n Andaluz\u201d. <\/p>\n
3.3. Conforme el recuento de los hechos que se deja consignado, es del caso destacar, en primer lugar, que no fue el municipio de Armenia, por s\u00ed o por interpuesta persona, el que invadi\u00f3 los predios objeto de la presente acci\u00f3n, sino que esa actuaci\u00f3n provino de un sinn\u00famero de personas indeterminadas que resultaron afectadas con el terremoto que azot\u00f3 dicha ciudad el 25 de enero de 1999. <\/p>\n
Ello se patentiza con el mismo relato de los hechos contenidos en la demanda, toda vez que all\u00ed los actores precisaron que \u201c[e]n marzo de 1999, [la] en ese entonces propietaria de los bienes que hoy en d\u00eda son objeto de reivindicaci\u00f3n, sociedad CONSTRUCCIONES BUENDIA\u2019S LTDA., instaur\u00f3 querellas policivas contra las personas indeterminadas que -en su calidad de damnificados del sismo- hab\u00edan ocupado de hecho sus predios\u201d (se subraya). <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, que como una medida para conjurar la crisis que enfrentaba la ciudad, la Alcald\u00eda de Armenia, en uso de las facultades que le confer\u00eda el Decreto 919 de 1989 y con plena sujeci\u00f3n a ellas, decret\u00f3 la \u201cocupaci\u00f3n temporal\u201d de los terrenos a partir del 1\u00ba de marzo de 2000 y hasta el 31 de diciembre del mismo a\u00f1o, mediante las sucesivas resoluciones administrativas atr\u00e1s relacionadas. <\/p>\n
Y, finalmente, que en el per\u00edodo intermedio de esos dos acontecimientos, el terremoto (25 de enero de 1999) y el inicio de la ocupaci\u00f3n temporal de los lotes (1\u00ba de marzo de 2000), la \u00fanica injerencia que podr\u00eda atribu\u00edrsele a la Alcald\u00eda de Armenia fue haberse opuesto a la pr\u00e1ctica del lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho de quienes se encontraban all\u00ed, comportamiento que como lo dej\u00f3 plasmado en la Resoluci\u00f3n 115 del 29 de febrero del 2000, obedeci\u00f3 a que la verificaci\u00f3n de la misma \u201cimplicar\u00eda generar problemas de orden p\u00fablico y social de gran magnitud\u201d y que, por s\u00ed s\u00f3lo, lejos estaba de ser constitutivo de posesi\u00f3n alguna, menos cuando su finalidad fue la de permitir que los ocupantes de los terrenos continuaran en ellos. <\/p>\n
3.4. As\u00ed las cosas, ostensible es que fue a partir de la \u201cocupaci\u00f3n temporal\u201d de los terrenos, iniciada, se repite, el 1\u00ba de marzo de 2000, que el municipio de Armenia entr\u00f3 en relaci\u00f3n con los mismos, medida que, como con acierto lo expuso el recurrente, fue ordenada en su favor y determin\u00f3 que desde ese momento el ente territorial asumiera el control de los inmuebles, lo que en efecto hizo, pues decidi\u00f3, seg\u00fan lo determin\u00f3 en la ya citada Resoluci\u00f3n 115, que en ellos \u201chabiten provisionalmente las familias que all\u00ed se encuentra asentadas, por el tiempo autorizado por la Direcci\u00f3n General de la Unidad Administrativa Especial para la Prevenci\u00f3n y Atenci\u00f3n de Desastres, sin perjuicio de la ampliaci\u00f3n del mimo lapso que la Administraci\u00f3n Municipal solicitar\u00e1 a la misma dependencia\u201d. <\/p>\n
Con otras palabras, la alcald\u00eda decret\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal de los predios en cuesti\u00f3n para s\u00ed, la hizo efectiva y determin\u00f3 que en los inmuebles sobre los que ella recay\u00f3, durante el tiempo de vigencia de la medida, vivieran las familias damnificadas por el terremoto que ya se encontraban all\u00ed. <\/p>\n
Ese poder de control y disposici\u00f3n que, en virtud de la ocupaci\u00f3n temporal, empez\u00f3 a ejercer el municipio sobre los predios de los actores, son claramente indicativos de la detentaci\u00f3n de los mismos por parte de dicho ente, sin que su decisi\u00f3n de que en ellos vivieran temporalmente familias damnificadas por el terremoto, la desvanezca. <\/p>\n
Empero resulta que el municipio, desde cuando orden\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal, reconoci\u00f3 dominio ajeno de los inmuebles, pues expl\u00edcitamente admiti\u00f3, como ya se registr\u00f3, que su propietaria era Constructora Buendia\u2019s Ltda. y, adicionalmente, respet\u00f3 su derecho de propiedad, en la medida que, con sujeci\u00f3n a las premisas fijadas por el Decreto 919 de 1989, ofreci\u00f3 a aqu\u00e9lla, en su condici\u00f3n de due\u00f1a, el pago de una indemnizaci\u00f3n por la utilizaci\u00f3n de sus predios, como qued\u00f3 expresado en la ya varias veces citada Resoluci\u00f3n 115, as\u00ed como en todos los actos administrativos posteriores con los cuales se prorrog\u00f3 la ocupaci\u00f3n temporal hasta el 31 de diciembre de 2000. <\/p>\n
No fue, pues, un reconocimiento formal y sin trascendencia sino, por el contrario, uno cabal y de gran importancia, en tanto que, como viene de decirse, estuvo dirigido a hacer efectivo para la propietaria el derecho de dominio sobre sus predios, en tanto que con la indemnizaci\u00f3n que le ofreci\u00f3 procur\u00f3 resarcirle el perjuicio derivado de la imposibilidad de usar y gozar de los bienes de que era titular. <\/p>\n
En suma, el municipio, con la ocupaci\u00f3n temporal, empez\u00f3 a detentar los terrenos pero sin \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, esto es, como mero tenedor, seg\u00fan ya se explic\u00f3, tenencia que, en principio, se extendi\u00f3 hasta la finalizaci\u00f3n de la medida, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2000. <\/p>\n
3.5. Llegados a este punto, es del caso preguntarse si una vez finalizada la ocupaci\u00f3n temporal, se presentaron variaciones que permitieran, y permitan, colegir que la condici\u00f3n de mero tenedor de municipio cambi\u00f3 a la de poseedor, a lo que debe responderse negativamente, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.5.1. A voces del art\u00edculo 777 del C\u00f3digo Civil, \u201c[e]l simple lapso de tiempo no muda la mera tenencia en posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para que ese cambio se produzca, es necesario \u201c(\u2026) \u2018(\u2026) hace[r] dejaci\u00f3n de la calidad jur\u00eddica de tenedor para pasar a adquirir la de aut\u00e9ntico poseedor. (\u2026). Cuando ocurre este hecho se est\u00e1, entonces, en presencia de lo que la doctrina ha denominado \u2018la conversi\u00f3n\u2019 o \u2018interversi\u00f3n del t\u00edtulo\u2019. La interversi\u00f3n del t\u00edtulo consiste, pues, en la transformaci\u00f3n del tenedor en poseedor (Cas. Civil, oct. 17\/73, a\u00fan no publicada)\u201d, fen\u00f3meno que \u201cbien puede originarse en un t\u00edtulo o acto proveniente de un tercero o del propio contendor; o tambi\u00e9n, del frontal desconocimiento del derecho del due\u00f1o, mediante la realizaci\u00f3n de actos de explotaci\u00f3n que ciertamente sean indicativos de tener la cosa para s\u00ed, o sea, sin reconocer dominio ajeno. En esta hip\u00f3tesis, los actos de desconocimiento ejecutados por el original tenedor que ha transformado su t\u00edtulo precario en poseedor, han de ser, como lo tiene sentado la doctrina, que contradigan, de manera abierta, franca e inequ\u00edvoca, el derecho de dominio que sobre la cosa tenga o pueda tener la persona del contendiente opositor, m\u00e1xime que no se puede subestimar, que de conformidad con los art\u00edculos 777 y 780 del C\u00f3digo Civil, la existencia inicial de un t\u00edtulo de tenencia considera que el tenedor ha seguido detentando la cosa en la misma forma precaria como se inici\u00f3 en ella\u201d (CSJ, SC del 18 de abril de 1989; se subraya). <\/p>\n
Forzoso es insistir y enfatizar que para que opere la interversi\u00f3n del t\u00edtulo del tenedor en poseedor a iniciativa suya, es indispensable la realizaci\u00f3n por su parte de actos claros, contundentes e id\u00f3neos, ostensiblemente indicativos del cambio. Por ende, no se trata de cualquier comportamiento que pudiera dar a pensar que ello pudo haber tenido ocurrencia. No. Es que, en la verificaci\u00f3n de la aludida mutaci\u00f3n, no cabe la ambig\u00fcedad o la duda. Por el contrario, es presupuesto imprescindible la certeza de que el primigenio tenedor ya no reconoce derecho ajeno sobre la cosa que materialmente detenta y que, en consonancia con ello, la conservaci\u00f3n f\u00edsica que de ella hace, est\u00e1 sustentada en el prop\u00f3sito de volverla suya sin consideraci\u00f3n de otro y, mucho menos, de aqu\u00e9l a quien admit\u00eda como due\u00f1o. <\/p>\n
3.5.2. Siendo ello as\u00ed, debe entonces puntualizarse que la prueba que en este proceso se echa de menos es, precisamente, la de la interversi\u00f3n del t\u00edtulo precario del municipio a poseedor. <\/p>\n
En s\u00edntesis, seg\u00fan el censor, la adquisici\u00f3n de esa \u00faltima calidad por parte del ente territorial obedeci\u00f3 a que \u00e9l, por una parte, no entreg\u00f3 a la entonces due\u00f1a los terrenos una vez finaliz\u00f3 la \u00faltima pr\u00f3rroga de su ocupaci\u00f3n temporal; y, por otra, dej\u00f3 de pagarle a aqu\u00e9lla, la indemnizaci\u00f3n por la utilizaci\u00f3n de los mismos. <\/p>\n
Como pasa a explicarse, ninguno de esos comportamientos prueba la interversi\u00f3n: <\/p>\n
a) Sobre lo primero, debe memorarse que la Corte, precisamente, frente a un mero tenedor de una heredad que reclam\u00f3 haberse transformado en poseedor de la misma, no accedi\u00f3 a su pedido toda vez que del hecho de que, \u201ca poco de recibir la finca[,] se hubiese negado el demandado a restitu\u00edrsela ante una exigencia sobre e particular del actor, (\u2026) no puede l\u00f3gica ni jur\u00eddicamente deducirse -como lo pretende el recurrente- que \u00e9l desde entonces se dio por due\u00f1o, porque -como acertadamente lo observa el opositor- la negativa a restituir no es acto posesorio y porque a cada instante se niegan a hacerlo el arrendatario, el comodatario, el habitador, etc., sin que se pretendan due\u00f1os. En todo caso, lo evidente es que no se est\u00e1 en frente de un hecho de clara sino de equ\u00edvoca significaci\u00f3n\u201d (CSJ, SC del 27 de marzo de 1952, G.J., t. LXXI, p\u00e1gs. 491 a 501; se subraya). <\/p>\n
De suyo, si la ocupaci\u00f3n temporal que en efecto tuvo ocurrencia, seg\u00fan lo ya analizado, determin\u00f3 para el municipio accionado la condici\u00f3n de mero tenedor de los predios, la circunstancia de que a la finalizaci\u00f3n de la misma, el ente territorial no se los hubiese restituido a la due\u00f1a, lo m\u00e1s que puede indicar es que el municipio incumpli\u00f3 dicho deber, pero en la condici\u00f3n anotada, de tenedor precario, y no que su estatus cambi\u00f3 al de poseedor. <\/p>\n
b) Y, sobre el segundo, se encuentra que la circunstancia de que el municipio de Armenia, a partir del 1\u00ba de enero de 2001, dejara de pagarle suma alguna a la propietaria, pese a que los inmuebles continuaban siendo ocupados por los damnificados del terremoto, no es equivalente a que ese deber, el de indemnizarle los perjuicios que de esa manera se le estaban ocasionado, cesara o desapareciera. <\/p>\n
Sobre este aspecto, es suficiente poner de presente que ese tema fue definido en el proceso de reparaci\u00f3n directa adelantado por la entonces propietaria de los inmuebles contra el municipio de Armenia, seg\u00fan se desprende las de las sentencias dictadas en ese asunto tanto en primera como en segunda instancia, contempladas en conjunto. <\/p>\n
En ambos fallos se coligi\u00f3 que correspond\u00eda al ente territorial resarcirle los perjuicios causados a la due\u00f1a de los predios por la ocupaci\u00f3n de sus terrenos, los cuales, en definitiva, fueron tasados en el de segunda instancia dictado por el Consejo de Estado, con las modulaciones que impuso a la determinaci\u00f3n que sobre el mismo aspecto hab\u00eda adoptado el Tribunal Administrativo del Quind\u00edo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente, entonces, que la obligaci\u00f3n de reparar los perjuicios ocasionados, pese a no haber sido efectivamente atendida por el municipio de Armenia desde el 1\u00ba de enero de 2001, siempre existi\u00f3 a su cargo, como en los comentados pronunciamientos se declar\u00f3, y que, por ende, la sola circunstancia de que su pago no se hubiese realizado desde esa fecha aparejadamente a la causaci\u00f3n del da\u00f1o, no signific\u00f3 el desconocimiento por parte del ente territorial del derecho de propiedad de la entonces due\u00f1a. <\/p>\n
De todas maneras, como en el caso de la no entrega material de los inmuebles a la terminaci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n temporal, el hecho que aqu\u00ed se comenta, correspondiente al no pago de los perjuicios, no vendr\u00eda a ser un comportamiento claramente indicativo de la ocurrencia de interversi\u00f3n del t\u00edtulo aqu\u00ed investigada, sino de una \u201cde equ\u00edvoca significaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.5.3. En ese contexto, propio es entender que las actuaciones registradas por el Consejo de Estado en la sentencia que dict\u00f3 el 26 de agosto de 2015 en el proceso de reparaci\u00f3n directa ya identificado, realizadas por autoridades municipales de Armenia en junio de 2001, septiembre de 2002 y abril de 2003, dirigidas a continuar con el lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho de los predios y que, al no ser acogidas por los propietarios, no dieron frutos, contradicen abiertamente que la entidad territorial hubiese desconocido en alg\u00fan momento el derecho de dominio que en cabeza, primero, de la Constructora Buendia\u2019s Ltda. y, luego, de los aqu\u00ed demandantes, exist\u00eda, y existe, respecto de los predios objeto de este litigio, toda vez que esas gestiones, como acaba de decirse, propend\u00edan por hacer efectivo el mismo, en la que medida que apuntaban a la efectiva recuperaci\u00f3n de los inmuebles por sus due\u00f1os. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se trat\u00f3 de hechos aislados y carentes de significaci\u00f3n jur\u00eddica, como los consider\u00f3 el impugnante, sino de unos con los cuales la administraci\u00f3n municipal reiter\u00f3 el reconocimiento del dominio ajeno de los terrenos en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3.5.4. En adici\u00f3n a todo lo expresado con antelaci\u00f3n, cabe a\u00f1adir que, en l\u00edneas generales, ninguna de las pruebas recaudadas en el proceso y, menos, las rese\u00f1adas en el cargo, apreciadas individualmente y en conjunto, dan cuenta, en las condiciones que era necesario y que ya se dejaron advertidas, de la mutaci\u00f3n del t\u00edtulo de mero tenedor de los inmuebles materia de este asunto litigioso por parte del municipio de Armenia al de poseedor, pues no acreditan la realizaci\u00f3n por parte dicho ente de actos indicativos de que a partir del 1\u00ba de enero de 2001 o, si se quiere, de una fecha posterior, dej\u00f3 de reconocer dominio ajeno sobre los predios ocupados para atender la emergencia derivada del sismo acaecido en esa ciudad el 25 de enero de 1999 y, menos a\u00fan, que empez\u00f3 a detentarlos con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, esto es, con el prop\u00f3sito de hacerlos suyos. <\/p>\n
Al respecto, debe dejarse muy en claro que la ya mencionada sentencia del Consejo de Estado, no se ocup\u00f3 de calificar la ocupaci\u00f3n de los terrenos disputados desde la perspectiva del derecho civil, para establecer si ella comport\u00f3 para el municipio aqu\u00ed demandado la condici\u00f3n de mero tenedor o poseedor, determinaci\u00f3n que, como es propio entenderlo, le estaba vedada. Por el contrario, dej\u00f3 en claro, al final de las consideraciones de su fallo, que \u201cesta decisi\u00f3n no implica resoluci\u00f3n alguna acerca del derecho de propiedad o de la situaci\u00f3n del predio en cuesti\u00f3n, aspectos sobre los cuales se mantiene vigente la competencia de la [j]urisdicci\u00f3n [o]rdinaria\u201d (se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, mal podr\u00eda estimarse que dicho pronunciamiento acredita el cambio de tenencia a posesi\u00f3n que se investiga, menos cuando la comprobaci\u00f3n de ese fen\u00f3meno reclama, como ya se consign\u00f3, la demostraci\u00f3n de hechos o actos inequ\u00edvocos de la mutaci\u00f3n, objetivo para el que, por su propia naturaleza, no sirve el fallo que se comenta. <\/p>\n
Tampoco son demostrativas de ello ni el dictamen pericial presentado por el se\u00f1or Wilson Garc\u00eda Pach\u00f3n, ni las declaraciones vertidas en el proceso por \u00e9ste y por los se\u00f1ores Faber Vallejo Ochoa Luis Guillermo Acosta Gonz\u00e1lez y Jorge Iv\u00e1n L\u00f3pez Murillo, en la medida que en ninguna de esas pruebas se registr\u00f3 la ocurrencia de un hecho proveniente del municipio de Armenia del que pudiera inferirse, seg\u00fan ya se dijo, de forma clara e inequ\u00edvoca, que dicho ente, en un momento determinado, dej\u00f3 de reconocer dominio ajeno sobre los predios materia de esta contienda y empez\u00f3 a detentarlos con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
Que el inmueble cuente con servicios y v\u00edas p\u00fablicas, como lo informaron tanto el mencionado perito en la experticia, como los precitados deponentes, no es una circunstancia que sirva al prop\u00f3sito de que ahora se trata, pues la instalaci\u00f3n de unos y la construcci\u00f3n de otras es deber que recae en los municipios para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes sin que, en el presente caso, de la realizaci\u00f3n de esas obras, pueda deducirse que el ente accionado se revel\u00f3 contra el dominio de los titulares de los predios y comenz\u00f3 a detentarlos para s\u00ed. <\/p>\n
El \u201cACTA DE REUNI\u00d3N-USO GENERAL\u201d, fechada el 17 de agosto de 2012, ninguna significaci\u00f3n probatoria tiene en cuanto hace a la demostraci\u00f3n de la interversi\u00f3n echada de menos, pues el comentario que efectu\u00f3 el funcionario que la presidi\u00f3 relativo a que el municipio se allanar\u00eda a la acci\u00f3n reivindicatoria que eventualmente pudieran promover los propietarios de los inmuebles, no pas\u00f3 de ser eso, un comentario, pues intentada la misma con la demanda generatriz de este controversia, el ente territorial no s\u00f3lo se opuso a su acogimiento sino que, adicionalmente, propuso excepciones, entre ellas, su falta de legitimaci\u00f3n pasiva, sustentada en no ser la posesora de terrenos cuya recuperaci\u00f3n pretendieron los actores. <\/p>\n
La demanda y los interrogatorios de parte absueltos por los accionantes, por su propia naturaleza, no son id\u00f3neas y, mucho menos, suficientes, para la acreditar la mencionada modificaci\u00f3n de la actitud de la parte aqu\u00ed demandada frente al bien reclamado. <\/p>\n
4. Corolario de todo lo expresado, es que el ad quem se equivoc\u00f3 al desconocer que el municipio de Armenia, como consecuencia de la ocupaci\u00f3n temporal que decret\u00f3 de los terrenos materia de la presente acci\u00f3n, si los detent\u00f3 y que, en desarrollo de ello, decidi\u00f3 que los mismos fueran habitados por las familias que ya se encontraban en ellos, por haber resultado damnificadas del terremoto de 1999 ocurrido en el eje cafetero, desacierto que entra\u00f1\u00f3, fundamentalmente, la indebida apreciaci\u00f3n de las resoluciones emitidas por la alcald\u00eda de dicha ciudad identificadas con los n\u00fameros 115 del 29 de febrero, 168 del 31 de marzo, 297 del 31 de mayo y 466 del 29 de septiembre, todas del a\u00f1o 2000. <\/p>\n
No obstante lo anterior, esa equivocaci\u00f3n resulta insuficiente para ocasionar el quiebre de su fallo, toda vez que la referida utilizaci\u00f3n de los terrenos concedi\u00f3 al ente territorial el t\u00edtulo de mero tenedor, en la medida que, desde su ordenaci\u00f3n, reconoci\u00f3 dominio ajeno, sin que en el proceso se hubiere demostrado la modificaci\u00f3n de la calidad de la aprehensi\u00f3n del bien, de la condici\u00f3n de tenedor por la de poseedor, lo que descarta que al momento del inicio del presente proceso, estuviese legitimado para resistir la reivindicatoria suplicada tanto en las pretensiones principales, como en las subsidiarias, como en definitiva lo resolvi\u00f3 el Tribunal en la sentencia confutada, raz\u00f3n por la cual la misma est\u00e1 llamada a sostenerse en pie. <\/p>\n
5. La intrascendencia detectada, impide la prosperidad del cargo auscultado el cual, por ende, fracasa. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 27 de agosto de 2020, proferida por el Tribunal Superior de Armenia, Sala Civil \u2013 Familia – Laboral, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Replicada en tiempo la demanda por el extremo opositor, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo. La Secretar\u00eda de la Sala practique la correspondiente liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC1258-2022 (2017-00085-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-40-03-002-2017-00085-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual de 20 de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62599","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62599","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62599"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62599\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62599"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62599"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62599"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}