SC574-2022 (2016-00143-01)<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC574-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-007-2016-00143-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante frente a la sentencia proferida el 5 de julio de 2019, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal promovido por Feparvi Ltda. contra V\u00edctor Hugo Ramos Camacho, Gilberto Ramos Camacho y Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso Parqueo El Cangrejal. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al tenor de la demanda y su reforma, la accionante solicit\u00f3: <\/p>\n
1.1. Declarar exigible la cl\u00e1usula 6\u00aa del contrato de corretaje inmobiliario de 16 de noviembre de 2010, suscrito entre V\u00edctor Hugo Ramos Camacho y Gilberto Ramos Camacho, como interesados, y Camilo Garz\u00f3n Silva, como corredor, a ra\u00edz del embargo que recay\u00f3 sobre el inmueble El Cangrejal, objeto de tal pacto. <\/p>\n
1.2. Proclamar que el corredor cumpli\u00f3 sus obligaciones, por lo cual es exigible el pago de la remuneraci\u00f3n a partir del otorgamiento de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
1.3. Y enunciar a Feparvi Ltda. como actual acreedora de ese cr\u00e9dito, en virtud de la cesi\u00f3n celebrada a su favor el 1 de marzo de 2013. <\/p>\n
1.4. En subsidio de la exigibilidad suplicada en la primera pretensi\u00f3n (1.1), reclam\u00f3 expresar que la condici\u00f3n contenida en el par\u00e1grafo 1\u00b0 de la cl\u00e1usula 6\u00aa del contrato de corretaje inmobiliario de 16 de noviembre de 2010 citado es meramente potestativa y, por ende, nula, por estar sometida \u00fanicamente a la voluntad y cumplimiento de los interesados; en defecto pronunciar que tal condici\u00f3n es suspensiva y, en consecuencia, fallida, por estar supeditada a un hecho imposible de cumplir; en subvenci\u00f3n clam\u00f3 declararla absolutamente nula, por ser contraria al orden p\u00fablico al contradecir los art\u00edculos 1341 y 1343 del C\u00f3digo de Comercio; o inst\u00f3 pregonarla ineficaz al no observar estos mismos c\u00e1nones. <\/p>\n
1.5. Como pretensi\u00f3n principal de condena deprec\u00f3 ordenar a los convocados transferir a favor de Feparvi Ltda. 6.888 metros cuadrados del inmueble El Cangrejal, libre de cualquier afectaci\u00f3n o gravamen; o, en subsidio, pagar solidariamente $13.823\u2019451.432, equivalentes al valor de ese terreno, suma que debe indexarse desde el otorgamiento de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 hasta la presentaci\u00f3n de la demanda, y causar\u00e1 intereses moratorios de esta fecha en adelante. <\/p>\n
2. Como soporte f\u00e1ctico de tales pretensiones relat\u00f3, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 16 de noviembre de 2010 fue celebrado el contrato de corretaje inmobiliario mencionado, en virtud del cual el corredor se oblig\u00f3 a intermediar y facilitar a los interesados la compra del 25% de los derechos de propiedad del predio El Cangrejal, ubicado en la calle 192 n.\u00b0 19 \u2013 41 de Bogot\u00e1; \u00e9l recibir\u00eda como contraprestaci\u00f3n por sus servicios el equivalente a 6.888 metros cuadrados del \u00e1rea del inmueble, \u00abuna vez aprobado el plan parcial de licencias de urbanismo\u00bb; y como garant\u00eda de pago los hermanos Ramos Camacho constituir\u00edan hipoteca de segundo grado sobre ese bien por cuant\u00eda determinada de $4.800\u2019000.000. <\/p>\n
2.2. Camilo Garz\u00f3n Silva cumpli\u00f3 a cabalidad sus obligaciones, al punto que los interesados adquirieron de Julia Torres Calvo el 25% del predio referido, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1 -debidamente registrada-, en la que, en adici\u00f3n, los adquirentes constituyeron hipoteca de 2\u00b0 grado a favor de aquel. <\/p>\n
2.3. El 28 de junio de 2011 -al tenor del libelo- Camilo Garz\u00f3n Silva cedi\u00f3 a Carlos Manuel Mujica Duarte el derecho de cr\u00e9dito y la garant\u00eda real descrita, con entrega de la primera copia del contrato de hipoteca, lo cual fue notificado a los interesados el 17 de abril de 2012; a su vez, mediante documento privado de 1 de marzo de 2013, Mujica Duarte cedi\u00f3 a Feparvi Ltda. \u00ablos derechos contenidos en la mencionada escritura p\u00fablica\u00bb con entrega de esta y copia aut\u00e9ntica del contrato de corretaje. <\/p>\n
2.4. Con ocasi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n con garant\u00eda real iniciada ante el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 por la Asociaci\u00f3n Sociedad San Vicente de Paul de Bogot\u00e1 contra los ac\u00e1 convocados, el mandamiento de pago librado y el embargo del predio El Cangrejal, se hizo exigible el cr\u00e9dito cedido a Feparvi Ltda., as\u00ed como por mandato del art\u00edculo 462 del C\u00f3digo General del Proceso, que impone la citaci\u00f3n de todos los acreedores con garant\u00eda real de los ejecutados. <\/p>\n
2.5. Adem\u00e1s, supeditar el pago de los honorarios del corredor a la aprobaci\u00f3n del plan parcial y la concesi\u00f3n de licencia de urbanismo para el lote El Cangrejal -tr\u00e1mites que penden en buena medida del cumplimiento de normas urban\u00edsticas por los interesados con sus propias contingencias- implica someter esa remuneraci\u00f3n a una condici\u00f3n imposible de cumplir (art 1534 C.C.). <\/p>\n
2.6. Inclusive esta condici\u00f3n es meramente potestativa, porque corresponde a los titulares de derechos reales principales sobre El Cangrejal asumir las referidas gestiones de urbanismo, lo que la vicia de nulidad al tenor del art\u00edculo 1535 del C\u00f3digo Civil; m\u00e1xime si no se tiene noticia del adelantamiento de esos procedimientos, convirtiendo la condici\u00f3n en fallida (art. 1539). <\/p>\n
2.7. As\u00ed mismo, la conducta omisiva de los hermanos Ramos Camacho muestra incumplimiento al acuerdo de corretaje, m\u00e1s al transferir el 75% de los derechos de cuota de la propiedad del predio El Cangrejal a Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso Parqueo El Cangrejal; as\u00ed como por la persecuci\u00f3n judicial a que est\u00e1 sometido el bien; todo lo cual leg\u00edtima a Feparvi Ltda., como cesionaria del cr\u00e9dito surgido a ra\u00edz del cumplimiento que el corredor hizo de sus d\u00e9bitos contractuales. <\/p>\n
3. Una vez vinculados al pleito, los encartados V\u00edctor Hugo Ramos Camacho y Gilberto Ramos Camacho se opusieron a las pretensiones y propusieron las excepciones meritorias que denominaron \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva e hipotecaria\u00bb, \u00abnulidad del contrato de corretaje por vicio del consentimiento\u00bb, \u00abel contrato cedido no contiene la obligaci\u00f3n pretendida\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en causa por parte del demandante\u00bb, \u00abineficacia de la cesi\u00f3n del contrato del derecho hipotecario falta de notificaci\u00f3n\u00bb, \u00abineficacia de la cesi\u00f3n del contrato de corretaje por prohibici\u00f3n legal\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n de la costumbre mercantil\u00bb. <\/p>\n
Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A., tras ser notificada del auto admisorio de la demanda, radic\u00f3 las defensas perentorias tituladas \u00abprincipio de relatividad de los contratos\u00bb, \u00abfalta de legitimidad por pasiva\u00bb, \u00abfalta de obligaci\u00f3n de pago \u2013 ausencia de responsabilidad\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ordinaria\u00bb y \u00abatributo de persecuci\u00f3n \u2013 proceso ejecutivo hipotecario\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1, una vez agotadas las fases del juicio, con sentencia de 30 de mayo de 2018 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n meritoria de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en causa por parte del demandante\u00bb, a tal entidad como actual cesionaria y por ende acreedora del derecho de hipoteca incorporado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1, y desestim\u00f3 las dem\u00e1s pretensiones del libelo. <\/p>\n
5. Al resolver la apelaci\u00f3n interpuesta por la accionante, con prove\u00eddo de 5 de julio de 2019 el superior confirm\u00f3 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El fallador ad-quem inicialmente encontr\u00f3 satisfechos los presupuestos procesales, inexistente vicio de nulidad que impusiera invalidar lo actuado, record\u00f3 que su competencia estaba limitada a los reparos sustentados por la recurrente en contra de la sentencia de primera instancia y evoc\u00f3 el instituto de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito. <\/p>\n
2. Seguidamente coligi\u00f3 impr\u00f3spera la alzada y acertada la decisi\u00f3n del juzgador a-quo, al considerar que la accionante carec\u00eda de legitimaci\u00f3n por activa para cuestionar o exigir la remuneraci\u00f3n pactada a favor del corredor tras la ejecuci\u00f3n del contrato de corretaje que este suscribi\u00f3 con V\u00edctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho, porque Feparvi Ltda. recibi\u00f3 en cesi\u00f3n la garant\u00eda hipotecaria constituida a favor de Camilo Garz\u00f3n Silva, cesi\u00f3n dentro de la cual no puede entenderse inmerso el cr\u00e9dito, seg\u00fan se desprende del tenor de este acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el representante legal de Feparvi confes\u00f3, en el interrogatorio absuelto, que no fue cedido el acuerdo de corretaje, lo cual revela la inexistencia de la nota de cesi\u00f3n y de la notificaci\u00f3n a los deudores en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1961 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ante la ausencia de prueba en el expediente acerca de la aprobaci\u00f3n del plan parcial y las licencias de urbanismo del inmueble El Cangrejal, a\u00f1adi\u00f3, no es exigible el pago deprecado de la remuneraci\u00f3n convenida, porque al interpretarse el pacto de corretaje debe prevalecer el principio de autonom\u00eda contractual, en desarrollo de los art\u00edculos 1602 y 1618 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda accionante invoc\u00f3 dos cargos contra la sentencia del tribunal aduciendo, en el primero, la vulneraci\u00f3n directa de la ley sustancial y en el restante la conculcaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Erigida en la causal inicial de casaci\u00f3n regulada en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente aduce la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 761, 1500 a 1501, 1959 a 1961 del C\u00f3digo Civil, 822, 898 inciso 2\u00b0, 1341 y 1343 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
2. Soporta su descontento en que, al tenor del canon 1959 del C\u00f3digo Civil, la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito requiere el t\u00edtulo que lo contiene y su entrega por el cedente al cesionario, de donde exigir requisitos adicionales, como lo consider\u00f3 el tribunal, aludiendo a la anotaci\u00f3n de traspaso entre cedente y cesionario as\u00ed como la r\u00fabrica de aqu\u00e9l, conculca el aludido precepto por darle un alcance del que carece. <\/p>\n
Complement\u00f3 que la notificaci\u00f3n al deudor no es presupuesto de validez o eficacia de la cesi\u00f3n, sino un requisito de tr\u00e1mite para hacerla oponible ante \u00e9l y ante terceros. <\/p>\n
Y como la providencia auscultada coligi\u00f3 ausente la legitimaci\u00f3n de la demandante, tras la ausencia de esas exigencias sobrepuestas, lo cual desemboc\u00f3 en la desestimaci\u00f3n de sus pretensiones, fue desconocido el ordenamiento sustancial evocado, porque aceptando al contrato de corretaje como t\u00edtulo contenedor del cr\u00e9dito reclamado, s\u00f3lo bastaba con examinar si fue entregado a la accionante, presupuesto que habr\u00eda tenido por satisfecho con su aporte al expediente. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Fundada en el segundo motivo de casaci\u00f3n regulado en el canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante endilga al prove\u00eddo de segunda instancia la violaci\u00f3n, por v\u00eda indirecta, de los art\u00edculos 761, 898 inciso 2, 1341 y 1343 del C\u00f3digo de Comercio por falta de aplicaci\u00f3n, 822 de la misma obra, 1959 y 1961 del C\u00f3digo Civil por indebido empleo, como consecuencia de errores de derecho en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio al desconocer los c\u00e1nones 176 y \u00ab197\u00bb ordinal 3 del C\u00f3digo General del Proceso, y por error de hecho en la estimaci\u00f3n de un medio de prueba. <\/p>\n
2. En apoyo del reproche afirma la recurrente que el fallo err\u00f3 al valorar como confesi\u00f3n la versi\u00f3n rendida por su representante legal cuando absolvi\u00f3 interrogatorio de parte, en tanto el ordinal 3 del art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso exige, para que se configure el aludido medio de convicci\u00f3n, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio persuasivo. <\/p>\n
Y la prueba id\u00f3nea de la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito no es el escrito de cesi\u00f3n sino la entrega del contrato que lo contiene, de donde el tribunal, al centrar la mirada en las notas de cesi\u00f3n y la notificaci\u00f3n de la primera, no en el traslado del acuerdo de corretaje a la reclamante, pretiri\u00f3 estos elementos suasorios y por ese sender\u00f3 desestim\u00f3 el id\u00f3neo para acreditar la existencia y validez de la cesi\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 176 del estatuto adjetivo en concordancia con el canon 898 inciso 2\u00b0 del c\u00f3digo mercantil. <\/p>\n
Sum\u00f3 que aun cuando la cesi\u00f3n de un derecho personal es solemne porque requiere el t\u00edtulo que plasma el cr\u00e9dito, para que opere es necesaria la entrega de este y, en caso de inexistencia, del que elaboren las partes, m\u00e1s si el art\u00edculo 1959 del C\u00f3digo Civil s\u00f3lo exige, para que surta efectos, la entrega del t\u00edtulo, y si este no consta por escrito de uno otorgado por el cedente al cesionario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abel tribunal pas\u00f3 por alto que la existencia o inexistencia de la cesi\u00f3n del contrato de corretaje pend\u00eda no de lo que hubiesen manifestado las partes al ser interrogadas, sino de que efectivamente obrara prueba de dicho documento en el expediente\u00bb. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, la manifestaci\u00f3n de su representante legal en el interrogatorio fue infirmada con el contrato de corretaje aportado con la demanda, pues no obstante el tribunal considerar que este documento contiene el cr\u00e9dito, no le atribuy\u00f3 m\u00e9rito para tener por acreditada su cesi\u00f3n. <\/p>\n
4. La transgresi\u00f3n de los c\u00e1nones 1341 y 1343 del C\u00f3digo de Comercio consiste en que, seg\u00fan aquel precepto, el derecho a la remuneraci\u00f3n del corredor nace cuando es celebrado el negocio jur\u00eddico para el cual intermedi\u00f3, de lo cual obra prueba en el plenario, que no observ\u00f3 el juzgador ad-quem, como fue el contrato de compraventa plasmado en la escritura p\u00fablica n.\u00b0 3385 de 16 de diciembre de 2010 de la Notar\u00eda 43 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
De all\u00ed que exigir el plan parcial y de licencia de urbanismo convenido por las partes, para establecer el surgimiento de la deuda reclamada, implic\u00f3 desatender esos mandatos legales pues este requisito s\u00f3lo fue previsto para \u00abel cobro del precio de corretaje m\u00e1s no para el surgimiento de dicho derecho\u00bb. <\/p>\n
Y el art\u00edculo 1343 en cita prev\u00e9 el \u00fanico evento en el cual puede condicionarse la remuneraci\u00f3n del corredor, esto es, cuando el negocio en el cual interviene se celebra bajo condici\u00f3n suspensiva, acto que en el caso fue la compra de los derechos de cuota del 25% del predio El Cangrejal, pero que no fue sometida a condici\u00f3n alguna. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso, a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. Los dos cargos ser\u00e1n estudiados al un\u00edsono, habida cuenta que padecen del mismo defecto t\u00e9cnico, a m\u00e1s de que tambi\u00e9n aducen id\u00e9ntica vulneraci\u00f3n de la ley sustancial, por lo que su an\u00e1lisis debe ser conjunto. <\/p>\n
3. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como requisito del escrito con que se promueve la casaci\u00f3n el de contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n est\u00e1 en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en, su sentir, pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
4. Con base en tales premisas y vistos los cuestionamientos expuestos, concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumplen las exigencias formales imperativas para la casaci\u00f3n, por lo que se impone su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, desde la radicaci\u00f3n del libelo as\u00ed como en los alegatos de primera y segunda instancia2, la promotora expuso que la escritura contentiva del gravamen hipotecario constituido por V\u00edctor Hugo y Gilberto Ramos Camacho a favor de Camilo Garz\u00f3n Silva conten\u00eda un cr\u00e9dito a favor de este, as\u00ed como que la nota de cesi\u00f3n de la copia de ese documento protocolizado otorgaba legitimaci\u00f3n por activa a Feparvi Ltda. <\/p>\n
Sin embargo, en los reproches izados por v\u00eda extraordinaria abandona esa tesis y aduce, como argumento toral, que la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito por el cedente al cesionario s\u00f3lo requiere la entrega del t\u00edtulo que lo contiene, que para el caso de autos es el contrato de corretaje, razonamiento no expuesto en las instancias del proceso y que bastar\u00eda para que la Corte omita su estudio. <\/p>\n
Lo anterior en la medida en que esa mutaci\u00f3n argumentativa, en desmedro del principio de lealtad procesal para con el estamento jurisdiccional y con su contendor, debe ser repelida en este escenario, por tratarse de un alegato sorpresivo que la doctrina denomina \u00abmedio nuevo\u00bb, esto es, aquel que uno de los litigantes guarda para erigirlo cuando han fenecido las oportunidades de contradicci\u00f3n previstas en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Esto porque, como lo ha puntualizado la Corporaci\u00f3n, avalar en el curso del juicio un alegato o una prueba, expresa o t\u00e1citamente, y criticarla sorpresivamente en este escenario extraordinario, denota incoherencia en tal proceder, actuar que por desleal no es admisible comoquiera que habilitar\u00eda la conculcaci\u00f3n del derecho al debido proceso de su contraparte, habida cuenta que ver\u00eda cercenadas las oportunidades de defensa reguladas en las instancias del juicio, caracter\u00edstica que no tiene el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Esa falencia basta para la desestimaci\u00f3n del reclamo, pues este \u00f3rgano de cierre tiene doctrinado, de anta\u00f1o, que: <\/p>\n
Ahora, por cuanto el censor, adelant\u00e1ndose a que la Corporaci\u00f3n diera por estructurado tal fen\u00f3meno, adujo no estar incurriendo en el antitecnicismo de plantear medios nuevos tanto por los motivos discernidos en la acusaci\u00f3n como porque las normas procesales son de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento, ha de se\u00f1alar la Corte que si bien es cierto, en relaci\u00f3n con el sistema ecl\u00e9ctico que en este punto impera en el ordenamiento positivo, los fundamentos puramente jur\u00eddicos y los medios de orden p\u00fablico en puridad de verdad no constituyen hechos nuevos en el recurso extraordinario, no lo es menos que las razones en que se afincan los yerros achacados al sentenciador no ata\u00f1en, con estrictez, a esos conceptos, pues en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que el cargo planteado con base en defectos rituales que se le imputan a la prueba, que antes no fueron discutidos, \u2018implica un medio nuevo, que no puede ser atendido por la Corte, cuya doctrina rechaza, como medio de esta especie, el hecho de que una sentencia haya tomado en consideraci\u00f3n elementos probatorios que como tales no tuvieron tacha alguna en tr\u00e1mites anteriores, acusaci\u00f3n que al ser admitida resultar\u00eda violatoria del derecho de defensa de los litigantes y re\u00f1ida con la \u00edndole y esencia del recurso extraordinario\u2019 (G.J. t. XCV, pag.497), posici\u00f3n que ha sido reiterada, entre otras, en sentencias de 16 de agosto de 1973(G.J. t. CXLVII, pag.26), 23 de enero de 1981 y n\u00famero 082 de 21 de septiembre de 1998 atr\u00e1s citadas. (CSJ SC de 27 sep. 2004 rad. 7479, reiterada en SC de 23 jun. 2011, rad. 2003-00388-01 y SC7978 de 23 jun. 2015, rad. 2008-00156-01). <\/p>\n
Y en otra oportunidad consider\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026), aunque podr\u00eda obviarse, no puede la Corte dejar de se\u00f1alar que el reparo esgrimido frente al oficio de 17 de febrero de 1992 emanado de la Comisar\u00eda de Familia de Ibagu\u00e9 (C. 1, fl. 9), consistente en que \u201ces una copia simple, que no reviste la calidad de documento p\u00fablico, y que no ha sido autenticado, como ha debido serlo para haber sufrido la ritualidad de ser refutado; como tampoco es documento privado porque no proviene del actor en el proceso, por no estar autorizado por el mismo, ni tampoco aparece la firma impresa de dicho sujeto … \u201d, de donde el acusador colige la comisi\u00f3n de un \u201cerror de derecho por apreciaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d (C. Corte, fls. 11, 15, 16 y 17), emerge como un tema novedoso y sorpresivo en casaci\u00f3n, pues no se aludi\u00f3 a \u00e9l con anticipaci\u00f3n, por lo que no puede sacarse a relucir a estas alturas, de modo m\u00e1s que extempor\u00e1neo. Ciertamente, nada dijo el censor cuando el documento cuestionado se aport\u00f3 junto con el escrito de formulaci\u00f3n de la excepci\u00f3n previa (C. 2, fls. 1 – 3), as\u00ed como tambi\u00e9n call\u00f3 de cara a los autos de 14 de junio de 2001 y 30 de enero de 2002, por los cuales el juez del conocimiento decidi\u00f3 tener tal elemento como prueba (C. 1, fls. 21 y 22; C. 2, fls. 7 y 8), actitud pasiva esta que, adem\u00e1s, observ\u00f3 en las restantes ocasiones que tuvo a disposici\u00f3n, en las que, como se dijo, no expuso ninguna objeci\u00f3n formal acerca del medio. En el punto, insistentemente se ha precisado que \u201ctoda alegaci\u00f3n conducente a demostrar que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de alguna prueba por razones de hecho o de derecho que no fueron planteadas ni discutidas en las instancias, constituye medio nuevo, no invocable en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d (CSJ SC-041 de 2005, rad. 2001-00198-01). <\/p>\n
En suma, como a lo largo del pleito Feparvi refiri\u00f3 existente la nota de cesi\u00f3n -en tanto aleg\u00f3 que estaba probada con el escrito elaborado a su favor por Carlos Manuel Mujica Duarte quien recibi\u00f3 uno si <\/p>\n
milar de Camilo Garz\u00f3n Silva-, no es dable que, sorpresivamente y s\u00f3lo en sede casacional, plante\u00e9 una tesis que ponga en entredicho ese argumento, aun cuando llegara a concordar con el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
El defecto anotado conlleva la denegaci\u00f3n de los reproches del escrito sustentador del mecanismo extraordinario planteado por la compa\u00f1\u00eda accionante. <\/p>\n
5. No obstante la conclusi\u00f3n anterior ser suficiente para desechar la casaci\u00f3n bajo estudio, oportuno es se\u00f1alar que la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito, regulada en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo XXV del Libro Cuarto del C\u00f3digo Civil, es acto jur\u00eddico celebrado, de un lado, por el acreedor, quien funge como cedente, y del otro por quien, denominado cesionario, adquiere la titularidad de la prestaci\u00f3n debida tras la entrega del t\u00edtulo que la contiene, requiriendo su notificaci\u00f3n para que sea oponible al deudor cedido o a otros terceros. <\/p>\n
Por mandato del art\u00edculo 1959 de la obra en cita, \u00ab[l]a cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito, a cualquier t\u00edtulo que se haga, no tendr\u00e1 efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del t\u00edtulo\u00bb que lo contenga o del que se elabore, en caso de no existir. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina especializada se\u00f1ale que \u00abla entrega del t\u00edtulo es condici\u00f3n para que tenga efecto la cesi\u00f3n entre cedente y cesionario, esto es, para que el negocio entre los dos tenga eficacia. Agrega que si el cr\u00e9dito que se cede no consta en un documento, se otorgar\u00e1 uno por el cedente al cesionario a fin (sic) de que siempre exista un t\u00edtulo documental que no solamente contenga el cr\u00e9dito transferido, sino adem\u00e1s sirva para formalizar la notificaci\u00f3n y para probar el negocio realizado. (\u2026). Como se trata, por otra parte, de hacer tradici\u00f3n de un derecho personal, vale decir de situar en cabeza de otro la titularidad de un cr\u00e9dito, la norma que comentamos coincide con la del [a]rt\u00edculo 761 del C\u00f3digo, que dice: \u2018La tradici\u00f3n de los derechos personales que un individuo cede a otro, se verifica por la entrega del t\u00edtulo, hecho por el cedente al cesionario\u2019\u00bb3. <\/p>\n
Ahora bien, acerca de la forma en que se perfecciona, la Corte tiene sentado que \u00abla \u2018cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos\u2019 corresponde a un negocio jur\u00eddico t\u00edpico que permite al acreedor transferir su derecho personal a un tercero, mediante la entrega del instrumento donde estuviere incorporado, al que se insertar\u00e1 la atestaci\u00f3n de traspaso, con la identificaci\u00f3n del \u2018cesionario\u2019, bajo la firma del \u2018cedente\u2019, y en el evento de no constar en documento habr\u00e1 de otorgarse uno en el que se plasmen los elementos necesarios sobre su existencia; produciendo efectos entre tales sujetos a partir de la \u2018entrega\u2019; en cambio frente al deudor y tercero, s\u00f3lo a partir de la comunicaci\u00f3n al primero, o de su aceptaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita\u00bb (CSJ, SC de 10 dic. 2011, rad. 2004-00428-01, resaltado ajeno). <\/p>\n
En igual sentido tiene sentado la doctrina patria que \u00ab[c]onforme al art. 33 de la ley 57 de 1887, que subrog\u00f3 el art\u00edculo 1959 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con el art. 1961, la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito, a cualquier t\u00edtulo que se haga, no tendr\u00e1 efecto entre el cedente y el cesionario sino en virtud de la entrega del t\u00edtulo, con la nota de traspaso del derecho, con la designaci\u00f3n del cesionario y bajo la firma del cedente, o si el t\u00edtulo no existe, otorg\u00e1ndose uno por el cedente al cesionario. Cumplidos estos requisitos, que, en nuestro sentir, son ad substantiam actus y no simples actos de cumplimiento de una convenci\u00f3n consensual, se produce la transferencia del cr\u00e9dito entre el cedente y el cesionario, con todos sus accesorios, tales las fianzas, privilegios e hipotecas (art. 1964). (\u2026.)\u00bb4 (Destac\u00f3 la Corte). <\/p>\n
Traduce lo expuesto que, contrariamente a lo afirmado por la recurrente, la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito no se entiende perfeccionada \u00fanicamente con la entrega del cedente al cesionario del t\u00edtulo contentivo de la deuda, en tanto el canon 1961 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los preceptos 761 y 1959 de la misma obra, igualmente exige que a ese instrumento se incorpore nota de traspaso, en la cual sea identificada la persona que fungir\u00e1 como cesionaria -por ende nuevo acreedor-, as\u00ed como la firma del cedente o acreedor anterior. <\/p>\n
La raz\u00f3n de dicha exigencia brota diamantina, como es dotar de legitimaci\u00f3n al nuevo acreedor, en la medida en que s\u00f3lo ostentar\u00e1 esta connotaci\u00f3n quien posea materialmente el t\u00edtulo con la nota de traspaso que colme las exigencias mencionadas. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, carecer\u00e1 de la condici\u00f3n de potencial accipiens quien, no obstante tener en su poder el t\u00edtulo, no cuente con nota de cesi\u00f3n a su favor, verbi gratia: el tenedor casual o cualquiera otra persona que tenga bajo su poder el instrumento desprovisto de traspaso con las exigencias de marras. <\/p>\n
El cumplimiento de los referidos presupuestos es de cardinal importancia, en raz\u00f3n a que permite al deudor cedido solventar la deuda a favor de quien realmente la ostenta por activa -previa notificaci\u00f3n de la cesi\u00f3n-, porque de lo contrario caer\u00eda en incertidumbre para establecer qui\u00e9n es su verdadero acreedor, m\u00e1xime en la \u00e9poca actual en la cual \u00ab[l]as copias tendr\u00e1n el mismo valor probatorio del original\u2026\u00bb (Art. 246 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
La tesis esbozada en los cargos aboga, t\u00e1citamente, por asimilar la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito cual si fuera t\u00edtulo valor al portador, cuya caracter\u00edstica principal, por mandato del canon 668 del C\u00f3digo de Comercio, es que \u00abla simple exhibici\u00f3n del t\u00edtulo legitimar\u00e1 al portador y su tradici\u00f3n se producir\u00e1 por la sola entrega\u00bb; que es, precisamente, lo reclamado de forma novedosa en los reproches casacionales. <\/p>\n
Sin embargo, tal asimilaci\u00f3n resulta contraria al plexo normativo en la medida en que, de un lado, el art\u00edculo 822 del C\u00f3digo de Comercio regula que \u00ab[l]os principios que gobiernan la formaci\u00f3n de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretaci\u00f3n, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, ser\u00e1n aplicables a las obligaciones y negocios jur\u00eddicos mercantiles; a menos que la ley establezca otra cosa\u00bb; lo que en buenas cuentas traduce que ante vac\u00edo legal en el ordenamiento comercial el int\u00e9rprete acudir\u00e1 a las reglas del derecho civil, m\u00e1s no que a esta normativa se apliquen los preceptos mercantiles. Es decir, todo lo contrario a lo pretendido por la compa\u00f1\u00eda recurrente. <\/p>\n
De all\u00ed que el art\u00edculo 1966 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que \u00ab[l]as disposiciones de este t\u00edtulo (la cesi\u00f3n de derechos) no se aplicar\u00e1n a las letras de cambio, pagar\u00e9s a la orden, acciones al portador, y otras especies de transmisi\u00f3n que se rigen por el C\u00f3digo de Comercio o por leyes especiales.\u00bb <\/p>\n
Precisamente sobre este punto refiri\u00f3 la doctrina que \u00ab[l]as legislaciones mercantiles hab\u00edan reglamentado la transferencia de los efectos del comercio, hoy llamados t\u00edtulos-valores, como las letras de cambio, los pagar\u00e9s, etc., prescindiendo del obsoleto requisito de la notificaci\u00f3n al deudor y dotando de plena eficacia la negociaci\u00f3n del t\u00edtulo nominativo, mediante su endoso y entrega, o mediante la sola entrega al cesionario del t\u00edtulo al portador. El art. 1966 del C\u00f3digo Civil precept\u00faa que las disposiciones sobre cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos no se aplican a los incorporados en documentos de las especies \u00faltimamente mencionadas, y cuya negociaci\u00f3n se rige por los procedimientos m\u00e1s \u00e1giles y modernos de la legislaci\u00f3n mercantil, cuando lo que se debi\u00f3 hacer era adoptar estos procedimientos para la cesi\u00f3n de los cr\u00e9ditos civiles.\u00bb5 <\/p>\n
En suma, no ocurri\u00f3 la conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial denunciado, como quiera que la cesi\u00f3n de cr\u00e9ditos no se entiende perfeccionada s\u00f3lo con la entrega del t\u00edtulo contentivo de la deuda; tambi\u00e9n es necesario que a este se incorpore nota de cesi\u00f3n suscrita por el cedente y que identifique al cesionario, que fue, cabalmente, lo exigido a la promotora por el tribunal en la sentencia de \u00faltima instancia. <\/p>\n
6. Total, la decisi\u00f3n del juzgador ad-quem cuestionada por esta v\u00eda extraordinaria no vulner\u00f3 el ordenamiento sustancial invocado en los cargos, por lo que estos reproches son impr\u00f3speros. <\/p>\n
7. De todo lo analizado emerge la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y el se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 numeral 1\u00ba ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 5 de julio de 2019 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal promovido por Feparvi Ltda. contra V\u00edctor Hugo Ramos Camacho, Gilberto Ramos Camacho y Acci\u00f3n Sociedad Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso Parqueo El Cangrejal. <\/p>\n
Se condena en costas a la recurrente en casaci\u00f3n. Pract\u00edquese su liquidaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del canon 366 ib\u00eddem, incluyendo por concepto de agencias en derecho la suma de $6\u2019000.000, que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
Cumplido lo anterior devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Vicepresidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
2\u0002 Disco compacto de folio 12, cuaderno 8, minuto 20. <\/p>\n
3\u0002 Cubides Camacho, Jorge. Obligaciones. Bogot\u00e1, Universidad Javeriana, Publicaciones, 1991, p\u00e1g. 267. <\/p>\n
4\u0002 Ospina Fern\u00e1ndez Guillermo. R\u00e9gimen general de las obligaciones. 5\u00aa Edici\u00f3n, Ed. Temis, 1994, Santa Fe de Bogot\u00e1, p\u00e1g. 290. <\/p>\n
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SC574-2022 (2016-00143-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC574-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-007-2016-00143-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticuatro de febrero de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62603","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62603","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62603"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62603\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62603"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62603"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62603"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}