SC713-2022 (2021-01197-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC713-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01197-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de audiencia, que decide el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Comunicaci\u00f3n Celular S.A. \u2013 COMCEL S.A. contra el laudo arbitral proferido el 4 de abril de 2019 por el Tribunal Arbitral convocado por el Centro de Arbitraje y Conciliaci\u00f3n de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, a petici\u00f3n de la demandante Celulares y Tecnolog\u00eda S.A.S. – CELUTEC S.A.S., hoy Inversiones Mart\u00ednez B y C\u00eda. S.A.S. \u2013en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad CELUTEC S.A.S. (en adelante CELUTEC) propuso demanda arbitral en contra de COMCEL S.A. (en adelante COMCEL), solicitando se declarara que entre aquellas existi\u00f3 una relaci\u00f3n jur\u00eddica patrimonial regulada a trav\u00e9s de los contratos n.\u00b0 726 del 25 de septiembre de 1997 y n.\u00b0 816 del 2 de julio de 1998, conforme a los cuales la convocante asumi\u00f3 por cuenta de la convocada y a cambio de una remuneraci\u00f3n, el encargo de promover y explotar el negocio de telefon\u00eda m\u00f3vil celular en el occidente del pa\u00eds. <\/p>\n
Afirm\u00f3 la demandante que el contrato celebrado entre las partes fue de adhesi\u00f3n y que sus caracter\u00edsticas respond\u00edan a un convenio t\u00edpico de agencia comercial, no obstante COMCEL busc\u00f3 evadir las consecuencias propias de esa figura jur\u00eddica al incorporar en el pacto cl\u00e1usulas de elusi\u00f3n, minimizaci\u00f3n, renuncia y exclusi\u00f3n de la agencia, en virtud de su posici\u00f3n de dominio contractual. <\/p>\n
Asegur\u00f3 la convocante que COMCEL incumpli\u00f3 las estipulaciones contenidas en el contrato, terminado el 28 de abril de 2017 sin justa causa y de manera unilateral, situaci\u00f3n que hac\u00eda exigible la prestaci\u00f3n mercantil establecida en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio y la indemnizaci\u00f3n especial contenida en el inciso 2\u00b0 de la misma disposici\u00f3n. <\/p>\n
2. COMCEL contest\u00f3 oportunamente el libelo inicial oponi\u00e9ndose a las pretensiones, formulando excepciones de m\u00e9rito1 tendientes a desvirtuar la existencia de una relaci\u00f3n de agencia comercial entre las partes, y objetando el juramento estimatorio. Adicionalmente, promovi\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n en contra de CELUTEC buscando la declaratoria de incumplimiento del contrato 816 de 1998, pretensi\u00f3n a la que, a su vez, se opuso la demandante inicial. <\/p>\n
3. El 4 de abril de 2019 el Tribunal Arbitral profiri\u00f3 el laudo con el que se dirimi\u00f3 la controversia, accediendo parcialmente a las pretensiones elevadas por la demandante por encontrar probada la existencia de una \u00fanica relaci\u00f3n jur\u00eddica patrimonial entre las partes, que fue de adhesi\u00f3n y en la que COMCEL tuvo la posici\u00f3n de dominio contractual, y que correspondi\u00f3 a un convenio t\u00edpico de agencia mercantil. <\/p>\n
En consecuencia, declar\u00f3 la nulidad de las cl\u00e1usulas leoninas que buscaban eludir los efectos del contrato de agencia y conden\u00f3 a la convocada al pago de la prestaci\u00f3n mercantil y a la indemnizaci\u00f3n contempladas en el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, los intereses moratorios y el lucro cesante por comisiones; rubros que representaron una condena superior a los $15.000\u00b4000.000. <\/p>\n
4. La demanda de reconvenci\u00f3n presentada por COMCEL fue desestimada, por no encontrar incumplimiento grave de las obligaciones contractuales a cargo de CELUTEC ni la existencia de da\u00f1o alguno que pudiera comprometer su responsabilidad. <\/p>\n
5. El 12 de abril de 2019 se resolvieron las solicitudes de aclaraci\u00f3n, correcci\u00f3n, adici\u00f3n y complementaci\u00f3n propuestas por ambas partes respecto del laudo arbitral, disponiendo \u00fanicamente la correcci\u00f3n por error aritm\u00e9tico de los intereses moratorios. <\/p>\n
6. La demandada COMCEL present\u00f3 recurso extraordinario de anulaci\u00f3n en contra del referido laudo, alegando la configuraci\u00f3n de las causales consagradas en los numerales 2, 3, 6, 8 y 9 del art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012 y proponiendo como causal de nulidad la ausencia de interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal Andino de Justicia, al amparo de los art\u00edculos 33 del Tratado de Constituci\u00f3n (Decisi\u00f3n 472) y 123 de la Decisi\u00f3n 500 de 2011. <\/p>\n
Mediante sentencia del 5 de junio de 2020, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 rechaz\u00f3 el recurso en lo concerniente a la falta de interpretaci\u00f3n prejudicial, puesto que la supuesta omisi\u00f3n no se encuentra dentro de las taxativas causales del recurso de anulaci\u00f3n: \u00abde la lectura del art\u00edculo 41 de la mencionada ley, tal exigencia no aparece establecida expresamente como requisito para pronunciarnos sobre su procedencia, lo que cierra el camino para su revisi\u00f3n de fondo, dado el car\u00e1cter excepcional que caracteriza esta impugnaci\u00f3n extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
Aunado a ello, declar\u00f3 infundado el recurso en lo restante, por no encontrar probadas la alegada falta de competencia, la composici\u00f3n indebida del Tribunal, el vencimiento del t\u00e9rmino para emitir el laudo, el pronunciamiento citra y extra petita ni la contradicci\u00f3n entre las determinaciones de la decisi\u00f3n arbitral. <\/p>\n
II. EL RECURSO DE REVISI\u00d3N Y SU TR\u00c1MITE <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal octava de revisi\u00f3n prevista en el art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandante solicit\u00f3 declarar la nulidad del laudo emitido por el Tribunal de Arbitramento convocado para dirimir el litigio CELUTEC S.A.S Vs. COMCEL S.A., \u00abpor omitir el mecanismo de interpretaci\u00f3n prejudicial obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al respecto de las disposiciones normativas emanadas del derecho comunitario de la CAN\u00bb2. <\/p>\n
2. Alega la censora que el laudo proferido se encuentra viciado de nulidad debido a que los \u00e1rbitros no solicitaron la interpretaci\u00f3n prejudicial que era obligatoria a la luz de lo ordenado en el Tratado de la Creaci\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (Decisiones 472 de 1999 y 500 de 2001 de la CAN), motivo por el cual el Tribunal Arbitral estaba en la obligaci\u00f3n de promover la consulta ante esa entidad antes de proferir el laudo. <\/p>\n
Al pretermitir esa interpretaci\u00f3n judicial, sostiene, se materializ\u00f3 la nulidad reprochada, configurando como causal de revisi\u00f3n la referente a la \u00abobligatoriedad del mecanismo de consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones\u00bb, pese a la inexistencia de requerimiento previo por alguna de las partes, pues el mismo le es exigible a la autoridad judicial incluso de oficio. <\/p>\n
Afirma la sociedad opugnante que la ausencia de esa interpretaci\u00f3n prejudicial trasgrede la garant\u00eda fundamental al debido proceso, advirtiendo que el orden jur\u00eddico de la Comunidad Andina de Naciones debe ser aplicado de manera directa y preferente por los jueces nacionales, entre los que se encuentran los \u00e1rbitros en ejercicio de sus funciones judiciales. <\/p>\n
Se\u00f1ala, adem\u00e1s, que para dirimir la controversia entre COMCEL y CELUTEC deb\u00edan involucrarse necesariamente las Decisiones 462 de 1999, 486 de 2000, 351 de 1993 y 608 de 2005. <\/p>\n
3. Para cumplir con el requisito de la causal 8\u00b0 de revisi\u00f3n, inform\u00f3 la recurrente extraordinaria que contra el laudo atacado no procede el recurso de apelaci\u00f3n, tampoco el recurso de anulaci\u00f3n porque la ausencia de interpretaci\u00f3n prejudicial no est\u00e1 consagrada como causal en el art\u00edculo 41 de la Ley 1563 de 2012, de modo que el \u00fanico medio de impugnaci\u00f3n procedente es el recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
4. En virtud de lo anterior, pretende que se anule el laudo cuestionado por omisi\u00f3n de la interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y que, en consecuencia, profiera la Corte la sentencia que en derecho corresponda, previa consulta sobre la interpretaci\u00f3n de las normas comunitarias que debieron tenerse en cuenta al resolver la controversia. <\/p>\n
5. En el auto inadmisorio de la demanda, se requiri\u00f3 a la demandante en revisi\u00f3n para que informara concretamente qu\u00e9 normas comunitarias fueron o debieron ser aplicadas en el proceso arbitral. En el escrito de subsanaci\u00f3n, se indicaron las disposiciones andinas que, seg\u00fan su alegato, debieron ser empleadas en la resoluci\u00f3n del caso. <\/p>\n
6. La demanda de revisi\u00f3n presentada por COMCEL fue admitida a trav\u00e9s de auto del 9 de junio de 2021, modificado mediante providencia del 7 de julio siguiente en el sentido de reconocer que con ocasi\u00f3n de la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad convocante en el proceso arbitral, funge como opositora en revisi\u00f3n la sociedad Inversiones Mart\u00ednez B. & C\u00eda. S.A.S. \u2013 en Liquidaci\u00f3n, \u00fanica socia de la extinta CELUTEC S.A.S. <\/p>\n
7. La sociedad convocada dio oportuna contestaci\u00f3n a la demanda de revisi\u00f3n relievando que ninguno de los problemas jur\u00eddicos del litigio primigenio se resolv\u00eda a la luz de las normas que conforman el ordenamiento de la Comunidad Andina, y que en el proceso tampoco se aleg\u00f3 ni se controvirti\u00f3 norma comunitaria alguna, motivo por el cual el Tribunal de Arbitramento no deb\u00eda tramitar la interpretaci\u00f3n prejudicial contenida en el art\u00edculo 123 de la Decisi\u00f3n 500 de 2001. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que los motivos invocados por COMCEL son los mismos que pudo exponer en el proceso arbitral para solicitar el tr\u00e1mite de la consulta y la consecuente suspensi\u00f3n del proceso, y que al no haberlo hecho en su oportunidad se configur\u00f3 el \u00absaneamiento de la nulidad que ahora pretende revivir en sede extraordinaria de revisi\u00f3n\u00bb; esto sumado a que COMCEL actu\u00f3 en el proceso despu\u00e9s de proferido el laudo sin proponer la nulidad, lo que refuerza el argumento del saneamiento de la posible irregularidad. <\/p>\n
Propuso como excepciones de m\u00e9rito las denominadas \u00abEn la litis arbitral no deb\u00eda aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina. En la litis arbitral no se controvirti\u00f3 alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina. EL TRIBUNAL, entonces, no deb\u00eda tramitar la interpretaci\u00f3n prejudicial andina a que se refiere el Art. 123 de la Decisi\u00f3n 500 de 2001\u00bb, \u00abLa nulidad que COMCEL pretende revivir en sede extraordinaria de anulaci\u00f3n est\u00e1 saneada. COMCEL carece de legitimidad para proponerla\u00bb, \u00abEl recurso extraordinario de revisi\u00f3n se present\u00f3 extempor\u00e1neamente\u00bb, \u00abCOMCEL acept\u00f3 la validez del LAUDO. Teor\u00eda de los Actos Propios\u00bb y \u00abLa gen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
8. Ante la inexistencia de solicitud de medios de convicci\u00f3n que ameritaran su pr\u00e1ctica, por auto del 3 de noviembre de 2021 se dispuso el decreto de pruebas limitado a las documentales, raz\u00f3n por la cual no se vio necesidad de fijar audiencia y se anunci\u00f3 la adopci\u00f3n de la sentencia anticipada. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Procedencia del pronunciamiento anticipado. <\/p>\n
Conforme lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, cuando no existen pruebas pendientes de pr\u00e1ctica \u2013como ocurre en este caso\u2013, resulta procedente resolver el litigio anticipadamente3, prescindiendo de las etapas procesales que prev\u00e9 el art\u00edculo 358 del C\u00f3digo General del Proceso para el juicio de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
\u00ab(…) el presente fallo anticipado, escrito y por fuera de audiencia, se torna procedente por cuanto se ha configurado con claridad causal de sentencia anticipada, que dada su etapa de configuraci\u00f3n, la naturaleza de la actuaci\u00f3n y la clase de pruebas requeridas para la resoluci\u00f3n del asunto, imponen un pronunciamiento con las caracter\u00edsticas rese\u00f1adas. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con el art\u00edculo 278 del Estatuto General de Procedimiento, el Juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial \u201cen cualquier estado del proceso\u201d, entre otros eventos, \u201cCuando no hubiere pruebas por practicar\u201d, siendo este el supuesto que como se hab\u00eda antelado se edific\u00f3 en el caso que hoy ocupa a la Sala, situ\u00e1ndola en posici\u00f3n de resolver de fondo y abstenerse de adelantar proceder diverso. Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ SC12137-2017, 15 ago.; reiterada en CSJ SC3107-2019, 12 ago., entre otras). <\/p>\n
Por lo anterior, es viable resolver de fondo el asunto a trav\u00e9s de sentencia anticipada. <\/p>\n
2. El recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo con el art\u00edculo 45 de la Ley 1563 de 2012, el laudo arbitral es susceptible del recurso de revisi\u00f3n por las causales y mediante el tr\u00e1mite se\u00f1alado en las normas de procedimiento civil. Dadas sus particularidades, ha sido estatuido como un medio de impugnaci\u00f3n extraordinario de las sentencias y los laudos en firme, con miras a enmendar los yerros cometidos en su emisi\u00f3n, espec\u00edficamente contemplados en las causales establecidas con el fin de evitar la transgresi\u00f3n de principios como los de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. <\/p>\n
Cuando se trata de motivos como el aqu\u00ed invocado, debe tenerse en cuenta que la nulidad que surge de la sentencia tiene que ser de naturaleza procesal y que su alegaci\u00f3n debe responder a la taxatividad que impera en la materia, en virtud de la cual solo las irregularidades de \u00edndole procedimental expresamente se\u00f1aladas en la ley podr\u00e1n estructurar el vicio en menci\u00f3n, siendo improcedente la ampliaci\u00f3n de la sanci\u00f3n a supuestos no contemplados en la norma o a la alegaci\u00f3n gen\u00e9rica de la violaci\u00f3n del debido proceso. <\/p>\n
Sobre dicha causal ha se\u00f1alado la Corte: <\/p>\n
\u00ab[se trata de] las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible del recurso de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo ser\u00eda, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacci\u00f3n o perenci\u00f3n; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta estando suspendido el proceso\u201d (CXLVIII, 1985). <\/p>\n
De igual modo, la jurisprudencia ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisi\u00f3n se dirige a \u201cabolir una sentencia cuando en ella misma o con ocasi\u00f3n de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso o menoscabado el derecho de defensa\u201d (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R. 7421). <\/p>\n
Es decir que ha de tratarse de \u201cuna irregularidad que pueda caber en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el legislador como motivos de anulaci\u00f3n, puesto que en el punto rige en el procedimiento civil el principio de taxatividad, como es bien conocido. (SR 078 de 12 de marzo de 1991, sin publicar), lo cual significa que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que \u2013a m\u00e1s de estar expresamente previstos (…)\u2013 \u2026se hayan configurado exactamente en la sentencia y no antes\u201d (CSJ SC, 29 oct. 2004. Rad. 03001).\u201d (CSJ SC, 29 ago. 2008. Rad. 2004-00729)\u00bb (CSJ SC9228-2017, 29 jun.). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, puede concluirse que la irregularidad contenida en el laudo que se afirma nulo debe responder a las causales de nulidad consagradas en la normativa, y debe ser de naturaleza estrictamente procesal, pues en su alegaci\u00f3n no caben los reproches de \u00edndole sustancial que puedan endilgarse a la decisi\u00f3n en la medida en que el recurso extraordinario est\u00e1 estructurado para dejar sin efecto una providencia que, en virtud de hechos externos al proceso, ha vulnerado gravemente las garant\u00edas procesales y exige la intervenci\u00f3n del juzgador. <\/p>\n
3. La ausencia de interpretaci\u00f3n prejudicial como causal de nulidad de la sentencia. <\/p>\n
3.1. El car\u00e1cter vinculante del derecho comunitario. <\/p>\n
Con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 se hizo expresa la voluntad nacional de adaptarse a las tendencias globalizadoras y colaborativas que marcaban el rumbo del contexto internacional. Desde el Pre\u00e1mbulo, Colombia advirti\u00f3 su compromiso de \u00abimpulsar la integraci\u00f3n de la comunidad latinoamericana\u00bb y m\u00e1s adelante lo reforz\u00f3 en el art\u00edculo 227 Superior, haciendo propia la labor de promover \u00abla integraci\u00f3n econ\u00f3mica, social y pol\u00edtica con las dem\u00e1s naciones y especialmente, con los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina y del Caribe mediante la celebraci\u00f3n de tratados que, sobre bases de equidad, igualdad y reciprocidad, creen organismos supranacionales, inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones\u00bb. <\/p>\n
Ese reconocimiento abierto y generalizado reafirm\u00f3 una voluntad asociativa que de tiempo atr\u00e1s se hab\u00eda materializado en distintos mecanismos concretos de cooperaci\u00f3n trasfronteriza. El Acuerdo de Integraci\u00f3n Subregional Andino del 26 de mayo de 1969 es una muestra de esa aspiraci\u00f3n colectiva. Suscrito inicialmente por los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Per\u00fa y Venezuela y aprobado a nivel interno mediante la Ley 8\u00aa de 1973, el tambi\u00e9n llamado Acuerdo de Cartagena se fij\u00f3 como prop\u00f3sito \u00abpromover el desarrollo equilibrado y arm\u00f3nico de los Pa\u00edses Miembros en condiciones de equidad, mediante la integraci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n econ\u00f3mica y social; acelerar su crecimiento y la generaci\u00f3n de ocupaci\u00f3n; facilitar su participaci\u00f3n en el proceso de integraci\u00f3n regional, con miras a la formaci\u00f3n gradual de un mercado com\u00fan latinoamericano (\u2026)\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba). <\/p>\n
Los preceptos que lo componen, y que responden a la idea de un tratado marco (C-231 de 1997), se erigen no solo como herramientas de colaboraci\u00f3n internacional, sino de verdadera integraci\u00f3n, en la medida en que contemplan la creaci\u00f3n de un ordenamiento jur\u00eddico comunitario, conformado por normas e instituciones a las cuales las naciones participantes cedieron una parte de sus potestades reguladoras en las materias econ\u00f3micas all\u00ed previstas, reconociendo, por contera, la obligatoriedad autom\u00e1tica de las decisiones que los \u00f3rganos comunitarios emitan sobre tales asuntos. <\/p>\n
Al estudiar la exequibilidad del Acuerdo, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abla adquisici\u00f3n de poderes reguladores por los organismos comunitarios, en el derecho de integraci\u00f3n econ\u00f3mica, viene de un traslado de competencias que las partes contratantes le hacen voluntaria e inicialmente, en el tratado constitutivo. Y as\u00ed se opera, pues, seg\u00fan terminolog\u00eda corriente, un cambio, una cesi\u00f3n, un tr\u00e1nsito de prerrogativas de lo nacional a lo supranacional. Sean cuales fueren las denominaciones apropiadas, en la integraci\u00f3n econ\u00f3mica de varios pa\u00edses constituye nota relevante y diferencial que \u00e9stos pierden potestades legislativas que ejerc\u00edan con exclusividad por medio de disposiciones de derecho interno sobre materias determinadas y que las ganen a su favor los organismos regionales\u00bb (CSJ, sent. 27 de febrero de 1973, G.J. 2393-2394, p. 30-31). <\/p>\n
Sobre el mismo particular, la Corte Constitucional anot\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abel concepto de supranacionalidad – dentro del que se inscribe el Acuerdo de Cartagena – implica que los pa\u00edses miembros de una organizaci\u00f3n de esta \u00edndole se desprendan de determinadas atribuciones que, a trav\u00e9s de un tratado internacional, son asumidas por el organismo supranacional que adquiere la competencia de regular de manera uniforme para todos los pa\u00edses miembros sobre las precisas materias que le han sido transferidas, con miras a lograr procesos de integraci\u00f3n econ\u00f3mica de car\u00e1cter subregional. Las normas supranacionales despliegan efectos especiales y directos sobre los ordenamientos internos de los pa\u00edses miembros del tratado de integraci\u00f3n, que no se derivan del com\u00fan de las normas de derecho internacional. Por una parte, esta legislaci\u00f3n tiene un efecto directo sobre los derechos nacionales, lo cual permite a las personas solicitar directamente a sus jueces nacionales la aplicaci\u00f3n de la norma supranacional cuando \u00e9sta regule alg\u00fan asunto sometido a su conocimiento. En segundo lugar, la legislaci\u00f3n expedida por el organismo supranacional goza de un efecto de prevalencia sobre las normas nacionales que regulan la misma materia y, por lo tanto, en caso de conflicto, la norma supranacional desplaza (que no deroga) – dentro del efecto conocido como preemption – a la norma nacional\u00bb (sent. C-137 de 1996). <\/p>\n
Como parte de su estructura org\u00e1nica, el Acuerdo previ\u00f3 la creaci\u00f3n de un Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (art. 6\u00ba), encargado, entre otras cosas, de procurar la uniformidad de las normas comunitarias y su armonizaci\u00f3n con la jurisprudencia interna de cada pa\u00eds participante (art. 32, Decisi\u00f3n 472 de 1999). En consideraci\u00f3n a la aplicabilidad inmediata y a la eficacia directa de los preceptos que componen ese ordenamiento supranacional4, se le encarg\u00f3 la labor de dotar a las instituciones judiciales nacionales de las herramientas y la informaci\u00f3n necesaria para asegurar que sus pronunciamientos, en aquellos casos en que la controversia involucre la aplicaci\u00f3n de normas propias del derecho comunitario, honren el alcance y los prop\u00f3sitos que informan esos preceptos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha aceptado que el derecho comunitario andino tiene cuatro caracter\u00edsticas consistentes en la aplicabilidad inmediata -decisiones adoptadas por los \u00f3rganos de la CAN obligan a los pa\u00edses miembros-, la eficacia directa -la normativa andina forma parte del ordenamiento interno desde su publicaci\u00f3n en la Gaceta Oficial del Acuerdo-, la autonom\u00eda -el ordenamiento comunitario no depende ni se subordina al ordenamiento interno- y la primac\u00eda traducida en la prevalencia y aplicaci\u00f3n preferencial. <\/p>\n
Las normas comunitarias tienen entonces la misma jerarqu\u00eda de las leyes internas en las materias reguladas por la Comunidad Andina, por lo que su observancia es obligatoria en aquellos asuntos previstos por la referida normativa5. <\/p>\n
3.2. La interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. <\/p>\n
En virtud de esa necesidad de unificaci\u00f3n normativa en las materias que interesan al derecho comunitario, se concibi\u00f3 la interpretaci\u00f3n prejudicial entendida como un \u00abmecanismo procesal mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina explica el contenido y alcances de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico comunitario andino, as\u00ed como orienta respecto de las instituciones jur\u00eddicas contenidas en tales normas, con la finalidad de asegurar la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n uniforme de dicho ordenamiento en los Pa\u00edses Miembros de la Comunidad Andina\u00bb (art. 2\u00ba, lit. a, Acuerdo 08 de 2017 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). <\/p>\n
El Tratado de Creaci\u00f3n del Tribunal Andino de Justicia (Decisi\u00f3n 472 de 1999) establece la figura de la interpretaci\u00f3n prejudicial, as\u00ed: <\/p>\n
Art\u00edculo 33. Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina, podr\u00e1n solicitar, directamente, la interpretaci\u00f3n del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretaci\u00f3n del Tribunal, el juez deber\u00e1 decidir el proceso. <\/p>\n
En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspender\u00e1 el procedimiento y solicitar\u00e1 directamente de oficio o a petici\u00f3n de parte la interpretaci\u00f3n del Tribunal.\u00bb <\/p>\n
Por su parte, el Estatuto del Tribunal de Justicia (Decisi\u00f3n 500 de 2011), se\u00f1ala la procedencia del mecanismo consultivo de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 122. Consulta facultativa. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina, podr\u00e1n solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretaci\u00f3n del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretaci\u00f3n del Tribunal, el juez deber\u00e1 decidir el proceso. <\/p>\n
Art\u00edculo 123. Consulta obligatoria. De oficio o a petici\u00f3n de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de \u00fanica o \u00faltima instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico de la Comunidad Andina, deber\u00e1 suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretaci\u00f3n del Tribunal.\u00bb <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, se trata entonces de una manifestaci\u00f3n (i) de naturaleza jurisdiccional y determinante y no simplemente informativa o probatoria6; (ii) con alcance de sentencia de car\u00e1cter no contencioso7; (iii) propia y exclusiva de escenarios litigiosos en los que \u00abdeba aplicarse o se controvierta\u00bb alguna norma del derecho andino (sea que se susciten ante autoridades judiciales, arbitrales o administrativas con funciones jurisdiccionales8); (iv) de imperativo acatamiento para el fallador de la causa9; (v) que puede ser solicitada de oficio o a petici\u00f3n de parte10, \u00aben cualquier momento antes de dictar la sentencia, el laudo o el acto administrativo que pone fin a la instancia\u00bb11; y (vi) de recaudo obligatorio espec\u00edficamente para el funcionario a quien corresponde definir el asunto, en \u00fanica o \u00faltima instancia12, es decir, en aquellos casos en que el fallo que eventualmente se profiera, no sea susceptible de ser recurrido por la v\u00eda ordinaria. <\/p>\n
Esta \u00faltima particularidad reviste especial trascendencia para el asunto que en esta oportunidad corresponde dilucidar, dado que la constataci\u00f3n de dicha obligatoriedad resulta indispensable para establecer los efectos que se podr\u00edan derivar de la falta de recaudo de la interpretaci\u00f3n prejudicial. <\/p>\n
3.3. Obligatoriedad de la interpretaci\u00f3n prejudicial. <\/p>\n
Las normas comunitarias citadas establecen con claridad la forma c\u00f3mo opera el mecanismo consultivo, contemplando dos escenarios de actuaci\u00f3n de la interpretaci\u00f3n prejudicial, a saber: el de la solicitud facultativa, cuando en el proceso se aleguen o controviertan normas comunitarias y la sentencia sea susceptible de recursos en el derecho interno; y el de la petici\u00f3n obligatoria, en aquellos asuntos en los que, estando de por medio las disposiciones de tal linaje, no se contemplan recursos contra la decisi\u00f3n tomada por la autoridad nacional. <\/p>\n
Para determinar en qu\u00e9 casos la solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se torna obligatoria, deben tenerse en cuenta tres aspectos relevantes: (i) el concepto de \u00abjueces nacionales\u00bb obligados, (ii) la existencia o inexistencia de recursos contra la decisi\u00f3n que pone fin al proceso, y (iii) la controversia o necesidad de aplicaci\u00f3n de normas comunitarias. <\/p>\n
3.3.1. Cuando la Decisi\u00f3n 472 de 1999 establece en su art\u00edculo 33 que la consulta prejudicial debe ser solicitada por los \u00abjueces nacionales\u00bb, se refiere no solamente a los funcionarios judiciales, sino tambi\u00e9n a los \u00e1rbitros especial y transitoriamente investidos de jurisdicci\u00f3n en virtud del art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo ha determinado la jurisprudencia comunitaria: <\/p>\n
\u00abSe debe considerar, adem\u00e1s, que los \u00e1rbitros tienen la capacidad de decidir el caso sometido a su conocimiento, pueden, en consecuencia, administrar justicia, tienen la capacidad de dictar medidas cautelares que son las mismas que pueden dictar los jueces, los \u00e1rbitros pueden excusarse y tambi\u00e9n pueden ser recusados por las mismas causas establecidas para un juez. Los laudos arbitrales, emitidos por los \u00e1rbitros tienen efecto de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada y se ejecutar\u00e1n del mismo modo que las sentencias de \u00faltima instancia. Los jueces nacionales, no pueden revisar los laudos pero s\u00ed ejecutarlos. Por lo tanto, si los \u00e1rbitros tienen funciones jurisdiccionales y act\u00faan en \u00faltima instancia y no dependen de los jueces nacionales, para los efectos de la norma comunitaria act\u00faan como jueces nacionales, es decir, de acuerdo con la interpretaci\u00f3n extensiva est\u00e1n incluidos dentro del concepto de juez nacional los \u00e1rbitros que deciden en derecho, luego, deben solicitar la interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de manera directa, sin que sea necesaria la participaci\u00f3n o mediaci\u00f3n de organismos judiciales.\u00bb (TJCA, Sentencia de 26 de agosto de 2011, proceso 03-AI-2010). <\/p>\n
En virtud de lo anterior, cuando se est\u00e9 tramitando proceso arbitral en el que la discusi\u00f3n verse sobre asuntos regulados por el ordenamiento jur\u00eddico comunitario y la decisi\u00f3n no sea susceptible de recursos en el derecho interno, recae sobre los \u00e1rbitros la obligaci\u00f3n de solicitar la interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, bien sea de oficio o a petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
3.3.2. Respecto de la procedencia de recursos en el derecho interno, se entiende que ellos son los medios de impugnaci\u00f3n ordinarios, en los que se permite la discusi\u00f3n de aspectos sustanciales del litigio, pues s\u00f3lo as\u00ed existe la posibilidad de constataci\u00f3n de la adecuada aplicaci\u00f3n de las normas comunitarias por parte del superior jer\u00e1rquico13. <\/p>\n
En nuestro medio, la Ley 1563 de 2012 no consagra el recurso de apelaci\u00f3n contra el laudo, de modo que los medios de impugnaci\u00f3n en materia arbitral tienen un alcance limitado, puesto que s\u00f3lo se consagra la procedencia de los recursos extraordinarios de anulaci\u00f3n (art\u00edculo 40) y de revisi\u00f3n (art\u00edculo 45), los cuales, como es sabido, no permiten discusiones sustanciales sobre la controversia ni pronunciamientos sobre el fondo del asunto, que es -por decisi\u00f3n de las partes- competencia exclusiva de los \u00e1rbitros, limitando su procedencia a la validez procedimental del proceso. <\/p>\n
En tal virtud, en los procesos arbitrales en los que se deban aplicar o se controviertan normas comunitarias, se debe solicitar, necesariamente, la interpretaci\u00f3n prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en cumplimiento de los mandatos establecidos en las Decisiones 472 y 500 de la CAN, antes se\u00f1aladas. <\/p>\n
3.3.3. Acorde con ello, para que la solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial se torne obligatoria, es requisito sine qua non que en el proceso se discutan o se controviertan normas comunitarias, o que su aplicaci\u00f3n sea indispensable de cara a resolver de fondo el litigio. <\/p>\n
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido los par\u00e1metros a tener en cuenta para que, en un caso concreto, se determine si la consulta al \u00f3rgano comunitario es obligatoria para los jueces nacionales: <\/p>\n
\u00abDebe entonces estar claro que la simple invocaci\u00f3n de una norma andina por una de las partes ante un Juez nacional (\u2026) no puede ser un presupuesto que vincule al Juez para que active la figura de la interpretaci\u00f3n prejudicial ante este Tribunal Comunitario. Lo esencial para que se requiera dicha interpretaci\u00f3n -se reitera- es que las normas andinas, habiendo sido o no invocadas por la o las partes procesales, sean controvertidas en el caso concreto, entendi\u00e9ndose por ello que haya existido una discusi\u00f3n extensa y detenida, con opiniones contrapuestas, sobre tales normas; o que el Juez nacional deba necesariamente aplicar dichas normas comunitarias para resolver el caso. <\/p>\n
De conformidad con lo previsto en los Art\u00edculos 33 del Tratado de Creaci\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 123 de su Estatuto, como par\u00e1metros que deber\u00e1n observarse a fin de conocer con certeza si un Juez nacional est\u00e1 obligado a solicitar la interpretaci\u00f3n prejudicial a este Tribunal, tenemos los siguientes: <\/p>\n
– Que cualquiera de las partes en el proceso nacional haya invocado una norma andina como sustento de sus alegaciones. <\/p>\n
– Que ante tal invocaci\u00f3n, cualquier otra de las partes en el proceso nacional controvierta la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de dicha norma andina, o de otras normas andinas, como sustento de sus alegaciones. <\/p>\n
– Que el juez nacional que va a resolver la causa, necesariamente tenga que aplicar una norma andina para fallar el asunto, m\u00e1s all\u00e1 de si fue o no invocada o controvertida por cualquiera de las partes. <\/p>\n
Estos par\u00e1metros no son concurrentes, pero el \u00faltimo es necesario para establecer la obligatoriedad de la solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial\u00bb. (TJCA, Sentencia del 7 de julio de 2017, Proceso 01-AI-2015). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no basta que en el proceso se enuncien o aleguen las normas comunitarias para hacer obligatoria la consulta, pues s\u00f3lo cuando sobre aquellas exista discusi\u00f3n seria y fundada, o cuando sea indispensable su aplicaci\u00f3n para resolver el fondo del litigio, se debe entender que el mecanismo de consulta es obligatorio para las autoridades judiciales del pa\u00eds miembro. De lo contrario, se estar\u00eda ante una utilizaci\u00f3n injustificada del mecanismo en asuntos donde no est\u00e1 en juego la normativa com\u00fan14. <\/p>\n
Como se ha establecido, este \u00faltimo escenario -proceso en el que se aleguen o controviertan o deban aplicarse normas comunitarias cuya sentencia no sea susceptible de recursos- es el \u00fanico en el cual la pretermisi\u00f3n de la consulta puede dar lugar a la nulidad de la sentencia o laudo arbitral, pues s\u00f3lo en esos casos puede afirmarse que se requiere la interpretaci\u00f3n previa que otorgue al juez nacional la certeza sobre el contenido y alcance de las normas comunitarias que debe aplicar para resolver el caso concreto. <\/p>\n
Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido enf\u00e1tico en recalcar que la preterici\u00f3n de esa consulta, en los casos en que resulta obligatoria, trasgrede el derecho a un debido proceso de las partes y adem\u00e1s involucra el desconocimiento de normas de orden p\u00fablico y de obligatorio cumplimiento lo que, por ende, redunda en la anulabilidad de la sentencia o laudo. <\/p>\n
Ciertamente, dicha magistratura ha recabado en que <\/p>\n
\u00abLa consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de \u00faltima instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional act\u00faa como Juez Comunitario. Adem\u00e1s, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario d\u00e9 su interpretaci\u00f3n, la cual deber\u00e1 ser adoptada por aqu\u00e9l. (\u2026) En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del tr\u00e1mite constituye una clara violaci\u00f3n al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, deber\u00eda acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casaci\u00f3n o de un recurso de amparo, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden p\u00fablico y de ineludible cumplimiento. Cabe se\u00f1alar que, a raz\u00f3n del principio de aplicaci\u00f3n inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna f\u00f3rmula especial de introducci\u00f3n o de recepci\u00f3n, gener\u00e1ndose as\u00ed para el juez nacional la obligaci\u00f3n de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensi\u00f3n del proceso y la consiguiente solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que \u00e9l \u2018no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretaci\u00f3n autorizada de las normas comunitarias\u2019. Este \u2018requisito previo\u2019 debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de car\u00e1cter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violaci\u00f3n al debido proceso.\u00bb15. <\/p>\n
En la misma direcci\u00f3n, la Corte Constitucional ha puntualizado que <\/p>\n
\u00abno cabe duda de que en los casos en que la interpretaci\u00f3n prejudicial es obligatoria, la omisi\u00f3n en su pr\u00e1ctica constituye una violaci\u00f3n del debido proceso, al entender que su agotamiento constituye un requisito previo sin el cual el juez nacional no puede proferir sentencia, al tratarse de una norma procesal de car\u00e1cter imperativo, cuya inobservancia se traduce en la nulidad del fallo adoptado\u00bb16. <\/p>\n
De hecho, tambi\u00e9n en consideraci\u00f3n a las notas de obligatoriedad y preeminencia que caracterizan el derecho comunitario, la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo ha reconocido igualmente la ausencia de interpretaci\u00f3n prejudicial como una causal de anulaci\u00f3n de laudos arbitrales, aun cuando no existe en el derecho interno un precepto que as\u00ed lo contemple de manera expresa17. <\/p>\n
En ese contexto, al involucrar una causal de invalidaci\u00f3n de la sentencia, es claro que la falta de recaudo de la interpretaci\u00f3n prejudicial, en aquellos litigios en que resulta inexorable, abre paso a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, por conducto de la causal 8\u00aa, esto, siempre y cuando, el juzgador cognoscente no hubiera rehusado la elevaci\u00f3n de esa consulta, de manera expresa, en un prove\u00eddo distinto y anterior al fallo con el que defini\u00f3 la litis (puesto que, en tal hip\u00f3tesis, la eventual causal de nulidad no se habr\u00eda originado propiamente en la sentencia). <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Ausencia de alegaci\u00f3n, debate o controversia frente a normas comunitarias en el caso sub judice. <\/p>\n
4.1.1. Analizado el tr\u00e1mite arbitral que finaliz\u00f3 con el laudo del 4 de abril de 2019 proferido por el Tribunal Arbitral convocado para resolver el litigio CELUTEC Vs. COMCEL, encuentra la Sala una controversia netamente contractual, que se plante\u00f3, se controvirti\u00f3 y se decidi\u00f3 con base exclusiva en las normas del C\u00f3digo de Comercio y del C\u00f3digo Civil, relativas todas a la validez, interpretaci\u00f3n y configuraci\u00f3n del contrato de agencia comercial. <\/p>\n
4.1.2. La demanda de CELUTEC pretendi\u00f3 la declaratoria de existencia de un contrato de agencia mercantil con sus consecuencias patrimoniales, as\u00ed como la nulidad de las cl\u00e1usulas leoninas impuestas por COMCEL dentro del contrato de adhesi\u00f3n en el que esta \u00faltima tuvo una posici\u00f3n de dominio contractual. Solicit\u00f3 el pago de las prestaciones e indemnizaciones que el C\u00f3digo de Comercio establece para el agente y el reconocimiento del derecho de retenci\u00f3n legalmente establecido en su favor. <\/p>\n
4.1.3. La contestaci\u00f3n de la demanda por parte de COMCEL se centr\u00f3 en demostrar la inexistencia del contrato de agencia comercial entre las partes, en la ausencia de posici\u00f3n contractual dominante, en la ausencia de nulidad de cl\u00e1usulas que seg\u00fan ella fueron libremente discutidas y no presentan ambig\u00fcedad, en la renuncia de la convocante a pagos o indemnizaciones derivados de la agencia comercial o en \u00faltimas, en su pago anticipado y transacci\u00f3n de las diferencias. La demandada dirigi\u00f3 su esfuerzo procesal a demostrar la ausencia del v\u00ednculo contractual alegado y del incumplimiento imputado, del abuso del derecho y del enriquecimiento sin causa de los que se le acusaba, adem\u00e1s de la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del convenio existente entre las partes. <\/p>\n
Las defensas de la hoy recurrente extraordinaria se fundamentaron en las mismas normas civiles y comerciales antes se\u00f1aladas, adem\u00e1s de los art\u00edculos 1742, 1744, 2469, 2483, 2532, 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, y la Ley 791 de 2002. En ninguna de las excepciones planteadas por la convocada, ni en su pronunciamiento frente a los hechos, se aleg\u00f3 alguna norma comunitaria, ni se indic\u00f3 que los asuntos objeto del convenio celebrado entre las partes tuvieran relaci\u00f3n con temas regulados por la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. <\/p>\n
4.1.4. La demanda de reconvenci\u00f3n presentada por COMCEL busc\u00f3 la declaratoria de incumplimiento del contrato celebrado por su contraparte, fundando sus pretensiones en los art\u00edculos 83, 822 a 831, 864, 871 y 884 del estatuto mercantil, y en las disposiciones civiles 1494 a 1526, 1546, 1603, 1617 y 2341 a 2360. Las defensas de la convocada en mutua petici\u00f3n, tambi\u00e9n se basaron en normas nacionales, exclusivamente. <\/p>\n
4.1.5. Adem\u00e1s de los escritos de postulaci\u00f3n y contradicci\u00f3n, se encuentra que en los recursos, solicitudes y alegaciones presentadas por las partes ante el Tribunal Arbitral, tampoco se invocaron, debatieron o controvirtieron normas comunitarias o situaciones reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico andino, lo que lleva a la Sala a concluir que en este caso, no se cumple con dos de los par\u00e1metros explicados para considerar que la interpretaci\u00f3n prejudicial es obligatoria, a saber, \u00abque cualquiera de las partes en el proceso nacional haya invocado una norma andina como sustento de sus alegaciones\u00bb y \u00abque ante tal invocaci\u00f3n, cualquier otra de las partes en el proceso nacional controvierta la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de dicha norma andina, o de otras normas andinas, como sustento de sus alegaciones\u00bb18. <\/p>\n
Se colige de lo expuesto que COMCEL solamente mencion\u00f3 la necesidad de solucionar la controversia a trav\u00e9s de pautas de derecho comunitario con posterioridad a la expedici\u00f3n del laudo que fue contrario a sus intereses, circunstancia que ri\u00f1e con la tesis que pretende defender la recurrente como sustento de su censura. <\/p>\n
4.1.6. Sin embargo, en atenci\u00f3n a la jurisprudencia comunitaria debe recordarse que incluso si las partes no alegan o debaten tal normativa al interior del proceso, seguir\u00e1 siendo obligatoria la consulta prejudicial en aquellos casos en los que \u00abel juez nacional que va a resolver la causa, necesariamente tenga que aplicar una norma andina para fallar el asunto, m\u00e1s all\u00e1 de si fue o no invocada o controvertida por cualquiera de las partes\u00bb19. <\/p>\n
Como ha indicado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, este \u00faltimo par\u00e1metro es indispensable para establecer la obligatoriedad del mecanismo y en esos casos, el juez nacional -que act\u00faa tambi\u00e9n como juez comunitario- est\u00e1 obligado a suspender el proceso y elevar la solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial, incluso de oficio. <\/p>\n
4.2. Improcedencia de aplicaci\u00f3n de normas comunitarias en la resoluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
4.2.1. En la demanda de revisi\u00f3n, la recurrente extraordinaria sostuvo que para dirimir la controversia entre las partes deb\u00edan involucrarse, necesariamente, las Decisiones 462 de 1999, 486 de 2000, 351 de 1993 y 608 de 2005, las que enunci\u00f3 de manera gen\u00e9rica, sin informar por qu\u00e9 raz\u00f3n dicha normativa regulaba el caso concreto y deb\u00eda ser aplicada en su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo la opugnante que al Tribunal Arbitral le era exigible la interpretaci\u00f3n prejudicial de normas comunitarias alrededor de (i) la naturaleza contractual del v\u00ednculo entre las partes para la prestaci\u00f3n de servicios de telecomunicaciones, y (ii) la determinaci\u00f3n de la posici\u00f3n de dominio de COMCEL y su presunto abuso. A su juicio, la definici\u00f3n de estos aspectos involucraba materias reguladas por el ordenamiento comunitario, que los \u00e1rbitros debieron aplicar de manera preferente e inmediata. <\/p>\n
4.2.2. Ante los requerimientos de concreci\u00f3n del auto inadmisorio de la demanda, la censora se\u00f1al\u00f3 las normas que, seg\u00fan su alegato, deb\u00edan definir la controversia, as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Art\u00edculo 2\u00b0 de la Decisi\u00f3n 462 de 1999, que refiere la pertinencia de las definiciones de \u00abservicios de telecomunicaciones\u00bb, \u00abproveedor, operador o prestador de servicios\u00bb, en relaci\u00f3n directa con la configuraci\u00f3n o no de un encargo en cabeza de CELUTEC, propio de un contrato de agencia comercial; as\u00ed mismo la definici\u00f3n \u00abproveedor importante\u00bb deb\u00eda tenerse en cuenta al momento de determinar la posici\u00f3n de dominio de COMCEL.<\/p>\n
ii. La disposici\u00f3n 158\u00b0 de la Decisi\u00f3n 486 de 2000, que establece si la autorizaci\u00f3n de uso de signos distintivos en el mercado conforma una relaci\u00f3n de vinculaci\u00f3n econ\u00f3mica entre las sociedades confrontadas, esto con el fin de desvirtuar el contrato de agencia comercial.<\/p>\n
iii. Los art\u00edculos 3\u00b0, 4\u00b0 (literal j), 13\u00b0 y 31\u00b0 de la Decisi\u00f3n 351 de 1993, conforme a los cuales se deb\u00eda definir si el material publicitario y promocional autorizado a CELUTEC se considera una \u00abobra de arte aplicada\u00bb, caso en el cual las cl\u00e1usulas por las cuales se autoriz\u00f3 su uso no corresponden a un encargo independiente y estable de promoci\u00f3n de negocio de COMCEL, sino al ejercicio de sus derechos de autor.<\/p>\n
iv. Los preceptos 8\u00b0 y 9\u00b0 de la Decisi\u00f3n 608 de 2005, que contienen los elementos t\u00edpicos que permiten concluir que un agente tiene posici\u00f3n de dominio en el mercado y los eventos en los que existe practica abusiva de aquella. <\/p>\n
Estas normas comunitarias, sin embargo, no resultan aplicables a la controversia puesta a consideraci\u00f3n del Tribunal Arbitral, motivo por el cual no era necesario acudir a ellas para resolver de fondo el litigio, que giraba en torno a un asunto estrictamente contractual, amparado exclusivamente en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano y que no versaba sobre asuntos que son propios o interesan a la regulaci\u00f3n comunitaria, por los motivos que pasan a explicarse. <\/p>\n
4.2.3. Las disposiciones contenidas en la Decisi\u00f3n 462 de 1999 son \u00abNormas que Regulan el Proceso de Integraci\u00f3n y Liberalizaci\u00f3n del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina\u00bb, abarcan los servicios de telecomunicaciones y sus modos de prestaci\u00f3n y se aplican a las medidas que afecten el acceso a redes y servicios de transporte de telecomunicaciones y su utilizaci\u00f3n, que afecten la prestaci\u00f3n y el comercio de estos servicios, y las relativas a la normalizaci\u00f3n respecto de la conexi\u00f3n de equipos a las redes p\u00fablicas de transporte de telecomunicaciones20. <\/p>\n
En el caso sometido a decisi\u00f3n arbitral se parti\u00f3 del hecho incontrovertido de que es COMCEL la empresa que, por tener autorizaci\u00f3n de la Autoridad Nacional competente, presta sus servicios de telecomunicaci\u00f3n celular en el territorio nacional. A lo largo del litigio no se plante\u00f3 que CELUTEC fuera la empresa que prestara directa o indirectamente aquellos servicios; por el contrario, lo que se prob\u00f3 y declar\u00f3 fue que \u00e9sta \u00faltima \u00abdesarroll\u00f3 el encargo, por cuenta de COMCEL, para promover la colocaci\u00f3n y venta de los servicios de telefon\u00eda m\u00f3vil celular prestados por aquella\u00bb21. <\/p>\n
Al analizar las caracter\u00edsticas de las obligaciones contractuales y su ejecuci\u00f3n a lo largo del tiempo, se determin\u00f3 que la actividad encargada a CELUTEC fue la de promoci\u00f3n y explotaci\u00f3n, por cuenta de COMCEL, del servicio de comunicaci\u00f3n celular que \u00e9sta ofrec\u00eda, encargo que la demandante cumpl\u00eda en algunos departamentos del occidente del pa\u00eds, gestionando la afiliaci\u00f3n de clientes a los planes pre y pospago de telefon\u00eda ofrecidos por COMCEL, clientes que, cuando eran aceptados por esta compa\u00f1\u00eda, pasaban a ser sus abonados y suscrib\u00edan directamente con ella el contrato de servicios de telefon\u00eda m\u00f3vil celular. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, es claro que la controversia no giraba en torno a la prestaci\u00f3n de los servicios de telecomunicaciones, que siempre fueron actividad exclusiva de COMCEL, sino a la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la figura contractual que vinculaba a las partes, y que fuera defendida como una agencia comercial por la demandante y como un contrato de distribuci\u00f3n por la demandada. <\/p>\n
4.2.4. Las disposiciones contenidas en las Decisiones 351 de 1993 y 486 de 2000 establecen, respectivamente, el \u00abR\u00e9gimen Com\u00fan sobre Propiedad Industrial\u00bb y el \u00abR\u00e9gimen Com\u00fan sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos\u00bb de la Comunidad Andina de Naciones. La recurrente alega en esta sede extraordinaria que debieron ser aplicadas en la resoluci\u00f3n del caso concreto, dirigiendo as\u00ed el objeto de la litis a asuntos totalmente ajenos a ella. <\/p>\n
El litigio definido por los \u00e1rbitros no versaba en modo alguno sobre controversias relacionadas con la propiedad industrial de COMCEL, dentro de la que se encuentran sus derechos marcarios y signos distintivos, pues fueron asuntos que siempre estuvieron al margen de la discusi\u00f3n contractual entre las partes. Menos a\u00fan tiene aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 158 de la Decisi\u00f3n 486 citado por la censora de manera parcial, dado que la norma regula el agotamiento de derechos marcarios cuando los productos han sido introducidos en el mercado por el titular del registro o por un tercero con su autorizaci\u00f3n, supuesto en el que no puede subsumirse el conflicto suscitado entre las partes a ra\u00edz de su vinculaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
En el proceso tampoco se discutieron los derechos de autor de COMCEL, ni las alegaciones, indagaciones, pruebas ni declaraciones versaron sobre la explotaci\u00f3n de sus materiales publicitarios y promocionales, que ahora se presentan como posibles \u00abobras de arte aplicado\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando el uso de aquellos era promovido por COMCEL, quien se comprometi\u00f3 a suministrar a su agente comercial el material necesario para la publicidad y promoci\u00f3n de sus productos22. La discusi\u00f3n, se insiste, nunca gir\u00f3 en torno a la existencia o inexistencia de derechos morales o patrimoniales de autor, su explotaci\u00f3n, vulneraci\u00f3n o protecci\u00f3n en el marco de la relaci\u00f3n contractual de las partes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las novedosas alegaciones sobre propiedad intelectual constituyen un tema por completo ajeno a la litis, cuya aplicaci\u00f3n no era exigible al Tribunal Arbitral al resolver el asunto. <\/p>\n
4.2.5. A trav\u00e9s de la Decisi\u00f3n 608 de 2005 se profirieron \u00abNormas para la protecci\u00f3n y promoci\u00f3n de la libre competencia en la Comunidad Andina R\u00e9gimen Com\u00fan sobre Propiedad Industrial\u00bb, en las que se determina cu\u00e1ndo se entiende que un agente tiene una posici\u00f3n de dominio en el mercado y qu\u00e9 conductas hacen presumir su existencia. Se apela tambi\u00e9n a la definici\u00f3n de \u00abproveedor importante\u00bb de la ya referida Decisi\u00f3n 462 para se\u00f1alar que el Tribunal Arbitral deb\u00eda solicitar la interpretaci\u00f3n prejudicial antes de determinar si COMCEL gozaba de esta posici\u00f3n en el mercado y si abus\u00f3 de ella. <\/p>\n
Sin embargo, estas normas comunitarias eran inaplicables al caso concreto, puesto que en el proceso no se discuti\u00f3 la existencia, el abuso ni las consecuencias de una posici\u00f3n de dominio en el mercado relevante, que es la situaci\u00f3n regulada por las disposiciones andinas, sino que se contendi\u00f3 sobre una figura jur\u00eddica completamente diferente, alusiva a la posici\u00f3n de dominio contractual, por lo que las afirmaciones de COMCEL en este punto no resultan de recibo. <\/p>\n
En el caso concreto, la demandante inicial solicit\u00f3 la declaratoria de nulidad de las cl\u00e1usulas que COMCEL, debido a la posici\u00f3n de dominio contractual que ten\u00eda respecto de su agente CELUTEC, dict\u00f3 en forma unilateral y con el \u00e1nimo de eludir los efectos jur\u00eddicos de la agencia comercial, llegando incluso a imponer obligaciones indemnizatorias en caso de que se declarara el contrato como un t\u00edpico convenio de agencia mercantil. <\/p>\n
Las alegaciones de las partes y la decisi\u00f3n del Tribunal no se refirieron en modo alguno a la existencia de actos que afectaran la libre competencia entre competidores o la afectaci\u00f3n del libre mercado a trav\u00e9s de conductas anticompetitivas, sino a la superioridad econ\u00f3mica de COMCEL en la espec\u00edfica y concreta relaci\u00f3n negocial que sostuvo con CELUTEC, en la que dict\u00f3 las reglas contractuales, imparti\u00f3 instrucciones e impuso en t\u00e9rminos generales las condiciones de gesti\u00f3n e impulso de sus negocios. <\/p>\n
El laudo arbitral, en consecuencia, incluy\u00f3 consideraciones sobre esa espec\u00edfica figura de la posici\u00f3n dominante contractual, en virtud de la cual la parte que tiene una prevalencia en la relaci\u00f3n negocial puede dictar el contenido del clausulado, que a la postre determina la existencia de un contrato de adhesi\u00f3n. Debe resaltarse que el laudo diferenci\u00f3 expresamente dicha figura de la posici\u00f3n de dominio en el mercado, declarando exclusivamente el dominio contractual de COMCEL respecto a los espec\u00edficos contratos que la vincularon a CELUTEC, y la existencia de algunas cl\u00e1usulas leoninas que fueron, en consecuencia, anuladas23. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el litigio no vers\u00f3 sobre la posici\u00f3n de dominio de COMCEL en el mercado relevante ni sobre posibles conductas abusivas derivadas de aquella, por lo que no era procedente en este caso aplicar las normas comunitarias relacionadas con ese asunto, que se mantuvo, se insiste, por fuera de la controversia sometida a consideraci\u00f3n de los \u00e1rbitros y de su pronunciamiento final. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En el caso concreto no estaban en discusi\u00f3n normas comunitarias ni era necesaria su aplicaci\u00f3n en la resoluci\u00f3n del litigio, motivo por el cual la ausencia de solicitud de interpretaci\u00f3n prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no resultaba obligatoria y, por lo tanto, no se configur\u00f3 la causal de nulidad alegada por la recurrente extraordinaria. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por Comunicaci\u00f3n Celular S.A. \u2013 COMCEL S.A., respecto del laudo de 4 de abril de 2019, proferido por el Tribunal de Arbitramento convocado a petici\u00f3n de Celulares y Tecnolog\u00eda S.A.S.- CELUTEC S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la sociedad recurrente al pago de costas. Se fija la suma de $6.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. DEVOLVER el expediente al Centro de Conciliaci\u00f3n y Arbitraje de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, anexando copia de este fallo. <\/p>\n
CUARTO. REQUERIR a la Secretar\u00eda de la Sala que proceda a librar los oficios y comunicaciones a que haya lugar en desarrollo de lo aqu\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Las excepciones propuestas por la demandada fueron las siguientes: \u00abFalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, \u00abPrescripci\u00f3n\u00bb, \u00abLas obligaciones que hubieran tenido como causa el contrato de distribuci\u00f3n celebrado en el 2006 no pueden ser objeto de la presente controversia\u00bb, \u00abNo puede Celutec desconocer su propios actos eceptio doli\u00bb, \u00abNo es posible predicar los elementos esenciales de la agencia comercial respecto del contrato de distribuci\u00f3n No. 816 de 1998\u00bb, \u00abComcel no tiene una posici\u00f3n contractual dominante respecto de Celutec\u00bb, \u00abNo se configuran los presupuestos para que pueda predicarse que Comcel ha ejercido un abuso de posici\u00f3n dominante sobre Celutec\u00bb; \u00abNo se han configurado los elementos necesarios para que pueda alegarse v\u00e1lidamente la nulidad absoluta, en todo caso cualquier nulidad absoluta emanada del contrato de distribuci\u00f3n 816 de 1998 y\/o sus cl\u00e1usulas se encuentra saneada\u00bb; \u00abNo puede Celutec solicitar a los \u00e1rbitros que interpreten cl\u00e1usulas que en su redacci\u00f3n no contienen ninguna ambig\u00fcedad\u00bb, \u00abCelutec renunci\u00f3 expresamente al pago de cualquier indemnizaci\u00f3n; pago o compensaci\u00f3n que Comcel debiera realizar como consecuencia de contrato de distribuci\u00f3n\u00bb, \u00abComcel ya habr\u00eda pagado anticipadamente las indemnizaciones y prestaciones que la convocante alega\u00bb, \u00abComcel y Celutec suscribieron actas de transacci\u00f3n conciliaci\u00f3n y compensaci\u00f3n de cuentas en las cuales cualquier indemnizaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n qued\u00f3 transigida\u00bb, \u00abCompensaci\u00f3n\u00bb, \u00abComcel no ha incumplido ninguna de las obligaciones contractuales a su cargo\u00bb, \u00abComcel no ha ejercido abusivamente ninguno de los derechos que le asisten\u00bb, \u00abComcel no se ha enriquecido sin justa causa\u00bb, \u00abNo hay lugar a indemnizaci\u00f3n alguna toda vez que el contrato de distribuci\u00f3n fue terminado de forma unilateral por Celutec\u00bb, \u00abLa convocante no tiene derecho de retenci\u00f3n sobre los bienes y activos de Comcel\u00bb, \u00abLos laudos referidos por la convocante no son aplicables al presente caso, ni son vinculantes para los H. \u00c1rbitros\u00bb, \u00abLa jurisdicci\u00f3n civil, al resolver litigios an\u00e1logos al que se discute en el presente proceso, ha encontrado ajustada a la ley la relaci\u00f3n contractual y la conducta de Comcel\u00bb, \u00abLas transacciones realizadas y no ha existido abuso en la redacci\u00f3n de los contratos en litigio\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Demanda de revisi\u00f3n asignada mediante acta individual de reparto del 16 de abril de 2021. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC4683-2019, 5 nov.; CSJ SC3453-2019, 27 ago.; y CSJ SC4200-2018, 28 sep., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. Sentencia SU-081 de 2020. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. Sentencia SU-081 de 2020. <\/p>\n
6\u0002 Cfr. TJCA, 139-IP-2014, entre otros <\/p>\n
7\u0002 Art. 3 – 3.2, Acuerdo 08 de 2017 <\/p>\n
8\u0002 Arts. 33 y 34, Decisi\u00f3n 472 de 1999; art. 2\u00ba, lit. e, Acuerdo 08 de 2017 y, entre otras, TJCA, Sentencia del 26 de agosto de 2011, Proceso 03-AI-2010. <\/p>\n
9\u0002 Art. 35, Decisi\u00f3n 472 de 1999 <\/p>\n
10\u0002 Art. 5\u00ba, Acuerdo 08 de 2017 <\/p>\n
11\u0002 Art. 8, Acuerdo 08 de 2017 <\/p>\n
12\u0002 Arts. 33 (Decisi\u00f3n 472) y 122 y 123 (Decisi\u00f3n 500). <\/p>\n
13\u0002 Al respecto, ver sentencia SU-081 de 2020: \u00abEn primer lugar, es preciso examinar si caben o no recursos en el derecho interno, hip\u00f3tesis que se ha asimilado a los \u201crecursos ordinarios\u201d, esto es, a aquellos en los que puede discutirse la aplicaci\u00f3n correcta o incorrecta de la norma que hace parte del ordenamiento jur\u00eddico de la comunidad Andina. Por ello se ha se\u00f1alado que su viabilidad se concreta en los procesos de \u00fanica instancia o en las actuaciones en que los jueces o tribunales nacionales act\u00faan como \u00f3rgano de cierre de la controversia, por v\u00eda, generalmente, del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
14\u0002 Es obligaci\u00f3n del juez nacional constatar si dentro del proceso a su cargo resulta previsible que deban aplicarse normas comunes a fin de decidir el proceso, antes de proceder a solicitar su interpretaci\u00f3n prejudicial teniendo en cuenta que la causa, raz\u00f3n o circunstancia para la interpretaci\u00f3n se produce cuando, como hemos dicho, \u00b4Los jueces nacionales (\u2026) conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jur\u00eddico del Acuerdo de Cartagena (\u2026)\u00b4. No basta por tanto que dentro del proceso se citen determinadas normas de la integraci\u00f3n, bien sea por las partes o por el agente del Ministerio P\u00fablico, para que el juez de la causa, autom\u00e1ticamente, decida formular la solicitud de Interpretaci\u00f3n Prejudicial al Tribunal, sin constatar previamente que dicho tr\u00e1mite se justifica. De procederse de esta forma se estar\u00eda utilizando el recurso prejudicial sin necesidad alguna, lo cual redundar\u00eda en la dilaci\u00f3n injustificada de los procesos, con evidente quebranto de los m\u00e1s elementales principios de econom\u00eda procesal que garantiza la celeridad de los procesos. (TJCA, IP del 18 de marzo de 1991, emitida dentro del proceso 02-IP-91). <\/p>\n
15\u0002 Proceso 01-AI-2015, del 7 de julio de 2017 <\/p>\n
16\u0002 SU-081 de 2020 <\/p>\n
17\u0002 Al respecto ver, entre otras, Consejo de Estado, Secci\u00f3n Tercera, Sala Plena, sentencia de 9 de agosto de 2012, exp. 11001-03-26-000-2012-00013-00, en la que se consider\u00f3: \u00abel incumplimiento de dicha exigencia del derecho comunitario andino por parte del respectivo Tribunal de Arbitramento constituye un yerro procedimental que afecta la validez del laudo correspondiente y abre las puertas a su declaratoria de nulidad durante el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n, ora a solicitud del impugnante ora de oficio por parte del Juez del recurso de anulaci\u00f3n, seg\u00fan lo entendi\u00f3 el TJCA en sus aludidos pronunciamientos, cuesti\u00f3n esta \u00faltima excepcional (que se puede decretar de oficio) siempre que se trate de esta causal derivada del derecho comunitario andino. Por consiguiente, al cat\u00e1logo de causales en las cuales puede sustentarse la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de anulaci\u00f3n contra laudos arbitrales debe a\u00f1adirse aquella consistente en la omisi\u00f3n del deber de solicitar la Interpretaci\u00f3n Prejudicial de las normas comunitarias andinas aplicables al caso, por parte del Tribunal de Arbitramento que tenga conocimiento del mismo.\u00bb <\/p>\n
18\u0002 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sentencia del 7 de julio de 2017, Proceso 01-AI-2015. <\/p>\n
19\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
20\u0002 Art\u00edculos 3 y 4 Decisi\u00f3n 462 de 1999. <\/p>\n
21\u0002 Laudo arbitral del 4 de abril de 2019. <\/p>\n
22\u0002 Al respecto ver la cl\u00e1usula 6 del Contrato 816. <\/p>\n
23\u0002 Al respecto pueden verse las expresas consideraciones del laudo sobre la diferencia entre la posici\u00f3n de dominio en el mercado y la posici\u00f3n de dominio contractual, y su pronunciamiento s\u00f3lo frente a esta \u00faltima, en el ac\u00e1pite \u201cC, PRETENSIONES RELATIVAS A LA POSICI\u00d3N DE DOMINIO CONTRACTUAL DE COMCEL Y A LA NULIDAD DE CIERTAS CL\u00c1USULAS ABUSIVAS\u201d, en las p\u00e1ginas 97 a 119 del laudo arbitral de fecha 4 de abril de 2019. <\/p>\n
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SC713-2022 (2021-01197-00) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente SC713-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01197-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril dos mil veintid\u00f3s (2022). Procede la Corte a dictar sentencia anticipada, escrita y por fuera de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62605","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62605"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62605\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}