SC837-2022 (2015-01208-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC837-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-31-03-043-2015-01208-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que la demandante ASADUANAS ASESORES S.A.S. EN LIQUIDACI\u00d3N, interpuso frente a la sentencia proferida en audiencia del 16 de diciembre de 2019 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, D.C.- Sala Civil, en el presente proceso verbal que ella adelant\u00f3 contra HARMEX S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la reforma de la demanda que obra en los folios 145 a 161 del cuaderno No. 1, se solicit\u00f3 en s\u00edntesis, declarar que entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de mandato que estuvo vigente en los a\u00f1os 2007 y 2008, mediante el cual la actora se encarg\u00f3 de \u201cdeclarar aduaneramente las mercanc\u00edas importadas\u201d por la accionada; que esta \u00faltima incumpli\u00f3 el referido contrato, como quiera que no atendi\u00f3 el \u201cpago de los tributos aduaneros e intereses aplicables a los mismos\u201d; que, por consiguiente, se la condene a reembolsarle a la promotora del litigio la suma de $302.815.848 que \u201cpag\u00f3 a la DIAN por concepto de tributos aduaneros causados por importaciones de HARMEX\u201d, junto con la respectiva correcci\u00f3n monetaria y los intereses moratorios liquidados a la tasa m\u00e1s alta permitida por la ley; que en desarrollo del referido contrato, se ordene a la convocada pagar directamente a la DIAN los tributos aduaneros e intereses derivados de la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n No. 07085330051551 del 19 de febrero de 2008; que as\u00ed mismo se la conmine a reintegrarle a la accionante la suma de $16.472.100, correspondiente a los gastos en que ella incurri\u00f3 por concepto de \u201chonorarios en la v\u00eda judicial, por las demandas de [n]ulidad y [r]establecimiento del [d]erecho que interpuso contra las resoluciones de la DIAN, y por los gastos de la conciliaci\u00f3n prejudicial\u201d, junto con la respectiva correcci\u00f3n monetaria y los intereses moratorios liquidados a la tasa m\u00e1s alta permitida por la ley; y que se impongan a la convocada las costas del proceso. <\/p>\n
2. Como fundamento de esos pedimentos, tras referir la celebraci\u00f3n del contrato de mandato se\u00f1alado en las pretensiones y que, en desarrollo de \u00e9l, era a Harmex S.A. a la que le correspond\u00eda el pago de los tributos aduaneros, se adujeron los hechos que a continuaci\u00f3n se condensan: <\/p>\n
2.1. El presente conflicto tuvo origen en las siguientes declaraciones de importaci\u00f3n: <\/p>\n
* 7842290727327 del 10 de agosto de 2007<\/p>\n
* 7842290763046 del 19 de septiembre de 2007<\/p>\n
* 7842290784701 del 11 de octubre de 2007<\/p>\n
* 7842270831011 del 24 de octubre de 2007<\/p>\n
* 7842270851531 del 26 de noviembre de 2007<\/p>\n
* 7842290842912 del 16 de enero de 2008<\/p>\n
* 7085330051551 del 19 de febrero de 2008<\/p>\n
* 7085310106592 del 12 de marzo de 2008<\/p>\n
* 7842280718452 del 13 de marzo de 2008<\/p>\n
* 7842290900942 del 4 de abril de 2008<\/p>\n
* 7842280744564 del 4 de abril de 2008 <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con ellas, la actora, en cumplimiento de sus deberes contractuales, liquid\u00f3 el respectivo tributo aduanero, para lo cual clasific\u00f3 la mercanc\u00eda en la subpartida 5402.49.10.00, que estaba gravada con el 5% de su valor, monto que fue cancelado por la demandada, habi\u00e9ndose verificado la nacionalizaci\u00f3n de los productos ingresados al pa\u00eds. <\/p>\n
2.3. Tiempo despu\u00e9s, la DIAN consider\u00f3 que la clasificaci\u00f3n arancelaria era incorrecta y que por ende, la liquidaci\u00f3n efectuada por Asaduanas Asesores S.A.S.- en liquidaci\u00f3n, estaba equivocada, puesto que la mercanc\u00eda correspond\u00eda a la subpartida 5402.44.00.00, con un arancel del 15%, de modo que el impuesto era mucho mayor al pagado. <\/p>\n
2.4. Efectuados por la citada entidad los tr\u00e1mites administrativos para corregir las declaraciones presentadas, estableci\u00f3 un faltante de $275.794.597, determinaci\u00f3n que enter\u00f3 a la importadora, quien respondi\u00f3 los Requerimientos Especiales Aduaneros (REA) que aqu\u00e9lla le hizo, sin que sus observaciones fueran atendidas, raz\u00f3n por la cual se expidieron las Resoluciones de Liquidaci\u00f3n Oficial Nos. 2075, 2083, 2085, 2088, 2089, 2096, 2167 y 2168 del 27 de julio de 2010; y las Nos. 2082, 2090, 2091 y 2227 del 23 de septiembre del mismo a\u00f1o, que fueron notificadas tanto a la aqu\u00ed accionante, como a la demandada. <\/p>\n
2.5. Las referidas liquidaciones oficiales fueron confirmadas mediante las Resoluciones 10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023del 4 de febrero; 10026 del 8 de febrero; 10042 del 9 de marzo; 00186 y 00191del 10 de marzo; 10043 del 11 de marzo; y 00201 del 14 de marzo, todas del a\u00f1o 2011. <\/p>\n
2.6. La accionada en este asunto, no demand\u00f3 por la v\u00eda contencioso administrativa tales resoluciones. En cambio, la actora s\u00ed lo hizo y solicit\u00f3 la nulidad de las mismas y el restablecimiento del derecho, acciones que, en definitiva, fracasaron. <\/p>\n
2.7. Con sujeci\u00f3n a las previsiones de la Ley 1607 de 2012, Asaduanas Asesores S.A.S., en liquidaci\u00f3n, \u201cen beneficio de HARMEX, (\u2026) pag\u00f3 el 100% de los tributos aduaneros en discusi\u00f3n. Con el pago, (\u2026) logr\u00f3 la terminaci\u00f3n de once (11) procesos; diez (10) por conciliaci\u00f3n con la DIAN y uno por aplicaci\u00f3n del beneficio de condici\u00f3n especial de pago\u201d, figura igualmente prevista en el precitado ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
2.8. La suma sufragada totaliz\u00f3 la cantidad de $278.229.937, discriminada as\u00ed: $227.012.876, arancel; $36.322.061, IVA; y $14.895.000, intereses. Ello aconteci\u00f3 el 26 de julio de 2013. <\/p>\n
2.9. Los pagos \u201clos hizo inicialmente la aseguradora (CONFIANZA) a la DIAN, pero las sumas de dinero fueron reembolsadas por ASADUANAS\u201d, empresa que entreg\u00f3 a aqu\u00e9lla $302.815.848, de los cuales $301.146.723 obedecieron al reintegro realizado y $1.669.125 a intereses. <\/p>\n
2.10. Pese a los requerimientos que la gestora de este asunto hizo a la demandada para que le cancele ese valor, \u00e9sta no ha procedido de conformidad, lo que evidencia que \u201csufri\u00f3 un perjuicio econ\u00f3mico de gran entidad, que debe ser resarcido por su mandante, la sociedad HARMEX\u201d. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta capital, al que le correspondi\u00f3 el conocimiento del asunto, previo impulso del escrito con el que se dio inicio a la controversia (auto del 3 de septiembre de 2015; fl. 125, cd. 1), admiti\u00f3 la reforma de la demanda mediante prove\u00eddo del 11 de julio de 2016 (fl. 173,ib.), que notific\u00f3 personalmente a la accionada en diligencia del 25 de noviembre de 2016 (fl. 179, ib.) por intermedio del apoderado judicial que design\u00f3. <\/p>\n
Recurridos en reposici\u00f3n esos pronunciamientos, se mantuvieron sin modificaciones seg\u00fan providencia del 17 de febrero de 2017 (fls. 197 a 199, ib.). <\/p>\n
4. La convocada, en ejercicio de su derecho de defensa, realiz\u00f3 las siguientes actuaciones: <\/p>\n
4.1. Replic\u00f3 la demanda, y en desarrollo de ello, se opuso a sus pretensiones, se pronunci\u00f3 con detalle sobre los hechos alegados y formul\u00f3 las excepciones meritorias que denomin\u00f3\u201c[i]nexistencia de la obligaci\u00f3n de reembolso de tributos aduaneros\u201d, \u201c[c]ontrato no cumplido\u201d, \u201c[i]nexistencia de mora\u201d, \u201c[c]ompensaci\u00f3n\u201d, \u201c[p]rescripci\u00f3n\u201d e \u201c[i]nexistencia de la obligaci\u00f3n de pagar honorarios profesionales\u201d(fls. 220 a 230, cd. 1). <\/p>\n
4.2. Por separado, solicit\u00f3 la nulidad del proceso por indebida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda (fls. 1 y 2, cd. 4), pedimento que fue denegado el 18 de abril de 2017 (fls. 6 y 7, ib.). <\/p>\n
4.3. Adicionalmente, present\u00f3 reconvenci\u00f3n (fls. 21 a 31, cd. 5), en la que solicit\u00f3 reconocer la existencia de los contratos de mandato se\u00f1alados en los hechos de tal libelo; declarar su incumplimiento por la contrademandada; condenarla a resarcirle los perjuicios que sufri\u00f3, los cuales tas\u00f3, mediante jurament\u00f3 estimatorio, en la suma de $317.618.823, junto con la correcci\u00f3n monetaria e intereses moratorios; disponer la compensaci\u00f3n de dichos perjuicios con cualquier suma de dinero que le fuere impuesta, como consecuencia de la primigenia acci\u00f3n; y asignar a aqu\u00e9lla las costas del proceso. <\/p>\n
En sustento de tales reclamaciones, se puso de presente la celebraci\u00f3n de los contratos de mandato sobre las que ellas versaron; que, conforme a los mismos, eran obligaciones de la mandataria, entre otras, \u201cdiligenciar y presentar las declaraciones de importaci\u00f3n, incluyendo (i) la clasificaci\u00f3n de las mercanc\u00edas en las respectivas partidas y subpartidas arancelarias [y] (ii) [l]a liquidaci\u00f3n de los tributos aduaneros\u201d; que en el desempe\u00f1o de sus actividades, aqu\u00e9lla estaba sometida a las disposiciones del Decreto 2685 de 1999, particularmente, al r\u00e9gimen de responsabilidad previsto en el art\u00edculo 22 del mismo; que en las declaraciones especificadas en la demanda inicial, Asaduanas Asesores S.A.S., en liquidaci\u00f3n, err\u00f3 al hacer la clasificaci\u00f3n arancelaria de las mercanc\u00edas importadas; que en raz\u00f3n de ello, el pago que se hizo de los tributos aduaneros fue insuficiente, liquid\u00e1ndose luego por la DIAN un faltante de $275.794.597; y que el pago de dicha suma corresponde a la reconvenida, seg\u00fan las previsiones del r\u00e9gimen legal atr\u00e1s invocado. <\/p>\n
5. La demanda de mutua petici\u00f3n fue admitida con auto del 18 de abril de 2017 (fl. 32, cd. 5) y notificado por estado. <\/p>\n
6. En tiempo, la promotora de la controversia y reconvenida, la contest\u00f3, escrito en el que solicit\u00f3 denegar las s\u00faplicas en ella elevadas, se refiri\u00f3 sobre los hechos soportantes de las mismas y formul\u00f3 las excepciones meritorias que rotul\u00f3 como \u201c[a]usencia de incumplimiento por parte de ASADUANAS\u201d y\u201c[a]usencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual\u201d (fls. 35 a 42, cd. 5). <\/p>\n
Al inicio de ese memorial solicit\u00f3 la nulidad del proceso desde el auto que admiti\u00f3 la reconvenci\u00f3n, por preterici\u00f3n de la oportunidad para pedir o practicar pruebas, pedimento que fue desestimado mediante auto del 3 de mayo de 2018 (fls. 51 y 51 vuelto, cd. 5). <\/p>\n
7. Agotado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el juzgado del conocimiento le puso fin con sentencia dictada en audiencia del 15 de agosto de 2019 (acta, fls. 516 a 517, cd. 9; y CD, fl. 515 ib.), en la que resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO DECLARAR la existencia de dos contratos de mandato entre HARMEX S.A. y AS[A]D[U]ANAS ASESORES S.A.S. en liquidaci\u00f3n durante los a\u00f1os 2007 y 2008 respectivamente. <\/p>\n
\u201cTERCERO: DECLARAR que AS[A]D[U]ANAS ASESORES S.A.S. en liquidaci\u00f3n, como declarante autorizado ante la Dian[,] era la responsable de la exactitud y veracidad de las declaraciones de importaciones objeto de controversia. <\/p>\n
\u201cCUARTO: DECLARAR que dicha obligaci\u00f3n fue incumplida por AS[A]D[U]ANAS ASESORES S.A.S. en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cQUINTO: DECLARAR que a HARMEX S.A.[,] como mandante e importador, le correspond[\u00eda] la obligaci\u00f3n de pagar las sumas de dinero que por concepto de tributos aduaneros deb\u00edan declararse con las importaciones realizadas. <\/p>\n
\u201cSEXTO: En consecuencia [,] DECLARAR que dicha obligaci\u00f3n fue incumplida por HARMEX S.A. en raz\u00f3n a los pagos realizados inicialmente por Aseguradora CONFIANZA S.A. y posteriormente (\u2026)por AS[A]D[U]ANAS ASESORES S.A.S. en liquidaci\u00f3n, sin que se pueda incluir en dichos pagos intereses o sanciones. <\/p>\n
\u201cS\u00c9PTIMO: ESTABLECER LA CONCURRENCIA DE CULPAS EN UN 50% entre las partes del litigio y[,] en raz\u00f3n de ello, se ordena el pago de HARMEX S.A. a ASADUANAS ASESORES S.A.S. en liquidaci\u00f3n en la suma de $137.897.298,50 M\/CTE., por concepto de los tributos pagados por su mandatario, suma que deber\u00e1 ser indexada desde el momento en que el mandatario hizo el pago, es decir[,] el 28 de enero de 2015[,] hasta la fecha en que esta sentencia quede ejecutoriada, y una vez la misma quede ejecutoriada[,] a partir de ell[o,] correr\u00e1n intereses del 6% tal como lo establece el C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
\u201cOCTAVO: NEGAR las restantes pretensiones de la demanda [p]rincipal y de la [r]econvenci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cNOVENO: SIN CONDENA en costas, atendiendo la forma como se resuelve esta [l]itis\u201d. <\/p>\n
8. Apelado el fallo del a quo por las dos partes, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil, desat\u00f3 las alzadas mediante sentencia proferida en audiencia del 16 de diciembre de 2019, en la que lo modific\u00f3 para denegar las pretensiones, tanto de la primigenia demanda, como de la reconvenci\u00f3n (acta, fl. 9, cd. 11; y CD, fl. 7 ib.). <\/p>\n
EL PRONUNCIAMIENTO DE SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
Para arribar a las decisiones que adopt\u00f3, el Tribunal adujo los razonamientos que enseguida se compendian: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Memor\u00f3 el contenido del art\u00edculo 2142 del C\u00f3digo Civil, definitorio del contrato de mandato, y puso de presente que al tenor del art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2685 de 1999, por el cual se modific\u00f3 la legislaci\u00f3n aduanera, son declarantes en las operaciones de comercio exterior \u201clas sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera, quienes act\u00faan en nombre y por encargo de los importadores y exportadores\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Sentadas esas bases, trajo a colaci\u00f3n que entre las partes se celebr\u00f3 un contrato de mandato que dur\u00f3 vigente varios a\u00f1os, en virtud del cual la demandante, como mandataria, se encarg\u00f3 de declarar aduaneramente las mercanc\u00edas importadas por la accionada y de obtener su nacionalizaci\u00f3n, y esta \u00faltima, como mandante e importadora, era a quien correspond\u00eda el pago de los tributos aduaneros. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Precis\u00f3 que la primera, con la presente acci\u00f3n, pretendi\u00f3 de la segunda, el reembolso de $302.815.848 que pag\u00f3 a la DIAN, por concepto de impuestos de aduana derivados del ingreso al pa\u00eds de mercanc\u00edas por cuenta de la \u00faltima, y anticip\u00f3 que dicha \u201caspiraci\u00f3n fracasar\u00e1\u201d, toda vez que la responsabilidad de las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera estaba sometida a las previsiones del art\u00edculo 22 del precitado decreto, cuyo contenido reprodujo, el cual estaba vigente para el momento en que tuvieron ocurrencia los hechos fundamento de las s\u00faplicas aqu\u00ed elevadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Explic\u00f3 que, si bien es verdad, como lo aleg\u00f3 la demandante, \u201cunas son las obligaciones administrativas frente al Estado por indebida clasificaci\u00f3n arancelaria y otra es la responsabilidad civil que de ella surge entre las partes del contrato de mandato\u201d, tambi\u00e9n lo es que \u201cpor la especialidad de la gesti\u00f3n que realiza el mandatario, \u00e9st[e] tiene un r\u00e9gimen propio y, en general, es responsable de las consecuencias que se ocasionen por el incumplimiento [de] las obligaciones de ese negocio jur\u00eddico (\u2026). Es parte de su actividad y gesti\u00f3n, como mandataria, que deba responder civilmente (\u2026) con ocasi\u00f3n del incumplimiento de las obligaciones del mandato\u201d. <\/p>\n
Precis\u00f3 que, \u201c[e]n efecto, las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de suscribir en esencia la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n en l\u00ednea de valor, la declaraci\u00f3n de exportaci\u00f3n, la declaraci\u00f3n de tr\u00e1nsito aduanero\u201d; que para ello, en principio, deben atenerse a la informaci\u00f3n suministrada por el respectivo interesado; y que \u201c[n]o est\u00e1 en discusi\u00f3n\u201d en este asunto, el hecho de que la aqu\u00ed demandante \u201cactu\u00f3 como agente intermediario\u201d de la accionada, \u201cal presentar las declaraciones de importaciones\u201d materia del debate. <\/p>\n
Con tales bases, asever\u00f3 que, por lo tanto, \u201cla mandataria asumi\u00f3 una responsabilidad especial para declarar, clasificar y liquidar las partidas arancelarias\u201d y que, \u201clos yerros ocasionados\u201d en desarrollo de esas gestiones, ten\u00edan que \u201cser asumidos directamente por la entidad intermediadora porque, aunque as\u00ed no lo estipule el mandato, la legislaci\u00f3n aduanera es imperativa frente a dicha responsabilidad\u201d, de manera que \u201ctodos los tr\u00e1mites jur\u00eddicos y administrativos que soport\u00f3 la aqu\u00ed demandante eran de su cargo por virtud del tratamiento especial que la ley le atribuye\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Coligi\u00f3 que la actora \u201cno cumpli\u00f3 (\u2026) sus obligaciones legales y convencionales, como quiera que a partir de sus conocimientos especializados pudo advertir que la partida arancelaria estaba mal diligenciada, tanto m\u00e1s si ese [era] su deber como auxiliar de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d, de modo que ella, como sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera, \u201cdebi\u00f3 verificar que la mercanc\u00eda coincidiera con el tratamiento codificado tributario, sin que sea admisible el desconocimiento en dicha \u00e1rea, pues como lo ha reconocido la jurisprudencia, no es viable invocar o, por lo menos, reconocer su propia falta de diligencia, de la que nadie puede obtener beneficio o provecho alguno\u201d, menos trat\u00e1ndose de \u201cun profesional del ramo\u201d, planteamiento que sustent\u00f3 con la invocaci\u00f3n de un fallo de esta corporaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Fincado en una sentencia del Consejo de Estado, el ad quem advirti\u00f3 que la responsabilidad que se radica en esa clase de sociedades \u201cno se opone a las reglas del mandato regulado en la legislaci\u00f3n comercial, dado que se trata de una actividad de car\u00e1cter p\u00fablico que encuentra regulaci\u00f3n espec\u00edfica en las normas aduaneras\u201d; que seg\u00fan el art\u00edculo 3\u00ba del mencionado decreto, ellas son responsables de las obligaciones aduaneras derivadas de su intervenci\u00f3n; y que, entre las mismas,seg\u00fan los art\u00edculos 87 y 188 ib\u00eddem, est\u00e1 la de la clasificaci\u00f3n arancelaria. <\/p>\n
En tal orden de ideas, reiter\u00f3 que, pese a ser \u201ccierto que son distintos los conceptos de la responsabilidad administrativa de la sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera frente al Estado y, por otro lado, las obligaciones propias del mandato entre las partes\u201d, en el presente caso \u201cest\u00e1 demostrado y as\u00ed lo reconoc[i\u00f3] ampliamente la demandante\u201d, que \u201cexisti\u00f3 un incumplimiento frente a los compromisos propios del contrato, pues la entidad que apoya la funci\u00f3n p\u00fablica Asaduanas clasific\u00f3 de manera errada un arancel y ese yerro gener\u00f3 consecuencias pecuniarias que debe asumir\u201d. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, por consiguiente, \u201clos errores cometidos en la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n\u201d, que pudieron \u201cgenerar un mayor pago de tributos aduaneros, as\u00ed como intereses y sanciones, deben imputarse directamente\u201d a la sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera y no al importador, con sujeci\u00f3n a los art\u00edculos 22 y 26 del Decreto 2685 de 1999, por lo que ella era la responsable del faltante detectado por la DIAN, entidad que pod\u00eda exigirle la cancelaci\u00f3n de esos estipendios, \u201cm\u00e1xime que estamos ante la modalidad de un mandato con representaci\u00f3n, en virtud del cual el mandatario, es decir, la demandante, asumi\u00f3 la personer\u00eda de la sociedad Harmex\u201d, como si hubiese sido \u00e9sta la que realiz\u00f3 dichos actos. <\/p>\n
Adicionalmente, puso de presente que la conciliaci\u00f3n con la mencionada entidad, que habilit\u00f3 los pagos, la efectu\u00f3 la actora sin el consentimiento de la demandada, en el entendido que las inconsistencias de las declaraciones de importaci\u00f3n fueron de su cargo, toda vez que la \u00faltima, \u201cprecisamente, para sustraerse de este tipo de responsabilidad\u201d, deleg\u00f3 \u201cen una entidad de orden especializado el tr\u00e1mite de importaci\u00f3n y, por lo mismo, la demandante no puede capitalizar su equivocaci\u00f3n en (\u2026) beneficio propio\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
7. El Tribunal enfatiz\u00f3 que la legislaci\u00f3n civil somete el contrato de mandato al principio de que el mandatario debe realizar el encargo con el \u201cmayor beneficio\u201d o el \u201cmenor gravamen\u201d para el mandante, \u201csin que ello implique apartarse de los t\u00e9rminos (\u2026) del mandato, conforme lo ense\u00f1a el inciso final del art\u00edculo 2173 del C\u00f3digo Civil\u201d, aserto que sustent\u00f3 con la opini\u00f3n de un autorizado tratadista nacional. <\/p>\n
8. Por aparte, advirti\u00f3 que la demandada \u201cno incumpli\u00f3 ninguna de sus obligaciones contractuales, pues (\u2026) pag\u00f3 de manera oportuna el importe arancelario que la aqu\u00ed demandante liquid\u00f3 y report\u00f3 a la DIAN\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
8. En definitiva, esa Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que, por lo tanto, \u201ctodas vicisitudes que surgieron fueron por el propio incumplimiento de la entidad de intermediaci\u00f3n aduanera las que, se insiste y se repite, son atribuibles a \u00e9sta como responsable de la informaci\u00f3n que consign\u00f3\u201d; y que, fruto de ello, habr\u00e1 de modificarse la sentencia de primera instancia \u201cpara, en su lugar, denegar las pretensiones tanto de la demanda principal como (\u2026) de [la] reconvenci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n, su proponente expuso de entrada: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Que el yerro jur\u00eddico atr\u00e1s advertido se materializ\u00f3 al concluir el Tribunal que \u201cla sociedad demandante no tiene derecho al reembolso de la suma de dinero que pag\u00f3 -a titulo de tributos aduaneros- por la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda importada por la sociedad demandada, bajo la consideraci\u00f3n de que se trata de una obligaci\u00f3n propia de la sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera, seg\u00fan las normas de la legislaci\u00f3n del ramo\u201d. <\/p>\n
2. Record\u00f3 lo pedido en la demanda y destac\u00f3 que la negativa de esos pedimentos, el ad quem la sustent\u00f3 en que \u201c(\u2026) \u2018los errores cometidos en la declaraci\u00f3n de importaci\u00f3n que pueden generar un mayor pago de tributos aduaneros, as\u00ed como intereses y sanciones, deben imputarse directamente a las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera y no a la importadora; esto en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con el art\u00edculo 26 de este mismo decreto\u2019; afirmaci\u00f3n que corrobor[\u00f3] con la normativa del art\u00edculo 2173 del C\u00f3digo Civil, en virtud del cual si el mandatario ejecuta el mandato \u2018[\u2026] con menos beneficio o m\u00e1s gravamen que los designados en el mandato, le ser\u00e1 imputable la diferencia\u2019 que \u2018[\u2026] fue lo que ocurri\u00f3 en este caso\u2019 ([s]ubrayas y negrillas fuera de texto)\u201d. <\/p>\n
3. Puntualiz\u00f3 que ese razonamiento es el que se reprocha en el cargo, por cuanto el sentenciador de segunda instancia \u201cconfund[i\u00f3] las obligaciones que las regulaciones legales imponen a las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera con el Estado, como lo es la demandante, con las obligaciones que \u00e9stas mismas contraen con sus mandantes, en virtud de mandato comercial que entre ellas celebran, para la nacionalizaci\u00f3n de las mercanc\u00eda[s] de propiedad de estos \u00faltimos\u201d. <\/p>\n
4. Tras apuntar, con base en los Decretos 2685 de 1999 y 1232 de 2001, que las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera est\u00e1n sometidas a un r\u00e9gimen legal especial y que, en raz\u00f3n del mismo, ellas, adem\u00e1s de los deberes administrativos impuestos en el art\u00edculo 22 del primero de esos ordenamientos, son \u201cresponsables directamente \u2018(\u2026) por los grav\u00e1menes, tasas, sobretasas, multas y sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados\u2019 (\u2026)\u201d, especific\u00f3: <\/p>\n
Y, es aqu\u00ed donde surge el yerro jur\u00eddico que se le imputa al ad quem en el proferimiento de la sentencia impugnada, pues le aplic\u00f3 a la presente controversia, nacida del conflicto surgido entre las partes contratantes del mandato, el r\u00e9gimen de la responsabilidad prevista para sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera en la normatividad aduanera, en la medida en que entendi\u00f3 que, de conformidad con la preceptiva del art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, la obligaci\u00f3n de pagar el mayor valor del tributo aduanero liquidado por la Dian, deb\u00eda asumirla la sociedad mandataria como una sanci\u00f3n, por haber incumplido el contrato de mandato al liquidar equivocadamente el aludido impuesto. <\/p>\n
Tal entendimiento del referido precepto resulta absolutamente equivocado, pues unas son las obligaciones de las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera frente al Estado, que surgen por el hecho de estar \u00e9stas sujetas a un r\u00e9gimen legal y reglamentario establecido para regular su actividad, cuyo incumplimiento apareja las consecuencias que en el mismo r\u00e9gimen se prev\u00e9n y, otras, muy distintas, las obligaciones que surgen para \u00e9stas de la relaci\u00f3n contractual convenidas con el importador, quien es su mandante, cuyo incumplimiento debe debatirse bajo las reglas que para el contrato de mandato prev\u00e9 el C\u00f3digo de Comercio y el C\u00f3digo Civil, [e]ste \u00faltimo por expresa remisi\u00f3n del art\u00edculo 822 del estatuto mercantil; am\u00e9n de que, el pago de grav\u00e1menes o tributos no puede considerarse como una sanci\u00f3n por la equivocada liquidaci\u00f3n del impuesto, sino como el pago que legalmente corresponde por la nacionalizaci\u00f3n de la mercanc\u00eda en el momento de presentarse su declaraci\u00f3n, prestaci\u00f3n que como se dir\u00e1 en su oportunidad corresponde satisfacerla siempre al importador. <\/p>\n
En respaldo de esas aseveraciones, reprodujo los segmentos que estim\u00f3 pertinentes de una sentencia del Consejo de Estado fechada el 27 de septiembre de 2007. <\/p>\n
5. En consonancia con lo anterior, subray\u00f3 que la obligaci\u00f3n legal que recae en las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera de cancelar grav\u00e1menes, tasas, sobretasas, multas y sanciones pecuniarias que se deriven de sus actuaciones, independientemente de que hayan incumplido o no el contrato de mandato con el importador, no traduce que \u00e9ste \u201cquede liberado de su pago, pues es sobre \u00e9l que recae sustancialmente dicha obligaci\u00f3n y la satisface por conducto de su mandataria, es decir, la sociedad de intermediaci\u00f3n; por lo tanto, salvo que haya convenido otra cosa, corre por cuenta del mandante restituirle a \u00e9sta el valor pagado por aquel tributo, como una de las obligaciones del mandato, reguladas por el C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
6. Tild\u00f3 de equivocada la apreciaci\u00f3n que el mencionado sentenciador hizo en relaci\u00f3n con el art\u00edculo 2173 del precitado estatuto, como quiera que la liquidaci\u00f3n de los tributos aduaneros es cuesti\u00f3n reglada, es decir, est\u00e1 tarifada por la ley, de modo que su cuantificaci\u00f3n no depende de que el mandatario cumpla el encargo con mayor beneficio o menos perjuicio para su mandante, en tanto que el monto del respectivo impuesto est\u00e1 \u201cdesprovist[o] de cualquier posibilidad de discusi\u00f3n, y seg\u00fan la jurisprudencia del Consejo de Estado -la suma de dinero que se pague adicionalmente por una errada liquidaci\u00f3n del arancel, no constituye ni un nuevo tributo, ni una sanci\u00f3n, ni una multa, sino que \u2018[\u2026] se trata del tributo correcto que se debe cancelar por la importaci\u00f3n[\u2026]\u2019, cuya satisfacci\u00f3n -como ya se dijo- sigue siendo obligaci\u00f3n sustancial del mandante\u201d. <\/p>\n
Sobre el punto, reiter\u00f3 que el complemento del tributo derivado de su errada liquidaci\u00f3n, \u201cno constituye un mayor valor [del] gravamen para el importador\u201d sino \u201cla tarifa vigente al momento de la importaci\u00f3n\u201d; y que, \u201cdistinto es que, adem\u00e1s del tributo el importador fuese obligado al pago adicional de tasas, sobretasa[s], multas y sanciones pecuniarias (\u2026), cual es una de la hip\u00f3tesis previstas en el art\u00edculo 2173 del C\u00f3digo Civil, pues, entonces, la sociedad intermediadora ser\u00eda la responsable ante el Estado y, seg\u00fan las circunstancias, ante el mandante\u201d. <\/p>\n
7. Al cierre observ\u00f3 que, como consecuencia de los indicados desatinos jur\u00eddicos, fue que se negaron las pretensiones de la demanda con la que se dio inicio al proceso, lo que deja al descubierto la trascendencia de los mismos y agreg\u00f3 un buen n\u00famero de apreciaciones orientadas a guiar el fallo sustitutivo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. De entrada debe destacarse el alcance parcial del recurso de casaci\u00f3n cuyo estudio emprende la Sala, como quiera que, habiendo sido interpuesto \u00fanicamente por la primigenia actora, propio es entender que \u00e9l solo comprendi\u00f3 la acci\u00f3n por ella intentada, y no la que la inicial demandada plante\u00f3 en la reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Ostensible es que si Harmex S.A. no impugn\u00f3 extraordinariamente la negativa que el Tribunal adopt\u00f3 en frente de las pretensiones que ella inco\u00f3 en ese \u00faltimo libelo, tal determinaci\u00f3n se torn\u00f3 firme, en la medida que la \u00fanica legitimada para controvertirla no lo hizo, y que, por ende, la Corte no puede revisar, en lo m\u00e1s m\u00ednimo, la definici\u00f3n que dicha autoridad adopt\u00f3 en relaci\u00f3n con esa parte del litigio. <\/p>\n
2. Circunscritos, pues, a la acci\u00f3n de responsabilidad contractual ejercitada por Asaduanas Asesores S.A.S. – en liquidaci\u00f3n, es del caso se\u00f1alar que la cabal y correcta comprensi\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, permite arribar a las siguientes inferencias: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, que la invocaci\u00f3n que el ad quem hizo del r\u00e9gimen especial aduanero, en general, y de las previsiones del art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, en particular, fue el punto del que parti\u00f3 para identificar que una de las obligaciones adquiridas por la aqu\u00ed demandante frente a la accionada, en desarrollo del contrato de mandato que celebraron, independientemente de que as\u00ed lo hubiesen previsto expresamente, correspondi\u00f3 a la de clasificar acertadamente, en las partidas y subpartidas arancelarias, la mercanc\u00eda importada por la \u00faltima. <\/p>\n
Al respecto, debe memorarse que si bien es verdad esa Corporaci\u00f3n, desde el comienzo de las motivaciones de su fallo, anunci\u00f3 el fracaso de la acci\u00f3n fincada en el precepto atr\u00e1s citado, tambi\u00e9n lo es que, en desarrollo de ese planteamiento, explic\u00f3 que unas son las obligaciones de las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera frente al Estado y otras las que se derivan del contrato de mandato que ellas celebran con quienes recurren a la prestaci\u00f3n de sus servicios; que no fue objeto de discusi\u00f3n en el proceso, el hecho de que la actora \u201cactu\u00f3 como agente intermediario\u201d (se subraya) de la demandada, en las importaciones de que dan cuenta las declaraciones que en el libelo introductorio se identificaron como generadoras del conflicto; que ella asumi\u00f3 la responsabilidad de \u201cdeclarar, clasificar y liquidar las partidas arancelarias\u201d (se subraya); y que los \u201cyerros ocasionados\u201d en la ejecuci\u00f3n de esos deberes, los ten\u00eda que asumir directamente, \u201cporque aunque as\u00ed no lo estipule el mandato, la legislaci\u00f3n aduanera es imperativa frente a dicha responsabilidad\u201d (se subraya), de modo que \u201ctodos los tr\u00e1mites jur\u00eddicos y administrativos que soport\u00f3 la aqu\u00ed demandante, eran de su cargo por virtud del tratamiento especial que la ley le atribuye\u201d (se subraya). <\/p>\n
2.2. Establecido lo anterior, el Tribunal, en segundo t\u00e9rmino, consider\u00f3 que \u201cAsaduanas[Asesores] S.A.S. – en liquidaci\u00f3n, no cumpli\u00f3 con sus obligaciones legales y convencionales, como quiera que, a partir de sus conocimientos especializados, pudo advertir que la partida arancelaria estaba mal diligenciada, tanto m\u00e1s si es[e][era] su deber, como auxiliar de la funci\u00f3n p\u00fablica\u201d (se subraya), desatenci\u00f3n que no hall\u00f3 justificada, sobre todo, porque era una profesional del ramo. <\/p>\n
En suma, dicha autoridad asever\u00f3 que \u201ces cierto que son distintos los conceptos de la responsabilidad administrativa de la sociedad de intermediaci\u00f3n aduanera frente al Estado y, por otro lado, las obligaciones propias del mandato entre las partes\u201d; y que \u201cen el caso bajo estudio, est\u00e1 demostrado y as\u00ed lo reconoc[i\u00f3] ampliamente la demandante(\u2026),existi\u00f3 un incumplimiento frente a los compromisos propios del contrato, pues (\u2026)Asaduanas clasific\u00f3 de manera errada un arancel y ese yerro gener\u00f3 consecuencias pecuniarias que debe asumir\u201d (se subraya). <\/p>\n
2.3. Previa nueva invocaci\u00f3n del ya citado art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, el sentenciador de segunda instancia insisti\u00f3 en que la prenombrada demandante era \u201cresponsable direct[a] del pago de los tributos aduaneros dejados de cancelar con ocasi\u00f3n de las inexactitudes consignadas en esas declaraciones de importaci\u00f3n\u201d; que, por consiguiente, \u201cla DIAN pod\u00eda exigirle el pago de estos grav\u00e1menes\u201d, m\u00e1s cuando el mandato celebrado era con representaci\u00f3n; y que, en raz\u00f3n de ello, estaba facultada para celebrar las conciliaciones que acord\u00f3 con la DIAN, que no fueron consentidas por la aqu\u00ed accionada, as\u00ed como para adelantar los procesos contenciosos administrativos que gestion\u00f3. <\/p>\n
2.4. A continuaci\u00f3n, con sustento en el art\u00edculo 2173 del C\u00f3digo Civil, puso de presente que, en la ejecuci\u00f3n del mandato, \u201cel mandatario debe aprovecharse de las circunstancias para realizar su encargo con [el] mayor beneficio o [el] menor gravamen (\u2026) para el mandante, sin que ello implique apartarse de los t\u00e9rminos del (\u2026) mandato\u201d; y con ayuda de la opini\u00f3n de un tratadista nacional, advirti\u00f3 que si as\u00ed no procede,\u201c(\u2026) \u2018le ser\u00e1 imputable la diferencia\u2019, que fue lo que ocurri\u00f3 en este caso\u201d. <\/p>\n
2.5. Para terminar, dicho juzgador precis\u00f3 que la demandada \u201cno incumpli\u00f3 ninguna de sus obligaciones contractuales, pues (\u2026) pag\u00f3 de manera oportuna el importe arancelario que la aqu\u00ed demandante liquid\u00f3 y report\u00f3 a la DIAN, de manera que todas las vicisitudes que surgieron fueron por el propio incumplimiento de la entidad de intermediaci\u00f3n aduanera\u201d, toda vez que ella era la \u201cresponsable de la informaci\u00f3n que consign\u00f3\u201d. <\/p>\n
No obstante ser verdad que el ad quem admiti\u00f3 que la aqu\u00ed accionante era responsable directa del mayor valor de los tributos aduaneros derivado del error en la clasificaci\u00f3n arancelaria de la mercanc\u00eda importada, debe enfatizarse que con tal reconocimiento dicha Corporaci\u00f3n no justific\u00f3 la desestimaci\u00f3n que hizo de las pretensiones por ella incoadas. <\/p>\n
La comentada apreciaci\u00f3n del Tribunal obedeci\u00f3 al hecho de que as\u00ed lo preve\u00eda el ya varias veces citado art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, al decir, en su inciso 2\u00ba, que \u201c[l]as sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera responder\u00e1n directamente por los grav\u00e1menes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados\u201d (se subraya). <\/p>\n
Y, adicionalmente, le sirvi\u00f3 a esa autoridad para deducir que la DIAN s\u00ed pod\u00eda exigir el pago del faltante a AsaduanasAsesores S.A.S., en liquidaci\u00f3n; y que \u00e9sta, consiguientemente, estaba legitimada para realizar las conciliaciones que acord\u00f3 con dicha entidad y para promover las acciones contenciosas que en efecto adelant\u00f3. <\/p>\n
3. Tampoco es verdad que el ad quem hubiese confundido las obligaciones que la legislaci\u00f3n aduanera impon\u00eda a las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera en relaci\u00f3n con el Estado, con las que surg\u00edan a su cargo de los contratos de mandato que celebraban con sus clientes. <\/p>\n
Como qued\u00f3 registrado, el Tribunal, de manera insistente, recab\u00f3 en la diferencia de unas y otras obligaciones, pero admiti\u00f3 la interrelaci\u00f3n de las mismas, en el sentido de que algunas de las imposiciones legales pod\u00edan significar deberes contractuales a cargo de la mandataria, as\u00ed \u00e9sta no los hubiera convenido expl\u00edcitamente con la mandante, como era la correcta clasificaci\u00f3n arancelaria de las mercanc\u00edas importadas, seg\u00fan ya se vio. <\/p>\n
Esa postura del ad quem, sin duda, no comport\u00f3 el quebranto directo de ninguna norma de la legislaci\u00f3n aduanera, ni la infracci\u00f3n de las reglas disciplinantes del contrato de mandato. <\/p>\n
4. Alejado de la realidad que aflora de la sentencia cuestionada, es que el recurrente hubiere insistido en que la definici\u00f3n del litigio intentado por Asaduanas Asesores S.A.S. – en liquidaci\u00f3n, el Tribunal la soport\u00f3 \u201cen la normatividad aduanera, en la medida en que entendi\u00f3 que, de conformidad con la preceptiva del art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, la obligaci\u00f3n de pagar el mayor valor del tributo aduanero liquidado por la Dian, deb\u00eda asumirla la sociedad mandataria como una sanci\u00f3n, por haber incumplido el contrato del contrato de mandato al liquidar equivocadamente el aludido impuesto\u201d. <\/p>\n
Como ya se analiz\u00f3, esa no fue la causa del fracaso de la referida acci\u00f3n. M\u00e1s a\u00fan, el Tribunal no calific\u00f3 el mayor valor del tributo aduanero surgido de la incorrecta clasificaci\u00f3n que de las mercanc\u00edas hizo la actora, como \u201cuna sanci\u00f3n\u201d derivada de la insatisfacci\u00f3n de ese d\u00e9bito contractual, ni asign\u00f3 su pago a la premencionada intermediaria por considerarlo tal. <\/p>\n
El ad quem, valga reiterarlo, neg\u00f3 lo pedido por la primigenia actora, debido a que hall\u00f3 acreditado su incumplimiento del contrato de mandato que celebr\u00f3 con la accionada, con la aceptaci\u00f3n que de esa situaci\u00f3n ella misma hizo, y aparejadamente, porque no encontr\u00f3 que Harmex S.A., como mandante, hubiese desatendido sus deberes convencionales, sin perjuicio, claro est\u00e1, de que coligiera, en atenci\u00f3n a las expresas previsiones del art\u00edculo 22 del Decreto 2685 de 1999, que el pago del mayor tributo aduanero, esa disposici\u00f3n lo asignaba a la intermediaria aduanera, inferencia que, no entra\u00f1\u00f3 que con ella, en primer lugar, se atribuyera al referido estipendio la condici\u00f3n de sanci\u00f3n, y en segundo orden, se violentara esa norma o alguna otra del r\u00e9gimen aduanero. <\/p>\n
5. Cabe agregar que no fue el sentido del estudio efectuado por el Tribunal, colegir que los importadores quedaban liberados de atender el pago de los tributos aduaneros, al disponer, por una parte, la norma en comento, que las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera \u201cresponder\u00e1n directamente por los grav\u00e1menes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados\u201d y, por otra, el art\u00edculo 2173 del C\u00f3digo Civil, que si el mandatario \u201cnegociare con menos beneficio o m\u00e1s gravamen que los designados en el mandato, le ser\u00e1 imputable la diferencia\u201d. <\/p>\n
El an\u00e1lisis de esa Corporaci\u00f3n estuvo dirigido a observar que, cuando de importaciones se trata, la satisfacci\u00f3n de ese gravamen y del mayor valor del mismo derivado de la incorrecta clasificaci\u00f3n arancelaria de las mercanc\u00edas objeto de esas operaciones, recae en las sociedades de intermediaci\u00f3n aduanera, porque as\u00ed lo consagraba el art\u00edculo 22 del Decreto 2265 de 1999, independientemente de que la importadora estuviera igualmente llamada a atender dichas obligaciones. <\/p>\n
Y, adicionalmente, que el segundo de esos rubros, en los t\u00e9rminos del otro precepto mencionado, recae en la mandataria, toda vez que fue su error, al ubicar indebidamente la mercanc\u00eda ingresada al pa\u00eds en las distintas categor\u00edas arancelarias, la causa de esta nueva obligaci\u00f3n desde la perspectiva del contrato de mandato, independientemente de que ella, a la luz de la legislaci\u00f3n aduanera, corresponda al concepto de tributo aduanero. <\/p>\n
Y es patente que para el ad quem, en el plano del contrato de mandato, o si se quiere, del derecho comercial, disciplinante del mismo, ese mayor valor constitu\u00eda una nueva obligaci\u00f3n, en sentido estricto, toda vez que, como ya se registr\u00f3, ese juzgador estim\u00f3 que la mandante Harmex S.A. cumpli\u00f3 cabalmente sus deberes contractuales, particularmente, el de sufragar el referido gravamen a su cargo, inferencia f\u00e1ctica no controvertida en casaci\u00f3n, de la que se sigue forzosamente, que con dicho pago se extingui\u00f3 completamente el mismo, por lo que el faltante que la DIAN determin\u00f3 posteriormente era, se insiste, una nueva carga econ\u00f3mica de la importadora. <\/p>\n
6. Lo expuesto en precedencia, permite a la Sala reiterar que el Tribunal no resolvi\u00f3 el litigio con base en el r\u00e9gimen especial aduanero, sino de los preceptos disciplinantes del mandato, sin confundir los dos reg\u00edmenes y sin quebrantar directamente las normas sustanciales que integran uno y otro. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Ahora bien, visto el recurso de casaci\u00f3n auscultado desde otra perspectiva, se tiene que si los se\u00f1alados pilares f\u00e1cticos de la sentencia fustigada -el incumplimiento de la demandante de las obligaciones que surgieron para ella del contrato de mandato que celebr\u00f3 con la accionada, y adem\u00e1s, el cabal cumplimiento de los deberes convencionales a cargo de esta \u00faltima-, no los combati\u00f3 el impugnante, como en efecto no lo hizo, toda vez que al venir montado el \u00fanico cargo que propuso en la causal primera de casaci\u00f3n, dicho reproche era inid\u00f3neo para ello, puesto que cuando se denuncia la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, a voces del literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, la acusaci\u00f3n \u201cse circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u201d, se impone colegir que como esos fundamentos contin\u00faan en pie, y por ende, siguen brindando suficiente respaldo al fallo de segunda instancia, el anotado cuestionamiento impugnativo deviene intrascendente. <\/p>\n
Es que si, en gracia de discusi\u00f3n, se admitiera que el Tribunal infringi\u00f3 en forma directa las normas sustanciales precisadas en la censura, y en tal virtud se optara por casar su sentencia, la Corte, de todas maneras, no podr\u00eda, en el fallo sustitutivo, arribar a una conclusi\u00f3n diferente a la establecida por esa autoridad, en tanto y en cuanto, los fundamentos en que ella descansa, no fueron resquebrajados por el recurrente. <\/p>\n
<\/p>\n
7. Imperioso es, entonces, colegir el naufragio de la acusaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 17 de octubre de 2019, proferida por el Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado en los comienzos de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Replicada en tiempo la demanda tanto por el extremo opositor, como por la llamada en garant\u00eda, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo, en favor de cada una de ellas. La Secretar\u00eda de la Sala practique las correspondientes liquidaciones. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SC837-2022 (2015-01208-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente SC837-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b011001-31-03-043-2015-01208-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62607","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62607"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62607\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62607"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62607"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}