SC877-2022 (2011-00255-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC877-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-012-2011-00255-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandado frente a la sentencia proferida el 8 de marzo de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso ordinario promovido por Sonia Emilce Garc\u00eda S\u00e1nchez y Luis Carlos Echeverry Zapata contra Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez, al cual fueron vinculados Leonardo Escobar Moncada y Catherin Calle Garc\u00eda como litisconsortes necesarios del convocado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los demandantes solicitaron declarar la nulidad absoluta de la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica 1755, otorgada el 14 de septiembre de 2009 en la Notar\u00eda 5 de Medell\u00edn, por Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez, como vendedor, Sonia Emilce Garc\u00eda S\u00e1nchez y Luis Carlos Echeverry Zapata, como compradores, y que tuvo por objeto 3 predios rurales denominados Las Acacias, El Centenario y la Ilusi\u00f3n, del municipio de Simacota (Santander). <\/p>\n
En consecuencia, pidieron disponer la cancelaci\u00f3n de la protocolizaci\u00f3n, la \u00abresoluci\u00f3n\u00bb del contrato y la devoluci\u00f3n por el accionado de $250\u2019000.000 pagados en efectivo, as\u00ed como de la finca Rancho Grande ubicada en el municipio de Caramanta (Antioquia), entregada por valor de $950\u2019000.000 o este valor, de $20\u2019000.000 correspondientes a la hipoteca ajustada en aquella escritura de compraventa y de $780\u2019000.000 representados en 4 pagar\u00e9s suscritos en garant\u00eda de pago del saldo del precio, para un total de $2.000\u2019000.000. <\/p>\n
Por \u00faltimo, deprecaron condenar al demandado al pago de perjuicios, en cuant\u00eda de $3.500\u2019000.000, y la cl\u00e1usula penal pactada en la promesa signada con anterioridad a la venta. <\/p>\n
2. Tales pretensiones tuvieron como sustento f\u00e1ctico el que a continuaci\u00f3n se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Previa suscripci\u00f3n de una promesa de venta, las partes ajustaron el contrato prometido a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 1755 mencionada, cuyo objeto fueron los predios rurales denominados Las Acacias, El Centenario y la Ilusi\u00f3n, del municipio de Simacota (Santander), entregados a los compradores, quienes pagaron el precio en la forma descrita en la pretensi\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Por solicitud de Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez, la finca Rancho Grande ubicada en el municipio de Caramanta (Antioquia) fue entregada como parte del precio, estimada en $950\u2019000.000, a Leonardo Escobar Moncada por Sonia Emilce Garc\u00eda S\u00e1nchez y Luis Carlos Echeverry Zapata, a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 1708 de 6 de noviembre de 2009 de la Notar\u00eda 10 de Medell\u00edn, quien la hipotec\u00f3 a favor de Catherin Calle Garc\u00eda. <\/p>\n
2.3. A pesar del cumplimiento de las obligaciones por los compradores, la escritura p\u00fablica 1755 de 14 de septiembre de 2009 de la Notar\u00eda 5 de Medell\u00edn no se ha inscrito porque la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos inform\u00f3 que, seg\u00fan la tradici\u00f3n de los inmuebles Las Acacias, El Centenario y la Ilusi\u00f3n, aunque actualmente son de propiedad de Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez, en otra \u00e9poca fueron bald\u00edos adjudicados por el Incora, hoy Incoder, y totalizan un \u00e1rea de 394 hect\u00e1reas y 5.121 metros cuadrados, de donde la compraventa transgrede las restricciones consagradas en el art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 al sobrepasar la Unidad Agr\u00edcola Familiar establecida en la zona. <\/p>\n
3. Una vez vinculado al pleito el enjuiciado se resisti\u00f3 a las pretensiones y propuso las excepciones meritorias de \u00abmala fe de la parte actora\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abexceso en pedir el pago de da\u00f1os y perjuicios y devoluci\u00f3n de lo pretendido\u00bb, \u00abcaducidad de la acci\u00f3n\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
Leonardo Escobar Moncada y Catherin Calle Garc\u00eda guardaron silencio. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de descongesti\u00f3n de Medell\u00edn, una vez agotadas las fases del juicio, con sentencia de 26 de junio de 2013 declar\u00f3 infundadas las defensas del encausado, accedi\u00f3 a la nulidad absoluta de la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica 1755 de 14 de septiembre de 2009 de la Notar\u00eda 5 de Medell\u00edn y neg\u00f3 las dem\u00e1s peticiones del libelo, incluidas las restituciones mutuas por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1525 del C\u00f3digo Civil, al considerar que ambas partes eran conocedoras de las restricciones que tienen los predios negociados. <\/p>\n
5. Al resolver las apelaciones interpuestas por el accionante, el enjuiciado y el litisconsorte necesario Leonardo Escobar Moncada, el superior modific\u00f3 la decisi\u00f3n con providencia de 8 de marzo de 2018, accedi\u00f3 a las restituciones mutuas negadas por el fallador a-quo, declar\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de los litisconsortes necesarios del demandado y, por \u00faltimo, conden\u00f3 en costas a los perdedores del proceso y de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. El juzgador ad-quem inicialmente tuvo por satisfechos los presupuestos procesales, record\u00f3 las causales de ineficacia de los negocios jur\u00eddicos, la regulaci\u00f3n patria sobre los bienes bald\u00edos y la Unidad Agr\u00edcola Familiar. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n consider\u00f3 que el art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 impuso respecto de los bienes bald\u00edos adjudicados por el Incora e Incoder, incluso con anterioridad a esa regulaci\u00f3n, la prohibici\u00f3n de enajenarlos si superan el \u00e1rea equivalente a una Unidad Agr\u00edcola Familiar, la que asciende de 50 a 68 hect\u00e1reas en el municipio de Simacota. <\/p>\n
Y como los lotes Las Acacias, El Centenario y la Ilusi\u00f3n, tal cual lo consider\u00f3 el Juzgado de primera instancia, fueron objeto de adjudicaciones en los t\u00e9rminos citados seg\u00fan se desprende de su tradici\u00f3n -aun cuando los actos administrativos favorecieran a propietarios anteriores a Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez-, no pod\u00edan ser objeto de la venta realizada por este a los demandantes, m\u00e1xime cuando ostentan \u00e1reas de 141 hect\u00e1reas con 380 metros cuadrados, 28 hect\u00e1reas con 7.421 metros cuadrados y 224 hect\u00e1reas con 7.500 metros cuadrados, respectivamente. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que no obstante tratarse de 3 inmuebles diversos, es necesario sumar sus \u00e1reas para determinar si la venta queda abrigada con la restricci\u00f3n aludida, pues la intenci\u00f3n del legislador fue impedir que una sola persona posea m\u00e1s de una Unidad Agr\u00edcola Familiar, lo que tambi\u00e9n explica que deba declararse la nulidad absoluta por objeto il\u00edcito respecto del contrato total mas no parcial; conclusi\u00f3n que no desmerece porque los compradores se abstuvieran de intentar registrar la escritura p\u00fablica que plasma la compraventa, ni porque el Incoder posteriormente haya autorizado el negocio. <\/p>\n
3. Seguidamente el despacho judicial de segundo grado razon\u00f3 que la adquisici\u00f3n de la finca Rancho Grande ubicada en el municipio de Caramanta por Leonardo Escobar Moncada, y la posterior constituci\u00f3n de hipoteca a favor de Catherin Calle Garc\u00eda, no los convert\u00edan en litisconsortes necesarios del accionado, m\u00e1xime si no participaron en el contrato ajustado entre este y los demandantes, por ende, ostentan la condici\u00f3n de terceros de buena fe. <\/p>\n
4. En relaci\u00f3n con las restituciones mutuas consecuentes a la nulidad absoluta declarada, memor\u00f3 que aunque el art\u00edculo 1525 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que no puede repetirse por lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa il\u00edcita a sabiendas, tal precepto no es aplicable al caso porque la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 no ha sido pac\u00edfica. Adem\u00e1s el demandante, aunque es comerciante, conoci\u00f3 de la prohibici\u00f3n plasmada en ese canon legal cuando inici\u00f3 los tr\u00e1mites tendientes al registro de la escritura p\u00fablica de compraventa, que no finiquit\u00f3 al obtener conceptos como el proveniente de la Superintendencia de Notariado y Registro. <\/p>\n
Igual trat\u00f3 merece el demandado porque no se prob\u00f3 que conociera la restricci\u00f3n legal citada, m\u00e1xime si \u00e9l no fue adjudicatario en ninguno de los actos administrativos con los cuales el Estado traspaso el dominio de las heredades, tampoco se le impuso impedimento alguno cuando los adquiri\u00f3, de all\u00ed que lo ampare el leg\u00edtimo convencimiento de estar ante inmuebles sin restricci\u00f3n en el comercio inmobiliario, al punto que una vez fue requerido por los compradores para solucionar el inconveniente a ellos presentado obtuvo del Incoder la autorizaci\u00f3n para la venta que hab\u00eda celebrado con los accionantes. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la sentencia de \u00faltima instancia el accionado propuso cuatro reproches, de los cuales la Sala s\u00f3lo admiti\u00f3 el primero (AC5399 de 2018). <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. Al amparo de la primera causal del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, adujo que el fallo atacado vulner\u00f3 por v\u00eda directa los art\u00edculos 72 de la ley 160 de 1994 y 1525 del C\u00f3digo Civil por indebida aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En desarrollo de la censura se\u00f1al\u00f3 el recurrente que la adjudicaci\u00f3n que hizo el Estado del predio Las Acacias data del 30 de junio de 1976 y la del lote La Ilusi\u00f3n se remonta al 29 de mayo de 1990, actos administrativos en los cuales no intervino Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez como adjudicatario, pues \u00e9l los adquiri\u00f3 con posterioridad, de donde se observa que el negocio impugnado fue anulado aplicando de forma retroactiva la ley 160 de 1994, a pesar de que rige para el futuro por expresa menci\u00f3n de su art\u00edculo 112. <\/p>\n
Respecto al predio El Centenario refiri\u00f3 que su adjudicaci\u00f3n data de 12 de abril de 2007, lo cual evidencia que \u00abest\u00e1 dentro de la ley 160 de 1994 y dem\u00e1s normas complementarias. Se ajusta a derecho\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los citados actos administrativos de adjudicaci\u00f3n s\u00f3lo pod\u00edan ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa, de all\u00ed que los funcionarios judiciales cognoscentes de esta causa carec\u00edan de facultades para declararlos nulos, as\u00ed como para determinar si tales actos u otro ulterior que tuviera por objeto tales heredades es \u00ablegal o ilegal\u00bb, pues los adquirentes posteriores no deben soportar carga alguna por no haberla impuesto el \u00abIncoder al realizar la tradici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que los negocios jur\u00eddicos se rigen por el ordenamiento vigente al momento de su celebraci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 38 de la ley 153 de 1887, por lo que resulta inviable aplicarles normas posteriores, pues esto va en desmedro de situaciones consolidadas. <\/p>\n
Finalmente adujo que el tribunal err\u00f3 al considerar que la sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional razon\u00f3 que la prohibici\u00f3n establecida en el art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 se aplica a todos los predios que hubieren sido adjudicados como bald\u00edos, pues esta Corporaci\u00f3n hizo referencia a un tema diverso como las zonas de inter\u00e9s de desarrollo rural y econ\u00f3mico \u00abZidres\u00bb, previstas en la ley 1776 de 2016. <\/p>\n
3. De otro lado, indic\u00f3 el inconforme, tambi\u00e9n fue mal empleado el art\u00edculo 1525 del C\u00f3digo Civil, el cual establece que no se podr\u00e1 repetir por objeto il\u00edcito a sabiendas de su ilicitud, porque \u00ab[s]i los demandantes pensaban que hab\u00eda ilicitud no pod\u00edan pedir la acci\u00f3n de repetici\u00f3n como lo hacen en las pretensiones de la demanda, y menos a\u00fan pod\u00eda el tribunal ordenar las restituciones mutuas puesto que desconoce dicha norma\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Observaci\u00f3n previa. <\/p>\n
Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso, a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. Los campesinos, trabajadores rurales y la propiedad agraria. <\/p>\n
2.1. Las inestables pol\u00edticas relativas a la propiedad agraria dieron lugar al surgimiento del conflicto social entre los colonos (compelidos a desarrollar una agricultura campesina de subsistencia) y terratenientes (que propend\u00edan por grandes latifundios productores para el comercio interno y externo), a ra\u00edz de una contraposici\u00f3n de intereses entre los peque\u00f1os industriales y los propietarios en punto al acceso a la tierra, privada o resultante del dominio preminente del Estado sobre los fundos que carec\u00edan de propietario reconocido. <\/p>\n
\u00abDesde la conformaci\u00f3n de la Rep\u00fablica hasta 1905 se expidi\u00f3 una serie de leyes y decretos reglamentarios que buscaban destinar las tierras de dominio estatal a diversos fines, entre estos: indemnizar o compensar a los militares de la guerra de la Independencia y a los veteranos de las guerras internas del siglo XIX; atraer inmigrantes extranjeros para colonizar tierras de frontera y mejorar la raza; apoyar la construcci\u00f3n de obras de infraestructura y en particular las redes viales y ferroviarias; pagar bonos de deuda p\u00fablica y financiar el deficitario presupuesto estatal; aumentar los cultivos de productos para la exportaci\u00f3n y para el mercado interno; ampliar la frontera agropecuaria; titular -o legalizar- las tierras ocupadas y explotadas por colonos y pobladores rurales en general; y dar tierras a nuevas poblaciones, a los departamentos y municipios y a instituciones educativas estatales (para compensar en parte los escasos recursos destinados a la educaci\u00f3n).\u00bb1 <\/p>\n
Otro factor determinante en el acrecentamiento de ese conflicto social fue el fomento y la ampliaci\u00f3n de la frontera agr\u00edcola, la cual tuvo su inicio en la econom\u00eda de las naciones de Am\u00e9rica Latina que era impulsada inicialmente por la exportaci\u00f3n de materias primas; a partir de 1850 se produjo un crecimiento de tal sector a trav\u00e9s de la expansi\u00f3n de la agricultura y la ganader\u00eda, motivado por la demanda en los centros industriales de Europa y Norteam\u00e9rica de productos como el caf\u00e9, az\u00facar, trigo, bananos, carnes, entre otros. <\/p>\n
Esta necesidad de abastecimiento gener\u00f3 disputas de orden social entre terratenientes y colonos, habida cuenta del nuevo papel relevante de la tierra y la mano de obra, de all\u00ed que la ley 61 de 1874 consagrara que \u00abel colono tendr\u00e1 derecho \u2018a que se le adjudique gratuitamente una porci\u00f3n de terreno adyacente, igual en extensi\u00f3n a la parte cultivada\u2019. Sin embargo este derecho solo se conced\u00eda a los colonos que tuviesen \u2018dehesas de ganado o siembras de cacao, caf\u00e9, ca\u00f1a de az\u00facar u otra clase de plantaciones permanentes\u2019, condici\u00f3n que parece obedecer, como dice Legrand, al particular inter\u00e9s de los gobernantes de entonces en promover los cultivos para la exportaci\u00f3n (Ministerio de Industrias, 1931, Tomo III, p\u00e1gina 121). En cambio, a los colonos que simplemente \u2018estuvieran en posesi\u00f3n de tierras bald\u00edas\u2019, es decir, que no tuvieran plantaciones permanentes, se les otorgaba un terreno adyacente al cultivado no mayor a 30 hect\u00e1reas (Ministerio de Industrias, 1931, Tomo III, p\u00e1gina 122). Al parecer, esta disposici\u00f3n se refer\u00eda a los campesinos que \u00fanicamente ten\u00edan cultivos de pan coger, a los m\u00e1s pobres.\u00bb2 <\/p>\n
Y con el prop\u00f3sito de fomentar y ampliar la frontera agr\u00edcola, el Estado adopt\u00f3 medidas como la desamortizaci\u00f3n de bienes de manos muertas de la iglesia y comunidades religiosas; la pol\u00edtica de colonizaci\u00f3n con peque\u00f1os propietarios que acced\u00edan a la tierra si la hab\u00edan cultivado en cantidad m\u00ednima de 10 fanegadas; la expedici\u00f3n del C\u00f3digo Fiscal de 1873 que orden\u00f3 el uso de las tierras bald\u00edas; todo bajo la condici\u00f3n de establecer, en el lapso m\u00e1ximo de 10 a\u00f1os, alguna destinaci\u00f3n agr\u00edcola o pecuaria, so pena de que los terrenos retornaran al Estado. <\/p>\n
Estas \u00faltimas reformas denotan que entre 1870 y 1930 la pol\u00edtica gubernamental vir\u00f3, al conceder t\u00edtulos a quienes cultivaran individualmente la tierra, generando la posibilidad de acceso para los colonos o campesinos independientes que pose\u00edan un porcentaje limitado de lotes. Pero no sucedi\u00f3 lo propio con la formalizaci\u00f3n de los t\u00edtulos de dominio, de un lado, porque los bonos territoriales ofrecidos por el Estado a los campesinos -entre muchos interesados- como mecanismo para hacerse due\u00f1o, solamente pod\u00edan adquirirse en las ciudades mayores, poco frecuentadas por aquellos; y porque carec\u00edan del dinero o los conocimientos para servirse de dichos instrumentos.3 <\/p>\n
Se form\u00f3, entonces, un grupo numeroso de colonos que carec\u00edan de t\u00edtulos y una reducida clase que s\u00ed accedieron a tal prerrogativa. <\/p>\n
Con el trascurso del tiempo el problema agrario se hizo cada vez m\u00e1s visible, particularmente en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, en donde los arrendatarios de las haciendas (quienes laboraban mediando contrato de aparecer\u00eda la mayor\u00eda de las veces), buscaron mejorar sus condiciones al sembrar caf\u00e9 en sus propias parcelas, es decir, reclamaron la propiedad de los predios en que trabajaban, rehusaron laborar gratis para los hacendados, e incluso, generaron los primeros brotes de violencia. <\/p>\n
Para mediados del siglo XX nacen los movimientos pol\u00edticos para abanderar las reclamaciones de los cultivadores, como el denominado Animista de Gait\u00e1n, entre otros, lo que motiv\u00f3 al gobierno nacional para intentar dar soluci\u00f3n al dif\u00edcil entorno, por mecanismos orientados a contrarrestar la concentraci\u00f3n de la tierra, muestra de lo cual fue la expedici\u00f3n de las leyes 71 de 1917, 119 de 1919, 74 de 1926, 200 de 1936 y el acto legislativo 1 de 1936 a trav\u00e9s del cual aprob\u00f3 la extinci\u00f3n del dominio de las tierras otorgadas por el Estado y no explotadas. <\/p>\n
Aunque los conflictos por la tierra disminuyeron, en verdad no fueron solucionados y sigui\u00f3 consolid\u00e1ndose la estructura agraria caracterizada por la inequidad y, como respuesta de los afectados, la violencia, pues los aparceros y arrendatarios salieron de las haciendas; unos porque los propietarios les compraron las mejoras que hab\u00edan levantado, otros con desalojos violentos una vez se declaraban poseedores de las tierras que labraban y demandaban la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio. <\/p>\n
El temor de los propietarios a perder las tierras que los colonos supon\u00edan bald\u00edas, pero que en realidad hab\u00edan sido apropiadas y legalizadas como privadas, gener\u00f3 un retroceso en la legislaci\u00f3n adoptada hasta el momento, mediante la expedici\u00f3n de la ley 100 de 1944, que regener\u00f3 los contratos de arrendamiento y aparcer\u00eda con los cuales los campesinos productores hab\u00edan mostrado desacuerdo, ampli\u00f3 de 10 a 15 a\u00f1os el t\u00e9rmino requerido para extinguir el dominio de las tierras no explotadas y limit\u00f3 los juicios de lanzamiento que hasta entonces serv\u00edan de herramienta a los colonos para salvaguardar sus posesiones. <\/p>\n
A ra\u00edz de los acuerdos del Frente Nacional; de la Alianza para el Progreso con los Estados Unidos, que impuls\u00f3 reformas en Am\u00e9rica Latina auspiciadas con cr\u00e9ditos externos; y de las directrices de organismos internacionales como la FAO4, naci\u00f3 un intento de reforma agraria que retomaba las bases de la ley 200 de 1936, esto es, la extinci\u00f3n de dominio de predios que durante 10 a\u00f1os no hubieran sido explotados econ\u00f3micamente y la posibilidad para los detentadores de solicitar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Sin embargo, los prop\u00f3sitos no se cumplieron totalmente, pues no se cont\u00f3 con la institucionalidad que permitiera llevar a los beneficiarios los servicios requeridos para mantener la producci\u00f3n, incorporarla al mercado con las pertinentes garant\u00edas y las mejoras tecnol\u00f3gicas indispensables para aumentar la productividad e ingresos. <\/p>\n
Al inicio de la d\u00e9cada de los setentas nuevamente se pretendi\u00f3 modificar la pol\u00edtica agraria, pero el concepto del Ministerio de Agricultura -seg\u00fan el cual la reforma agraria ten\u00eda por objeto fomentar la producci\u00f3n y la productividad, antes que la redistribuci\u00f3n del ingreso y el desarrollo social para los campesinos-5 motiv\u00f3 a los opositores para frenar el proceso de reforma, al paso que la Asociaci\u00f3n Nacional de Usuarios Campesinos \u00abANUC\u00bb (creada tan solo 3 a\u00f1os antes para representar al sector campesino), radicaliz\u00f3 su postura mediante v\u00edas de hecho como la invasi\u00f3n de fincas en el territorio nacional, especialmente en la costa atl\u00e1ntica. <\/p>\n
En suma, la informalidad en la tenencia de la tierra para los campesinos colombianos, en muchas zonas del territorio nacional, ha contribuido durante varias d\u00e9cadas al despojo de que ha sido v\u00edctima ese sector de la poblaci\u00f3n, a trav\u00e9s de diversos medios como la coacci\u00f3n f\u00edsica, mental e, incluso, con la utilizaci\u00f3n de figuras jur\u00eddicas previstas en el ordenamiento pero en las cuales la desventaja de los aldeanos es aprovechada por personas con mayores recursos, educaci\u00f3n o poder pol\u00edtico, entre otros. <\/p>\n
As\u00ed aparece documentado cuando se anota que \u00ab(e)n la formaci\u00f3n social colombiana los grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiaci\u00f3n de los recursos y de control de su poblaci\u00f3n, separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se han combinado el ejercicio sistem\u00e1tico de la violencia con pol\u00edticas de apropiaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de las tierras p\u00fablicas\u00bb6. <\/p>\n
Este mismo estudio se\u00f1al\u00f3 que \u00ab(p)ara comprender la continuidad del conflicto es necesario tener en cuenta la persistencia de factores internos y externos, econ\u00f3micos y pol\u00edtico-ideol\u00f3gicos, que contribuyeron a su g\u00e9nesis. En cuanto a los primeros se destacan la inamovilidad tanto de la estructura de la propiedad agraria como la de la participaci\u00f3n pol\u00edtica. (\u2026) En cuanto al r\u00e9gimen agrario puede observarse c\u00f3mo, m\u00e1s all\u00e1 de la confrontaci\u00f3n sectaria que efectivamente gener\u00f3 buena parte de los homicidios, destierros, destrucciones de patrimonios y empobrecimiento de la poblaci\u00f3n, cr\u00edmenes ocurridos entre fines de los a\u00f1os 1940 y 1960, hay dos procesos que toman fuerza en el marco del conflicto: de una parte, el afianzamiento y recomposici\u00f3n de la gran propiedad como base de la producci\u00f3n agroexportadora. De otra, la persecuci\u00f3n y el desmantelamiento permanente de las organizaciones agrarias limitan su desarrollo social, t\u00e9cnico y econ\u00f3mico e impiden el fortalecimiento de sus capacidades como ciudadanos y como productores, tareas que deben adelantar en medio de grandes dificultades.\u00bb7 <\/p>\n
En el mismo sentido se pronunci\u00f3 la jurisdicci\u00f3n constitucional, al se\u00f1alar que \u00abdiversos analistas han se\u00f1alado que la concentraci\u00f3n del uso y propiedad de la tierra, aunada a elementos institucionales como la ausencia de informaci\u00f3n catastral confiable y pol\u00edticas fiscales que estimulan la acumulaci\u00f3n de tierras ociosas, han constituido factores relevantes en el escenario de conflicto. Los informes de \u00f3rganos de seguimiento a la situaci\u00f3n del desplazamiento muestran que los departamentos con mayor concentraci\u00f3n de propiedad tienen los \u00edndices y cifras m\u00e1s altos de desplazamiento. Estos factores incrementan la concentraci\u00f3n y, como contrapartida, la exclusi\u00f3n de un amplio n\u00famero de colombianos, o un acceso restringido a peque\u00f1as parcelas (minifundios). En el campo de la pol\u00edtica y el derecho, los intentos por cambiar el panorama a trav\u00e9s de una reforma a las estructuras de tenencia, ocupaci\u00f3n y posesi\u00f3n de la tierra han culminado con reacciones de diverso semblante, pero coincidentes en la defensa del r\u00e9gimen imperante.\u00bb (Corte Constitucional, C-330 de 2016). <\/p>\n
La propiedad de la tierra y su relaci\u00f3n con el sector campesino no mereci\u00f3 mayor consideraci\u00f3n en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 habida cuenta que, no obstante su marcado corte garantista al prever medidas especiales de protecci\u00f3n en trat\u00e1ndose de derechos sociales, culturales y pol\u00edticos para determinados sectores como las minor\u00edas \u00e9tnicas, grupos ind\u00edgenas, entre otros; conserv\u00f3 la consagraci\u00f3n acogida con la reforma constitucional de 1936. <\/p>\n
\u00abEn cuanto a los campesinos, la Constituci\u00f3n parece haberlos olvidado. A lo largo de sus 380 art\u00edculos permanentes solo son nombrados en el art\u00edculo 64, en el que son equiparados a \u2018trabajadores agrarios\u2019, lo que en realidad no corresponde a ser campesino. En los art\u00edculos de transici\u00f3n, se les menciona en el 57 como parte de un grupo que deber\u00eda participar de la construcci\u00f3n de propuestas al gobierno nacional en el tema de la seguridad social. A diferencia de otros actores de la sociedad, los campesinos no fueron considerados como sujetos de pol\u00edticas p\u00fablicas espec\u00edficas y como se mencion\u00f3 anteriormente, fueron equiparados \u2018trabajador agrario\u2019 olvidando muchos elementos de la condici\u00f3n de campesino.\u00bb8 <\/p>\n
Entonces, la regulaci\u00f3n del acceso a la tierra sigui\u00f3 rigi\u00e9ndose por las reglas del C\u00f3digo Civil, lo cual \u00abhace que el sentido de la figura constitucional de \u2018funci\u00f3n social de la propiedad\u2019 se desdibuje, se someta a interpretaciones que pueden depender de los intereses en juego y del contexto en el que se aplique, imposibilitando as\u00ed que se pueda cumplir con el objetivo planteado.\u00bb9 <\/p>\n
Total, \u00ab[l]a concentraci\u00f3n de la propiedad rural alcanz\u00f3 para el a\u00f1o 2009 un \u00edndice Gini de 0,86, uno de los m\u00e1s altos en el mundo. Tal \u00edndice de concentraci\u00f3n evidencia que Colombia es uno de los pa\u00edses con mayor desigualdad y exclusi\u00f3n rural -no solo en Am\u00e9rica Latina sino en el mundo-. Adem\u00e1s, en el periodo 1980-2010 la poblaci\u00f3n desplazada fue despojada de aproximadamente 6,6 millones de hect\u00e1reas de tierra en el pa\u00eds.\u00bb10 <\/p>\n
Por esto, la jurisprudencia constitucional tiene sentado que \u00ab[n]uestro ordenamiento jur\u00eddico no reconoce a los campesinos y trabajadores agrarios, per se, como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional;11 no obstante, a nivel jurisprudencial se han establecido algunos criterios bajo los cuales adquieren esta condici\u00f3n. El primero de ellos se encuentra relacionado con el nivel de marginalizaci\u00f3n y vulnerabilidad socioecon\u00f3mica que los ha afectado tradicionalmente. La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, al igual que la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, reconoce la situaci\u00f3n de marginalizaci\u00f3n y vulnerabilidad que afecta a la poblaci\u00f3n campesina y a los trabajadores rurales en el pa\u00eds. El art\u00edculo 64 de la Carta establece as\u00ed que el Estado tiene el deber de adoptar una serie de medidas en materia de acceso a tierras y a otros servicios p\u00fablicos (i.e. salud, vivienda, seguridad social, cr\u00e9ditos) \u201ccon el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos\u201d. Lo anterior, bajo el entendido de que la explotaci\u00f3n irracional e inequitativa de la tierra, basada en \u201cla concentraci\u00f3n latifundista, la dispersi\u00f3n minifundista y la colonizaci\u00f3n perif\u00e9rica depredadora\u201d, impide que la poblaci\u00f3n campesina satisfaga de manera adecuada sus necesidades. La jurisprudencia constitucional, por su parte, ha reiterado que los campesinos y trabajadores agrarios son una poblaci\u00f3n vulnerable que se ha encontrado hist\u00f3ricamente invisibilizada y, con ello, \u201ctradicionalmente condenada a la miseria y la marginaci\u00f3n\u201d por razones econ\u00f3micas, sociales, pol\u00edticas y culturales. Esta Corte, por lo tanto, ha considero que \u201cdentro de la categor\u00eda de campesinos se encuentran algunos sujetos que gozan de especial protecci\u00f3n constitucional como los hombres y mujeres campesinos en situaci\u00f3n de marginalidad y pobreza\u201d. (\u2026) Al respecto, es importante recordar que para la poblaci\u00f3n campesina el nivel de vulnerabilidad es indisociable de su relaci\u00f3n con la tierra o con el campo.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017). <\/p>\n
2.2. Algunas respuestas normativas. <\/p>\n
Como quiera que las personas, familias o comunidades se encuentran en estado de vulnerabilidad cuando enfrentan dificultades para procurarse su propia subsistencia y lograr niveles m\u00e1s altos de bienestar, debido al riesgo al que est\u00e1n expuestos por situaciones que los ponen en desventaja en sus activos (Corte Constitucional, sentencia T-606 de 2015), el Estado, en cumplimiento a sus obligaciones de respeto y protecci\u00f3n para los campesinos y los trabajadores rurales, as\u00ed como en aras de garantizarles la democratizaci\u00f3n y el acceso a la propiedad de la tierra, ha establecido diversas pol\u00edticas tendientes a crear las condiciones que lo permitan y, de paso, traduzcan desarrollo rural, como pasa a verse: <\/p>\n
2.2.1. Bienes bald\u00edos. \u00ab[E]n los primeros a\u00f1os de la Rep\u00fablica hubo tres modalidades de entrega de bald\u00edos: a) asignaciones para el pago de la deuda p\u00fablica, b) la construcci\u00f3n de obras p\u00fablicas y c) el fomento y la ampliaci\u00f3n de la frontera agr\u00edcola. As\u00ed se inici\u00f3 la feria de los bald\u00edos en el siglo XIX. (\u2026) El reparto de bald\u00edos empez\u00f3 con la ley 13 de 1821, que estableci\u00f3 su adjudicaci\u00f3n a quienes los estuvieran trabajando con un a\u00f1o de plazo para registrar la propiedad. En 1823 el Congreso inici\u00f3 el proceso de destinaci\u00f3n de tierras para entregar a migrantes europeos, con tres millones de fanegadas; como los migrantes no llegaron, empresarios nacionales y extranjeros se las apropiaron a cambio de bonos del tesoro. A partir de all\u00ed se gener\u00f3 un proceso donde la improvisaci\u00f3n, ensayos y errores se hicieron frecuentes, pasando por ejemplo por la idea de establecer una loter\u00eda estatal para obtener recursos, en la que el premio eran las tierras p\u00fablicas. La especulaci\u00f3n con bonos de deuda p\u00fablica fue el principal factor concentrador de la tierra desde 1819 a 1850, adem\u00e1s del corrimiento de cercas de bald\u00edos vecinos por parte de grandes propietarios.\u00bb12 <\/p>\n
Pero el gobierno nacional, as\u00ed como sus habitantes, desconoc\u00edan con precisi\u00f3n qu\u00e9 terrenos eran de propiedad privada y cu\u00e1les bald\u00edos, al punto que los latifundistas a finales del siglo XIX, aprovecharon la ley 61 de 1874 para lograr el acaparamiento de grandes extensiones de tierras, \u00ab(p)uesto que en esa \u00e9poca el Estado no contaba con la capacidad t\u00e9cnica y econ\u00f3mica para demarcar los terrenos ocupados y cultivados por los colonos, la ley dispuso que estos \u2018adquieren el derecho de propiedad sobre el terreno que demarquen por s\u00ed mismos (\u2026) encerr\u00e1ndolos con cercas firmes y permanentes, capaces de impedir el paso de bestias y ganados\u2019 (art. 3\u00ba, p\u00e1ginas 121-122). As\u00ed no fuera la intenci\u00f3n del legislador, esta disposici\u00f3n legitimaba el acaparamiento de grandes extensiones de tierra inculta por parte de especuladores de tierras y colonos a gran escala. Recordemos que el cerramiento de grandes extensiones de tierras incultas, incluyendo terrenos ocupados por colonos, fue una pr\u00e1ctica usual entre los latifundistas y los grandes concesionarios de bald\u00edos que, por lo dem\u00e1s, dio lugar a prolongados litigios de tierras en la primera mitad del siglo XX\u00bb.13 <\/p>\n
Con posterioridad fue promulgada la ley 48 de 1882 sobre tierras bald\u00edas, que consagr\u00f3 el principio de que la propiedad de tales terrenos se adquiere por el cultivo (art. 1\u00b0), por ende, los cultivadores de los terrenos bald\u00edos, establecidos en ellos con casa y labranza, ser\u00e1n considerados como poseedores de buena fe, y no podr\u00e1n ser privados de la posesi\u00f3n sino por sentencia dictada en juicio civil ordinario (art. 2\u00b0), en el cual los demandantes deb\u00edan acreditar t\u00edtulos legales de propiedad con antig\u00fcedad mayor a 10 a\u00f1os y, en todo caso, indemnizar al poseedor por el costo de las mejoras levantadas para obtener la devoluci\u00f3n del fundo. <\/p>\n
Igualmente regul\u00f3 que las tierras bald\u00edas se reputan bienes de uso p\u00fablico, y su propiedad no se prescribe contra la Naci\u00f3n, en ning\u00fan caso, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, que para tal \u00e9poca estaba contenido en la ley 84 de 1873 C\u00f3digo Civil de los Estados Unidos de Colombia; as\u00ed como que los lotes adjudicados a favor de los poseedores retornar\u00edan al Estado si al cabo de 10 a\u00f1os aquellos no establec\u00edan alguna industria agr\u00edcola o pecuaria y que, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 adjudicarse a un mismo individuo o compa\u00f1\u00eda una extensi\u00f3n de terreno mayor a cinco mil hect\u00e1reas. (Art. 11). <\/p>\n
Con el advenimiento del C\u00f3digo Fiscal (ley 110 de 1912) nuevamente fueron regulados los bienes bald\u00edos (T\u00edtulo II), reiterando la imposibilidad de adquirirlos por prescripci\u00f3n (art. 61) y haciendo responsable a los ciudadanos de verificar que los lotes supuestamente bald\u00edos, de los que aspiraban adquirir el dominio, fueran realmente p\u00fablicos (art. 47), al regular que: <\/p>\n
El Estado no garantiza la calidad de bald\u00edos de los terrenos que adjudica, y por consiguiente, no est\u00e1 sujeto al saneamiento de la propiedad que transfiere en las adjudicaciones. <\/p>\n
Tampoco est\u00e1 obligado al saneamiento, si el terreno bald\u00edo estuviere destinado a un uso p\u00fablico, u ocupado por cultivadores o colonos. <\/p>\n
En cualquiera de estos casos, su obligaci\u00f3n se reduce a restituir las especies recibidas a cambio de la adjudicaci\u00f3n. <\/p>\n
Las inexactitudes contenidas en las peticiones hechas por los interesados, para la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos, y las que se contengan en los planos que se levanten, en vista de esas peticiones, s\u00f3lo perjudican a los peticionarios y a sus causahabientes. <\/p>\n
La adjudicaci\u00f3n en ning\u00fan caso perjudica a terceros, y deja a salvo los derechos de los cultivadores o colonos. <\/p>\n
La ley 200 de 1936, quiz\u00e1s la m\u00e1s significativa porque busc\u00f3 dar claridad a los derechos de propiedad y la posesi\u00f3n de los terrenos bald\u00edos mediante el reconocimiento de la funci\u00f3n social de la propiedad, adopt\u00f3, entre otras soluciones, la expropiaci\u00f3n sin indemnizaci\u00f3n por razones de equidad; la presunci\u00f3n legal de que no eran bald\u00edos sino de propiedad privada los fundos pose\u00eddos por particulares, revelada a trav\u00e9s de su explotaci\u00f3n patrimonial (art. 1\u00b0); y otra presunci\u00f3n legal complementaria (art. 2), a cuyo tenor se presume -iuris tamtum- bald\u00edo y, por lo tanto, del Estado, cualquier terreno no pose\u00eddo en la forma indicada en el anterior precepto. <\/p>\n
Respecto de estas presunciones esta Corte de anta\u00f1o clarific\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abA diferencia de la presunci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 200 de 1936 (modificado por el art. 2\u00b0 de la ley 4\u00aa de 1973) en el sentido de que \u201cno son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos rurales pose\u00eddos econ\u00f3micamente por particulares…\u201d, el art\u00edculo 2\u00b0 de dicha ley establece la presunci\u00f3n contraria al tener por bald\u00edos \u201clos predios r\u00fasticos no pose\u00eddos en la forma que se determina en el art\u00edculo anterior\u201d. <\/p>\n
Frente a la primera presunci\u00f3n y el supuesto f\u00e1ctico de la posesi\u00f3n econ\u00f3mica en que descansa, es del caso entender que dicho bien pertenece a quien as\u00ed lo posee, porque esa inferencia es la que armoniza con el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 762 del C.C., seg\u00fan el cual \u201cEl poseedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no justifique serlo\u201d, y como lo ha dicho en forma insistente la Corte, la figura que instituye el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 200 de 1936 bajo la forma de una presunci\u00f3n, es el \u201cmodo\u201d constitutivo de la ocupaci\u00f3n, \u201cporque si a la Naci\u00f3n le basta la posesi\u00f3n econ\u00f3mica de la tierra bald\u00eda para considerarla o presumirla de dominio particular, quiere decir que es suficiente esa sola posesi\u00f3n para adquirir la propiedad de los bald\u00edos, a menos que el colono se haya establecido en tierras no susceptibles de ocupaci\u00f3n por hallarse reservadas o destinadas por la Naci\u00f3n a un uso o servicio p\u00fablico, sobre las cuales no pueda darse una posesi\u00f3n creadora de derechos\u201d (G.J. CI, P\u00e1g. 44). Adem\u00e1s, el art. 1\u00b0 de la ley 200 de 1936 no hizo otra cosa que ratificar lo dispuesto por los arts. 66 y 67 del C\u00f3digo Fiscal acorde con los cuales los particulares pueden establecerse en tierras bald\u00edas explot\u00e1ndolas con cultivos o ganados, con derecho a que se les adjudique la faja de terreno as\u00ed ocupada. Se reconoce de cierto modo un derecho legal al colono para que se le adjudique la tierra cultivada, derecho que entra en el patrimonio de este desde el momento en que se establece en una porci\u00f3n de tierra bald\u00eda, posey\u00e9ndola en forma econ\u00f3mica, pues en este evento el colono ha realizado el hecho que da nacimiento al derecho, esto es, el haber incorporado parte de su ser econ\u00f3mico en una tierra inculta. La posesi\u00f3n econ\u00f3mica del suelo otorga entonces al colono el dominio de \u00e9ste no por transferencia alguna, sino por el modo originario de la ocupaci\u00f3n, facult\u00e1ndolo para reclamar al Estado el mal llamado t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n respectivo, con alcances meramente declarativos por limitarse a reconocer el dominio o propiedad que en tales circunstancias se consolida, tal como lo dej\u00f3 dicho la Corte en sentencia de 2 de septiembre de 1964 al aseverar que \u201cQuien, por consiguiente, incorpora su trabajo a los bald\u00edos de la Naci\u00f3n y los mejora con edificaciones, plantaciones o sementeras que acrecientan la riqueza p\u00fablica, adquiere de inmediato el dominio del suelo, no por transferencia alguna, sino por el modo originario de la ocupaci\u00f3n con que el ordenamiento protege y respalda al poseedor econ\u00f3mico de tierras sin otro due\u00f1o que el Estado\u201d, a lo cual agrega que \u201cla adjudicaci\u00f3n posterior encaminada a solemnizar la titularidad, ha de basarse en la prueba que demuestre plenamente haberse cumplido en las condiciones legales el modo adquisitivo por ocupaci\u00f3n\u201d (G.J. CVIII, p\u00e1g. 239). <\/p>\n
Dicho en otras palabras, si al tenor del art. 1\u00b0 de la ley 200 de 1936 se presume no ser bald\u00edo, sino de propiedad privada, el terreno pose\u00eddo econ\u00f3micamente como all\u00ed se prev\u00e9, ello no tiene otra significaci\u00f3n distinta a la de que, por el modo constitutivo de la ocupaci\u00f3n, dicho fundo le pertenece a quien as\u00ed lo ha pose\u00eddo. Basta entonces esa sola ocupaci\u00f3n de la tierra bald\u00eda en la forma exigida en la ley, para que surja el derecho de propiedad en el colono, que debe reconocer el Estado mediante la correspondiente resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n, toda vez que el dominio de aquel se produce por virtud del modo originario de la ocupaci\u00f3n. La resoluci\u00f3n administrativa de adjudicaci\u00f3n en cuesti\u00f3n se limita, iterase, a constatar y reconocer el hecho preexistente de la ocupaci\u00f3n en las condiciones exigidas por el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 200 de 1936, ya consumada real y materialmente, por todo lo cual la inscripci\u00f3n de dicho acto en el registro p\u00fablico cumple solamente una funci\u00f3n publicitaria. <\/p>\n
La resoluci\u00f3n de adjudicaci\u00f3n desempe\u00f1a, no obstante, la funci\u00f3n del mal llamado t\u00edtulo originario por el art. 3\u00b0 de la ley 200 de 1936, del cual ha expresado la Corte que es \u201cno solamente el documento que consagra la merced, venta o adjudicaci\u00f3n de las tierras sino, en general, el hecho jur\u00eddico que conforme a la legislaci\u00f3n espa\u00f1ola o a la de la Rep\u00fablica da origen al dominio privado de tierras realengas y bald\u00edas…\u201d (Sent. 13 de marzo de 1939, G.J. XLVIII, p\u00e1g. 105).\u00bb (CSJ SC 101 de 1995, rad. 4127). <\/p>\n
Por consecuencia, el ocupante de un bien bald\u00edo requiere detentarlo en las referidas condiciones, para obtener a trav\u00e9s de acto administrativo de adjudicaci\u00f3n ese modo de adquirir el dominio, al tenor del art\u00edculo 673 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Precisamente, el fin principal de los bienes bald\u00edos, al tenor de la doctrina especializada, est\u00e1 dirigido a \u00absu adjudicaci\u00f3n a los trabajadores agrarios que carecen de tierra y que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Al respecto, este tribunal sostuvo que: \u201cs\u00f3lo como excepci\u00f3n operan figuras como las reservas a favor de las entidades p\u00fablicas para realizar actividades especiales, las reservas ambientales, las zonas de reserva campesina, las relacionadas con asuntos de seguridad del Estado y, las zonas de desarrollo empresarial que se sustraen del r\u00e9gimen general de adjudicaci\u00f3n\u201d. Por lo tanto, la Corte Constitucional afirm\u00f3 que el objetivo primordial del legislador al dictar las normas sobre apropiaci\u00f3n, adjudicaci\u00f3n y recuperaci\u00f3n de bald\u00edos, debe ser la b\u00fasqueda de los fines que el Estado colombiano persigue seg\u00fan la filosof\u00eda que inspira la reforma agraria: \u201cel objetivo primordial de la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos es permitir el acceso a la tierra a quienes carecen de ella.\u201d\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017). <\/p>\n
Esto con la limitaci\u00f3n consagrada inicialmente en la ley 135 de 1961, de 450 hect\u00e1reas de terreno adjudicable con ocasi\u00f3n de la explotaci\u00f3n y detentaci\u00f3n de dichos bienes bald\u00edos, siempre y cuando fuera a favor de personas naturales (art. 29), salvo contadas excepciones (art. 30); sin que ning\u00fan adjudicatario pudiera obtener nueva y similar declaraci\u00f3n si sumadas las \u00e1reas de los diversos fundos sobrepasaba aquella restricci\u00f3n, la cual se hizo extensiva a los adquirentes del bien a cualquier t\u00edtulo y en cuya tradici\u00f3n hubiera mediado aquella adjudicaci\u00f3n en los 5 a\u00f1os anteriores; e igualmente con la restricci\u00f3n para el primer adjudicatario, a la saz\u00f3n vendedor del terreno, de quedar inhabilitado para deprecar proclamaci\u00f3n igual en el lapso de los 5 a\u00f1os posteriores (art. 37). <\/p>\n
Posteriormente, como un nuevo resquicio a la problem\u00e1tica que hasta entonces ven\u00eda evidenciando el derecho de dominio sobre terrenos rurales, el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establecido a trav\u00e9s de la Ley 160 de 1994, tuvo el prop\u00f3sito de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios mediante un instrumento de participaci\u00f3n, desarrollo, democratizaci\u00f3n de importantes zonas campesinas y de pacificaci\u00f3n de la Colombia Rural. <\/p>\n
Espec\u00edficamente pretendi\u00f3 \u00abrevisar y modificar la legislaci\u00f3n agraria vigente en su integridad, y contemplar de manera especial aquellas materias que constituyen las \u00e1reas cr\u00edticas de la gesti\u00f3n oficial, tales como las siguientes: -La sustituci\u00f3n del marco normativo actual en materia de adquisici\u00f3n de tierras, por los preceptos que desarrollen la nueva pol\u00edtica de tierras del actual gobierno, que busca facilitar de manera m\u00e1s trasparente y con mayor cobertura el acceso a la propiedad de la tierra para los campesinos que no la poseen o la tienen en cantidad insuficiente. Como consecuencia de ello se reforman los procedimientos de adquisici\u00f3n, financiaci\u00f3n y dotaci\u00f3n de tierras, mediante la transferencia de la decisi\u00f3n de compra a los campesinos, como regla general, y se orientan los subsidios a la demanda con mayor claridad. (\u2026)\u00bb14 <\/p>\n
Asimismo, para \u00abprevenir la concentraci\u00f3n de la propiedad rural, el proyecto elimina la modalidad de adjudicaci\u00f3n de terrenos bald\u00edos sin el requisito de la ocupaci\u00f3n previa, toda vez que esta posibilidad da lugar al acaparamiento de las mejores tierras colonizables (\u2026) Se acomoda la legislaci\u00f3n de bald\u00edos a los nuevos preceptos de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al disponer, con base en el art\u00edculo transitorio 55 de la Carta, que el Incora proceder\u00e1 a reconocer el derecho colectivo de propiedad a las comunidades negras que inmemorialmente ocupan tierras bald\u00edas en la cuenca del Pac\u00edfico, as\u00ed como a las comunidades de otras regiones que presenten condiciones similares. Una innovaci\u00f3n importante es la de que s\u00f3lo se adjudicar\u00e1n bald\u00edos con aptitud agropecuaria, en desarrollo del principio constitucional de la funci\u00f3n ecol\u00f3gica de la propiedad y para garantizar que los procesos de ocupaci\u00f3n de tierras bald\u00edas no se efect\u00faen en zonas improductivas o de manejo especial.\u00bb15 <\/p>\n
Otro de los fines de la ley 160 de 1994, por medio de la cual se cre\u00f3 el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, fue establecer \u00abLa limitaci\u00f3n de las \u00e1reas adjudicables en terrenos bald\u00edos, para prevenir la concentraci\u00f3n de la propiedad y el establecimiento de una perspectiva de protecci\u00f3n de los recursos naturales renovables en el manejo de las tierras de la Naci\u00f3n\u00bb16; de all\u00ed que restringi\u00f3 en mayor medida la cantidad de hect\u00e1reas adjudicables a una persona, supeditando la fijaci\u00f3n de tal l\u00edmite a aspectos fundados en estudios t\u00e9cnicos y de ordenamiento territorial regional, los cuales deb\u00edan considerar la concentraci\u00f3n de la propiedad territorial, con el fin de cumplir el prop\u00f3sito de democratizaci\u00f3n de la propiedad rural. <\/p>\n
En efecto, la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley radicado por el otrora Ministerio de Agricultura anot\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn el r\u00e9gimen tradicional de apropiaci\u00f3n de los bald\u00edos, previsto desde la expedici\u00f3n de la Ley 135 de 1961, su ocupaci\u00f3n y explotaci\u00f3n otorga derecho a los particulares para obtener la adjudicaci\u00f3n en una extensi\u00f3n de 450 hect\u00e1reas, la cual en las actuales circunstancias se considera excesiva y que no consulta, adem\u00e1s, las diferencias regionales en cuanto a caracter\u00edsticas agrol\u00f3gicas, ecol\u00f3gicas, fisiogr\u00e1ficas y topogr\u00e1ficas que determinen razonablemente, en cada caso, la superficie real requerida para lograr una explotaci\u00f3n rentable. <\/p>\n
El proyecto de modificaciones busca que en la fijaci\u00f3n de los l\u00edmites adjudicables se tengan en cuenta dichos aspectos con base en los estudios t\u00e9cnicos y de ordenamiento territorial que existan, o que se elaboren para tal fin en las diversas regiones del pa\u00eds, en las cuales se consideren adem\u00e1s la concentraci\u00f3n de la propiedad territorial existente en cada una de ellas. La regulaci\u00f3n de \u00e1reas adjudicables en las sabanas de pastos naturales ha quedado desueta, ya que s\u00f3lo ha permitido a los particulares beneficiarse con la titulaci\u00f3n de grandes extensiones (\u2026) <\/p>\n
La regulaci\u00f3n de \u00e1reas adjudicables en las sabanas de pastos naturales ha quedado desueta, ya que s\u00f3lo ha permitido a los particulares beneficiarse con la titulaci\u00f3n de grandes extensiones, dedicando los fundos al establecimiento de explotaciones de ganader\u00eda extensiva\u2026\u00bb17 <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los bienes bald\u00edos, este cuerpo legislativo facult\u00f3 al Incora para determinar cu\u00e1ndo un bien de tal connotaci\u00f3n estaba indebidamente ocupado en aras de garantizar la permanencia de la titularidad campesina sobre los predios; estableci\u00f3 las circunstancias en las cuales podr\u00eda extinguirse a favor de la Naci\u00f3n el derecho de dominio de estos bienes rurales respecto de los cuales hubiera cesado el ejercicio de la posesi\u00f3n; defini\u00f3 el \u00e1rea adjudicable dependiendo en cada localidad de los estudios t\u00e9cnicos y su ordenamiento territorial; estableci\u00f3 un \u00e1rea m\u00ednima susceptible de titulaci\u00f3n para evitar la proliferaci\u00f3n de minifundios que restan productividad; la prohibici\u00f3n de adjudicaci\u00f3n con destino a quienes posean otros bienes rurales o un patrimonio mayor a mil salarios m\u00ednimos mensuales legales; entre otras novedades. <\/p>\n
Dest\u00e1case, respecto de la regulaci\u00f3n de los bienes bald\u00edos, que a trav\u00e9s de la ley 1728 de 2014 fueron expedidas normas de distribuci\u00f3n, al punto de establecer que, de ahora en adelante, dichas heredades ser\u00e1n adjudicad[a]s exclusivamente a familias pobres, y que las tierras bald\u00edas se titular\u00e1n en Unidades Agr\u00edcolas Familiares. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como respuesta normativa del Estado en relaci\u00f3n con los bienes bald\u00edos, es decir, aquellos fundos ubicados en el territorio nacional carentes de propietario y que por ende pertenecen al Estado, seg\u00fan definici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil, se previ\u00f3 su adquisici\u00f3n por los particulares mediante adjudicaci\u00f3n, previa ocupaci\u00f3n, la cual debe ser declarada por acto administrativo expedido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u00abIncora\u00bb, despu\u00e9s \u00abIncoder\u00bb y hoy Agencia Nacional de Tierras, siempre y cuando esa detentaci\u00f3n fuera realizada durante el lapso y con los dem\u00e1s presupuestos establecidos en los art\u00edculos 29 y ss. de la Ley 135 de 1961, con las modificaciones plasmadas en las leyes 30 de 1988 y 4 de 1973, y por las derogatorias hechas por la Ley 160 de 1994. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la doctrina constitucional, al se\u00f1alar que \u00ab[l]as tierras bald\u00edas, a diferencia de lo que ocurre en materia civil con los inmuebles en general, no se adquieren mediante la prescripci\u00f3n, sino por la ocupaci\u00f3n y posterior adjudicaci\u00f3n (\u2026) En otras palabras, los terrenos bald\u00edos est\u00e1n destinados a ser adjudicados en propiedad a quienes los ocupen y exploten econ\u00f3micamente, dentro de las condiciones establecidas por la ley. (Corte Constitucional, sentencia C-595 de 1995). <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de esta regulaci\u00f3n, la misma decisi\u00f3n razon\u00f3 que \u00ab[l]a adjudicaci\u00f3n de terrenos de propiedad de la Naci\u00f3n, concretamente de bald\u00edos, tiene como objetivo primordial, permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella, pues es requisito indispensable, seg\u00fan la ley acusada, que el presunto adjudicatario no posea otros bienes rurales, ni tenga ingresos superiores a mil salarios m\u00ednimos mensuales (arts. 71 y 72 ley 160\/94), como tambi\u00e9n contribuir al mejoramiento de sus recursos econ\u00f3micos y, obviamente, elevar su calidad de vida.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia \u00eddem). <\/p>\n
En este orden de ideas, a voces de la Ley 160 de 1994, son requisitos para obtener la adjudicaci\u00f3n de un bien bald\u00edo -art. 673 del C\u00f3digo Civil-: (I) haber pose\u00eddo el fundo durante lapso mayor a cinco (5) a\u00f1os; (II) haberlo aprovechado econ\u00f3micamente por igual plazo; (III) que esta utilizaci\u00f3n sea concordante con la aptitud del suelo, establecida por la Agencia Nacional de Tierras; y (IV) que tal poseedor carezca de otro predio rural. <\/p>\n
2.2.2. La Unidad Agr\u00edcola Familiar. <\/p>\n
Fue creada por la ley 135 de 1961 como la extensi\u00f3n de terreno que aprovechado en condiciones de razonable eficiencia -calculada \u00fanicamente con base en la mano de obra del propietario y de su familia pero sin que esto imponga restricciones de tipo laboral para el empleo de otras personas-, y conforme a la naturaleza de la zona donde est\u00e9 localizado, la clase de suelos, aguas, ubicaci\u00f3n, relieve y posible naturaleza de la producci\u00f3n, sea suficiente para suministrar a dicha familia ingresos adecuados para su sostenimiento, as\u00ed como para generar el mejoramiento de su nivel de vida, lo cual incluye el pago de deudas originadas en la compra o acondicionamiento de la tierras, el progresivo mejoramiento de la vivienda y del equipo de trabajo (art. 50); caracter\u00edstica que adicionalmente deb\u00eda constar en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente al bien ra\u00edz. <\/p>\n
Dicha regulaci\u00f3n impon\u00eda como obligaciones para el adjudicatario la sujeci\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico establecido para el uso de agua, caminos y servidumbres de tr\u00e1nsito; la obtenci\u00f3n de previa aprobaci\u00f3n del Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras, acerca de cualquier intenci\u00f3n de enajenaci\u00f3n del fundo, quedando esta entidad facultada para adquirirlo o forzosa la constancia de declinaci\u00f3n de esta opci\u00f3n en la escritura p\u00fablica de trasferencia (art. 51); y la restricci\u00f3n para su venta -una vez satisfecho el precio de adquisici\u00f3n- a favor de personas de escasos recursos cuando la UAF est\u00e9 constituida en zona de parcelaci\u00f3n, teniendo derecho de preferencia los arrendatarios, aparceros o asalariados que desempe\u00f1en su labor en el predio y los trabajadores agr\u00edcolas de la misma zona (art. 81). <\/p>\n
El aludido concepto sufri\u00f3 alteraci\u00f3n con la expedici\u00f3n de la ley 30 de 1988, al nominarla como la explotaci\u00f3n agraria de un fundo que dependa directa y principalmente de la vinculaci\u00f3n de la fuerza de trabajo de una misma familia compuesta por el jefe del hogar y su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero o compa\u00f1era permanente, seg\u00fan el caso, o por parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero civil, sin perjuicio del empleo ocasional de mano de obra extra\u00f1a al n\u00facleo familiar y que adem\u00e1s pueda suministrar a la familia que lo explota, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos no inferiores a tres salarios m\u00ednimos, siempre y cuando lo permita la extensi\u00f3n del predio -lo que pende de la naturaleza de la zona, clase de suelos, aguas, posibilidades de irrigaci\u00f3n, ubicaci\u00f3n, relieve y potencialidad del tipo de explotaci\u00f3n agropecuaria-; ingresos de los cuales no m\u00e1s de la tercera parte puede ser destinada al pago de deudas originadas en la adquisici\u00f3n del terreno y que posibiliten la destinaci\u00f3n de un excedente capitalizable para mejorar de forma gradual el nivel de vida. <\/p>\n
Esta nueva reglamentaci\u00f3n posibilit\u00f3 la integraci\u00f3n de Unidades Agr\u00edcolas Familiares para la constituci\u00f3n de empresas comunitarias, la organizaci\u00f3n de sistemas asociativos o cooperativos de producci\u00f3n, derivados de programas de colonizaci\u00f3n dirigidos o adjudicaciones parcelarias. <\/p>\n
Y en cuanto a obligaciones tambi\u00e9n previ\u00f3 que los adjudicatarios de las UAF en zonas de parcelaci\u00f3n y sus posteriores adquirentes quedan sujetos: (I) por el lapso de 15 a\u00f1os a las causales de caducidad all\u00ed previstas, por v\u00eda de ejemplo, el ejercicio del dominio, posesi\u00f3n o tenencia por una misma persona de m\u00e1s de dos UAF en la misma zona; (II) acatar la reglamentaci\u00f3n acerca de los recursos naturales renovables, caminos, servidumbres de tr\u00e1nsito y de aguas; (III) a la limitaci\u00f3n de transferencia del bien durante el referido periodo s\u00f3lo a quienes re\u00fanan requisitos para ser beneficiarios de adjudicaci\u00f3n dentro de programas de parcelaci\u00f3n; (IV) a solicitar autorizaci\u00f3n previa para enajenar, arrendar o gravar la heredad, so pena de nulidad absoluta del negocio jur\u00eddico; (V) a la obtenci\u00f3n, una vez vencido el lapso de 15 a\u00f1os mencionado, de previa aprobaci\u00f3n del Incora, hoy Agencia Nacional de Tierras, acerca de cualquier intenci\u00f3n de enajenaci\u00f3n del fundo, quedando la entidad facultada para adquirirlo y siendo forzosa la constancia de declinaci\u00f3n de esta opci\u00f3n en la escritura p\u00fablica de transferencia; (VI) a la imposibilidad para el inicial adjudicatario que enajene el inmueble de solicitar una nueva adjudicaci\u00f3n de otra parcela o ser beneficiario de otros programas de parcelaci\u00f3n, so pena de caducidad del acto. <\/p>\n
Lo dicho traduce que la Unidad Agr\u00edcola Familiar se constituy\u00f3 en una nueva respuesta del Estado para traspasar el derecho de propiedad de sus inmuebles rurales, a favor de personas de escasos recursos, a trav\u00e9s de acto administrativo expedido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u00abIncora\u00bb, despu\u00e9s \u00abIncoder\u00bb y hoy Agencia Nacional de Tierras (art. 81). <\/p>\n
El Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, establecido a trav\u00e9s de la Ley 160 de 1994, modific\u00f3 parcialmente la regulaci\u00f3n de las Unidades Agr\u00edcolas Familiares, \u00ab[e]n vista de que con la nueva pol\u00edtica de dotaci\u00f3n de tierras se elimina impl\u00edcitamente el r\u00e9gimen de propiedad parcelaria, es decir, el conjunto de derechos y obligaciones de los campesinos adjudicatarios de tierras adquiridas por el Incora, y las potestades exorbitantes de \u00e9ste en relaci\u00f3n con aquellos, y teniendo en cuenta el gran n\u00famero de familias campesinas beneficiadas y sujetas a esa regulaci\u00f3n cuando entre en vigencia la nueva ley; la necesidad de preservar la propiedad campesina y los resultados de m\u00e1s de 30 a\u00f1os de reforma agraria, en el proyecto de ley se mantiene la reglamentaci\u00f3n de dicha propiedad para los campesinos que fueren adjudicatarios antes de la expedici\u00f3n del nuevo estatuto. Obviamente se introdujeron algunas modificaciones al r\u00e9gimen que se se\u00f1al\u00f3 hasta la Ley 30 de 1988, inclusive, con base en recomendaciones de las organizaciones campesinas y los resultados de la aplicaci\u00f3n de las normas. Las principales enmiendas se refieren a los siguientes aspectos: Se se\u00f1ala claramente que el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del r\u00e9gimen de propiedad parcelaria, consignado en 15 a\u00f1os, comenzar\u00e1 a contarse a partir de la fecha de la primera adjudicaci\u00f3n que se hubiere hecho sobre la parcela (\u2026)\u00bb18 <\/p>\n
Por consecuencia, la ley 160 de 1994 dispuso que las tierras cuya adquisici\u00f3n promuevan y obtengan los hombres y mujeres campesinos, o las que compre directamente el Instituto para programas de Reforma Agraria, se destinar\u00e1n, entre otros fines, a establecer Unidades Agr\u00edcolas Familiares, Empresas Comunitarias o cualquier tipo asociativo de producci\u00f3n. (Art. 38). <\/p>\n
Y defini\u00f3 que se entiende por Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF) la empresa b\u00e1sica de producci\u00f3n agr\u00edcola, pecuaria, acu\u00edcola o forestal, cuya extensi\u00f3n, conforme a las condiciones agroecol\u00f3gicas de la zona y con tecnolog\u00eda adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve la formaci\u00f3n de su patrimonio. <\/p>\n
Adem\u00e1s, entre otras disposiciones atinentes a la Unidad Agr\u00edcola Familiar, previ\u00f3 que quienes hubieren adquirido del INCORA Unidades Agr\u00edcolas Familiares con anterioridad a la vigencia de la presente ley, queda sometidos al r\u00e9gimen de propiedad parcelaria as\u00ed como que hasta cuando se cumpla un plazo de quince (15) a\u00f1os, contados desde la primera adjudicaci\u00f3n que se hizo sobre la respectiva parcela, no podr\u00e1n transferir el derecho de dominio, su posesi\u00f3n o tenencia sino a campesinos de escasos recursos sin tierra, o a minifundistas. En este caso el adjudicatario deber\u00e1 solicitar autorizaci\u00f3n expresa del INCORA para enajenar, gravar o arrendar la Unidad Agr\u00edcola Familiar. (Incs. 1 y 3, art. 39). <\/p>\n
Y, de nuevo, consagr\u00f3 que sin perjuicio de la declaratoria de caducidad de la adjudicaci\u00f3n, ser\u00e1n absolutamente nulos los actos o contratos que se celebren en contravenci\u00f3n de lo all\u00ed dispuesto y no podr\u00e1n los notarios y registradores otorgar e inscribir escrituras p\u00fablicas en las que no se protocolice la autorizaci\u00f3n del Instituto o la solicitud de autorizaci\u00f3n al Incora. Igualmente, en los casos de enajenaci\u00f3n de la propiedad, cesi\u00f3n de la posesi\u00f3n o tenencia sobre una Unidad Agr\u00edcola Familiar, el adquirente o cesionario se subrogar\u00e1 en todas las obligaciones contra\u00eddas por el enajenante o cedente a favor del instituto (art. 39); as\u00ed como que en las parcelaciones que ya hubiere establecido el Incora hasta la entrada en vigencia de la presente ley, se observar\u00e1 que en ning\u00fan caso un solo titular, por s\u00ed o por interpuesta persona, podr\u00e1 ejercer el dominio, posesi\u00f3n o tenencia a ning\u00fan t\u00edtulo de m\u00e1s de una Unidad Agr\u00edcola Familiar, puesto que la violaci\u00f3n de esta prohibici\u00f3n es causal de caducidad. (Art. 40). <\/p>\n
Sobre esto la doctrina constitucional refiri\u00f3 que \u00ab[c]on el fin de garantizar las condiciones necesarias para el goce efectivo del derecho a la propiedad de campesinos, la Ley 160 de 1994 estableci\u00f3 que \u00fanicamente puede darse la adjudicaci\u00f3n de una (1) Unidad Agr\u00edcola Familiar (UAF). La jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n interpret\u00f3 que dicha limitaci\u00f3n tiene dos objetivos principales. Por un lado, garantizar el derecho del acceso progresivo a la tierra a un mayor n\u00famero de campesinos y trabajadores agrarios; y, por otro lado, evitar la concentraci\u00f3n de la propiedad.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017). <\/p>\n
Adicionalmente, el art\u00edculo 44 \u00eddem regul\u00f3 que, salvo las excepciones taxativamente previstas, los predios rurales no podr\u00e1n fraccionarse por debajo de la extensi\u00f3n determinada por el Incora como Unidad Agr\u00edcola Familiar para el respectivo municipio o zona. En consecuencia, so pena de nulidad absoluta del acto o contrato, no podr\u00e1 llevarse a cabo actuaci\u00f3n o negocio alguno del cual resulte la divisi\u00f3n de un inmueble rural cuyas superficies sean inferiores a la se\u00f1alada como Unidad Agr\u00edcola Familiar para el correspondiente municipio por el Incora. <\/p>\n
En consonancia con este prop\u00f3sito, la exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley 160 de 1994, refiri\u00f3 que \u00ab[s]e ampl\u00edan los sujetos de titulaci\u00f3n de bald\u00edos. Tradicionalmente la ley ha contemplado los dos extremos de la capacidad econ\u00f3mica para la asignaci\u00f3n de terrenos de la Naci\u00f3n: los colonos pobres y las sociedades interesadas en la expansi\u00f3n de la frontera agr\u00edcola a trav\u00e9s de inversiones de capital. El proyecto reincorpora a las sociedades de personas (colectivas o limitadas)\u2026\u00bb <\/p>\n
Pero esta apertura no habilita a las personas jur\u00eddicas para evadir la regulaci\u00f3n referida, al punto que en un caso relativo al otorgamiento de Incentivos de Capitalizaci\u00f3n Rural mediante la concentraci\u00f3n de la propiedad y la interposici\u00f3n societaria, fueron declarados absolutamente nulos los actos de solicitud de aquellas concesiones tras considerar: <\/p>\n
Por virtud de lo expuesto, debe desestimarse la raz\u00f3n ofrecida para explicar la creaci\u00f3n de m\u00faltiples sociedades dentro de la estructura del denominado Grupo Empresarial M\u00f3nica Colombia. Ciertamente, las pruebas consultadas llevan al despacho a concluir que no existe una verdadera divisi\u00f3n de funciones que permita sustentar la especializaci\u00f3n invocada para defender la constituci\u00f3n de diversas compa\u00f1\u00edas, en lugar de una sola. Con fundamento en lo anterior, el Despacho considera que no se acredit\u00f3 una raz\u00f3n que justifique la creaci\u00f3n de la pesada estructura societaria que se ha controvertido en este proceso. Por el contrario, las pruebas consultadas apuntan a que la \u00fanica justificaci\u00f3n veros\u00edmil detr\u00e1s de la citada estructura est\u00e1 relacionada con la elusi\u00f3n de las restricciones establecidas en la legislaci\u00f3n agr\u00edcola colombiana. (\u2026) De una parte debe mencionarse el Acta N\u00b0. 1, correspondiente a la reuni\u00f3n extraordinaria del m\u00e1ximo \u00f3rgano de M\u00f3nica Colombia S.A.S. (Ltda. para la \u00e9poca) celebrada el 9 de septiembre de 2008. En esa sesi\u00f3n del m\u00e1ximo \u00f3rgano social se debati\u00f3 la necesidad de conformar un grupo empresarial, bajo el amparo del art\u00edculo 28 de la Ley 222 de 1995. Es as\u00ed como en el punto tercero del orden del d\u00eda Julio C\u00e9sar Cambruzzi expres\u00f3 que \u2018para ce\u00f1irnos a las normas colombianas relacionadas con las Unidades Agr\u00edcolas Familiares, que \u00fanicamente permiten la adquisici\u00f3n de una unidad agr\u00edcola por persona, deber\u00e1n constituirse seis (6) sociedades de las cuales M\u00f3nica Colombia Ltda., actuar\u00e1 como Holding, mediante la integraci\u00f3n y colaboraci\u00f3n empresarial [\u2026] Una vez formuladas las anteriores consideraciones, los socios aprobaron, por unanimidad, una capitalizaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda (\u2026) De otra parte, en el acta N\u00b0. 4 atinente a la reuni\u00f3n extraordinaria de la junta de socios de M\u00f3nica Colombia S.A.S. (antes Ltda.) del 14 de enero de 2009, se alude de nuevo a la conformaci\u00f3n del denominado \u2018Grupo Empresarial M\u00f3nica Colombia\u2019. En esa oportunidad, el se\u00f1or Marco Antonio Salazar, asesor legal de la compa\u00f1\u00eda, puso de presente que \u2018teniendo en cuenta las limitaciones que la legislaci\u00f3n agraria colombiana, en lo que respecta a la adquisici\u00f3n de tierras determinadas por Unidades Agr\u00edcolas Familiares \u2013 UAF, as\u00ed como el acceso al cr\u00e9dito de fomento reglamentado y otorgado por FINAGRO para proyectos rentables t\u00e9cnica y ecol\u00f3gicamente viables, es necesario acudir a la figura de Grupo Empresarial [\u2026] En consecuencia, adem\u00e1s de M\u00f3nica Colombia Ltda., para los efectos del grupo empresarial de acuerdo a la legislaci\u00f3n mercantil colombiana, se han constituido otras seis sociedades [\u2026] Otro elemento probatorio relevante para el Despacho puede encontrarse en las manifestaciones efectuadas por el se\u00f1or Julio C\u00e9sar Cambruzzi (\u2026): \u2018Como consecuencia de la situaci\u00f3n ocasionada por las limitaciones que presentan las mesuras en Unidades Agr\u00edcolas Familiares, para un proyecto agr\u00edcola de considerable extensi\u00f3n, no es posible acceder a cr\u00e9ditos globales, esto es que cubran todo el proyecto pues el Incentivo a la Capitalizaci\u00f3n Rural \u2013 ICR, se otorga a una persona natural o jur\u00eddica que en forma individual o colectiva ejecute un proyecto de inversi\u00f3n. Y como \u00fanicamente se puede adquirir la propiedad de una sola Unidad Agr\u00edcola Familiar, necesariamente debe presentarse un proyecto por cada persona o empresa, limitado a la extensi\u00f3n de la UAF. [\u2026] Visto lo anterior, el Despacho debe concluir que la estructura societaria estudiada en esta sentencia se escapa del \u00e1mbito de lo permisible. En verdad, la creaci\u00f3n de un grupo de compa\u00f1\u00edas para sustraerse del cumplimiento de \u2018las limitaciones de la legislaci\u00f3n agraria colombiana\u2019 no puede ser considerada, en ning\u00fan caso, como un prop\u00f3sito consentido por el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. (\u2026) La conclusi\u00f3n antes expresada adquiere a\u00fan m\u00e1s fuerza si se acredita que, como ocurre en el presente caso, la \u00fanica justificaci\u00f3n posible para fraccionar un mismo proyecto agroindustrial es superar los l\u00edmites consagrados en la ley.19 <\/p>\n
En suma, \u00aba trav\u00e9s de las unidades agr\u00edcolas familiares, el legislador busca evitar que la parcelaci\u00f3n de la tierra genere la proliferaci\u00f3n de minifundios que la hagan improductiva y que frustre la realizaci\u00f3n de los postulados constitucionales relacionados con la producci\u00f3n agr\u00edcola y la funci\u00f3n social de la propiedad agraria, puesto que los minifundios no le dan la posibilidad al campesino de obtener excedentes capitalizables que le permitan mejorar sus condiciones de vida.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-006 de 2002). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que el ordenamiento jur\u00eddico est\u00e1 dirigido a brindar salidas al problema de la democratizaci\u00f3n de la tierra, producto de la inequitativa concentraci\u00f3n de la propiedad rural, todo en aras de reivindicar la justicia social y con el fin de mejorar la distribuci\u00f3n de los ingresos y beneficios derivados del dominio de la tierra, especialmente para los campesinos y los trabajadores agrarios. <\/p>\n
Se pretendieron superar, entonces, falencias propias de la estructura social agraria mediante una nueva regulaci\u00f3n de la propiedad de la tierra, al punto que se consagr\u00f3 que \u00ab[s]alvo las excepciones que se se\u00f1alan en el art\u00edculo siguiente, los predios rurales no podr\u00e1n fraccionarse por debajo de la extensi\u00f3n determinada por el INCORA como Unidad Agr\u00edcola Familiar para el respectivo municipio o zona\u00bb (inc. 1, art. 44); as\u00ed como que \u00ab[n]inguna persona podr\u00e1 adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como bald\u00edos, si las extensiones exceden los l\u00edmites m\u00e1ximos para la titulaci\u00f3n se\u00f1alados por la Junta Directiva para las Unidades Agr\u00edcolas Familiares en el respectivo municipio o regi\u00f3n. Tambi\u00e9n ser\u00e1n nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier \u00edndole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como bald\u00edos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agr\u00edcola Familiar.\u00bb (Inc. 9, art. 72 ejusdem. Resaltado impropio). <\/p>\n
2.2.3. Las Zidres. <\/p>\n
Ley 1776 de 2016 cre\u00f3 las Zonas de Inter\u00e9s de Desarrollo Rural, Econ\u00f3mico y Social, como territorios especiales, aptos para la agricultura, la ganader\u00eda, la pesca o los desarrollos forestales, alejados de los centros urbanos, con baja densidad de poblaci\u00f3n y limitada infraestructura, con el prop\u00f3sito de desarrollar planes rurales integrales, fortalecer la sostenibilidad ambiental y fomentar el desarrollo econ\u00f3mico y social de sus habitantes (arts. 1 y 2). <\/p>\n
Aunque \u00ab[e]l Sistema Nacional de Desarrollo Rural para Zidres, previsto en la Ley 1776 de 2016, no tiene como prop\u00f3sito modificar las reglas establecidas en el T\u00edtulo XII de la Ley 160 de 1994, orientadas estas a regular la adjudicaci\u00f3n de tierras bald\u00edas con aptitud agropecuaria, a trav\u00e9s de Unidades Agr\u00edcolas Familiares, para dotar de tierra a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos econ\u00f3micos, que no la posean. Su contexto (Ley 1776\/6) es bien distinto, en cuanto no se orienta a desarrollar programas de adjudicaci\u00f3n de tierras con aptitud agropecuaria, sino a promover el desarrollo de proyectos productivos en zonas que presenten especiales condiciones geogr\u00e1ficas, agrol\u00f3gicas, de acceso e infraestructura, que en principio no ser\u00edan aptas para desarrollar programas de reforma agraria, mediante contratos no traslaticios de dominio y a trav\u00e9s de formas asociativas de producci\u00f3n.\u00bb (Corte Constitucional, sentencia C-077 de 2017); esta compilaci\u00f3n legal consagr\u00f3 respecto de los campesinos, mujeres rurales o trabajadores agrarios sin tierra y poseedores de buena fe -caracterizados por ser peque\u00f1os productores pero carentes de t\u00edtulo que los acredite como propietarios de las parcelas sobre las cuales desempe\u00f1an sus labores agrarias- que el gobierno nacional les formalizar\u00e1 la titularidad de dichos predios (art. 16). <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
3.1. Defectos formales de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb. (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor20. <\/p>\n
Para esto debe tenerse en cuenta que cuando se invoca la afectaci\u00f3n por v\u00eda directa de la ley sustancial -camino escogido por el recurrente en sus dos primeros embates- es necesario coincidir en su totalidad con los hechos tenidos por acreditados en el fallo, sin que exista campo para disentir de los medios de convicci\u00f3n recaudados, por cuanto la cr\u00edtica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios de las normas que gobiernan el caso, bien sea porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivoc\u00f3 al elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un entendimiento ajeno a su alcance. <\/p>\n
Al respecto tiene dicho la Corte que: <\/p>\n
\u2026al acudir en casaci\u00f3n invocando la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, se debe partir de la aceptaci\u00f3n \u00edntegra de los hechos tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear inconformidad alguna relacionada con los medios de convicci\u00f3n recaudados, debi\u00e9ndose limitar la formulaci\u00f3n del ataque a establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. 2005-00078). <\/p>\n
Con base en tales premisas colige la Corte que el cuestionamiento final enarbolado en el reproche casacional, en lo que ata\u00f1e al cuestionamiento que hace el recurrente acerca del empleo dado por el juzgador de \u00faltima instancia al art\u00edculo 1525 del C\u00f3digo Civil, carece de las exigencias formales, en la medida en que resulta asim\u00e9trico o desenfocado, en tanto parte de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica diversa a la establecida en el fallo. <\/p>\n
Efectivamente, es de rigor para quien acude a este mecanismo de defensa orientar acertadamente sus cr\u00edticas, lo que implica que debe atacar las razones, sean jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, de la sentencia cuestionada. <\/p>\n
De all\u00ed que si para tales efectos son aducidas consideraciones ajenas a tal decisi\u00f3n, por una incorrecta o incompleta asunci\u00f3n de lo realmente plasmado en ella, la recriminaci\u00f3n no merezca an\u00e1lisis, por no estar dirigida hacia los pilares de la providencia del ad-quem. <\/p>\n
Sobre el tema esta Corporaci\u00f3n ha establecido lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026) \u2018la Corte ha se\u00f1alado que \u2018[d]e manera, pues, que en esas condiciones el reproche resulta desenfocado, en la medida en que no guarda una estricta y adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar\u2019 (auto de 18 de diciembre de 2009, exp. 6800131030012001-00389 01) o que \u2018resulta desenfocado, pues deja de lado la raz\u00f3n toral de la que se vali\u00f3 el ad quem para negar las pretensiones (\u2026) Ignorado fue, entonces, el n\u00facleo argumentativo del fallo impugnado, haciendo del cargo una embestida carente de precisi\u00f3n, pues apenas comprende algunas de las periferias del asunto, lo cual anticipa su ineficacia para propiciar el pronunciamiento de la Corte.\u2019 (CSJ AC7629 de 2016, rad. 2013-00093-01). <\/p>\n
De tal falencia padece el cuestionamiento final del cargo planteado, porque el recurrente censura al Tribunal en raz\u00f3n a que \u00ab[s]i los demandantes pensaban que hab\u00eda ilicitud no pod\u00edan pedir la acci\u00f3n de repetici\u00f3n como lo hacen en las pretensiones de la demanda, y menos a\u00fan pod\u00eda el tribunal ordenar las restituciones mutuas puesto que desconoce dicha norma\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, ese juzgador colegiado no concluy\u00f3 acreditadas las rese\u00f1adas circunstancias f\u00e1cticas, esto es, que los promotores fueran sabedores de la restricci\u00f3n que reca\u00eda sobre los predios Las Acacias, El Centenario y la Ilusi\u00f3n, del municipio de Simacota (Santander). <\/p>\n
Por el contrario, razon\u00f3 el fallador ad-quem que tanto los demandantes, a t\u00edtulo de compradores, como el demandado, quien fungi\u00f3 de vendedor, desconoc\u00edan esas limitaciones; los primeros en tanto conocieron la prohibici\u00f3n plasmada en ese canon legal cuando iniciaron los tr\u00e1mites para inscribir la escritura p\u00fablica de compraventa, y el \u00faltimo, por no acreditarse su conocimiento previo acerca de la prohibici\u00f3n, dado que no fue adjudicatario en ninguno de los actos administrativos con los cuales el Estado traspaso los bienes cuando eran bald\u00edos ni se le impuso limitaci\u00f3n cuando los adquiri\u00f3. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, en su reproche el recurrente parte de que el tribunal consider\u00f3 que los demandantes sab\u00edan de las restricciones contenidas en la ley 160 de 1994 sobre los fundos para cuando ajustaron la compraventa, no obstante que ese estrado judicial consider\u00f3 todo lo contrario, esto es, que las ignoraban. <\/p>\n
El mismo yerro de t\u00e9cnica aparece en otros pasajes del reproche casacional, en raz\u00f3n a que afirm\u00f3 el inconforme que el tribunal carec\u00eda de facultades para declarar nulos los actos administrativos de adjudicaci\u00f3n que el Incoder, antes Incora, realiz\u00f3 sobre los inmuebles vendidos, en raz\u00f3n a que s\u00f3lo pod\u00edan ser desvirtuados a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa; y que igualmente err\u00f3 al considerar que la sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional decant\u00f3 que la prohibici\u00f3n establecida en el art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 se aplica a todos los predios que hubieren sido adjudicados como bald\u00edos. <\/p>\n
Realmente, una lectura reposada del prove\u00eddo de segundo grado deja al descubierto que el juzgador colegiado no declar\u00f3 la nulidad de ning\u00fan acto administrativo, ni siquiera lo consider\u00f3, pues se limit\u00f3 a explicar por qu\u00e9 la compraventa impugnada estaba viciada de nulidad absoluta por objeto il\u00edcito. <\/p>\n
Y en cuanto a la aplicaci\u00f3n del precedente contenida en la sentencia C-077 de 2017 de la Corte Constitucional, la providencia criticada adujo que \u00ab[n]o empece la intenci\u00f3n del congreso de solucionar esa problem\u00e1tica, los proyectos de ley en los que se ha querido legislar para que sea el congreso, como genuino int\u00e9rprete de la ley a trav\u00e9s de otra ley, el que otorgue una interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable al art\u00edculo 72 de la ley 160 han naufragado, incluso, se lleg\u00f3 a creer que con la expedici\u00f3n de la ley 1776 del 2016 \u2013Por medio de la cual se crean y desarrollan las zonas de inter\u00e9s de desarrollo rural econ\u00f3mico y social, zidres-, se legisl\u00f3 sobre la interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 (\u2026) sin embargo, la demanda (sic) de inconstitucionalidad C-077 de 2017, dijo lo contrario (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por consecuencia, varios apartes del agravio bajo estudio padecen de desenfoque, pues all\u00ed se cuestionan consideraciones que el Tribunal no expuso en su fallo, lo cual desemboca en su fracaso. <\/p>\n
3.2. Inexistencia de vulneraci\u00f3n del ordenamiento sustancial. <\/p>\n
No obstante la suficiencia de las anteriores consideraciones para desestimar el embate casacional, la Corte, dejando de lado las precedentes faltas t\u00e9cnicas del escrito sustentador de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, concluye que tampoco ocurri\u00f3 la conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial denunciada, porque respet\u00f3 el referente a los bienes bald\u00edos y su entorno hist\u00f3rico-social, al cual ya se hizo menci\u00f3n en esta providencia. <\/p>\n
It\u00e9rase, tal cual se anot\u00f3, que como respuesta normativa del Estado en relaci\u00f3n con los bienes bald\u00edos se previ\u00f3 su adquisici\u00f3n a favor de los particulares, previa ocupaci\u00f3n, la cual deber\u00eda ser declarada por acto administrativo expedido por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria \u00abIncora\u00bb, despu\u00e9s \u00abIncoder\u00bb y hoy Agencia Nacional de Tierras, siempre y cuando esta detentaci\u00f3n fuera realizada durante el lapso y con los dem\u00e1s presupuestos establecidos en los art\u00edculos 29 y ss. de la Ley 135 de 1961, con las modificaciones plasmadas en las leyes 30 de 1988 y 4 de 1973, y por las derogatorias hechas por la Ley 160 de 1994. <\/p>\n
El prop\u00f3sito de dicha regulaci\u00f3n, \u00ab[l]a adjudicaci\u00f3n de terrenos de propiedad de la Naci\u00f3n, concretamente de bald\u00edos, tiene como objetivo primordial, permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes carecen de ella, pues es requisito indispensable, seg\u00fan la ley acusada, que el presunto adjudicatario no posea otros bienes rurales, ni tenga ingresos superiores a mil salarios m\u00ednimos mensuales (arts. 71 y 72 ley 160\/94), como tambi\u00e9n contribuir al mejoramiento de sus recursos econ\u00f3micos y, obviamente, elevar su calidad de vida. (Corte Constitucional, sentencia \u00eddem). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, clara se muestra la intenci\u00f3n legislativa de brindar soluciones a un problema de d\u00e9cadas, cual ha sido la inequitativa concentraci\u00f3n de la propiedad rural, como forma de reivindicar la justicia social, pues de lo contrario seguir\u00eda gener\u00e1ndose mala distribuci\u00f3n de los ingresos y beneficios derivados del dominio de la tierra. <\/p>\n
Se pretendieron superar, entonces, falencias propias de la estructura social agraria mediante una nueva regulaci\u00f3n de la propiedad de la tierra, al punto que se consagr\u00f3 que \u00ab[s]alvo las excepciones que se se\u00f1alan en el art\u00edculo siguiente, los predios rurales no podr\u00e1n fraccionarse por debajo de la extensi\u00f3n determinada por el INCORA como Unidad Agr\u00edcola Familiar para el respectivo municipio o zona\u00bb (inc. 1, art. 44); as\u00ed como que \u00ab[n]inguna persona podr\u00e1 adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como bald\u00edos, si las extensiones exceden los l\u00edmites m\u00e1ximos para la titulaci\u00f3n se\u00f1alados por la Junta Directiva para las Unidades Agr\u00edcolas Familiares en el respectivo municipio o regi\u00f3n. Tambi\u00e9n ser\u00e1n nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier \u00edndole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como bald\u00edos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agr\u00edcola Familiar.\u00bb (Inc. 9, art. 72 ejusdem. Resaltado impropio). <\/p>\n
Por consecuencia y aunque es cierto, como lo aduce el recurrente, que la aplicaci\u00f3n de la ley 160 de 1994, en los t\u00e9rminos aducidos por sus juzgadores de instancia, genera una restricci\u00f3n para quienes con anterioridad a la expedici\u00f3n de tal ordenamiento jur\u00eddico compraron los inmuebles que fueron bald\u00edos adjudicados a sus ocupantes, quienes los enajenaron a aquellos; la Corte no encuentra desavenencia en dicha hermen\u00e9utica finalista y gramatical del tribunal, habida cuenta que se ajusta a los prop\u00f3sitos referidos en tanto regul\u00f3, sin distinci\u00f3n a la \u00e9poca en la cual fue expedido el correspondiente acto administrativo de adjudicaci\u00f3n, que en el futuro no podr\u00edan ser enajenados si su extensi\u00f3n es mayor a la Unidad Agr\u00edcola Familiar de la zona en la cual est\u00e1n ubicados, so pena de que tal negocio jur\u00eddico quedara viciado de nulidad absoluta. <\/p>\n
En efecto, recu\u00e9rdese que donde el legislador no ha hecho distinci\u00f3n no es dable hacerla al int\u00e9rprete, de all\u00ed que el canon 31 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 inicialmente que \u00ab[l]o favorable u odioso de una disposici\u00f3n no se tomar\u00e1 en cuenta para ampliar o restringir su interpretaci\u00f3n\u00bb, al paso que el precepto 27 del mismo ordenamiento regula ab-initio que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu.\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, el \u00f3rgano c\u00faspide de la jurisdicci\u00f3n constitucional declar\u00f3 la exequibilidad de la restricci\u00f3n en cita, tras recordar la funci\u00f3n social del derecho a la propiedad privada, al sentar que: <\/p>\n
Como es sabido, atendiendo al sentido y alcance del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n, la adquisici\u00f3n y ejercicio de la propiedad privada puede ser susceptible de una serie de condicionamientos y cargas impuestos por el Estado, en raz\u00f3n de que la propiedad no se concibe como un derecho absoluto sino relativo, lo cual se deriva del principio constitucional solidarista de que \u00abla propiedad es una funci\u00f3n social que implica obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, si la relativizaci\u00f3n de la propiedad se predica del dominio privado, con mayor raz\u00f3n debe predicarse del que se genera cuando la Naci\u00f3n adjudica los bienes bald\u00edos, si se repara que \u00e9stos indefectiblemente est\u00e1n destinados a contribuir al logro de fines esenciales del Estado (C.P. art. 2), en lo econ\u00f3mico y social, particularmente en lo que concierne con la creaci\u00f3n de las condiciones materiales que contribuyan a la dignificaci\u00f3n de la vida de los trabajadores del campo, mediante su acceso a la propiedad y a los bienes y servicios complementarios requeridos para la explotaci\u00f3n de \u00e9sta y para su mejoramiento social y cultural. <\/p>\n
El latifundio y el minifundio, como se ha advertido antes, est\u00e1n reconocidos como sistemas de tenencia y explotaci\u00f3n de las tierras propios de una defectuosa estructura de la propiedad agraria, que contradicen los principios pol\u00edticos que informan el Estado Social de Derecho, en la medida en que se erigen como obst\u00e1culos del desarrollo econ\u00f3mico y social del campo, bien porque concentra la propiedad y los beneficios que de ella se derivan, o bien porque se atomiza su explotaci\u00f3n, con el resultado de un bajo rendimiento econ\u00f3mico, que coloca al productor apenas dentro de unos niveles de subsistencia. <\/p>\n
La funci\u00f3n social de la propiedad, a la cual le es inherente una funci\u00f3n ecol\u00f3gica, comporta el deber positivo del legislador en el sentido de que dicha funci\u00f3n se haga real y efectiva, cuando el Estado hace uso del poder de disposici\u00f3n o manejo de sus bienes p\u00fablicos. De esta manera, los condicionamientos impuestos por el legislador relativos al acceso a la propiedad de los bienes bald\u00edos, no resultan ser una conducta extra\u00f1a a sus competencias, porque \u00e9stas deben estar dirigidas a lograr los fines que previ\u00f3 el Constituyente en beneficio de los trabajadores rurales. (Corte Constitucional, sentencia C-536 de 1997). <\/p>\n
Y espec\u00edficamente en relaci\u00f3n con el inciso 9 del art\u00edculo 72 de la ley 160 de 1994 atacado, razon\u00f3 que: <\/p>\n
La limitaci\u00f3n introducida por la norma acusada sobre el tama\u00f1o transferible de la propiedad originada en una adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos, no atenta contra el derecho de propiedad ni su libre enajenaci\u00f3n. En efecto, ha sido la voluntad del legislador, amparada como se dijo en la previsi\u00f3n del art. 150-18 y en la persecuci\u00f3n de los fines constitucionales de lograr el acceso de los campesinos a la propiedad rural, el de limitar la adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos, salvo las excepciones que establezca la Junta Directiva del Incora, a una unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica denominada UAF (ley 160\/94 art. 66). Por lo tanto, este l\u00edmite a la adjudicaci\u00f3n guarda congruencia con el precepto acusado, que proh\u00edbe a toda persona adquirir la propiedad de terrenos inicialmente adjudicados como bald\u00edos si la respectiva extensi\u00f3n excede de una UAF, precepto que consulta la funci\u00f3n social de la propiedad que comporta el ejercicio de \u00e9sta conforme al inter\u00e9s p\u00fablico social y constituye una manifestaci\u00f3n concreta del deber del Estado de \u2018promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios\u2026con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos\u2019 (art. 64 C.P.). <\/p>\n
Es evidente que si se limita la posibilidad de adquirir la propiedad de los bald\u00edos, o la que se deriva de un t\u00edtulo de adjudicaci\u00f3n de bald\u00edos a una UAF, como lo prev\u00e9 el ac\u00e1pite normativo acusado, m\u00e1s posibilidades tendr\u00e1 el Estado de beneficiar con dicha propiedad a un mayor n\u00famero de campesinos, aparte de que se lograr\u00e1 el efecto ben\u00e9fico de impedir la concentraci\u00f3n de la propiedad o su fraccionamiento antiecon\u00f3mico. (Corte Constitucional, sentencia C-536 de 1997). <\/p>\n
Total, la interpretaci\u00f3n finalista y gramatical acogida por el tribunal respecto del canon 72 de la ley 160 de 1994, espec\u00edficamente en relaci\u00f3n con su inciso 9, no merece reproche en esta sede extraordinaria, comoquiera que concuerda con la regulaci\u00f3n jur\u00eddica de los bienes que otrora \u00e9poca fueron bald\u00edos y adjudicados por el Estado a sus ocupantes. <\/p>\n
Por consecuencia, no ocurri\u00f3 la conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial denunciada en el cargo respecto de dicho precepto legal. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De lo analizado emerge que el juzgador ad quem no incurri\u00f3 en la conculcaci\u00f3n del ordenamiento sustancial enrostrada, circunstancia que conlleva la frustraci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la imposici\u00f3n de costas a su proponente, seg\u00fan lo previsto en el inciso final del art\u00edculo 349 del C\u00f3digo General del Proceso, y al se\u00f1alamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 365 ib\u00eddem, para lo cual se tendr\u00e1 en cuenta que la parte opositora replic\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 8 de marzo de 2018, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso ordinario promovido por Sonia Emilce Garc\u00eda S\u00e1nchez y Luis Carlos Echeverry Zapata contra Jos\u00e9 Nicanor Bernal V\u00e9lez, al cual fueron vinculados Leonardo Escobar Moncada y Catherin Calle Garc\u00eda como litisconsortes necesarios del convocado. <\/p>\n
Se condena en costas al recurrente en casaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n concentrada que deber\u00e1 realizar el juzgado de primera instancia incl\u00fayase $6\u2019000.000, por concepto de agencias en derecho que fija el magistrado ponente. <\/p>\n
En firme este prove\u00eddo devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Informe del centro nacional de memoria hist\u00f3rica; Tierras y conflictos rurales, historia, pol\u00edticas agrarias y protagonistas; Centro nacional de memoria hist\u00f3rica, 1\u00aa edici\u00f3n, septiembre de 2016, p\u00e1g. 35. <\/p>\n
2\u0002 Centro nacional de memoria hist\u00f3rica; ob. cit. P\u00e1gs. 36 a 37. <\/p>\n
3\u0002 Catherine LeGrand, Colonizaci\u00f3n y protesta campesina en Colombia (1850-1950), 2\u00aa edici\u00f3n, Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Centro de Investigaciones y Educaci\u00f3n Popular, p\u00e1gs. 56 a 57. <\/p>\n
4\u0002 Food and Agriculture Organization. Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentaci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 Absal\u00f3n Machado, El problema de la tierra, Conflicto y desarrollo en Colombia, 1\u00aa edici\u00f3n, 2017, Penguin Random House, Grupo editorial, p\u00e1g. 22 a 23; citando a FAO-IICA, Anotaciones preliminares para el an\u00e1lisis del estado de la reforma agraria en Colombia, Bogot\u00e1, 31 de octubre de 1970, Ministerio de Agricultura, Informe del Comit\u00e9 Evaluador de la Reforma agraria, Bogot\u00e1 enero de 1971. <\/p>\n
6\u0002 Comisi\u00f3n Hist\u00f3rica del Conflicto y sus V\u00edctimas. Estudio sobre los or\u00edgenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos m\u00e1s profundos en la sociedad colombiana. Dar\u00edo Fajardo M., Universidad Externado de Colombia, noviembre de 2014. P\u00e1g. 6. <\/p>\n
7\u0002 Ob. Cit. P\u00e1g. 32. <\/p>\n
8\u0002 Pe\u00f1as Huertas, R.P., Parada Hern\u00e1ndez, M.M., Zuleta R\u00edos, S. (2014). La regulaci\u00f3n agraria en Colombia o el eterno d\u00e9j\u00e0 vu hacia la concentraci\u00f3n y el despojo: un an\u00e1lisis de las normas jur\u00eddicas colombianas sobre el agro (1991-2010); en Estudios Socio-jur\u00eddicos, 16(1). P\u00e1gs. 123 a 167, disponible en www.urosario.edu.co, Bogot\u00e1 (Colombia). <\/p>\n
9\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
10\u0002 Pe\u00f1as Huertas, R.P., Parada Hern\u00e1ndez, M.M., Zuleta R\u00edos, S. (2014). La regulaci\u00f3n agraria en Colombia o el eterno d\u00e9j\u00e0 vu hacia la concentraci\u00f3n y el despojo: un an\u00e1lisis de las normas jur\u00eddicas colombianas sobre el agro (1991-2010); en Estudios Socio-jur\u00eddicos, 16(1). P\u00e1gs. 123 a 167, disponible en www.urosario.edu.co, Bogot\u00e1 (Colombia). <\/p>\n
11\u0002 \u201cLas comunidades ind\u00edgenas de conformidad con reiterada jurisprudencia son sujetos constitucionales de especial protecci\u00f3n, los campesinos o los trabajadores agrarios no han recibido tal calificaci\u00f3n por la jurisprudencia (…) No todos los campesinos son sujetos de especial protecci\u00f3n\u201d. Corte Constitucional. Sentencia C-180 de 2005. <\/p>\n
12\u0002 Absal\u00f3n Machado, El problema de la tierra, Conflicto y desarrollo en Colombia, 1\u00aa edici\u00f3n, 2017, Penguin Random House, Grupo editorial, p\u00e1g. 22 a 23. <\/p>\n
13\u0002 Centro nacional de memoria hist\u00f3rica; ob. cit. P\u00e1g. 37. <\/p>\n
14\u0002 Exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley, Gaceta del Congreso 131 de 1992, 29 de octubre, C\u00e1mara de Representantes. <\/p>\n
15\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
16\u0002 Exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley, Gaceta del Congreso 131 de 1992, 29 de octubre, C\u00e1mara de Representantes. <\/p>\n
17\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
18\u0002 Exposici\u00f3n de motivos del proyecto de ley, Gaceta del Congreso 131 de 1992, 29 de octubre, C\u00e1mara de Representantes. <\/p>\n
19\u0002 Sentencia de 16 oct. 2013, Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegatura para procedimientos mercantiles. Caso Finagro contra M\u00f3nica Colombia S.A.S. y otros. Rad. 2012-801-070. <\/p>\n
20\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
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SC877-2022 (2011-00255-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente SC877-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-31-03-012-2011-00255-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62608","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62608","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62608"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62608\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62608"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62608"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62608"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}