SC879-2022 (2020-01449-00)<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01449-00 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
<\/p>\n
SC879-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2020-01449-00 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de diez de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide la solicitud de exequ\u00e1tur presentada por Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez y Lilia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, respecto de la sentencia de 9 de octubre de 1978, proferida por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, del Tr\u00e1nsito y del Trabajo de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de M\u00e9rida, de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. <\/p>\n
<\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Las convocantes, en su calidad de hija y presunta compa\u00f1era permanente del causante, solicitaron la homologaci\u00f3n del prove\u00eddo por el que se declar\u00f3 el divorcio de los c\u00f3nyuges Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) y Marl\u00e9n Avenda\u00f1o Osorio de Grosso (archivo digital demanda_ integrada_y_cotejada). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los hechos relevantes del libelo genitor pueden compendiarse de la siguiente manera (folios 45 a 49 \u00eddem): <\/p>\n
2.1. El 12 de junio de 1970 el se\u00f1or Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) contrajo matrimonio con Marl\u00e9n Avenda\u00f1o Osorio de Grosso, en San Antonio, Estado de T\u00e1chira, Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela. V\u00ednculo registrado en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de C\u00facuta, el 13 de septiembre de 2018, con el fin de que surtiera efectos en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
En desarrollo de esta uni\u00f3n se procre\u00f3 a Mar\u00eda Claudia Grosso Avenda\u00f1o, mayor de edad a la fecha del pedimento de homologaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.2. Los contrayentes, el 4 de marzo de 1976 y de mutuo acuerdo, solicitaron la separaci\u00f3n legal de cuerpos y bienes ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, del Tr\u00e1nsito y del Trabajo, de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de M\u00e9rida, a lo cual se accedi\u00f3 en su oportunidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. El 9 de octubre de 1978, el mismo operador judicial, declar\u00f3 que la separaci\u00f3n se convirti\u00f3 en divorcio y convalid\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal efectuada por los consortes. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4. Jorge Luis Grosso Vargas falleci\u00f3 el 1\u00b0 de febrero de 2018, momento para el cual ten\u00eda una uni\u00f3n marital de hecho con Lilia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, de la cual naci\u00f3 Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez. <\/p>\n
TR\u00c1MITE DEL EXEQU\u00c1TUR <\/p>\n
<\/p>\n
1. La demanda de homologaci\u00f3n fue admitida el 11 de septiembre de 2020, acto en el que se orden\u00f3 notificar a la convocada y a la Procuradur\u00eda Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El representante del Ministerio P\u00fablico, despu\u00e9s de enterado, se pronunci\u00f3 en el sentido de que \u00abtodas las exigencias formales previstas en la normativa\u2026 se satisfacen en conjunto, por lo que\u2026 procede la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u00bb (archivo digital 24. CONTESTACI\u00d3N DEL MINISTERIO). <\/p>\n
<\/p>\n
Tambi\u00e9n destac\u00f3 \u00abcomo colof\u00f3n, que la ausencia de legitimaci\u00f3n de\u2026 Lilia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, no afecta, en \u00faltimas, la pretensi\u00f3n homologatoria\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La convocada, cumplido el tr\u00e1mite de enteramiento, se opuso al reconocimiento por cuanto: (I) la conversi\u00f3n de la separaci\u00f3n de bienes y cuerpos a divorcio, es una figura extra\u00f1a al r\u00e9gimen procesal civil patrio; (II) el matrimonio celebrado en el extranjero no se inscribi\u00f3 en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Bogot\u00e1; (III) Lilia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez promovi\u00f3 un proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho, de lo cual se infiere el \u00e1nimo de obtener una ventaja; (IV) no se garantiz\u00f3 el derecho de defensa de la c\u00f3nyuge, por cuanto la decisi\u00f3n de divorcio no cont\u00f3 con su autorizaci\u00f3n; y (V) en el interregno entre la separaci\u00f3n y el divorcio s\u00ed hubo reconciliaci\u00f3n, al punto que naci\u00f3 Silvia Leonor Grosso Avenda\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
Adem\u00e1s, propuso la excepci\u00f3n que intitul\u00f3 \u00abilegitimidad en la causa por activa\u00bb, por cuanto Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez no es titular de la relaci\u00f3n jur\u00eddica, lo que descarta su inter\u00e9s en las resultas del proceso (archivo digital 30. MEMORIAL CONTESTACION EXEQUATUR 2020-1449). <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Corte tuvo como pruebas los documentos aportados con la demanda y la contestaci\u00f3n, y ofici\u00f3 \u00abal Ministerio de Relaciones Exteriores para que certifique si entre Colombia y Venezuela existen tratados o convenios suscritos para el reconocimiento rec\u00edproco de las sentencias dictadas por sus jueces, particularmente, en causas de divorcio, o si hacen parte de un tratado multilateral sobre el mismo tema\u00bb (archivo digital 68. AUTO DECRETA PRUEBAS 11-08-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
5. El Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Canciller\u00eda de Colombia, por oficio S-GTAJI-21-022602 del 17 de septiembre de 2021, adjunt\u00f3 la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb y el \u00abAcuerdo sobre Ejecuci\u00f3n de Actos Extranjeros\u00bb, por cuanto la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y Colombia hacen parte de los mismos. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta documentaci\u00f3n fue incorporada a la actuaci\u00f3n y se puso a disposici\u00f3n de los interesados, por auto de 8 de noviembre de 2021 (archivo digital 0048Documento_ actuaci\u00f3n). <\/p>\n
<\/p>\n
6. Ante la ausencia de pruebas adicionales que debieran practicarse, se otorg\u00f3 un t\u00e9rmino com\u00fan de cinco (5) d\u00edas para que las partes se pronunciaran sobre las recaudadas en la foliatura (archivo digital 0060Documento_actuacion). <\/p>\n
<\/p>\n
7. En desarrollo, la convocada insisti\u00f3 en que deb\u00eda rehusarse la homologaci\u00f3n en tanto: (I) la conversi\u00f3n ipso facto de la acci\u00f3n judicial de separaci\u00f3n, a divorcio, no est\u00e1 contemplada en nuestro ordenamiento jur\u00eddico; (II) no existe prueba sobre la notificaci\u00f3n personal de Marl\u00e9n Avenda\u00f1o de Grosso al tr\u00e1mite de divorcio; y (III) la providencia extranjera tiene una inexactitud, equivalente a fraude procesal o falsedad, tocante a la reconciliaci\u00f3n de los consortes (archivo digital 0069Memorial). <\/p>\n
<\/p>\n
Los dem\u00e1s sujetos procesales guardaron silencio. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Sentencia anticipada <\/p>\n
<\/p>\n
1.1. El art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso prescribe que, \u00ab[e]n cualquier estado del proceso, el juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u2026 [c]uando no hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Los sentenciadores, entonces, tienen el deber de proferir sentencia definitiva en el momento en que adviertan que no habr\u00e1 debate probatorio o que el mismo es inocuo, sin tr\u00e1mites adicionales, siempre que exista claridad f\u00e1ctica sobre los supuestos aplicables al caso. <\/p>\n
<\/p>\n
En este contexto, prevalecen los principios de celeridad y econom\u00eda procesal sobre el respeto a las formas propias de cada juicio, en aras de lograr decisiones prontas, adelantadas con el menor n\u00famero de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total, las formalidades est\u00e1n al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deber\u00e1n soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo contrario equivaldr\u00eda a una \u00abirrazonable prolongaci\u00f3n [del proceso, que hace] inoperante la tutela de los derechos e intereses comprometidos en \u00e9l\u00bb1. Ins\u00edstase, la administraci\u00f3n de justicia \u00abdebe ser pronta, cumplida y eficaz en la soluci\u00f3n de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento\u00bb (art\u00edculo 4 de la ley 270 de 1996), para lo cual se exige que sea \u00abeficiente\u00bb y que \u00ab[l]os funcionarios y empleados judiciales [sean] diligentes en la sustanciaci\u00f3n de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley\u00bb (art\u00edculo 7 ibidem). <\/p>\n
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y econom\u00eda procesal, lo que es arm\u00f3nico con una justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial. <\/p>\n
<\/p>\n
La Sala tiene decantado: <\/p>\n
<\/p>\n
Por supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
<\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 ag. 2017, rad. n.\u00b0 2016-03591-00). <\/p>\n
1.2. En el presente caso resulta procedente emitir un fallo anticipado pues, como se advirti\u00f3 en el auto del 9 de diciembre de la anualidad pasada, \u00abno hay m\u00e1s pruebas que practicar\u00bb, siendo anodino agotar la etapa de la audiencia para alegar de conclusi\u00f3n y proferir sentencia oral, como lo manda el numeral 4 del art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
Y es que en el plenario refulgen todos los medios suasorios requeridos para adoptar una decisi\u00f3n de fondo, en tanto fueron aportados con la demanda y su subsanaci\u00f3n, as\u00ed como recaudadas oficiosamente. Por tanto, debe emitirse un fallo inmediato, por escrito, sin agotar las dem\u00e1s etapas establecidas en las normas vigentes para el tr\u00e1mite de exequatur. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Cumplimiento de los requisitos para la homologaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.1. La homologaci\u00f3n es un tr\u00e1mite jurisdiccional que busca otorgar, a una sentencia proveniente del exterior, efectos equivalentes a los de una local, en desarrollo del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica entre los estados y de las necesidades connaturales de una sociedad globalizada, con un alto tr\u00e1nsito de personas y de capitales entre los pa\u00edses. <\/p>\n
<\/p>\n
En este caso, la administraci\u00f3n de justicia deja de estar en manos de los jueces locales, para otorgar vigor a lo resuelto por falladores for\u00e1neos, a condici\u00f3n de que se cumplan las formalidades fijadas en la regulaci\u00f3n, las cuales no pretenden un reexamen de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, sino la verificaci\u00f3n de ciertos aspectos extr\u00ednsecos al prove\u00eddo (CSJ, SC10089, 25 jul. 2016, rad. n.\u00b0 2013-02702-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Tales formalidades depender\u00e1n de los tratados o convenios bilaterales o multilaterales aplicables a la materia y, en ausencia de estos, de los art\u00edculos 606 y 607 de la ley 1564 de 2012, los cuales tienen un car\u00e1cter subsidiario. As\u00ed se infiere del canon 605 ejusdem, el cual prescribe que las \u00absentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas por autoridades extranjeras\u2026 tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los tratados existentes con ese pa\u00eds\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
La jurisprudencia, a\u00f1os atr\u00e1s, precis\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
[E]n primer lugar se atiende a las estipulaciones de los Tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia\u2026 lo que en otras palabras significa que aquellos cap\u00edtulos de los c\u00f3digos de procedimiento civil constituyen estatutos legales subsidiarios que\u2026 \u2018funcionan en segundo t\u00e9rmino\u2019 y para los supuestos en los cuales Colombia no ha celebrado con pa\u00edses extranjeros un convenio que fije el valor de una sentencia dictada por otra soberan\u00eda (SC184, 24 may. 1989). <\/p>\n
<\/p>\n
Trat\u00e1ndose de providencias judiciales emanadas de autoridades de estados suscriptores de la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros\u00bb, de 8 de mayo de 1979, el exequatur s\u00f3lo ser\u00e1 viable con la previa verificaci\u00f3n de los requerimientos que se listan en los art\u00edculos 2 y 3, los cuales se compendian en lo sucesivo: <\/p>\n
<\/p>\n
(a) La sentencia debe proferirse en juicios civiles, comerciales o laborales, y requiere estar revestida de las formalidades externas necesarias para que sea considerada aut\u00e9ntica en el estado de donde procede; <\/p>\n
<\/p>\n
(b) El prove\u00eddo y sus anexos deber\u00e1n ser traducidos al idioma oficial del estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
<\/p>\n
(c) Los documentos deben presentarse debidamente legalizados seg\u00fan la ley de quien concede el exequatur; <\/p>\n
<\/p>\n
(d) El juez o tribunal sentenciador debe tener competencia para conocer y juzgar el asunto, seg\u00fan la legislaci\u00f3n del estado donde deban surtir efecto; <\/p>\n
<\/p>\n
(e) El demandado debi\u00f3 ser notificado o emplazado en debida forma, de lo cual deber\u00e1 darse cuenta; <\/p>\n
<\/p>\n
(f) Es menester demostrar que se salvaguard\u00f3 el derecho de defensa de los afectados; <\/p>\n
<\/p>\n
(g) La providencia debe estar ejecutoriada o tener fuerza de cosa juzgada; y <\/p>\n
<\/p>\n
(h) La decisi\u00f3n a homologar no puede contrariar manifiestamente los principios y las leyes de orden p\u00fablico del pa\u00eds en que se pida el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Es cierto que \u00abEcuador, Bolivia, Per\u00fa, Colombia y Venezuela\u00bb son suscriptores del \u00abAcuerdo sobre Ejecuci\u00f3n de Actos Extranjeros\u00bb, del 18 de junio de 1912, que tambi\u00e9n regula lo relativo al reconocimiento de las sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles y comerciales emitidos por cualquiera de esos pa\u00edses (art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0); empero, por fuerza de la \u00abConvenci\u00f3n de Viena sobre el Derecho de los Tratados\u00bb, firmada en Viena el 23 de mayo de 1969, el referido Acuerdo s\u00f3lo ser\u00e1 aplicable en cuanto resulte compatible con la Convenci\u00f3n Interamericana. <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed se extrae del par\u00e1grafo 3\u00b0 del numeral 30, a saber: \u00ab[c]uando todas las partes en el tratado anterior sean tambi\u00e9n partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicaci\u00f3n suspendida conforme al articulo 59, el tratado anterior se aplicar\u00e1 \u00fanicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
Por ende, como la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y Colombia hacen parte, tanto de la Convenci\u00f3n Interamericana, como del acuerdo multilateral de 1912, seg\u00fan lo certific\u00f3 el Coordinador Grupo Interno de Trabajo Tratados de la Canciller\u00eda de Colombia en el oficio S-GTAJI-21-022602 de 17 de septiembre de 2021, deben considerarse ambos instrumentos, pero dando prevalencia al primero por la fecha en que se profiri\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3. En el presente caso, encuentra la Corte que se satisfacen los requerimientos se\u00f1alados en las convenciones antes referidas, como se dilucidar\u00e1 a continuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.1. Naturaleza de la decisi\u00f3n a homologar <\/p>\n
<\/p>\n
El prove\u00eddo cuyo reconocimiento se deprec\u00f3 tiene el alcance de sentencia judicial, como se infiere de la autoridad que lo pronunci\u00f3 y su contenido. En efecto, eman\u00f3 del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, del Tr\u00e1nsito y del Trabajo de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de M\u00e9rida, quien resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento, previo an\u00e1lisis de los hechos y pruebas arrimadas a la causa. <\/p>\n
<\/p>\n
La materia discutida es de linaje civil, en tanto se declar\u00f3 disuelto el v\u00ednculo matrimonial contra\u00eddo entre Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) y Marl\u00e9n Avenda\u00f1o Osorio, por lo que cae dentro del \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros y del Acuerdo sobre Ejecuci\u00f3n de Actos Extranjeros, am\u00e9n de que la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y Colombia no hicieron reserva alguna para limitar su alcance, seg\u00fan se advierte en el sitio oficial de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos2. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.2. Autenticidad de la sentencia <\/p>\n
<\/p>\n
De acuerdo con la certificaci\u00f3n del 13 de febrero de 2020, proveniente de Mayela Rosales, Secretaria Temporal del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tr\u00e1nsito, Bancario y Mar\u00edtimo de la circunscripci\u00f3n judicial del Estado Bolivariano de M\u00e9rida, los \u00abfotostatos [se refiere al duplicado de la sentencia a homologar] son reproducci\u00f3n fiel y exacta de sus originales que se encuentran insertos en el expediente signado con el N\u00b0 471, cuya car\u00e1tula entre otras menciones dice: \u2018Demandante (s) Grosso Vargas Jorge Luis y Avenda\u00f1o Osorio de Grosso Marl\u00e9n. Motivo: separaci\u00f3n de cuerpos y bienes de mutuo consentimiento\u2019\u00bb (folio 20 del archivo digital demanda_integrada_y_cotejada). <\/p>\n
<\/p>\n
A partir de la manifestaci\u00f3n del servidor judicial es dable colegir que, la copia de la providencia arrimada, corresponde a una reproducci\u00f3n fidedigna de la original, dando cuenta de su exactitud y autenticidad. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.3. Legalizaci\u00f3n de los documentos <\/p>\n
<\/p>\n
Junto a la demanda se aport\u00f3 un documento proveniente del Registrador Principal del Estado Bolivariano de M\u00e9rida, en el cual se legaliz\u00f3 \u00abla firma de el (la) ciudadano (a) Abg. Mayela Rosales, quien tiene el cargo de autoridad p\u00fablica dentro de la jurisdicci\u00f3n del Estado Bolivariano de M\u00e9rida\u00bb (folio 21 ibidem). <\/p>\n
<\/p>\n
A su vez, la firma de aqu\u00e9l se legaliz\u00f3 por el Director General del Servicio Aut\u00f3nomo de Registros y Notar\u00edas (folio 22), cuyo ep\u00edgrafe y sello se apostill\u00f3 seg\u00fan los par\u00e1metros de la Convenci\u00f3n de la Haya de 1961 (folio 23), relativa a la Abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros, aplicable al sub lite por cuanto la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela y Colombia hacen parte de este instrumento multilateral3. <\/p>\n
<\/p>\n
Esta cadena de certificaciones y apostilla da cuenta de la calidad y cargo de cada uno de los intervinientes en el tr\u00e1mite, en cumplimiento del deber de legalizaci\u00f3n se\u00f1alado por los tratados internacionales, el cual se tendr\u00e1 por satisfecho. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.4. Idioma <\/p>\n
<\/p>\n
Por haber sido proferida en castellano, no se requiere traducci\u00f3n del fallo for\u00e1neo o de sus anexos. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.5. Competencia del juzgador venezolano <\/p>\n
<\/p>\n
Comoquiera que, en la solicitud de separaci\u00f3n de cuerpos y bienes, los consortes asintieron estar domiciliados en el Estado de M\u00e9rida, lo que se confirma al haber acudido personalmente ante la autoridad judicial, deviene que los juzgadores venezolanos eran los competentes para conocer del litigio y, de ser el caso, finiquitar la convivencia com\u00fan. <\/p>\n
<\/p>\n
Recu\u00e9rdese lo prescrito en el art\u00edculo 54 de la Convenci\u00f3n de Derecho Internacional Privado, de 20 de febrero de 1928, seg\u00fan el cual: \u00abLas causas del divorcio y de la separaci\u00f3n de cuerpos se someter\u00e1n a la ley del lugar en que se soliciten, siempre que en \u00e9l est\u00e9n domiciliados los c\u00f3nyuges\u00bb (negrilla fuera de texto). <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.6. Adecuada notificaci\u00f3n y salvaguardia del derecho de defensa <\/p>\n
<\/p>\n
Sobre este punto conviene rememorar que, inicialmente, la actuaci\u00f3n judicial promovida ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, del Tr\u00e1nsito y del Trabajo de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de M\u00e9rida, consisti\u00f3 en \u00abla separaci\u00f3n legal de cuerpos y bienes\u00bb de los esposos Grosso – Avenda\u00f1o (folio 11 del archivo digital demanda_integrada_y_cotejada). A dicha actuaci\u00f3n asistieron los interesados \u00abde mutuo acuerdo\u00bb, \u00abpor mutuo consentimiento\u00bb y debidamente asistidos por un \u00ababogado en ejercicio y de este domicilio\u00bb (folios 11 y 13 ejusdem). <\/p>\n
Con posterioridad, y despu\u00e9s de aceptada la separaci\u00f3n de cuerpos y bienes por auto de 16 de marzo de 1976, el se\u00f1or Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) deprec\u00f3 el divorcio, por pedimento del 2 de mayo de 1978 (folio 15). <\/p>\n
<\/p>\n
Este nuevo tr\u00e1mite, seg\u00fan el recuento de actuaciones efectuado por el Juez Segundo de Primera Instancia de M\u00e9rida, \u00abse notific\u00f3 a la ciudadana: Marlen Avenda\u00f1o Osorio de Grosso, a fin de que [expusiera] lo conducente en relaci\u00f3n con la solicitud de conversi\u00f3n de la separaci\u00f3n de cuerpos en divorcio\u00bb. Y \u00abpor auto de fecha tres de mayo de mil novecientos setenta y ocho el Tribunal\u2026 libr\u00f3 boleta de notificaci\u00f3n a la ciudadana: Marlen Avenda\u00f1o Osorio de Grosso, quien se dio por notificada, pero no asisti\u00f3 a la comparecencia\u00bb (idem). <\/p>\n
<\/p>\n
Del anterior relato reluce que Marl\u00e9n Avenda\u00f1o Osorio concurri\u00f3 personalmente a la primera actuaci\u00f3n y, con ocasi\u00f3n de la solicitud de divorcio, fue citada nuevamente, teni\u00e9ndose por notificada por el operador judicial competente, aunque frente a su indiferencia se adelant\u00f3 el juicio sin su participaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Este proceder, a diferencia de lo se\u00f1alado por la convocada, no desvela una conculcaci\u00f3n de su derecho de defensa o contradicci\u00f3n, ya que, seg\u00fan la manifestaci\u00f3n del juzgador, el enteramiento se agot\u00f3 en debida forma y se le concedi\u00f3 la oportunidad para intervenir. <\/p>\n
<\/p>\n
El sistema procesal colombiano tiene reglas similares, lo que desestima que por esta senda se conculquen los derechos de la demandada. Verbi gracia, el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso permite tener por notificada a una parte por aviso, con independencia de que acuda o no al proceso; similar orientaci\u00f3n sirvi\u00f3 para redactar el precepto 8 del decreto 806 de 2020, tocante a la notificaci\u00f3n por mensajes de datos dirigidos a la direcci\u00f3n electr\u00f3nica. <\/p>\n
<\/p>\n
En este punto conviene clarificar que, contrario a lo manifestado por la demandada, la sentencia judicial es una pieza procesal y, por ende, con base en su contenido es posible establecer la forma en que se agot\u00f3 el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n, sin requerirse de otros documentos, los cuales devienen insustanciales ante la claridad de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
<\/p>\n
M\u00e1xime por cuanto el recuento realizado por el sentenciador fue pormenorizado y no se aport\u00f3 ning\u00fan elemento de juicio tendiente a su negaci\u00f3n, carga que estaba sobre los hombros de la convocada por fuerza del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.3.7. Ejecutoria de la decisi\u00f3n <\/p>\n
<\/p>\n
La ejecutoria est\u00e1 demostrada con la certificaci\u00f3n del Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tr\u00e1nsito y del Trabajo, del Estado de T\u00e1chira, emitida diez (10) d\u00edas despu\u00e9s de proferido el veredicto del 9 de octubre de 1978, en la cual se se\u00f1ala: \u00abVencido como est\u00e1 el lapso legal de apelaci\u00f3n contra la anterior sentencia sin que haya hecho uso de tal derecho, se declara firme. En consecuencia, ejec\u00fatese dicho fallo\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 18 del archivo digital demanda_integrada_y_cotejada). <\/p>\n
<\/p>\n
Ante la extinci\u00f3n del plazo para impugnar la determinaci\u00f3n judicial, sin que ninguna de las partes acudiera a la misma, reluce que el fallo devino definitivo, como expresamente lo reconoci\u00f3 el juez cognoscente. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.8. Respeto a las normas de orden p\u00fablico locales <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.8.1. El fallo que se pretende sea reconocido es arm\u00f3nico con las disposiciones de orden p\u00fablico internacional colombianas, ya que: (I) el motivo que sirvi\u00f3 de base para la cesaci\u00f3n matrimonial se encuentra consagrado en el C\u00f3digo Civil; (II) la hija matrimonial ya alcanz\u00f3 la mayor\u00eda de edad y, por ende, no se requieren medidas especiales de protecci\u00f3n para sus derechos; y (III) la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal no incluy\u00f3 derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia. <\/p>\n
<\/p>\n
(I) En efecto, el fallo del 9 de octubre de 1978, emanado del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Estado de M\u00e9rida, accedi\u00f3 al divorcio por cuanto \u00abhan transcurrido m\u00e1s de dos a\u00f1os de decretada la separaci\u00f3n de cuerpos y de bienes\u00bb, sin que conste \u00abning\u00fan hecho de que pueda inferirse que se haya operado entre los c\u00f3nyuges la reconciliaci\u00f3n\u00bb (negrilla fuera de texto, folio 16). <\/p>\n
<\/p>\n
Esta causal guarda concordancia con el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil colombiano, a saber: \u00abSon causales de divorcio\u2026 la separaci\u00f3n de cuerpos, judicial o de hecho, que haya perdurado por m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
(II) Por otra parte, es cierto que constituye una regla tuitiva de nuestro ordenamiento que, dentro de la sentencia de divorcio, se adopten determinaciones sobre los hijos comunes (art\u00edculo 389 del C\u00f3digo General del Proceso), en aras de salvaguardar los derechos de los menores de edad y, eventualmente, los mayores que no pueden subsistir por s\u00ed solos. <\/p>\n
<\/p>\n
Empero, como en el sub examine, al momento en que se promovi\u00f3 el reconocimiento del fallo, la hija matrimonial rondaba los 48 a\u00f1os de edad, seg\u00fan el Registro de Nacimiento con serial n.\u00b0 711225-01552 (folio 28), resultan innecesarias medidas tendientes a garantizarle su protecci\u00f3n o manutenci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
(III) Finalmente, en la providencia del 9 de octubre de 1978, tambi\u00e9n se aprob\u00f3 que \u00ab[e]n lo que respecta a bienes habidos durante el matrimonio se regir\u00e1 por la cl\u00e1usula cuarta de la manifestaci\u00f3n hecha por los c\u00f3nyuges en su escrito de separaci\u00f3n de fecha diez y seis de marzo de mil novecientos setenta y seis\u00bb (folio 16), esto es, la repartici\u00f3n de muebles y enseres, la casa n.\u00b0 3 de la calle 48 del Estado de M\u00e9rida y el veh\u00edculo con placas 685062, sin incluir otros activos. <\/p>\n
<\/p>\n
Como estas determinaciones no comprometen bienes ubicados en el pa\u00eds, a los cuales se les debe aplicar la lex rei sitae, por fuerza de las reglas sobre derecho internacional privado4, aqu\u00e9llas son susceptibles de reconocimiento en nuestro pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
2.3.8.2. Arguy\u00f3 la convocada que, la transformaci\u00f3n del proceso de separaci\u00f3n de cuerpos y bienes, a un tr\u00e1mite de divorcio, no se encuentra autorizado en el derecho nacional, raz\u00f3n para oponerse a su reconocimiento. <\/p>\n
(I) Para resolver esta solicitud debe tenerse en cuenta que, \u00ab\u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el exequ\u00e1tur y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podr\u00eda dar lugar a que aqu\u00e9lla no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde verificar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias\u00bb (SC4714, 7 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2017-01493-00). <\/p>\n
<\/p>\n
Trasluce que no toda divergencia entre las disposiciones extranjeras y las nacionales puede servir de excusa para impedir el exequatur de fallos extranjeros, sino \u00fanicamente las que revistan una gravedad superlativa, por atentar contra \u00ablos principios y valores fundamentales del sistema u ordenamiento jur\u00eddico, su noci\u00f3n ata\u00f1e al n\u00facleo central, medular, b\u00e1sico, cardinal, primario e inmanente de intereses vitales para la persona, la existencia, preservaci\u00f3n, armon\u00eda y progreso de la sociedad\u00bb (SC2421, 4 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2018-03112-00). <\/p>\n
<\/p>\n
(II) En el presente asunto se tiene que, en verdad, el estatuto adjetivo colombiano no estableci\u00f3 la posibilidad de que el proceso de separaci\u00f3n de cuerpos y bienes transite hacia un divorcio. <\/p>\n
<\/p>\n
Sin embargo, la mencionada \u00abtransformaci\u00f3n\u00bb no socaba las bases fundamentales del sistema adjetivo contenido en la ley 1564 de 2012, pues institutos afines encuentran reconocimiento expreso en el pa\u00eds. <\/p>\n
<\/p>\n
Basta mencionar, a t\u00edtulo de ejemplo, la ejecuci\u00f3n posterior de las sentencias de condena, \u00absin necesidad de formular demanda\u00bb, siempre que se promuevan \u00abante el juez de conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada\u00bb (art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General del Proceso). O la posibilidad de acudir a incidentes, incluso despu\u00e9s de terminado el proceso, para resolver cuestiones conexas (art\u00edculos 157 y siguientes del C.G.P.), como sucede con la determinaci\u00f3n de los perjuicios por el retiro de la demanda (art\u00edculo 92), la condena en concreto por frutos o perjuicios (art\u00edculo 284), la liquidaci\u00f3n de dem\u00e9ritos por el rechazo de la oposici\u00f3n a la entrega (art\u00edculo 309), entre otras materias. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, como el estatuto procesal civil prev\u00e9 que, en ciertos casos, es posible que a la terminaci\u00f3n de un tr\u00e1mite judicial se promueva otro de forma sucesiva, como precisamente sucedi\u00f3 en el caso del veredicto del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Estado de M\u00e9rida, este curso procesal se muestra compatible con nuestro ordenamiento o, por lo menos, no socaba sus bases esenciales, de all\u00ed que sea susceptible de ser reconocida. <\/p>\n
<\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan por cuanto, seg\u00fan la sentencia del 9 de octubre de 1978, la petici\u00f3n de divorcio elevada por Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) fue notificada a su c\u00f3nyuge, quien tuvo la oportunidad de intervenir, como ya se explic\u00f3, y, con todo, al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 \u00abel Representante del Ministerio P\u00fablico de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de M\u00e9rida\u00bb (folio 16 del archivo digital demanda_integrada_y_cotejada). <\/p>\n
<\/p>\n
2.4. De esta forma se satisfacen los requisitos de los c\u00e1nones 2\u00b0 y 3\u00b0 de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, siendo procedente su homologaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Defensas propuestas <\/p>\n
<\/p>\n
Establecido el cumplimiento de los requisitos para el exequatur, deber\u00e1n estudiarse los argumentos izados por la convocada para oponerse a la solicitud, salvo lo tocante a la vulneraci\u00f3n del derecho de defensa y el desconocimiento del orden p\u00fablico, por cuanto estas materias ya se despacharon. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1. Inoponibilidad del matrimonio y declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho <\/p>\n
<\/p>\n
3.1.1. Se argument\u00f3 que el matrimonio celebrado en San Antonio, Estado de T\u00e1chira, Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, fue mal inscrito en Colombia, raz\u00f3n para negarle efectos. Adem\u00e1s, por haberse promovido un proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital de hecho por parte de Lilia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, se desvela un \u00e1nimo de obtener una ventaja. <\/p>\n
<\/p>\n
3.1.2. Estas materias, en criterio de la Corte, resultan extra\u00f1as al tr\u00e1mite de exequatur, por no estar vinculadas con los requisitos exigidos para la homologaci\u00f3n, de all\u00ed que mal podr\u00edan ser objeto de an\u00e1lisis o decisi\u00f3n, so pena de atentar contra la finalidad de aqu\u00e9l y trastocar el esquema de competencias entre las diferentes autoridades judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
Corresponder\u00e1 a la interesada, en caso de considerar que el matrimonio celebrado en el extranjero no puede surtir efectos en Colombia, promover la acci\u00f3n que corresponda y, por esta senda, restar efectos jur\u00eddicos al Registro Civil de Matrimonio con serial n.\u00b0 07327296; hasta tanto esto ocurra, \u00ab[s]e presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil\u00bb (art\u00edculo 103 del decreto 1260 de 1970). <\/p>\n
<\/p>\n
En cuanto al proceso para la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n marital de hecho, lo \u00fanico que muestra es la utilizaci\u00f3n de los mecanismos judiciales para obtener el reconocimiento de derechos por parte de la demandante, lo que encuentra amparo en garant\u00edas constitucionales como la familia y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
<\/p>\n
3.2. Cr\u00edticas a la decisi\u00f3n adoptada en el extranjero <\/p>\n
<\/p>\n
3.2.1. La convocada aleg\u00f3 que, en el fallo emitido por el juzgador venezolano, se incurri\u00f3 en un yerro calificable como fraude procesal o falsedad, consistente en se\u00f1alar que la comunidad afectiva no se restableci\u00f3 dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la sentencia de separaci\u00f3n de cuerpos y bienes. <\/p>\n
<\/p>\n
Tal alegaci\u00f3n, por suponer un cuestionamiento de fondo a la providencia adoptada en el exterior, tampoco puede estudiarse en el presente exequatur, cuya finalidad se acota a la verificaci\u00f3n de aspectos extr\u00ednsecos del veredicto extranjero, como ha sido reconocido insistentemente en la jurisprudencia: <\/p>\n
<\/p>\n
[N]o es [el exequatur] un medio previsto para debatir nuevamente el fondo del asunto resuelto en la sentencia espa\u00f1ola, tampoco es un mecanismo revisorio para juzgar si esa decisi\u00f3n es correcta o no, porque el exequ\u00e1tur no es un iudicium rescindens, como tal, de las decisiones extranjeras, sino esencialmente un procedimiento que procura establecer si la sentencia del juez de origen es contraria o no al orden p\u00fablico colombiano, en cuanto no contravenga los principios esenciales del Estado a fin de reconocer la plausibilidad de su ejecuci\u00f3n en el suelo patrio, y como efecto el veredicto dictado en otro pa\u00eds, traspase las fronteras de la Naci\u00f3n en donde fue dictada y se reconozca en el extranjero, su posibilidad de ejecuci\u00f3n, sin que ello signifique que el Estado requerido vulnere con ese acto su soberan\u00eda (SC10089, 25 jul. 2016, rad. 2013-02702-00, reiterada SC2476, 9 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2014-01635-00). <\/p>\n
<\/p>\n
3.3. Falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa <\/p>\n
<\/p>\n
3.3.1. La demandada invoc\u00f3 ausencia de legitimaci\u00f3n en cabeza de Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez, por no ser la titular de la relaci\u00f3n sustancial debatida. <\/p>\n
3.3.2. Para responder, es menester rememorar lo dicho por la Sala sobre la materia: \u00abla legitimaci\u00f3n en la causa consiste en ser la persona que la ley faculta para ejercitar la acci\u00f3n o para resistir la misma, por lo que concierne con el derecho sustancial\u00bb (SC5683, 16 dic. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00179-01). \u00abEn otros t\u00e9rminos se dice que s\u00f3lo est\u00e1 legitimado en la causa como demandante la persona que tiene el derecho que reclama, y como demandado, quien es llamado a responder, por ser, seg\u00fan la ley, el titular de la obligaci\u00f3n correlativa\u00bb (SC, 4 feb. 1991). <\/p>\n
<\/p>\n
Ahora bien, como \u00abcon la muerte de una persona su patrimonio se trasmite a sus herederos, quienes desde el momento de la delaci\u00f3n de la herencia suceden al causante en todos sus derechos y obligaciones trasmisibles, surgiendo as\u00ed el derecho de herencia\u2026 Uno de los efectos que se generan ante la conformaci\u00f3n de dicha universalidad patrimonial, es que durante la indivisi\u00f3n podr\u00e1n los herederos promover las acciones que hubiera podido adelantar el de cujus para la protecci\u00f3n de su peculio\u00bb (SC4888, 3 nov. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00247-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3.3.3. Aplicadas las anteriores consideraciones al sub lite, se tiene que Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez, seg\u00fan el Registro Civil de Nacimiento con serial n.\u00b0 980119, es descendiente de Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.), quien estamp\u00f3 su firma en el acto de registro. <\/p>\n
<\/p>\n
Progenitor que, seg\u00fan lo manifestado en el escrito inaugural del exequatur, \u00abfalleci\u00f3 en Colombia el 1 de febrero de 2018\u00bb (folio 3 del archivo digital demanda_integrada_y_ cotejada), lo cual fue asentido por la convocada en su contestaci\u00f3n (folio 7 del archivo digital 30. MEMORIAL CONTESTACION EXEQUATUR 2020-1449). <\/p>\n
<\/p>\n
En consecuencia, con ocasi\u00f3n del deceso, los herederos del causante, y entre ellos Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez, estaban legitimados para incoar todas las acciones que permitan la protecci\u00f3n de su patrimonio, incluyendo la relativa al reconocimiento de una sentencia en que se declar\u00f3 la disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que conform\u00f3 a\u00f1os atr\u00e1s, lo cual redundar\u00e1 en la determinaci\u00f3n de sus activos propios. <\/p>\n
<\/p>\n
Reluce por esta senda la legitimaci\u00f3n en la causa de la demandante para promover el presente exequatur, en descr\u00e9dito de la excepci\u00f3n propuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
Acreditada la aptitud de Mar\u00eda Gabriela Grosso Rodr\u00edguez para acudir al aparato judicial, con el fin de promover la presente acci\u00f3n, por sustracci\u00f3n de materia se hace innecesario hacer consideraciones frente a Lilia Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con apoyo en lo discurrido se tiene que, una vez acreditados los requisitos sustanciales y formales para acceder al exequ\u00e1tur suplicado, sin que las defensas esgrimidas tengan vocaci\u00f3n de prosperidad, debe autorizarse la homologaci\u00f3n, con la consecuente orden de inscripci\u00f3n en el registro civil. <\/p>\n
<\/p>\n
5. No habr\u00e1 lugar a la condena en costas por la naturaleza del tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrado justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
<\/p>\n
Primero. Conceder el exequ\u00e1tur de la sentencia de 9 de octubre de 1978, proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, del Tr\u00e1nsito y del Trabajo, de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Estado de M\u00e9rida, de la Rep\u00fablica Bolivariana de Venezuela, por la cual se declar\u00f3 el divorcio entre Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) y Marl\u00e9n Avenda\u00f1o Osorio. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo. Ordenar la inscripci\u00f3n de esta providencia, junto con la sentencia reconocida, en los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de Jorge Luis Grosso Vargas (q.e.p.d.) y Marl\u00e9n Avenda\u00f1o Osorio. Por Secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
Tercero. Denegar las excepciones propuestas. <\/p>\n
<\/p>\n
Cuarto. Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Lino Enrique Palacio, Manual de Derecho Procesal Civil, LexisNexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, p. 72. <\/p>\n