SC940-2022 (2018-03603-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
SC940-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-03603-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte sobre la solicitud de exequatur promovida por Dora Su\u00e1rez Botero, respecto de la sentencia dictada el diecisiete de junio de dos mil catorce, por el Juzgado de Primera Instancia No. 17 de Familia de Barcelona, Espa\u00f1a. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La demandante, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 homologar el fallo que se viene de referenciar, mediante el cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Ra\u00fal C\u00e1ceres Castillo. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. El 12 de enero de 2007, las partes contrajeron nupcias en la ciudad de Bogot\u00e1 y radicaron su residencia y domicilio permanente en Barcelona, Espa\u00f1a. <\/p>\n
2. Durante la uni\u00f3n naci\u00f3 un hijo y no se adquirieron bienes. <\/p>\n
3. Luego de la solicitud radicada por los c\u00f3nyuges y el posterior acuerdo al que llegaron, el 17 de junio de 2014, el Juzgado de Primera Instancia No. 17 de Familia de Barcelona, Espa\u00f1a decret\u00f3 el divorcio, con fundamento en dicho convenio (archivo 04, expediente digital). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite del exequatur <\/p>\n
1. El 19 de diciembre de 2018 se admiti\u00f3 la demanda y se corri\u00f3 el traslado de rigor al Ministerio P\u00fablico (folio 31, archivo 05, ib.). <\/p>\n
2. La Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia indic\u00f3 que \u201ctodas las exigencias formales previstas en la normativa aludida se satisfacen en conjunto, por lo que, en concepto de esa agencia del Ministerio P\u00fablico, proceder\u00e1 la pretensi\u00f3n homologatoria reclamada, para que tenga plena vigencia en Colombia y sea inscrita en el registro civil correspondiente\u201d (folios 39 y 40, ib.). <\/p>\n
3. En la debida oportunidad se admitieron las pruebas presentadas con la demanda, y se orden\u00f3 librar oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara si entre Colombia y Espa\u00f1a existen convenios internacionales vigentes sobre la reciprocidad en el reconocimiento de sentencias proferidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses; as\u00ed como al C\u00f3nsul de nuestro pa\u00eds en Barcelona, Espa\u00f1a para que enviara con destino al proceso, copia total o parcial, de la Ley vigente en dicho lugar en materia de divorcio (folios 42 y 43, ib.). <\/p>\n
4. La Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de la Canciller\u00eda se\u00f1al\u00f3 que \u201cUna vez revisado el archivo de la Coordinaci\u00f3n del Grupo Interno de Trabajo de Tratados de esta Direcci\u00f3n, se constat\u00f3 que entre la Rep\u00fablica de Colombia y el Reino de Espa\u00f1a existe un \u2018Convenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles\u2019 suscrito el 30 de mayo de 1908\u201d (fl. 50, ib.). <\/p>\n
5. Pese a haberse requerido a la Subdirecci\u00f3n General de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional para que gestionara ante el C\u00f3nsul General Central la remisi\u00f3n de las normas existentes en la materia en Barcelona, \u00e9ste \u00faltimo guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con el art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, en cualquier estado de la actuaci\u00f3n procesal, \u00abel juez deber\u00e1 dictar sentencia anticipada, total o parcial\u00bb, cuando, entre otras causas \u00abno hubiere pruebas por practicar\u00bb. <\/p>\n
El anterior precepto es aplicable a los asuntos de exequatur, por lo que, si en curso de la tramitaci\u00f3n, se encuentra que no existen pruebas pendientes de practicar, deber\u00e1 proferirse el correspondiente fallo, sin que sea necesario agotar el procedimiento establecido en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 607 eiusdem, que prescribe que \u00abvencido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas y se fijar\u00e1 audiencia para practicarlas, o\u00edr los alegatos de las partes y dictar la sentencia\u00bb (subrayado fuera del texto). <\/p>\n
As\u00ed ocurre en el sub examine, en el que se configura la causal en comento, de ah\u00ed que sea necesario proferir el presente veredicto anticipado, escrito y fuera de audiencia. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de perfiles semejantes esta Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor supuesto que la esencia del car\u00e1cter anticipado de una resoluci\u00f3n definitiva supone la pretermisi\u00f3n de fases procesales previas que de ordinario deber\u00edan cumplirse; no obstante, dicha situaci\u00f3n est\u00e1 justificada en la realizaci\u00f3n de los principios de celeridad y econom\u00eda que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hip\u00f3tesis que el legislador habilita dicha forma de definici\u00f3n de la litis. <\/p>\n
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquem\u00e1tica preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configur\u00f3 cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane\u00bb (CSJ, SC4714-2020, 7 dic., rad. 2017-01493-00). <\/p>\n
2. Establecido lo anterior, cumple recordar que el exequatur es un instrumento dispuesto para contribuir a la cooperaci\u00f3n mutua y reciprocidad entre Estados, su finalidad radica en asegurar la eficacia, en otros territorios, de las providencias emitidas en determinado pa\u00eds, previo cumplimiento de formalidades legales que, entre otras cosas, impiden contrariar la soberan\u00eda nacional. <\/p>\n
En Colombia, la tarea de verificar dicho acatamiento, as\u00ed como tambi\u00e9n, la de autorizar la homologaci\u00f3n de decisiones extranjeras, le ha sido asignada por virtud de la Constituci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n, la cual, en aras de establecer la reciprocidad diplom\u00e1tica debe constatar que entre nuestro pa\u00eds y el que profiri\u00f3 el fallo existan tratados que revistan de valor en ese territorio las providencias emitidas por la jurisdicci\u00f3n patria y, en contraprestaci\u00f3n, aqu\u00ed se les d\u00e9 igual tratamiento a sus decisiones. <\/p>\n
No obstante, ante la ausencia de tales convenios, debe cotejar la legislaci\u00f3n de ambas naciones a fin de determinar si consagran disposiciones en el mismo sentido (art. 605 C.G.P.). <\/p>\n
Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n tiene decantado que \u00ab(\u2026) debe establecerse si entre los pa\u00edses involucrados existe un acuerdo o convenio sobre la suerte de las determinaciones que emiten sus funcionarios judiciales; en otros t\u00e9rminos, si ha sido regulado de manera directa y expresa por los propios Estados, la validez o no de las sentencias emitidas en uno u otro. En defecto de un tratado sobre el asunto, surge el imperativo de constatar la presencia de un texto legal alusivo al tema. En ese orden, acreditada la reciprocidad diplom\u00e1tica, la legislativa resulta innecesaria\u00bb (CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 2017-00203-00, reiterada en CSJ SC4253-2019, 8 oct., rad. 2019-01228-00). <\/p>\n
Adicional al requisito de reciprocidad, para que un fallo extranjero surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds, es imperioso que se acredite la concurrencia de los presupuestos que reclama el ordenamiento legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I, del T\u00edtulo I, del Libro Quinto del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Bajo ese entendido, el tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 sujetarse a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 eiusdem, y la providencia cuyo reconocimiento se persigue, deber\u00e1 cumplir con las formalidades dispuestas en el art\u00edculo 606 del mismo compendio, entre ellas, la de no oponerse \u00aba leyes u otras disposiciones colombianas de orden p\u00fablico, exceptuadas las de procedimiento\u00bb (num. 2). <\/p>\n
3. El caso que se analiza involucra una decisi\u00f3n judicial pronunciada en Espa\u00f1a, pa\u00eds frente al cual se encontr\u00f3 demostrada la reciprocidad diplom\u00e1tica, circunstancia que de suyo implica el reconocimiento de sus efectos en este pa\u00eds, por raz\u00f3n del tratado bilateral celebrado el 30 de mayo de 1908, vigente e incorporado en Colombia mediante la Ley 7\u00aa del mismo a\u00f1o, y allegado a este diligenciamiento (folio 66 dorso y anverso, archivo 05, expediente digital). <\/p>\n
Dicho acuerdo prev\u00e9 que \u00abLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado; Segundo. Que no se opongan a las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 1\u00ba). <\/p>\n
Por la misma senda impone la necesidad de aportar \u00abun certificado expedido por el Ministro de Gobierno o de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado o de Relaciones Exteriores, y la de \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u00bb, esto con el \u00e1nimo de acreditar la ejecutoria de la decisi\u00f3n judicial (art\u00edculo 2\u00b0). <\/p>\n
4. Visto el presente asunto de cara a los anteriores apartes normativos, se vislumbra acreditado el acatamiento del primero de ellos, pues del documento que obra en el folio 8, archivo 03 del expediente digital, emana con claridad que la decisi\u00f3n judicial sometida a homologaci\u00f3n, se encuentra debidamente ejecutoriada. As\u00ed lo hizo constar la Subdirectora General Adjunta de Cooperaci\u00f3n Jur\u00eddica Internacional y Relaciones con las Confesiones en certificaci\u00f3n que se apostill\u00f3 con seguimiento de los requerimientos contenidos en la \u201cConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros\u201d, suscrita en la ciudad de La Haya (Pa\u00edses Bajos) el 5 de octubre de 1961, a la cual Colombia adhiri\u00f3 el 27 de abril de 2000 y la aprob\u00f3 mediante la Ley 455 de 1998. <\/p>\n
5. Sin embargo, como es sabido que para la procedencia del exequatur no resulta suficiente con que se haya demostrado la mencionada reciprocidad diplom\u00e1tica, sino que tambi\u00e9n es forzoso corroborar que la decisi\u00f3n no contraviene el orden p\u00fablico, ha de procederse en este caso a hacer dicha verificaci\u00f3n. <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan lo ha sostenido esta Corte, aun cuando \u00abno existe inconveniente para un pa\u00eds en aplicar leyes extranjeras que, aunque difieran de sus propias leyes, no chocan con los principios b\u00e1sicos de sus instituciones (\u2026) [si] una ley extranjera o la sentencia que la aplica, se basan en principios no solo diferentes, sino contrarios a las instituciones fundamentales del pa\u00eds en que aquellas pretenden aplicarse, los jueces del Estado pueden, excepcionalmente, negarse a aplicar la ley o el fallo extranjero que se aparta de esa comunidad de principios\u00bb, en tanto, actuar en contrav\u00eda de \u00e9ste o aquella \u00ab(\u2026) implicar\u00eda aceptar la excepci\u00f3n de orden p\u00fablico como \u2018un simple subterfugio para facilitar el triunfo de antojadizos nacionalismos\u2019 que conducir\u00edan al \u2018absurdo de permitir a las personas residentes en Colombia asumir compromisos en el exterior, sabiendo que pueden incumplir impunemente en tanto se pongan al abrigo de las fronteras de su pa\u00eds\u2019\u00bb -se destaca- (CSJ SC 27 jul. 2011, rad. 2007-01956-00, reiterada en CSJ SC4714-2020, 7 dic, rad. 2017-01493). <\/p>\n
De cara a dichas nociones surge que, \u00fanicamente una incompatibilidad grave entre el pronunciamiento jurisdiccional para el que se pide el reconocimiento y los principios fundamentales en que se inspira la normatividad nacional, podr\u00eda dar lugar a que aquel no fuera objeto de homologaci\u00f3n, pues al fallador, como asunto propio de su decisi\u00f3n, tan solo le corresponde cotejar si la aludida determinaci\u00f3n se opone o no a los pilares de las instituciones jur\u00eddicas patrias. <\/p>\n
En cumplimiento de aquella tarea se corrobora que el procedimiento fue promovido conjuntamente por Ra\u00fal C\u00e1ceres Castillo y Dora Su\u00e1rez Botero, quienes anexaron a su solicitud una propuesta de convenio regulador, en virtud del cual se declar\u00f3 el divorcio. <\/p>\n
As\u00ed se advierte del ordinal \u201cPRIMERO Y UNICO\u201d del ac\u00e1pite de fundamentos de derecho de la sentencia for\u00e1nea, en el cual se consign\u00f3 que \u201cDe lo actuado se desprende que concurren los requisitos legalmente previstos para la declaraci\u00f3n de divorcio, atendiendo el tiempo transcurrido desde la celebraci\u00f3n del matrimonio y toda vez que los c\u00f3nyuges han prestado, por separado, su consentimiento a la solicitud de divorcio, as\u00ed como a la preceptiva propuesta de Convenio Regulador aportada, que se considera acertada y conveniente en todos sus extremos, procede acceder a dicho divorcio, as\u00ed como a la aprobaci\u00f3n del convenio regulador propuesto, sin expresa declaraci\u00f3n en cuanto a las costas causadas\u201d. <\/p>\n
Tal consideraci\u00f3n deviene armoniosa con nuestra legislaci\u00f3n, en tanto, se satisfacen los requerimientos que, sobre el particular, contempla la regulaci\u00f3n contenida en el numeral 9\u00ba del art\u00edculo 154 y 1\u00ba del art\u00edculo 165 del C\u00f3digo Civil, toda vez que se disolvi\u00f3 el v\u00ednculo matrimonial por mutuo consentimiento de los c\u00f3nyuges, evento ante el cual, en otras ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha otorgado el exequatur de sentencias de divorcio provenientes de Espa\u00f1a (CSJ SC14849-2017, 21 sep., rad. 2015-01864-00; CSJ SC20806-2017, 12 dic., rad. 2017-00203-00; CSJ SC4102-2018, 26 sep., rad. 2017-02993-00; CSJ SC3618-2021, 9 sep., rad. 2017-02990-00). <\/p>\n
6. Bajo ese entendido, como no se encuentra discordancia entre la decisi\u00f3n cuyos efectos pretenden los reclamantes sean acogidos y la causal de la codificaci\u00f3n civil nacional invocada como sustento de tal pedimento; y, adem\u00e1s, se logr\u00f3 verificar la reciprocidad diplom\u00e1tica respecto de la mentada sentencia, no queda duda de lo procedente que resulta la ejecuci\u00f3n en Colombia del divorcio decretado por la autoridad judicial espa\u00f1ola. <\/p>\n
Lo mismo ocurre en cuanto toca con la definici\u00f3n del asunto en materia de alimentos, custodia y r\u00e9gimen de visitas del hijo, como quiera que la determinaci\u00f3n a homologar resulta concordante con lo establecido en las reglas patrias que regulan la materia, valga decir, los art\u00edculos 141, 232 y 243 de la Ley 1098 de 2006; 1604, 4115, 253 a 2646 y 2887 del C\u00f3digo Civil, normas cuyo objeto com\u00fan y primordial no es otro distinto a \u201cgarantizar a los ni\u00f1os, a las ni\u00f1as y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensi\u00f3n. Prevalecer\u00e1 el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminaci\u00f3n alguna\u201d (art. 1\u00ba Ley 1098), el cual obedece a las disposiciones internacionales emitidas sobre el tema a que se hace m\u00e9rito8. <\/p>\n
As\u00ed justamente ha procedido esta Corte en casos similares al que aqu\u00ed se examina, en los que la sentencia extranjera, a m\u00e1s de definir lo relativo al divorcio, resuelve lo ata\u00f1edero a las visitas, alimentos y custodia del menor, al considerar que \u201ctales disposiciones se adec\u00faan a las nociones de orden p\u00fablico y armonizan con la orientaci\u00f3n trazada al respecto por las normas positivas del pa\u00eds\u201d (CSJ SC 29 jul. 2009, rad. 2007-01704-00, citada en CSJ SC 19 dic. 2011, rad. 2011-00892-00; CSJ SC18557-2016, 16 dic., rad. 2014-01928 y CSJ SC1424-2019, 24 abr., rad. 2015-01279-00). <\/p>\n
7. Finalmente, en cuanto toca con la exigencia contenida en el numeral 3\u00b0 de la norma precitada, impone destacarse que al plenario se alleg\u00f3 copia debidamente legalizada de la determinaci\u00f3n a homologar; igualmente se vislumbran cumplidos los requisitos de apostilla, como lo reglan, en su orden, la Convenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de legalizaci\u00f3n para documentos p\u00fablicos extranjeros mencionada en l\u00edneas precedentes. <\/p>\n
8. De este modo las cosas, dado que la sentencia cuyos efectos pretende el accionante sean extensivos en Colombia, alcanz\u00f3 ejecutoria de conformidad con la ley de la naci\u00f3n de origen, se present\u00f3 ante la Corte en copia debidamente autenticada y legalizada, no compromete el orden p\u00fablico por no ser contraria a los principios en los que se inspiran las disposiciones legales que disciplinan el instituto jur\u00eddico del divorcio, los alimentos ni la custodia del menor, materias que, como se ha dicho, no son de competencia exclusiva de los jueces colombianos, y no obra prueba de que en el territorio nacional exista proceso en curso, deviene ineludible el reconocimiento de sus efectos jur\u00eddicos. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. CONCEDER el exequatur respecto de la sentencia dictada el diecisiete de junio de dos mil catorce, por el Juzgado de Primera Instancia No. 17 de Familia de Barcelona (Espa\u00f1a), mediante la cual se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajeron Dora Su\u00e1rez Botero y Ra\u00fal C\u00e1ceres Castillo, el 12 de enero de 2007, y se regul\u00f3 lo correspondiente al r\u00e9gimen de visitas, alimentos y custodia de su hijo. <\/p>\n
SEGUNDO. Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 10, 11, 22 y 72 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 2158 de 1970, se ordena la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia que decret\u00f3 el divorcio, en el folio correspondiente al registro civil de matrimonio celebrado entre las mencionadas personas, y en el de nacimiento de ambos. Por secretar\u00eda l\u00edbrense los oficios a que haya lugar. <\/p>\n
Sin costas en el tr\u00e1mite. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Responsabilidad parental. <\/p>\n
2\u0002 Custodia y cuidado personal de los ni\u00f1os. <\/p>\n
3\u0002 Derecho a alimentos. <\/p>\n
4\u0002 Efectos del divorcio. <\/p>\n
5\u0002 Alimentos. <\/p>\n
6\u0002 Cuidado de los hijos y visitas. <\/p>\n
7\u0002 Patria potestad. <\/p>\n
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