SC948-2022 (2018-00227-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-31-03-001-2018-00227-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso el convocante frente a la sentencia de 16 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Elio Fabio Abad\u00eda Badillo contra Antonio Jes\u00fas y Jos\u00e9 Bernardo G\u00f3mez Casta\u00f1o. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
1.1. El actor reclam\u00f3, como pretensi\u00f3n principal, \u00abque se ordene la rescisi\u00f3n de la permuta, que fue el contrato inicial y por ende las ventas para realizarla, mediante las cuales fueron transferidos mutuamente los bienes descritos en los hechos y como consecuencia la cancelaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas y se hagan los registros pertinentes (sic), pues el demandante no ha recibido ni tan siguiera la mitad del precio real que valen los bienes transferidos a dicho t\u00edtulo al codemandado Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o, configur\u00e1ndose as\u00ed la Lesi\u00f3n Enorme\u00bb. <\/p>\n
Consecuencialmente, pidi\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n de los respectivos bienes, as\u00ed como la parte demandada (sic) deber\u00e1 pagar los frutos civiles producidos por uno de los inmuebles durante todo el tiempo que lo ha usufructuado (sic)\u00bb; lo anterior, a menos de que los convocados se decanten por \u00abejercer la opci\u00f3n frente a la rescisi\u00f3n establecida en para completar actor la suma el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil (sic)\u00bb, caso en el cual deber\u00e1n \u00abcompletar el justo precio de los bienes (…) en cuant\u00eda de $1.005000.000\u00bb. <\/p>\n
1.2. Como primeras pretensiones subsidiarias, el se\u00f1or Abad\u00eda Badillo solicit\u00f3 declarar \u00abque como existe el incumplimiento del contrato de compraventa por el no pago por la parte demandada del precio de los bienes entregados por el demandante, opera, como consecuencia, la Resoluci\u00f3n contractual (1932 CC) y la condici\u00f3n resolutoria t\u00e1cita (1546 CC)\u00bb. Adicionalmente, demand\u00f3 \u00abque se ordene la cancelaci\u00f3n de las escrituras y se hagan los registros pertinentes\u00bb, y que \u00abse condene a la parte demandada, a la restituci\u00f3n de los bienes o su valor, as\u00ed como a los frutos civiles producidos por \u00e9stos durante todo el tiempo que los ha usufructuado\u00bb. <\/p>\n
1.3. Como segundas pretensiones subsidiarias, suplic\u00f3 \u00abque se declare la ineficacia de los actos jur\u00eddicos de permuta, por las compraventas efectuadas mediante las escrituras p\u00fablicas ya referidas; seg\u00fan lo narrado en los hechos de este libelo y en consecuencia de la declaraci\u00f3n anterior, son inexistentes tales actos y sin efecto jur\u00eddico alguno, regresando dichos bienes patrimoniales o su valor, al demandante y al demandado, respectivamente\u00bb <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. El 17 de mayo de 2017, el demandante, \u00aben forma verbal, se comprometi\u00f3 a transferir mediante venta el d\u00eda 17 de mayo del a\u00f1o 2017, al se\u00f1or Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o, dos inmuebles rurales ubicados en el municipio de Palestina\u00bb, denominados \u201cVilla Ver\u00f3nica\u201d y \u201cRancho Krystal\u201d, con un aval\u00fao conjunto de $2.000.000.000. <\/p>\n
2.2. Por su parte, \u00aba t\u00edtulo de pago de los bienes mencionados, el se\u00f1or Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o prometi\u00f3 entregarle [al demandante], por el mismo valor de los predios que recib\u00eda\u00bb, una casa de habitaci\u00f3n ubicada en la Carrera 28 A n.\u00ba 10-30 de la ciudad de Manizales, con folio de matr\u00edcula n\u00b0 100-63890, que figuraba registrada a nombre de su hermano Jos\u00e9 Bernardo. Tambi\u00e9n ofreci\u00f3 \u00abtodo el menaje contenido en esa casa\u00bb, un veh\u00edculo de placas FAO-362, y $250.000.000 en efectivo, de manera que \u00abel inicial contrato de compraventa, por el modo de pago, se convirti\u00f3 en permuta\u00bb. <\/p>\n
2.2. El actor transfiri\u00f3 los inmuebles que eran de su propiedad (las fincas denominadas \u201cVilla Ver\u00f3nica\u201d y \u201cRancho Krystal\u201d) mediante escritura p\u00fablica n.\u00b0 1682, otorgada el 18 de mayo de 2018 en la Notar\u00eda Cuarta de Manizales. Estos predios fueron entregados materialmente al adquirente en la misma calenda. <\/p>\n
2.3. A pesar de que el se\u00f1or Abad\u00eda Badillo cumpli\u00f3 con las prestaciones a su cargo, su contraparte solo desembols\u00f3 $10.000.000 del total de los $250.000.000 convenidos. Adem\u00e1s, la heredad de la Carrera 28 A n.\u00ba 10-30, que se transfiri\u00f3 mediante escritura p\u00fablica de compraventa n\u00b0 1694 de 19 de mayo de 2018, fue entregada \u00abtotalmente desvalijada en comparaci\u00f3n de lo ofrecido\u00bb. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, \u00abqueda evidenciado que hay un claro incumplimiento del inicial contrato de compraventa, convertido por el demandado en una permuta, pero cuya transferencia de inmuebles se hizo como ventas separadas, y ni as\u00ed el demandante ha recibido la mitad del precio que valen los bienes transferidos\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, \u00abel demandado incurri\u00f3 en la resoluci\u00f3n contractual por incumplimiento de lo pactado, ante la existencia de la condici\u00f3n resolutoria tacita y la falta del pago del precio (Arts.1932 y 1935 CC), estando obligado a restituir los predios al actor y a indemnizarlo por los da\u00f1os causados\u00bb. <\/p>\n
2.6. Con similar orientaci\u00f3n, \u00abal existir la lesi\u00f3n enorme, han de ser declaradas las rescisiones de las ventas o verdaderos negocios, a fin de que se atiendan los postulados de la equidad, se prevenga el enriquecimiento sin causa y no se afecte el orden p\u00fablico; pues por la forma en que se hizo el pago o la parte que se hizo de \u00e9l, como se configur\u00f3 el pago, en bienes, sumado al poco dinero entregado, no pasa de ser compraventa y no permuta, de ah\u00ed la confusi\u00f3n con respecto a la menci\u00f3n de ambos tipos de contrato\u00bb. <\/p>\n
2.7. Dada \u00abla existencia de la simulaci\u00f3n relativa, la real era la compraventa y no la permuta (sic), aunque con la sola voluntad del demandado, se hicieron como compraventas individuales, surge adem\u00e1s, pues si lo que pretend\u00eda esconder dicha simulaci\u00f3n era el valor de la compraventa, la cual se realiz\u00f3 por valores irrisorios frente al valor real de los predios compravendidos (art\u00edculo 1958 del C. Civil colombiano), deviene en nula absolutamente (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
3.1. La demanda (reformada) se admiti\u00f3 por auto de 18 de septiembre de 2019. Notificados de esa providencia, los querellados excepcionaron \u00abinexistencia de lesi\u00f3n enorme\u00bb; \u00abdesequilibrio en la conmutatividad contractual acordada y enriquecimiento sin justa causa en favor de la parte demandante\u00bb; \u00ababuso del derecho\u00bb; \u00abincongruencia entre hechos y pretensiones\u00bb e \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. En fallo de 8 de septiembre de 2020, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Manizales acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n principal y, en consecuencia, \u00abdeclar[\u00f3] que el demandante Elio Fabio Abad\u00eda Badillo sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme en el contrato de permuta celebrado con los demandados y que se materializ\u00f3 en las escrituras p\u00fablicas 1682 de 18 de mayo de 2017 y 1694 del 19 de mayo de 2017, corrida en la notaria cuarta de Manizales\u00bb. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, orden\u00f3 \u00abque cada permutante restituya el bien inmueble que se les entreg\u00f3 en virtud de la mencionada negociaci\u00f3n en el t\u00e9rmino de dos meses\u00bb, y dispuso \u00abcancelar las escrituras p\u00fablicas 1682 de 18 de mayo de 2017 y 1694 del 19 de mayo de 2017\u00bb, as\u00ed como que el actor devolviera a \u00abJes\u00fas Antonio G\u00f3mez Casta\u00f1o, la suma de $80.000.000, correspondientes al excedente que cancelaron para equilibrar las prestaciones, junto con los intereses legales a la tasa del seis por ciento (6%) anual desde el dos (18) de mayo de mil 2017 hasta cuando se cumpla lo ordenado\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, advirti\u00f3 \u00aba los permutantes Jes\u00fas Antonio y Jos\u00e9 Bernardo G\u00f3mez Casta\u00f1o para que, en el t\u00e9rmino de un (1) mes, contabilizado a partir de la fecha en que quede en firme esta decisi\u00f3n, si quieren perseverar en la negociaci\u00f3n completen el justo precio cancelado a t\u00edtulo de faltante la suma de ($846.305.847) junto con los intereses legales a la tasa del seis por ciento (6%) anual desde el 18 de mayo de 2017 hasta cuando haga el mismo (sic)\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Al resolver los recursos de apelaci\u00f3n que interpusieron ambas partes, el tribunal revoc\u00f3 lo decidido por la funcionaria a quo y deneg\u00f3 integralmente el petitum, al abrigo de los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) Es pac\u00edfico que \u00abel negocio realizado fue una permuta y sin profundizar en los valores de los bienes involucrados, [se puede dar] por sentado que esta \u00faltima fue la negociaci\u00f3n celebrada, pues solo una menor parte del precio es en dinero\u00bb. Ahora bien, \u00abcomo en el contrato de permuta se encuentran involucrados, como parte del precio, bienes muebles (el veh\u00edculo automotor y los enseres que conformaban el menaje dom\u00e9stico) e inmuebles, los contratantes deben, de com\u00fan acuerdo y no dejando al arbitrio de s\u00f3lo uno de ellos, determinar el valor de todos y cada uno de los bienes que hacen parte de la permuta\u00bb. <\/p>\n
(ii) En ese sentido, \u00abno es necesario que los valores que las partes de com\u00fan acuerdo asignan a los bienes involucrados coincidan exactamente con el valor comercial que esos bienes realmente ostenten al momento de la negociaci\u00f3n\u00bb, aunque ello ser\u00eda relevante en caso de que la diferencia sobrepasara los l\u00edmites fijados por el legislador para la configuraci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
(iii) Al verificar la ocurrencia de ese vicio objetivo (la lesi\u00f3n enorme), \u00abla Juez a quo reconoce que no existi\u00f3 aval\u00fao comercial del inmueble urbano en la ciudad de Manizales, pero como existe dentro del proceso un aval\u00fao catastral por $351.555.000 en aplicaci\u00f3n del numeral 4 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, concluye que el aval\u00fao comercial es de $527.3332.500; pero a continuaci\u00f3n sostiene que como el demandado estim\u00f3 el valor comercial en $600.000.000, ese ser\u00eda el valor para asignar a este bien\u00bb. <\/p>\n
(iv) Esos m\u00e9todos de estimaci\u00f3n del precio de uno de los predios no es admisible, porque \u00absi se aceptara la valoraci\u00f3n dada por el demandado a su inmueble, ser\u00eda tanto como admitir que el precio puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes, contrariando el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 1865 del C\u00f3digo Civil. Ahora bien, el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso que es admisible para los procesos ejecutivos, en concepto de este Colegiado no lo es en trat\u00e1ndose de conflictos como el que se analiza; en primer lugar, la norma acabada de mencionar no refiere, por ning\u00fan lado, al aval\u00fao comercial; en segundo lugar, en estas controversias el valor que se ha de tener en cuenta no es el catastral sino el comercial (que viene a ser el justo precio) y entre uno y otro existen notorias diferencias\u00bb. <\/p>\n
(v) Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 la falladora de primer grado al calcular el monto de las prestaciones en favor del convocante, porque no tuvo en cuenta el valor de los muebles, los enseres y el rodante que le fueron transferidos, m\u00e1xime cuando solo incluy\u00f3 \u00abcomo adehala la suma de $10.000.000, suma efectivamente pagada, cuando el alipego era, como m\u00ednimo, $150.000.000; pues si solamente se pag\u00f3 aquella cantidad estar\u00edamos frente a un eventual incumplimiento de contrato\u00bb. <\/p>\n
(vi) La orfandad probatoria sobre puntos relevantes de la litis es atribuible a los mismos litigantes, pues \u00abno realizaron el m\u00e1s m\u00ednimo esfuerzo para justipreciar la casa de Manizales, los muebles y enseres que constitu\u00edan el menaje dom\u00e9stico y el automotor; res\u00e1ltese tambi\u00e9n que los dict\u00e1menes aportados, por ese mismo motivo, lucen incompletos en este sentido; ergo, no debieron de considerarse. Esa desidia probatoria influy\u00f3 para que la Juez del conocimiento realizara \u201cmalabares\u201d para tratar de darle valor a algunos bienes\u00bb. <\/p>\n
(vii) Al intentar establecer el valor que los contratantes dieron a los bienes permutados, se observa una discrepancia en cuanto a la suma que los ahora convocados deb\u00edan entregar en efectivo, pues estos afirman que solo se obligaron a desembolsar $150.000.0000, mientras que el actor alega que la suma realmente pactada ascend\u00eda a $250.000.0000. <\/p>\n
(viii) Esa divergencia no puede resolverse en favor del querellante, debido a que, \u00abal ponderar ambos interrogatorios de parte se infiere, sin hesitaci\u00f3n alguna, que los contratantes nunca estimaron conjuntamente los valores que le iban a dar a los bienes, muebles e inmuebles, que estaban involucrados en la negociaci\u00f3n; que el precio de $2.000.000.000 de que habla el se\u00f1or Abad\u00eda, no deja de ser un valor subjetivo, muy del fuero interno del demandante, una estimaci\u00f3n muy personal, pero nunca exteriorizada al momento de la celebraci\u00f3n de la permuta, la que; de ser aceptada, como se dijo en l\u00edneas precedentes, ser\u00eda permitir que el precio asignado fuera dejado al arbitrio de uno de los contratantes\u00bb. <\/p>\n
(ix) Por consiguiente, \u00abno se pueda establecer con exactitud cu\u00e1l fue el precio pactado por las partes al momento de la celebraci\u00f3n de la negociaci\u00f3n\u00bb, obst\u00e1culo que no compromete la validez del acuerdo, puesto que \u00abel precio, en este evento, si es determinable\u00bb. A ello se a\u00f1ade que, \u00abpara verificar la existencia o no del equilibrio econ\u00f3mico, los valores que deben ser comparados son aquellos pactados, no los pagados\u00bb. <\/p>\n
(x) Entonces, \u00abcomo las partes no asignaron mancomunadamente valores a los bienes involucrados en el contrato de permuta, no es posible encontrar un punto de referencia con el valor comercial que dichos bienes ten\u00edan al momento de la negociaci\u00f3n, que tampoco se acredit\u00f3, para determinar la diferencia de ultramitad en esa precisa \u00e9poca; ergo las pretensiones principales del extremo demandante est\u00e1n condenadas al fracaso\u00bb. <\/p>\n
(xi) La pretensi\u00f3n resolutoria tampoco podr\u00eda prosperar, en consideraci\u00f3n a que el demandante no es contratante cumplido. T\u00e9ngase en cuenta que \u00abel se\u00f1or Elio Fabio Abad\u00eda no ha entregado al se\u00f1or Antonio de Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o uno de los inmuebles rurales y que este \u00faltimo, a su vez, no ha pagado a aquel, la suma de $150.000.000 que debi\u00f3 de entregar para equilibrar econ\u00f3micamente la negociaci\u00f3n\u00bb, a lo que se a\u00f1ade que, \u00abpor regla general, esto es, salvo que se estipule v\u00e1lidamente en contrario el cumplimiento de las obligaciones en forma diferida, el contrato de venta \u2013por supuesto tambi\u00e9n el de permuta\u2013 es de ejecuci\u00f3n inmediata, queri\u00e9ndose decir con ello que las prestaciones se cumplen inmediatamente; en lenguaje coloquial \u201cdando y dando\u201d\u00bb. <\/p>\n
(xii) En cuanto a la segunda pretensi\u00f3n subsidiaria, se observa que el demandante \u00absolo esboza la solicitud de ineficacia sin profundizar los fundamentos de ello, limit\u00e1ndose a rematar diciendo que son \u201cinexistentes los actos\u201d; es evidente que no est\u00e1 haciendo referencia al concepto estricto de ineficacia, m\u00e1s bien, alude al concepto amplio en su modalidad de \u201cinexistencia\u201d\u00bb. Bajo ese entendimiento, la segunda petici\u00f3n subsidiaria tampoco puede abrirse paso, pues \u00abbasta con acudir a los contratos de venta celebrados, que fueron los instrumentos utilizados por los contratantes para disfrazar la permuta realmente realizada y de ellos se desprende que no hay ausencia total de consentimiento, sus objetos est\u00e1n claramente identificados, dos fundos rurales, un inmueble urbano y un veh\u00edculo automotor; adicionalmente que se pactaron los precios, si bien estos valores no corresponden a la realidad y lo que se pactaba era una permuta, esta situaci\u00f3n no hace inexistentes los contratos\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Al sustentar su impugnaci\u00f3n extraordinaria, el actor formul\u00f3 un solo cargo, con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Se denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1546, 1609, 1625, 1741, 1850, 1864, 1865, 1928, 1929, 1932, 1934, 1935, 1946 a 1959, 1958 del C\u00f3digo Civil, \u00abcomo consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria y por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n y (\u2026) la confesi\u00f3n del codemandado Antonio Jes\u00fas (sic)\u00bb. <\/p>\n
Para fundamentar ese cuestionamiento, el se\u00f1or Abad\u00eda Badillo expuso lo siguiente: <\/p>\n
(i) En el hecho segundo de la demanda, se afirm\u00f3 que la casa de habitaci\u00f3n que Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o transfiri\u00f3 al convocante en virtud de la controvertida permuta ten\u00eda un valor de $650.000.000 para la \u00e9poca de la transferencia, circunstancia que el tribunal debi\u00f3 tener por confesada, no solo porque al contestar la demanda el opositor neg\u00f3 ese hecho sin explicar sus razones, sino tambi\u00e9n porque, en su declaraci\u00f3n de parte, aquel \u00abacept\u00f3 expresamente cu\u00e1l era el valor de la casa, esto es, $600.000.000\u00bb. <\/p>\n
(ii) El ad quem \u00abdesconoce abierta y claramente varias normas procesales, entre ellas (\u2026) las contenidas en la secci\u00f3n tercera del t\u00edtulo \u00fanico \u201cpruebas\u201d del c\u00f3digo procesal actual, art\u00edculos 164 y siguientes; y mejor se dedic\u00f3 a rebuscar alegatos y jurisprudencia, cual parte, primero, para desconocer lo ya probado y de lo que no surg\u00eda duda alguna (\u2026) y, peor a\u00fan, a criticar al a quo\u00bb. <\/p>\n
(iii) La magistratura tambi\u00e9n pas\u00f3 por alto la manera vacilante y evasiva con la que el se\u00f1or Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o absolvi\u00f3 su interrogatorio de parte. En esa oportunidad, aquel manifest\u00f3 que a la casa transferida por \u00e9l \u00abse retiraron las obras de arte. Ya, \u201csolo las obras de arte\u201d, entonces \u00bfa qu\u00e9 m\u00e1s hay que darle valor. A muebles viejos y usados que no representan suma alguna de dinero y que el perito no quiso valorar porque no serv\u00eda de prueba? Si representaren alg\u00fan valor para la parte demandada, hubiera dado respuesta en tal sentido, pero no lo hizo; solo se dedic\u00f3 a evadir o eludir las respuestas a los hechos, tray\u00e9ndole como consecuencia que se presuman ciertos los mismos\u00bb. <\/p>\n
(iv) Contrario a lo que coligi\u00f3 el tribunal, del expediente s\u00ed era factible extraer el precio que correspond\u00eda a cada uno de los bienes objeto de permuta. V\u00e9ase que el demandado \u00absab\u00eda cu\u00e1nto era el valor que por sus bienes estaba pidiendo el actor, pero \u00e9l estim\u00f3 \u201cpor encima\u201d o, para decirlo mejor, decidi\u00f3 que val\u00edan $800.000.000, pero ni tan siquiera eso pag\u00f3 al actor. Ah\u00ed est\u00e1 por dem\u00e1s demostrada la violaci\u00f3n a la citada norma sustancial, por parte del ad quem, que no \u201cla vio\u201d. \u00bfEntonces, si para el codemandado, los bienes del actor solo ten\u00edan ese valor, y dice que el valor comercial de la casa es de $600.000.000 y cre\u00e1mosle que el excedente ofrecido era $150.000.000, en consecuencia, los restantes $50.000.000 en qu\u00e9 estaban representados?, pues l\u00f3gicamente en el veh\u00edculo automotor (\u2026). Inicialmente dice la demanda que, a precio de la revista motor, $35.000.000, pero el documento que no tuvo en cuenta la a quo y que fue objeto de menci\u00f3n en el recurso de apelaci\u00f3n (…), apenas si determinaba su valor en la mitad del precio de la \u201crevista motor\u201d; y las obras de arte que sustrajo de la casa que prometi\u00f3 entregarle al actor con su menaje, c\u00f3mo hab\u00eda que hacerlas avaluar si estaban y en manos del codemandado, y para qu\u00e9, si \u00e9l fue quien se las sustrajo al actor al momento de la entrega de la casa?\u00bb. <\/p>\n
(v) Sin mediar negligencia del demandante, la togada que representaba sus intereses en la fase inicial de este proceso solo aport\u00f3 aval\u00faos comerciales de los fundos de su propiedad, pero no hizo lo propio con el inmueble que deb\u00edan transferir los convocados, deficiencia que no impide la resoluci\u00f3n del contrato, por cuanto el fracaso de la demanda convert\u00eda al \u00abart\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil de forzosa aplicaci\u00f3n, pues lo all\u00ed dispuesto encaja perfectamente en este caso, del incumplimiento mutuo o del mutuo disenso t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
(vii) De no haberse incurrido en los yerros valorativos denunciados, \u00abforzosa resultaba para el tribunal la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia, complement\u00e1ndolo con la condena al pago a favor de la parte demandante de las sumas actualizadas determinadas en el juramento estimatorio, dado que no sufri\u00f3 objeci\u00f3n alguna por la parte demandada y menos a\u00fan por la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho. <\/p>\n
El buen suceso de un cuestionamiento fincado en la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por errores de hecho, presupone establecer, de forma fehaciente, que los hechos deducidos por la colegiatura de segunda instancia a partir del material probatorio recaudado son manifiestamente contrarios al contenido objetivo de esa evidencia; es decir, que el desacierto del tribunal en la labor de valoraci\u00f3n de la prueba es tan notorio, que queda patentizado sin mayores esfuerzos ni raciocinios. <\/p>\n
Adicionalmente, como las sentencias llegan a la Corte amparadas por una presunci\u00f3n de legalidad y acierto, le incumbe al recurrente desvirtuarla, para lo cual debe realizar una cr\u00edtica concreta, sim\u00e9trica, razonada y coherente frente a los aspectos del fallo que considera desacertados, con indicaci\u00f3n de los fundamentos generadores de la infracci\u00f3n a la ley, am\u00e9n de hacer evidente la trascendencia del yerro \u00aben el sentido del fallo\u00bb y atacar, de modo eficaz e integral, todos los pilares de la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
En esta precisa materia, la jurisprudencia consolidada de la Sala tiene decantado que, <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez; por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
En fechas m\u00e1s recientes, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que <\/p>\n
\u00ab(…) el error de hecho (…) ocurre cuando se supone o pretermite la prueba, entendi\u00e9ndose que incurrir\u00e1 en la primera hip\u00f3tesis el juzgador que halla un medio en verdad inexistente o distorsiona el que s\u00ed obra para darle un significado que no contiene, y en la segunda situaci\u00f3n cuando ignora del todo su presencia o lo cercena en parte, para, en esta \u00faltima eventualidad, asignarle una significaci\u00f3n contraria o diversa. El error \u201cata\u00f1e a la prueba como elemento material del proceso, por creer el sentenciador que existe cuando falta, o que falta cuando existe, y debido a ella da por probado o no probado el hecho\u201d (G. J., t. LXXVIII, p\u00e1g. 313). Denunciada una de las anteriores posibilidades, el impugnador debe acreditar que la falencia endilgada es manifiesta y, adem\u00e1s, que es trascendente por haber determinado la resoluci\u00f3n reprochada (\u2026). <\/p>\n
Acorde con la a\u00f1eja, reiterada y uniforme jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n, el yerro f\u00e1ctico ser\u00e1 evidente o notorio, \u201ccuando su s\u00f3lo planteamiento haga brotar que el criterio\u201d del juez \u201cest\u00e1 por completo divorciado de la m\u00e1s elemental sind\u00e9resis; si se quiere, que repugna al buen juicio\u201d, lo que ocurre en aquellos casos en que \u00e9l \u201cest\u00e1 convicto de contraevidencia\u201d (sentencias de 11 de julio de 1990 y de 24 de enero de 1992), o cuando es \u201cde tal entidad que a primer golpe de vista ponga de manifiesto la contraevidencia de la determinaci\u00f3n adoptada en el fallo combatido con la realidad que fluya del proceso\u201d (sentencia 146 de 17 de octubre de 2006, exp. 06798-01)\u00bb (CSJ SC 21 feb. 2012, rad. 2004-00649-01, reiterada en CSJ SC131-2018, 12 feb.). <\/p>\n
2. La prueba de la lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa (y de permuta). <\/p>\n
Acorde con los preceptos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, \u00ab el contrato de compraventa podr\u00e1 rescindirse por lesi\u00f3n enorme\u00bb, vicio que tiene lugar cuando el precio que recibe el vendedor de un inmueble \u00abes inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende\u00bb, o el que entrega su comprador excede el doble \u00abdel justo precio de la cosa que compra\u00bb, teniendo en cuenta, en uno u otro caso, la valuaci\u00f3n del bien ra\u00edz al tiempo del acuerdo. <\/p>\n
El legislador estableci\u00f3, en ese evento, una restricci\u00f3n a la autonom\u00eda con la que cada contratante desarrolla el juicio de equivalencia que precede a la celebraci\u00f3n de todo contrato oneroso conmutativo \u2013naturaleza que cabe predicar de la compraventa\u2013, y que, por regla general, permitir\u00eda al vendedor \u00abfijar libremente el precio de la cosa que pretende enajenar, y [al] comprador decidir, tambi\u00e9n con libertad, si est\u00e1 dispuesto a pagarlo, porque ambas son expresiones l\u00edcitas del principio de autonom\u00eda de la voluntad privada que campea en el ordenamiento patrio\u00bb (CSJ SC4454-2020, 17 nov.). <\/p>\n
Dicho de otro modo, si bien el derecho privado reconoce a las personas amplias potestades a la hora de juzgar la correspondencia entre lo que deben entregar y lo que recibir\u00e1n a cambio en una negociaci\u00f3n, motivos de equidad y de orden p\u00fablico imponen establecer remedios que permitan salvaguardar un sano equilibrio contractual, al menos en los acuerdos con mayor relevancia social, como la compraventa de bienes inmuebles \u2013entre otros ejemplos\u2013. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Corte, al analizar un caso semejante: <\/p>\n
\u00abLa instituci\u00f3n en comento, bueno es memorar, fue erigida para restablecer la llamada justicia conmutativa, pues es de entender que en los contratos de esa estirpe, en aras de garantizar un m\u00ednimo de equilibrio en las relaciones jur\u00eddicas, las rec\u00edprocas prestaciones deben ser, en cierta medida, proporcionales. Si no existe, por lo tanto, equilibrio entre los beneficios de un acto o contrato y los sacrificios efectuados tendientes a obtenerlos, nace el derecho para solicitar la rescisi\u00f3n del negocio, sin perjuicio, claro est\u00e1, de que sea consentida o frenada por el contratante contra el cual se pronuncia. En el contrato de compraventa, concretamente el caso del vendedor lesionado, que es el planteado en el sub-judice, el vicio se estructura \u201ccuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende\u201d (art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil). En ese orden, objetivamente, el precio convenido y el justo precio, todo obviamente para la \u00e9poca de la compraventa, o de la promesa de celebrarla, en el evento de que \u00e9sta preceda a aqu\u00e9lla, como lo ha precisado la jurisprudencia, constituyen los elementos a confrontar en pos de establecer si existe la desproporci\u00f3n en la magnitud aludida, porque al fin de cuentas el sustrato de la acci\u00f3n radica en evitar un rec\u00edproco e injusto empobrecimiento y enriquecimiento de las partes\u00bb (CSJ SC, 16 may. 2008, rad. 1995-01977-01; reiterada en CSJ SC, 14 jun. 2013, rad. 2009-00084-01). <\/p>\n
El anunciado equilibrio, que puede alcanzarse rescindiendo el contrato viciado, o reajustando sus prestaciones, procede en aquellos casos en los que las cargas asumidas por el vendedor y el comprador resultan enormemente asim\u00e9tricas, en la proporci\u00f3n se\u00f1alada en el citado precepto 1947, y de cara al valor de mercado que habr\u00eda tenido la heredad compravendida para cuando se ajust\u00f3 el negocio translaticio. De ah\u00ed que, de anta\u00f1o, la jurisprudencia de la Sala haya considerado que <\/p>\n
\u00ab… es base necesaria, elemento indispensable, el establecimiento en legal forma de ese justo precio al tiempo del contrato que la ley se\u00f1ala como obligado t\u00e9rmino de comparaci\u00f3n; de suerte que si \u00e9ste falta, la comparaci\u00f3n no puede hacerse y por lo mismo no puede saberse si efectivamente hay discordancia entre los dos precios referidos ni si, al haberla, llega al extremo de determinar la lesi\u00f3n enorme y con ella la acci\u00f3n rescisoria\u00bb (CSJ SC, 29 jul. 1938, G. J. t. XLVII, p\u00e1g. 40-44). <\/p>\n
Ahora bien, como sobre el particular no existen reglas especiales, el justo precio es susceptible de ser acreditado en juicio a trav\u00e9s de cualquier medio de prueba. Sin embargo, suelen ser de gran utilidad las evidencias t\u00e9cnicas \u2013como el dictamen de perito avaluador\u2013, pues estas aportan informaci\u00f3n objetiva relevante al debate, y muestran c\u00f3mo correlacionarla de forma arm\u00f3nica con las reglas y los m\u00e9todos que gu\u00edan la actividad de valoraci\u00f3n inmobiliaria en Colombia (Cfr. CSJ SC, 6 jun. 2006, rad. 1998-17323-01). <\/p>\n
Como colof\u00f3n, debe se\u00f1alarse que las precisiones anteriores son plenamente aplicables al contrato de permuta (Cfr. CSJ SC, 15 dic. 2009, rad. 1998-17323-01), conforme se sigue del art\u00edculo 1958 del C\u00f3digo Civil, que dispone que \u00ablas disposiciones relativas a la compraventa se aplicar\u00e1n a la permutaci\u00f3n en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato\u00bb, y que \u00abcada permutante ser\u00e1 considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirar\u00e1 como el precio que paga por lo que recibe en cambio\u00bb. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Con el prop\u00f3sito de justificar el despacho desfavorable de la pretensi\u00f3n principal de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, el tribunal sostuvo \u2013al menos impl\u00edcitamente\u2013 que los litigantes en realidad hab\u00edan ajustado una permuta, que ocultaron tras el ropaje de dos contratos de compraventa, instrumentados en las escrituras p\u00fablicas n.\u00b0 1682 y 1694, otorgadas el 18 y 19 de mayo de 2018, respectivamente. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el ad quem advirti\u00f3 que en esa negociaci\u00f3n ficta (la permuta) el actor se habr\u00eda obligado a transferir las fincas \u201cVilla Ver\u00f3nica\u201d y \u201cRancho Krystal\u201d, cuyo justo precio aparece adecuadamente acreditado a trav\u00e9s de una prueba pericial, en la que se estableci\u00f3 que, para cuando se celebr\u00f3 dicha convenci\u00f3n, la primera heredad tendr\u00eda un valor comercial de $920.615.538 y la segunda de $771.996.0561, \u00abpara un gran total de $1.692.611.694\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como contraprestaci\u00f3n, el se\u00f1or Abad\u00eda Badillo recibir\u00eda dos bienes, la casa de la Carrera 28 A n.\u00ba 10-30 de la ciudad de Manizales \u00abjunto con su menaje\u00bb y un veh\u00edculo de placas FAO-362, los cuales no se avaluaron adecuadamente, y una suma en efectivo sobre la que tambi\u00e9n hay discrepancias, pues el actor la cuantific\u00f3 en $250.000.000, mientras el convocado dijo haberse comprometido a pagar $150.000.000. Por esa v\u00eda, consider\u00f3 que el justo precio de las prestaciones a cargo del se\u00f1or G\u00f3mez Casta\u00f1o no se hab\u00eda clarificado, haciendo inviable su comparaci\u00f3n con el valor de mercado de aquello que transfiri\u00f3 el demandante. <\/p>\n
Para finalizar, agreg\u00f3 que la orfandad probatoria relacionada con el aval\u00fao de la \u00faltima de las referidas heredades \u2013la casa\u2013 no podr\u00eda superarse en la forma que propuso la falladora a quo, porque (i) si bien Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o declar\u00f3 en audiencia que \u00abel precio comercial de esa casa [era] $600.000.000\u00bb2, tal manifestaci\u00f3n no es suficiente para acreditar la variable econ\u00f3mica por la que se averigua; y (ii) no era procedente aplicar la regla del art\u00edculo 444-4 del C\u00f3digo General del Proceso3, pues esta no busca establecer un precio de mercado, sino fijar un valor supletorio, con el \u00fanico fin de agilizar el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo. <\/p>\n
3.2. Con excepci\u00f3n de dos argumentos aislados, que la Corte analizar\u00e1 m\u00e1s adelante, el grueso de las cr\u00edticas del casacionista se dirigieron en contra de la decisi\u00f3n de no dar por probado el precio del inmueble \u2013\u00aba puerta cerrada\u00bb\u2013 que Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o se habr\u00eda obligado a transferirle al se\u00f1or Abad\u00eda Badillo, en desarrollo de la operaci\u00f3n de permuta que previamente se describi\u00f3. <\/p>\n
En el cargo \u00fanico se acus\u00f3 al tribunal por haber obviado que el demandado hab\u00eda negado el hecho segundo de la demanda reformada, en el que se dec\u00eda que \u00abla casa de habitaci\u00f3n [ten\u00eda] un valor de $650.000.000\u00bb, pero no dio ninguna explicaci\u00f3n al respecto, de modo que el aludido hecho \u00abdeb\u00eda tenerse por cierto\u00bb, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 96-2 del C\u00f3digo General del Proceso. Tambi\u00e9n se denunci\u00f3 la pretermisi\u00f3n de la \u00abconfesi\u00f3n\u00bb del convocado, quien \u2013se insiste\u2013 declar\u00f3 en el juicio \u00abel precio comercial de esa casa [era] $600.000.000\u00bb. <\/p>\n
En l\u00edneas generales, ese cuestionamiento es desenfocado, porque se concentra en uno solo de los componentes de la obligaci\u00f3n a cargo de la parte demandada, y tambi\u00e9n es incompleto, porque obvia varias de las consideraciones del tribunal, relacionadas con la escasa utilidad de la declaraci\u00f3n del se\u00f1or G\u00f3mez Casta\u00f1o para esclarecer un hecho objetivo y t\u00e9cnico \u2013como el valor comercial de su propiedad para la fecha del pacto\u2013, y la falta de claridad sobre el valor del mobiliario y las \u00abobras de arte\u00bb que se encontraban al interior del inmueble, y que se incluyeron como parte del pago a cargo del convocado. <\/p>\n
Al margen de esas deficiencias \u2013sobre las que se volver\u00e1 a rengl\u00f3n seguido\u2013, lo cierto es que el alegato del casacionista carece de relevancia, pues admitiendo todas y cada una de las tasaciones que \u2013sin evidencia de respaldo\u2013 se defendieron al sustentar el recurso de casaci\u00f3n, las prestaciones a cargo de Antonio Jes\u00fas G\u00f3mez Casta\u00f1o tendr\u00edan un \u201cjusto precio\u201d de $867.500.000, producto de sumar los valores que asign\u00f3 el casacionista a la casa de la Carrera 28 A n.\u00ba 10-30 de Manizales ($600.000.000), el veh\u00edculo de placas FAO-362 ($17.500.000) y el monto en met\u00e1lico que habr\u00eda de cubrir el se\u00f1or G\u00f3mez Casta\u00f1o ($250.000.000). <\/p>\n
Lo anterior equivale a decir que, en el contexto de la operaci\u00f3n de permuta que deline\u00f3 el ad quem, y teniendo por ciertas todas las afirmaciones del se\u00f1or Abad\u00eda Badillo, este se comprometi\u00f3 a entregar dos inmuebles cuyo justo precio se fij\u00f3 \u2013sin reproche de las partes\u2013 en $1.692.611.694, a cambio de otros bienes cuyo \u2013hipot\u00e9tico\u2013 \u201cvalor de mercado\u201d ser\u00eda $867.500.000, guarismo que supera la mitad de lo que el actor transfiri\u00f3 (esto es, $846.305.847). <\/p>\n
En s\u00edntesis, si los planteamientos del recurrente fueran acogidos \u00edntegramente por la Corte, no habr\u00eda lesi\u00f3n enorme, porque la desproporci\u00f3n entre las prestaciones de los contratantes no alcanzar\u00eda la cota se\u00f1alada en el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.3. El hecho de que este escollo cuantitativo haya pasado desapercibido para el recurrente, refleja la radical ausencia de pruebas de la naturaleza, caracter\u00edsticas y alcances del pacto que ajustaron las partes enfrentadas, vac\u00edo que tambi\u00e9n impide despejar la incertidumbre acerca del valor de mercado de lo que el contratante G\u00f3mez Casta\u00f1o se habr\u00eda obligado a transferir al se\u00f1or Abad\u00eda Badillo. <\/p>\n
Cabe anotar que, al sustentar su \u00fanico cargo, el demandante intent\u00f3 refutar la orfandad probatoria advertida, acudiendo a algunos apartes de las declaraciones del demandante y el demandado, as\u00ed como a la siguiente conjetura: \u00abponerle valor a los muebles es muy f\u00e1cil, $15.000.000, y para no ir muy lejos, si el veh\u00edculo el mismo codemandado en el documento ante la Oficina de Tr\u00e1nsito dijo que val\u00eda $17.000.000, m\u00e1s los $10.000.000 que entreg\u00f3 el actor, \u00bfcu\u00e1nto valen los muebles? Pues $23.000.000 (sic). Para llegar a tal conclusi\u00f3n no hay necesidad de contratar a un experto matem\u00e1tico, \u00bfo s\u00ed?\u00bb. <\/p>\n
No obstante, tales argumentos no son aptos para revelar un yerro f\u00e1ctico o jur\u00eddico en la labor de valoraci\u00f3n del ad quem, pues no podr\u00eda juzgarse a esa colegiatura por pretermitir pruebas inexistentes, inconducentes, o con tan escaso aporte epist\u00e9mico. Dicho de otro modo, \u00fanicamente con base en las evidencias y razones ofrecidas por el casacionista, no puede calificarse de manifiestamente errada la soluci\u00f3n a la que se arrib\u00f3 en el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Lo anterior sin que pueda dejarse de lado que el citado contrato de permuta no reposa ni siquiera por escrito, obviando que los actos voluntarios de transferencia de inmuebles est\u00e1n sometidos a una solemnidad ad substantiam actus como lo se\u00f1alan los art\u00edculos 1659 y 1857 del C\u00f3digo Civil. Recu\u00e9rdese que, por regla general, la prueba del contenido de una convenci\u00f3n como la anunciada permuta exige aportar la escritura p\u00fablica pertinente, sin que sea viable remplazar ese documento por otras evidencias, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 256 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00abLa falta del documento que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no podr\u00e1 suplirse por otra prueba\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, es probable que tras un contrato solemne se oculte otro, como podr\u00eda ocurrir aqu\u00ed con las compraventas y la permuta. Pero es evidente que revelar la divergencia entre la voluntad real y la declarada impone un importante esfuerzo probatorio, as\u00ed como una m\u00ednima sind\u00e9resis argumentativa, elementos que brillan por su ausencia en este caso, y que, por supuesto, impiden el \u00e9xito de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
3.4. Con el fin de responder todos los apartes de la censura, memora la Sala que el recurrente tambi\u00e9n quiso hacer radicar el error de valoraci\u00f3n del tribunal en la falta de alusi\u00f3n al juramento estimatorio que se incluy\u00f3 en la demanda, y que no habr\u00eda sido objetado. Sin embargo, cualquier inferencia que pudiera extraerse de all\u00ed no parece \u00fatil para determinar la procedencia de la lesi\u00f3n enorme alegada, m\u00e1xime cuando no se hizo ning\u00fan esfuerzo para explicar el v\u00ednculo l\u00f3gico entre ese vicio negocial y la tasaci\u00f3n unilateral de los frutos de una propiedad rural. <\/p>\n
Tampoco parece revestir mayor importancia que el aval\u00fao pericial del predio que fuera de propiedad de Jos\u00e9 Bernardo G\u00f3mez Casta\u00f1o no se hubiera aportado \u00abpor la primera apoderada\u00bb, ni tampoco que \u00abal ser revocado el poder a esa abogada, el actor se contact\u00f3 con [su actual apoderado], y en procura de reformar la demanda antes de fenecer el t\u00e9rmino, no repar[\u00f3] en la ausencia del dictamen, lo que no es culpa del actor\u00bb, porque con independencia de la causa, esa probanza no obra en el expediente, por lo que no pod\u00eda ser valorada. <\/p>\n
Y aunque reposara en el dossier, la experticia no habr\u00eda cambiado la suerte de la litis; de hecho, har\u00eda m\u00e1s improbable el \u00e9xito del petitum de lesi\u00f3n enorme, porque seg\u00fan el propio recurrente, el avaluador contratado \u00abfij\u00f3 el valor comercial del inmueble en $658.750.000\u00bb, cifra que solo adicionada con el saldo del precio en met\u00e1lico que se indic\u00f3 en la propia demanda ($250.000.000), tambi\u00e9n superar\u00eda la mitad del justo precio de las fincas que enajen\u00f3 el se\u00f1or Abad\u00eda Badillo. <\/p>\n
3.5. En el ep\u00edlogo de su escrito de sustentaci\u00f3n, el impugnante sostuvo que \u00abcomo por las causas legales no se ha podido invalidar el contrato, dada la resistencia del demandado y la obvia oposici\u00f3n del ad quem, el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil es de forzosa aplicaci\u00f3n, pues lo all\u00ed dispuesto encaja perfectamente en este caso particular y concreto, la del incumplimiento mutuo (…)\u00bb. <\/p>\n
No se olvide que los argumentos que no fueron sometidos a consideraci\u00f3n del juez y de las dem\u00e1s partes a lo largo de la litis \u2013como el referido \u00abincumplimiento mutuo\u00bb\u2013, constituyen un \u201cmedio nuevo\u201d, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual, como con insistencia lo tienen definido la Sala, es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, recientemente se insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). \u201cCon esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u201d (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)\u00bb (CSJ SC2779-2020, 10 ago.). <\/p>\n
3.6. Dado que la cr\u00edtica propuesta carece de enfoque, es incompleta, novedosa e intrascendente de cara a la resoluci\u00f3n que se combate, concluye la Corte que el \u00fanico cargo propuesto no puede prosperar. <\/p>\n
4. Precisiones adicionales. <\/p>\n
A pesar de que la pretensi\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme estaba condenada al fracaso, el punto pas\u00f3 inadvertido para los jueces de ambas instancias, quiz\u00e1 porque el texto de la demanda reformada, que el tribunal calific\u00f3 de \u00abimpreciso, vago y oscuro\u00bb, o la desprolija forma como los litigantes materializaron su negociaci\u00f3n, pudieron dificultar en gran medida la comprensi\u00f3n de las aristas f\u00e1cticas y jur\u00eddicas de este conflicto. <\/p>\n
En ese contexto, es pertinente clarificar que la juez de primer grado declar\u00f3 la lesi\u00f3n enorme porque contrast\u00f3 el valor de los bienes transferidos por el actor con lo efectivamente recibido por este, perdiendo de vista que el justo precio al que alude el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil debe compararse con el contenido obligacional del acuerdo de voluntades al que arribaron los estipulantes, sin que sea necesario auscultar cu\u00e1les de esa cargas fueron satisfechas durante la etapa de ejecuci\u00f3n del contrato. <\/p>\n
El tribunal, a su turno, crey\u00f3 improcedentemente que en una permuta las partes deben determinar el valor en dinero que asignan a las especies que intercambian, cuando en realidad la conmutatividad del pacto solo se construye alrededor de esas especies, de modo que lo que un permutante da al otro es, a la vez, cosa y precio. Cuesti\u00f3n distinta es que, para verificar el vicio de lesi\u00f3n enorme, sea necesario cuantificar en dinero las prestaciones a cargo de cada uno de los estipulantes \u2013lo que ofrecen en permuta\u2013, pues solo de esta forma se viabiliza su comparaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a esta tem\u00e1tica, en a\u00f1osa y pertinente jurisprudencia se decant\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abNo existen, entre la permuta y la venta, fundamentales diferencias (…). A este respecto debe anotarse, en primer t\u00e9rmino, que la venta no es sino una derivaci\u00f3n de la permuta ya que, como es bien sabido, en la historia de las sociedades este contrato precede a aqu\u00e9l, que solo surge con la creaci\u00f3n del signo monetario. Por esto se ha dicho y repetido, con raz\u00f3n, que en realidad la venta es un perfeccionamiento de la permuta, o una simple derivaci\u00f3n de esta. Cierto es que en el contrato de venta se distinguen n\u00edtidamente, el vendedor y el comprador, la cosa vendida y el precio que por ella se paga, al paso que en el contrato de permuta cada uno de los contratantes es, a la vez, vendedor y comprador, y cada una de las cosas que se cambian es, a la vez; cosa y precio; as\u00ed lo expresa el art\u00edculo 1958 del C\u00f3digo Civil. Pero cierto es tambi\u00e9n que, no obstante la diferencia anotada, existe entre tales contratos una profunda semejanza por lo que hace a los efectos que producen y a las obligaciones que de ellos nacen. Esto \u00faltimo explica por qu\u00e9 en el C\u00f3digo Civil, obra que contiene una extensa reglamentaci\u00f3n sobre el contrato de venta, solo se encuentran cuatro textos relacionados con el contrato de permuta, el \u00faltimo de los cuales ordena: \u201cLas disposiciones relativas a la compraventa se aplicar\u00e1n a la permutaci\u00f3n en todo le que no se oponga a la naturaleza de este contrato\u201d. Acertado m\u00e9todo legislativo este, comoquiera que una reglamentaci\u00f3n detallada del contrato de permuta solo hubiera constituido una in\u00fatil repetici\u00f3n de casi todas las disposiciones referentes al contrato de venta. <\/p>\n
Debe observarse, adem\u00e1s, que en el contrato de permuta hay precio, lo mismo que en el de venta. No hay, por este aspecto, diferencia sustancial entre los mencionados contratos. En el de venta \u201cel dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio\u201d (art\u00edculo 1849 del C\u00f3digo Civil); en el contrato de permuta \u201ccada permutante ser\u00e1 considerado como vendedor de la cosa que da y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mirar como el precio que paga por lo que recibe en cambio\u201d (art\u00edculo 1958 ib\u00eddem), siendo de advertir que en la compraventa no es esencial que el precio se pague, en su totalidad, en dinero, como no lo es en la permuta que el precio consista, \u00edntegramente, en otra cosa. En ambos contratos el precio puede consistir parte en dinero y parte en otra cosa, siendo por este aspecto tan semejantes las situaciones que pueden presentarse (…). <\/p>\n
Ahora bien; si en la permuta lo mismo que en la venta, hay precio, necesario es concluir que las disposiciones referente a la rescisi\u00f3n por causa de lesi\u00f3n enorme (disposiciones que, como lo expresa el recurrente, se refieren especialmente al precio) no son incompatibles con la naturaleza de aquel contrato. Ninguna dificultad presenta la aplicaci\u00f3n de estas reglas en el contrato de permuta, contrato en el cual es posible, lo mismo que en el de venta, determinar si el precio fue justo o injusto. As\u00ed como en este es posible saber, mediante el justiprecio de la cosa vendida en la fecha del contrato, si alguno de los contratantes sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme, en el contrato de permuta la confrontaci\u00f3n de los precios de las cosas cambiadas es suficiente para comprobar si tal lesi\u00f3n existi\u00f3 en alguno de los permutantes\u00bb (CSJ SC, 21 sep. 1954, G. J. t. LXXVIII, p\u00e1g. 634-644). <\/p>\n
5. Pronunciamiento sobre la solicitud de \u00abcasaci\u00f3n oficiosa\u00bb elevada por el recurrente. <\/p>\n
Seg\u00fan lo tiene decantado el precedente, en la actualidad la Corte se encuentra investida de tres facultades oficiosas complementarias, relacionadas con el recurso de casaci\u00f3n: (i) la selecci\u00f3n negativa, o posibilidad de desprenderse del conocimiento de una demanda de sustentaci\u00f3n formalmente adecuada, pero que no sirva a los prop\u00f3sitos del remedio extraordinario (art\u00edculo 347, C\u00f3digo General del Proceso); (ii) la selecci\u00f3n positiva, o potestad de estudiar de fondo un caso, pese a la ineptitud formal de la demanda (art\u00edculo 16, Ley 270 de 1996); y (ii) la posibilidad de casar de oficio la sentencia del tribunal, que se ejerce ante la incuestionable configuraci\u00f3n de una de las hip\u00f3tesis que prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 336 del estatuto procesal civil vigente, esto es \u00abcuando sea ostensible que la [sentencia impugnada] compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Estos poderes oficiosos deben ejercerse con prudencia, y sin perder de vista que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no constituye una suerte de tercera instancia, en la que puedan replantearse sin cortapisas todas las discusiones que se ventilaron y definieron ante los falladores ordinarios, \u00abpostura explicable por cuanto los litigios, salvo situaciones excepcionales, encuentran su punto final en el fallo proferido por el tribunal, el cual llega revestido de la doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto\u00bb (SC003-2021, 18 ene.). <\/p>\n
En ese sentido, la instituci\u00f3n que consagra el precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso no puede convertirse en un reclamo gen\u00e9rico de parte, que \u2013ante el fracaso de sus acusaciones\u2013 constri\u00f1a a la Corte a analizar sin restricciones formales todos y cada uno de los aspectos de la controversia sometida a su escrutinio; menos a\u00fan ensayar soluciones totalmente diversas a las que se debatieron durante la primera y segunda instancia. <\/p>\n
La aludida facultad es, ni m\u00e1s ni menos, una prerrogativa otorgada a la Corte, a la que esta debe acudir aut\u00f3nomamente, siempre que evidencie la imperiosa necesidad de ampliar el marco de sus competencias para conjurar alguna de las graves irregularidades que previ\u00f3 el legislador en la disposici\u00f3n legal precitada. No es una tabla de salvaci\u00f3n a la que pueda aferrarse el inconforme cuando sus censuras no se abran paso. <\/p>\n
Ante ese panorama, cualquier intervenci\u00f3n oficiosa de la Corte se enfrentar\u00eda a las dificultades propias de un caudal demostrativo insuficiente y un marco litigioso ciertamente limitado, que desaconsejan variar de oficio el fallo del ad quem, m\u00e1xime cuando las referidas restricciones son consecuencia de la incuria y escasa prolijidad con las que el convocante atendi\u00f3 sus deberes procesales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. NO CASAR la sentencia de 16 de abril de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Elio Fabio Abad\u00eda Badillo contra Antonio Jes\u00fas y Jos\u00e9 Bernardo G\u00f3mez Casta\u00f1o. <\/p>\n
SEGUNDO. CONDENAR a la parte actora, como impugnante vencida, al pago de las costas procesales de esta actuaci\u00f3n. En la liquidaci\u00f3n incl\u00fayanse $6.000.000, por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. Por secretar\u00eda rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo digital denominado \u00abCOMPLEMENTO DICTAMEN-DEFLACTACION PREDIOS RANCHO CRYSTAL Y LOTE No. 1 (LOS ALPES).pdf\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Minuto 55:42, audiencia inicial (archivo digital denominado \u00ab17001310300120180022700-17-00-13103001-01.mpg\u00bb). <\/p>\n
3\u0002 A cuyo tenor \u00abTrat\u00e1ndose de bienes inmuebles el valor ser\u00e1 el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un cincuenta por ciento (50%), salvo que quien lo aporte considere que no es id\u00f3neo para establecer su precio real. En este evento, con el aval\u00fao catastral deber\u00e1 presentarse un dictamen obtenido en la forma indicada en el numeral 1\u00bb. <\/p>\n
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SC948-2022 (2018-00227-01)_1 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 17001-31-03-001-2018-00227-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso el convocante frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62612","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62612","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62612"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62612\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62612"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62612"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62612"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}