SC949-2022 (2008-00269-01)_1<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
SC949-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-003-2008-00269-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
En el proceso ordinario de HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. contra DEERE & CO. y JOHN DEERE THIBODAUX INC., antes Cameco Industries Inc., procede la Corte a decidir los recursos de casaci\u00f3n que la primera y la \u00faltima interpusieron frente a la sentencia del 25 de octubre de 2017, complementada el 28 de noviembre siguiente, prove\u00eddos proferidos por el Tribunal Superior de Cali, Sala Civil. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda con la que se dio inicio al proceso, obrante en los folios 511 a 562 del cuaderno No. 2, se elevaron las siguientes pretensiones: <\/p>\n
1.1. Principales: <\/p>\n
1.1.1. Declarar que la actora, como agente, y las demandadas, como agenciadas, celebraron un contrato de agencia comercial, \u201ccuyo objeto era la representaci\u00f3n y promoci\u00f3n de los productos de Cameco en Colombia\u201d. <\/p>\n
1.1.2. Declarar que las segundas incumplieron dicha convenci\u00f3n, por las siguientes causas: (i) \u201c(\u2026) haber distribuido directamente o a trav\u00e9s de terceras personas distintas a (\u2026) Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], sus productos en la zona asignada al agente\u201d; (ii) \u201c(\u2026) no haber pagado a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] la comisi\u00f3n a la que \u00e9st[a] ten\u00eda derecho\u201d por dichas ventas directas; y (iii) \u201c(\u2026) haber adoptado pol\u00edticas comerciales que deterioraron las relaciones con los clientes y causaron un perjuicio al nombre comercial del agente y del producto\u201d. <\/p>\n
1.1.3. Declarar que la accionante termin\u00f3 por justa causa el mencionado contrato. <\/p>\n
1.1.4. Declarar que las convocadas \u201cejecutaron actividades tendientes a deteriorar el buen nombre de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]\u201d. <\/p>\n
1.1.5. Condenar a las demandadas a pagar a la gestora del proceso, los rubros que pasan a indicarse: (i) la \u201ccesant\u00eda comercial\u201d contemplada en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio; (ii) la \u201cindemnizaci\u00f3n equitativa\u201d consagrada en el inciso 2\u00ba del precitado precepto; (iii) las \u201ccomisiones pendientes\u201d, incluyendo las de las referidas ventas directas; (iv) la \u201cindemnizaci\u00f3n plena de los perjuicios que le hubiere[n] ocasionado por el incumplimiento del contrato de agencia comercial, incluyendo el da\u00f1o emergente y el lucro cesante\u201d; (v) el \u201cda\u00f1o que injustificadamente ocasionaron a la imagen de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] por su situaci\u00f3n de incumplimiento\u201d; (vi) las \u201cinversiones efectuadas por Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] para explotar o promover el negocio durante la ejecuci\u00f3n del [c]ontrato y que no fueron recuperadas por el agente debido a la terminaci\u00f3n del [mismo] por causa[s] imputables a las sociedades agenciadas\u201d; (vii) los \u201ccostos y gastos\u201d en los que la actora \u201cincurri\u00f3 al tener que liquidar su personal por terminaci\u00f3n del [c]ontrato por causas imputables a las demandadas\u201d; (viii) los \u201ccostos financieros\u201d que la accionante asumi\u00f3, \u201cpor el retraso en el pago de las comisiones y dem\u00e1s cuentas derivadas de la ejecuci\u00f3n del [c]ontrato\u201d; (ix) los \u201cdem\u00e1s costos derivados de la terminaci\u00f3n del [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial\u201d; (x) los \u201cperjuicios ocasionados al buen nombre\u201d de la promotora del litigio; (xi) la \u201cactualizaci\u00f3n monetaria sobre las condenas se\u00f1aladas, desde la fecha en que se generaron cada una de las obligaciones, o la que el juzgado considere, hasta la fecha de su pago efectivo\u201d; (xii) los \u201cintereses moratorios\u201d o, en defecto de \u00e9stos, los \u201cintereses comerciales\u201d, \u201csobre las condenas se\u00f1aladas, desde la fecha en que se generaron cada una de las obligaciones, o la que el juzgado considere, hasta el fecha del pago efectivo\u201d. <\/p>\n
1.1.6. Imponer las costas del proceso al extremo pasivo. <\/p>\n
1.2. Primeras subsidiarias. <\/p>\n
1.2.1. Declarar que entre la demandante y las accionadas \u201cse celebr\u00f3 un contrato de distribuci\u00f3n exclusiva cuyo objeto era la venta por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] de productos de Cameco en Colombia\u201d. <\/p>\n
1.2.2. Declarar que las \u00faltimas incumplieron dicho contrato, por las siguientes razones: (i) \u201c(\u2026) haber distribuido directamente o a trav\u00e9s de terceras personas distintas a (\u2026) Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], sus productos en la zona asignada\u201d a esta \u00faltima; y (ii) \u201c(\u2026) haber adoptado pol\u00edticas comerciales que deterioraron las relaciones con los clientes y causaron un perjuicio al nombre comercial de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] y [al] producto\u201d. <\/p>\n
1.2.4. Declarar que con el referido incumplimiento se causaron perjuicios a aqu\u00e9lla y que, por lo tanto, las convocadas est\u00e1n obligadas a indemnizar los mismos. <\/p>\n
1.2.5. Declarar que las querelladas \u201cejecutaron actividades tendientes a deteriorar el buen nombre\u201d de la iniciadora de la controversia, y por ende, est\u00e1n obligadas a resarcirle los perjuicios provocados de esa manera. <\/p>\n
1.2.6. Condenarlas, por lo tanto, a pagar a \u00e9sta \u201clos perjuicios\u201d derivados del \u201cincumplimiento\u201d y de la \u201cterminaci\u00f3n\u201d del contrato, as\u00ed como los que se \u201cocasionaron [a su] buen nombre\u201d, junto con la \u201cactualizaci\u00f3n monetaria\u201d y los \u201cintereses moratorios a la m\u00e1xima tasa legal permitida\u201d, y las costas. <\/p>\n
1.3. Segundas subsidiarias. <\/p>\n
1.3.1. Declarar que entre la accionante y las demandadas \u201cse celebr\u00f3 un contrato innominado cuyo objeto era la venta de manera exclusiva por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] de productos de Cameco en Colombia\u201d. <\/p>\n
1.3.2. Declarar que las segundas incumplieron dicho contrato, por las siguientes razones: (i) \u201c(\u2026) haber vendido directamente o a trav\u00e9s de terceras personas distintas a (\u2026) Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], sus productos en el territorio colombiano\u201d; y (ii) \u201c(\u2026) haber adoptado pol\u00edticas comerciales que deterioraron las relaciones con los clientes y causaron un perjuicio al nombre comercial de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] y [al] producto\u201d. <\/p>\n
1.3.3. Declarar que la accionante \u201ctermin\u00f3 por causas imputables a Cameco y Deere & Co. el mencionado contrato\u201d. <\/p>\n
1.3.4. Declarar que con el referido incumplimiento se causaron perjuicios a la actora y que, por lo tanto, las demandadas est\u00e1n obligadas a indemnizarle los mismos. <\/p>\n
1.3.5. Declarar que las accionadas \u201cejecutaron actividades tendientes a deteriorar el buen nombre de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]\u201d y, por ende, tienen el deber de resarcirle los perjuicios as\u00ed ocasionados. <\/p>\n
1.3.6. Condenar a las convocadas a pagar a la convocante \u201clos perjuicios\u201d provocados por el \u201cincumplimiento\u201d y la \u201cterminaci\u00f3n\u201d del contrato, as\u00ed como los que se \u201cocasionaron al buen nombre\u201d de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., junto con la \u201cactualizaci\u00f3n monetaria\u201d y los \u201cintereses moratorios a la m\u00e1xima tasa legal permitida\u201d. <\/p>\n
1.3.7. Asignar las costas a las demandadas. <\/p>\n
2. En respaldo de esas s\u00faplicas, se adujeron los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. Entre la demandante, persona jur\u00eddica cuyo objeto es, primordialmente, la representaci\u00f3n y agenciamiento de empresas nacionales y extranjeras fabricantes de productos y materias primas para la agricultura y la ganader\u00eda, y Cameco Industries Inc., actualmente John Deere Thibodaux Inc., empresa norteamericana dedicada a la fabricaci\u00f3n de equipos para el cultivo de la ca\u00f1a de az\u00facar, se celebr\u00f3 el 16 de diciembre de 1977 un contrato de agencia comercial, con el cual se formalizaron las relaciones de esa \u00edndole que ven\u00edan sosteniendo desde 1973, el cual fue inscrito como tal en la C\u00e1mara de Comercio de Cali. <\/p>\n
2.2. En dicha convenci\u00f3n, la \u00faltima entreg\u00f3 a la primera \u201cla representaci\u00f3n exclusiva de todas las producciones que fabrique para la Rep\u00fablica de Colombia\u201d, comprometi\u00e9ndose \u00e9sta \u201ca dedicar todos sus esfuerzos y el tiempo necesarios para promover los productos\u201d de aqu\u00e9lla, la cual, a su turno, se oblig\u00f3 a \u201cprestar[le] toda la asistencia t\u00e9cnica que (\u2026) demandara para atender eficientemente las ventas hechas al incremento del mercado colombiano\u201d. <\/p>\n
2.3. En desarrollo de ese acuerdo de voluntades, la agente promocion\u00f3 los productos de la agenciada y logr\u00f3 posicionarlos en el mercado nacional, de modo que, con el paso del tiempo, la industria azucarera patria reconoci\u00f3 a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. como la representante de Cameco Industries Inc. en Colombia, a tal punto que los clientes, que eran los ingenios azucareros, entregaban a la primera las \u00f3rdenes de compra dirigidas a la segunda, quien una vez las recib\u00eda de aqu\u00e9lla, facturaba la mercanc\u00eda a nombre del comprador y \u00e9ste, que era el importador, pagaba directamente la maquinaria a la fabricante. <\/p>\n
2.4. Por consiguiente, \u201cHugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] obraba en inter\u00e9s y por cuenta de Cameco [Industries Inc.], toda vez que el agente contactaba al cliente, acordaba las condiciones del negocio y, finalmente, el contrato era celebrado entre Cameco y el cliente, raz\u00f3n por la cual la orden de compra era dirigida al empresario y directamente a \u00e9ste se efectuaba el pago\u201d. <\/p>\n
2.5. La actora recib\u00eda de la mencionada demandada una comisi\u00f3n correspondiente a un porcentaje sobre el precio de la mercanc\u00eda vendida, que variaba seg\u00fan el producto negociado, la cual era sufragada una vez los clientes pagaban directamente a la empresaria el precio. <\/p>\n
2.6. Dicha relaci\u00f3n comercial fue estable y perdur\u00f3 por 25 a\u00f1os, hasta cuando el contrato termin\u00f3 el 5 de marzo de 2004, tiempo en el que la agente logr\u00f3 la venta de m\u00e1s de 300 m\u00e1quinas y equipos, as\u00ed como una cifra superior a US$8.000.000.oo en repuestos y conquist\u00f3 el 75% del mercado nacional para la agenciada, lo que le represent\u00f3 la consecuci\u00f3n de una considerable clientela en el territorio nacional. <\/p>\n
2.7. Para esos logros, la accionante publicit\u00f3 los productos de la empresaria, desarroll\u00f3 m\u00faltiples e importantes actividades de promoci\u00f3n, ofreci\u00f3 cursos de capacitaci\u00f3n para los operarios y t\u00e9cnicos vinculados a los clientes, realiz\u00f3 la importaci\u00f3n temporal de maquinaria prototipo para darla a conocer en el \u00e1mbito nacional y patrocin\u00f3 distintos seminarios relacionados con el cultivo de la ca\u00f1a y\/o con la industria azucarera. <\/p>\n
2.8. John Deere Thibodaux Inc. incumpli\u00f3 el contrato de agencia comercial, como quiera que vendi\u00f3 directamente, sin conocimiento de la actora, de un lado, dos m\u00e1quinas cosechadoras de ca\u00f1a modelo CHT-2500 a Colremaq S.A. y, de otro, repuestos a esa misma empresa, as\u00ed como a los ingenios Manuelita y Mayag\u00fcez, sin haber pagado a aqu\u00e9lla las comisiones a que ten\u00eda derecho. Adicionalmente, cambi\u00f3 las condiciones de la comercializaci\u00f3n de sus productos, como quiera que, en los \u00faltimos tres a\u00f1os de la ejecuci\u00f3n del contrato, dilat\u00f3 injustificadamente el despacho de algunos pedidos; condicion\u00f3 el env\u00edo de la mercanc\u00eda, por ejemplo, al pago de un anticipo del 50% del precio; y por intermedio de terceros, invit\u00f3 a los clientes para que adquirieran sus productos en forma directa. <\/p>\n
2.9. Deere & Co. es la matriz de John Deere Thibodaux Inc., antes Cameco Industries Inc., como quiera que es la due\u00f1a del 100% de sus acciones con derecho a voto, y por ende, la controla, am\u00e9n que entre ellas existe \u201cunidad de prop\u00f3sito y direcci\u00f3n\u201d. En tal virtud, \u201cadopt\u00f3 como pol\u00edtica comercial terminar todos los contratos de agencia de Cameco en [l]atinoam\u00e9rica y el [c]aribe y entregar la comercializaci\u00f3n de los productos a la red de distribuidores John Deere, para con ello evitar la duplicidad de estructuras\u201d. <\/p>\n
2.10. Dicha empresa, \u201cen su calidad de sociedad matriz de Cameco, asumi\u00f3 junto con \u00e9sta las obligaciones propias del agente (sic) y se hizo con sus actuaciones parte del [contrato] o, al menos, comprometi\u00f3 su responsabilidad civil extracontractual en los t\u00e9rminos que han sido descritos\u201d, como se constata con la correspondencia cruzada entre las partes. <\/p>\n
2.11. El incumplimiento contractual y las pol\u00edticas comerciales adoptadas por las demandadas, condujeron a la actora a poner fin a la agencia comercial, determinaci\u00f3n que les inform\u00f3 mediante misiva del 26 de diciembre de 2003, en \u201cla cual les notific\u00f3 que daba por terminado el [c]ontrato, sesenta (60) d\u00edas despu\u00e9s de la fecha de recibo de la mencionada comunicaci\u00f3n\u201d, carta en la que les expres\u00f3 que su decisi\u00f3n \u201cse deb\u00eda a causas imputables a Cameco\u201d y les puso de presente \u201clos reiterados incumplimientos en que incurri\u00f3 esa [c]ompa\u00f1\u00eda durante la ejecuci\u00f3n\u201d del referido pacto. <\/p>\n
2.12. Con fecha 29 de enero de 2004, Cameco Industries Inc. remiti\u00f3 a la accionante, escrito en el que le manifest\u00f3 su desacuerdo con la posici\u00f3n adoptada por aqu\u00e9lla, desconoci\u00f3 la naturaleza del contrato y afirm\u00f3 \u201cque el mismo era s\u00f3lo parcialmente un [c]ontrato de agencia comercial\u201d, sin que las dos, pese a intentarlo, lograran solucionar de mutuo acuerdo sus diferencias. <\/p>\n
3. La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cali, mediante auto del 29 de agosto de 2008 (fl. 564, cd. 2). Notificado el mismo a las accionadas por aviso, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ellas contestaron el libelo introductorio, oponi\u00e9ndose a que se acogieran sus pretensiones; se pronunciaron de diversa manera sobre los hechos aducidos y plantearon excepciones, as\u00ed: <\/p>\n
3.1. La se\u00f1ora Mar\u00eda Fernanda Conde, que en principio fue demandada, a m\u00e1s de excepciones meritorias (fls. 592 a 632, cd. 3), propuso la previa de \u201cIneptitud de la demanda por (\u2026) indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d (fls. 8 a 14, cd. 4), que el Juzgado del conocimiento declar\u00f3 probada en auto del 1\u00ba de febrero de 2011 (fls. 26 a 32, cd. 4), adicionado el d\u00eda 11 siguiente para disponer que la nombrada \u201cqueda desvinculada del present[e] asunto, merced a la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d (fl. 44, cd. 4), determinaciones que el Tribunal Superior de Cali confirm\u00f3 en prove\u00eddo del 5 de julio de 2012 (fls. 73 a 81, cd. 6), lo que implic\u00f3 su exclusi\u00f3n definitiva de la controversia. <\/p>\n
3.2. Deere & Co., en el escrito que milita en los folios 1 a 7 del cuaderno No. 4, propuso las excepciones previas de \u201cineptitud de la demanda\u201d por \u201cindebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d y \u201cfalta de jurisdicci\u00f3n\u201d y\/o \u201ccompetencia\u201d, que fueron desestimadas por el a quo en la providencia atr\u00e1s citada, decisi\u00f3n igualmente confirmada por el Tribunal, en el auto arriba registrado. <\/p>\n
En la r\u00e9plica de la demanda, formul\u00f3 las excepciones meritorias que rotul\u00f3 como \u201c[a]usencia de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, \u201c[i]ndebida elecci\u00f3n de la acci\u00f3n a seguir\u201d, \u201c[f]alta de [j]urisdicci\u00f3n\u201d, \u201c[i]ndebida acumulaci\u00f3n de acciones\u201d, \u201cla relatividad de los contratos\u201d, \u201c[e]nriquecimiento [i]njusto\u201d y \u201c[t]emeridad\u201d (fls. 745 a 788, cd. 3). <\/p>\n
3.3. Por su parte, John Deere Thibodaux Inc., en la contestaci\u00f3n del libelo introductorio que present\u00f3, formul\u00f3 las defensas que denomin\u00f3 \u201cINEXISTENCIA DE LA RELACI\u00d3N DE AGENCIA COMERCIAL QUE ALEGA LA PARTE ACTORA\u201d, \u201cEL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO \u2018VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM\u2019\u201d, \u201cEL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES: ART\u00cdCULO 1602 DEL C\u00d3DIGO CIVIL\u201d, \u201cUNA DE LAS PARTES NO PUEDE CREAR OBLIGACIONES A SU ANTOJO EN CONTRAV\u00cdA DEL ACUERDO CONTRACTUAL\u201d, \u201cAUSENCIA DE BUENA FE EXENTA DE CULPA POR PARTE DE LA DEMANDANTE\u201d, \u201cINCUMPLIMIENTO GRAVE DE LA SOCIEDAD CONVOCANTE A SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES\u201d, \u201cRUPTURA ILEGAL Y ANTICIPADA DEL CONTRATO, EXCEPTIO PLUS PETITO TEMPORE\u201d, \u201cCONTRATO NO CUMPLIDO \u2013 EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE CONDUCTAS ABUSIVAS, INDEBIDAS O DE PRESI\u00d3N\u201d, \u201cINEXISTENCIA DE LOS PERJUICIOS ALEGADOS\u201d, \u201cINDEBIDA ACUMULACI\u00d3N DE ACCIONES\u201d y \u201cCOMPENSACI\u00d3N\u201d (fls. 804 a 837, cd. 3). <\/p>\n
4. Por aparte, la precitada accionada present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n (fls. 1 a 8, cd. 5), libelo sobre el que cabe anotar: <\/p>\n
4.1. Fueron sus pretensiones: <\/p>\n
4.1.1. Declarar que la primigenia accionante y demandada en reconvenci\u00f3n, en relaci\u00f3n con \u201cel contrato de [d]istribuci\u00f3n y [r]epresentaci\u00f3n celebrado el d\u00eda 16 de diciembre de 1977 con la sociedad John Deere Thibodaux Inc.\u201d, lo dio por terminado \u201csin justa causa\u201d, \u201cde manera anticipada y contrariando expresamente una provisi\u00f3n contractual\u201d. <\/p>\n
4.1.2. Declarar que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. incumpli\u00f3 dicho convenio \u201cen la forma y t\u00e9rminos precisados en los hechos\u201d y que, por ende, \u201ces responsable civil y contractualmente de todos los da\u00f1os y perjuicios causados\u201d a la reconviniente. <\/p>\n
4.1.3. Declarar que la nombrada sociedad \u201cest\u00e1 obligada a cancelar\u201d a la contrademandante \u201clas sumas que le adeuda por concepto de cartera atrasada respecto de los equipos, partes, repuestos y otros conceptos\u201d. <\/p>\n
4.1.4. Condenar a la reconvenida a pagar a la autora de la demanda de mutua petici\u00f3n, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia, la cantidad de US $132.107,94, o la que se establezca en el proceso, \u201cpor concepto de cartera adeudada y sus intereses\u201d, junto con la \u201ccorrespondiente indexaci\u00f3n y\/o actualizaci\u00f3n\u201d, as\u00ed como de los \u201cintereses comerciales moratorios a la tasa m\u00e1xima legal permitida\u201d, causados una y otros desde \u201cla ejecutoria del fallo y hasta que [el] pago se realice\u201d. <\/p>\n
4.1.5. Declarar \u201cla compensaci\u00f3n entre los cr\u00e9ditos aqu\u00ed reconocidos y los que lo fueren de la demanda principal, en la forma y t\u00e9rminos que finalmente aparezcan debidamente demostrados (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4.1.6. Imponer a demandada en reconvenci\u00f3n las costas procesales. <\/p>\n
4.2. Dichas s\u00faplicas se sustentaron en los hechos que a continuaci\u00f3n se resumen: <\/p>\n
4.2.1. Las partes celebraron el 16 de diciembre de 1977 \u201cun [c]ontrato de [d]istribuci\u00f3n y [r]epresentaci\u00f3n\u201d, con duraci\u00f3n inicial de un (1) a\u00f1o, prorrogable por lapsos similares si las partes no daban \u201caviso con sesenta d\u00edas de anticipaci\u00f3n al vencimiento de cada per\u00edodo\u201d. <\/p>\n
4.2.2. Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. incumpli\u00f3 dicho acuerdo de voluntades, por las siguientes razones: (i) incurri\u00f3 en \u201c[m]ora del pago de sus obligaciones\u201d, como quiera que no cancel\u00f3 \u201cla cartera que le adeuda a Cameco por concepto de repuestos, equipos y partes\u201d; (ii) no fue diligente, toda vez que \u201cno conservaba un stock adecuado de partes y repuestos para atender las necesidades de los clientes, ni realizaba una gesti\u00f3n de mercadeo eficaz y permanente con el fin de garantizar un cubrimiento apropiado del mercado de acuerdo a las obligaciones que como [d]istribuidor el contrato le impon\u00eda\u201d; (iii) vendi\u00f3 \u201cproductos de otros fabricantes que pod\u00edan competir con los producidos por Cameco violando con ello la cl\u00e1usula de exclusividad pactada\u201d; (iv) fue \u201cnegligente en su deber de atenci\u00f3n y [de] garantizar una fluida comunicaci\u00f3n con Cameco por medio del interlocutor v\u00e1lido designado por \u00e9sta, evitando con ello el logro de los prop\u00f3sitos y fines negociales y contractuales esperados\u201d; y (v) \u201csuspendi\u00f3 el cumplimiento de sus obligaciones contractuales\u201d, puesto que \u201cdio por terminado el [c]ontrato e incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n contractual de pagar las sumas correspondientes a los equipos y partes que adquir\u00eda de Cameco para la posterior reventa\u201d. <\/p>\n
4.2.3. La accionante procur\u00f3 obtener infructuosamente el pago de las sumas adeudadas por la demandada, quien, pese a su incumplimiento, present\u00f3 el libelo con el que se dio inicio al presente proceso, que incluy\u00f3 como convocadas a personas ajenas, por completo, a la relaci\u00f3n contractual que las vincula. <\/p>\n
5. La reconvenci\u00f3n fue admitida con auto del 6 de julio de 2009 (fl. 9, cd. 5), notificada por estado. <\/p>\n
6. La contrademandada respondi\u00f3 dicho libelo, escrito en el que se opuso a sus reclamaciones, expres\u00f3 lo que estim\u00f3 pertinente respecto de los hechos alegados y propuso las excepciones meritorias que rotul\u00f3 \u201c[a]usencia de [r]esponsabilidad\u201d por \u201c[a]usencia de [h]echo [c]ulposo o de [i]ncumplimiento\u201d, \u201c[c]umplimiento del contrato\u201d, \u201c[i]nexistencia de [o]blicaci\u00f3n\u201d, \u201c[c]obro de lo [n]o [d]ebido\u201d, \u201c[i]nexistencia de perjuicios\u201d, \u201c[i]ndebida acumulaci\u00f3n de pretensiones\u201d, \u201c[c]ontrato [n]o [c]umplido\u201d, \u201c[c]ompensaci\u00f3n\u201d y \u201c[p]rescripci\u00f3n y caducidad\u201d (fls. 10 a 24, cd. 5). <\/p>\n
7. Por descongesti\u00f3n, el proceso pas\u00f3 a conocimiento del Juzgado Primero Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de Cali (fl. 1714, cd. 10) y, posteriormente, del Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esa misma ciudad (fls. 1719 a 1721, cd. 10), el cual le puso fin a la primera instancia con sentencia del 16 de febrero de 2017 (fls. 1942 a 1962 vuelto, cd.10), adicionada y corregida mediante prove\u00eddo del 6 de marzo siguiente, pronunciamientos en los que, conjugados, resolvi\u00f3: <\/p>\n
7.1. Acogi\u00f3 la objeci\u00f3n por error grave formulada por la parte demandada frente a uno de los dict\u00e1menes periciales rendidos como prueba. <\/p>\n
7.2. Declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d respecto de la accionada Deere & Co., por lo que orden\u00f3 \u201csu desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n
7.3. Declar\u00f3 que entre la actora y John Deere Thibodaux Inc., antes Cane Machinery and Engineering Co., la primera como agente y la segunda como agenciada, se celebr\u00f3 un \u201ccontrato de agencia comercial mercantil, que inici\u00f3 el 26 de diciembre de 1977 y termin\u00f3 el 5 de marzo de 2004, por justa causa atribuible al empresario agenciado\u201d. <\/p>\n
7.4. Conden\u00f3 a la precitada convocada a pagarle a la gestora de la controversia, de un lado, US $1.531.517.72, \u201cseg\u00fan su equivalencia en pesos colombianos a la TRM vigente para el momento del pago, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n de que trata el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, o \u2018cesant\u00eda comercial\u2019\u201d; y de otro, la suma de $3.500.000.000.oo, \u201ca t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n equitativa de que trata el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio\u201d, una y otra obligaci\u00f3n junto con los \u201cintereses de mora\u201d causados \u201ca partir del d\u00eda siguiente al de la notificaci\u00f3n de esta providencia, a la tasa m\u00e1xima que se\u00f1ala el legislador mercantil\u201d. <\/p>\n
7.5. Deneg\u00f3 las restantes pretensiones de la demanda principal, por falta de prueba. <\/p>\n
7.6. Declar\u00f3 que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. adeuda y est\u00e1 obligada a pagar a John Deere Thibodaux Inc., antes Cane Machinery and Engineering Co., por una parte, US $69.405.59, \u201cseg\u00fan su equivalencia en pesos colombianos a la TRM vigente para el momento del pago, a t\u00edtulo de capital adeudado incorporado en las facturas relacionadas en el ac\u00e1pite vigesimocuarto de lo considerativo de esta providencia\u201d, junto con \u201clos intereses de mora (\u2026), causados a partir del d\u00eda siguiente a proferimiento de esta providencia (18 de febrero de 2017), los que deber\u00e1n liquidarse en la forma descrita aqu\u00ed, a la tasa m\u00e1xima legalmente prevista por el legislador mercantil\u201d; y por otro, US $157.921.18, \u201cseg\u00fan su equivalencia en pesos colombianos a la TRM vigente al momento del pago, a t\u00edtulo de r\u00e9ditos de mora sobre las obligaciones compendiadas previamente, desde la fecha de la exigibilidad de cada una de las facturas que la incorporan, hasta la calenda en la que se profiri\u00f3 esta providencia (17 de febrero de 2017)\u201d. <\/p>\n
7.7. Neg\u00f3 las dem\u00e1s s\u00faplicas de la reconvenci\u00f3n, \u201cpor ser opuestas a los pedimentos principales acogidos en esta providencia\u201d. <\/p>\n
7.8. Autoriz\u00f3 a las partes \u201ca compensar los cr\u00e9ditos referidos en los ordinales anteriores, en la proporci\u00f3n que corresponda\u201d. <\/p>\n
7.9. Conden\u00f3 en costas, por la acci\u00f3n principal, a la actora en favor de Deere & Co. y a John Deere Thibodaux Inc., antes Cane Machinery and Engineering Co., en favor de aqu\u00e9lla, fijando en cada caso la suma de $80.000.000.oo, como agencias en derecho; y por la reconvenci\u00f3n, a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. en favor de su promotora, tasando en $8.000.000.oo las agencias en derecho. <\/p>\n
8. Apelado el referido fallo de primera instancia por la primigenia demandante y por John Deere Thibodaux Inc., el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, resolvi\u00f3 las alzadas mediante sentencia del 25 de octubre de 2017 (fls. 15 a 51, cd. del Tribunal), complementada, aclarada y corregida el 28 de noviembre del mismo a\u00f1o (fls. 98 a 105, ib.), pronunciamientos en los que, apreciados en conjunto, dispuso: <\/p>\n
8.1. Adicion\u00f3 el fallo del a quo, en primer lugar, para \u201cACCEDER parcialmente a la demanda de reconvenci\u00f3n\u201d, en el sentido de \u201cDECLARAR que existi\u00f3, de forma concomitante al de agencia, un contrato de distribuci\u00f3n de repuestos entre las partes\u201d; y en segundo t\u00e9rmino, para condenar a John Deere Thibodaux Inc. a pagar a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. \u201cla suma de USD 341.731,68, por concepto de comisiones por las ventas directas realizadas en vigencia del contrato de agencia comercial\u201d, junto con los \u201cintereses moratorios\u201d causados \u201ca partir de d\u00eda siguiente de la ejecutoria de la presente decisi\u00f3n, a la tasa m\u00e1xima establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia\u201d. <\/p>\n
8.2. Modific\u00f3 los numerales quinto y sexto del prove\u00eddo recurrido, en cuanto a que se condena a la precitada demandada a pagar a la tambi\u00e9n citada actora, de un lado, \u201cla suma de USD 846.803.45, seg\u00fan su equivalencia en pesos colombianos a la TRM vigente para el momento del pago, a t\u00edtulo de compensaci\u00f3n de que trata el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, o cesant\u00eda comercial\u201d; y de otro, \u201cla suma de USD 167.499.58, a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n equitativa de que trata el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio\u201d, en ambos casos con los \u201cintereses de mora a partir del d\u00eda siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, a la tasa m\u00e1xima se\u00f1alada por la ley mercantil de conformidad con las certificaciones que para el efecto expida la Superintendencia Financiera\u201d. <\/p>\n
8.3. Confirm\u00f3 en lo restante la sentencia apelada. <\/p>\n
8.4. Corrigi\u00f3 la parte considerativa de la primigenia sentencia, as\u00ed: el numeral sexto, \u201cen el sentido de indicar que el porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones de las ventas n\u00fameros 3 y 4, corresponde al 28%, conforme a lo expuesto en la presente providencia\u201d; y el numeral segundo, \u00faltimo p\u00e1rrafo, \u201cen el sentido de precisar que dicha consideraci\u00f3n sobre la falta de legitimaci\u00f3n por pasiva se efect\u00faa en relaci\u00f3n con la demandada DEERE & CO.\u201d (fallo complementario). <\/p>\n
8.5. Conden\u00f3, como consecuencia del primero de los pronunciamientos atr\u00e1s relacionados, al pago de las costas de la reconvenci\u00f3n a la primigenia accionante en favor de la contrademandante. Fij\u00f3 en $6.000.000.oo las agencias en derecho. <\/p>\n
8.6. Se abstuvo de imponer costas en segunda instancia, por la prosperidad de ambas apelaciones. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Y EL PROVE\u00cdDO COMPLEMENTARIO <\/p>\n
Luego de historiar lo acontecido en el proceso y de referir los argumentos esenciales de la sentencia del a quo, as\u00ed como de las apelaciones, el Tribunal, para arribar a las determinaciones que adopt\u00f3, expuso los argumentos que pasan a compendiarse. <\/p>\n
1. Tras encontrar reunidos los presupuestos procesales y descartar la existencia de irregularidades que pudieran afectar lo actuado, asumi\u00f3 el estudio de fondo de la controversia y puso de presente que, como las dos partes apelaron, la Sala tiene \u201cplena competencia (\u2026) para decidir acerca de todo el litigio\u201d. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, sigui\u00f3 al an\u00e1lisis de la legitimidad de los intervinientes, y en desarrollo de ello, admiti\u00f3 la de la demandante y la de John Deere Thibodaux Inc., por \u201cencontrarse vinculados\u201d en el \u201cacuerdo de voluntades\u201d base de la acci\u00f3n, \u201clo cual no constituye tema de discusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En cuanto hace a Deere & Co. asever\u00f3 que \u201cno h[izo] parte del contrato objeto de la presente litis\u201d y que, \u201cpor tanto, no se encuentra legitimada para resistir las pretensiones de la demanda\u201d, inferencia que reiter\u00f3 m\u00e1s adelante y en pro de la cual reprodujo, en parte, un fallo de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que la adquisici\u00f3n por parte de ella de Cameco, no habilit\u00f3 su intervenci\u00f3n, como quiera que a partir de cuando ello ocurri\u00f3, se cre\u00f3 la otra persona jur\u00eddica accionada; y que no es admisible que se hubiere adherido a la mencionada convenci\u00f3n o que hubiese impartido las instrucciones que provocaron la terminaci\u00f3n de esa relaci\u00f3n negocial. <\/p>\n
Luego de reproducir los argumentos de la sentencia de primera instancia relacionados con el tema, que aval\u00f3, el ad quem estim\u00f3 que la \u00fanica posibilidad para que operara la vinculaci\u00f3n de la nombrada sociedad, era que la referida operaci\u00f3n de compra hubiese tenido por finalidad \u201cperpetrar un fraude\u201d o un \u201cabuso de su derecho de separaci\u00f3n patrimonial\u201d en desmedro del \u201cpatrimonio de la parte actora\u201d, tesis que refrend\u00f3 con un pronunciamiento del Consejo de Estado, que reprodujo en lo pertinente. <\/p>\n
En tal orden de ideas, a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas y teniendo por cierto que la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica tiene plena vigencia en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, resulta evidente que tal sanci\u00f3n solo puede suceder a la acreditaci\u00f3n suficiente del uso indebido de una figura societaria, pues la separaci\u00f3n patrimonial constituye un fin leg\u00edtimo de las estructuras de esta naturaleza. Por ello, para que prosperen pedimentos como el de la parte actora en este juicio[,] es imprescindible demostrar con la claridad necesaria[,] para dejar de lado un principio toral del derecho privado, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas asociativas. <\/p>\n
Y es que, por supuesto, el levantamiento del velo corporativo debe entenderse como una sanci\u00f3n absolutamente excepcional, y que, por lo mismo, debe venir precedida del cumplimiento de un estricto gravamen probatorio para quien quiere prevalerse de tal modo correctivo, derogando siquiera temporalmente la limitaci\u00f3n de responsabilidades, que es una de las prerrogativas esenciales del derecho de sociedades. <\/p>\n
Y, en ese escenario de exigencia probatoria, debe se\u00f1alarse que no obran en el expediente medios de prueba que sugieran, siquiera, los puntales esenciales para dar cabida a la punici\u00f3n de que se viene hablando, por manera que la pretensi\u00f3n de condena directa a DEERE como sociedad controlante de JOHN DEERE no resulta procedente. <\/p>\n
3. Tras advertir que las pretensiones principales de la demanda con la que se dio inicio al proceso propenden por el reconocimiento de la celebraci\u00f3n entre las partes de un contrato de agencia comercial y que el disentimiento expresado por Jhon Deere Thibodaux Inc. sobre ellas, se cifr\u00f3 en el tipo de negocio, pues a su juicio fue \u201cde suministro para la distribuci\u00f3n\u201d, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 en la demanda de reconvenci\u00f3n y en la apelaci\u00f3n que propuso, el Tribunal concentr\u00f3 sus esfuerzos en establecer cu\u00e1l fue, en realidad, el acuerdo de voluntades convenido, y para ello, en realizar adecuadamente el \u201cjuicio de adecuaci\u00f3n t\u00edpica\u201d, labor\u00edo que acometi\u00f3 con ayuda de la jurisprudencia. <\/p>\n
Con ese objetivo, previa reproducci\u00f3n de otro pronunciamiento de esta Corporaci\u00f3n, coligi\u00f3, de un lado, que son \u201celementos distintivos\u201d de la agencia comercial \u201c(i) La independencia; (ii) La estabilidad, (iii) El encargo de promoci\u00f3n o explotaci\u00f3n de un negocio; (iv) La delimitaci\u00f3n territorial\u201d; y de otro, que el factor en realidad distintivo \u201ces la actuaci\u00f3n por cuenta del tercero (agenciado), lo que de suyo descarta la confusi\u00f3n con la venta para la reventa, pues en trat\u00e1ndose del contrato de agencia las contingencias del negocio no son asumidas por el intermediario, a diferencia de lo que ocurre con el distribuidor, que corre con los riesgos del negocio\u201d. <\/p>\n
(i) La actora carec\u00eda de la capacidad econ\u00f3mica para pagar \u201ccon su peculio, el precio de los costosos bienes producidos por JOHN DEERE\u201d, de forma que pudiera pensarse que compraba para revender. <\/p>\n
(ii) Lo expresado por los testigos Edgardo D\u00edaz y Stevens Willet, gerentes de ventas regionales de John Deere Thibodaux Inc., \u201csugiere que las ventas se realizaban directamente\u201d entre dicha compa\u00f1\u00eda y \u201clos ingenios azucareros, sin la intermediaci\u00f3n (como distribuidor) de HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.]\u201d. <\/p>\n
(iii) En la \u00e9poca de celebraci\u00f3n del contrato, \u201cla tecnolog\u00eda no era usual en la labor de corte de ca\u00f1a\u201d, por lo que no luc\u00eda \u201crazonable econ\u00f3micamente que HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] adquiriera para la reventa unos equipos de alt\u00edsimo valor econ\u00f3mico, asumiendo el (\u2026) riesgo de conquistar un mercado hiperespecializado\u201d, planteamiento que sustent\u00f3 con las declaraciones de los se\u00f1ores Edgardo D\u00edaz y Fernando Giraldo Mu\u00f1oz, otrora Gerente de Campo del Ingenio Manuelita S.A. <\/p>\n
(iv) La \u201cfacturaci\u00f3n, uno de los indicios acogidos por el juez a quo como soporte de la tesis que el Tribunal comparte, muestra que la venta de maquinaria se realizaba invariablemente a trav\u00e9s de operaciones directas entre JOHN DEERE y los ingenios azucareros, tal y como lo muestran las m\u00faltiples facturas que obran en el expediente, y que fueron emitidas por la citada demandada, mostrando as\u00ed que HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.], al menos en principio, no obraba como distribuidor, sino como un intermediario entre dos extremos negociales que, adem\u00e1s, contaban con una capacidad econ\u00f3mica superior a la suya\u201d, acreditaci\u00f3n no desvirtuada con el argumento de que tales ventas eran simuladas, \u201ccon el fin de permitir a los ingenios adquirentes hacerse a los beneficios del llamado \u2018Plan Vallejo\u2019\u201d, pues ni siquiera en la contabilidad de la prenombrada accionada aparecen rastros de ello, como quiera que las negociaciones siempre se registraron de manera concordante con lo facturado, \u201cal paso que la remuneraci\u00f3n de HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] se tuvo expresamente como comisi\u00f3n, lo cual, sumado a los aspectos antes anotados, es un factor que debe ser valorado en forma negativa a los intereses de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
(v) John Deere Thibodaux Inc. \u201casumi\u00f3 siempre como suyo el mercado colombiano\u201d, como se constata en la comunicaci\u00f3n citada por el juzgador de segunda instancia. <\/p>\n
En suma, esa autoridad estim\u00f3 que \u201c[a] partir de estos elementos, valorados en conjunto, el juicio de adecuaci\u00f3n t\u00edpico solo puede llevar a concluir la presencia de una arquet\u00edpica agencia, sin que, por supuesto, algunas menciones tangenciales de las partes a la \u2018distribuci\u00f3n\u2019 sean suficientes para entender que fue [\u00e9]ste el contrato que celebraron y no el rese\u00f1ado reci\u00e9n, no solo por la inequ\u00edvoca presencia del elemento diferenciador \u2018obrar por cuenta y riesgo ajeno\u2019, sino porque la similitud entre agencia y distribuci\u00f3n puede generar un efecto inverso al que usualmente ocurre, y es que, a los ojos del lego, una verdadera agencia aparezca como una simple distribuci\u00f3n. (\u2026). Por ende, el reparo presentado por la demandada, correspondiente a que el juez de primera instancia \u2018encontr\u00f3 probado, sin estarlo, que entre HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] y JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] exist\u00eda una agencia comercial, no puede prosperar\u201d. <\/p>\n
4. Sin perjuicio de lo anterior, a continuaci\u00f3n el ad quem reconoci\u00f3 eco a la alzada de la precitada demandada, en cuanto hace a que \u201centre las partes existieron dos relaciones contractuales de negocios concomitantes (agencia y distribuci\u00f3n)\u201d, coexistencia que a voces de la jurisprudencia de esta Corte es \u201cperfectamente posible\u201d, como se declar\u00f3 en la sentencia que cit\u00f3, toda vez que es factible que \u201cen un contexto negocial complejo como el que suele surgir en actividades econ\u00f3micas de gran relevancia, las partes construyan a partir de un v\u00ednculo inicial otros negocios jur\u00eddicos accesorios, orientados a generar eficiencias o a acrecentar ganancias, por poner tan solo algunos ejemplos, denomin\u00e1ndose a los mismos contratos conexos o coligados, como tambi\u00e9n se ha indicado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 25 de septiembre de 2007, Exp. 2000-000528-01\u201d. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u201clas pruebas documentales indican que ello fue lo que ocurri\u00f3 en este asunto, pues la relaci\u00f3n negocial que inici\u00f3 singular, como agencia mercantil valga a\u00f1adir, con el tiempo fue degenerando al menos en dos contratos distintos, (i) el de agencia, orientado a que HUGO BARRANG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] mediara (por cuenta de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]) en la comercializaci\u00f3n en Colombia de maquinaria agroindustrial, y (ii) el de distribuci\u00f3n, en el que [aqu\u00e9lla] (o sus sociedades filiales) adquir\u00edan, para revender, repuestos de la maquinaria en cuya venta medi\u00f3 previamente\u201d, concurrencia negocial que hall\u00f3 acreditada con los siguientes elementos de juicio: <\/p>\n
<\/p>\n
i. Las \u201cfacturas impagadas que dan cuenta de operaciones de compraventa de repuestos, donde JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] figura como vendedor y HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] como comprador, documentos que franquearon el paso al \u00e9xito parcial de la demanda de reconvenci\u00f3n (Fl. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 C. Documentos Soporte Facturaci\u00f3n 4)\u201d, as\u00ed como las dem\u00e1s expedidas desde 1993, igualmente contentivas de ventas similares entre Cameco y la primigenia actora, \u201cnegocios que se extendieron hasta el a\u00f1o 2011 (Ver cuaderno Documentos Soporte Facturaci\u00f3n 1, 2, 3 y 4)\u201d.<\/p>\n
ii. La aceptaci\u00f3n expresa que la precitada demandante hizo de adeudar algunas sumas de dinero a la tambi\u00e9n mencionada demandada, \u201ccarga que no tendr\u00eda raz\u00f3n en el contexto de un negocio de agencia mercantil, pero que parece encuadrar en la hip\u00f3tesis de la coexistencia de este negocio con uno de distribuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
(iii) La contabilidad, que da cuenta que la actora \u201cvendi\u00f3 directamente repuestos a los ingenios azucareros del Valle del Cauca\u201d, incluso, hasta despu\u00e9s de la terminaci\u00f3n del contrato de agencia, como se infiere de \u201cla certificaci\u00f3n emitida por la revisor\u00eda fiscal del Ingenio Manuelita (fls. 1235 a 1248, C. 4 pruebas de la parte actora)\u201d, continuidad que \u201csolo puede explicarse a partir de la venta de un stock de repuestos y partes que hab\u00edan sido previamente adquiridos por HUGO BARRAGAN [y C\u00eda. Ltda.] para su comercializaci\u00f3n entre los clientes de JOHN DERRE [Thibodaux Inc.]\u201d. <\/p>\n
(iv) Los documentos con los que se acreditaron las transacciones efectuadas por la accionante y el Ingenio Pichich\u00ed S.A. \u201cpor la venta de materiales, repuestos y accesorios (P\u00e1g. 1 a 13 C. Ingenio Pichich\u00ed S.A.)\u201d, complementados con el cheque que la \u00faltima gir\u00f3 a la primera para el pago de repuestos y las facturas de esas negociaciones que van \u201cdesde el a\u00f1o 2000 hasta el 2004 (Ver C. Ingenio Pichich\u00ed S.A.)\u201d. <\/p>\n
(v) La declaraci\u00f3n de la se\u00f1ora Damaris Herrera, \u201cex empleada de HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.]\u201d, quien \u201cexplic\u00f3 cu\u00e1l era el procedimiento de compra para la reventa de repuestos y partes de maquinarias\u201d. <\/p>\n
Fruto del precedente an\u00e1lisis, el Tribunal a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
A partir de lo expuesto, y ante la presencia inequ\u00edvoca de dos negocios coligados, un[o] de agencia, relativo con las operaciones de gran calado (venta de maquinaria) y otro de distribuci\u00f3n, que con el tiempo fue desarrollando HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] con el fin de comercializar en Colombia las partes y repuestos necesarios para el mantenimiento de las maquinarias producidas por JOHN DERRE [Thibodaux Inc.], [se] impone declarar la prosperidad parcial de la demanda de reconvenci\u00f3n en relaci\u00f3n a la existencia concomitante de un contrato de distribuci\u00f3n de repuestos entre los litigantes, sin que dicha circunstancia afecte la condena efectuada por al a quo en torno al pago de las sumas de dinero contenidas en las facturas que no fueron pagadas por Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] a favor de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]. <\/p>\n
Lo anterior quiere decir que el juez de primera instancia se percat\u00f3 del incumplimiento por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] (del contrato de distribuci\u00f3n celebrado entre las partes), y aunque no lo declar\u00f3, s[\u00ed] [la] conden\u00f3 (\u2026) al pago de las facturas que[,] por concepto de repuestos, deb\u00eda la demandante a la demandada (\u2026). <\/p>\n
En este orden de ideas, luce pr\u00edstin[a] la prosperidad de los reparos n\u00fameros 2.2., 2.3., 2.6. y 2.9. propuestos por la demandada John Deere [Thibodaux Inc.]\u201d. <\/p>\n
5. Descart\u00f3 el reproche de la actora, consistente en que ella \u201cno debe suma alguna por concepto de repuestos a CAMECO\u201d, porque \u201clas demandadas reconocieron que no exist\u00eda esa obligaci\u00f3n\u201d y en el balance aportado por la propia John Deere Thibodaux Inc. aparece que dicho cr\u00e9dito se compens\u00f3 con la comisi\u00f3n que ella, en octubre de 2005, concedi\u00f3 a la accionante por la venta al Ingenio Riopaila de una m\u00e1quina en el 2003, puesto que \u201crevisado el balance de cuentas aducido por la actora, del mismo, en momento alguno, se puede evidenciar que la compensaci\u00f3n se haya realizado con las facturas (\u2026) impagadas\u201d, sin que, de otra parte, la declaraci\u00f3n rendida por la se\u00f1ora Lori Trotti, tenga \u201cla virtualidad de acreditar que Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] no le adeuda a John Deere [Thibodaux Inc.], los valores establecidos en las facturas por concepto de repuestos\u201d. <\/p>\n
A lo anterior se agrega que militan en el proceso pruebas que desdicen esa alegaci\u00f3n de la primigenia demandante, como \u201cla propia confesi\u00f3n [de su] representante legal\u201d y el dictamen rendido por la contadora Celmira Duque Solano. <\/p>\n
Por consiguiente, \u201cante el panorama probatorio descrito previamente, no podr\u00eda sino reconocerse la existencia de una obligaci\u00f3n a cargo del demandante principal -ahora demandad[a] en reconvenci\u00f3n-, de cuya existencia adem\u00e1s da cuenta su propia confesi\u00f3n, as\u00ed como el examen de varios documentos, entre ellos las aludidas facturas, que pasados por el tamiz del juicio experto de un perito contable soportan el razonamiento expresado por el juez a quo, esto es, que HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] debe a JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] un capital total de USD $69.406, incorporados en 17 facturas distintas, con vencimientos ciertos entre el 3 y el 16 de abril de 2004 (Fl. 1228 C. 5 ppal Cfr. T\u00edtulos valores obrante a folios 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24[,] 26, 27 y 28 C. Documentos Soporte Facturaci\u00f3n 4)\u201d, constataci\u00f3n que no fue desvirtuada por la deudora. <\/p>\n
6. Sobre el cuestionamiento atinente a que el a quo encontr\u00f3 probado, sin estarlo, que la terminaci\u00f3n del contrato de agencia fue por causas imputables a John Deere Thibodaux Inc., el Tribunal estim\u00f3 que dicho reparo \u201cno encuentra respaldo f\u00e1ctico ni jur\u00eddico\u201d, toda vez que en ese acuerdo de voluntades Cameco entreg\u00f3 a la promotora del litigio \u201cla representaci\u00f3n exclusiva de todas las producciones que fabrique para la Rep\u00fablica de Colombia\u201d, previsi\u00f3n que aqu\u00e9lla incumpli\u00f3, como quiera que, \u201cen vigencia del contrato, vendi\u00f3 directamente en Colombia, dos m\u00e1quinas cosechadoras de ca\u00f1a a la sociedad COLREMAQ, hecho ratificado por el apoderado judicial de John Deere [Thibodaux Inc.] al momento de presentar sus alegatos de cierre en primera instancia, y tambi\u00e9n hasta el momento de formular y sustentar el recurso de apelaci\u00f3n\u201d, actitud que autoriz\u00f3 a la agente para que pusiera fin a la convenci\u00f3n, \u201cpues, it\u00e9rese, el incumplimiento del convenio de exclusividad constituye, sin lugar a dudas, justa causa para la terminaci\u00f3n de la agencia comercial por culpa del empresario, sobre todo, trat\u00e1ndose de una representaci\u00f3n que corr\u00eda desde hac[\u00eda] m\u00e1s de cinco lustros\u201d, en tanto que esa conducta ri\u00f1e con la \u201cbuena fe que debe presidir la ejecuci\u00f3n de un contrato con semejante prolongaci\u00f3n en el tiempo (Art\u00edculo 1325 numeral 2 literal a)\u201d. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 a continuaci\u00f3n el Tribunal que el se\u00f1alado incumplimiento fue rotundo, habida cuenta que \u201cno solo fueron dos equipos los que se vendieron directamente por el empresario, sino que fueron siete, lo cual cierra cualquier posibilidad de discusi\u00f3n en torno a si era viable para HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia que la un\u00eda desde hac[\u00eda] 26 a\u00f1os con John Deere Thib[odaux Inc.]\u201d, tras lo cual relacion\u00f3 las otras cinco negociaciones as\u00ed realizadas. <\/p>\n
Desech\u00f3 los argumentos defensivos aducidos al respecto por la precitada demandada, consistentes en que el art\u00edculo 1322 del C\u00f3digo de Comercio autoriza tal tipo de operaciones y que la actora no cumpli\u00f3 con el deber de promoci\u00f3n que ten\u00eda, toda vez que la citada norma condiciona la realizaci\u00f3n de negocios directos al pago de la respectiva comisi\u00f3n al agente, lo que aqu\u00ed no tuvo ocurrencia, y porque la duraci\u00f3n del contrato y el volumen de comisiones percibidas por aqu\u00e9lla, demuestran que s\u00ed satisfizo la obligaci\u00f3n de promoci\u00f3n de los productos de la empresaria. <\/p>\n
En orden a lo expuesto, el ad quem acogi\u00f3 el reproche de la accionante relativo al no pago de las comisiones por esas ventas directas, raz\u00f3n por la cual pas\u00f3 a su liquidaci\u00f3n, \u201cteniendo en cuenta los valores establecidos por el perito Federman Valencia, en su dictamen (Fl. 127 C. 4 Prueba Actora), ya que este punto no fue objeto de controversia, y en relaci\u00f3n con la venta de las dos m\u00e1quinas a COLREMAQ se tendr\u00e1[n] los valores establecidos en el reporte de ventas aportado por John Deere [Thibodaux Inc.] (Fl. 167 C. 5)\u201d, obteniendo la suma total de \u201cUSD 341.731,68\u201d. <\/p>\n
7. Estim\u00f3 que la precitada demandada no acredit\u00f3 los factores de incumplimiento del contrato de agencia comercial que atribuy\u00f3 a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., pues la falta de pago de repuestos y el no tener un stock suficiente de los mismos, no concierne con ese negocio jur\u00eddico; no se estableci\u00f3 que la comunicaci\u00f3n entre las partes fuera deficiente; tampoco que la nombrada sociedad se hubiere negado a vender productos de la agenciada; y menos, que enajenara productos que compet\u00edan con los de \u00e9sta. <\/p>\n
8. Especific\u00f3 que la afirmaci\u00f3n de que la actora termin\u00f3 ilegal y anticipadamente el contrato de \u201cdistribuci\u00f3n\u201d admite dos interpretaciones: la primera, que se relaciona con el contrato de agencia, supuesto en el cual \u201cno es de recibo pues no solo se vendieron dos m\u00e1quinas sin respetar la exclusividad del agente sino que fueron siete\u201d; y la segunda, que concierne con el \u201ccontrato de distribuci\u00f3n referido en la demanda de reconvenci\u00f3n\u201d, caso en el cual tampoco es atendible, puesto que no se acreditaron \u201clos t\u00e9rminos, condiciones o las cl\u00e1usulas del acuerdo\u201d y porque, demostrado como est\u00e1, que \u201cel contrato de agencia mercantil se termin\u00f3 por causa imputable al empresario John Deere [Thibodaux Inc.], (\u2026) al encontrarse [\u00e9]ste coligado a uno de suministro, con el que conjuntamente se desarrollaba, es l\u00f3gico que este \u00faltimo corr\u00eda la misma suerte que el primero, sin que dicha culminaci\u00f3n pueda endilgarse por John Deere [Thibodaux Inc.] a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], pues it\u00e9rase la terminaci\u00f3n del contrato de agencia es atribuible a la empresa John Deere [Thibodaux Inc.] y por ende, la del contrato de distribuci\u00f3n tambi\u00e9n lo es\u201d. <\/p>\n
9. La mala fe atribuida a la primigenia accionante, por haber demandado a la se\u00f1ora Mar\u00eda Fernanda Conde, no haber colaborado con la pr\u00e1ctica de la prueba pericial y haber destruido algunos documentos, el Tribunal la desestim\u00f3, en tanto que la nombrada fue excluida del proceso como consecuencia de su falta de legitimaci\u00f3n, la referida probanza \u201cfue debidamente recaudada\u201d y el juez de primera instancia, en la sentencia que profiri\u00f3, valor\u00f3 los elementos probatorios y la conducta de las partes, \u201cde lo cual dedujo indicios y fund\u00f3 su decisi\u00f3n en ellos\u201d. <\/p>\n
10. Pas\u00f3 al reproche atinente al monto de la cesant\u00eda comercial, y de entrada, anunci\u00f3 su prosperidad, como quiera que el a quo, para su cuantificaci\u00f3n, tuvo en cuenta las ventas realizadas en desarrollo del contrato de distribuci\u00f3n, con lo que \u201cdistorsion\u00f3\u201d su cuant\u00eda, raz\u00f3n por la cual el Tribunal, \u201ccon miras a escindir las operaciones de agencia de las de distribuci\u00f3n, no t[uvo] en cuenta (\u2026) el monto de las ventas efectivas (para a partir de all\u00ed, calcular artificialmente las comisiones), sino el de esas comisiones efectivamente pagadas por JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] a HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.], las que ascienden, para el per\u00edodo de tres a\u00f1os inmediatamente anterior a la terminaci\u00f3n del contrato, a USD 328.266,66, seg\u00fan se sigue de la relaci\u00f3n de pagos que obra a folios 1759 a 1767 del cuaderno principal No. 6\u201d, cantidad a la que debe sumarse el valor de las comisiones por las ventas directas atr\u00e1s referidas, esto es US $341.731,68, para un total de US $669.998.34. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y teniendo en cuenta que el contrato de agencia perdur\u00f3 \u201c26 a\u00f1os, 2 meses y 20 d\u00edas\u201d, se colige, al tenor de las previsiones del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, que la demandante tiene derecho \u201cal pago de una suma equivalente a una doceava parte de USD $223.332.78 (el promedio de la comisi\u00f3n, regal\u00eda o utilidad recibida en los tres \u00faltimos a\u00f1os de vigencia del aludido negocio jur\u00eddico\u2026), es decir, USD $18.611.065 multiplicada por el lapso anual antes se\u00f1alado (26 a\u00f1os), para una cesant\u00eda de USD$483.887.69\u201d, que en atenci\u00f3n a \u201clos principios de equidad y reparaci\u00f3n integral (art. 16 de la ley 446 de 1998)\u201d debe indexarse, \u201cpor aquello de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda durante el lapso transcurrido entre la fecha en que se hizo exigible la prestaci\u00f3n\u2026 (terminaci\u00f3n del contrato) hasta la fecha actual\u201d, labor que, \u201csiguiendo los par\u00e1metros de variaci\u00f3n del IPC certificado por el DANE[,] arroja como resultado la suma de USD $846.803.45, la cual se condenar\u00e1 a pagar, pues para el mes de marzo de 2004 el IPC certificado por el DANE correspond\u00eda a 78,38, al paso que para el mes de junio de 2017 ascend\u00eda a 137,71\u201d. <\/p>\n
11. Tras referirse a la naturaleza de la indemnizaci\u00f3n equitativa consagrada en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio con ayuda de la jurisprudencia, el ad quem dej\u00f3 en claro que \u201cno es posible que (\u2026) sea estimada en \u2018equidad\u2019, como lo entendi\u00f3 el juez de instancia\u201d; que en el proceso \u201cse encuentra plenamente establecido, como se vio al cuantificar la cesant\u00eda comercial, que los ingresos anuales que devengaba HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] ascend\u00edan a la suma de USD $223.332.78\u201d; y que, por consiguiente, \u201cla terminaci\u00f3n del contrato priv\u00f3 a la demandante de percibir esa suma de dinero, durante al menos nueve meses, si tenemos en cuenta que efectivamente hubiera bastado que el demandado requiriera a la demandante el 16 de octubre de 2004, para que el contrato no continuara, de conformidad [con] las reglas contractuales a las que adhirieron las partes, de donde se sigue que se encuentra plenamente probado para el proceso que la suma de USD 167.499,58, hubiera ingresado a las arcas del demandado (sic) en ese tiempo, de no mediar la terminaci\u00f3n unilateral a cargo del demandante por culpa del empresario, los cuales corresponden al lucro cesante, sin que dentro de la actuaci\u00f3n se hayan acreditado perjuicios adicionales como consecuencia de la terminaci\u00f3n justificada del contrato que realiz\u00f3 el agente\u201d. <\/p>\n
Con base en ese an\u00e1lisis, el ad quem desestim\u00f3 los reparos que las partes elevaron sobre este preciso aspecto y coligi\u00f3 que, \u201csi bien es cierto[,] no puede prosperar el reparo en relaci\u00f3n a la fijaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n equitativa para revocar la decisi\u00f3n de instancia, se reducir\u00e1 sustancialmente su cuant\u00eda, en atenci\u00f3n a lo expresado en este ac\u00e1pite de la decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
12. Respecto del cuestionamiento formulado en frente del acogimiento que el a quo hizo de la objeci\u00f3n por error grave formulada en contra del dictamen pericial rendido por el experto Federman Valencia Diez, consider\u00f3 el Tribunal su fracaso, por cuanto \u201cel descuido del perito al cuantificar las operaciones sobre la base de documentos que no son id\u00f3neos para ese objetivo\u201d, comport\u00f3 que tomara \u201ccomo objeto de estudio una situaci\u00f3n econ\u00f3mica totalmente diferente a aquella sobre la que se le encomend\u00f3 dictaminar, alterando de forma sensible las conclusiones de su experticia, a grado tal de hacerlas contraevidentes al contrastarlas con las cifras de ventas totales de productos de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] en Colombia en el lapso trienal antes se\u00f1alado\u201d. <\/p>\n
13. Sobre los restantes reparos de la demandante inicial, el sentenciador de segunda instancia observ\u00f3 la falta de demostraci\u00f3n tanto de que estuviere pendiente el pago de comisiones por ventas realizadas en desarrollo del contrato de agencia comercial, como de perjuicios diferentes a los derivados de la terminaci\u00f3n de dicha convenci\u00f3n; y que no es viable el reconocimiento de intereses moratorios desde el finiquito de ese acuerdo de voluntades, puesto que ello no procede respecto de \u201cuna obligaci\u00f3n que s\u00f3lo se viene a delimitar en su objeto como consecuencia de una declaraci\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
14. En cuanto hace a las otras inconformidades de la accionada, estim\u00f3 la impertinencia del supuesto trato desigual dado por el a quo a las partes, habida cuenta que la condena en costas por la prosperidad de la reconvenci\u00f3n es diez veces menor a la de la demanda principal, como quiera que ella est\u00e1 referida es al monto de las agencias en derecho, cuyo valor solamente puede cuestionarse en la forma prevista en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General de Proceso; y que no era pertinente acceder a la compensaci\u00f3n de las obligaciones surgidas a cargo de las partes, toda vez que \u201clas condenas efectuadas por el juez de primera instancia y modificadas a trav\u00e9s de la presente providencia, no cumplen la condici\u00f3n de ser exigibles\u201d, pues no se encuentra \u201cen firme o debidamente ejecutoriada la presente providencia\u201d. <\/p>\n
15. En la sentencia complementaria del 28 de noviembre de 2017, el ad quem neg\u00f3 la adici\u00f3n del fallo atr\u00e1s comentado en cuanto hace: a la actualizaci\u00f3n de intereses moratorios \u201cpor concepto de repuestos\u201d, como quiera que el a quo no los reconoci\u00f3 desde la exigibilidad de las respectivas obligaciones, sino a partir de un d\u00eda despu\u00e9s de la sentencia que profiri\u00f3 \u201cy la antedicha providencia es exigible una vez se encuentra en firme (inc. 3 art. 302 del C.G.P.)\u201d; a la condena en costas, puesto que el planteamiento del peticionario refiri\u00f3 a una duda sobre la forma de liquidarse las agencias en derecho, cuesti\u00f3n contemplada en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso; a la condena por cesant\u00eda comercial, toda vez que la inconformidad concierne con el fondo del juzgamiento efectuado sobre el particular; y a la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n equitativa, en raz\u00f3n a que lo anticipado por la Sala de Decisi\u00f3n al anunciarse el sentido del fallo, \u201cno comport[\u00f3] ni remotamente la expresi\u00f3n de una suma de dinero\u201d y a que el pedimento elevado no vers\u00f3 sobre \u201cuna modificaci\u00f3n del sentido del fallo anunciado el d\u00eda 19 de octubre de 2017, sino en realidad [a] una discrepancia, un reproche, una protesta, en torno a la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n a la que alude el art\u00edculo 1324 del C. de Co., fijada en la sentencia proferida por escrito, tema que no puede ser objeto de aclaraci\u00f3n, complementaci\u00f3n de la sentencia, o nulidad por incursi\u00f3n en un vicio procesal, ni mucho menos de una incongruencia al compararla con la audiencia\u201d. <\/p>\n
A su turno, en dicho prove\u00eddo se hicieron las siguientes aclaraciones: del numeral segundo de la parte resolutiva, para puntualizar que las comisiones por ventas directas ascienden a \u201cUSD 341.731,68\u201d; del numeral tercero, respecto a que la cesant\u00eda comercial corresponde a la suma de \u201cUSD 846.803,45\u201d; del numeral cuarto, en cuanto a que la indemnizaci\u00f3n equitativa es de \u201cUSD 167.499,58\u201d; del \u201cnumeral sexto de la parte considerativa de la sentencia\u201d, para indicar que \u201cel porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones de las ventas n\u00fameros 3 y 4, corresponde al 28%, pues para dicha determinaci\u00f3n se tuv[ieron] en cuenta los valores establecidos por el perito Federman Valencia D\u00edaz (sic), en su dictamen (Fl. 127 C. 4 c. Pruebas Dte)\u201d; del \u201c\u00faltimo p\u00e1rrafo del numeral segundo\u201d tambi\u00e9n de la parte motiva, en el sentido de que dicha apreciaci\u00f3n hace \u201crelaci\u00f3n con la demandada Deere & Co.\u201d; y de los numerales primero a cuarto de las disposiciones del fallo emitido, para especificar \u201cque el nombre del demandado es John Deere Thibodaux Inc.\u201d. <\/p>\n
Adicionalmente, en el comentado prove\u00eddo se efectu\u00f3 la siguiente complementaci\u00f3n: los intereses de mora sobre la suma de USD $341.731.68 a que fue condenada la precitada demandada, se ordenar\u00e1n desde \u201cla ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo considerado por esta Sala en el numeral 11 de la parte resolutiva de la sentencia del 25 de octubre de 2017\u201d, determinaci\u00f3n que, al tiempo, condujo al Tribunal a abstenerse \u201cde pronunciarse sobre la pretensi\u00f3n subsidiaria de actualizaci\u00f3n de la plurimencionada suma de dinero\u201d. <\/p>\n
LAS DEMANDAS DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tanto la actora, como John Deere Thibodaux Inc., recurrieron extraordinariamente. En las demandas con las que sustentaron sus impugnaciones, aqu\u00e9lla propuso trece cargos y \u00e9sta, uno solo. <\/p>\n
La Corte resolver\u00e1 esa pluralidad de acusaciones, en el siguiente orden: <\/p>\n
Empezar\u00e1 con las tres primeras de la primigenia actora, como quiera que versaron sobre la naturaleza jur\u00eddica del contrato base de la acci\u00f3n, de las cuales la inicial refiri\u00f3 un error in procedendo (incongruencia). Se conjuntar\u00e1n las dos \u00faltimas, por las razones que en oportunidad se indicar\u00e1n. <\/p>\n
Continuar\u00e1 con los cargos d\u00e9cimo segundo y d\u00e9cimo tercero de la misma demandada, toda vez que con ellos se discuti\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de la demandada Deere & Co. predicada por el ad quem, debi\u00e9ndose tener en cuenta que en el primero de ellos, tambi\u00e9n se afirm\u00f3 la inconsonancia del fallo controvertido. <\/p>\n
Proseguir\u00e1 con la censura \u00fanica de la demandada John Thibodaux Inc., habida cuenta que cuestion\u00f3 la cuantificaci\u00f3n de las comisiones pendientes de pago, de la cesant\u00eda comercial (art. 1324, inc. 1\u00ba, C. de Co.) y de la indemnizaci\u00f3n efectiva (inc. 2\u00ba, ib.), que por ende supera en extensi\u00f3n las restantes de la inicial accionante, todas con un espectro de menor envergadura. <\/p>\n
Pasar\u00e1 al estudio de los reproches cuarto, quinto y sexto de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., relacionados con la tasaci\u00f3n de la segunda de las prestaciones atr\u00e1s mencionadas (cesant\u00eda comercial), aunando los dos \u00faltimos, conforme se explicar\u00e1 en su momento. <\/p>\n
Asumir\u00e1 a continuaci\u00f3n los cargos s\u00e9ptimo y octavo de la precitada actora, conjuntados, por ocuparse de la indemnizaci\u00f3n equitativa contemplada en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Abordar\u00e1 luego el an\u00e1lisis de las acusaciones novena y d\u00e9cima del mismo libelo, en tanto que ambas trataron sobre la mora de John Thibodaux Inc. y por ende, el momento de causaci\u00f3n de los intereses a que fue condenada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, definir\u00e1 el reproche d\u00e9cimo primero de la promotora del proceso, en el que disput\u00f3, con base en el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, la condena al pago de intereses que se le impuso. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con estribo en la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 la sentencia del Tribunal por no estar en consonancia \u201ccon las pretensiones de la [d]emanda de [r]econvenci\u00f3n formulada por Cameco\u201d. <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n, en s\u00edntesis, se adujo: <\/p>\n
1. Tras reproducir el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso y algunos fallos de esta Corporaci\u00f3n alusivos a la incongruencia, la recurrente argument\u00f3, en concreto, que en el referido libelo \u201cno existe pretensi\u00f3n, hecho o alegato alguno en relaci\u00f3n con la supuesta existencia de dos relaciones comerciales entre Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] y Cameco\u201d, como tampoco una solicitud \u201corientada a que se califique o determine la naturaleza jur\u00eddica del contrato que vincul\u00f3 a las partes, mucho menos, pretensi\u00f3n o hecho alguno en que se haga menci\u00f3n a que la comercializaci\u00f3n de repuestos Cameco por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] fuera un[a] relaci\u00f3n de distribuci\u00f3n independiente\u201d. <\/p>\n
2. Al efecto, la censora reprodujo las cinco primeras pretensiones de la contrademanda y coment\u00f3 las restantes. Con tal base, a\u00f1adi\u00f3 que ninguna estuvo dirigida a que se declarara que entre las partes existieron \u201cdos contratos, ni tampoco que la comercializaci\u00f3n de repuestos por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] hubiese constituido una relaci\u00f3n paralela de distribuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3. Destac\u00f3 que el ad quem resolvi\u00f3 \u201c(\u2026) \u2018ACCEDER parcialmente a la demanda de reconvenci\u00f3n (\u2026) y DECLARAR que existi\u00f3, de forma concomitante con la agencia, un contrato de distribuci\u00f3n de repuestos\u2019 (\u2026)\u201d; y se pregunt\u00f3 \u201c\u00bf[c]\u00f3mo pod\u00eda tal decisi\u00f3n enmarcarse como la prosperidad parcial de la [d]emanda de [r]econvenci\u00f3n si ninguna de sus pretensiones solicitaba tal declaraci\u00f3n, ni pod\u00eda l\u00f3gicamente conducir a la misma?\u201d. <\/p>\n
4. Enfatiz\u00f3 que Cameco se refiri\u00f3 siempre a la existencia de una \u00fanica relaci\u00f3n convencional y que, por ende, si bien dicha empresa propuso una interpretaci\u00f3n distinta \u201csobre la naturaleza\u201d de la misma, no disinti\u00f3 \u201csobre la existencia de un solo contrato\u201d, planteamiento que sustent\u00f3 con la reproducci\u00f3n de distintos apartes de varios de los hechos del comentado libelo, y m\u00e1s adelante, con los motivos en que aqu\u00e9lla finc\u00f3 el incumplimiento que atribuy\u00f3 a la reconvenida. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, para la recurrente, \u201cel haber declarado la existencia de dos contratos distintos no solamente falt[\u00f3] a la consonancia que debe tener la sentencia con los hechos y pretensiones de la [d]emanda de [r]econvenci\u00f3n, sino que implic[\u00f3] que el Tribunal superior fall\u00f3 sobre puntos ajenos a la controversia, sobre un objeto distinto del pretendido en la demanda y con base en una causa diferente a la invocada en \u00e9sta\u201d. <\/p>\n
6. Al cierre, puso de relieve la incidencia del yerro, pues de no haber incurrido en \u00e9l, esa Corporaci\u00f3n habr\u00eda colegido que \u201cla venta de repuestos hac\u00eda parte del [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial y, por lo tanto, habr\u00eda confirmado la decisi\u00f3n del A Quo\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con apoyo, fundamentalmente, en la demanda inicial, en la de reconvenci\u00f3n y en las contestaciones de las mismas, el sentenciador de segunda instancia observ\u00f3 que mientras la actora inicial calific\u00f3 como de \u201cagencia comercial\u201d el contrato que celebr\u00f3 con sus demandadas, John Deere Thibodaux Inc. consider\u00f3 que se trat\u00f3 de un \u201csuministro para distribuci\u00f3n\u201d, raz\u00f3n por la cual dicha autoridad estim\u00f3 necesario efectuar un \u201cjuicio de adecuaci\u00f3n t\u00edpica\u201d que le permitiera establecer la genuina naturaleza del v\u00ednculo obligacional que at\u00f3 a las partes del proceso. <\/p>\n
Tras colegir que dicha relaci\u00f3n negocial, en principio, correspondi\u00f3 a la primera clase de las convenciones arriba mencionadas, el Tribunal, en atenci\u00f3n a \u201cuno de los reparos\u201d que la mencionada demandada plante\u00f3 en sustento de la apelaci\u00f3n que propuso contra el fallo de primera instancia, mediante el cual advirti\u00f3 que \u201cexistieron dos relaciones contractuales de negocios concomitantes (agencia y distribuci\u00f3n)\u201d, infiri\u00f3 la prosperidad de este reproche, toda vez que hall\u00f3 comprobado que, efectivamente, en lo tocante con la comercializaci\u00f3n de repuestos, la primigenia actora los compraba para revenderlos. <\/p>\n
En tal orden de ideas concluy\u00f3 que, \u201c[a] partir de lo expuesto, y ante la presencia inequ\u00edvoca de dos negocios coligados un[o] de agencia, relativo con las operaciones de gran calado (venta de maquinaria) y otro de distribuci\u00f3n, que con el tiempo fue desarrollando HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] con el fin de comercializar en Colombia las partes y repuestos necesarios para el mantenimiento de las maquinarias producidas por JOHN DEERE [Thibodaux Inc.], [se] impone declarar la prosperidad parcial de la demanda de reconvenci\u00f3n en relaci\u00f3n [con] la existencia concomitante de un contrato de distribuci\u00f3n de repuestos entre los litigantes, sin que dicha circunstancia afecte la condena efectuada por el a quo en torno al pago de las sumas de dinero contenidas en las facturas que no fueron pagadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. Sin perder de vista lo expuesto, es del caso memorar, adicionalmente, que los principales fundamentos f\u00e1cticos de la demanda de mutua petici\u00f3n fueron, en resumen, la celebraci\u00f3n por las partes de un \u201c[c]ontrato de [d]istribuci\u00f3n y [r]epresentaci\u00f3n\u201d y que la reconvenida lo termin\u00f3 anticipada e injustificadamente, am\u00e9n que lo incumpli\u00f3. <\/p>\n
Tambi\u00e9n que, con apoyo en esos hechos, se solicit\u00f3, en s\u00edntesis, declarar que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. puso fin al mentado convenio antes de tiempo y sin mediar justa causa; que desatendi\u00f3 sus obligaciones contractuales, toda vez que no pag\u00f3 los cr\u00e9ditos a su cargo, no actu\u00f3 con diligencia, no mantuvo una debida comunicaci\u00f3n con Cameco y vendi\u00f3 productos que compet\u00edan con los fabricados por ella; y que, por lo tanto, se la condenara a pagarle a la contrademandante las sumas de dinero que le adeuda, as\u00ed como los perjuicios que le ocasion\u00f3 con su actuar. <\/p>\n
3. Del precedente compendio de las actuaciones procesales atr\u00e1s relacionadas se deduce, con absoluta claridad, que como lo puso de presente el ad quem, las partes s\u00ed contendieron en relaci\u00f3n con la naturaleza del contrato que celebraron, y adicionalmente, que en sustento de la alzada que John Deere Thibodaux Inc. propuso contra la sentencia del a quo, adujo la existencia de dos relaciones contractuales, la agencia comercial, cuyo objeto fue la comercializaci\u00f3n de la maquinaria producida por ella, y la distribuci\u00f3n, encaminada a la venta de los repuestos necesarios para el funcionamiento de esos equipos. <\/p>\n
4. Tal constataci\u00f3n descarta la incongruencia denunciada por la recurrente, pues como viene de registrarse, fueron las partes quienes, debido a la dis\u00edmil postura que adoptaron en relaci\u00f3n con la tipolog\u00eda del negocio que las vincul\u00f3, las que determinaron, en primer lugar, que se tornara necesario para el sentenciador de segunda instancia, a efecto de resolver las acciones de responsabilidad contractual que cada una intent\u00f3 definir la naturaleza jur\u00eddica de ese nexo convencional; y, en segundo t\u00e9rmino, que fruto de las apreciaciones f\u00e1cticas que realiz\u00f3, estableciera que fueron dos los contratos que ellas celebraron, uno de agencia y otro de distribuci\u00f3n, cuyo objeto fue la comercializaci\u00f3n de la maquinaria y de los repuestos de la misma, respectivamente. <\/p>\n
Es que si, como lo consagra el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, toda sentencia debe \u201cestar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley\u201d, mandato con base en el cual esta Corporaci\u00f3n ha sido insistente en sostener que la incongruencia se presenta cuando el juzgador \u201cdecide sobre puntos ajenos a la [l]itis o deja de solucionar los temas objeto de la disputa, condena por m\u00e1s de lo pedido u omite proveer sobre alguna excepci\u00f3n de m\u00e9rito que deb\u00eda resolver, as\u00ed como cuando imagina o inventa hechos\u201d (CSJ, SC 4127 del 30 de septiembre de 2021, Rad. n. \u00b0 2001-00565-01), no hay c\u00f3mo admitir que el fallo cuestionado adolece de esa anomal\u00eda, pues lo cierto es, se reitera, que la identificaci\u00f3n de los tipos contractuales que realiz\u00f3 el ad quem, devino de las alegaciones de las partes y que, por lo mismo, ese aspecto de la decisi\u00f3n, no fue extra\u00f1o a la controversia sino, por el contrario, un punto esencial de ella. <\/p>\n
5. Ahora bien, que en la demanda de reconvenci\u00f3n no figure una pretensi\u00f3n dirigida al reconocimiento de la existencia del contrato de distribuci\u00f3n sobre el que se finc\u00f3, no era obst\u00e1culo para que el Tribunal se pronunciara expresamente al respecto, pues no hay duda que las peticiones elevadas en tal libelo, en la medida que apuntaron a que se declarara que dicho v\u00ednculo lo finiquit\u00f3 la primigenia actora y demandada en reconvenci\u00f3n sin justa causa y a que ella lo incumpli\u00f3, como ya se registr\u00f3, comportaban la aceptaci\u00f3n previa de la existencia del contrato a que alud\u00edan, raz\u00f3n por la cual, mal puede aceptarse, que la se\u00f1alada decisi\u00f3n evidencie un desacoplamiento con el indicado libelo. <\/p>\n
6. Adicionalmente, se encuentra que la circunstancia de que cada parte se hubiere referido a un s\u00f3lo tipo de contrato, no desvanece el hecho de que en el proceso las litigantes hablaron de dos distintos, por lo que esa postura de ellas no constitu\u00eda una camisa de fuerza que impidiera al mencionado juzgador definir la coexistencia y el coligamiento de la agencia comercial y la distribuci\u00f3n, tal y como lo hizo. <\/p>\n
7. El cargo auscultado, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal de casaci\u00f3n de igual n\u00famero, se denunci\u00f3 la sentencia confutada por ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1317, 1324 y 1327 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de los errores de hecho en que incursion\u00f3 el ad quem, al apreciar las pruebas del proceso. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, en suma, se hizo consistir en lo siguiente: <\/p>\n
1. El Tribunal se equivoc\u00f3 al concluir que la comercializaci\u00f3n de repuestos por parte de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. no fue en desarrollo del contrato de agencia comercial que existi\u00f3 entre ella y Cameco, sino \u201cde una relaci\u00f3n jur\u00eddica diferente, de distribuci\u00f3n\u201d, coligada a ese primer nexo, desatino fruto de un an\u00e1lisis incompleto de los medios de convicci\u00f3n militantes en el proceso, y m\u00e1s espec\u00edficamente, de los siguientes tres yerros: \u201ci. No dar por probado, est\u00e1ndolo, que la venta de repuestos hac\u00eda parte de la labor de promoci\u00f3n del [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial\u201d; \u201cii. Dar por probado, sin estarlo, que una de las modalidades de ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de promover la marca Cameco, era un negocio independiente\u201d; y \u201ciii. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que entre Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] y Cameco existi\u00f3 una sola relaci\u00f3n contractual, esto es, el [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial\u201d. <\/p>\n
2. Tras reproducir las consideraciones que, en sentir de la recurrente, fueron el soporte del reconocimiento de una doble relaci\u00f3n contractual entre las partes y de enumerar las pruebas sustentantes de esa inferencia, ella denunci\u00f3: <\/p>\n
2.1. El cercenamiento de estos elementos de juicio: el contrato de distribuci\u00f3n y representaci\u00f3n del 16 de diciembre de 1977; los testimonios de Edgardo D\u00edaz, Stevens Willet, Edgar Augusto Solano Mej\u00eda y \u00c1lvaro Jos\u00e9 Correa Borrero; la carta del 5 de marzo de 2004, suscrita por Cameco y dirigida a sus clientes; la demanda de reconvenci\u00f3n; y la contestaci\u00f3n del libelo introductorio. <\/p>\n
2.2. Y la preterici\u00f3n de las pruebas que a continuaci\u00f3n se identifican: interrogatorio de Cameco; el brochure \u201cThe World of Cameco\u201d; los testimonios de Mar\u00eda Fernanda Conde, Hern\u00e1n Zamorano, Nelly Ochoa y Manuel Bernardo Reyes Solarte; las certificaciones expedidas por los Ingenios Riopaila S.A., del 30 de octubre de 2001, Manuelita S.A., del 14 de febrero de 2004, y Pichich\u00ed S.A., del 30 de octubre de 2001; el documento denominado \u201cMemorandum\u201d del 16 de abril de 1997; las cartas visibles en los folios 27 a 29 del \u201cCuaderno Secuencia 5075\u201d, 127 a 131, 144 a 149, 154 a 163, 185 a 189 y 281 a 282 del cuaderno principal, 11, 37, 41 y 128 del \u201cCuaderno 5 Pruebas Parte Actora\u201d; los \u201cSales Order\u201d Nos. 114906 y 169310; y la orden de compra No. 0016239 del 15 de mayo de 1997. <\/p>\n
3. Para sustentar la acusaci\u00f3n, la impugnante desarroll\u00f3 por separado cada uno de los errores que atribuy\u00f3 al sentenciador de segunda instancia. <\/p>\n
3.1. No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que la venta de repuestos s\u00ed fue en desarrollo del contrato de agencia comercial. <\/p>\n
3.1.1. Del contrato de distribuci\u00f3n y representaci\u00f3n ajustado entre las partes, que reprodujo en lo tocante con las obligaciones de la primigenia demandante, toda vez que \u00e9sta ten\u00eda el deber de promover todos los productos Cameco en Colombia, sin restricci\u00f3n o distinci\u00f3n alguna, raz\u00f3n por la cual all\u00ed estaban incluidos los repuestos. <\/p>\n
Coligi\u00f3 la censora que, \u201cmientras (\u2026) la prueba denota que mi representada se encontraba obligada a dedicar todos sus esfuerzos y el tiempo necesario para promover todos los productos que fabricara Cameco en el territorio [c]olombiano, lo cual inclu\u00eda la comercializaci\u00f3n oportuna de repuestos a los clientes de Cameco, en la [s]entencia de [s]egunda [i]nstancia se afirm\u00f3 que respecto de los repuestos se estaba en presencia de un contrato de distribuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3.1.2. El interrogatorio absuelto por Cameco, como quiera que el ad quem no vio su confesi\u00f3n sobre que \u201cla obligaci\u00f3n de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] prevista en el [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial de dedicar todos sus esfuerzos y el tiempo necesario para promover los productos Cameco requer\u00eda mantener repuestos disponibles para los clientes\u201d de esta \u00faltima, planteamiento en pro del cual transcribi\u00f3 m\u00faltiples apartes de la probanza y enfatiz\u00f3 que era deber de la gestora de la controversia tener un stock de repuestos para atender satisfactoriamente sus compromisos posventa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, asever\u00f3 que \u201ces a todas luces evidente que la comercializaci\u00f3n de repuestos era parte necesaria e inescindible del encargo de promoci\u00f3n y explotaci\u00f3n del negocio de Cameco, tanto as\u00ed, que lleg\u00f3 el representante legal a afirmar que de la disponibilidad de repuestos depende \u2018[l]a segunda venta o la siguiente venta de nuestro equipo especializado [m\u00e1quinas]\u2019. Es absolutamente clara, se insiste, la necesidad de repuestos disponibles, como elemento imprescindible e inescindible de la promoci\u00f3n de este tipo de maquinaria especializada\u201d. <\/p>\n
3.1.3. El brochure \u201cThe World of Cameco\u201d, con el que se buscaba la \u201caproximaci\u00f3n de los clientes\u201d, toda vez que all\u00ed se resalt\u00f3, como elemento principal, el \u201cservicio posventa\u201d por parte de Cameco, lo que descartaba que la comercializaci\u00f3n de repuestos fuera una \u201cempresa independiente y con una finalidad diferente a la de promocionar la marca\u201d. <\/p>\n
3.1.4. Los testimonios de los se\u00f1ores Edgardo D\u00edaz, Stevens Willet, Mar\u00eda Fernanda Conde y Hern\u00e1n Zamorano, como quiera que todos dejaron en claro que la venta de repuestos era una de las obligaciones de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. para atender las necesidades de los clientes de Cameco en Colombia, lo que le impon\u00eda el deber de tener un stock suficiente de los mismos; que esa comercializaci\u00f3n redundaba en la promoci\u00f3n de los otros productos de la \u00faltima, particularmente, de la maquinaria; y que la insatisfacci\u00f3n de este compromiso, afectaba todo el desarrollo del contrato de agencia, como quiera que la falta de un repuesto pod\u00eda implicar la paralizaci\u00f3n de los equipos, con un costo muy alto para los ingenios azucareros. <\/p>\n
En suma, la recurrente acot\u00f3 que con las indicadas versiones se acredit\u00f3 que la venta de repuestos era parte de la promoci\u00f3n de los productos Cameco en Colombia. <\/p>\n
Al efecto, trajo a colaci\u00f3n diversas manifestaciones de los declarantes en las que, seg\u00fan su opini\u00f3n, ellos dejaron plasmadas tales apreciaciones. <\/p>\n
3.1.5. La carta del 5 de marzo de 2004 dirigida por Cameco a sus clientes, que la impugnante reprodujo, pues pese a referirse a la forma c\u00f3mo a partir de esa fecha se atender\u00edan los requerimientos de repuestos, el Tribunal solo la tuvo en cuenta como prueba de la agencia comercial sobre la maquinaria, soslayando lo anterior. <\/p>\n
3.1.6. Las certificaciones emitidas por los ingenios Riopaila S.A., Manuelita S.A. y Pichich\u00ed S.A., como quiera que en todas se advirti\u00f3, como cuesti\u00f3n inescindible, sobre la venta de maquinaria y de repuestos que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. hab\u00eda efectuado por muchos a\u00f1os, de lo que se sigue que la agencia comercial no se limit\u00f3, ni pod\u00eda circunscribirse, a la comercializaci\u00f3n de las primeras, sino que implic\u00f3 tambi\u00e9n la de los segundos. <\/p>\n
3.1.7. Los testimonios de Nelly Ochoa, Edgar Augusto Solano Mej\u00eda, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Correa Borrero y Manuel Bernardo Reyes Solarte, personas que estuvieron vinculadas laboralmente con los ingenios azucareros clientes de Cameco en Colombia, quienes de forma consonante dejaron en claro que, entre las labores desarrolladas por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., como representante de aqu\u00e9lla, estaba la comercializaci\u00f3n de los repuestos para la maquinaria adquirida con su intermediaci\u00f3n, sin que, por lo tanto, pudieran escindirse esas dos actividades, como lo entendi\u00f3 el juzgador de segunda instancia, para excluir la primera de la agencia comercial. <\/p>\n
En cada caso, la censora soport\u00f3 su planteamiento con la reproducci\u00f3n de distintos pasajes de las indicadas declaraciones. <\/p>\n
3.1.9. Cartas o cotizaciones remitidas por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. a los diferentes ingenios azucareros en Colombia, ya que en todas se puso de presente el aumento del stock de repuestos con que contaba, comprob\u00e1ndose as\u00ed que la prenombrada actora \u201cdesarrollaba las gestiones comerciales de promoci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de venta de maquinaria, de manera conjunta e integral con la de repuestos Cameco\u201d y que \u201ctan importante era la disponibilidad de repuestos al momento de concretar la venta de una m\u00e1quina (captura de mercado), que desde la cotizaci\u00f3n misma de \u00e9sta se aseguraba un inventario suficiente para hacer entregas r\u00e1pidas\u201d. <\/p>\n
3.2. Haber tenido por demostrado, sin estarlo, que una de las formas de promocionar la marca Cameco, como fue la venta de repuestos, constituy\u00f3 un negocio independiente. <\/p>\n
A fuerza de insistir en que la mencionada enajenaci\u00f3n fue desarrollada como actividad de promoci\u00f3n de los productos Cameco, seg\u00fan las obligaciones que adquiri\u00f3 la agente en el contrato que celebr\u00f3 con aqu\u00e9lla, la impugnante enrostr\u00f3 al ad quem los yerros que pasan a compendiarse: <\/p>\n
3.2.1. El cercenamiento de los testimonios rendidos por los se\u00f1ores Edgardo D\u00edaz y Stevens Willet, con los que se acredit\u00f3 que fueron dos las modalidades que se utilizaron para la comercializaci\u00f3n de repuestos: por una parte, su compra por parte de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., que correspond\u00eda al stock que manten\u00eda en Colombia de las partes m\u00e1s urgentes o que deb\u00edan tenerse a la mano; y, de otra, la \u201cventa y exportaci\u00f3n directa por parte de Cameco a los clientes, en virtud de la cual \u00e9stos enviaban \u00f3rdenes de compra directamente a Cameco, y por ello se pagaba a [la citada agente] la respectiva comisi\u00f3n\u201d, aseveraciones que la casacionista respald\u00f3 con los segmentos que reprodujo de las declaraciones. <\/p>\n
3.2.2. La preterici\u00f3n de las cartas de 27 de febrero de 2004, contentiva de la devoluci\u00f3n de unos repuestos, 5 de agosto de 1998 y 14 de enero de 2002, cruzadas entre los ingenios azucareros y Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., en tanto ellas acreditan la segunda de las modalidades de comercializaci\u00f3n de repuestos atr\u00e1s aludida. <\/p>\n
3.2.3. La falta de ponderaci\u00f3n de las \u00f3rdenes de venta emitidas por Cameco en favor de sus clientes en Colombia, as\u00ed como de la orden de compra No. 0016239 del 15 de mayo de 1997 librada por el Ingenio Carmelita S.A., tambi\u00e9n demostrativas de las dos modalidades de comercializaci\u00f3n de repuestos atr\u00e1s explicadas, como quiera que acreditan que \u201cCameco export\u00f3 repuestos directamente a ingenios azucareros, sin que existiera compra por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]\u201d m\u00e1s s\u00ed su intermediaci\u00f3n en el marco del contrato de agencia comercial. <\/p>\n
3.2.4. Las cartas libradas por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. los d\u00edas 7 de noviembre de 2001, 8 de febrero y 8 de noviembre de 2002, en las que solicit\u00f3 el reconocimiento de comisiones por la venta de repuestos efectuada directamente por Cameco a algunos de sus clientes en Colombia y, en las dos \u00faltimas, adicionalmente, que se compensara el valor solicitado con el monto de ciertas facturas, misivas que demuestran que la venta de repuestos tambi\u00e9n form\u00f3 parte del contrato de agencia comercial. <\/p>\n
3.3. Pese a estar probado, el Tribunal no admiti\u00f3 que entre Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. y Cameco existi\u00f3 una sola relaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de esa Corporaci\u00f3n consistente en que entre las mencionadas partes existieron dos contratos concomitantes y coligados, por una parte, el de agencia para la comercializaci\u00f3n de maquinaria, y por otro, el de distribuci\u00f3n para la de los repuestos, fue producto de los desatinos que la recurrente enseguida precis\u00f3: <\/p>\n
3.3.1. Indebida apreciaci\u00f3n del libelo inicial, su contestaci\u00f3n, la demanda de reconvenci\u00f3n y su r\u00e9plica, puesto que en todas estas piezas procesales tanto Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. como Cameco, \u201cmanifestaron y declararon que entre ellas existi\u00f3 una \u00fanica relaci\u00f3n contractual, sin llegar nunca siquiera a sugerirse la existencia de una segunda (\u2026)\u201d, pese a que disintieron sobre la naturaleza jur\u00eddica de la misma. <\/p>\n
En desarrollo de esta queja, su autora se limit\u00f3 a poner de presente que la precitada accionada inicial y gestora de la reconvenci\u00f3n, tanto al responder el escrito iniciador de la controversia como al formular la contrademanda, afirm\u00f3 la existencia de un solo contrato, que calific\u00f3 como de distribuci\u00f3n y representaci\u00f3n, seg\u00fan se infiere de los pasajes de esas actuaciones que aqu\u00e9lla transcribi\u00f3. <\/p>\n
En definitiva, la acusadora concluy\u00f3 que \u201csorprende la decisi\u00f3n del Ad Quem, no solo porque desconoce una posici\u00f3n unificada y carente de controversia entre las partes, sino porque, adem\u00e1s, a la luz del art\u00edculo 93 del CGP las manifestaciones contenidas en dichos documentos son susceptibles de confesi\u00f3n. Por este motivo, es claro que las manifestaciones elevadas por Cameco en la [c]ontestaci\u00f3n de la [d]emanda [i]nicial y en la [d]emanda de [r]econvenci\u00f3n, ten\u00edan toda validez y peso probatorio para ratificar que siempre existi\u00f3 una \u00fanica relaci\u00f3n contractual\u201d. <\/p>\n
3.3.2. Distorsi\u00f3n del contrato celebrado por las partes. <\/p>\n
El Tribunal, por una extra\u00f1a raz\u00f3n, no se percat\u00f3 de que la comercializaci\u00f3n de repuestos hac\u00eda parte del mismo, como quiera que era obligaci\u00f3n de la distribuidora, promover todos los productos de Cameco, entre ellos, esos elementos. <\/p>\n
4. Finalmente, la recurrente explic\u00f3 c\u00f3mo los yerros detectados por ella, ocasionaron el quebranto de las normas sustanciales que precis\u00f3 y trascendieron en la definici\u00f3n del proceso, puesto que gracias a ellos fue que el ad quem declar\u00f3 la coexistencia de los contratos de agencia y distribuci\u00f3n que reconoci\u00f3. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
La censura discurri\u00f3 por el camino que pasa a delinearse: <\/p>\n
1. Se imput\u00f3 al ad quem no haber, por una parte, valorado las pruebas en conjunto y con arreglo a las reglas de la sana cr\u00edtica, y por otra, declarado la confesi\u00f3n de Cameco. <\/p>\n
2. Sobre el primero de esos yerros, la inconforme adujo: <\/p>\n
2.1. El sentenciador de segunda instancia coligi\u00f3 la existencia del contrato de distribuci\u00f3n para la venta de repuestos con base en solo \u201cocho pruebas del amplio y voluminoso caudal probatorio\u201d, sin ponderar panor\u00e1micamente la totalidad de los elementos de juicio de que dispon\u00eda, defecto que la recurrente coment\u00f3 con ayuda de la jurisprudencia. <\/p>\n
2.2. Seguidamente, la casacionista identific\u00f3 las pruebas que, en su opini\u00f3n, no fueron valoradas en conjunto, las cuales corresponden a las mismas sobre las que versaron los yerros reprochados en el cargo precedente, en relaci\u00f3n con las que plasm\u00f3 apreciaciones similares a las que all\u00ed hizo sobre su contenido y significaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
2.2.1. El contrato celebrado entre las partes, del que reprodujo las obligaciones de la agente y reiter\u00f3 que \u201cdemostraba que la venta de repuestos hac\u00eda parte del encargo de promoci\u00f3n y explotaci\u00f3n de la marca Cameco\u201d. <\/p>\n
2.2.2. El interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Cameco, en relaci\u00f3n con el cual observ\u00f3 que el ad quem no valor\u00f3 en conjunto la confesi\u00f3n de que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. \u201cse encontraba obligad[a] a mantener un stock m\u00ednimo de repuestos como parte de la obligaci\u00f3n de dedicar todos sus esfuerzos y el tiempo necesario para promover los productos Cameco\u201d, lo que desvirtu\u00f3 que la comercializaci\u00f3n de los mismos hubiese sido un negocio independiente de la agencia comercial. <\/p>\n
2.2.3. El brochure \u201cThe World of Cameco\u201d, del que reiter\u00f3 sus apreciaciones anteriores. <\/p>\n
2.2.4. Los testimonios de Edgardo D\u00edaz, Stevens Willet, Mar\u00eda Fernanda Conde, Hern\u00e1n Zamorano, Nelly Ochoa, Edgar Augusto Solano Mej\u00eda, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Correa Borrero y Manuel Bernardo Reyes Solarte, versiones en torno de las cuales insisti\u00f3 en el an\u00e1lisis que ya hab\u00eda hecho. <\/p>\n
2.2.5. Las certificaciones emitidas por Riopaila S.A., Manuelita S.A. y Pichich\u00ed S.A.; las cartas del 7 de noviembre de 2001, 8 de febrero y 8 de noviembre de 2002, 27 de febrero y 5 de marzo de 2004; el memorando del 16 de abril de 1997; las cartas o cotizaciones remitidas por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. a los distintos ingenios azucareros; y las \u00f3rdenes de venta y de compra de repuestos, documentos respecto de los cuales la recurrente iter\u00f3 el estudio que, sobre ellos, efectu\u00f3 en el cargo segundo. <\/p>\n
2.3. A continuaci\u00f3n, la censora destac\u00f3 que si el Tribunal hubiese apreciado en conjunto dichas pruebas, habr\u00eda colegido que \u201cla venta de repuestos hac\u00eda parte del [c]ontrato de [a]gencia [c]omecial\u201d; que si bien \u201ccontablemente Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] compraba repuestos para su reventa\u201d, con tal actividad desarrollaba el objeto de esa convenci\u00f3n, es decir, cumpl\u00eda la obligaci\u00f3n que ten\u00eda de promover y explotar la marca Cameco; y que la comercializaci\u00f3n de maquinaria y repuestos era inescindible. <\/p>\n
3. En un sub ac\u00e1pite separado, la impugnadora refiri\u00f3 que el juzgador de segunda instancia \u201cdebi\u00f3 haber encontrado mediante la confesi\u00f3n del representante legal de Cameco que la comercializaci\u00f3n de repuestos por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] consist\u00eda en la ejecuci\u00f3n de sus obligaciones de promoci\u00f3n como agente [suya], concretamente, de la obligaci\u00f3n impuesta (\u2026) de mantener un stock m\u00ednimo de repuestos como parte de las labores de postventa necesarias para fidelizar a los clientes y asegurar ventas futuras de maquinaria\u201d. <\/p>\n
Tild\u00f3 las conclusiones de esa autoridad de abiertamente contrarias a los art\u00edculos 194, 195 y 198 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que estaban vigentes para cuando se recibi\u00f3 el interrogatorio de parte de la citada demandada, y al criterio doctrinal que, en relaci\u00f3n con la confesi\u00f3n, sostuvo esta Corporaci\u00f3n en los fallos que la recurrente reprodujo. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el absolvente estaba facultado para confesar y que sus manifestaciones produjeron efectos perjudiciales a su representada, en pro de lo cual cit\u00f3 varios pasajes de la probanza, que recayeron sobre hechos de Cameco, en relaci\u00f3n con los cuales la ley no exige otro medio de prueba y fueron expresas, conscientes y libres. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En los dos cargos precedentemente compendiados, se disput\u00f3 lo mismo: que el Tribunal hubiese colegido que la comercializaci\u00f3n de repuestos la realiz\u00f3 Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. en desarrollo del contrato de distribuci\u00f3n que celebr\u00f3 con John Deere Thibodaux Inc. y no en virtud del de agencia que ambas convinieron, el cual, en criterio de la acusadora, fue el \u00fanico que existi\u00f3 entre ellas. <\/p>\n
Con ese prop\u00f3sito, la impugnante, sustentada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, le imput\u00f3 a esa Corporaci\u00f3n la comisi\u00f3n, de un lado, de errores de hecho, por indebida apreciaci\u00f3n y preterici\u00f3n de pruebas (cargo segundo); y, de otro, de errores de derecho, por falta de valoraci\u00f3n conjunta de los medios de convicci\u00f3n y por no haberle reconocido efectos a la confesi\u00f3n de la precitada demandada (cargo tercero), desatinos que la llevaron a desconocer que la comercializaci\u00f3n de repuestos fue una labor ejecutada por la primera de las atr\u00e1s nombradas en cumplimiento de su deber de promoci\u00f3n de los productos de la \u00faltima, que adquiri\u00f3 en el contrato de agencia mercantil que celebraron. <\/p>\n
Esa unidad de objeto de los reproches casacionales, aunada a que, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, en ninguno de los dos se combatieron las genuinas razones en las que el ad quem soport\u00f3 la existencia del contrato de distribuci\u00f3n, explican su conjunci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como se indic\u00f3 al resolverse el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n presentada por la primigenia actora, fue en virtud de la divergente posici\u00f3n que ella y John Deere Thibodaux Inc. asumieron frente a la naturaleza jur\u00eddica del negocio que realizaron, que el sentenciador de segunda instancia estim\u00f3 necesario definir ese aspecto de la controversia para poder, ah\u00ed s\u00ed, resolver las acciones de responsabilidad contractual que propusieron, en el libelo generatriz de la controversia y en la demanda de reconvenci\u00f3n, respectivamente. <\/p>\n
Con ese objetivo, luego de referirse en abstracto y con ayuda de la jurisprudencia, sobre el \u201cjuicio de adecuaci\u00f3n t\u00edpica\u201d y los elementos estructurales de la agencia comercial, observ\u00f3 que \u201cel elemento distinto\u201d de esta tipolog\u00eda de contrato, \u201ces la actuaci\u00f3n por cuenta del tercero (agenciado), lo que de suyo descarta la confusi\u00f3n con la venta para la reventa, pues en trat\u00e1ndose del contrato de agencia las contingencias del negocio no son asumidas por el intermediario, a diferencia de lo que ocurre con el distribuidor, que corre con los riesgos del negocio\u201d. <\/p>\n
Siguiendo muy de cerca el fallo de primera instancia, el Tribunal coligi\u00f3 que, en cuanto hace a la comercializaci\u00f3n de la maquinaria fabricada por John Deere Thibodaux Inc., el contrato celebrado fue de agencia mercantil, inferencia que, seg\u00fan se deduce de la precisi\u00f3n que al inicio de estas consideraciones se consign\u00f3, no fue combatida por la recurrente en ninguno de los cargos auscultados, y que se soport\u00f3, esencialmente, en que la prenombrada demandante no ten\u00eda la capacidad econ\u00f3mica para asumir el costo de tales equipos; que las ventas siempre fueron directas entre la prenombrada empresa productora y los adquirentes, conforme lo declararon los se\u00f1ores Edgardo D\u00edaz y Stevens Willet y, adem\u00e1s, qued\u00f3 acreditado con la facturaci\u00f3n aportada; que como en la \u00e9poca en que se celebr\u00f3 el contrato, \u201cla tecnolog\u00eda no era usual\u201d en los cultivos de ca\u00f1a de az\u00facar, seg\u00fan lo refirieron el primero de los testigos atr\u00e1s mencionados, as\u00ed como el se\u00f1or Fernando Giraldo Mu\u00f1oz, no parec\u00eda razonable que la nombrada intermediaria adquiriera para la reventa unas m\u00e1quinas de tan apreciable valor y corriera con el riesgo de su comercializaci\u00f3n; y que la precitada accionada siempre \u201casumi\u00f3 como suyo el mercado colombiano\u201d, como lo evidenci\u00f3 la prueba documental relacionada por el fallador. <\/p>\n
Establecido lo anterior, el ad quem se ocup\u00f3 de uno de los reparos que le formul\u00f3 John Deere Thibodaux Inc. a la sentencia de primera instancia, seg\u00fan el cual \u201centre las partes existieron dos relaciones contractuales de negocios concomitantes (agencia y distribuci\u00f3n)\u201d, cuestionamiento en relaci\u00f3n con el cual, tras admitir la viabilidad de que en contextos negociales complejos coexistan diversos negocios jur\u00eddicos con el fin de \u201cgenerar eficiencias o a acrecentar ganancias, para poner tan solo unos ejemplos\u201d, ese sentenciador concluy\u00f3: <\/p>\n
Y, en verdad, las pruebas documentales indican que ello fue lo que ocurri\u00f3 en este asunto, pues la relaci\u00f3n negocial que inici\u00f3 singular, como agencia mercantil[,] valga a\u00f1adir, con el tiempo[,] fue degenerando al menos en dos contratos distintos, (i) el de agencia, orientado a que HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] mediara (por cuenta de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]) en la comercializaci\u00f3n en Colombia de maquinaria industrial, y (ii) el de distribuci\u00f3n, en el que HUGO BARRAGAN [y C\u00eda. Ltda.] (o sus sociedades filiales) adquir\u00eda, para revender, repuestos de la maquinaria en cuya venta medi\u00f3 previamente. <\/p>\n
Esto lo evidencian las siguientes pruebas: <\/p>\n
(\u2026) Las facturas impagadas que dan cuenta de operaciones de compraventa de repuestos, donde JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] figura como vendedor y HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] como comprador, documentos que franquearon el paso al \u00e9xito parcial de la demanda de reconvenci\u00f3n (Fl. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 y 28 C. Documentos Soporte Facturaci\u00f3n 4). <\/p>\n
(\u2026) Y no solo las facturas a las que se refiere el p\u00e1rrafo anterior, sino adem\u00e1s todas las facturas que datan desde el a\u00f1o 1993, las que acreditan la pluralidad de ventas de repuestos que efectu\u00f3 CAMECO INDUSTRIES INC. como vendedor a HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] en calidad de comprador, negocios que se extendieron hasta el a\u00f1o 2011 (Ver cuadernos Documentos Soporte Facturaci\u00f3n 1, 2, 3 y 4). <\/p>\n
(\u2026) La aceptaci\u00f3n expresa de HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] de adeudar algunas sumas de dinero a JOHN DEERE [Thibodaux Inc.], carga que no tendr\u00eda raz\u00f3n en el contexto de un negocio de agencia mercantil, pero que parece encuadrar en la hip\u00f3tesis de la coexistencia de este negocio con uno de distribuci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Los soportes contables que se\u00f1alan que HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] vendi\u00f3 directamente repuestos a los ingenios azucareros del Valle del Cauca, actividad que de hecho se extendi\u00f3 luego de la terminaci\u00f3n del contrato de agencia, tal y como se sigue de la certificaci\u00f3n emitida por la revisor\u00eda fiscal del Ingenio Manuelita (fls. 1235 a 1248, C. 4 pruebas de la parte actora). Esta continuidad en la operaci\u00f3n luego del rompimiento de relaciones comerciales con JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] solo puede explicarse a partir de la venta de un stock de repuestos y partes que hab\u00eda sido previamente adquirido por HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] para su comercializaci\u00f3n entre los clientes de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Los documentos que dan cuenta de las transacciones efectuadas por [el] Ingenio Pichich\u00ed S.A., a favor de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] por la venta de materiales, repuestos y accesorios (P\u00e1g[s]. 1 a 13 C. Ingenio Pichich\u00ed S.A.). <\/p>\n
(\u2026) El cheque emitido por [el] Ingenio Pichich\u00ed S.A. a favor de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] para la cancelaci\u00f3n de repuestos (Ver C. Ingenio Pichich\u00ed S.A.). <\/p>\n
(\u2026) Todas las facturas expedidas por Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] a cargo de[l] Ingenio Pichich\u00ed S.A., por la venta de repuestos, que comprenden desde el a\u00f1o 2000 hasta el 2004 (Ver C. Ingenio Pichich\u00ed S.A.). <\/p>\n
(\u2026) La declaraci\u00f3n de DAMARIS HERRERA, ex empleada de HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.], (\u2026) que explic\u00f3 cu\u00e1l era el procedimiento de compra para la reventa de repuestos y partes de maquinarias de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]\u201d. <\/p>\n
3. En apretada s\u00edntesis, se extracta de lo anterior, que dos fueron, en esencia, los argumentos en los que el ad quem soport\u00f3 su conclusi\u00f3n de que para la comercializaci\u00f3n de los repuestos de la maquinaria producida por John Deere Thibodaux Inc., \u00e9sta y Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. celebraron un contrato de distribuci\u00f3n, a saber: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, uno de linaje jur\u00eddico, consistente en que, en esta clase de acuerdos, el distribuidor asume el riesgo de la operaci\u00f3n, diferenci\u00e1ndose as\u00ed del contrato de agencia comercial, en el que el agente act\u00faa por cuenta del agenciado, y por ende, nunca corre con las contingencias del negocio. <\/p>\n
3.2. Y, en segundo t\u00e9rmino, uno eminentemente f\u00e1ctico, atinente a que en el proceso se acredit\u00f3 que ello fue as\u00ed, esto es, que en cuanto hace a la comercializaci\u00f3n de repuestos, Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. asumi\u00f3 el referido riesgo, puesto que se comprob\u00f3 con los medios de convicci\u00f3n atr\u00e1s especificados, apreciados individualmente y en conjunto, que compraba dichos elementos para revenderlos. <\/p>\n
4. Esas que, como viene de explicarse, fueron las razones basilares para que el Tribunal definiera que la comercializaci\u00f3n de repuestos por parte de la inicial demandante, \u00e9sta la realiz\u00f3 en desarrollo de un contrato de distribuci\u00f3n y no del de agencia mercantil primeramente acordado por ella y Cameco, actualmente John Deere Thibodaux Inc., no fueron blanco de ataque en las acusaciones que ahora ocupan la atenci\u00f3n de la Sala. <\/p>\n
4.1. Es patente que al venir montados los dos cargos en estudio en la causal segunda de casaci\u00f3n y que, mediante ellos, lo que se denunci\u00f3 fue la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de los errores de hecho y de derecho advertidos por la recurrente, como ya se recapitul\u00f3, dichos reproches eran inid\u00f3neos para cuestionar el argumento de estirpe jur\u00eddica con el que el juzgador de segunda instancia apertur\u00f3 su juicio sobre la tem\u00e1tica de que se trata, toda vez que ellos, por su propia naturaleza, s\u00f3lo pod\u00edan abarcar el espectro f\u00e1ctico del litigio. <\/p>\n
No est\u00e1 dem\u00e1s advertir que el cuestionamiento echado de menos, tampoco se plante\u00f3 en alguna otra de las acusaciones lanzadas en la demanda de casaci\u00f3n presentada en nombre de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., por lo que no hay forma de pensar en su acumulaci\u00f3n a efecto de complementar el ataque propuesto en las censuras que se revisan. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la consideraci\u00f3n del ad quem relativa a que es caracter\u00edstica identificadora del contrato de distribuci\u00f3n que el intermediario asume el riesgo de la operaci\u00f3n, rasgo especial que, adicionalmente, lo diferencia del contrato de agencia mercantil, pues en \u00e9ste el agente act\u00faa por cuenta del agenciado, de modo que es por completo ajeno a las vicisitudes del negocio, se mantiene enhiesta, y por lo tanto, sigue siendo soporte id\u00f3neo de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
4.2. Ahora, del contraste entre los desatinos probatorios de hecho y de derecho que en una y otra acusaci\u00f3n la impugnante le enrostr\u00f3 al sentenciador de segunda instancia, de un lado; y la valoraci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n en que esa Corporaci\u00f3n se apoy\u00f3 para deducir, en primer t\u00e9rmino, que la primigenia actora compraba a John Deere Thibodaux Inc. los repuestos y partes de la maquinaria para revenderlos a los clientes de \u00e9sta aqu\u00ed en Colombia, y en segundo plano, que consiguientemente el riesgo de esa operaci\u00f3n era solamente de aqu\u00e9lla, de otro, se establece que este \u00faltimo labor\u00edo del sentenciador no fue confutado, en lo m\u00e1s m\u00ednimo. <\/p>\n
Es que ninguna de las pruebas fundantes de ese juicio, fue controvertida. <\/p>\n
La actividad impugnativa de la recurrente, como con insistencia lo se\u00f1al\u00f3 a lo largo de los dos cargos estudiados, se concret\u00f3 en se\u00f1alar que si el juzgador de segunda instancia hubiese apreciado correctamente las probanzas que en el cargo segundo se dijeron cercenadas, o ponderado las que all\u00ed mismo se afirmaron preteridas, o apreciado en conjunto los elementos de juicio y reconocido efectos a la confesi\u00f3n de John Deere Thibodaux Inc., como se advirti\u00f3 en la otra acusaci\u00f3n, habr\u00eda admitido que la comercializaci\u00f3n de repuestos hac\u00eda parte de la promoci\u00f3n de los productos de esta \u00faltima a que estaba obligada Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. seg\u00fan los compromisos que adquiri\u00f3 en el \u00fanico contrato que las dos celebraron, esto es, el de agencia mercantil y que, por ende, no se trat\u00f3 de un negocio independiente. <\/p>\n
Es ostensible, entonces, que ning\u00fan esfuerzo realiz\u00f3 la impugnante con el fin de desvirtuar que el riesgo de la operaci\u00f3n por la comercializaci\u00f3n de repuestos recay\u00f3 exclusivamente en la prenombrada demandante, habida cuenta que compraba para revender los elementos materia de ese mercadeo, inferencia f\u00e1ctica del sentenciador de segunda instancia que tambi\u00e9n continua en p\u00ede e irradiando todos los efectos que le son propios al fallo objeto del recurso extraordinario que se desata. <\/p>\n
5. Forzoso es, entonces, afirmar el grave desenfoque de que adolecen las dos censuras examinadas, toda vez que, como viene de explicarse, ninguna de ellas se ocup\u00f3 de combatir los verdaderos argumentos sustentantes del juicio elaborado por el Tribunal en relaci\u00f3n con la coexistencia de un contrato de distribuci\u00f3n celebrado por la primigenia actora y John Deere Thibodaux Inc., antes Cameco, al lado del de agencia mercantil tambi\u00e9n acordado por ellas, que tuvo por fin la comercializaci\u00f3n en Colombia por parte de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. de los repuestos de la maquinaria producida por la primera. <\/p>\n
Al respecto, debe se\u00f1alarse que seg\u00fan las previsiones del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, toda acusaci\u00f3n propuesta en casaci\u00f3n debe contener la exposici\u00f3n de sus fundamentos \u201cen forma clara, precisa y completa\u201d, imposici\u00f3n que el mismo precepto, m\u00e1s adelante, en el inciso 3\u00ba del su literal a), reiter\u00f3 en frente de los cargos por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, y m\u00e1s precisamente, de aquellos en los que se denuncie la comisi\u00f3n de errores hecho, al decir que los yerros probatorios \u201cse singularizar\u00e1[n] con precisi\u00f3n y claridad\u201d. <\/p>\n
Esas exigencias, seg\u00fan lo tiene decantado la Sala desde hace apreciable tiempo, \u201cen una de sus aristas, impone[n] que el ataque se dirija atinadamente hacia el centro de los argumentos que sirvieron de apoyo al fallo, controvirti\u00e9ndolos en integridad\u201d, puesto que el impugnador \u201ctiene la carga de derruir todos los cimientos de la sentencia censurada\u201d porque, \u201cde lo contrario[,] la resoluci\u00f3n se mantendr\u00e1 en los estribos no discutidos y a partir de los mismos conservar\u00e1 su vigor jur\u00eddico, am\u00e9n de las presunciones de acierto y legalidad de los cuales est\u00e1 investid[a]\u201d (CSJ, SC 2222 del 13 de julio de 2020, Rad. n.\u00b0 2010-01409-01; se subraya). <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sido insistente en sostener que le corresponde al censor \u201cplantear una cr\u00edtica concreta y razonada de las partes de la sentencia que dicho litigante estima equivocadas, se\u00f1alando asimismo las causas por las cuales ese pronunciamiento materia de impugnaci\u00f3n resulta ser contrario a la ley. Y para que este requisito quede satisfecho del modo que es debido, es indispensable que esa cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999)\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u201d (CSJ, SC del 20 de septiembre de 2013, Rad. n.\u00b0 2007-00493-01; se subraya). <\/p>\n
6. Consecuencia de esa p\u00e9rdida de direcci\u00f3n en que cay\u00f3 la recurrente, es la absoluta imposibilidad de reconocer \u00e9xito a las acusaciones auscultadas, pues as\u00ed se admitiera, en gracia de discusi\u00f3n, que la correcta y completa valoraci\u00f3n de las pruebas precisadas en ellas, permite aceptar que la comercializaci\u00f3n de los repuestos form\u00f3 parte de la labor de promoci\u00f3n que correspond\u00eda a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., como agente, esa constataci\u00f3n, al continuar vigente la inferencia del Tribunal relativa a la coexistencia del contrato de distribuci\u00f3n, habr\u00eda que entenderla paralela y no contrapuesta a \u00e9sta, lo que es posible a la luz de los planteamientos de esa autoridad, pues no puede dejarse de lado que ella predic\u00f3 el coligamiento de los dos contratos que hall\u00f3 comprobados, y por ende, reconoci\u00f3 la \u00edntima y estrecha relaci\u00f3n de ambos, sin que, entonces, nada se oponga a estimar que el de distribuci\u00f3n sirvi\u00f3 a los fines del de agencia. <\/p>\n
Colocados as\u00ed, uno a lado del otro, los planteamientos de las censuras y los del ad quem, f\u00e1cil es notar que aqu\u00e9llos carecen de virtud para derruir \u00e9stos y que, por lo tanto, como acaba de decirse, no pueden provocar la rotura del fallo de este sentenciador. <\/p>\n
7. En definitiva, se establece el naufragio de las censuras examinadas. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO D\u00c9CIMO SEGUNDO <\/p>\n
Soportada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, la impugnante calific\u00f3 el fallo combatido de incongruente, por no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda con la que se dio apertura a la presente controversia judicial. <\/p>\n
Al respecto explic\u00f3: <\/p>\n
1. El Tribunal, con total alejamiento del libelo especificado en precedencia, neg\u00f3 la condena solidaria que se solicit\u00f3 respecto de Deere & Co., en raz\u00f3n a que no se acreditaron \u201clos presupuestos para decretar el levantamiento del velo corporativo de Cameco\u201d, pese a que la actora inicial \u201cnunca formul\u00f3 pretensiones ni argumentos en ese sentido\u201d. <\/p>\n
2. Tras recordar lo expuesto por el ad quem al respecto y lo pedido en el escrito introductorio del litigio, la censora reiter\u00f3 que su representada no elev\u00f3 pedimentos, ni plante\u00f3 hechos, dirigidos a obtener la aplicaci\u00f3n de la mencionada figura, tanto que \u201csiempre ha reconocido la separaci\u00f3n jur\u00eddica y patrimonial entre las dos entidades jur\u00eddicas demandadas, al punto que hizo referencia a Deere & Co. como un co-contratante\u201d. <\/p>\n
3. Puntualiz\u00f3 que la vinculaci\u00f3n de la precitada accionada, Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. la soport\u00f3 en que ella se \u201cadhiri\u00f3 como parte al [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial desde la compra de Cameco, al punto que, incluso, se prob\u00f3 que fue Deere & Co. quien provoc\u00f3 la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n\u201d con aqu\u00e9lla; y que en la apelaci\u00f3n que propuso frente al prove\u00eddo decisorio de la instancia inicial, advirti\u00f3 la falta de congruencia del mismo en este aspecto, soportada en similares argumentos. <\/p>\n
4. A\u00f1adi\u00f3 que, pese a lo anterior, el juzgador de nivel superior \u201ctambi\u00e9n desconoci\u00f3 el alcance de la [d]emanda y fall\u00f3 con base en la [s]entencia de [p]rimera [i]nstancia, al mencionar que el A-Quo hab\u00eda determinado con acierto que la \u00fanica posibilidad de vincular a Deere & Co. al pago de las obligaciones de Cameco, era bajo la teor\u00eda del levantamiento del velo corporativo\u201d, estimaci\u00f3n con la que, de un lado, resolvi\u00f3 \u201caplicando presupuestos de derecho que no hab\u00edan sido reclamados ni argumentados a lo largo del proceso\u201d y, de otro, convirti\u00f3 en inconsonante en prove\u00eddo que emiti\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para poner las cosas en la perspectiva que les corresponde, se impone advertir, en primer lugar, que fue el a quo el que, en la sentencia de primera instancia, estim\u00f3 que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. propendi\u00f3 por \u201cdescorrer el velo corporativo de CAMECO\u201d, con miras a conseguir el reconocimiento de la responsabilidad de Deere & Co. <\/p>\n
Al respecto, dicha autoridad manifest\u00f3: <\/p>\n
Entontes, conviene recordar los puntales f\u00e1cticos a partir de los cuales pretende HB [Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., aclara la Corte] descorrer el velo corporativo de CAMECO (para comprometer la responsabilidad de DEERE [& Co.] en la reparaci\u00f3n de los perjuicios que reclama\u2026), los que se encuentran comprendidos en el literal n) del ac\u00e1pite de hechos de la demanda (fl. 522, c. 2 ppal.) as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
a. DEERE [& Co.] adquiri\u00f3 a CAMECO. <\/p>\n
<\/p>\n
b. DEERE [& Co.], como matriz de CAMECO, asumi\u00f3 obligaciones propias del agenciado. <\/p>\n
<\/p>\n
c. DEERE [& Co.], conjuntamente con CAMECO, tomaba las decisiones relacionada[s] con la ejecuci\u00f3n y desarrollo del contrato, \u2018y principalmente las relativas a las pol\u00edticas comerciales que llevaron al deterioro de las relaciones con los clientes\u2019. <\/p>\n
Y, en segundo lugar, que el ad quem aval\u00f3 el an\u00e1lisis que el funcionario cognoscente del litigo realiz\u00f3 sobre esa tem\u00e1tica, pues consider\u00f3 acertados los razonamientos que expuso, en particular, que \u201cla \u00fanica posibilidad de vincular a dicha entidad al pago de las obligaciones a cargo de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] era concluir que aquella se vali\u00f3 de esta para perpetrar un fraude, es decir, que abus\u00f3 de su derecho de separaci\u00f3n patrimonial en forma lesiva para el patrimonio de la parte actora, intentando si se quiere evadir efectos como los se\u00f1alados en el fallo apelado\u201d. <\/p>\n
2. Significa lo expuesto, que el Tribunal hizo suyos los planteamientos expresados por el a quo, entre ellos, el entendimiento que este \u00faltimo juzgador hizo de la demanda con la que se dio inicio al proceso, que lo llev\u00f3 a colegir, como ya se consign\u00f3, que fue la primigenia accionante la que busc\u00f3 descorrer el velo corporativo de las demandadas. <\/p>\n
Se suma a lo anterior que, para el propio sentenciador de segunda instancia, fue Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. la que procur\u00f3 la obtenci\u00f3n de ese resultado, seg\u00fan consta en el siguiente aparte de su fallo: <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas y teniendo por cierto que la desestimaci\u00f3n de la personalidad jur\u00eddica tiene plena vigencia en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, resulta evidente que tal sanci\u00f3n solo puede suceder a la acreditaci\u00f3n suficiente del uso indebido de una figura societaria, pues la separaci\u00f3n patrimonial constituye un fin leg\u00edtimo de las estructuras de esta naturaleza. Por ello, para que prosperen pedimentos como el de la parte actora en este juicio[,] es imprescindible demostrar con la claridad necesaria[,] para dejar de lado un principio toral del derecho privado, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas asociativas. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, se establece el desacierto del cargo estudiado, pues habiendo inferido el juzgado del conocimiento, y por rebote, su superior jer\u00e1rquico, seg\u00fan acaba de verse, que en el escrito generatriz de la controversia su gestora, con la invocaci\u00f3n de los hechos que aqu\u00e9l identific\u00f3 plenamente, recurri\u00f3 a la aludida figura del derecho societario, propio es colegir que el abordaje que el segundo hizo en el fondo de ella, fue resultado de tal interpretaci\u00f3n de la demanda inicial y que, por ende, no comport\u00f3 la incongruencia del fallo recurrido en casaci\u00f3n, independiente de que se comparta o no el entendimiento que de tal libelo se efectu\u00f3, cuesti\u00f3n que no es factible establecer en desarrollo del cargo auscultado, toda vez que mediante su formulaci\u00f3n se denunci\u00f3 la comisi\u00f3n de un error in procedendo, mas no uno de juzgamiento. <\/p>\n
4. Sobre el particular debe recordarse, y con ello insistirse, en que \u201c[d]ada la facultad de interpretaci\u00f3n de la demanda que tiene el juez, \u00e9ste puede concluir, recurriendo incluso a los fundamentos de hecho, cu\u00e1l es la acci\u00f3n impetrada o que la pretensi\u00f3n es una y no otra o, en fin, cu\u00e1les son sus alcances; de tal manera que si al proceder de este modo incurre en yerro de apreciaci\u00f3n, deduciendo lo que realmente no se le ha pedido, y a consecuencia de ello resuelve de manera diferente de como se le solicit\u00f3 no comete incongruencia sino un vicio in judicando, que debe ser atacado por la causal primera de casaci\u00f3n [hoy en d\u00eda, por la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, aclara la Corte]. Cosa distinta es que, no obstante entender con certeza el alcance de la pretensi\u00f3n o el de la excepci\u00f3n, el sentenciador resuelva sobre lo que ellas no contienen, o se pronuncie ciertamente en relaci\u00f3n con lo que incumbe hacerlo, pero con larguezas o defectos que no debe. En este \u00faltimo evento es l\u00f3gico que la decisi\u00f3n obedece a un motivo puramente formal que estructura, desde luego, el vicio de inconsonancia\u201d (CSJ, SC del 6 de julio de 1981, texto reproducido en CSJ, SC del 17 de marzo de 1993, G.J. CCXXII, p. 202. Cita efectuada en SC 775 del 15 de marzo de 2021, Rad. n.\u00b0 2004 00160 01; se subraya). <\/p>\n
5. La acusaci\u00f3n examinada, por lo tanto, naufraga. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO D\u00c9CIMO TERCERO <\/p>\n
Con sustento en la segunda causal de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 el prove\u00eddo combatido por ser indirectamente violatorio del art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, debido a los manifiestos y trascendentes errores de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal, al apreciar las pruebas del proceso. <\/p>\n
En pro de este reproche, su proponente, en s\u00edntesis, esgrimi\u00f3: <\/p>\n
1. Debido a que Deere & Co. no celebr\u00f3 el contrato de agencia comercial base de la primigenia acci\u00f3n, el ad quem coligi\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n pasiva, raz\u00f3n por la que opt\u00f3 por confirmar, en este aspecto, el fallo de primera instancia. <\/p>\n
2. Esa conclusi\u00f3n decisoria fue resultado de la preterici\u00f3n de las pruebas con las que se acredit\u00f3 que la nombrada demandada \u201cejecut\u00f3 las obligaciones del [c]ontrato de [a]gencia [c]omercial junto con Cameco y, por lo tanto, deb[\u00eda] ten[\u00e9]r[sele] como solidariamente responsable por el pago de la cesant\u00eda comercial y de la indemnizaci\u00f3n equitativa\u201d adeudadas a la gestora del litigio. <\/p>\n
3. Los elementos de juicio soslayados por dicho sentenciador, corresponden a los siguientes: <\/p>\n
3.1. La declaraci\u00f3n rendida por la se\u00f1ora Lori Trotti el 8 de agosto de 2016, en la que \u201ccertific\u00f3 la existencia de pago de comisiones a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] por parte de Deere & Co.\u201d. <\/p>\n
3.2. Los extractos de las cuentas bancarias de la prenombrada actora donde eran consignadas las comisiones y figuran los pagos relacionados en el punto anterior. <\/p>\n
3.3. El interrogatorio absuelto por el representante legal de Deere & Co., donde admiti\u00f3 que una vez dicha empresa adquiri\u00f3 a Cameco, \u201cenvi\u00f3 varios de sus empleados a desarrollar actividades de direcci\u00f3n y administraci\u00f3n\u201d en esta \u00faltima; y que esos funcionarios fueron aproximadamente diez (10), los cuales \u201ccontaban con la experiencia y habilidades\u201d que la primera quer\u00eda implementar en la segunda, de lo que se sigue que no fue casualidad que a partir de entonces se modificara \u201cel t\u00e9rmino de pago de los equipos y repuestos\u201d, se realizaran \u201cventas directas a espaldas de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] sin reconocerle comisi\u00f3n por ello\u201d y se \u201cdesgastara tanto\u201d la relaci\u00f3n entre ellas, hasta el punto de provocar que la agente pusiera fin al contrato que las un\u00eda, traslad\u00e1ndose la representaci\u00f3n de aqu\u00e9lla a otra empresa con quien, seg\u00fan lo expuesto en la misma probanza, Cameco ten\u00eda relaciones comerciales desde 60 a\u00f1os atr\u00e1s, aproximadamente. <\/p>\n
En esa declaraci\u00f3n de parte su absolvente, adicionalmente, \u201cconfes\u00f3 que Cameco y Deere & Co. eran parte de un mismo grupo empresarial\u201d; y que era tal la importancia de aqu\u00e9lla para \u00e9sta, que la \u00faltima era la que \u201creportaba las p\u00e9rdidas y ganancias de la operaci\u00f3n\u201d de la primera. <\/p>\n
3.4. El testimonio de la se\u00f1ora Mar\u00eda Fernanda Conde, quien relat\u00f3 que el cargo que ella ocup\u00f3 en Cameco, no exist\u00eda antes de que la misma fuera comprada por Deere & Co., momento en el que cambiaron las pol\u00edticas rectoras de la nueva sociedad, entre ellas, como otro ejemplo, el recorte del plazo para sus representantes, de 90 a 60 d\u00edas. <\/p>\n
4. En opini\u00f3n de la recurrente, \u201cfue tan clara la estrategia trazada por Deere & Co. que desde antes de la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial empez\u00f3 a realizar las actuaciones tendientes al desplazamiento de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], entre esas, el nombramiento de la se\u00f1ora Mar\u00eda Fernanda Conde, como su supuesto \u2018apoyo\u2019 de las ventas en Colombia, pero quien en realidad deb\u00eda implementar el cambio de las pol\u00edticas comerciales de Cameco bajo las instrucciones de Deere & Co.\u201d. <\/p>\n
5. Agreg\u00f3 que el desconocimiento de esas pruebas y de lo que de ellas se desprend\u00eda, seg\u00fan qued\u00f3 atr\u00e1s relacionado, provoc\u00f3 que el Tribunal no aplicara el art\u00edculo 825 del C\u00f3digo de Comercio y dejara de ver la legitimaci\u00f3n pasiva de Deere & Co. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El ad quem, en punto de la falta de legitimaci\u00f3n de la demandada Deere & Co., en s\u00edntesis, adujo: <\/p>\n
1.1. Que dicha sociedad no hizo parte \u201cdel contrato objeto de la presente litis\u201d y que, por lo tanto, no estaba llamada a \u201cresistir las pretensiones\u201d. <\/p>\n
1.3. Que no son de recibo los planteamientos de la primigenia actora, relacionados a que la primera de las nombradas \u201cse adhiri\u00f3 como parte al contrato de agencia comercial y[,] de hecho, produjo las instrucciones para provocar la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n comercial con la demandante\u201d, habida cuenta las precedentes razones y, adem\u00e1s, las que esgrimi\u00f3 el a quo al respecto, aserci\u00f3n que lo condujo a reproducir, en lo que estim\u00f3 pertinente, el fallo de \u00e9ste, entre ellas, que \u201cel pago de las obligaciones de la sociedad por uno de los socios no compromete la responsabilidad de este \u00faltimo, como tampoco lo hace el direccionamiento del ente en uno y otro sentido, pues esas conductas no permiten servir como evidencia de un proceder de mala fe, fraudulento, o en abuso de derecho de DEERE [& Co.] al momento de constituir un ente aut\u00f3nomo para atender la rama de los negocios de que se ocupa JOHN DEERE [Thibodaux Inc.]\u201d. <\/p>\n
1.4. Y, finalmente, que no estaban dados los presupuestos necesarios para levantar el velo corporativo de las accionadas, cuesti\u00f3n en la que tambi\u00e9n ratific\u00f3 las apreciaciones del juzgado del conocimiento. <\/p>\n
2. En el cargo ahora examinado, su proponente, sobre la base de la comisi\u00f3n por parte del sentenciador de segunda instancia de protuberantes errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, le reproch\u00f3 haber desconocido que la mencionada demandada se adhiri\u00f3 al contrato base de la acci\u00f3n, como quiera que pag\u00f3 obligaciones a cargo de Cameco derivadas del mismo y, adicionalmente, direccion\u00f3 las pol\u00edticas comerciales que esta \u00faltima empresa implement\u00f3 desde cuando aqu\u00e9lla la adquiri\u00f3, modificaciones que provocaron la terminaci\u00f3n del referido acuerdo de voluntades. <\/p>\n
3. Del contraste entre unos y otros argumentos, es decir, los del Tribunal, por un lado, y los de la acusaci\u00f3n, por el otro, surgen patentes las siguientes conclusiones: <\/p>\n
3.1. En primer lugar, la inexactitud de la afirmaci\u00f3n que sirvi\u00f3 como punto de partida para la formulaci\u00f3n del cargo que ahora se analiza, esto es, que la raz\u00f3n para que esa Corporaci\u00f3n negara la legitimaci\u00f3n de Deere & Co., fue que no celebr\u00f3 el contrato de agencia mercantil base de la acci\u00f3n, puesto que, como viene de verse, ese no fue el \u00fanico sustento esgrimido por dicha autoridad para arribar a tal deducci\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Y, en segundo t\u00e9rmino, que el mencionado fallador s\u00ed se pronunci\u00f3 sobre el planteamiento de la actora inicial, consistente en que la precitada accionada se adhiri\u00f3 a la susodicha convenci\u00f3n, en virtud a que atendi\u00f3 obligaciones de la agenciada y direccion\u00f3 cambios en sus pol\u00edticas comerciales que condujeron a la terminaci\u00f3n de dicho acuerdo de voluntades. <\/p>\n
Al respecto, se encuentra que el Tribunal, en la medida que refrend\u00f3 los argumentos esgrimidos por el a quo sobre el particular, s\u00ed contempl\u00f3 que Deere & Co. asumi\u00f3 obligaciones surgidas del contrato de agencia comercial a cargo de Cameco, ahora John Deere Thibodaux Inc., y particip\u00f3 en la toma de decisiones sobre un nuevo direccionamiento de esta \u00faltima, que bien pudieron incidir en la terminaci\u00f3n de ese contrato. <\/p>\n
Cosa bien distinta fue, ello es toral, que neg\u00f3 a esas conductas el efecto de provocar la adhesi\u00f3n contractual predicada por la promotora del proceso. <\/p>\n
4. Se sigue de lo precedentemente expresado, el rotundo fracaso de la acusaci\u00f3n examinada, por cuanto no es verdad que el sentenciador de segundo nivel hubiese soslayado los hechos advertidos en ella, lo que descarta que esa Corporaci\u00f3n incursion\u00f3 en los yerros f\u00e1cticos que se le imputaron, independientemente de que en su fallo no mencionara expresamente las pruebas relacionadas en el cargo, omisi\u00f3n que por s\u00ed sola no permite colegir la falta de apreciaci\u00f3n de las mismas. <\/p>\n
5. Adicionalmente, tambi\u00e9n se advierte el desenfoque de la censura, pues si fue fundamento basilar para que el ad quem predicara la falta de legitimaci\u00f3n de Deere & Co., como ya se dijo, que la circunstancia de haber ella sufragado obligaciones cuya titular era Cameco y direccionado las nuevas pol\u00edticas comerciales de la \u00faltima no comport\u00f3 la adhesi\u00f3n por parte de aqu\u00e9lla al contrato de agencia comercial fundamento de la acci\u00f3n promovida por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., este debi\u00f3 ser el objetivo de la acusaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que la recurrente no atac\u00f3 y que, al mantenerse en firme, impide el desmoronamiento del fallo de segunda instancia en el punto analizado. <\/p>\n
Con otras palabras, se impon\u00eda a la censora establecer que, ciertamente, la realizaci\u00f3n de esas conductas -pago de obligaciones y dise\u00f1o de pol\u00edticas comerciales, se reitera-, tanto desde el punto de vista jur\u00eddico, como f\u00e1ctico, implicaban la referida adhesi\u00f3n contractual, lo que ella no hizo. <\/p>\n
6. El cargo, por consiguiente, no tiene buen suceso. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
JHON DEERE THIBODAUX INC. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n de la causa segunda de casaci\u00f3n, se enrostr\u00f3 a la sentencia del Tribunal ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1317, 1322 y 1324 del C\u00f3digo de Comercio, por indebida aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error de derecho consistente en la apreciaci\u00f3n del dictamen rendido por el perito Federman Valencia Diez, que comport\u00f3 la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 174, 238, 239 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En sustento de la queja, su proponente expuso los razonamientos que enseguida se condensan. <\/p>\n
1. De entrada, precis\u00f3 que el yerro del juzgador de segunda instancia se materializ\u00f3 en la apreciaci\u00f3n de la referida experticia y en \u201chaber tenido por probados con fundamento\u201d en ella, \u201clos montos porcentuales y monetarios de unas comisiones supuestamente adeudadas por la [d]emandada a la [d]emandante por unas ventas directas que el ad quem consider\u00f3 realizadas en vigencia del [c]ontrato\u201d, pese a que, en relaci\u00f3n con ese elemento de juicio, \u201cse confirm\u00f3 la prosperidad de la objeci\u00f3n por error grave\u201d planteada por la primera, determinaci\u00f3n que torn\u00f3 ese medio de convicci\u00f3n en \u201cineficaz, inatendible e inadmisible\u201d. <\/p>\n
2. El recurrente rese\u00f1\u00f3 con detalle las razones en las que el a quo sustent\u00f3 el acogimiento que hizo de la referida objeci\u00f3n y que lo condujeron a desestimar el concepto del experto, como prueba de la cesant\u00eda comercial, la indemnizaci\u00f3n equitativa y de los perjuicios reclamados por la demandante. Y por aparte, reprodujo los argumentos del Tribunal que lo condujeron a confirmar esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Aparejadamente destac\u00f3, en primer lugar, que la precitada Corporaci\u00f3n, para liquidar las mencionadas comisiones por unas ventas directas que la nombrada accionada hizo, durante la vigencia del contrato de agencia comercial, \u201ca Fredy Molina, (\u2026) Aicardo Molina y a los ingenios Riopaila, Central Castilla y Manuelita S.A.\u201d, tuvo \u201c(\u2026) \u2018en cuenta los valores establecidos por el perito Federman Valencia, en su dictamen (fl. 127 C. 4 Pruebas Actora), ya que este punto no fue objeto de controversia (\u2026)\u2019\u201d; y que, adem\u00e1s, en la sentencia complementaria, corrigi\u00f3 el numeral 6\u00ba de la parte motiva del fallo inicial, \u201cen el sentido de indicar que el porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones de las ventas n\u00fameros 3 y 4, corresponde al 28%, pues para dicha determinaci\u00f3n se tuvo en cuenta los valores establecidos por el perito Federman Valencia D\u00edaz (sic), en su dictamen (Fl. 127 C. 4 c. Pruebas Dte.)\u2019 (Subrayado y negrilla como \u00e9nfasis)\u201d. <\/p>\n
En segundo t\u00e9rmino, que para calcular la cesant\u00eda comercial sum\u00f3 el valor de las comisiones por ventas directas que hab\u00eda calculado en precedencia, con base en el comentado dictamen, como ya se explic\u00f3. <\/p>\n
Y, por \u00faltimo, que \u201cel yerro del ad quem no termin\u00f3 ah\u00ed, ya que para cuantificar la indemnizaci\u00f3n equitativa a favor de la [d]emandante, nuevamente apreci\u00f3 la experticia rendida por Federman Valencia Diez, pues para su tasaci\u00f3n, el Tribunal tom\u00f3 la cifra de USD $223.332.78 como ingresos anuales devengados por Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] en vigencia del [c]ontrato, suma que, como se vio atr\u00e1s, incluy\u00f3 el monto porcentual y monetario de las comisiones extra\u00eddas del dictamen pericial (\u2026), respecto del cual, se repite, fue confirmada la objeci\u00f3n por error grave formulada por mi representada\u201d. <\/p>\n
4. Con el prop\u00f3sito de desvirtuar la apreciaci\u00f3n del sentenciador de segunda instancia, relativa a que el comentado dictamen pericial no fue cuestionado en los aspectos en los que lo apreci\u00f3, el censor asever\u00f3 que, \u201ca diferencia de lo sostenido por el Tribunal, el peritaje de Federman Valencia Diez s\u00ed fue controvertido en integridad por John Deere Thibodaux [Inc.] al proponer la mentada objeci\u00f3n\u201d, en pro de lo cual reprodujo a espaci\u00f3 las argumentaciones en las que se sustent\u00f3 la misma. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que del escrito contentivo del comentado cuestionamiento, se desprende que su proponente \u201catac\u00f3 todo lo relativo a la metodolog\u00eda, los fundamentos y las conclusiones del dictamen pericial en punto a las comisiones supuestamente adeudadas y sus valores porcentuales y monetarios, quedando entonces todo el contenido de la prueba pericial y sus conclusiones afectadas por los crasos errores evidenciables en ella\u201d, sin que se hubieren \u201cexcluido algunos de los puntos o de las conclusiones\u201d de la misma, am\u00e9n que los jueces de instancia \u201ctampoco hicieron salvedad o exclusi\u00f3n alguna\u201d al declarar probada la objeci\u00f3n. <\/p>\n
5. A continuaci\u00f3n, con reiteraci\u00f3n de los anteriores argumentos, el impugnante se ocup\u00f3 de explicar, por una parte, c\u00f3mo resultaron violadas las normas de disciplina probatoria y sustanciales indicadas al inicio de la acusaci\u00f3n y, por otra, la trascendencia de los yerros cometidos por el ad quem. <\/p>\n
6. Al final, solicit\u00f3 casar la sentencia recurrida extraordinariamente y que la Corte, en sede de segunda instancia, profiera sentencia sustitutiva \u201cen la que se ajuste el valor de las comisiones, de la cesant\u00eda comercial y de la indemnizaci\u00f3n equitativa que fueron reconocidas a favor de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], de conformidad con lo expuesto en la fundamentaci\u00f3n del cargo \u00fanico formulado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Concretamente, el recurrente reproch\u00f3 al Tribunal haber cometido error de derecho al apreciar la experticia rendida por el perito Federman Valencia Diez, para determinar el monto de las comisiones insolutas derivadas de las ventas directas que John Thibodaux Inc., antes Cameco, realiz\u00f3 durante la vigencia del contrato de agencia comercial que ten\u00eda celebrado con Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., toda vez que tal dictamen no pod\u00eda ser valorado como prueba, habida cuenta que la objeci\u00f3n que, en relaci\u00f3n con \u00e9l, formul\u00f3 la citada demandada, fue declarada pr\u00f3spera en el fallo de primera instancia, determinaci\u00f3n que, pese a los reparos que frente a ella plante\u00f3 la tambi\u00e9n nombrada actora inicial, el ad quem mantuvo en el de segunda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que como dicha Corporaci\u00f3n utiliz\u00f3 esa estimaci\u00f3n para calcular tanto la cesant\u00eda comercial, como la indemnizaci\u00f3n equitativa, contempladas en los incisos 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, el desatino probatorio advertido cobr\u00f3 materialidad tambi\u00e9n en la cuantificaci\u00f3n de estos rubros. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con dicha acusaci\u00f3n, sea lo primero dejar en claro que, no obstante la aparente amplitud con que se propuso, su alcance es en verdad restringido, como quiera que el acusador acogi\u00f3 la determinaci\u00f3n de las comisiones por las dos enajenaciones efectuadas a Colremaq S.A., cada una fijada en la suma de US $46.343.64, para un total de US $92.687.28, en la medida que al ocuparse de la trascendencia del yerro imputado, como se detallar\u00e1 m\u00e1s adelante, tom\u00f3 esa cuant\u00eda como definitiva y, mediante nota puesta a pie de p\u00e1gina, puntualiz\u00f3 que \u201cJohn Thibodaux [Inc.] no [la] ha disputado\u201d. <\/p>\n
3. Delimitado as\u00ed el cargo, esto es, que \u00e9l s\u00f3lo concierne con la definici\u00f3n de las comisiones generadas por las ventas efectuadas a Fredy Molina, Aicardo Molina, Ingenio Riopaila S.A., Ingenio Central Castilla S.A. e Ingenio Manuelita S.A., debe reconocerse con total contundencia la incursi\u00f3n por parte del ad quem en el yerro que se le atribuy\u00f3, pues no hay duda que el trabajo pericial presentado por el mencionado auxiliar de la justicia fue objetado, respecto de todos sus fundamentos y conclusiones por John Deere Thibodaux Inc. y, adicionalmente, que los reparos que se formularon fueron acogidos, sin restricciones o salvedades, por el juzgado del conocimiento, en el punto primero de la parte resolutiva de la sentencia que profiri\u00f3 el 16 de febrero de 2017, determinaci\u00f3n que la precitada Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 \u00edntegramente en el ordinal quinto de su fallo. <\/p>\n
4. Como se desprende del escrito de objeciones, militante en los folios 1270 a 1302 del cuaderno No. 9, y lo dej\u00f3 cabalmente sustentado el impugnante, los reparos esgrimidos en frente de la comentada experticia fueron comprensivos de la cuantificaci\u00f3n tanto de la cesant\u00eda comercial, como de la indemnizaci\u00f3n equitativa, dentro de la cual efectu\u00f3 el \u201cC\u00c1LCULO DE COMISIONES PENDIENTES DE CANCELAR\u201d, as\u00ed como las actualizaciones que de esos valores el experto realiz\u00f3 por el sistema de intereses y de correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo, en cuanto concierne con el c\u00e1lculo indicado en precedencia, el objetante, haciendo referencia a los porcentajes aplicados por el perito con ese fin, puso de presente que las comunicaciones de las que extrajo los mismos, \u201cconsisten en cruces de correo electr\u00f3nico entre funcionarios [que] al parecer son de Cameco ([John] Deere Thibodaux [Inc.]) y Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda.\u201d; que en la misiva del 28 de julio de 2001 se alude es a \u201c[l]os descuentos para la distribuci\u00f3n\u201d; y que, \u201c[c]omo se puede evidenciar de los apartes del dictamen pericial y de sus soportes (algunos de ellos transcritos atr\u00e1s), el perito toma los descuentos que Cameco (\u2026) hac\u00eda a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. por la venta de equipos y los asimila a honorarios o comisiones utiliz\u00e1ndolos en consecuencia para calcular la cesant\u00eda comercial. El problema radica justamente en la confusi\u00f3n del perito entre dos figuras absolutamente diferentes como son (i) el descuento hecho a un precio de venta y (ii) la comisi\u00f3n u honorario. Ambos, como pasar\u00e9 a explicar, surgen de fen\u00f3menos absolutamente distintos por lo que no es posible equipararlos como lo hace el perito en su dictamen para deducir la existencia de uno (esto es, de los honorarios y comisiones) a partir del otro (es decir, del precio de venta y los descuentos aplicados por Cameco [\u2026] a favor de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda.)\u201d. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando el Tribunal, con el prop\u00f3sito de liquidar \u201clas comisiones por las ventas directas realizadas por John Deere [Thibodaux Inc.] en vigencia del contrato\u201d de agencia comercial, tuvo en cuenta \u201clos valores establecidos por el perito Federman Valencia en su dictamen (Fl. 127 C. 4 Pruebas Actora), ya que este punto no fue objeto de controversia\u201d, ponderaci\u00f3n que corrigi\u00f3 en la sentencia complementaria, en el sentido de \u201cel porcentaje utilizado para determinar el valor de las comisiones de la ventas n\u00fameros 3 y 4, corresponde al 28%, pues para dicha determinaci\u00f3n se tuv[ieron] en cuenta los valores establecidos por el perito Federman Valencia D\u00edaz (sic), en su dictamen (Fl. 127 C. 4 \u2026 Pruebas Dte)\u201d, concedi\u00f3 a esa experticia un m\u00e9rito demostrativo que no ten\u00eda, pues como ya se destac\u00f3, hab\u00eda sido, de un lado, cuestionada en todos sus aspectos y, de otro, declarada pr\u00f3spera la objeci\u00f3n sin ninguna restricci\u00f3n en el fallo del a quo, pronunciamiento que revisado por el juzgador de segundo grado, debido a la cr\u00edtica que le formul\u00f3 la gestora de la controversia, no fue materia de modificaci\u00f3n alguna en este punto. <\/p>\n
Evidente es, entonces, que el ad quem vulner\u00f3 las normas disciplinantes de la prueba pericial, en particular, los art\u00edculos 238 y 241 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estatuto vigente cuando el dictamen de que se trata se present\u00f3 y objet\u00f3, pues de los dos en conjunto se deduce que la experticia respecto de la cual prospera la objeci\u00f3n aducida en su contra, no puede ser apreciada por el juez en todo aquello materia del reproche aceptado. <\/p>\n
5. No obstante lo anterior, la ocurrencia del comentado error de derecho es insuficiente para ocasionar el quiebre de la sentencia impugnada por la v\u00eda del recurso de casaci\u00f3n que se desata, toda vez que su denunciante no estableci\u00f3 en debida forma la trascendencia de ese desafuero, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
5.1. El \u00faltimo inciso del literal a) del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso establece: <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia (se subraya). <\/p>\n
5.2. En trat\u00e1ndose de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, ya sea que sobrevenga como consecuencia de un error de hecho, ora de derecho, la Sala ha sido enf\u00e1tica en sostener que para que el yerro tenga la virtud de resquebrajar el fallo cuestionado en casaci\u00f3n, debe ser trascedente, esto es, repercutir en la decisi\u00f3n adoptada de modo que, de no haberse cometido, otra hubiese la soluci\u00f3n que se habr\u00eda dado al proceso, la cual, indiscutiblemente, vendr\u00eda a ser favorable al impugnante o, en el peor de los escenarios, menos desfavorable a sus intereses, lo que \u00e9l debe establecer. <\/p>\n
5.3. Ahora bien, la satisfacci\u00f3n de ese deber, no puede realizarse de cualquier manera y, menos, en contrav\u00eda de decisiones contenidas en el propio fallo de segunda instancia que, por no haber sido controvertidas en desarrollo del recurso extraordinario interpuesto, son vinculantes para las partes y para la Corte, como juez de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es que, si la argumentaci\u00f3n de la trascendencia forma parte de la fundamentaci\u00f3n del cargo, debe cumplir los requisitos de precisi\u00f3n, claridad y completitud que la primera parte del ya citado numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General Proceso impone y que, como ya se se\u00f1al\u00f3 al desatarse los cargos segundo y tercero de la demanda de casaci\u00f3n propuesta por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., exigen del censor actuar en coherencia con los aspectos cardinales del fallo combatido. <\/p>\n
5.4. En el caso del reproche auscultado, su proponente, consciente de que le correspond\u00eda argumentar la trascendencia del error de derecho denunciado, adujo con ese fin que tomaba como valor total y definitivo de las comisiones pendientes de pago por la ventas directas realizadas por su representada, el c\u00e1lculo que el Tribunal hizo de las dos enajenaciones verificadas a la empresa Colremaq S.A., que no fueron objeto de disputa por su parte, estimadas en la suma total de US $92.687.28, y aplic\u00f3 esa cuant\u00eda para recalcular, siguiendo el mismo procedimiento adoptado por el ad quem, las cesant\u00eda comercial, que ya indexada tas\u00f3 en US $529.048.21, suma muy inferior, dijo, a la establecida por esa autoridad en US $846.803.45; y la indemnizaci\u00f3n equitativa, que fij\u00f3 en US $105.238.48, cantidad por debajo de contabilizada en el fallo de segunda instancia (US $167.499.58). <\/p>\n
5.5. Esos c\u00e1lculos del recurrente son inadmisibles, en la medida que contradicen frontalmente o, por lo menos, desconocen, sin ninguna justificaci\u00f3n, cuestiones decididas por dicha autoridad, que son firmes por no haber sido controvertidas en casaci\u00f3n, y de las que, por lo mismo, no pod\u00eda apartarse aqu\u00e9l. <\/p>\n
Ciertamente, el sentenciador de segunda instancia dej\u00f3 establecido que \u201cno s\u00f3lo fueron dos equipos los que se vendieron directamente por el empresario, sino que fueron siete, lo cual cierra cualquier posibilidad de discusi\u00f3n en torno a si era viable para HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia que lo un\u00eda desde ha[c\u00eda] 26 a\u00f1os con John Deere [Thibodaux Inc.]. (\u2026). En efecto, obs\u00e9rvese que aparece demostrado en la actuaci\u00f3n que la sociedad demandante, adem\u00e1s de las dos m\u00e1quinas mencionadas -se refiri\u00f3 a las vendidas a Colremaq S.A., aclara la Corte-, en la ejecuci\u00f3n del contrato, efectu\u00f3 otras ventas directas en el territorio colombiano, en relaci\u00f3n con cinco m\u00e1quinas, como se encuentra acreditado [con] la informaci\u00f3n de importaciones (de la subpartida 8433591000 de enero de 1997 a noviembre de 2005) remitida por la DIAN, donde aparecen registradas las mencionadas importaciones\u201d, tras lo cual relacion\u00f3 las enajenaciones efectuadas a \u201cFredy Manuel Molina\u201d, \u201cAicardo Molina Agroco\u201d, \u201cIngenio Riopaila S.A.\u201d, \u201cIngenio Central Castilla\u201d y \u201cManuelita S.A.\u201d. <\/p>\n
En consonancia con esa inferencia, adicion\u00f3 la sentencia de primera instancia y, en tal virtud, conden\u00f3 \u201ca JOHN DEERE THIBODAUX INC. a pagar a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] la suma de USD 341.731,68, por concepto de las comisiones por ventas directas realizadas en vigencia del contrato de agencia comercial, conforme lo expuesto en esta providencia\u201d (se subraya), es decir, que esa determinaci\u00f3n fue comprensiva de la totalidad de las enajenaciones que dej\u00f3 identificadas en la parte motiva del fallo. <\/p>\n
De suyo, entonces, no pod\u00eda el censor sustraerse de esas conclusiones decisorias del Tribunal y, en procura de demostrar la trascendencia del error materia del cargo que se analiza, excluir sin ninguna explicaci\u00f3n, cinco de las ventas directas que hall\u00f3 acreditadas ese juzgador para, en definitiva, como se indic\u00f3, contabilizar como comisi\u00f3n total la suma correspondiente a solo dos operaciones y, con tal base, ajustar las cuentas de la cesant\u00eda comercial y de la indemnizaci\u00f3n equitativa. <\/p>\n
5.6. La correcta acreditaci\u00f3n de la trascendencia del error soporte de la acusaci\u00f3n, considerada la fundamentaci\u00f3n que se expuso en respaldo de la misma, exig\u00eda del recurrente fijar el correcto valor de la comisi\u00f3n de las siete ventas directas relacionadas por el ad quem, con explicaci\u00f3n detallada de las bases del c\u00e1lculo que hiciera e indicaci\u00f3n de las pruebas soportantes de tal cuantificaci\u00f3n, y establecer as\u00ed que el monto de esa manera determinado, le era beneficioso, por ser menor al fijado por esa autoridad, labor\u00edo que no hizo y que implic\u00f3 dejar el cargo a mitad de camino. <\/p>\n
5.7. Es que siendo la casaci\u00f3n un recurso extraordinario sometido al principio dispositivo, raz\u00f3n por la cual solamente lo que exponga su proponente es lo que la Corte puede considerar para resolverlo, sin serle dable, por ende, completar la acusaci\u00f3n y, menos, identificar a su antojo las pruebas que sirven a los prop\u00f3sitos de lo aducido por el censor, no hay c\u00f3mo, en este caso, ante el dislate propuesto por el impugnante, establecer la verdadera la trascendencia del yerro denunciado, omisi\u00f3n que por s\u00ed sola impide reconocerle eficacia casacional. <\/p>\n
6. As\u00ed las cosas, el cargo, pese a haberse comprobado el yerro en que se fundament\u00f3, no merece acogimiento. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Fincada en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente enrostr\u00f3 a la sentencia combatida ser directamente violatoria de los c\u00e1nones 1324 y 1327 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, imputaci\u00f3n que sustent\u00f3 de la manera que a continuaci\u00f3n se resume: <\/p>\n
1. El primero de los referidos preceptos consagra que la cesant\u00eda comercial corresponde \u201c(\u2026) \u2018a la doceava parte del promedio de la comisi\u00f3n, regal\u00eda o utilidad recibida en los \u00faltimos tres a\u00f1os, por cada uno de vigencia del contrato\u2019 (\u2026)\u201d, habiendo entendido el Tribunal que la expresi\u00f3n resaltada \u201cequivale estrictamente a las comisiones efectivamente pagadas y no a las que tiene derecho el agente\u201d. <\/p>\n
2. Muestra de ello, es que esa Corporaci\u00f3n, al calcular el valor del indicado rubro, \u201cno tuvo en cuenta el valor de las ventas realizadas, sino el de las comisiones efectivamente pagadas a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]\u201d, apreciaci\u00f3n con la que \u201cexcluy\u00f3, autom\u00e1ticamente y sin m\u00e1s, cualquier otro alcance para efectos de estimar la [c]esant\u00eda [c]omecial, concretamente, las comisiones causadas, es decir, a las que efectivamente ten\u00eda derecho\u201d la agente, \u201ccon independencia de haber sido \u00e9stas pagadas o no por parte de Cameco\u201d. <\/p>\n
3. Con esa interpretaci\u00f3n, se abri\u00f3 la puerta para que el agenciado no pague las comisiones, o lo haga por un valor inferior al que en realidad corresponda, entendimiento equivocado que, adicionalmente, contradice el criterio expuesto por la Corte en la sentencia citada parcialmente por la impugnante. <\/p>\n
CONSDERACIONES <\/p>\n
1. Previamente a asumir el estudio en concreto del cargo en cuesti\u00f3n, se hace necesario hacer una nueva incursi\u00f3n en el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
1.1. Antes de ocuparse de la cesant\u00eda comercial, el Tribunal discurri\u00f3 sobre otros temas, de los cuales interesa destacar aqu\u00ed los dos siguientes: <\/p>\n
1.1.1. Tras definir que para la comercializaci\u00f3n de la maquinaria industrial producida por Cameco, actualmente John Deere Thibodaux Inc., esta empresa y Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. celebraron un protot\u00edpico contrato de agencia mercantil, y aparejadamente, que para la de los repuestos, convinieron uno de distribuci\u00f3n, el ad quem evalu\u00f3 si ese inicial acuerdo fue incumplido por la citada agenciada, y por ende, si la nombrada agente le puso fin al mismo con justa causa. <\/p>\n
Sobre el particular concluy\u00f3 que en efecto ello fue as\u00ed, pues la primera vendi\u00f3 directamente en Colombia, sin pagar a la primigenia actora la comisi\u00f3n a que ten\u00eda derecho, siete equipos en total, dos a Colremaq S.A, y uno a Fredy Molina, Aicardo Molina, Ingenio Riopaila S.A., Ingenio Central Castilla S.A. e Ingenio Manuelita S.A., respectivamente. <\/p>\n
1.1.2. Establecido lo anterior, procedi\u00f3 a liquidar el valor de las comisiones derivadas de esas negociaciones, que consider\u00f3 adeudadas por John Deere Thibodaux Inc. a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., lo que hizo en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
En este orden de ideas esta Sala procede a efectuar la liquidaci\u00f3n para efectos del reconocimiento de las comisiones por las ventas directas realizadas por John Deere [Thibodaux Inc.] en vigencia del contrato, teniendo en cuenta los valores establecidos por el perito Federman Valencia, en su dictamen (Fl. 127 C. 4 Pruebas Actora), ya que este punto no fue objeto de controversia, y en relaci\u00f3n con la venta de las dos m\u00e1quinas a COLREMAQ se tendr\u00e1[n] los valores establecidos en el reporte de ventas aportado por John Deere [Thibodaux Inc.] (Fl. 167 C. 5), as\u00ed: <\/p>\n
<\/p>\n
Importador <\/p>\n
Valor de la venta <\/p>\n
Porcentaje <\/p>\n
En pesos <\/p>\n
1. COLREMAQ S.A. <\/p>\n
USD 220.684.00 <\/p>\n
USD 46.343.64 <\/p>\n
(21%) <\/p>\n
$132.818.092 <\/p>\n
2. COLREMAQ S.A. <\/p>\n
USD 220.684.00 <\/p>\n
USD 46.343.64 <\/p>\n
(21%) <\/p>\n
$132.818.092 <\/p>\n
3. FREDY MOLINA <\/p>\n
USD 231.598.00 <\/p>\n
USD 64.847.44 <\/p>\n
(24%) <\/p>\n
$164.613.281.02 <\/p>\n
4. AICARDO MOLINA <\/p>\n
USD 231.598.00 <\/p>\n
USD 64847.44 <\/p>\n
(24%) <\/p>\n
$164.613.281.02 <\/p>\n
5. INGENIO RIOPAILA <\/p>\n
USD 170.968.17 <\/p>\n
USD 41.032.36 <\/p>\n
(24%) <\/p>\n
$116.485.948.43 <\/p>\n
6. I. CENTRAL CASTILLA <\/p>\n
USD 170.968.17 <\/p>\n
USD 41.032.36 <\/p>\n
(24%) <\/p>\n
$111.965.002.91 <\/p>\n
7. I. MANUELITA S.A. <\/p>\n
USD 159.520.00 <\/p>\n
USD 38.284.80 <\/p>\n
(24%) <\/p>\n
$104.945.145.22 <\/p>\n
Total por comisiones dejadas de pagar a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]: USD 341.731,68. <\/p>\n
1.2. Ya en punto de la cesant\u00eda comercial, el ad quem se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026): Esta condena fue tasada por el fallador de primer grado a partir de la cuantificaci\u00f3n de presuntas comisiones relativas al total de las ventas de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] en Colombia, desconociendo que parte de esas ventas eran realizadas directamente a HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] para la distribuci\u00f3n de productos en el territorio nacional. Esto distorsion\u00f3, por supuesto, el monto de la comisi\u00f3n que tuvo por cierta el juez a quo, que difiere de manera sustancial respecto de las comisiones efectivamente pagadas que consign\u00f3 en su declaraci\u00f3n juramentada (affidavit) la se\u00f1ora Lori Trotti, en respuesta a una probanza oficiosa decretada en el marco de la primera instancia. <\/p>\n
Es por ello que, con miras a escindir las operaciones de agencia de las de distribuci\u00f3n, no tendr\u00e1 en cuenta esta Corporaci\u00f3n el monto de las ventas efectivas (para a partir de all\u00ed, calcular artificialmente las comisiones), sino el de esas comisiones efectivamente pagadas por JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] a HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.], las que ascienden, para el per\u00edodo de tres a\u00f1os inmediatamente anterior a la terminaci\u00f3n del contrato, a USD 328.266,66, seg\u00fan se sigue de la relaci\u00f3n de pagos que obra a folios 1759 a 1767 del cuaderno principal No. 6. <\/p>\n
Cantidad a la cual se le debe sumar el valor de las comisiones que John Deere [Thibodaux Inc.] dej\u00f3 de cancelar a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] por las ventas directas que realiz\u00f3 en el territorio colombiano, en vigencia del contrato de agencia comercial, el que corresponde a la suma de USD 341.731,68, que sumados a la anterior cifra (USD 328.266,66), arroja un resultado de USD 669.998.34. <\/p>\n
Luego de reproducir el mandato del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio y de dejar en claro que el agente tiene derecho a la cesant\u00eda comercial independientemente de la causa de terminaci\u00f3n del contrato, planteamiento que sustent\u00f3 con la reproducci\u00f3n parcial de un fallo de esta Corte, el sentenciador de segunda instancia a\u00f1adi\u00f3: <\/p>\n
En tal sentido, insiste el Tribunal, a la terminaci\u00f3n del contrato de agencia que at\u00f3 a ambos litigantes por espacio de 26 a\u00f1os, 2 meses y 2 d\u00edas, el demandante tendr\u00eda derecho al pago de una suma equivalente a una doceava parte de USD $223.332.78 (el promedio de la comisi\u00f3n, regal\u00eda o utilidad recibida en los tres \u00faltimos a\u00f1os de vigencia del aludido negocio jur\u00eddico por HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.]), es decir, USD $18.611,065 multiplicada por el lapso anual antes se\u00f1alado (26 a\u00f1os), para una cesant\u00eda de USD $483.887.69. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, el sentenciador de segundo nivel, con fundamento en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, index\u00f3 la anterior suma de dinero \u201cdurante el lapso transcurrido entre la fecha en que se hizo exigible la prestaci\u00f3n de marras (terminaci\u00f3n del contrato) hasta la fecha actual\u201d, para lo cual aplic\u00f3 la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor certificada por el DANE, obteniendo la suma total y definitiva de US $846.803.45. <\/p>\n
2. La acusaci\u00f3n objeto de estas consideraciones trat\u00f3 sobre el quebranto directo de los art\u00edculos 1324 y 1327 del C\u00f3digo de Comercio, habida cuenta que para liquidar la cesant\u00eda comercial a que en este caso tiene derecho la primigenia demandante, el ad quem solamente tuvo en cuenta las comisiones efectivamente pagadas y no todas a las que aqu\u00e9lla ella ten\u00eda y tiene derecho, independientemente de si fueron o no atendidas, actitud con la que, en opini\u00f3n de la recurrente, esa autoridad restringi\u00f3 el sentido y verdadero alcance del primero de esos preceptos, am\u00e9n que entroniz\u00f3 un entendimiento propicio para que los agenciados adopten como pr\u00e1ctica no sufragar las comisiones, o lo hagan por menor valor al que legalmente corresponda, buscando con ello obstaculizar el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de que se trata o reducir de forma importante su monto. <\/p>\n
3. Apreciado en todo su contexto el fallo confutado, propio es advertir, desde ya, que \u00e9l no presenta la deformaci\u00f3n jur\u00eddica que le atribuy\u00f3 la censura, pues si bien es verdad el Tribunal, ex profeso, no tuvo en cuenta la totalidad de las ventas que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. realiz\u00f3 en Colombia en el per\u00edodo de los tres a\u00f1os anteriores a la terminaci\u00f3n del contrato para el c\u00e1lculo de la cesant\u00eda comercial, ello obedeci\u00f3 a que en ese valor, que fue la base de la que parti\u00f3 el a quo para la cuantificaci\u00f3n de la misma, se inclu\u00edan las negociaciones derivadas de la comercializaci\u00f3n de repuestos, que no fueron parte del contrato de agencia, sino del coligado de distribuci\u00f3n que esa autoridad igualmente hall\u00f3 celebrado entre las partes, por lo que estim\u00f3 que, tomar como fundamento para establecer el quantum de la prestaci\u00f3n en comento aquel rubro -total de ventas, se itera-, implicaba inflar impropiamente la cuant\u00eda de la misma. <\/p>\n
Es que, como se vio, con anterioridad a cuando el sentenciador de segunda instancia se ocup\u00f3 del tasar la cesant\u00eda comercial en favor de la primigenia actora, ya hab\u00eda definido que para el mercadeo de los repuestos de la maquinaria producida por John Deere Thibodaux Inc. por parte de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. ellas, paralelamente a la agencia comercial, implementaron un contrato de distribuci\u00f3n, raz\u00f3n por la que se vio obligado a excluir del c\u00e1lculo de la prestaci\u00f3n en referencia, el resultado econ\u00f3mico de ese otro negocio jur\u00eddico, es decir, la venta de repuestos efectuada por la segunda a los clientes de la primera, en el territorio nacional. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando el ad quem expres\u00f3 que \u201cno [se] tendr\u00e1 en cuenta (\u2026) el monto de las ventas efectivas (para a partir de all\u00ed, calcular artificialmente las comisiones), sino el de esas comisiones efectivamente pagadas por JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] a HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.]\u201d, no realiz\u00f3 ninguna interpretaci\u00f3n restrictiva del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, sino que simplemente dio alcance al error del sentenciador de primera instancia, el cual tas\u00f3 el aludido rubro \u201ca partir de la cuantificaci\u00f3n de presuntas comisiones relativas al total de las ventas de JOHN DEERE [Thibodaux Inc.] en Colombia, desconociendo que parte de esas ventas eran realizadas directamente a HUGO BARRAG\u00c1N [y C\u00eda. Ltda.] para la distribuci\u00f3n de productos en el territorio nacional\u201d, con lo que \u201cdistorsion\u00f3\u201d sensiblemente el valor de la misma. <\/p>\n
4. Para abundar en razones, pertinente es acotar que, como igualmente ya se consign\u00f3, luego de explicitar esas consideraciones, el Tribunal concret\u00f3 la cesant\u00eda comercial y, para determinar su monto, sum\u00f3 a las comisiones \u201cefectivamente pagadas\u201d aquellas que ni siquiera hab\u00edan sido liquidadas y, por lo mismo, que no hab\u00edan sido satisfechas por la agenciada, correspondientes a las derivadas de las ventas directas que John Deere Thibodaux Inc. realiz\u00f3 en el pa\u00eds durante la vigencia del contrato, cuyo valor ya hab\u00eda establecido, inclusi\u00f3n que desmiente que el entendimiento que este juzgador dio a las normas disciplinantes de la cesant\u00eda comercial, fue el que la recurrente indebidamente infiri\u00f3 y, consecuencialmente, reproch\u00f3. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, el cargo, no se abre camino. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO QUINTO <\/p>\n
Con respaldo en la causal segunda de casaci\u00f3n, se denunci\u00f3 la sentencia materia de la censura extraordinaria por ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 1318, 1322, 1324 y 1327 del C\u00f3digo de Comercio, debido al error de derecho cometido \u201cal calcular el valor de la [c]esant\u00eda [c]omercial\u201d, que comport\u00f3 la infracci\u00f3n del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
La promotora de la acusaci\u00f3n, en su respaldo, expres\u00f3: <\/p>\n
1. Para el referido c\u00e1lculo, el ad quem se apoy\u00f3, fundamentalmente, en la declaraci\u00f3n juramentada rendida por la se\u00f1ora Lori Trotti el 24 de marzo de 2016, relativa a las comisiones pagadas por John Deere Thibodaux Inc. a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. durante los tres a\u00f1os anteriores a la terminaci\u00f3n del contrato de agencia comercial, estimadas all\u00ed en la suma de US $328.266.66, y en el dictamen rendido por el perito Federman Valencia Diez, en el que se liquid\u00f3 el valor de las comisiones derivadas de las ventas directas realizadas en vigencia del contrato de agencia por dicha empresa, monto que dicho sentenciador apreci\u00f3 para fijar la cuant\u00eda de la cesant\u00eda comercial, seg\u00fan se desprende de los pasajes del fallo de segunda instancia reproducidos por la recurrente. <\/p>\n
2. Ese comportamiento decisorio signific\u00f3 la falta de valoraci\u00f3n conjunta de esos medios probatorios, entre s\u00ed, y de ellos en asocio con las declaraciones juramentadas que la misma se\u00f1ora Lori Trotti efectu\u00f3 los d\u00edas 19 de septiembre de 2013 y 8 de agosto de 2016, que de haber realizado el Tribunal lo habr\u00eda llevado a calcular de manera diferente la prestaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
3. En efecto, la ponderaci\u00f3n panor\u00e1mica de los medios de convicci\u00f3n hubiese permitido a dicho sentenciador establecer que la se\u00f1ora Lori Trotti, en la declaraci\u00f3n inicial que rindi\u00f3 (19 de septiembre de 2013), se refiri\u00f3 al pago tard\u00edo de una comisi\u00f3n por \u201cUSD 130.249,28\u201d que no relacion\u00f3 en la segunda versi\u00f3n mencionada (24 de marzo de 2016), diferencia que ella explic\u00f3 y aclar\u00f3 en la \u00faltima (8 de agosto de 2016), que la recurrente reprodujo en lo que estim\u00f3 pertinente. <\/p>\n
5. Finamente, la recurrente observ\u00f3 que en la sumatoria de las comisiones pagadas a Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. que efectu\u00f3 el Tribunal en su fallo, incurri\u00f3 en un error aritm\u00e9tico, pues esa operaci\u00f3n totalizaba US $342.731.68 y no US $341.731.68, como lo se\u00f1al\u00f3 esa autoridad. <\/p>\n
6. Termin\u00f3 explicando la forma c\u00f3mo los advertidos errores ocasionaron la infracci\u00f3n de las normas sustanciales mencionadas al inicio del cargo y la incidencia de los mismos, como quiera que fue, a consecuencia de ellos, que se tas\u00f3 la cesant\u00eda comercial en US $483.887.69. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO SEXTO <\/p>\n
Soportada tambi\u00e9n en la segunda causal de casaci\u00f3n, la impugnante reproch\u00f3 que la providencia objeto de inconformidad vulner\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 1324 y 1327 del C\u00f3digo de Comercio, en atenci\u00f3n a trascendentes y manifiestos errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, que llevaron al Tribunal a concluir que \u201cdurante los \u00faltimos 3 a\u00f1os de la relaci\u00f3n comercial, Cameco pag\u00f3 efectivamente a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] la suma de USD 328.266,66 por concepto de comisiones, cuando lo cierto es que dicho valor correspondi\u00f3 realmente a la suma de USD 458.515,20\u201d. <\/p>\n
Los fundamentos de la queja, admiten el siguiente resumen: <\/p>\n
1. Tras reiterar que para el c\u00e1lculo de la cesant\u00eda comercial el ad quem se respald\u00f3 en las pruebas especificadas en el cargo anterior, la acusadora, en pro del ataque de que ahora se trata, esgrimi\u00f3 similares argumentos a los que expuso en la primera parte de esa censura, esto es, los relacionados con las declaraciones juramentadas rendidas por la se\u00f1ora Lori Trotti, pero aqu\u00ed ya no adujo la falta de valoraci\u00f3n conjunta de ellas, sino el cercenamiento de la versi\u00f3n que la nombrada suministr\u00f3 el 19 de septiembre de 2013, toda vez que el precitado sentenciador no tuvo en cuenta el pago tard\u00edo de una comisi\u00f3n por valor de US $130.249,28 que la exponente all\u00ed refiri\u00f3. <\/p>\n
2. Adicionalmente, la impugnante denunci\u00f3 la preterici\u00f3n de la declaraci\u00f3n del 8 de agosto de 2016, en la que la exponente explic\u00f3 las razones para que en sus dos declaraciones anteriores hubiere mencionado valores diferentes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se extracta del compendi\u00f3 precedente, que el error de derecho denunciado en el cargo quinto, consistente en la falta de apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas indicadas en el desarrollo de la censura, repercuti\u00f3 en dos frentes diversos: <\/p>\n
1.1. De un lado, en que el Tribunal, para la concreci\u00f3n de la cesant\u00eda comercial que reconoci\u00f3 en favor de la primigenia demandante, \u00fanicamente tuvo en cuenta las comisiones se\u00f1aladas por la testigo Lori Trotti en la declaraci\u00f3n juramentada rendida en el exterior el 24 de marzo de 2016 (fls. 1759 a 1774., cd. 10), que totalizaron la suma de US $328.266.66, y dej\u00f3 de lado la adicional por valor de US $130.249.28, que la misma deponente hab\u00eda relacionado en una declaraci\u00f3n similar rendida con anterioridad, el 19 de septiembre de 2013 (fls. 160 a 167, cd. 5, Pruebas de la Parte Actora), ignorando a la vez las explicaciones que sobre esa diferencia ofreci\u00f3 la misma deponente en otra declaraci\u00f3n que data del 8 de agosto de 2016, militante en los folios 1921 a 1929 tambi\u00e9n del cuaderno No. 10. <\/p>\n
1.2. Y, de otro, en que al tomar el valor fijado por el perito Valencia Diez a las comisiones causadas por las ventas directas que realiz\u00f3 John Deere Thibodaux Inc. durante la vigencia del contrato de agencia comercial, el ad quem no se percat\u00f3 que el mismo se determin\u00f3 con base en los \u201cprecios FOB (Franco a Bordo)\u201d, es decir, en \u201cvalores que adem\u00e1s del precio en s\u00ed del producto, inclu[\u00edan] costos adicionales como el de embalaje, el de transporte y el de abordaje en el puerto de origen\u201d, desatin\u00f3 que, en parte, motiv\u00f3 la prosperidad de la objeci\u00f3n que se formul\u00f3 contra dicha experticia, y que signific\u00f3 un indebido incremento de las mismas, que se traslad\u00f3 al c\u00e1lculo de la cesant\u00eda comercial, toda vez que dicha autoridad tuvo en cuenta tales comisiones en la determinaci\u00f3n de esta \u00faltima. <\/p>\n
2. A su turno, en el cargo sexto se adujo el mismo desacierto sobre el que vers\u00f3 la primera parte del cargo anteriormente comentado, pero como consecuencia de la indebida apreciaci\u00f3n y la preterici\u00f3n de las primera y \u00faltima declaraciones rendidas por la se\u00f1ora Lori Trotti, respectivamente. <\/p>\n
3. La proximidad de los reproches contenidos, por una parte, en el primer segmento del cargo quinto y, por otra, en el cargo sexto, justifican la acumulaci\u00f3n de estas acusaciones, a lo que se a\u00f1ade que unas mismas razones conducir\u00e1n a colegir el fracaso de ambas, como pasa a elucidarse: <\/p>\n
3.1. Por disposici\u00f3n del art\u00edculo 164 de C\u00f3digo General del Proceso, \u201c[t]oda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u201d, precepto del que se deriva que los \u00fanicos elementos de juicio en los que pueden sustentarse las sentencias, son aquellos obtenidos con plena satisfacci\u00f3n de las normas disciplinantes de su aportaci\u00f3n, solicitud, decreto, pr\u00e1ctica y valor demostrativo. <\/p>\n
Por consiguiente, la ponderaci\u00f3n individual e integral a que se refiere el art\u00edculo 176 del mismo estatuto, al prever que \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d, y que \u201c[e]l juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d, debe armonizar con aquel mandato, de modo que, en definitiva, las pruebas regulares y oportunas, sean las que orienten el juicio del fallador y a las que no cumplan esas condiciones, se les niegue tal efecto. <\/p>\n
3.2. Mediante auto del 12 de febrero de 2016, el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Cali, por una parte, avoc\u00f3 el conocimiento del presente asunto litigioso y, por otro, decret\u00f3 de oficio, entre otras pruebas, que \u201clas demandadas John Deere Thibodaux Inc. y Deere & Co., (\u2026), procedan a informar a este Despacho lo siguiente: a) El monto total de las sumas de dinero pagadas, por cualquier concepto, a la sociedad aqu\u00ed demandante, esto durante el per\u00edodo de tres a\u00f1os que antecedi\u00f3 a la fecha de fenecimiento de la relaci\u00f3n comercial a la que alude Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. en su demanda. (\u2026). Esta informaci\u00f3n deber\u00e1 presentarse de manera que pueda individualizarse la fuente y el concepto de todos los pagos que hubieren tenido lugar en el contexto negocial y temporal antes mencionado\u201d (fls. 1719 a 1721, cd. 10). <\/p>\n
En cumplimiento de esa determinaci\u00f3n, las accionadas, por intermedio de su apoderado judicial, allegaron, entre otros documentos, la declaraci\u00f3n juramentada rendida en el exterior por la se\u00f1ora Lori Trotti el 24 de marzo de 2016, en su condici\u00f3n de \u201cSupervisora de Contabilidad\u201d de John Deere Thibodaux Inc., acompa\u00f1ada de una relaci\u00f3n de la cuenta de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. correspondiente al per\u00edodo comprendido entre el 5 de marzo de 2001 e igual d\u00eda de 2004, as\u00ed como de la explicaci\u00f3n de la misma, en la que figura que los pagos por comisiones se efectuaron los d\u00edas 25 de julio, 23 de septiembre, 30 de noviembre y 23 de diciembre de 2001; 24 de marzo, 23 de junio, 28 de julio, 25 de agosto y 24 de noviembre de 2002; y 1\u00ba de febrero, 23 del mismo mes, 28 de septiembre y 30 de noviembre de 2003, por una suma total de US $328.266.66, documentos todos traducidos debidamente del idioma ingl\u00e9s al castellano (fls. 1759 a 1774, cd. 10). <\/p>\n
De esa declaraci\u00f3n, as\u00ed como de los restantes documentos allegados por las demandadas, el a quo corri\u00f3 traslado a la parte actora mediante auto del 13 de abril de 2016 (fl. 1849, cd. 10), oportunidad en la que \u00e9sta manifest\u00f3 reparos respecto de la informaci\u00f3n suministrada, particularmente, porque no correspond\u00eda a la que con anterioridad hab\u00eda suministrado la misma persona (fls. 1850 a 1853, cd. 10). <\/p>\n
3.3. Sin mediar ninguna otra determinaci\u00f3n del juzgado, las demandadas allegaron una nueva declaraci\u00f3n juramentada de la se\u00f1ora Lori Trotti, que data del 8 de agosto de 2016, mediante la cual explic\u00f3, en resumen, que la informaci\u00f3n dada por ella los d\u00edas 19 de septiembre de 2013 y 24 de marzo de 2016, corresponde a per\u00edodos diferentes, raz\u00f3n por la cual no incluye los mismos datos, am\u00e9n de otras precisiones (fls. 1919 a 1929, cd. 10). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta declaraci\u00f3n no figura que se hubiere corrido traslado alguno, toda vez que a continuaci\u00f3n de su recepci\u00f3n se profiri\u00f3 el auto del 26 de agosto de 2016, mediante el cual se declar\u00f3 precluido el t\u00e9rmino probatorio y se convoc\u00f3 a las partes para la audiencia prevista en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso (fl. 1930, cd. 10). <\/p>\n
3.4. En la audiencia en la que el representante legal de John Deere Thibodaux Inc., se\u00f1or Luis Enrique Rodr\u00edguez, absolvi\u00f3 el interrogatorio de parte decretado a instancia de la parte actora, verificada el 8 de noviembre de 2013, \u00e9ste, frente a la pregunta: \u201cEn respuesta anterior [U]sted se\u00f1al\u00f3 que en el caso de IMECOL despu\u00e9s de la venta que realiz\u00f3 la se\u00f1ora MAR[\u00cd]A FERNANDA CONDE se habr\u00eda definido un margen o ganancia y supuestamente, dicho margen o ganancia se le habr\u00eda consignado a HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. [Ltda.]. S\u00edrvase indicarle al despacho a qu\u00e9 porcentaje sobre el valor de la venta ascendi\u00f3 el margen o ganancia que [U]stedes, seg\u00fan su dicho[,] habr\u00edan definido y consignado al distribuidor\u201d, luego de responder que \u201c[l]os m\u00e1rgenes de ganancia los variaba el distribuidor dependiendo de la negociaci\u00f3n\u201d, aport\u00f3, seg\u00fan constancia dejada por el despacho, un documento en 8 folios y a\u00f1adi\u00f3 que \u201c[l]o que quiero demostrar es los diferentes m\u00e1rgenes que ten\u00eda y de acuerdo a este documento hab\u00eda m\u00e1rgenes del 4.2% hasta el 35%\u201d (fls. 146 a 159, cd. 5, Pruebas Parte Actora). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n del acta contentiva de la prueba, figura un documento titulado \u201cAffidavit Of Lori T. Trotti\u201d, fechado el \u201c19th day of September, 2013\u201d, acompa\u00f1ado de otro rotulado como \u201cStatement of Explanation For Account of Hugo Barrag[\u00e1]n & C[\u00ed]a[.] Ltda[.]\u201d y de un cuadro denominado \u201cAnnex 1 \u2013 Hugo Barrag[\u00e1]n & C[\u00ed]a[.] Ltda[.]\u201d, todos en copia informal y en idioma ingl\u00e9s. <\/p>\n
3.5. Significa lo expuesto, que el \u00fanico de los elementos de juicio atr\u00e1s relacionados que puede calificarse como regular y oportunamente allegado al proceso, es el primero, pues su aportaci\u00f3n obedeci\u00f3 al decreto oficioso de pruebas adoptado por el a quo, satisfizo las formalidades de obrar en original y haberse traducido al castellano en legal forma y cumpli\u00f3 el requisito de contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Por el contrario, los otros dos no. <\/p>\n
La declaraci\u00f3n del 19 de septiembre de 2013, si bien es cierto fue aportada dentro del interrogatorio del parte absuelto por el representante legal de John Deere Thibodaux Inc., lo que autorizaba el inciso 5\u00ba del art\u00edculo 208 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma rectora de la prueba por ser la que estaba vigente al momento de su pr\u00e1ctica, se alleg\u00f3 en fotocopia informal y no cuenta con la respectiva traducci\u00f3n. <\/p>\n
Por su parte, la versi\u00f3n fechada el 8 de agosto de 2016 no est\u00e1 respaldada por solicitud, ni decreto del juez, am\u00e9n que no goz\u00f3 de oportunidad alguna para ser debatida. <\/p>\n
3.6. Siendo ello as\u00ed, como en efecto lo es, la falta de ponderaci\u00f3n, individual y de conjunto, de esas manifestaciones y documentos, mal pudo configurar el error de hecho denunciado en el cargo sexto, o el de derecho advertido en la primera parte del cargo quinto, pues la ocurrencia de uno y otro yerro exige, como presupuesto indispensable, que las pruebas sobre las que versen, sean jur\u00eddicamente apreciables. <\/p>\n
Precisamente, refiri\u00e9ndose al yerro f\u00e1ctico, la Sala insistentemente ha predicado que su acaecimiento \u201cexige, como m\u00ednimo, seg\u00fan lo tiene igualmente decantado esta Corporaci\u00f3n, que la prueba exista en el proceso y que pueda apreciarse v\u00e1lidamente\u201d (CSJ, SC 3368 del 23 de agosto de 2019, Rad. n.\u00b0 2009-00167-01). <\/p>\n
3.7. Por lo dicho, las referidas acusaciones, no est\u00e1n llamadas a acogerse. <\/p>\n
4. Fijada la atenci\u00f3n en el segundo reproche del cargo quinto, se establece: <\/p>\n
4.1. A voces del art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, uno de los fines del recurso de casaci\u00f3n es \u201creparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida\u201d, prop\u00f3sito que gu\u00eda el inter\u00e9s que debe existir en quien lo propone. <\/p>\n
Por tal virtud, es doctrina jurisprudencial de esta Sala que, en trat\u00e1ndose de esa forma de impugnaci\u00f3n, quien acude a ella \u201cact\u00fae legitimado\u201d y, adem\u00e1s, que \u201ctenga la facultad de plantear cada uno de los cargos que aduzca con el prop\u00f3sito de combatir la sentencia blanco de su ataque, posibilidad que deriva de que las especificas decisiones cuestionadas a trav\u00e9s de ellos, le irroguen en verdad un perjuicio suficiente que habilite su cuestionamiento impugnativo (CSJ, SC 19884 del 28 de noviembre de 2017, Rad. n.\u00b0 2009-00422-01; se subraya). <\/p>\n
Tal exigencia, como de anta\u00f1o lo tiene clarificado la Sala, traduce que \u201cfrente a la resoluci\u00f3n cuya infirmaci\u00f3n se propone obtener, considerada esta \u00faltima desde el punto de vista de sus efectos pr\u00e1cticos determinados por las providencias en ella adoptadas por el \u00f3rgano jurisdiccional en orden a juzgar sobre el fundamento del litigio, ha de encontrarse [el] recurrente en una relaci\u00f3n tal que le permita conceptuarse perjudicado y as\u00ed justificar su actuaci\u00f3n encaminada a pedir la tutela que el recurso de casaci\u00f3n dispensa\u201d (CSJ, SC del 7 de septiembre de 1993, Rad. n.\u00b0 3475, G.J., T. CCXXV, p\u00e1g. 433; se subraya). <\/p>\n
4.2. En el indicado cuestionamiento, su proponente censur\u00f3 la liquidaci\u00f3n de las comisiones de las ventas directas que realiz\u00f3 John Deere Thibodaux Inc. durante la vigencia del contrato de agencia, que el Tribunal defini\u00f3, a su decir, acogiendo el dictamen pericial rendido por el se\u00f1or Federman Valencia Diez, toda vez que fueron excesivas, en la medida que \u00e9ste, para su c\u00e1lculo, tom\u00f3 los valores FOB de las m\u00e1quinas enajenadas, que inclu\u00edan componentes diferentes a su valor, como embalaje, transporte y abordaje; y que ese mayor valor el ad quem lo traslad\u00f3 al de la cesant\u00eda comercial, pues para su determinaci\u00f3n tuvo en cuenta esa primera cuantificaci\u00f3n. <\/p>\n
4.3. Tal comprensi\u00f3n de la censura, deja en evidencia la falta de inter\u00e9s de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. para plantearla, pues la concreci\u00f3n, por una parte, de las comisiones derivadas de las se\u00f1aladas enajenaciones directas de equipos por parte de la premencionada demandada y, por otra, de la cesant\u00eda comercial, fueron en su favor, de modo que si se incurri\u00f3 en error por exceso de su monto, tal desafuero del sentenciador de segunda instancia no irrog\u00f3 un perjuicio a los derechos de la precitada recurrente sino de su contraria, a la que, precisamente, se impuso el pago de esos rubros, de donde la \u00fanica interviniente asistida de legitimaci\u00f3n para elevar tal censura era John Deere Thibodaux Inc., accionada que como se vio al desatarse el cargo \u00fanico que propuso en casaci\u00f3n, no denunci\u00f3 dicho exceso, propiamente dicho, sino que enrostr\u00f3 al Tribunal un yerro de caracter\u00edsticas diferentes. <\/p>\n
4.4. As\u00ed las cosas, se colige, en cuanto hace a la analizada acusaci\u00f3n, que su proponente no est\u00e1 asistida de inter\u00e9s para proponerlo. <\/p>\n
5. En suma, ninguno de los dos cargos en precedencia explorados merece reconocimiento, debi\u00e9ndose agregar que los errores aritm\u00e9ticos no son susceptibles de corregirse en casaci\u00f3n, toda vez que para su enderezamiento la ley procesal prev\u00e9 un mecanismo diferente (art. 286, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO S\u00c9PTIMO <\/p>\n
Con estribo en el primero de los motivos que sirve al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, se atribuy\u00f3 a la sentencia de segunda instancia ser directamente violatoria de los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
La recurrente, luego de transcribir la precitada norma, expuso los planteamientos que enseguida se compendian: <\/p>\n
1. El Tribunal err\u00f3 al sostener, en relaci\u00f3n con dicho precepto, que la indemnizaci\u00f3n equitativa en \u00e9l contemplada, no puede ser cuantificada en equidad, esto es, que dicho criterio \u201cno es (\u2026) v\u00e1lido para la estimaci\u00f3n\u201d de ese factor, pese a que \u201cla propia norma establece que se pagar\u00e1 en favor del agente \u2018una indemnizaci\u00f3n equitativa\u2019\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la impugnante asever\u00f3 que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal, so pretexto de consultar su esp\u00edritu; que desconocer el indicado elemento auxiliar como determinador id\u00f3neo del indicado rubro, implic\u00f3 traicionar el genuino sentido de la disposici\u00f3n legal que se comenta; que equidad, seg\u00fan el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola, significa \u201c(\u2026) \u2018[j]usticia natural, por oposici\u00f3n a la letra de la ley positiva\u2019 (\u2026)\u201d; que por consiguiente, la indemnizaci\u00f3n equitativa en menci\u00f3n, \u201ces aquella que se reconoce con base en una justicia natural, y no con base en disposiciones positivas y objetivamente prestablecidas\u201d; y que, en consecuencia, \u201c[s]e trata, pues, de la fijaci\u00f3n de una retribuci\u00f3n que, no estando expresamente tarifada por la ley, atiende al principio moral seg\u00fan el cual debe darse a cada uno lo que corresponde\u201d. <\/p>\n
En apoyo de esos planteamientos, la recurrente reprodujo en parte la sentencia C-990 de 2006 de la Corte Constitucional y a\u00f1adi\u00f3 que el Tribunal descontextualiz\u00f3 la cita jurisprudencial que invoc\u00f3, pues en ese fallo, los factores que esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3 no susceptibles de fijarse con base en la equidad, fueron el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, completamente diferentes a la indemnizaci\u00f3n equitativa. <\/p>\n
2. Tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 el ad quem cuando, para tener en cuenta la extensi\u00f3n del contrato, a efecto de la tasaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n equitativa, exigi\u00f3 la demostraci\u00f3n de los costos en que incurri\u00f3 el agente, o el incremento progresivo de las ventas y el mercado, en tanto que el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio establece que \u201c(\u2026) \u2018[p]ara la fijaci\u00f3n del valor de la indemnizaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta la extensi\u00f3n, importancia y volumen de los negocios que el agente adelant\u00f3 en desarrollo del contrato\u2019 (\u00e9nfasis a\u00f1adido)\u201d, sin sujetar estos factores a \u201cning\u00fan tipo de condicionamiento o exigencia mayor\u201d, siendo m\u00e1s reprochable su actitud, por cuanto las restricciones que impuso, las hizo actuar en contra de la parte que \u201cla ley busca proteger o favorecer (el agente), obstaculizando o dificultando la materialidad o efectividad de sus derechos\u201d. <\/p>\n
Sobre el particular, la recurrente acot\u00f3 que, conforme lo ense\u00f1a el art\u00edculo 1324 del estatuto mercantil, con la indemnizaci\u00f3n equitativa lo que se busca es retribuir los \u201cesfuerzos para acreditar la marca, la l\u00ednea de productos o los servicios\u201d, raz\u00f3n por la cual a \u201cmayor esfuerzo en el tiempo, mayor debe ser la [i]ndemnizaci\u00f3n [e]quitativa, pues se saldr\u00eda de todo concepto de justicia tratar como iguales, por ejemplo, 1 a\u00f1o de esfuerzo y 30 a\u00f1os de esfuerzo\u201d. <\/p>\n
Destac\u00f3 que fue doble el error del ad quem, toda vez que no solo impuso restricciones donde el legislador nada previ\u00f3, sino que los condicionamientos que exigi\u00f3 no guardan relaci\u00f3n, ni son coherentes con la materia regulada, pues nada tiene que ver la duraci\u00f3n del contrato o el esfuerzo desplegado por el agente, con \u201cel costo en que esa actividad disminuy\u00f3 [su] patrimonio\u201d. <\/p>\n
3. A fuerza de insistir en que la indemnizaci\u00f3n equitativa propende por retribuir los esfuerzos del agente para acreditar la marca, productos o servicios objeto del contrato, la impugnante reproch\u00f3 al Tribunal que para su c\u00e1lculo, hubiese dado la mayor importancia a la facultad del empresario de poder dar por terminado el v\u00ednculo negocial, ya que en el caso sub lite condicion\u00f3 la cuant\u00eda de la misma \u201cno al tiempo de labor efectivamente ejecutada, sino al que faltaba para que se cumpliera la vigencia de la pr\u00f3rroga en curso, t\u00e9rmino dentro del cual, debe decirse, el agente ni siquiera despleg\u00f3 labor alguna, precisamente por la terminaci\u00f3n anticipada\u201d. <\/p>\n
Clarific\u00f3 la censora que \u201cno se puede negar que, ante un contrato terminado anticipadamente, el t\u00e9rmino que restare para su culminaci\u00f3n, se presenta como un elemento objetivo que puede tomarse como referencia a efectos de estimar da\u00f1os y perjuicios. No es, entonces, la decisi\u00f3n de tomar tal elemento (tiempo restante) como factor incidente lo que se ataca; no, lo que particularmente se reprocha es que, en t\u00e9rminos temporales, el Honorable Tribunal haya limitado la [i]ndemnizaci\u00f3n [e]quitativa \u00fanicamente a este elemento\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la casacionista coligi\u00f3 que \u201c[t]al entendimiento del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio es claramente errado, pues no solo desconoci\u00f3 lo que verdaderamente retribuye la ley (el tiempo efectivo de ejecuci\u00f3n del contrato), sino que agreg\u00f3 un elemento que, si bien puede llegar a ser v\u00e1lido, en los t\u00e9rminos restringidos que lo hizo el Tribunal, resulta abiertamente violatorio de la norma en comento\u201d. <\/p>\n
En refuerzo de su idea, cuestion\u00f3 lo que ocurrir\u00eda si la terminaci\u00f3n injustificada del contrato se da una semana antes del vencimiento de la \u00faltima pr\u00f3rroga, cuando la relaci\u00f3n perdur\u00f3 por diez o m\u00e1s a\u00f1os. <\/p>\n
4. En definitiva, para la recurrente los desatinos interpretativos se\u00f1alados, condujeron al sentenciador de segunda instancia a tasar indebidamente la indemnizaci\u00f3n de que trata, en el caso sub judice. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO OCTAVO <\/p>\n
El ataque se cifr\u00f3 en los argumentos que enseguida se resumen: <\/p>\n
1. De entrada, se reprocharon al ad quem tres yerros espec\u00edficos: no tener por demostrado el crecimiento de las ventas y de la participaci\u00f3n en el mercado colombiano de la marca Cameco, como consecuencia de la labor desplegada por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda.; tener por acreditadas otras causas de ese crecimiento; y no tener por comprobados da\u00f1os diferentes al lucro cesante, en concreto, los \u201cperjuicios derivados\u201d. <\/p>\n
2. Sobre el primero de esos desatinos, la recurrente explic\u00f3: <\/p>\n
2.1. Fincada en los testimonios de Stevens Willett, Edgardo D\u00edaz, Francisco Villegas, Oscar Ospina, Manuel Bernardo Reyes, Nidia del Carmen Pinillos, C\u00e9sar Hern\u00e1n Zamorano, Adolfo Le\u00f3n V\u00e9lez, Fernando Giraldo Mu\u00f1oz, Edgar Augusto Solano Mej\u00eda, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Correa Borrero, Alfonso Mu\u00f1oz C\u00f3rdoba, Mar\u00eda Fernanda Conde; el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de Cameco; y la declaraci\u00f3n jurada de Mark Renner, probanzas de las que reprodujo distintos apartes, asever\u00f3, en s\u00edntesis, que con tales elementos de juicio se acredit\u00f3 \u201cen forma contundente (i) la casi inexistente participaci\u00f3n de Cameco en el mercado colombiano antes de que iniciara la [r]elaci\u00f3n [c]omercial, (ii) la forma en que se incrementaron las ventas de Cameco y su participaci\u00f3n en el mercado colombiano como resultado de las labores de promoci\u00f3n realizadas por Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.], y (iii) el significativo volumen de ventas y participaci\u00f3n en el mercado que entreg\u00f3 Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] a Cameco a la terminaci\u00f3n del contrato de agencia\u201d. <\/p>\n
2.2. En refuerzo de lo anterior, adelante, entre otros argumentos, puso de presente que conforme las referidas pruebas, en los \u00faltimos tres a\u00f1os de la agencia comercial (marzo de 2001 a marzo de 2004), las ventas realizadas por Cameco en Colombia fueron de US $4.741.843.52 y que en los cuatro a\u00f1os posteriores a la terminaci\u00f3n de dicho v\u00ednculo (marzo de 2004 a marzo de 2008), ascendieron a US $14.028.286.61, evidenci\u00e1ndose as\u00ed el total y absoluto posicionamiento de la marca en el mercado nacional, fruto de la promoci\u00f3n que por espacio de 26 a\u00f1os realiz\u00f3 la gestora del litigio. <\/p>\n
3. Respecto del segundo yerro, esto es, haber admitido otras causas de crecimiento de las ventas y de la participaci\u00f3n de Cameco en el mercado local, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
3.1. A decir de la recurrente, el Tribunal estim\u00f3 que ello no se debi\u00f3 \u201cexclusivamente a la actividad del agente, sino tambi\u00e9n a la propia marca y a la calidad del producto\u201d, as\u00ed como a la \u201causencia de similares productos que le [fueran] competitivos\u201d. <\/p>\n
3.2. Con la primera de esas inferencias, dicha autoridad incurri\u00f3 en dos errores f\u00e1cticos, a saber, \u201csuponer\u201d la demostraci\u00f3n de la misma, al punto que el sentenciador no cit\u00f3 las pruebas que la respaldaban; y \u201comitir pruebas que demostraban precisamente lo contrario, esto es, que el crecimiento hab\u00eda sido resultado de la una inmensa labor de promoci\u00f3n por parte de Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]\u201d, en pro de lo cual se remiti\u00f3 a sus precedentes argumentaciones y, a\u00f1adi\u00f3, que el ad quem pas\u00f3 por alto que nadie diferente a la actora represent\u00f3 y agenci\u00f3 los negocios de la demandada en Colombia, como qued\u00f3 demostrado con los testimonios de Stevens Willet, Edgardo D\u00edaz, Fernando Giraldo Mu\u00f1oz, Guillermo Alberto Orozco Hormaza, Edgar Augusto Solano Mej\u00eda, Cecil Guti\u00e9rrez Valencia, \u00c1lvaro Jos\u00e9 Correa Botero y Alfonso Mu\u00f1oz C\u00f3rdoba, cuya manifestaciones reprodujo en lo que consider\u00f3 apropiado. <\/p>\n
3.3. La segunda deducci\u00f3n arriba precisada, sobre la inexistencia en el pa\u00eds de productos que compitieran con los de Cameco, comport\u00f3 la preterici\u00f3n de las siguientes pruebas, demostrativas de lo contrario: el oficio 1156 de 3 de julio de 2012 emitido por la DIAN y las declaraciones de los se\u00f1ores Steven Willet, Edgardo D\u00edaz, Francisco Villegas, Guillermo Alberto Orozco Hormaza, C\u00e9sar Hern\u00e1n Zamorano y Fernando Giraldo Mu\u00f1oz, que igualmente reprodujo en lo pertinente. <\/p>\n
4. Finalmente, sobre el \u00faltimo desatino imputado al sentenciador de segunda instancia, no haber tenido por comprobado, est\u00e1ndolo, perjuicios adicionales al lucro cesante, en concreto, los perjuicios derivados, la censura apunt\u00f3 lo que esa Corporaci\u00f3n estim\u00f3 al respecto y que ella, con tal postura, omiti\u00f3 la ponderaci\u00f3n del dictamen pericial rendido por Federman Valencia Diez, pues de haberla apreciado habr\u00eda colegido la demostraci\u00f3n de \u201clos perjuicios ocasionados por concepto de inventario de repuestos\u201d, aspecto que no fue materia de la objeci\u00f3n que contra la misma se propuso y que result\u00f3 pr\u00f3spera, siguiendo en esto el criterio del mismo Tribunal, cuando la valor\u00f3 para determinar el porcentaje de las comisiones pendientes de pago. <\/p>\n
5. Para terminar, la recurrente explic\u00f3 por qu\u00e9 los errores contemplados en el cargo, trajeron como consecuencia la inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1324 y 1327 del C\u00f3digo de Comercio, as\u00ed como la trascendencia de esos desatinos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De distinto temperamento fueron los argumentos expresados por el Tribunal para modificar y, con ello, reducir de forma importante, el valor de la \u201cindemnizaci\u00f3n equitativa\u201d que el a quo fij\u00f3 en su fallo: <\/p>\n
1.1. En primer puesto, se identifican los jur\u00eddicos, dirigidos, en esencia, a definir la naturaleza y perfiles de dicha contraprestaci\u00f3n los cuales, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, orientaron los segundos, es decir los f\u00e1cticos, cuya determinaci\u00f3n se har\u00e1 a continuaci\u00f3n de \u00e9stos. <\/p>\n
1.1.1. Con ayuda de la jurisprudencia, en ad quem advirti\u00f3 que la se\u00f1alada indemnizaci\u00f3n responde \u201ca la realizaci\u00f3n de un da\u00f1o sin excluir perjuicios adicionales; y que (\u2026) no puede fijarse con fundamento en las comisiones del nuevo agente\u201d, en pro de lo cual cit\u00f3 y transcribi\u00f3, en lo que estim\u00f3 pertinente, la sentencia de esta Corporaci\u00f3n que data del 6 de julio de 2007. <\/p>\n
1.1.2. Destac\u00f3 seguidamente que, en consonancia con lo anterior y conforme lo expresado en el fallo del 22 de junio de 2011, \u201cel Juez no est\u00e1 facultado para otorgar esta indemnizaci\u00f3n basado puramente en la \u2018equidad\u2019, sino que debe basarse en los medios probatorios recaudados en el proceso\u201d. <\/p>\n
1.1.3. Y a\u00f1adi\u00f3 que ese \u201c[c]ontenido resarcitorio del perjuicio (\u2026) fue reiterado posteriormente, precis\u00e1ndose que se pueden pedir perjuicios adicionales dentro de la misma\u201d, apreciaci\u00f3n que sustent\u00f3 con el fallo del 2 de junio de 2010, expedido igualmente por esta Sala. <\/p>\n
1.2. En segundo lugar, figuran los planteamientos de orden factual, que compendiados, corresponden a los siguientes: <\/p>\n
1.2.1. Como al calcularse la cesant\u00eda comercial, qued\u00f3 plenamente establecido que los ingresos anuales devengados por la primigenia actora ascend\u00edan a US $223.332.78, pertinente es entender que \u201cla terminaci\u00f3n del contrato priv\u00f3\u201d a \u00e9sta \u201cde percibir esa suma de dinero, durante al menos nueve meses, si tenemos en cuenta que efectivamente hubiere bastado que el demandado [la] requiriera (\u2026) el 16 de octubre de 2004, para que el contrato no continuara, de conformidad con las reglas contractuales a las que adhirieron las partes, de donde se sigue que se encuentra plenamente probado para el proceso que la suma de USD 167.449,58, hubiera(\u2026) ingresado a [sus] arcas (\u2026) en ese tiempo, de no mediar la terminaci\u00f3n unilateral a cargo del demandante por culpa del empresario, los cuales corresponden a lucro cesante (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.2.2. En el proceso no se acreditaron \u201cperjuicios adicionales como consecuencia de la terminaci\u00f3n justificada del contrato que realiz\u00f3 el agente\u201d. <\/p>\n
1.2.3. El fundamento m\u00e1s contundente invocado por el a quo para tasar la indemnizaci\u00f3n de que se trata en $3.500.000.000.oo, fue que las ventas realizadas por John Deere Thibodaux Inc. con posterioridad a la terminaci\u00f3n del contrato de agencia, esto es, entre 2004 y 2007, ascendieron a US $5.000.000.oo, el cual no puede \u201cser atendido, por cuanto, de conformidad [con el] inciso 3\u00ba del art\u00edculo 1324 del C. Co., solo se pueden tener en cuenta \u2018los negocios que el agente adelant\u00f3 en desarrollo del contrato\u2019, por lo dem\u00e1s, tal valoraci\u00f3n seg\u00fan la jurisprudencia citada al comienzo de este numeral, desconocer\u00eda la infraestructura y los esfuerzos realizados bien por el empresario o el nuevo agente\u201d. <\/p>\n
1.2.4. La \u201cduraci\u00f3n del contrato de agencia, tampoco puede ser ante s\u00ed y por s\u00ed mismo criterio para otorgar la indemnizaci\u00f3n, pues se debi\u00f3 comprobar a trav\u00e9s de cualquiera de los medios probatorios con los que cuenta el ordenamiento adjetivo, el costo con que esa actividad disminuy\u00f3 el patrimonio del agente, la forma en que se incrementaron y proyectaron paulatinamente las ventas del empresario dentro de su territorio durante esos 26 a\u00f1os, en fin, cualquier elemento de juicio que permitiera(\u2026) avizorar al [j]uez de instancia que hab\u00eda lugar a perjuicios adicionales al lucro cesante que se ha estimado dentro del presente proceso, los cuales no se aquilataron dentro de la actuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
1.2.6. No siendo el contrato de agencia mercantil \u201cperenne\u201d y habiendo acordado las partes, en el que celebraron, la posibilidad de su terminaci\u00f3n \u201ccon un preaviso que en este caso se especific\u00f3 (\u2026) en sesenta d\u00edas, (\u2026) no es posible reclamar perjuicios por un t\u00e9rmino superior al se\u00f1alado tambi\u00e9n por el juez de instancia\u201d. <\/p>\n
2. Los primeros razonamientos atr\u00e1s enlistados fueron, en l\u00ednea de principio, combatidos en el cargo s\u00e9ptimo; y los segundos, en el octavo. Ello y la ya observada interdependencia de unos y otros, justifica la acumulaci\u00f3n de las acusaciones. <\/p>\n
3. En lo que se refiere a la indemnizaci\u00f3n de que ahora se trata, el art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba, establece: <\/p>\n
Adem\u00e1s de la prestaci\u00f3n indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o d\u00e9 por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deber\u00e1 pagar al agente una indemnizaci\u00f3n equitativa, fijada por peritos, como retribuci\u00f3n a sus esfuerzos para acreditar la marca, la l\u00ednea de productos o los servicios objeto del contrato. La misma regla se aplicar\u00e1 cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario. <\/p>\n
Para la fijaci\u00f3n del valor de la indemnizaci\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta la extensi\u00f3n, importancia y volumen de los negocios que el agente adelant\u00f3 en desarrollo del contrato (se subraya). <\/p>\n
4. Con el prop\u00f3sito de sentar las bases conceptuales que orientar\u00e1n la definici\u00f3n de los cargos que se resuelven, son pertinentes las siguientes apreciaciones: <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con dicho precepto debe se\u00f1alarse, desde ya, que la expresi\u00f3n resaltada (\u201cfijada por peritos\u201d), fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-990 del 29 de noviembre de 2006. <\/p>\n
4.2. As\u00ed mismo, destacarse el car\u00e1cter indemnizatorio de la prestaci\u00f3n all\u00ed contemplada, no solo porque as\u00ed se desprende de su propia denominaci\u00f3n, sino porque, como surge patente en la disposici\u00f3n, su causaci\u00f3n est\u00e1 ligada a la terminaci\u00f3n del contrato de agencia, de un lado, por el empresario \u201csin justa causa comprobada\u201d o, de otro, por el agente debido a \u201cjusta causa imputable\u201d a aqu\u00e9l. <\/p>\n
No hay duda entonces que, con esa previsi\u00f3n, el legislador patrio, en el caso de la agencia comercial, impuso expresamente, a cargo del extremo que ocasione su terminaci\u00f3n abrupta e injustificada, el deber de reparar los perjuicios que con ese comportamiento le haya ocasionado al otro contratante. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala tiene precisado que \u201cdicha indemnizaci\u00f3n tiene por fin, resarcir a la demandante el perjuicio que sufri\u00f3 como consecuencia de la injustificada finalizaci\u00f3n del contrato de agencia comercial que la vinculaba con la demandada\u201d (CSJ, SC del 6 de julio de 2007, Rad. n.\u00b0 7504; se subraya), <\/p>\n
4.3. Adicionalmente a lo anterior, es patente que, a t\u00e9rminos del mismo precepto, con la tantas veces mencionada indemnizaci\u00f3n, aparejadamente, se busca resarcir al intermediario \u201csus esfuerzos para acreditar la marca, la l\u00ednea de productos o los servicios objeto del contrato\u201d (inciso 2\u00ba), cuando es \u00e9l quien finiquita el nexo negocial por causa imputable al agenciado, y que, por lo tanto, para la \u201cfijaci\u00f3n\u201d de su \u201cvalor\u201d, debe tenerse \u201cen cuenta la extensi\u00f3n, importancia y volumen de los negocios que el agente adelant\u00f3 en desarrollo del contrato\u201d (inciso 3\u00ba). <\/p>\n
Es que como en ocasi\u00f3n pret\u00e9rita lo memor\u00f3 la Corte, \u201cen los antecedentes de la indemnizaci\u00f3n por terminaci\u00f3n unilateral del contrato de agencia, concretamente en la exposici\u00f3n de motivos de la redacci\u00f3n inicial del art\u00edculo 1324 del C. de Co., se dijo que aqu\u00e9lla \u2018se provee para evitar la revocaci\u00f3n intempestiva o abusiva de la agencia y a la retribuci\u00f3n del enriquecimiento sin causa por parte del principal, como secuela del \u2018good-will\u2019 adquirido por el cr\u00e9dito de la marca de su empresa o de sus productos, gracias a las actividades del agente\u2019\u201d (CSJ, SC del 22 de junio de 2011, Rad. n.\u00b0 2000-00155-01; se subraya). <\/p>\n
La Corporaci\u00f3n, en procura de resaltar la diferente naturaleza de las dos prestaciones contempladas en la norma que ocupa ahora su atenci\u00f3n y que, por ello, no deben confundirse, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
En efecto, la prestaci\u00f3n remuneratoria prevista en el inciso primero del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan se precis\u00f3, es pertinente en todo caso y por cualquier causa de terminaci\u00f3n del contrato de agencia. En cambio, la prestaci\u00f3n indemnizatoria contemplada por el inciso segundo del precepto, se origina s\u00f3lo en la hip\u00f3tesis de terminaci\u00f3n unilateral e injustificada del contrato por el empresario, o con justa causa imputable a \u00e9ste por el agente, y es una indemnizaci\u00f3n \u2018equitativa\u2019 y \u2018retributiva\u2019. <\/p>\n
Justamente, la prestaci\u00f3n indemnizatoria conforme al sentido genuino de su expresi\u00f3n, procura reparar un da\u00f1o singular atribuible al agenciado, sin excluir otros perjuicios adicionales o suplementarios, considerando los esfuerzos para acreditar la marca, l\u00ednea de productos o servicios, la extensi\u00f3n, importancia y volumen de los negocios desarrollados, en cuyo caso, como reza el precepto, adem\u00e1s de esta prestaci\u00f3n estar\u00e1 obligado al pago de la otra (CSJ, SC del 2 de julio de 2010, Rad. n.\u00b0 2001-00847-01). <\/p>\n
Visto desprevenidamente ese pasaje de la sentencia, podr\u00eda dar a entender que la prestaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1324 inciso 1\u00ba tiene naturaleza indemnizatoria, reclamable en los eventos de terminaci\u00f3n del contrato \u2018por justa causa\u2019; no obstante, lo cierto es que la cesant\u00eda comercial tiene por finalidad retribuir el esfuerzo del [a]gente por las ventas efectivamente realizadas o la gesti\u00f3n dirigida a la conclusi\u00f3n infructuosa de aquella (art\u00edculo 1323 del C. Co.) y no es una indemnizaci\u00f3n[;] por el contrario la prestaci\u00f3n consagrada en el inciso segundo ib\u00eddem, s\u00ed es una indemnizaci\u00f3n y tiene sustento en el restablecimiento del patrimonio quebrantado por obra de la ruptura intempestiva, unilateral y abusiva ya sea del empresario o del agente. <\/p>\n
En efecto, es de rememorar que el agente se obliga a disponer de los medios necesarios para acreditar el producto, pero en manera alguna se compromete a concluir negocios, por ende, a la finalizaci\u00f3n del contrato, con independencia de los motivos que la precedieron, se deber\u00e1 al [a]gente el promedio de las ventas de que trata el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1324 o el precio de la ventaja econ\u00f3mica que hubiere reportado su gesti\u00f3n al [e]mpresario, cuando dichas ventas quedaren truncadas por razones ajenas a la gesti\u00f3n del intermediario, incluso los eventos de que trata el art\u00edculo 1322 del C. de Co., pues nada justificar\u00eda un enriquecimiento sin causa del empresario. <\/p>\n
En su lugar, a la terminaci\u00f3n abrupta e injusta del contrato, se deber\u00e1 al promotor de los negocios el da\u00f1o emergente y el lucro cesante ocasionado por la ruptura, sin tener por referente ninguna venta o inminente proyecto de venta en particular, y s\u00ed con sustento en el mayor valor que report\u00f3 al [e]mpresario, la inversi\u00f3n concreta en las labores de promoci\u00f3n del producto efectuada por el intermediario vgr., mercadeo o b\u00fasqueda de canales de comercializaci\u00f3n, estudios de costos, publicidad, posicionamiento, as\u00ed como aqu\u00e9llas con venero en la ruptura, como podr\u00eda ser la liquidaci\u00f3n intempestiva de los trabajadores del agente, entre otros (negrillas fuera del texto). <\/p>\n
En ese mismo fallo, al desatarse el primer cago propuesto por quien fungi\u00f3 como agente en el contrato de agencia comercial sobre el que vers\u00f3 ese asunto litigioso, dirigido a reprocharle al Tribunal que hubiere negado la indemnizaci\u00f3n equitativa por deficiencias probatorias, cuando su tasaci\u00f3n pod\u00eda y deb\u00eda hacerse con base en la equidad, cuestionamiento que fue denegado, la Sala observ\u00f3: <\/p>\n
(\u2026), en este caso, el censor se limit\u00f3 a probar los gastos de su propia organizaci\u00f3n, y se despreocup\u00f3 de acreditar la utilidad que al [e]mpresario pudo generar[le] el negocio encomendado, en especial la labor promocional, que aunque est\u00e9ril en t\u00e9rminos de ventas, s\u00ed se despleg\u00f3, y evidentemente, esta \u00faltima no ha sido cuantificada, de manera que sin establecerse qued\u00f3 el valor de la ventaja que reportaron para la [a]genciada, vgr., las gestiones de acercamiento del intermediario con entidades p\u00fablicas y privadas, y si ello increment\u00f3 el conocimiento comercial en el medio sobre los productos de (\u2026); tampoco se demostr\u00f3 el valor que tendr\u00eda la reducci\u00f3n del esfuerzo del ingreso del producto a Colombia por obra de la promoci\u00f3n y posicionamiento de una marca, en fin, lo que por virtud de esa gesti\u00f3n debe compensar el [e]mpresario, para conservar el equilibrio de las prestaciones pactadas y las ejecutadas, de manera que con ella se evite un enriquecimiento sin causa (\u2026)., <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si dichos rubros deben concretarse y acreditarse, no le asiste raz\u00f3n al actor en el sentido de que es potestad discrecional del juzgador, determinar a su arbitrio el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, menos a\u00fan es cierto, que para estos no haya exigencia probatoria, por el contrario, tales conceptos s\u00ed son susceptibles de prueba y un medio id\u00f3neo para ello ser\u00eda el dictamen pericial como se deduce de los antecedentes normativos del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, que en otra \u00e9poca defer\u00eda el asunto a \u2018la fijaci\u00f3n por peritos\u2019 (se subraya). <\/p>\n
Tras reiterar que los factores que integran la actividad promocional y, por ende, la indemnizaci\u00f3n equitativa de que trata el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, s\u00ed deben probarse, la Sala concluy\u00f3: <\/p>\n
En suma, si el dictamen pericial es un medio id\u00f3neo, entre otros, para probar el da\u00f1o emergente y el lucro cesante, as\u00ed como su cuant\u00eda, lejos se encuentra el juez de hallarse facultado para dar contenido a dichos conceptos apenas con sujeci\u00f3n a la equidad y los principios que informan la reparaci\u00f3n integral previstos en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, sin acudir a la prueba de la existencia de los perjuicios y su magnitud econ\u00f3mica (se subraya). <\/p>\n
De otra parte, en el fallo que ahora se comenta, la Corte trajo a colaci\u00f3n un pronunciamiento anterior suyo, en el que se hizo referencia a \u201cla actividad promocional que ejecuta el agente\u201d y que constituye la base \u201cpara la estimaci\u00f3n de los perjuicios derivados de la terminaci\u00f3n unilateral e injusta del contrato\u201d de agencia comercial, prove\u00eddo en el que se dijo: <\/p>\n
Es as\u00ed como el art\u00edculo 1317 del C\u00f3digo de Comercio, al definir el referido contrato, resalta que en dicho convenio un comerciante -el agente- asume \u2018en forma independiente y estable\u2019 el encargo de promover o explotar negocios de un empresario -el agenciado-, en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, despuntando, entre estas caracter\u00edsticas, aquella que predica la estabilidad del negocio jur\u00eddico, cuya importancia -sustancial- se advierte con solo reparar en la labor que se le encomienda el agente, es decir, en la actividad que a favor del agenciado despliega, quien no se limita a perfeccionar o concluir determinados negocios -as\u00ed sean numerosos-, hecho lo cual termina su tarea, sino que su labor es de promoci\u00f3n, lo que de suyo ordinariamente comprende varias etapas que van desde la informaci\u00f3n que ofrece a terceros determinados o al p\u00fablico en general, acerca de las caracter\u00edsticas del producto que promueve, o de la marca o servicio que promociona, hasta la conquista del cliente; pero no solo eso, sino tambi\u00e9n la atenci\u00f3n y mantenimiento o preservaci\u00f3n de esa clientela y el incremento de la misma, lo que implica niveles de satisfacci\u00f3n de los consumidores y clientes anteriores, receptividad del producto, posicionamiento paulatino o creciente; en fin, tantas aristas propias de lo que hoy se conoce -en sentido lato- como \u2018mercadeo\u2019, que, en definitiva, permiten concluir que la agencia es un arquet\u00edpico contrato de duraci\u00f3n, caracter\u00edstica que se contrapone a lo espor\u00e1dico o transitorio, pero que -hay que advertirlo- no supone tampoco y de modo inexorable, un contrato a t\u00e9rmino indefinido o de duraci\u00f3n indefectible y acentuadamente prolongada. <\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, lo determinante en la agencia comercial no son los contratos que el agente logre perfeccionar, concluir o poner a disposici\u00f3n del agenciado, sino el hecho mismo de la promoci\u00f3n del negocio de \u00e9ste, lo que supone una ingente actividad dirigida -en un comienzo- a la conquista de los mercados y de la potencial clientela, que debe -luego- ser canalizada por el agente para darle continuidad a la empresa desarrollada -a trav\u00e9s de \u00e9l- por el agenciado, de forma tal que, una vez consolidada, se preserve o aumente la clientela del empresario, seg\u00fan el caso. De all\u00ed la importancia que tienen en este tipo de negocios jur\u00eddicos las cl\u00e1usulas que establecen un plazo de duraci\u00f3n, pues ellas, am\u00e9n de blindar el v\u00ednculo contractual frente a terminaciones intempestivas, le otorgan estabilidad a la relaci\u00f3n, no s\u00f3lo en beneficio del agente, sino tambi\u00e9n del agenciado (CSJ, SC del 28 de febrero de 2005, Rad. n.\u00b0 7504; se subraya). <\/p>\n
4.4. Se sigue de todo lo en precedencia expuesto, en resumen, que la indemnizaci\u00f3n equitativa prevista en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio puede descomponerse en dos elementos que, aunque \u00edntimamente ligados, tiene fisonom\u00eda propia: <\/p>\n
4.4.2. Y, en segundo t\u00e9rmino, el detrimento derivado para el agente, por raz\u00f3n de las actividades de promoci\u00f3n que realiz\u00f3 en beneficio del agenciado, cuando es por culpa de \u00e9ste que finaliza anticipadamente la convenci\u00f3n. <\/p>\n
4.5. Ahora bien, si por disposici\u00f3n del art\u00edculo 1613 del C\u00f3digo Civil, toda \u201cindemnizaci\u00f3n de perjuicios comprende el da\u00f1o emergente y el lucro cesante\u201d, propio es entender que cada uno de los componentes precisados en el punto anterior, a su turno, est\u00e1 integrado por estos dos factores -da\u00f1o emergente y lucro cesante, se repite- derivados, para el primero, de la terminaci\u00f3n antelada y arbitraria de la agencia y, para el segundo, de las labores promocionales que, en desarrollo del acuerdo de voluntades, el intermediario realiz\u00f3 en favor del empresario. <\/p>\n
5. En este orden de ideas, pertinente es colegir que los fundamentos jur\u00eddicos esgrimidos por el Tribunal en su fallo, si bien es verdad acusan imprecisi\u00f3n y cortedad, defectos que en puridad la recurrente no denunci\u00f3 en el cargo s\u00e9ptimo, no lucen equivocados en los aspectos que ella recab\u00f3. <\/p>\n
5.1. No es cierto que el ad quem hubiese aseverado que la equidad, como criterio auxiliar previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998 para la valoraci\u00f3n de los da\u00f1os cuya reparaci\u00f3n se depreque ante la administraci\u00f3n de justicia, no tenga ning\u00fan papel en la concreci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n equitativa contemplada en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Lo que esa autoridad sostuvo fue que \u201cel [j]uez no est\u00e1 facultado para otorgar esta indemnizaci\u00f3n basado puramente en la \u2018equidad\u2019, sino que debe basarse en los medios probatorios recaudados en el proceso\u201d (se subraya), es decir, que la cuantificaci\u00f3n de la misma, no puede efectuarse \u00fanica y exclusivamente con apoyo en la equidad y que, por lo tanto, los \u00edtems objetivos que la compongan, deben demostrarse a trav\u00e9s de cualquiera de los medios de convicci\u00f3n que la ley consagra. <\/p>\n
Ese fue el sentido, hay que decirlo con total claridad, del an\u00e1lisis que realiz\u00f3 la Corte en la sentencia del del 22 de julio de 2011, frente al cargo primero de la all\u00ed demandante, como ya se analiz\u00f3. Que la Sala hubiese hablado de da\u00f1o emergente y lucro cesante, como en efecto lo hizo, no significa que se hubiere referido a una indemnizaci\u00f3n distinta de la establecida en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1324 del estatuto mercantil, como pareci\u00f3 entenderlo la recurrente. Ninguna duda existe, en cuanto a que esa contraprestaci\u00f3n fue el tema tratado al desatarse la indicada acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Por ende, debe ratificarse la conclusi\u00f3n all\u00ed expuesta, en el sentido de que cuando se trata de la indemnizaci\u00f3n equitativa prevista en el precepto antes citado, \u201clejos se encuentra el juez de hallarse facultado para dar[le] contenido (\u2026) apenas con sujeci\u00f3n a la equidad y los principios que informan la reparaci\u00f3n integral previstos en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, sin acudir a la prueba de la existencia de los prejuicios y su magnitud econ\u00f3mica\u201d. <\/p>\n
5.2. Tampoco es exacto que el sentenciador de segunda instancia hubiese \u201centendido que la extensi\u00f3n del contrato \u00fanicamente incide en la determinaci\u00f3n de la [i]ndemnizaci\u00f3n [e]quitativa, si se demuestran los costos incurridos o el incremento progresivo de las ventas y el mercado\u201d. <\/p>\n
Lo que esa autoridad estim\u00f3, apreciados los t\u00e9rminos que utiliz\u00f3 y el contexto en el que se expresaron, es que el tiempo de vigencia del contrato no es un factor suficiente \u201cpara otorgar la indemnizaci\u00f3n\u201d y que el reconocimiento de la misma requer\u00eda de la comprobaci\u00f3n, durante la duraci\u00f3n del v\u00ednculo negocial, por una parte, de los costos en que incurri\u00f3 el agente para el desempe\u00f1o de su actividad y, por otra, las ventas efectuadas o \u201ccualquier elemento de juicio que permitiera(\u2026) avizorar al [j]uez de instancia que hab\u00eda lugar a perjuicios adicionales al lucro cesante que se ha estimado dentro del presente proceso\u201d. <\/p>\n
Sin desconocer que esa consideraci\u00f3n denota, como ya se se\u00f1al\u00f3, cierta imprecisi\u00f3n, en esencia, no se muestra contraria al genuino entendimiento del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, pues como ya lo analiz\u00f3 la Sala con ayuda de la jurisprudencia, es verdad que el \u00e9xito de la reclamaci\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n en comento requiere la demostraci\u00f3n, por cualquiera de los medios probatorios, del perjuicio espec\u00edfico cuyo resarcimiento se persigue y de la dimensi\u00f3n, en t\u00e9rminos econ\u00f3micos, del mismo. <\/p>\n
5.3. Tampoco resulta admisible la cr\u00edtica de la impugnante, consistente en que el Tribunal privilegi\u00f3 el tiempo que sigui\u00f3 a la terminaci\u00f3n del contrato y que faltaba para el vencimiento de la pr\u00f3rroga que estaba en curso (9 meses) frente al de toda la duraci\u00f3n del contrato (26 a\u00f1os). <\/p>\n
Cuesti\u00f3n bien distinta fue que ese juzgador, habida cuenta que solamente hall\u00f3 comprobado el lucro cesante, para concretar su valor, y s\u00f3lo para esos fines, hubiese tomado el lapso que faltaba para la finalizaci\u00f3n de la pr\u00f3rroga que corr\u00eda cuando el contrato termin\u00f3. <\/p>\n
6. En el campo de los hechos se encuentra que, independientemente de las particulares razones esgrimidas en el fallo cuestionado, la inferencia a la que, en esencia, arrib\u00f3 el sentenciador, fue que el \u00fanico perjuicio acreditado en el proceso correspond\u00eda al lucro cesante que tas\u00f3 y conden\u00f3. <\/p>\n
Ahora bien, esa deducci\u00f3n no se avizora equivocada, pues para andar sin rodeos, propio es admitir que en la actuaci\u00f3n no se acredit\u00f3 la inversi\u00f3n realizada por la agente en las labores de promoci\u00f3n que ciertamente adelant\u00f3, ni el valor del intangible que la agenciada adquiri\u00f3 como consecuencia de las actividades de mercadeo que por tantos a\u00f1os desarroll\u00f3 la gestora de esta controversia. <\/p>\n
Al respecto, basta se\u00f1alar que, si bien es cierto, la primigenia actora solicit\u00f3 en la demanda con la que dio inicio a la controversia, la pr\u00e1ctica de un dictamen pericial para que se determinara, entre otros puntos, \u201c[e]l valor de la indemnizaci\u00f3n equitativa a que se refiere el inciso segundo del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio\u201d y, espec\u00edficamente, \u201c[l]as inversiones que Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] efectu\u00f3 para explotar o promover el negocio que no fueron amortizadas a la fecha de terminaci\u00f3n del contrato y que no pued[e] utilizar en el futuro\u201d, tambi\u00e9n lo es que, como se analiz\u00f3 al desatarse el cargo \u00fanico que propuso en casaci\u00f3n John Thibodaux Inc., la experticia rendida al respecto fue objetada en todos sus fundamentos y conclusiones por dicha accionada, cuestionamiento que sali\u00f3 avante en el fallo de primera instancia, sin que tal determinaci\u00f3n sufriera variaci\u00f3n en el de segunda, pese a la protesta que en torno de ella elev\u00f3 en la apelaci\u00f3n la precitada actora, raz\u00f3n por la cual no pod\u00eda apreciarse como prueba. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, hay que refrendar, entonces, la conclusi\u00f3n del ad quem, de que en el proceso no se demostraron perjuicios adicionales y, mucho menos, su valor, distintos al lucro cesante reconocido por esa autoridad, toda vez que no se acredit\u00f3 el gasto en que incurri\u00f3 Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. para realizar la actividad promocional que despleg\u00f3 de la marca y productos de John Thibodaux Inc. y que, como consecuencia de la terminaci\u00f3n abrupta e injustificada del contrato de agencia que las dos ten\u00edan celebrado, no pudo recuperar, ni la cuant\u00eda de la ventaja comercial que se deriv\u00f3 para la \u00faltima de ese trabajo de mercadeo efectuado por la primera. <\/p>\n
7. Se suma a lo anterior que, en frente de la orfandad probatoria advertida por el Tribunal, inferencia que, en precedencia, hall\u00f3 razonable la Corte, ning\u00fan alcance tienen los errores de hecho que la recurrente denunci\u00f3 en el cargo octavo. <\/p>\n
7.1. Total certidumbre hay respecto a que, con las pruebas relacionadas en la indicada censura, se acredit\u00f3 suficientemente que para cuando la primigenia demandante inici\u00f3 las labores de promoci\u00f3n, la marca y los productos Cameco ten\u00edan una participaci\u00f3n m\u00ednima en el mercado colombiano; que fue fruto, precisamente, de esa actividad, que una y otros, poco a poco, ganaron terreno, hasta adquirir un posicionamiento importante en el mercado nacional; que en tal virtud, fue progresivo el incremento de las ventas que la citada agenciada, actualmente John Thibodaux Inc., logr\u00f3 en el pa\u00eds; y que ese asenso de los negocios continu\u00f3 luego de la terminaci\u00f3n del contrato de agencia que existi\u00f3 entre dicha empresaria y Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
No obstante ello ser as\u00ed, es ostensible que de esas comprobaciones, no surge la demostraci\u00f3n del valor, por una parte, de la inversi\u00f3n realizada y no recuperada por la agente, en las labores promocionales que, vuelve y se repite, no queda duda que desarroll\u00f3 y, por otra, del intangible comercial radicado en cabeza de la agenciada como consecuencia de ellas, derivado del buen nombre ganado por su marca y productos, o del posicionamiento de una y otro, o de la clientela conseguida, para mencionar solamente los m\u00e1s importantes factores que pueden componer dicho activo. <\/p>\n
7.2. Se a\u00f1ade a lo expuesto, que la comentada deducci\u00f3n del Tribunal tampoco resulta incidida o menguada si se acepta que dicha Corporaci\u00f3n err\u00f3 al considerar que los buenos resultados comerciales registrados con anterioridad, no se debieron a la gesti\u00f3n de la nombrada intermediaria, sino a la marca misma objeto de promoci\u00f3n, o a la buena calidad de los productos de la agenciada o, por \u00faltimo, a la inexistencia en el mercado patrio de otros que le hicieran competencia. <\/p>\n
Es que de la remoci\u00f3n de estos argumentos no surge la comprobaci\u00f3n echada de menos atr\u00e1s. <\/p>\n
Si como ya se dijo, el dictamen rendido por el perito Valencia Diez no pod\u00eda ser apreciado en ninguno de sus aspectos, habida cuenta la prosperidad de las objeciones que por error grave propuso la demandada John Thibodaux Inc., mal podr\u00eda reconocerse que con dicha experticia se acreditaron \u201cperjuicios adicionales al lucro cesante; particularmente, los perjuicios derivados\u201d, como lo propuso la recurrente. <\/p>\n
Adicionalmente, se establece que estando referida la acusaci\u00f3n al \u201cVALOR DE LA INDEMNIZACI\u00d3N POR [EL] INVENTARIO DE REPUESTOS\u201d que qued\u00f3 en poder de la primigenia demandante, es notario su desatino, pues como ya qued\u00f3 suficientemente analizado, la comercializaci\u00f3n de repuestos no fue materia de la agencia comercial. sino del contrato de distribuci\u00f3n que igualmente existi\u00f3 entre las partes. <\/p>\n
8. En suma, los reproches objeto de las anteriores consideraciones fracasan. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO NOVENO <\/p>\n
Con estribo en la primera causal de casaci\u00f3n, se asever\u00f3 que la sentencia cuestionada es directamente violatoria de los art\u00edculos 65 de la Ley 45 de 1990, 884 y 1324 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
La censura se ciment\u00f3 en los planteamientos que enseguida se rese\u00f1an: <\/p>\n
1. La falla del Tribunal se deriv\u00f3 de su negativa a reconocer los intereses solicitados en la demanda con la que se dio comienzo a la controversia, desde cuando se puso fin al contrato de agencia comercial por parte de la primigenia accionante, sobre la base de que las obligaciones generadoras de los mismos, solo se delimitaron en dicho fallo; que por consiguiente, no procede el reconocimiento de tales r\u00e9ditos, pues acceder a ello implicar\u00eda aplicarlos \u201ccon efecto retroactivo\u201d; y que para cuando finaliz\u00f3 la mencionada convenci\u00f3n, \u201clas condenas a t\u00edtulo de cesant\u00eda comercial y la indemnizaci\u00f3n equitativa, [eran] inciertas\u201d. <\/p>\n
2. La recurrente explic\u00f3 que el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1324 es claro en se\u00f1alar que el agente \u201ctiene derecho al pago de la cesant\u00eda comercial a la terminaci\u00f3n del contrato\u201d, momento en el que surge la correlativa obligaci\u00f3n a cargo del empresario; que como el ad quem coligi\u00f3 que desde cuando ello aconteci\u00f3, \u201cse hizo exigible la obligaci\u00f3n de pago de la cesant\u00eda comercial, esto es el 5 de marzo de 2004\u201d, era obligatorio inferir que el deudor incurri\u00f3 en mora desde ese momento, sin que fuera necesario reconvenirlo con dicho fin, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil; y que seg\u00fan este \u00faltimo precepto, el t\u00e9rmino para que el deudor cumpla \u201cpuede ser fijado convencionalmente por las partes o (\u2026) por la ley\u201d, como aqu\u00ed aconteci\u00f3. <\/p>\n
3. Tild\u00f3 de errada la conclusi\u00f3n de esa Corporaci\u00f3n, consistente en que las referidas prestaciones, hasta antes de ser concretadas en la sentencia de segunda instancia, eran inciertas, como quiera que con ella contradijo frontalmente el mandato del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio, en tanto que all\u00ed se consagra la cesant\u00eda comercial como un derecho cierto del agente y se establece su valor, sin que fuera necesario que estuviera liquidada, en tanto que la ley as\u00ed no lo estipula. <\/p>\n
4. A continuaci\u00f3n, la impugnante se\u00f1al\u00f3 las razones por las que los fallos en que el Tribunal apoy\u00f3 su inferencia, no son inaplicables al caso sub lite. <\/p>\n
5. Al cierre, tras poner de presente, con ayuda de la jurisprudencia, que el reconocimiento de la correcci\u00f3n monetaria y de los intereses comerciales moratorios es incompatible, advirti\u00f3 que \u201ccomo consecuencia de la prosperidad de este cargo\u201d deber\u00e1, en la sentencia sustitutiva, \u201cmodificase la (\u2026) de [s]egunda [i]nstancia en cuanto concedi\u00f3 actualizaci\u00f3n monetaria sobre la suma fijada por concepto de cesant\u00eda comercial y condenarse al pago de los correspondientes intereses moratorios desde la terminaci\u00f3n del [c]ontrato de [a]gencia, esto es desde el 6 de marzo de 2004, y hasta la fecha de su pago efectivo a Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.]\u201d. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO D\u00c9CIMO <\/p>\n
Con invocaci\u00f3n del primero de los motivos del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se endilg\u00f3 al fallo de segunda instancia ser directamente violatorio de los c\u00e1nones 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 884 del C\u00f3digo de Comercio, por falta de aplicaci\u00f3n, conforme las siguientes razones: <\/p>\n
1. Tras advertir que la primera de las normas en precedencia mencionadas era la que estaba vigente para cuando se present\u00f3 la demanda con la que se dio inicio al proceso y reproducir en integridad las dos, la censora afirm\u00f3 el quebranto de ellas por parte del ad quem cuando, en relaci\u00f3n con la cesant\u00eda comercial, la indemnizaci\u00f3n equitativa y las comisiones pendientes de pago, dispuso \u201cel reconocimiento de intereses de mora a partir del d\u00eda siguiente de la ejecutoria de la [s]entencia de [s]egunda [i]nstancia\u201d. <\/p>\n
2. Explic\u00f3 que la ordenaci\u00f3n de esos r\u00e9ditos era procedente \u201cdesde la notificaci\u00f3n de la demanda, fecha en la cual la [p]arte [d]emandada fue constituida en mora\u201d, como quiera que tal efecto estaba previsto en el inciso 2\u00ba del precitado art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; que en el libelo introductorio Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. requiri\u00f3 de las accionadas el pago de los mencionados rubros, como qued\u00f3 plasmado en las pretensiones que la impugnante transcribi\u00f3; y que el enteramiento del auto admisorio del indicado escrito a John Deere Thibodaux Inc. y Deere & Co. \u201cse surti\u00f3 mediante los avisos recibidos por dichas sociedades en mayo de 2009\u201d. <\/p>\n
3. En tal orden de ideas, recab\u00f3 en que, \u201c[d]e acuerdo con lo anterior, contrario a lo ocurrido, el Tribunal Superior debi\u00f3 concluir que existe mora en el cumplimiento de las obligaciones antes referidas desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la [d]emanda y, en ausencia de disposici\u00f3n legal que exija que Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] deb\u00eda liquidar tales sumas como condici\u00f3n para que fuera procedente la mora, debi\u00f3 ordenarse a Cameco reconocer y pagar intereses moratorios\u201d desde la realizaci\u00f3n del se\u00f1alado enteramiento y hasta \u201cla fecha de[l] pago efectivo\u201d. <\/p>\n
4. Como en el caso del cargo anterior, ante la incompatibilidad de reconocer correcci\u00f3n monetaria e intereses comerciales moratorios, como quiera que estos incorporan aquella, la inconforme se\u00f1al\u00f3 que ante la prosperidad del cargo s\u00f3lo deber\u00e1n ordenarse los \u00faltimos, desde la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Pese a que en el cargo noveno se adujo el surgimiento de la mora desde la terminaci\u00f3n del contrato de agencia que vincul\u00f3 a la primigenia demandante con sus accionadas, mientras que en el cargo d\u00e9cimo se afirm\u00f3 que ello tuvo ocurrencia a partir de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que era el que estaba vigente para entonces, unas mismas razones servir\u00e1n para el despacho negativo de ambas acusaciones, raz\u00f3n por la cual procede su conjunci\u00f3n. <\/p>\n
2. Seg\u00fan el expreso mandato del art\u00edculo 1608 del C\u00f3digo Civil, \u201c[e]l deudor est\u00e1 en mora: 1\u00ba) Cuando no ha cumplido la obligaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora\u201d (se subraya). <\/p>\n
Cumplir la obligaci\u00f3n, por regla de principio, equivale a pagar, que \u201ces la prestaci\u00f3n de lo debido\u201d (art.1626, C.C.), y que debe hacerse \u201cbajo todos los respectos en conformidad al tenor de la obligaci\u00f3n\u201d (art. 1627, ib.; se subraya), raz\u00f3n por la cual, \u201csi, como ha sido dicho, la prestaci\u00f3n a cargo del deudor es dineraria, lo debido ser\u00e1 dinero. De modo que s\u00f3lo entregando la cantidad de signos monetarios que, con referencia a determinada unidad de cuenta, constituya el objeto de la prestaci\u00f3n, el deudor quedar\u00e1 liberado de la obligaci\u00f3n\u201d (CSJ, SC del 18 de noviembre de 1991. Proceso ordinario de Mar\u00eda Helena Olivares de Sassu contra \u00c1lvaro Dar\u00edo T\u00e9llez Caro y Mar\u00eda del Socorro Gonz\u00e1lez de T\u00e9llez; se subraya). <\/p>\n
3. Se sigue de lo anterior, que para que el deudor no incursione en mora, debe serle posible realizar el pago de la obligaci\u00f3n y, por ende, cuando es dineraria, debe conocer la cantidad de signos monetarios que habr\u00e1 de entregar, para liberarse de ella. <\/p>\n
Y, mutatis mutandis, que para la ocurrencia de la mora son presupuestos indispensables, de un lado, que la respectiva obligaci\u00f3n exista y, de otro, que est\u00e9 determinada, en procura de que aqu\u00e9l pueda pagarla dentro del t\u00e9rmino estipulado. Por ende, si su objeto es una suma de dinero, se impone la cuantificaci\u00f3n del cr\u00e9dito, porque s\u00f3lo as\u00ed es dable, al llamado a satisfacerla, solucionarla. <\/p>\n
4. Ahora bien, la existencia de la obligaci\u00f3n supone la certidumbre de la misma, en el sentido de que se trate de un d\u00e9bito indisputable, a lo que se a\u00f1ade, como en precedencia se apunt\u00f3, la medida del cr\u00e9dito, esto es, que est\u00e9n definidos sus contornos, al punto que tanto el acreedor como el deudor sepan, a ciencia cierta, la magnitud del derecho y del compromiso de que son titulares, respectivamente. <\/p>\n
5. Como es f\u00e1cil comprenderlo, esos requisitos no hacen presencia cuando el reconocimiento de la obligaci\u00f3n constituye la pretensi\u00f3n de una demanda judicial y, mucho menos, cuando el demandado controvierte tal solicitud y, para ello, entre muchas hip\u00f3tesis, niega la deuda, o discute su alcance, por poner los ejemplos m\u00e1s comunes y, si se quiere, m\u00e1s significativos, por extremos. <\/p>\n
En ese supuesto, solamente la sentencia favorable a la s\u00faplica del actor, torna cierto y determinado el cr\u00e9dito y, por ende, s\u00f3lo a partir de la firmeza del pronunciamiento jurisdiccional en donde as\u00ed se resuelva, es que pude predicarse que el d\u00e9bito materia de condena, est\u00e1 revestido de las advertidas caracter\u00edsticas. <\/p>\n
En tal virtud es que la Corte, desde vieja data, tras advertir que una cosa es la exigibilidad de la obligaci\u00f3n y otra, bien distinta, la mora, tiene establecido que: <\/p>\n
(\u2026) Sin embargo, en manera alguna puede aseverarse que el acreedor se encuentre entonces impedido para exigir el cumplimiento de la prestaci\u00f3n que se le debe, pues este derecho surge de la exigibilidad de la obligaci\u00f3n pactada en el contrato y no de la existencia de la mora, que son sin duda, fuentes diferentes. Porque desde aquel momento pueden los contratantes reclamar el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contractual cuya certeza jur\u00eddica resulta indiscutible, o bien, en caso de falta de certeza jur\u00eddica sobre su existencia o sobre alguno de sus elementos, pueden los contratantes solicitar previamente la declaraci\u00f3n de su existencia jur\u00eddica y su posterior cumplimiento, o simplemente solicitar este \u00faltimo, bajo la condici\u00f3n impl\u00edcita de que se establezca dicha certeza. <\/p>\n
(\u2026) En ese orden de ideas, resulta claro que la mora, si la obligaci\u00f3n es dineraria supone, necesariamente, que se encuentre plenamente determinada, es decir, que con certeza se halle establecido cu\u00e1l es su monto, asunto \u00e9ste sobre el cual, desde antiguo, tiene dicho la Corte que \u2018la mora en el pago solo llega a producirse cuando exista en firme una suma liquida\u2019 (Sentencia Casaci\u00f3n 27 de agosto de I930 G.J. T. XXXVIII. P\u00e1g. 128) (CSJ, SC del 10 de julio de 1995, Rad. n.\u00b0 4540; se subraya). <\/p>\n
En tiempo mucho m\u00e1s reciente, en un caso en el que el Tribunal estim\u00f3 que la constituci\u00f3n en mora se produjo por la notificaci\u00f3n del auto admisorio del libelo introductorio al demandado (art. 90, C. de P.C.), la Sala aval\u00f3 dicho criterio, al decir que: <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no debe pasarse por alto que la constituci\u00f3n en mora supone la existencia cierta e indiscutida de la respectiva obligaci\u00f3n, lo cual no puede predicarse cuando, para la \u00e9poca de las facturas, se controvert\u00edan sus elementos, en concreto, el quantum de la misma. De ah\u00ed que la Corte tiene explicado que la \u2018mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una suma l\u00edquida\u2019, proyectada, obviamente, como es natural entenderlo, a la fecha de notificaci\u00f3n de la demanda, seg\u00fan el art\u00edculo 90, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en los casos en que no ha mediado reconvenci\u00f3n judicial previa o se establece que no se trata de una mora autom\u00e1tica (CSJ, SC del 3 de noviembre d 2010, Rad. n.\u00b0 2000-03315-01; se subraya). <\/p>\n
6. En el escrito con el que se dio inicio al presente proceso, su gestora solicit\u00f3, de forma principal, en s\u00edntesis, declarar: la existencia del contrato de agencia comercial que celebr\u00f3 con las demandadas, su incumplimiento por parte de \u00e9stas y que ella lo termin\u00f3 por justa causa; y que se condenara a las convocadas a pagarle, sin especificar suma alguna de dinero: la cesant\u00eda comercial prevista en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 1324 del C\u00f3digo de Comercio; las comisiones insolutas; y los perjuicios que experiment\u00f3 como consecuencia del referido incumplimiento, incluido el da\u00f1o emergente (inversiones que efectu\u00f3, costos y gastos por la liquidaci\u00f3n de su personal, costos financieros por la sumas de dinero que las convocadas le adeudan y los dem\u00e1s costos por la terminaci\u00f3n del contrato) y el lucro cesante, as\u00ed como los da\u00f1os derivados de la afectaci\u00f3n de su imagen y de su buen nombre. <\/p>\n
John Deere Thibodaux Inc., en frente de la que, en definitiva, resultaron pr\u00f3speras esas pretensiones, tanto en la contestaci\u00f3n que present\u00f3, como en la reconvenci\u00f3n que formul\u00f3, adujo, en esencia, la inexistencia de la agencia comercial base de la acci\u00f3n; que el negocio jur\u00eddico que celebr\u00f3 con la primigenia actora fue un contrato de distribuci\u00f3n; que esta \u00faltima incumpli\u00f3 el mismo, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a imponerle ninguna de las condenas impetradas en el libelo inicial; y que, por el contrario, se ordenara a aqu\u00e9lla resarcirle todos los perjuicios que le ocasion\u00f3 con su desatenci\u00f3n convencional. <\/p>\n
Adicionalmente, en la comentada r\u00e9plica, propuso una pluralidad de excepciones meritorias, dirigidas a enervar la acci\u00f3n planteada en su contra. <\/p>\n
7. Es patente, entonces, el car\u00e1cter incierto de la acci\u00f3n intentada por Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. y la indeterminaci\u00f3n en el libelo introductorio de las obligaciones que pretendi\u00f3 se impusieran a las accionadas, condiciones que, por la f\u00e9rrea defensa que \u00e9stas ejercieron, particularmente, John Deere Thibodaux Inc., empresa que, incluso, como acaba de rese\u00f1arse, contrademand\u00f3, se mantuvieron a lo largo de las dos instancias, hasta el proferimiento de la sentencia del ad quem, en la que se dio certidumbre al derecho de la nombrada accionante y se concretaron las obligaciones impuestas a la citada demandada. <\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, ninguna raz\u00f3n le asiste a la recurrente al sostener que la obligada al pago de las prestaciones que especific\u00f3 en los dos cargos que ahora se desatan -cesant\u00eda comercial, indemnizaci\u00f3n efectiva y comisiones pendientes de pago-, incurri\u00f3 en mora de atender esos compromisos, desde cuando el contrato de agencia termin\u00f3 (cargo noveno), o desde cuando se notific\u00f3 el auto admisorio de la demanda, habida cuenta que a voces del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil dicho enteramiento comport\u00f3 la constituci\u00f3n en mora del deudor, pues trat\u00e1ndose de un derecho incierto y de cr\u00e9ditos indeterminados en la demanda, ello no tuvo ocurrencia. <\/p>\n
9. Corolario de lo que se deja expuesto, es que el Tribunal no incurri\u00f3 en los desatinos jur\u00eddicos que se le enrostraron en los cargos examinados, cuando se\u00f1al\u00f3 que \u201cpara que sobre una suma de dinero (\u2026) haya lugar al reconocimiento de intereses (art. 1617 del C.C.), resulta indispensable que el deudor se encuentre constituido en mora de pagar un capital determinado, de donde se desprende la imposibilidad de declaraci\u00f3n [d]el pago de intereses de una obligaci\u00f3n que s\u00f3lo se viene a delimitar en su objeto como consecuencia de una declaraci\u00f3n judicial, de hacerlo as\u00ed, se estar\u00edan concediendo intereses moratorios con efecto retroactivo\u201d, planteamiento que sustent\u00f3 con diferentes pronunciamientos emitidos por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Y, menos a\u00fan, cuando concluy\u00f3: \u201cEn este entendido, queda claro que no es posible condenar a la demandada al pago de intereses de mora desde la terminaci\u00f3n del contrato de agencia comercial, pues como viene de verse, las condenas a t\u00edtulo de cesant\u00eda comercial y la indemnizaci\u00f3n equitativa, son inciertas, es decir hasta el momento no existe obligaci\u00f3n determinada a cargo de la parte demandada, y por lo tanto \u00e9sta \u00faltima no ha entrado en mora de su pago, consecuencialmente este reparo tampoco puede prosperar\u201d. <\/p>\n
10. Las acusaciones estudiadas, por consiguiente, no se abren paso. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. <\/p>\n
CARGO D\u00c9CIMO PRIMERO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se imput\u00f3 a la sentencia fustigada ser directamente violatoria del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
La protesta se edific\u00f3 sobre las siguientes bases: <\/p>\n
1. La sentencia de segunda instancia confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por el a quo, en virtud de la demanda de reconvenci\u00f3n, de que la primigenia actora debe pagar a Cameco la suma de US $157.921,18, representada en algunas facturas que quedaron insatisfechas, junto con los intereses moratorios establecidos en el art\u00edculo 884 del C\u00f3digo de Comercio, sin atender los motivos de inconformidad que aqu\u00e9lla plante\u00f3 frente a ese pronunciamiento. <\/p>\n
2. Esa posici\u00f3n decisoria del ad quem implic\u00f3 la inaplicaci\u00f3n de la norma precisada como fundamento de la acusaci\u00f3n en examen, que la reconvenida invoc\u00f3 en sustento de la excepci\u00f3n de \u201ccontrato no cumplido\u201d que propuso en frente de la acci\u00f3n intentada en el referido libelo, puesto que para definir la procedencia de los mencionados intereses, debi\u00f3 analizarse si John Thibodaux Inc. se encontraba en mora de cumplir con obligaciones a su cargo, estudio que ninguno de los falladores de instancia realiz\u00f3, puesto que si lo hubieran hecho, habr\u00edan comprobado, a la luz del citado art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, que \u201cno existe mora\u201d y que, por lo tanto, \u201cla condena por intereses de mora\u201d era \u201cimprocedente\u201d. <\/p>\n
3. Como lo aleg\u00f3 Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. al replicar la contrademanda y se admiti\u00f3 en las sentencias de primera y segunda instancia, \u201cel [c]ontrato de [a]gencia fue incumplido por Cameco\u201d antes de que ella \u201cpudiera llegar a incumplir obligaci\u00f3n alguna que se desprendiera de las facturas emitidas por Cameco en el a\u00f1o 2004 sobre las cuales se impuso la condena por intereses de mora\u201d. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, de conformidad con la norma de que se trata, \u201cel incumplimiento previo de Cameco implic\u00f3 que, a\u00fan de encontrarse que Hugo Barrag\u00e1n [y C\u00eda. Ltda.] debe suma alguna (\u2026), (\u2026) no est\u00e1 en mora frente a la demandante en reconvenci\u00f3n y, por lo mismo, es totalmente improcedente una condena por intereses moratorios sobre tales sumas\u201d. <\/p>\n
5. Afirm\u00f3 la recurrente la trascendencia del yerro, toda vez que a consecuencia de \u00e9l fue que el Tribunal \u201cdesconoci\u00f3 la configuraci\u00f3n de la excepci\u00f3n de contrato [no] cumplido\u201d, y solicit\u00f3 que en la sentencia sustitutiva se revoque la condena al pago de los referidos intereses que se hizo en el numeral octavo, literal b), de la parte resolutiva del fallo de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Fruto del fracaso de las tres primeras acusaciones que Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. propuso en casaci\u00f3n, qued\u00f3 establecido, seg\u00fan lo resuelto por el Tribunal en la sentencia de segunda instancia, que fueron dos los contratos que ella celebr\u00f3 con John Deere Thibodaux Inc., antes Cameco: de un lado, el de agencia comercial, en lo que respecta a la comercializaci\u00f3n de la maquinaria producida por esta \u00faltima; y de otro, el de distribuci\u00f3n, en desarrollo del cual se verific\u00f3 el mercadeo de los repuestos. <\/p>\n
Tambi\u00e9n que el aspecto cardinal para que ello hubiese sido as\u00ed, consisti\u00f3 en que la primera de las mencionadas empresas compraba a la segunda, para revender, las partes de los equipos que aqu\u00e9lla fabricaba. <\/p>\n
Y, adicionalmente, que el incumplimiento atribuido a la precitada accionada, lo fue del primero de esos negocios jur\u00eddicos, it\u00e9rase, la agencia comercial, mientras que el impago de facturas, constitutivo de la desatenci\u00f3n contractual denunciada en la reconvenci\u00f3n, recay\u00f3 en frente del segundo de los se\u00f1alados nexos, esto es, la distribuci\u00f3n. <\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, mal pod\u00eda el ad quem hacer actuar el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil en frente de la acci\u00f3n contractual ejercida en la demanda de mutua petici\u00f3n, que como viene de registrarse, vers\u00f3 sobre el contrato de distribuci\u00f3n en desarrollo del cual Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda. adquir\u00eda a Cameco, actualmente John Deere Thibodaux Inc., los repuestos de su maquinaria para revenderlos a los clientes de ella en Colombia, fincado en que esta \u00faltima previamente hab\u00eda incumplido el contrato de agencia comercial que entre las dos tambi\u00e9n exist\u00eda. <\/p>\n
3. Ello pone en evidencia el absoluto descarr\u00edo del cargo para confutar la condena al pago de intereses moratorios que, en relaci\u00f3n con las facturas adeudadas por la accionada en reconvenci\u00f3n a la contrademandante, impuso el ad quem. <\/p>\n
LAS COSTAS EN CASACI\u00d3N <\/p>\n
No ocurre lo mismo frente a la accionada Deere & Co., la cual no formul\u00f3 impugnaci\u00f3n extraordinaria. As\u00ed las cosas, se impondr\u00e1 el pago de ese rubro a la gestora del litigio en favor de la prenombrada accionada. Como la misma guardo silenci\u00f3 dentro del t\u00e9rmino del traslado de la demanda de casaci\u00f3n presentada por aqu\u00e9lla, se fijar\u00e1 como agencias en derecho la suma de $3.000.000.oo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 25 de octubre de 2017, complementada el 28 de noviembre siguiente, prove\u00eddos proferidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso plenamente identificado en el inicio del presente fallo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de Hugo Barrag\u00e1n y C\u00eda. Ltda., pero s\u00f3lo frente Deere & Co. F\u00edjanse las agencias en derecho, en la suma de $3.000.000.oo. <\/p>\n
La Secretar\u00eda de la Sala, practique la respectiva liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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SC949-2022 (2008-00269-01)_1 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO SC949-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-003-2008-00269-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veinticuatro de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022).- En el proceso ordinario de HUGO BARRAG\u00c1N Y C\u00cdA. LTDA. contra DEERE […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62613","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62613","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62613"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62613\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62613"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62613"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62613"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}