STC4004-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4004-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00880-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro Enrique Ortega Medina contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que ante el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Cali se adelanta el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal (rad. n.\u00ba 2018-00459) que Adriana Clavijo Tapiero inici\u00f3 en su contra, a continuaci\u00f3n del decreto judicial de la respectiva disoluci\u00f3n y de la cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, presentados los inventarios y aval\u00faos en audiencia del 19 de septiembre de 2019, los interesados formularon objeciones frente a algunas partidas, por lo que, decretadas las pruebas para absolverlas, el 9 de abril de 2021 se resolvieron con prove\u00eddo recurrido en apelaci\u00f3n por ambas partes. <\/p>\n
Precis\u00f3 que a pesar de que las diligencias fueron recibidas en la secretar\u00eda de la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa localidad \u00aben el mes de mayo del a\u00f1o 2021\u00bb, el 28 de febrero de 2022 fue notificado de la decisi\u00f3n dictada frente a la impugnaci\u00f3n vertical, en la que adem\u00e1s se desestim\u00f3 la \u00abpetici\u00f3n\u00bb de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, sobre p\u00e9rdida de competencia, allegada en el curso de la segunda instancia, por la preterici\u00f3n del t\u00e9rmino de seis meses para proferir el citado auto. <\/p>\n
Con todo, se\u00f1al\u00f3 que con la mencionada resoluci\u00f3n se incurri\u00f3 en irregularidad, teniendo en cuenta que \u00abla duraci\u00f3n [del proceso] no es solo cosa que incumba a la sentencia, concebida como acto conclusivo por excelencia, que es lo que supone el acto atacado, sino que, todo lo contrario, depende de una serie de actos concatenados y ordenados dispuestos por la ley a fin de proveer justicia, cuya limitaci\u00f3n temporal inciden en su duraci\u00f3n. Luego entonces, que el acto conclusivo pueda ser proferido en el t\u00e9rmino delimitado se debe tambi\u00e9n a que las decisiones previas cumplan con su igual requerimiento de orden temporal\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, esgrimi\u00f3 que \u00abno existe v\u00eda alternativa a la acci\u00f3n constitucional para controvertir la decisi\u00f3n cuestionada\u00bb, porque \u00ablos autos que resuelven apelaciones, y aquella lo es, dictados por la sala o el magistrado sustanciador, no admiten recurso. Y dicha resoluci\u00f3n cobij\u00f3 tambi\u00e9n nuestra petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n del art. 121 CGP del 22 de febrero de 2022\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en compendio, que \u00abse reconozca la privaci\u00f3n de eficacia jur\u00eddica de la providencia atacada porque no obstante que la ley la califica nula de pleno derecho, \u00e9ste \u00faltimo efecto est\u00e1 siendo desatendido por su emisor. Corolario de lo anterior, se ordene actuaci\u00f3n en la forma prevista en el art. 121 CGP.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Secretar\u00eda de la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali alleg\u00f3 copia del expediente digitalizado. <\/p>\n
2. El magistrado ponente de la decisi\u00f3n confutada reliev\u00f3 que \u00abel auto de este despacho del 28 de febrero pasado expres\u00f3 a espacio el sustento de la decisi\u00f3n combatida, sin observarse en la demanda razonamientos que al atacarlos puntualmente presten apoyo a apreciaci\u00f3n contraria del tutelante, en t\u00e9rminos de cumplir con su deber de demostraci\u00f3n del supuesto yerro que ella encierra y su negativa trascendencia en el \u00e1mbito ius fundamental; en segundo lugar advierto que si estima que al decidir de fondo el Tribunal carec\u00eda de competencia, debi\u00f3 alegarlo v\u00eda solicitud de nulidad para posibilitarle al suscrito entrar a resolverla mediante providencia que, en el sentido que fuere, habr\u00eda sido susceptible de recurrir en s\u00faplica (arts. 321-6 y 331 C.G.P.), medio de defensa judicial id\u00f3neo que no utilizado por el accionante se traduce en la ausencia del requisito general de la subsidiariedad de la tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal iniciado contra el libelista (rad. n.\u00ba 2018-00459), por denegar la solicitud de aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia prevista en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, pese a la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino para dictar el auto que resolvi\u00f3 en segunda instancia las objeciones formuladas en la diligencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Preliminarmente, se advierte que, contrario a lo sostenido por el censor en el escrito inicial \u2013esto es, que la decisi\u00f3n confutada carec\u00eda de medios de defensa porque all\u00ed tambi\u00e9n se desat\u00f3 la alzada frente a otro prove\u00eddo y, por ende, \u00ab[esta] cobij\u00f3 tambi\u00e9n nuestra petici\u00f3n de aplicaci\u00f3n del art. 121 CGP del 22 de febrero de 2022\u00bb\u2013, lo cierto es que esta espec\u00edfica resoluci\u00f3n era pasible del recurso de reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general contenida en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso (\u00abprocede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen\u00bb); aspecto que, en principio, es suficiente para despachar desfavorablemente el petitum. <\/p>\n
3.2. No obstante, aun de superarse dicha omisi\u00f3n, al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali deneg\u00f3 la \u00absolicitud\u00bb de aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n de p\u00e9rdida de competencia prevista en el canon 121 del C\u00f3digo General del Proceso, por la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino de seis (6) meses para expedir el auto que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada contra lo dispuesto por el a quo en relaci\u00f3n con las objeciones frente a los inventarios y aval\u00faos, no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, en lo que ata\u00f1e al reproche propuesto en este amparo, el colegiado encartado precis\u00f3 que, de acuerdo con las reglas de la hermen\u00e9utica consagradas en los art\u00edculos 26, 30 y 31 del C\u00f3digo Civil, \u00abcuando el Tribunal asume competencia para resolver la apelaci\u00f3n de un auto no est\u00e1 sujeto al indicado t\u00e9rmino de los seis meses\u00bb, aunque de la redacci\u00f3n del segundo inciso del citado precepto del estatuto procesal \u2013que alude gen\u00e9ricamente a \u00abprovidencia\u00bb\u2013, podr\u00eda pensarse que tambi\u00e9n se extiende a los autos: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esa hermen\u00e9utica se rechaza porque visto est\u00e1 que el conector \u201cdel mismo modo\u201d alude a la duraci\u00f3n que debe tener el proceso en las instancias, lo que vale decir, el m\u00e1ximo autorizado para decidirlas con la respectiva sentencia, coherentemente con lo cual la norma en comento prev\u00e9 como consecuencia la p\u00e9rdida de competencia respecto del conocimiento del respectivo \u201cproceso\u201d, siendo importante agregar, por otra parte, que en ese contexto las \u201cprovidencias respectivas\u201d no pueden ser sino las sentencias inicialmente aludidas, y que dicha previsi\u00f3n da margen l\u00f3gico para que queden involucradas all\u00ed decisiones que en segunda instancia pueden producirse en el tr\u00e1mite de apelaci\u00f3n de una sentencia que dan lugar a que termine con la expedici\u00f3n de providencia distinta de esta, como acontece, por ejemplo, con la declaratoria de una nulidad, con lo que se significa que al referirse al texto legal a la \u201cprovidencia correspondiente\u201d no est\u00e1 significando, como pudiera creerse a partir de una lectura superficial del precepto, que alude a todas las apelaciones, en t\u00e9rminos de igualar la situaci\u00f3n diversa de autos y sentencias, en contrav\u00eda de la expresa finalidad y la filosof\u00eda que informa la norma en cita, que no es otra m\u00e1s que propender a que la sentencia con la que termina una instancia se profiera en los indicados t\u00e9rminos\u00bb (Se resalta). <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, consider\u00f3 que \u00abno en vano el mismo ordenamiento en materia de alzada establece en su art. 323-3 inciso cuarto como regla general que la \u201capelaci\u00f3n de los autos se otorgar\u00e1 en el efecto devolutivo, a menos que exista disposici\u00f3n en contrario\u201d, inexistente para el caso de la interpuesta contra el que decide las objeciones a los inventarios, pues el \u00faltimo inciso del numeral 2\u00ba del art. 501 id. consagra que \u201ctodas las objeciones se decidir\u00e1n en la continuaci\u00f3n de la audiencia mediante auto apelable\u201d, sin asignarle el efecto suspensivo, lo que correlativamente significa que al designio de la celeridad de su tr\u00e1mite no empece (sic) la falta de decisi\u00f3n de la alzada que, por cierto, cuya providencia estaba elabor\u00e1ndose por este despacho cuando se recibi\u00f3 la solicitud que por estas razones se deniega, y es la que a continuaci\u00f3n sigue\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no encuentra recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Con Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-00880-00 <\/p>\n
Estoy de acuerdo en que el amparo se deb\u00eda denegar, pero exclusivamente porque el actor no satisfizo el supuesto de subsidiariedad que en este tr\u00e1mite impera, en tanto al no recurrir el auto atacado desperdici\u00f3 los otros mecanismos judiciales ordinarios con los que contaba y ello tornaba en improcedente la tutela, conforme lo indica el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el segundo argumento ofrecido por la Sala mayoritaria, esto es, que la decisi\u00f3n era razonable, resultaba innecesario. No obstante, de dicha tesitura me aparto pues considero que las consecuencias del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso tambi\u00e9n se extienden a la apelaci\u00f3n de autos, en la medida en que resulta ser un contrasentido que la impugnaci\u00f3n de una sentencia tenga un l\u00edmite temporal y los dem\u00e1s prove\u00eddos no. <\/p>\n
En consecuencia, la resoluci\u00f3n de la apelaci\u00f3n de autos debe respetar el lapso consignado en el referido canon. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos dejo sentada mi posici\u00f3n. <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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