STC4007-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4007-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00821-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Gustavo Adolfo Oviedo Rueda le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado n\u00b0 540013153004-2019-00234-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 la revocatoria del auto que desestim\u00f3 su recurso de queja (7 feb. 2022) y la sentencia que dio lugar a esa impugnaci\u00f3n (1 oct. 2021). En sustento, adujo ser demandado por Bancolombia S.A. en el proceso objeto de revisi\u00f3n, bajo la causal de mora en el pago de c\u00e1nones (leasing financiero), donde no fue escuchado dada la falta de consignaci\u00f3n de los rubros pretendidos, ello a pesar de su condici\u00f3n de v\u00edctima de desplazamiento forzado. Critic\u00f3 que no se concediera la apelaci\u00f3n contra el veredicto adverso y la falta de estudio de su situaci\u00f3n especial invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. A la fecha de elaboraci\u00f3n de esta providencia no se presentaron manifestaciones adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En lo que respecta al reproche contra el auto del Tribunal que despach\u00f3 desfavorablemente el recurso de queja interpuesto por el actor, pronto se advierte la denegaci\u00f3n del resguardo porque esa decisi\u00f3n no solo luce razonable sino acorde a la legislaci\u00f3n adjetiva que gobierna el litigio criticado. <\/p>\n
Ciertamente, para desestimar el recurso la magistratura predic\u00f3 que el fallo apelado hab\u00eda sido proferido en un asunto que, por disposici\u00f3n expresa del numeral 9 del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso, deb\u00eda tramitarse en \u00fanica instancia. En tal sentido, luego de exponer los razonamientos constitucionales1, legales2 y jurisprudenciales3 que consider\u00f3 apropiados para soportar la negativa, concluy\u00f3 que era \u00abirrefutable la improcedencia del recurso de apelaci\u00f3n contra cualquier decisi\u00f3n adoptada en el curso del proceso incluida la sentencia, que fue precisamente la decisi\u00f3n adoptada en la providencia del 15 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Lo expuesto, pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
2. De otra parte, tampoco prospera el auxilio si lo que en realidad censura el impulsor es que se resolviera el pleito sin atender su condici\u00f3n de v\u00edctima. En efecto, revisado el expediente criticado se observa que a pesar de la prohibici\u00f3n de escucha que en ciertos casos impera en esa clase de juicios restitutorios, el aludido estatus del demandado s\u00ed fue examinado de forma especial por el juez de la causa en auto de 14 de julio de 2021, donde se consider\u00f3 que: <\/p>\n
As\u00ed entonces, si bien las personas v\u00edctimas del conflicto armado gozan de unos privilegios otorgados por el legislador de donde se resalta el criterio de la Corte Constitucional que, en los procesos ejecutivos es obligaci\u00f3n del demandante realizar refinanciaci\u00f3n de las deudas donde se tenga en cuenta las posibilidades econ\u00f3micas y de pago de las v\u00edctimas -deudoras no es menos cierto que, en este caso se encuentra comprobado que la entidad demandante BANCOLOMBIA S.A realizo una modificaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas del contrato bajo otro s\u00ed, suscrito de manera inicial con el aqu\u00ed demandado se\u00f1or GUSTAVO ADOLFO OVIEDO RUEDA, donde se le otorg\u00f3 un periodo de gracia por 6 meses, ampliando el t\u00e9rmino del contrato y realizando una modificaci\u00f3n en la cuota a pagar como canon de arrendamiento, situaci\u00f3n que cumpli\u00f3 con la protecci\u00f3n se\u00f1alado por el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional, por lo que ahora en curso del presente tr\u00e1mite debi\u00f3 cumplir con el requisito ordenado en el art\u00edculo 384 del C.G.P y en su numeral 4, esto es cancelar los c\u00e1nones adeudados para poder ser o\u00eddo. <\/p>\n
Luego, en el auto que desat\u00f3 la reposici\u00f3n contra el pronunciamiento en cita, se predic\u00f3 que: <\/p>\n
As\u00ed las cosas, volviendo los ojos al tr\u00e1mite surtido encuentra el juzgado que en la providencia recurrida no existe por parte de este Despacho una decisi\u00f3n contraria a derecho que requiera ser saneada por este medio de impugnaci\u00f3n, ya que la misma solo obedece al estudio ponderado y sujeto a una norma legal, como lo es el numeral 4 del art\u00edculo 384 del C.G.P que se exige en esta clase de asuntos una carga adicional para el demandado y para lo cual la \u00fanica excepci\u00f3n permitida es cuando existan serias dudas del contrato de arrendamiento suscrito, as\u00ed como el derecho de defensa de los demandados en esta clase de procesos fue debidamente establecido por el Alto Tribunal Constitucional en sentencia T-427 del 2014 se\u00f1al\u00f3: [(\u2026)]. <\/p>\n
Posteriormente, para ahondar en el estudio de la calidad de v\u00edctima aludida, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, ante las pruebas allegadas a esta Entidad Judicial, es indiscutible la calidad que ostenta el recurrente v\u00edctima del conflicto armado la cual fue reconocida mediante Resoluci\u00f3n No.2017 62500 del 12 de junio del 2017 que obra en el tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que este Despacho no desconoce sin embargo lo pretendido por el demandado que se inaplique una norma legal y se d\u00e9 por terminado el proceso, no es procedente ya que como se dispuso en el auto recurrido fue demostrado que la entidad demandante BANCOLOMBIA S.A realiz\u00f3 una modificaci\u00f3n en las cl\u00e1usulas del contrato bajo otro si, suscrito de manera inicial con el aqu\u00ed demandado se\u00f1or GUSTAVO ADOLFO OVIEDO RUEDA, donde bajo la condici\u00f3n de v\u00edctima del conflicto se le otorg\u00f3 un periodo de gracia por 6 meses, ampliando el t\u00e9rmino del contrato y realizando una modificaci\u00f3n en la cuota a pagar como canon de arrendamiento, situaci\u00f3n que demuestra la aplicaci\u00f3n de los principios de solidaridad y buena fe que protegen a los derechos de las v\u00edctimas como lo se\u00f1ala el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional. <\/p>\n
Ahora, en el curso de este tr\u00e1mite es de obligatorio cumplimiento el requisito ordenado en el art\u00edculo 384 del C.G.P y en su numeral 4, esto es cancelar los c\u00e1nones adeudados para poder ser o\u00eddo y que no puede pretender se d\u00e9 por terminado el proceso adelantado bajo el argumento de ser v\u00edctima del conflicto armado cuando la entidad demandada le otorgo una protecci\u00f3n con sustento en lo dispuesto por la Corte Constitucional para estos casos. <\/p>\n
As\u00ed pues, es ostensible que la autoridad convocada consider\u00f3 que la obligaci\u00f3n insatisfecha, que dio lugar a la restituci\u00f3n demandada, fue objeto de refinanciaci\u00f3n por parte del acreedor dada la condici\u00f3n de v\u00edctima invocada por el deudor y que, en tal sentido, se satisfizo lo ordenado por el \u00f3rgano de cierre constitucional en torno a la especial protecci\u00f3n de este tipo de sujetos dentro de las contiendas judiciales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es evidente que la circunstancia expuesta por el censor s\u00ed fue atendida dentro de su causa sin que pueda percibirse el raciocinio del juez como caprichoso o antojadizo, sino todo lo contrario, fincado en el razonamiento elaborado sobre el precedente judicial que gobierna la materia. <\/p>\n
En suma, dado que las conductas cuestionadas en esta salvaguarda descansan en un discernimiento razonable conforme a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa conocida por la autoridad accionada, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Gustavo Adolfo Oviedo Rueda. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculos 9, 384 y 385 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3\u0002 STC 10381-2019 <\/p>\n
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STC4007-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4007-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00821-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que Gustavo Adolfo Oviedo Rueda le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62617","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62617","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62617"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62617\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62617"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62617"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62617"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}