STC4009-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4009-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00848-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Blanca Myriam Ariza Almanzar instaur\u00f3 contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial C\u00facuta, extensiva al Juzgado 1\u00ba Civil Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga y a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n n\u00b0 2016-00143-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante solicit\u00f3 que se revoque o modifique la sentencia emitida en el proceso referido (24 septiembre 2021), para que, en su lugar, se reconozcan sus derechos como segunda ocupante del predio \u00abPARCELA No.11 BUENA VISTA\u00bb ubicado en Gir\u00f3n (Santander). <\/p>\n
En sustento adujo que Luis C\u00e1rdenas y Vitelma \u00c1lvarez iniciaron proceso de restituci\u00f3n de tierras con el fin de obtener el bien mencionado. En dicho tr\u00e1mite ejerci\u00f3 oposici\u00f3n, toda vez que desde el a\u00f1o 2015 ejerce actos de posesi\u00f3n sobre el bien, derivados de la promesa de compraventa que celebr\u00f3 con los demandantes; sin embargo, la misma fue negada. <\/p>\n
Precis\u00f3 que el Tribunal emiti\u00f3 su decisi\u00f3n sin tener en cuenta que: i) es v\u00edctima de desplazamiento forzado, madre cabeza de familia, ii) que no recibe recurso alguno, iii) que fue la construcci\u00f3n de la hidroel\u00e9ctrica Rio Sogamoso, la que dio lugar a que cambiara la destinaci\u00f3n de los suelos de agrarios a tur\u00edsticos, lo que condujo a que en la vereda Parroquia, del municipio de Gir\u00f3n (Santander) se iniciaran varios procesos de restituci\u00f3n en los que se refirieron despojos de tierras que no existieron, es decir que lo que pretend\u00edan los antiguos propietarios era desconocer los negocios celebrados, con el fin de explotar nuevamente los bienes y iv) que los testimonios recaudados daban cuenta que los demandantes s\u00ed hab\u00edan vendido el predio sin sufrir coacciones; adem\u00e1s, pas\u00f3 por alto el precedente constitucional <\/p>\n
2. El Tribunal accionado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n; adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido por el actor es revivir oportunidades para intervenir y agotar una instancia adicional. <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar toda vez que la sentencia cuestionada se adopt\u00f3 con base en un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
La actora manifiesta que el Tribunal convocado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y que debido a ello no fue reconocida como segunda ocupante; sin embargo, revisada la sentencia censurada, se hall\u00f3 que el Cuerpo Colegiado rese\u00f1\u00f3 los fundamentos de la oposici\u00f3n presentada, se pronunci\u00f3 sobre la misma, analiz\u00f3 la existencia de buena fe exenta de culpa y a continuaci\u00f3n dedic\u00f3 un ac\u00e1pite para estudiar si la aqu\u00ed actora pod\u00eda ser reconocida como segunda ocupante. <\/p>\n
Para dirimir el asunto memor\u00f3 los requisitos establecidos en la sentencia C-330 de 2016 y a partir de los mismos estableci\u00f3 que: 1) la opositora tuvo relaci\u00f3n directa con el despojo en raz\u00f3n a que adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n del bien mediante enga\u00f1os, toda vez que desconoci\u00f3 la voluntad de los reclamantes de no enajenar el bien, no existe registro del pago que efectu\u00f3 por el predio y aunque existe un contrato de arrendamiento, Segundo Bernardo Ariza manifest\u00f3 que el mismo se efectu\u00f3 \u00abcon el fin que el INCODER no se diera cuenta de la venta y no le quitara el predio a los accionantes (\u2026):; sin embargo, sabedores de tal restricci\u00f3n prefirieron, seg\u00fan sus propios dichos, esquivarla con ese supuesto contrato lo que sin duda denota hasta mala fe en su proceder\u00bb; 2) no habita el inmueble, toda vez que fue ella misma quien se\u00f1al\u00f3 que vive en la cabecera del municipio de Gir\u00f3n, en la casa de su padre y 3) tampoco deriva su sustento exclusivamente del predio, toda vez que tiene ingresos por un taller de confecciones. Por lo anterior, concluy\u00f3 que la actora no ten\u00eda la calidad de segunda ocupante. <\/p>\n
En esas condiciones, debe admitirse que al margen que la precursora no comparta tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, toda vez que las mismas se ajustan a los par\u00e1metros que la jurisprudencia constitucional ha establecido para definir qui\u00e9n puede ser reconocido como segundo ocupante y a lo acreditado en el expediente, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, entre otras). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, surge inevitable el fracaso del amparo instado, pues como qued\u00f3 dicho no se observan los desaciertos que se enrostran a la colegiatura. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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