STC4010-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4010-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00871-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que interpuso Rom\u00e1n Payares Almarales contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, extensiva a las autoridades, partes e intervinientes en el proceso de pertenencia con radicado n\u00b047-189-31-53-002-2014-00062-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 que se revoque la sentencia de segunda instancia proferida por el encartado. En sustento, adujo ser demandado en un proceso de pertenencia en el que el inmueble objeto de la litis fue inicialmente donado por su padre al se\u00f1or Dioscorides Payares Carbono, quien a su vez, lo vendi\u00f3 a la demandante; contratos que posteriormente fueron nulitados sin que la compradora dejara de detentar en bien. <\/p>\n
Al respecto, aduj\u00f3 haber obtenido fallo favorable de primer grado; sin embargo, aleg\u00f3 que el Tribunal, en sede de apelaci\u00f3n, declar\u00f3 la prescripci\u00f3n extraordinaria del inmueble sin que la demandante cumpliera con el requisito del tiempo de posesi\u00f3n. De esto concluye que la providencia adolece de defecto material sustantivo y procedimental absoluto. <\/p>\n
2. El accionado hizo un relato de las actuaciones surtidas, defendi\u00f3 la legalidad de sus actos y solicit\u00f3 la improcedencia del resguardo. La se\u00f1ora Marta In\u00e9s Torres Pert\u00faz, demandante dentro del proceso objeto de estudio, solicit\u00f3 que se declare improcedente el amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo ser\u00e1 denegado porque la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comparta, no luce antojadiza. En verdad, la queja medular del censor radic\u00f3 en que para determinar si la posesi\u00f3n se prolong\u00f3 por el tiempo exigido por la ley, el tribunal cont\u00f3 el lapso en que la all\u00e1 demandante detent\u00f3 el inmueble con anterioridad a que su t\u00edtulo fuera declarado nulo, pues determin\u00f3 que aunque la venta con la que adquiri\u00f3 el uso y goce del predio desapareci\u00f3 del mundo jur\u00eddico, deb\u00eda ser considerada poseedora desde que iniciaron los actos materiales que exteriorizaron su animus domini, en este caso, desde el momento en el que se le hizo entrega del bien (10 dic. 2003), conclusi\u00f3n que, a juicio del actor, constituye un error del operador judicial pues la posesi\u00f3n y el dominio son figuras diferentes que no pueden confundirse, por lo que su posesi\u00f3n empez\u00f3 despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia de nulidad. <\/p>\n
Ciertamente, el Tribunal concluy\u00f3 que: \u00ab(\u2026) siendo supuestos de hecho distintos, el analizado por la Corporaci\u00f3n en cita y el que aqu\u00ed se estudia, deviene inaplicable el precedente invocado, debiendo acudirse entonces a la regla que indica que quien adquiri\u00f3 posesi\u00f3n en virtud de un t\u00edtulo que despu\u00e9s desaparece del mundo jur\u00eddico, ser\u00e1 considerado poseedor desde que iniciaron los actos materiales que exteriorizan su \u00e1nimus d\u00f3mini, y no en el momento en que desapareci\u00f3 una calidad meramente aparente, como en este caso\u00bb (negrillas propias). <\/p>\n
Lo cual a juicio de esta sala no luce irracional, pues, aunque se haya extinguido el justo t\u00edtulo, ejecut\u00f3, desde que le fue entregado el bien, actos de se\u00f1or y due\u00f1o, sin reconocer dominio alguno, los cuales permiten contabilizar, a partir de dicha fecha, el tiempo exigido para prescribir. <\/p>\n
De la misma forma, se descart\u00f3 que la posesi\u00f3n ejercida haya sufrido suspensi\u00f3n natural y se afirm\u00f3 que su interrupci\u00f3n se dio con la notificaci\u00f3n de la reivindicaci\u00f3n, de esto se concluy\u00f3 que la sentencia de nulidad no afect\u00f3 la pretensi\u00f3n adquisitiva de la demandante pues la se\u00f1ora Martha In\u00e9s Torres Pertuz nunca fue vinculada al mismo, al respecto se precis\u00f3: <\/p>\n
Ahora bien, no obstante la comprobada existencia del proceso declarativo de nulidad contra Diosc\u00f3rides Payares, no se demostr\u00f3 que Torres Pertuz haya concurrido a \u00e9l como parte, ni tampoco en ninguna de las formas de tercer\u00eda previstas por el Estatuto de los Ritos Civiles, por lo cual ning\u00fan efecto o consecuencia tiene sobre ella, distinto de los ya aclarados respecto de los de la sentencia sobre la compraventa en virtud de la antelada inscripci\u00f3n de aqu\u00e9l libelo. As\u00ed se tiene, como qued\u00f3 visto, de haberse convocado a aquel tr\u00e1mite judicial invalidante, habr\u00eda operado la interrupci\u00f3n civil, pero como as\u00ed no se hizo, \u00e9sta no se dio. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, se tiene que los actos de se\u00f1or\u00edo de la Se\u00f1ora Martha In\u00e9s Torres Pertuz dieron inicio despu\u00e9s de inscrita la multicitada demanda de nulidad contractual. Y ello es as\u00ed porque \u00e9sta fue enterada por Diosc\u00f3rides Payares de la existencia del libelo de nulidad y de la inscripci\u00f3n de la demanda, al momento de suscribir la promesa de compraventa del inmueble, seg\u00fan afirm\u00f3 en su interrogatorio de parte, durante el cual tambi\u00e9n precis\u00f3 que la entrega material con la que dio inicio a su posesi\u00f3n se hizo con posterioridad a la mentada promesa y antes de perfeccionar la venta. As\u00ed, aun de considerarse susceptible de interrupci\u00f3n por tal causa, en este caso de interrupci\u00f3n alguna puede hablarse, pues la posesi\u00f3n de Do\u00f1a Martha In\u00e9s inici\u00f3 luego de proferida e inscrita la cautela en referencia. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, el Tribunal concluy\u00f3 que la all\u00e1 demandante cumpli\u00f3 con el tiempo exigido pues su posesi\u00f3n fue p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 2003 y se interrumpi\u00f3 el 13 de julio de 2018, lo cual no luce irracional. Es ostensible, entonces, que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada, lo que torna inviable el ruego en tanto no se puede \u00abimponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC10939-2021). <\/p>\n
En suma, dado que la providencia cuestionada en esta queja descansa en un discernimiento razonable conforme a la normativa y jurisprudencia que regulan la materia, no queda alternativa distinta a denegar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: NEGAR la tutela instada por Roman Payares Almarales. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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