STC4017-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4017-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01000-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones frente a la sentencia 25 de mayo de 20211, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la salvaguarda que la recurrente instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a los Juzgados S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Barranquilla y Once Laboral del Circuito de Cali, las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de las mismas ciudades, Ana del Socorro Bol\u00edvar Consuegra y Beatriz Arias Rojas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad actora pretendi\u00f3 se deje sin efectos las sentencias CSJ SL435-2021 (3 feb.) y CSJ SL436-2021 (3 feb.) para que, en su lugar, se profieran unos nuevos veredictos \u00absubsanando los yerros alegados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Expuso que Ana del Socorro Bol\u00edvar Consuegra promovi\u00f3 en su contra proceso ordinario laboral, con el fin de obtener el reconocimiento y pago del retroactivo pensional e intereses moratorios (art. 141, Ley 100 de 1993); el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Barranquilla accedi\u00f3 a las pretensiones (17 sep. 2014), apel\u00f3 y el Tribunal modific\u00f3 ese veredicto en el sentido de condenarla \u00aba reconocer y pagar el retroactivo de la pensi\u00f3n de vejez (\u2026) desde el 2 de agosto de 2011 hasta el 5 de septiembre de 2011\u00bb (22 jun. 2015); postul\u00f3 casaci\u00f3n la all\u00e1 demandante y la Corte cas\u00f3 el fallo y volvi\u00f3 a cambiar las condenas en los t\u00e9rminos all\u00ed expuestos (CSJ SL435-2021, 3 feb.). <\/p>\n
De otra parte, narr\u00f3 que Beatriz Arias Rojas de igual manera la demand\u00f3 en los mismos t\u00e9rminos que Ana del Socorro y, en ese asunto, el Juzgado Once Laboral del Circuito de Oralidad de Cali la absolvi\u00f3 (23 oct. 2014), apel\u00f3 la demandante y el Tribunal confirm\u00f3 (23 sep. 2015), recurri\u00f3 en casaci\u00f3n y la Corte cas\u00f3 el veredicto de segundo grado y dispuso la pr\u00e1ctica de pruebas (CSJ SL5613-2019 16 oct.). En sede de instancia revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del juzgado e igualmente la conden\u00f3 como all\u00ed se expone (CSJ 436-2021, 3 feb.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que la magistratura de casaci\u00f3n dio un entendimiento errado a los plazos de respuesta se\u00f1alados en el art\u00edculo 4\u00b0 de la Ley 700 de 2001 y en lo atinente a las condenas por \u00abintereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la ley 100 de 1993\u00bb, pues solo proceden cuando se verifique un reconocimiento prestacional tard\u00edo. <\/p>\n
2. La Sala reprochada se remiti\u00f3 a las disertaciones expuestas en los fallos. El Juzgado S\u00e9timo laboral del Circuito de Barranquilla y Ana del Socorro Bol\u00edvar Consuegra se opusieron a las pretensiones. <\/p>\n
3. El a quo desestim\u00f3 el amparo por razonabilidad ya que las decisiones se adoptaron atendiendo los precedentes de la misma sala (CSJ SL3130-2020, 19 ag.), los lineamientos fijados por el \u00f3rgano l\u00edmite constitucional en SU-975 de 2003 y los plazos se\u00f1alados en el art\u00edculo 9\u00ba de la Ley 797 de 2003, norma posterior a la citada por la accionante (Ley 700 de 2001). <\/p>\n
4. Impugn\u00f3 la promotora e insisti\u00f3 en las alegaciones del libelo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar y, por ende, se confirmar\u00e1 lo resuelto, toda vez que no se cumpli\u00f3 con el requisito de subsidiariedad como pasa a explicarse. <\/p>\n
En la r\u00e9plica al recurso de casaci\u00f3n propuesto por Ana de Socorro Bol\u00edvar de Consuegra (Rad. 75356), Colpensiones aleg\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar porque no se acredit\u00f3 por parte de la actora el retiro del sistema de pensiones. <\/p>\n
En ese sentido, menciona que la causaci\u00f3n y el disfrute de la pensi\u00f3n no deben confundirse, puesto que \u00e9ste inicia desde que se haya acreditado el retiro del servicio. <\/p>\n
Finalmente, aduce que la Resoluci\u00f3n No. 0088487 reconoci\u00f3 el derecho pensional a partir del 6 de septiembre de 2011, por lo que no es posible condenar a la entidad al reconocimiento y pago de un retroactivo pensional por el per\u00edodo que va del 2 de agosto de 2011 al 1 de mayo de 2013 (CSJ SL435-2021, 3 feb.). <\/p>\n
De otra parte, en la oposici\u00f3n a la demanda de casaci\u00f3n que postul\u00f3 Beatriz Arias Rojas (rad. 73154), la aqu\u00ed accionante arguy\u00f3: <\/p>\n
En cuanto al cargo primero, la opositora afirma que el escrito de sustentaci\u00f3n del recurso no re\u00fane los m\u00ednimos requisitos de forma, ni de fondo para ser examinado, pues carece de proposici\u00f3n jur\u00eddica, de sustentaci\u00f3n, y no explica qu\u00e9 normas fueron las que se interpretaron err\u00f3neamente o en qu\u00e9 consisti\u00f3 la infracci\u00f3n directa, o la aplicaci\u00f3n indebida de alg\u00fan precepto, \u00absino que de manera tenue reclama que se le aplique el Acuerdo 049 de 1990, sin estructurar un cargo, ni siquiera de lo manifestado puede derivarse un argumento, toda vez, que como se ha aducido, de manera muy tenue pide que le aplique el acuerdo 049 de 1990\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aduce que el recurrente deja intacto el argumento central del tribunal, atinente al Acto Legislativo 01 de 2005, \u00abrespecto del cual no pudo la demandante cumplir la densidad de semanas para que su r\u00e9gimen de transici\u00f3n se prorrogara hasta el a\u00f1o 2014\u00bb. <\/p>\n
Respecto del segundo ataque, afirma que \u00aben sentido estricto\u00bb tambi\u00e9n carece de una proposici\u00f3n jur\u00eddica, \u00abpor cuanto en lo atinente al art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, dicho precepto NO es una norma sustantiva de alcance nacional, sino que de manera general contempla el respeto por el debido proceso, pero es una norma de \u201ctipo abierto\u201d de la que no se derivan de manera concreta derechos y obligaciones; y en lo que respecta a los art\u00edculos 53 y 48, el sub-motivo de vulneraci\u00f3n al que alude el recurso no existe, seg\u00fan el cual \u201cno aplic\u00f3 debidamente\u201d los mencionados art\u00edculos\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al desarrollo del cargo, menciona que parece enderezado por el sendero indirecto, pero cuando acusa las supuestas pruebas y piezas procesales, \u00abde manera desconcertante alude al Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb; que uno de los graves errores del cargo es acusar al Acto Legislativo 01 de 2005, como si se tratara de una pieza procesal o de una prueba, cuando es sabido que una norma constitucional no es ninguna prueba, ni mucho menos una pieza procesal. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al fondo del litigio, indica que \u00abaunque en principio la demandante era beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, perdi\u00f3 tal beneficio como consecuencia de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez, que a la entrada en vigencia del aludido Acto, la demandante no acreditaba al menos 750 semanas cotizadas, en consecuencia el r\u00e9gimen de transici\u00f3n no pod\u00eda extend\u00e9rsele m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010\u00bb (CSJ SL5613-2019, 16). <\/p>\n
Dada la prosperidad del recurso de casaci\u00f3n y antes de proferir la sentencia de instancia (SL436-2021, 3 feb.), dispuso: <\/p>\n
(\u2026) oficiar a Colpensiones, para que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del recibo de la respectiva comunicaci\u00f3n, remita en forma ordenada y detallando de manera precisa y clara, los periodos cotizados para pensi\u00f3n, el monto de cada cotizaci\u00f3n y el salario base de cada uno de los aportes realizados desde el momento de la afiliaci\u00f3n inicial de la demandante Beatriz Arias Rojas, identificada con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n.\u00b0 31.249.073; historia laboral que la Secretar\u00eda pondr\u00e1 a disposici\u00f3n de las partes por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas a partir de la fecha de su recibo. As\u00ed mismo, se ordena tener como prueba para que obre dentro del presente proceso la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 SUB 28373 del 31 de enero de 2018, por la cual se reconoce la pensi\u00f3n de vejez a la actora, visible de folios 52 a 55 del cuaderno de la Corte, y a fin de garantizar el derecho de contradicci\u00f3n de la demandada, se ordena por Secretar\u00eda poner dicha documental a disposici\u00f3n de las partes por el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre dicho traslado no obra constancia de que Colpensiones haya hecho alguna manifestaci\u00f3n. <\/p>\n
El anterior recuento permite inferir que la inconforme no obstante que contaba con otro mecanismo de defensa en las r\u00e9plicas a las demandas de casaci\u00f3n en las que si bien es cierto, present\u00f3 oposici\u00f3n, en ninguna de ellas llev\u00f3 el debate aqu\u00ed propuesto, esto es, el acogimiento de la entidad a las previsiones de la Ley 700 de 2001, si estimaba que el marco normativo sobre el cual se irrogaron las condenas – art. 9\u00ba de la Ley 797 de 2003- era distinto, y en ese escenario soslay\u00f3 la oportunidad de acudir al juez plural y refutar los anhelos de las all\u00e1 recurrentes, de modo tal que no puede pretender ahora a trav\u00e9s de esta herramienta censurarlas, pues dado su car\u00e1cter residual, no es factible acudir a ella con el fin de conjurar cuestiones que oportunamente no fueron ventilados ante el juez natural. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que no se cumpli\u00f3 con el mencionado presupuesto, se ratificar\u00e1, como se anunci\u00f3 lo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 10 de diciembre de 2021, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 7 de marzo pasado. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4017-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC4017-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01000-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62627","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62627","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62627"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62627\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62627"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62627"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62627"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}