STC4024-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4024-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-00323-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de marzo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Mar\u00eda Josefa Guzm\u00e1n de Garc\u00eda frente a la sentencia del 24 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra los Juzgados 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de sentencias, 56 Civil Municipal y 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso de ejecutivo No. 2007-01241-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretende que se disponga \u00abrevocar el fallo del 24 de noviembre de 2021\u00bb proferido por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, y en su lugar, se declare la nulidad de todo lo actuado desde el mandamiento de pago librado por el Juzgado 56 Civil Municipal de Bogot\u00e1 (26 septiembre 2007). <\/p>\n
En sustento adujo que la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda instaur\u00f3 en su contra proceso ejecutivo que termin\u00f3 en aplicaci\u00f3n de la Ley 546 de 1999 (14 agosto 2006). Posteriormente, en el a\u00f1o 2007 y por la misma obligaci\u00f3n, AV Villas inici\u00f3 un nuevo proceso sin haber efectuado la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. En dicho tr\u00e1mite el Juzgado 56 Civil Municipal de Bogot\u00e1 libr\u00f3 mandamiento de pago por un valor superior al reportado a la Superintendencia Bancaria al 31 de diciembre de 1999, de tal forma que no se aplic\u00f3 el alivio al cr\u00e9dito hipotecario. Precis\u00f3 que aunque formul\u00f3 la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abinexistencia del t\u00edtulo valor\u00bb, la misma fue desestimada en la sentencia proferida por el Juzgado 15 Civil Municipal de Descongesti\u00f3n de esta ciudad (3 febrero 2012), decisi\u00f3n que fue confirmada por el Juzgado 22 del Circuito de Descongesti\u00f3n (28 junio 2013). <\/p>\n
Relat\u00f3 que el Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n (30 abril de 2020), contra esa determinaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n, por lo que la autoridad judicial revoc\u00f3 el auto fustigado, y en su lugar, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por inexigibilidad del documento aportado como t\u00edtulo ejecutivo, decisi\u00f3n que soport\u00f3 en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (17 de septiembre 2020). Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por el Conjunto Residencial Parque Metropolitano y a pesar que no ten\u00eda legitimidad para presentar ese medio de impugnaci\u00f3n, el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, bajo una interpretaci\u00f3n errada de la sentencia STC14779 de 2019, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y le orden\u00f3 determinar si la demandada tiene capacidad de pago y suficiencia para saldar el cr\u00e9dito ejecutado. <\/p>\n
A juicio de la actora, el Juzgado del Circuito desconoci\u00f3 lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias STC5248 de 2021 y STC14779 de 2019. <\/p>\n
2. El Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que conoci\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n remitido por el Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n en el cual el despacho estudi\u00f3 la jurisprudencia actual que regula la materia respecto a la procedencia de la terminaci\u00f3n del proceso por falta de reestructuraci\u00f3n, efecto para el cual acogi\u00f3 lo previsto en las sentencias STC 5248-2021 y STC-14779 de 2019, por lo que le orden\u00f3 al Juzgado Municipal realizar una labor proactiva, tendiente a determinar con suficiencia si el deudor puede pagar el cr\u00e9dito ejecutado. <\/p>\n
El Juzgado 12 Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n hizo un recuento de las actuaciones realizadas en el proceso ejecutivo en comento y las dem\u00e1s autoridades judiciales convocadas aludieron a su falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el reguardo por estimar que la decisi\u00f3n que revoc\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso es razonable, toda vez que estuvo soportada en la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la reestructuraci\u00f3n de cr\u00e9ditos hipotecarios. <\/p>\n
4. La accionante impugn\u00f3 y para tal fin reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado, de un lado, porque la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado del Circuito accionado, mediante la cual se revoc\u00f3 el auto que dio por terminado el proceso ejecutivo por falta de reestructuraci\u00f3n es razonable; y de otro, porque no se encuentran acreditados los presupuestos jurisprudenciales que dan lugar a la concesi\u00f3n del amparo por ausencia de la reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado en el tr\u00e1mite ejecutivo. <\/p>\n
Revisada la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado 2\u00ba Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de sentencias, encuentra la Sala que all\u00ed se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n que dispuso terminar el proceso ejecutivo referido por ausencia de reliquidaci\u00f3n en raz\u00f3n a que existe un embargo de remanentes vigente a favor del Conjunto Residencial Parque Metropolitano y por lo tanto es necesario indagar sobre la situaci\u00f3n crediticia de la ejecutada para as\u00ed establecer si hay lugar a terminar o no el proceso. Al respecto el Juzgado consign\u00f3: <\/p>\n
De otro lado , advierte el despacho que la acreedora de remanentes se duele porque se termin\u00f3 el proceso por falta de reestructuraci\u00f3n desconociendo la jurisprudencia que regula la materia y no se dej\u00f3 a disposici\u00f3n de su proceso las cautelas practicadas (\u2026) el m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre de la Jurisdicci\u00f3n ordinaria civil en reciente sentencia indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Sobre el particular, la Sala Considera que lo m\u00e1s razonado es mantener la postura adoptada en la sentencia STC14779-2019, toda vez que, adem\u00e1s de lo dicho en esa oportunidad, se advierte que la legislaci\u00f3n vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad econ\u00f3mica de una persona\u201d. <\/p>\n
Por lo cual concluy\u00f3: \u201cEntonces, no basta con advertir la existencia de un tr\u00e1mite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto, seg\u00fan lo expuesto, y en aras de garantizar el derecho fundamental a la vivienda, cuando \u00e9ste se vea comprometido\u201d. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo tanto, les corresponde a las partes acreditar o desvirtuar la capacidad econ\u00f3mica del deudor y al juzgador efectuar una labor \u201cproactiva\u201d para verificar si se cumplen o no los presupuestos para terminar o continuar la ejecuci\u00f3n, es decir, no basta con la mera ausencia del requisito cuando existe embargo de remanentes para impedir o seguir la ejecuci\u00f3n, sino que se debe acreditar al interior del proceso que el deudor tiene capacidad econ\u00f3mica para solventar la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por lo tanto, una vez se revis\u00f3 el an\u00e1lisis efectuado por el a quo este despacho determin\u00f3 que la misma no hizo referencia alguna a tal presupuesto, ya que se limit\u00f3 a indicar las sentencias en las cuales la Corte determin\u00f3 que era procedente terminar el proceso a\u00fan con la existencia de embargo de remanentes, actuaci\u00f3n que se encuentra conforme a la actual l\u00ednea jurisprudencial que regula la materia, sin embargo, omiti\u00f3 hacer referencia al punto objeto de an\u00e1lisis y es la capacidad econ\u00f3mica del ejecutado, que fue el motivo de cambio en el criterio de la Corte Suprema de Justicia (\u2026) <\/p>\n
De lo expuesto se colige que el Cuerpo Colegiado dio aplicaci\u00f3n a las reglas jurisprudenciales que esta Corporaci\u00f3n estableci\u00f3 en la sentencia STC14779-2019, acogidas nuevamente en la sentencia STC5248-2021, en donde claramente se indic\u00f3 que la existencia de remanentes en s\u00ed misma no impide la terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos hipotecarios iniciados para cobrar cr\u00e9ditos otorgados en UPAC, para la adquisici\u00f3n de vivienda, antes del 31 de diciembre de 1999, sino que es necesario evaluar las circunstancias del caso concreto con el fin de que el juez del asunto pueda determinar a ciencia cierta la verdadera situaci\u00f3n crediticia de la parte ejecutada para de esa forma tomar la decisi\u00f3n culminar o no el pleito. <\/p>\n
As\u00ed, el hecho que la promotora no est\u00e9 de acuerdo con el an\u00e1lisis descrito, no habilita la intromisi\u00f3n constitucional clamada, ya que como lo ha dicho esta Corte, las simples discrepancias frente a lo resuelto por las autoridades judiciales no tornan exitosa esta herramienta, dado que la acci\u00f3n de tutela, (\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
Por lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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