STC4075-2022 <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4075-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2022-00289-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Juan Carlos Guzm\u00e1n Orjuela contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto disciplinario con radicado N\u00b0 2017-06761-01 (17352-39) y en el amparo constitucional con N\u00b011001-02-30-000-2021-00113. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Juan Carlos Guzm\u00e1n Orjuela reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas y, solicit\u00f3, concretamente, \u00abREVOCAR LA DECISI\u00d3N de veintiuno (21) de octubre de dos mil veinte (2020), Magistrada Ponente Doctora JULIA EMMA GARZ\u00d3N DE G\u00d3MEZ (\u2026) [mediante la cual fue] sancionado por 2 a\u00f1os\u00bb, y, \u00bbSE REVOQUEN LAS DECISIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de acuerdo a las razones expuestas en la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Del confuso escrito de tutela y de lo obrante en este asunto, se evidencia que fue sancionado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 el 20 de septiembre de 2019, con \u00absuspensi\u00f3n de la tarjeta profesional por el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os, por haber incurrido en la falta descrita en el art\u00edculo 33 numeral 3 de la Ley 1123 de 2007, conducta calificada a t\u00edtulo de dolo\u00bb, pronunciamiento confirmado el 21 de octubre de 2020, en sede de apelaci\u00f3n, por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-. <\/p>\n
El accionante cuestiona el mencionado tr\u00e1mite, por cuanto, en su criterio, \u00abest\u00e1 viciado de nulidad\u00bb, pues tanto la Magistrada Ponente Julia Emma Garz\u00f3n de G\u00f3mez como el entonces Magistrado Pedro Alonso Sanabria Buitrago, firmaron dicha sanci\u00f3n sin competencia, en tanto que, para la \u00e9poca se hab\u00edan, \u00abperpetuado en sus despachos y estuvieron en el cargo 12 a\u00f1os, a pesar de que los per\u00edodos son de ocho. Por esa raz\u00f3n, que incluso llev\u00f3 a que la Fiscal\u00eda les abriera una investigaci\u00f3n por compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional orden\u00f3 que la nueva Comisi\u00f3n Disciplinaria quedara conformada, a m\u00e1s tardar, el 20 de diciembre del a\u00f1o 2020\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que la Corte Constitucional \u00aben un fallo\u00bb indic\u00f3 que \u00abun per\u00edodo de un magistrado que sea superior a los 8 a\u00f1os que dice la ley es inconstitucional, y asegur\u00f3 que \u00e9ste no se puede alargar\u00bb; y que, por su parte, la Corte Suprema de Justicia hab\u00eda precisado que \u00abdesde el 14 de octubre de 2020 ya los ciudadanos Garz\u00f3n y Sanabria ya no ostentaban la calidad de magistrados (\u2026), es decir que el documento que se hace pasar como una decisi\u00f3n (\u2026) es una comunicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, la sanci\u00f3n que le fue impuesta en el tr\u00e1mite discutido tambi\u00e9n lesiona sus derechos porque \u00absu conducta y proceder como abogado no fue temeraria, y sus actuaciones ante los tribunales se surtieron v\u00eda correo electr\u00f3nico (\u2026) [pero] nunca fu[e] notificado a [su] correo de las decisiones que se tomaron\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, anot\u00f3 que formul\u00f3 otro amparo similar a \u00e9ste, pero fue negado en primer y segundo grado por las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Civil de esta Corte, respectivamente, decisiones que vulneran \u00abel principio de congruencia porque no guarda[n] ninguna relaci\u00f3n en las peticiones, fundamentos legales y peticiones solicitadas por el suscrito abogado accionante\u00bb. <\/p>\n
2. Mediante auto ATC326-2022 de 15 de marzo, se aceptaron los impedimentos manifestados por los H. Magistrados Francisco Ternera Barrios, \u00c1lvaro Fernando Garc\u00eda Restrepo, Hilda Gonz\u00e1lez Neira, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Luis Alonso Rico Puerta y Octavio Augusto Tejeiro Duque, para conocer del presente amparo y el conocimiento del asunto fue asignado a este Despacho y habr\u00e1 de ser decidido con los Conjueces previamente designados. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 22 de marzo se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el asunto disciplinario con radicado N\u00b0 2017-06761-01 (17352-39) y en el amparo constitucional con N\u00b011001-02-30-000-2021-00113. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Presidencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte envi\u00f3 copia de la sentencia emitida dentro del radicado N\u00b0 11001-02-30-000-2021-00113-01. <\/p>\n
La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia expuso que \u00aben desarrollo de sus obligaciones y funciones\u00bb registr\u00f3 la sanci\u00f3n disciplinaria impuesta al accionante y agreg\u00f3 carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de estas diligencias. <\/p>\n
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se\u00f1al\u00f3 que debe ser desvinculado de este tr\u00e1mite, toda vez que \u00abno es (\u2026) el encargado de dar soluci\u00f3n a lo planteado por el accionante\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial relat\u00f3 los antecedentes del proceso disciplinario cuestionado y advirti\u00f3 que el amparo no sal\u00eda avante al desconocer el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n
Al momento de proferir esta sentencia, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Examinado el escrito de tutela y los soportes allegados, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n reclamada frente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura \u2013hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina-, en relaci\u00f3n con el proceso de esa especialidad seguido al aqu\u00ed accionante, pues las censuras expuestas por esta v\u00eda extraordinaria ya fueron conocidas y resueltas en pasada ocasi\u00f3n por la Sala de Casaci\u00f3n Penal [STP2153-2021], en primera instancia, y por esta Sala, en sede de impugnaci\u00f3n [STC4574-2021]. <\/p>\n
En efecto, se resalta que en la \u00faltima decisi\u00f3n mencionada se confirm\u00f3 la negativa al amparo propuesto por el accionante porque, en s\u00edntesis, la demanda constitucional no cumpl\u00eda con el presupuesto de subsidiariedad, pues aqu\u00e9l no aleg\u00f3 las cuestiones aducidas en esta jurisdicci\u00f3n ante el juez natural, esto es, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; as\u00ed, se le puso de presente que <\/p>\n
En un caso de contornos similares, la Corte determin\u00f3 que <\/p>\n
En el presente caso observa la Corte que lo pretendido concretamente [\u2026], es que se ordene a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, invalidar la sentencia pronunciada el 5 de agosto de 2020 en el marco del proceso disciplinario seguido en su contra [\u2026], pues en su criterio, dos (2) de los Magistrados que integraron la respectiva Sala de decisi\u00f3n carec\u00edan de competencia para decidir la instancia por encontrarse vencidos los per\u00edodos para los que fueron designados. <\/p>\n
Sin embargo, la Sala considera que surge patente la improcedencia del amparo reclamado de cara a las inconformidades aducidas frente a la Corporaci\u00f3n convocada, si se tiene en cuenta que las cuestiones planteadas por el peticionario resultan ajenas al campo de actuaci\u00f3n del juez constitucional, en raz\u00f3n a que dentro del prenotado asunto disciplinario el gestor no ha hecho uso de las herramientas de defensa que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, situaci\u00f3n que enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se arriba a tal conclusi\u00f3n, pues de la revisi\u00f3n del Sistema de Informaci\u00f3n Judicial Siglo XXI, no se advierte que el tutelante haya expuesto en el escenario correspondiente, es decir, ante el propio Consejo Superior de la Judicatura, las inconformidades que ahora trae a este mecanismo excepcional\u00edsimo en su contra, para que sea el juez competente, es decir, en el escenario del proceso criticado, que se resuelva lo relativo a la nulidad de la sentencia de segunda instancia all\u00ed proferida, por la supuesta \u00abfalta de competencia\u00bb de algunos de los magistrados que votaron la ponencia, incumpli\u00e9ndose as\u00ed con el presupuesto de procedibilidad de la subsidiariedad, pues como esta Sala lo ha indicado en varias ocasiones, a este mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para revivir las oportunidades clausuradas, lo que terminar\u00eda cercenando los principios del derecho procesal, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb (ver recientemente en CSJ STC3986-2020)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como los reclamos expuestos en esta ocasi\u00f3n frente al proceso disciplinario seguido contra el accionante, ya hab\u00edan sido objeto de una tutela anterior, la cual fue negada en primera y segunda instancia, resulta inviable una nueva decisi\u00f3n en esta sede. <\/p>\n
En consecuencia, es evidente el fracaso del amparo solicitado porque el actor activ\u00f3 este mecanismo extraordinario para censurar una actuaci\u00f3n que previamente hab\u00eda puesto en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, siendo aplicable, por tanto, lo establecido en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2. En cuanto a las quejas dirigidas a las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Civil de esta Corporaci\u00f3n, consistentes en una supuesta \u00abincongruencia\u00bb en los fallos constitucionales proferidos por estas autoridades, la acci\u00f3n propuesta en esta nueva ocasi\u00f3n no prospera, toda vez que las decisiones que se adopten en virtud de una acci\u00f3n de tutela, no pueden ser objeto de controversia a trav\u00e9s de este mismo mecanismo, puesto que, <\/p>\n
\u00abEl fundamento de tal improcedencia se encuentra, por un lado, en que se debe respetar la funci\u00f3n judicial que se concreta en la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y, por otro, garantizar la defensa del acceso efectivo a la justicia. (\u2026) Esta posibilidad afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica y la cosa juzgada adem\u00e1s de generar un perjuicio al goce efectivo de los derechos constitucionales que la tutela busca garantizar\u00bb (Corte constitucional Sentencia SU-1219 de 2001). <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil reiteradamente ha denegado tales amparos a fin de evitar, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb (CSJ, 2004-00863-00 de 26 de agosto de 2004, citada recientemente en STC2255-2021). <\/p>\n
Por tanto, es clara la improcedencia de este nuevo amparo al interponerse respecto de otro de igual naturaleza, m\u00e1xime si ninguna de las excepciones fijadas en la sentencia SU-627 de 1\u00ba de octubre de 2015 de la Corte Constitucional se presenta en este caso, pues \u00e9stas, relacionadas con la protecci\u00f3n al debido proceso, tienen lugar cuando (i) \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, siempre y cuando \u00abse cumplan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (STC 14 oct. 2008, rad. 01646-00, 16 feb. 2009, rad. 00193-00, y 21 ene. 2010, rad. 2009-02355-00, reiterada en la STC8657-2021 y STC10894-2021); (ii) si la decisi\u00f3n es producto de un \u00abfraude\u00bb; o (iii) si se debaten \u00abactuaciones anteriores o posteriores\u00bb a esa directriz, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, situaciones que, se insiste, en este asunto no fueron denunciadas y tampoco se presentan. <\/p>\n
Se destaca, asimismo, que el peticionario, para controvertir lo resuelto en los fallos de tutela cuestionados, cont\u00f3 con la revisi\u00f3n de tales pronunciamientos ante la Corte Constitucional -art. 33 del Dto. 2591 de 1991- y, de ser el caso, con la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo N\u00b0 05 de 1992-; no obstante, se observa que ese Alto Tribunal excluy\u00f3 el asunto de su estudio el 30 de agosto de 20211, sin que aqu\u00e9l manifestara inconformidad, con lo cual las rese\u00f1adas decisiones adquirieron firmeza, siendo inviable reabrir el debate tutelar. <\/p>\n
En cuanto a lo anotado, esta Sala ha esgrimido: <\/p>\n
\u00abUna vez ha culminado el proceso de revisi\u00f3n por parte de la Corte, \u2018no hay lugar para reabrir el debate\u2019 y, por tanto, la decisi\u00f3n se torna inmutable y definitivamente vinculante, revisti\u00e9ndose de la calidad de cosa juzgada. As\u00ed las cosas, \u2018(\u2026) [d]ecidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n y precluido el lapso establecido para insistir en la selecci\u00f3n de un proceso de tutela para revisi\u00f3n (\u2026), opera el fen\u00f3meno de la cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). Una vez ha quedado definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisi\u00f3n judicial de la Corte Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido\u2019. Por lo anterior, se reitera, incluso en casos en los cuales la misma parte demandante vencedora en una litis precedente, instaure una nueva acci\u00f3n de tutela que de alguna manera permita a la parte vencida en ese proceso anterior cuestionar aquella decisi\u00f3n, tales argumentos no ser\u00e1n procesalmente admisibles, pues la decisi\u00f3n del juez de tutela, una vez surtido el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n en la Corte Constitucional, se encuentra revestida de la calidad de la cosa juzgada constitucional\u201d (sentencia T-218 de 2012)\u00bb (CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia de lo expuesto, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Juan Carlos Guzm\u00e1n Orjuela contra las Salas de Casaci\u00f3n Civil y Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
JORGE FORERO SILVA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
FERNANDO AUGUSTO JIM\u00c9NEZ VALDERRAMA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
GABRIEL HERNANDEZ VILLARREAL <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
JOSE ALBERTO GAIT\u00c1N MART\u00cdNEZ <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
SELENE PIEDAD MONTOYA CHAC\u00d3N <\/p>\n
Conjuez <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2021-01-01&date4=2022-03-25&radi=Radicados&palabra=GUZMAN+ORJUELA&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
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