STC4171-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4171-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00925-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Luis Alfonso Nieto Casta\u00f1eda le instaur\u00f3 a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, extensiva a John Grover Sarmiento, Juli\u00e1n Santiago Forero Jim\u00e9nez y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2013-00185-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara a la Colegiatura querellada \u00abrevocar la providencia proferida el 24 de julio de 2017 mediante la cual revoco la sentencia de primera instancia y en cambio s\u00ed declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de fecha 17 de marzo de 2017 proferida por el juzgado primero civil del circuito de Zipaquir\u00e1 dentro del proceso 2013-185, por falta de sustentaci\u00f3n oral del mismo\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, que \u00abSe determine la ejecutoria de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito mediante prove\u00eddo de fecha 17 de marzo de 2017\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, inconforme su contraparte, interpuso recurso de apelaci\u00f3n y \u00abprocedi\u00f3 a hacer los reparos a la sentencia\u00bb que el superior admiti\u00f3 (7 abr.); luego, a la audiencia del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso no se present\u00f3 \u00abla apoderada que impetr\u00f3 el recurso y, por ende, brill\u00f3 por su ausencia la sustentaci\u00f3n del mismo\u00bb; sin embargo, \u00abesta Colegiatura determin\u00f3 que el recurso se encontraba sustentado y procedi\u00f3 a darle el tr\u00e1mite respectivo\u00bb y emiti\u00f3 fallo que revoc\u00f3 el de primer grado, en el que dispuso: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: DECLARAR absolutamente simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 0441 del 26 de febrero de 2013 de la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1, aclarada mediante escritura p\u00fablica No. 0356 del 13 de marzo de 2013 de la Notar\u00eda Primera de Zipaquir\u00e1, por medio de la cual LUIS ALFONSO NIETO CASTA\u00d1EDA vendi\u00f3 a JULI\u00c1N SANTIAGO FORERO JIM\u00c9NEZ, el inmueble ubicado en la carrera 21 con calle 9\u00aa de Zipaquir\u00e1, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-33372 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR a la Notar\u00eda 30 de Bogot\u00e1 y a la Notar\u00eda Primera de Zipaquir\u00e1, tomar nota al margen de las citadas escrituras, de lo decidido en esta sentencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Zipaquir\u00e1, tomar nota en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-33372, de lo decidido en esta sentencia. <\/p>\n
CUARTO: CONDENAR al demandado LUIS ALFONSO NIETO CASTA\u00d1EDA a pagar al demandante JOHN GROVER ROA SARMIENTO la suma de $384.030.913, dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, por concepto de los perjuicios causados en la simulaci\u00f3n aqu\u00ed declarada (\u2026)\u00bb (24 jul.). <\/p>\n
Sostuvo que elev\u00f3 \u00absolicitud de nulidad constitucional\u00bb debido a la transgresi\u00f3n palmaria \u00abal debido proceso\u00bb, por la no sustentaci\u00f3n de la alzada, rechazada el 12 de marzo de 2020; decisi\u00f3n que el a quo mantuvo y el ad quem confirm\u00f3 (27 nov.) <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00ablas entidades accionadas trasgredieron y desconocieron del derecho al debido proceso dentro del tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencia y luego en la solicitud de nulidad deprecada, a sabiendas de la actuaci\u00f3n irregular y al margen del procedimiento determinado de manera espec\u00edfica para la sustentaci\u00f3n de recurso de apelaci\u00f3n en contra de sentencias, y ahora pretende, bajo la excusa de no haber promovido sus abogados (entre ellos la suscrita) solicitud en determinado tiempo dejar con efectos jur\u00eddicos una sentencia de segunda instancia concebida y dictada con absoluta y plena violaci\u00f3n de principios constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n
Acus\u00f3 tambi\u00e9n a la Corporaci\u00f3n censurada de incurrir en las siguientes v\u00edas de hecho: <\/p>\n
(i) \u00abDefecto procedimental absoluto\u00bb, al haber \u00abresuelto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la sentencia sin sustentaci\u00f3n oral del mismo, y haber revocado el fallo de primera instancia, siendo lo establecido por la normatividad procedimental civil el declararlo desierto conforme a los lineamientos de los art. 322 a 327 del c. g del p., y tambi\u00e9n al haberse negado tanto el juez de primera instancia como el tribunal a declarar la nulidad constitucional pese a su flagrante yerro\u00bb. <\/p>\n
(ii) \u00abDesconocimiento del precedente\u00bb predicable al asunto, ya que \u00aben m\u00faltiples oportunidades tanto esta colegiatura como la Corte constitucional han determinado la violaci\u00f3n al debido proceso en casos como el que nos ocupa, donde jam\u00e1s se surti\u00f3 la sustentaci\u00f3n oral del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto\u00bb. <\/p>\n
(iii) \u00abViolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, por cuanto, \u00abN\u00f3tese como el art. 327-5 indica que se citara a audiencia \u201cde sustentaci\u00f3n y fallo\u201d, es obligatoria su sustentaci\u00f3n oral porque as\u00ed lo exige la norma procesal, y a m\u00e1s de ser de obligatorio cumplimiento est\u00e1 determinada por el Legislador, y no pueden los Magistrados hoy decidir que una sustentaci\u00f3n o reparos son suficientes cunado la norma exige que la sustentaci\u00f3n se llevara a cabo en la audiencia all\u00ed determinada, pues pretender tal laxitud ser\u00eda nefasto para la Justicia Colombiana\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Superior de Cundinamarca remiti\u00f3 a lo reflexionado en la providencia reprochada y resalt\u00f3 que \u00abno se cumple con el requisito de inmediatez, dado que el auto que se cuestiona se profiri\u00f3 el 27 de noviembre de 2020, y la sentencia de segunda instancia data del 24 de julio de 2017\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \u00abpor no haber vulnerados los derechos reclamados\u00bb. <\/p>\n
John Grover Roa Sarmiento se opuso a la demanda superlativa y pidi\u00f3 declarar \u00absu improcedencia\u00bb, dado que \u00abest\u00e1n actuando de mala fe, al momento de interponer la acci\u00f3n constitucional, con el fin de buscar aplicaci\u00f3n del principio de inmediatez, para el estudio de la presente acci\u00f3n constitucional (\u2026) existen otras acciones o medios procesales que pudieran proteger los supuestos hechos vulnerados o amenazados (\u2026) por no existir un perjuicio irremediable, no existe violaci\u00f3n a derecho alguno en cabeza de la accionante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Pronto emerge el decaimiento del resguardo por no cumplirse el presupuesto de la \u00abinmediatez\u00bb que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque auscultado el infolio reprochado, entre la fecha de la \u00absentencia\u00bb revocatoria del \u00abfallo\u00bb de primera instancia (24 jul. 2017) y la radicaci\u00f3n del escrito genitor (23 mar. 2022), transcurrieron, cuatro (4) a\u00f1os, siete (7) meses y un (1) d\u00eda, es decir, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
A la misma conclusi\u00f3n se llega, frente a los interlocutorios expedidos en el tr\u00e1mite del \u00abincidente de nulidad\u00bb, esto es, el que \u00abrechaz\u00f3 la solicitud de nulidad invocada por el apoderado judicial del demandado\u00bb (12 mar. 2020) y el que lo convalid\u00f3 (27 nov. 2020), porque desde esas datas y la radicaci\u00f3n del escrito inaugural (23 mar. 2022), pasaron a partir del \u00faltimo de ellos, un (1) a\u00f1o, tres (3) meses y veinticuatro (24) d\u00edas. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021 y citadas en STC1919-2022). <\/p>\n
Lo anterior impide examinar el fondo del debate instado, porque si la interesado se demor\u00f3 en interponer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb, su descuido, per se, es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible a los estrados acusados, con repercusi\u00f3n directa en los atributos esenciales invocados como soporte del socorro (STC16052-2021). <\/p>\n
2.- Ahora, si bien esta Corporaci\u00f3n en algunos casos ha superado la ausencia de tal exigencia flexibiliz\u00e1ndola, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto, en la STC3949-2021 sostuvo: <\/p>\n
\u00abDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en el sub lite, no sucede ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que lo afirmado por el sedicente, en el sentido que se debe tener en cuenta \u00abtanto las demoras en el aparato judicial, la llegada del proceso del tribunal, el surtirse los recursos, y principal\u00edsimamente (sic) el hecho mediante el cual el proceso que nos ocupa apareci\u00f3 inactivo desde septiembre de 2020 hasta el 24 de febrero de 2022 (conforme se deduce de la documental que se allega), aunado a mi estado de salud (que de considerarlo pertinente esta colegiatura la hare publica)\u00bb, no constituye raz\u00f3n v\u00e1lida para conjurar su desidia en la interposici\u00f3n de esta especial v\u00eda. <\/p>\n
Ello, porque: (i) Dichas circunstancias no fueron acreditadas en el plenario y, (ii) A voces del art\u00edculo 302 del C\u00f3digo General del Proceso, las providencias dictadas en audiencia \u00abadquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos\u00bb, y las que sean proferidas fuera de ella \u00ab(\u2026) quedan ejecutoriadas tres (3) d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los t\u00e9rminos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos\u00bb (Subrayado y negrilla adrede). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la ayuda supralegal invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Luis Alfonso Nieto Casta\u00f1eda. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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