STC4173-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4173-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00943-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade y Enrique Ardila Franco instauraron en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad, ambos del Distrito Judicial de Buga – Valle, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 76111 31 10 001 2020 00163 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, en nombre propio, exigieron la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u00abtutela judicial efectiva\u00bb, \u00abbuen nombre\u00bb, \u00ablibertad y patrimonio\u00bb, para que se ordenara a las autoridades querelladas: <\/p>\n
PRIMERO: (\u2026) modular los efectos del fallo en cumplimiento de la Sentencia SU-034 de 2018 y el Auto 206 de 2017 de la Corte Constitucional, en la medida que se cumpli\u00f3 con la orden judicial de verificar y estudiar las condiciones socioecon\u00f3micas de la accionante para determinar que en la actualidad no cuenta con criterios que permitan acceder al pago de la medida de indemnizaci\u00f3n de manera priorizada en la presente vigencia fiscal, con fundamento en la Resoluci\u00f3n No. 01049 de 2019. <\/p>\n
SEGUNDO: (\u2026) declarar cumplido el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela presentada por la se\u00f1ora Carmen Fabiola Chaguendo Guefia, contra la Unidad para las V\u00edctimas con radicado 76111311000120200016300. <\/p>\n
As\u00ed mismo, (\u2026) que [se] dej[ara] sin efectos las providencias fechadas el 28 de febrero de 2022, proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de Guadalajara de Buga \u2013 Valle, y confirmado por auto de fecha 02 de marzo de 2022, proferido por el Tribunal Superior de Buga \u2013 Sala Civil Familia (\u2026). <\/p>\n
En compendio, adujeron que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de Buga desestim\u00f3 el amparo que inco\u00f3 Carmen Fabiola Chaguendo Guefia contra la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas (29 dic. 2020, resoluci\u00f3n que revoc\u00f3 el superior para concederlo respecto al derecho de petici\u00f3n y mandar a la entidad accionada que: \u00abi) resolv[iera] de fondo la petici\u00f3n planteada por la accionante encaminada a obtener la indemnizaci\u00f3n administrativa [que ya fue reconocida], indicando la fecha cierta del pago y el valor al que ascender\u00e1 la misma; y, ii) otorg[ara] contestaci\u00f3n congruente y de fondo a la solicitud presentada por el actor con relaci\u00f3n a la ayuda humanitaria, para lo cual su respuesta deber\u00e1 ajustarse a la jurisprudencia constitucional citada en esta providencia\u00bb (28 en. 2021). <\/p>\n
Sostuvieron que, despu\u00e9s, Chaguendo Guefia denunci\u00f3 la presunta desatenci\u00f3n de dicha determinaci\u00f3n y la primera instancia los sancion\u00f3 con arresto de tres (3) d\u00edas y multa de 8.2 UVT en calidad de \u00abDirector General\u00bb y \u00abDirector T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n\u00bb de la UARIV, por \u00abno haber suministrado una fecha espec\u00edfica para el pago\u00bb (28 feb. 2022), pronunciamiento que el ad quem modific\u00f3 \u00aben el sentido de indicar que el arresto (\u2026) impuesto ser[\u00eda] domiciliario\u2026\u00bb (2 mar.). <\/p>\n
Refirieron que el juzgado neg\u00f3 los pedimentos que elevaron en aras de obtener la \u00abrevocatoria\u00bb, \u00absuspensi\u00f3n\u00bb, \u00abinaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n\u00bb y \u00abdeclaratoria de imposibilidad jur\u00eddica del dar cumplimiento al fallo\u00bb (7, 9, 18 y 24 mar.), aun cuando adelantaron las actuaciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que en virtud del Auto 206 de 2017 expedido por la Corte Constitucional, construyeron el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019 y, all\u00ed, se adopt\u00f3 el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa, el cual debe desarrollarse en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirmaron que, en lo que concierne con Chaguendo Guefia y su n\u00facleo familiar, una vez acataron lo establecido en tal acto, concluyeron que no se acredit\u00f3 ninguna situaci\u00f3n de extrema vulnerabilidad al tenor del art\u00edculo 4\u00ba \u00eddem (31 jul. 2021), de manera que, \u00abno le [era] aplica[ble] ning\u00fan criterio de \u201cpriorizaci\u00f3n\u201d para el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb y, por tanto, tampoco resultaba \u00abprocedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria\u00bb, habida cuenta que la evaluaci\u00f3n se emprender\u00eda de nuevo este a\u00f1o (2022) para analizar si, en la actualidad, se satisfacen los requisitos con posibilidad de ubicarlos en la lista de favorecidos. <\/p>\n
Aludieron que las circunstancias de imposibilidad de atender el \u00abfallo constitucional\u00bb en el sentido de \u00abse\u00f1alar una fecha probable de la entrega de la indemnizaci\u00f3n administrativa reconocida\u00bb a los beneficiados por el hecho victimizante del desplazamiento forzado, se pusieron de presente ante los organismos convocados, pero fueron desconocidas. <\/p>\n
Carmen Fabiola Chaguendo Guefia defendi\u00f3 la legalidad del proceder de las autoridades fustigadas, resaltando la calidad de sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional que ostenta, as\u00ed como la de su n\u00facleo familiar que compuesto por menores de edad. <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de Buga narr\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido y se opuso al amparo por no advertir \u00abfraude o negligencia en el derrotero procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En materia de \u00abincidentes de desacatos\u00bb, esta Corporaci\u00f3n en aras de no abrir la puerta a infinitas acciones de la misma naturaleza por similares hechos, ha permitido la procedencia excepcional de la \u00abtutela\u00bb, sujetando la factibilidad a una vulneraci\u00f3n clara y ostensible del \u00abderecho al debido proceso\u00bb de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado de \u00e9sta. <\/p>\n
Sobre el particular, siguiendo la postura de la Corte Constitucional fijada en la SU-627 (1\u00ba oct. 2015), se acepta dicho instrumento bajo los siguientes derroteros: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026). <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (\u2026). <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb (citada en STC7007-2021). <\/p>\n
Por su parte, esta Sala ha colegido que, \u201cexcepcionalmente, la acci\u00f3n de tutela\u201d es procedente contra los \u201cincidentes de desacato\u201d, cuando se est\u00e9 \u00abfrente a una burda trasgresi\u00f3n del debido proceso, como cuando se omite la citaci\u00f3n de los inculpados o se dejan de apreciar elementos demostrativos relevantes o su valoraci\u00f3n es contraevidente, bajo el entendido que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regularmente allegadas, so pena de desatender el deber de imparcialidad y menoscabar el derecho a la igualdad de las partes litigantes\u00bb (STC 20922-2017, reiterada en STC1233-2022, STC5699-2021). <\/p>\n
2.- Delanteramente, se anuncia que el anhelo tuitivo tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, por cuanto la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga al dirimir el grado jurisdiccional de consulta del \u00abincidente de desacato\u00bb, en el radicado 2021-00163 (2 mar. 2022), incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustantivo que quebrant\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb de los contendientes, quienes act\u00faan en calidad de \u00abDirector General\u00bb y \u00abDirector T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n\u00bb de la UARIV. <\/p>\n
Ello, porque, se evidenci\u00f3 que convalid\u00f3 de manera irreflexiva el castigo impuesto por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad de esa sede (28 feb. 2022), sin valorar el material probatorio aportado por los quejosos al cartapacio y las contestaciones brindadas por aqu\u00e9llos en el curso de la articulaci\u00f3n, de cara a los derroteros fijados en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019, a trav\u00e9s de la cual se determin\u00f3 el \u00abM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u00bb, inspirado en el \u00abauto 206 de 2017\u00bb de la Corte Constitucional, en la que se ciment\u00f3 el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnizaci\u00f3n por v\u00eda administrativa a los beneficiados por el hecho victimizante del desplazamiento forzado. <\/p>\n
N\u00f3tese que la Magistratura adver\u00f3 que, si bien es cierto, se brind\u00f3 respuesta a la rogativa concerniente al otorgamiento de la ayuda humanitaria, ya que se profiri\u00f3 la \u00abResoluci\u00f3n No. 0600120213022237 de 2021 ordenando (\u2026) la suspensi\u00f3n de \u201c(\u2026) la entrega de los componentes de la atenci\u00f3n humanitaria (\u2026)\u201d, acto administrativo que le fue notificado a trav\u00e9s del oficio No. 20217203211881 del 05-02- 2021, y frente al cual la se\u00f1ora Carmen Fabiola Chaguendo no interpuso recurso alguno\u00bb, tambi\u00e9n lo es que, en torno a la rogativa relacionada con la indemnizaci\u00f3n administrativa, el mandato tutelar fue desatendido parcialmente y sin justificaci\u00f3n alguna por el \u00abDirector T\u00e9cnico de Reparaci\u00f3n\u00bb y el \u00abDirector General\u00bb de la UARIV (quien deb\u00eda ejercer control jer\u00e1rquico y disciplinario frente al primero). <\/p>\n
Ello, puesto que, se\u00f1al\u00f3 que a pesar que la incidentada \u00abadujo haber remitido comunicaci\u00f3n a la accionante calendada a 27-08-2021 inform\u00e1ndole que \u201c(\u2026) no fue posible realizar el desembolso de la medida de indemnizaci\u00f3n en la vigencia 2021 en raz\u00f3n a la disponibilidad presupuestal (\u2026)\u201d, y que en una pr\u00f3xima vigencia ello podr\u00eda materializarse\u00bb, resulta claro que \u00abcomo la indemnizaci\u00f3n administrativa ya hab\u00eda sido reconocida, [les] correspond\u00eda (\u2026) indicar a su beneficiaria \u201c(\u2026) la fecha cierta del pago y el valor al que ascender\u00e1 la misma (\u2026)\u201d\u00bb, pero como no lo hizo, \u00abpermaneci\u00f3 vulnerado el derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se advierte que las exculpaciones de los precursores s\u00ed tienen asidero en esa senda, lo que conduce a la ausencia de responsabilidad subjetiva invocada, por la imposibilidad material de cumplimiento de la sentencia tutelar y, por tanto, se desdibuja la rebeld\u00eda que les fue atribuida. <\/p>\n
Dest\u00e1quese que, las reglas definidas en la Resoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019, buscan precisamente organizar las fases a evacuar para lograr el reconocimiento y orientar de forma equitativa los turnos para el desembolso de los estipendios a aquellas personas que, previamente son favorecidas con la indemnizaci\u00f3n que otorga el Estado. <\/p>\n
Con ese derrotero, los impulsores, en representaci\u00f3n de la UARIV, informaron a los despachos confutados el tr\u00e1mite adelantado en favor de Carmen Fabiola Chaguendo Guefia y su n\u00facleo familiar y, explicaron que en \u00abResoluci\u00f3n n\u00ba 04102019 -439417 del 13 de marzo de 2020 (\u2026) se le reconoci\u00f3 (\u2026) el derecho a recibir la indemnizaci\u00f3n administrativa\u00bb empero, al no encontrase probada una \u00absituaci\u00f3n de extrema urgencia y vulnerabilidad\u00bb, se efectu\u00f3 el \u201cM\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n\u201d en aras de registrar la fecha de entrega de los emolumentos, el cual arroj\u00f3 un puntaje de \u00ab24.064\u00bb, que resultaba insuficiente para alcanzar la prelaci\u00f3n exigida para el desembolso en la lista correspondiente a la vigencia 2021 de cara a la disponibilidad presupuestal con la que contaba la entidad. Adem\u00e1s, aclararon que tampoco pod\u00edan dar un tiempo aproximado de cuando ocurrir\u00eda el desembolso, pues, para ello, se requer\u00eda gestionar, nuevamente, el mismo an\u00e1lisis con el presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y el Departamento Nacional de Planeaci\u00f3n para el a\u00f1o 2022 (31 jul.). <\/p>\n
En s\u00edntesis, dichos postulados ameritaban una apreciaci\u00f3n conjunta y arm\u00f3nica de los elementos de convicci\u00f3n arrimados al infolio, para as\u00ed evitar incurrir en posible contradicci\u00f3n con lo establecido en la \u201cResoluci\u00f3n n\u00ba 01049 de 15 de marzo de 2019\u201d y en el \u201cAuto 206 de 2017\u201d de la Corte Constitucional, sobre todo porque \u00abmaterializar\u00bb lo ordenado implicaba per se alterar los turnos fijados, transgrediendo as\u00ed las garant\u00edas supralegales de las v\u00edctimas del conflicto armado, que se encuentran en similares condiciones a las acreditadas por Carmen Fabiola. <\/p>\n
Entonces, era indispensable determinar si la conducta de los promotores era susceptible de ser calificada, en el plano objetivo y subjetivo, como omisiva frente al \u00abfallo constitucional\u00bb dictado; de ah\u00ed que, lo que correspond\u00eda era apreciar y justificar si eran merecedores o no de las sanciones imputadas. <\/p>\n
Frente a la responsabilidad del infractor, se ha sostenido que es subjetiva, \u00aben la medida que es imperativo apreciar, no solo el incumplimiento, sino, tambi\u00e9n, las condiciones en las que \u00e9ste se produjo, vale decir, el descuido o negligencia que le sean imputables, a trav\u00e9s de juicios valorativos que den cuenta de su \u00e1nimo rebelde\u00bb (CSJ STC9408-2021). <\/p>\n
\u00abExaminada la providencia que confirm\u00f3 la sanci\u00f3n cuestionada (7 dic. 2021) y las respuestas brindadas por el incidentado en el respectivo tr\u00e1mite (17 y 25 nov. 2021), se advierte que la magistratura omiti\u00f3 valorar a cabalidad las manifestaciones sometidas a su conocimiento. Ciertamente, se extra\u00f1a de esa determinaci\u00f3n el an\u00e1lisis de las actuaciones posteriores al veredicto con las que el accionado pretendi\u00f3 justificar su proceder, sus alegatos de imposibilidad material de cumplimiento del fallo y su invocada ausencia de responsabilidad subjetiva. <\/p>\n
En su lugar, el Tribunal se limit\u00f3 a revisar que el procedimiento impartido por el funcionario de primer grado se ajustara a las prescripciones legales, sin reparar en que las manifestaciones del convocado, a pesar de haber sido expuestas en el tr\u00e1mite de la tutela, estaban estrechamente ligadas con las circunstancias por las que adujo no poder cumplir materialmente la orden constitucional y con su intenci\u00f3n de desdibujar su eventual rebeld\u00eda al acatamiento de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed, ante la omisi\u00f3n valorativa expuesta no queda alternativa distinta a conceder el amparo para que el Tribunal resuelva nuevamente el asunto conforme a las pruebas que obren en el expediente y a los par\u00e1metros expuestos en precedentes de esta Sala donde se resolvieron causas de similares contornos y respecto del mismo accionante (STC5699-2021, STC7126-2021, STC9408-2021, entre otras)\u00bb (CSJ STC1233-2022). <\/p>\n
3.- Ergo, se impone acoger la rogativa supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Conceder la tutela instada por Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade y Enrique Ardila Franco contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia en Oralidad, ambos del Distrito Judicial de Buga – Valle. <\/p>\n
En consecuencia, SE ORDENA a la Magistratura accionada que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos el interlocutorio de 2 de marzo de 2022, para que, proceda nuevamente a resolver la consulta del incidente de desacato en el radicado n\u00ba 2020-00163, con observancia de los medios suasorios que obren en el expediente y los par\u00e1metros aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4173-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4173-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00943-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Ram\u00f3n Alberto Rodr\u00edguez Andrade y Enrique Ardila […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}