STC4181-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4181-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00937-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Davivienda SA contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tr\u00e1mite al que se dispuso vincular al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, y a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2021-00056-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El apoderado judicial de la entidad accionante, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Riohacha el 15 de febrero de 2022. <\/p>\n
En sustento manifest\u00f3, que el se\u00f1or Sebasti\u00e1n Colorado promovi\u00f3 acci\u00f3n popular en su contra, por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos consagrados en los literales d) l) y m) del art\u00edculo 4\u00ba de la ley 472 de 1998, supuestamente infringidos por la oficina ubicada en San Juan de Cesar, de la que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Promiscuo de esa ciudad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, la pretensi\u00f3n principal de la acci\u00f3n propuesta estaba encaminada a que la entidad bancaria contratara a un profesional o gu\u00eda int\u00e9rprete certificado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 8 de la Ley 892 de 2005, y se solicit\u00f3 adem\u00e1s, que se verificara la existencia de se\u00f1ales visuales, sonoras y auditivas para la prestaci\u00f3n del servicio a personas con discapacidad visual y auditiva. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que notificado el banco del auto admisorio de la demanda, por apoderado judicial present\u00f3 escrito de excepciones. <\/p>\n
Estima que el demandante \u00abha tenido un comportamiento desleal y nada \u00e9tico\u00bb, en las acciones populares que a nivel nacional ha presentado en su contra por los mismos motivos, y en este asunto, su actuar ha sido omisivo, y reticente frente a las cargas procesales que deb\u00eda asumir, aunado a que la solicitud de desistimiento de la acci\u00f3n popular fue negada por el despacho de conocimiento. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el 25 de octubre de 2021 el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, profiri\u00f3 sentencia que neg\u00f3 las pretensiones, fallo que apel\u00f3 el actor popular y revoc\u00f3 el Tribunal Superior accionado el 15 de febrero de 2022, y le orden\u00f3 garantizar \u00abla atenci\u00f3n de un int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para personas con discapacidad auditiva y\/o visual dentro de las instalaciones del banco en la sucursal de San Juan de Cesar \u2013 la Guajira\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 dejar \u00abdejar inc\u00f3lume el fallo de sentencia proferido en primera instancia el 25 de octubre de 2021, por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar \u2013 la Guajira\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 25 de marzo de los corrientes, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular No. 2021-00056-00. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juez Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, efectu\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en dicho asunto, y remiti\u00f3 el link del expediente. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Riohacha, as\u00ed como los dem\u00e1s intervinientes, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La jurisprudencia, ha se\u00f1alado de manera recurrente y uniforme que la acci\u00f3n de tutela no procede para controvertir una providencia judicial, a menos que se configure una v\u00eda de hecho y el ordenamiento no prevea otro medio de defensa para cuestionar la decisi\u00f3n, o que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable1. <\/p>\n
Debe tenerse presente igualmente, que existen unas causales especiales para la configuraci\u00f3n de la trasgresi\u00f3n del derecho al debido proceso, frente a una determinaci\u00f3n jurisdiccional, seg\u00fan lo ha establecido la Corte Constitucional, as\u00ed: <\/p>\n
\u00aba) Defecto org\u00e1nico: que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri\u00f3 la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b). Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. c). Defecto f\u00e1ctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicaci\u00f3n del supuesto legal en el que se sustenta la decisi\u00f3n. d). Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicci\u00f3n entre los fundamentos y la decisi\u00f3n. e). Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue v\u00edctima de un enga\u00f1o por parte de terceros y ese enga\u00f1o lo condujo a la toma de una decisi\u00f3n que afecta derechos fundamentales. f). Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivaci\u00f3n reposa la legitimidad de su \u00f3rbita funcional. g). Desconocimiento del precedente, hip\u00f3tesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jur\u00eddica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado, h). Violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, que es el defecto que se deduce de infringir directamente una o varias disposiciones o normas razonablemente vinculables a la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. En el presente asunto se controvierte por el Banco Davivienda SA la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha el 15 de febrero de 2022, que revoc\u00f3 la sentencia de primer grado, en la acci\u00f3n popular No. 2021-00056-00 promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra la entidad crediticia, en la que, seg\u00fan la afirmaci\u00f3n del apoderado se incurri\u00f3 en defecto factico por indebida valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3. Revisado el expediente digital que fue remitido a este tr\u00e1mite constitucional, observa la Sala las siguientes actuaciones: <\/p>\n
3.1 El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular el 28 de junio de 2021 y, una vez se notific\u00f3 la entidad demandada, present\u00f3 escrito en el que se opuso a las pretensiones del actor popular y formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3, \u00abinexistencia de los supuestos sustanciales para la procedencia de la acci\u00f3n; inexistencia de violaci\u00f3n al derecho colectivo invocado en la demanda e inexistencia actual de norma urban\u00edstica aplicable a una entidad de derecho privado, respecto de adecuaci\u00f3n de sus oficinas conforme se plantea en la demanda; la gen\u00e9rica que menciona el art\u00edculo 282 del C.G.P\u00bb <\/p>\n
3.2 El 25 de agosto de 2021 se celebr\u00f3 audiencia de pacto de cumplimiento, la que se declar\u00f3 fallida por la inasistencia del actor popular. <\/p>\n
3.3 Una vez cerrado el debate probatorio, y presentados los alegatos de conclusi\u00f3n, el 25 de octubre de 2021 el Juzgado profiri\u00f3 sentencia en la que resolvi\u00f3 no acoger las pretensiones de la demanda, tras considerar: <\/p>\n
\u00absolo queda concluir, que la entidad financiera accionada, no ha vulnerado derecho colectivo alguno en el presente asunto, pues es evidente que da cabal cumplimiento al art\u00edculo 15 de la Ley 982 de 2005, encontr\u00e1ndose el mismo debidamente se\u00f1alizado, con avisos e informaci\u00f3n visual y luminosa aptos para el reconocimiento de personas sordas, sordo-ciegas e hipoac\u00fasicas. <\/p>\n
Por otro lado, tiene un sistema de contrataci\u00f3n con dos empresas diferentes que permiten la atenci\u00f3n clientes con discapacidad auditiva con el servicio de int\u00e9rprete lenguas de se\u00f1as colombianas (LSC) virtual y gu\u00eda-int\u00e9rprete lenguas de se\u00f1as colombianas (LSC) presencial y con ello se estar\u00eda garantizando la protecci\u00f3n de aquellas personas que dada su condici\u00f3n son sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional como lo ser\u00edan personas sordas, sordo-ciegas e hipoac\u00fasicas. <\/p>\n
El material probatorio aportado por la demandada fue abundante en dicho sentido; el anterior, no fue desvirtuado o practicada prueba en contrario, pues la parte accionante no hizo m\u00e1s que presentar la acci\u00f3n y solicitar su desistimiento, la cual, fue negada en dos oportunidades, por tanto, la soluci\u00f3n l\u00f3gica al presente asunto, no es otra que negar la pretensiones de la acci\u00f3n, pues ha quedado demostrado que el Banco Davivienda S.A. ubicado en la calle 5 N.\u00ba 2-96 en San Juan del Cesar, La Guajira, cumple con los criterios establecidos en la Lay (sic) 982 de 2005 adoptando programas de atenci\u00f3n al cliente, el servicio de int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete para las personas sordas y sordo-ciegas que lo requieran de manera directa o mediante convenios con organismos que ofrezcan tal servicio. <\/p>\n
Fijando en lugar visible la in formaci\u00f3n correspondiente, con plena identificaci\u00f3n del lugar o lugares en los que podr\u00e1n ser atendidas las personas sordas y sordo-ciegas y contar con se\u00f1alizaci\u00f3n, avisos, informaci\u00f3n visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento por personas sordas, sordo-ciegas e hipoac\u00fasicas\u00bb. <\/p>\n
3.4 El actor popular inconforme con lo resuelto, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, porque no estaba probado que las empresas contratadas por Banco Davivienda, se encontraban certificadas por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional para la prestaci\u00f3n del servicio. <\/p>\n
3.5 En lo que ac\u00e1 interesa, el Tribunal Superior de Riohacha en sentencia de 15 de febrero de 2022, luego de referir a la finalidad de las acciones populares y a la normativa que regula, en relaci\u00f3n con el caso concreto precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abcon la contestaci\u00f3n de la demanda se adjuntaron pruebas documentales consistentes en fotograf\u00edas, en las que se observa y constata que las instalaciones de la sucursal de San Juan del Cesar se cuenta con avisos en el sistema braille, mensajes informativos con lenguaje de se\u00f1as, dispositivos sonoros y auditivos, as\u00ed como la disposici\u00f3n del personal de la entidad financiera, para la atenci\u00f3n de las personas con discapacidad auditiva y audiovisual, adem\u00e1s de la atenci\u00f3n especial con int\u00e9rpretes o gu\u00edas para las personas sordas o sordomudas, a trav\u00e9s de los convenios con las empresas BEFRIEND WELL AGENCY S.A.S. e INTERPRETING COLOMBIA S.A.S. <\/p>\n
Igualmente se recibi\u00f3 el testimonio de RICARDO DAVID GONZ\u00c1LEZ MART\u00cdNEZ, en su calidad de Director Administrativo de la Oficina de San Juan, a trav\u00e9s de la plataforma de Teams, quien inform\u00f3 que el banco cuenta con el servicio de dos empresas, para atender a las personas con situaci\u00f3n de discapacidad visual y auditiva, estas son, BEFRIEND WELL AGENCY S.A.S. E INTERPRETING COLOMBIA S.A.S. Al pregunt\u00e1rsele c\u00f3mo funciona el servicio, se\u00f1al\u00f3 que la empresa BEFRIEND WELL AGENCY S.A.S se presta para las personas que tienen discapacidad auditiva, por lo que, cuando se acerca el cliente con su acompa\u00f1ante al banco, \u00e9l como director administrativo le brinda ese servicio; acto seguido solicita el formulario, pero ya debe contar con las herramientas, esto es, aud\u00edfonos, computador y el correo institucional. A\u00f1ade que, una vez realizada la conexi\u00f3n con la empresa y con el int\u00e9rprete, inmediatamente se le transmite la llamada al cliente. Se le pregunt\u00f3 adem\u00e1s si la atenci\u00f3n se presta en un mismo d\u00eda, ante lo cual respondi\u00f3 que con la empresa INTERPRETING COLOMBIA S.A.S. el servicio se presta entre dos (2) o tres (3) d\u00edas, atendiendo la comodidad del cliente, por lo que se hace la programaci\u00f3n una vez se diligencia el formulario; a continuaci\u00f3n, se le informa al acompa\u00f1ante sobre el d\u00eda y la hora para la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 enseguida, que el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 982 de 2005 estableci\u00f3 que las entidades p\u00fablicas o particulares que presten servicios p\u00fablicos, deben incorporar en sus programas de atenci\u00f3n al cliente la asistencia de un int\u00e9rprete o gu\u00eda e int\u00e9rprete, lo que no pod\u00eda suplirse con los convenios que celebr\u00f3 el banco con las firmas Befriend Well Agency SAS e Interpreting Colombia SAS, que facilitan la atenci\u00f3n para personas con discapacidad auditiva y audiovisual, pero no de manera inmediata y dentro de las instalaciones de la oficina, porque el apoyo es mediante comunicaci\u00f3n en l\u00ednea con la empresa. <\/p>\n
Tambi\u00e9n explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, es deber legal de la entidad financiera atender el tenor literal del art\u00edculo 8 de la Ley 982 de 2005, en el sentido de tener a disposici\u00f3n en la entidad financiera un profesional int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete ya sea de se\u00f1as, o en representaci\u00f3n t\u00e1ctil a efectos de comunicarse con un usuario con discapacidad, con lo que sin lugar a dudas dicha omisi\u00f3n amenaza los derechos de las personas con discapacidad auditiva y audiovisual, por lo que se justifica amparar los derechos colectivos invocados. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no encontrarse acreditado que la entidad financiera dentro de la sucursal de San Juan del Cesar tenga en su planta un profesional int\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete, conforme lo ordena el art\u00edculo 8 de la Ley 892 de 2005, no queda otro camino que revocar la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
Para continuar con el estudio los medios exceptivos propuestos y consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abFrente a tales defensas, la primera fundada en la no aplicaci\u00f3n de la norma a la entidad de car\u00e1cter privado, es de advertir que tal como lo se\u00f1alara el funcionario de primer grado, la norma si le es atribuible como quiera que la entidad financiera presta un servicio p\u00fablico. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la aplicaci\u00f3n de la misma en forma paulatina y basada en el principio de razonabilidad, es apenas meridiano que desde la promulgaci\u00f3n de la citada ley han transcurrido m\u00e1s de 17 a\u00f1os, por lo que para este momento ya debieron haberse tomado las medidas pertinentes para la prestaci\u00f3n del servicio en forma oportuna y eficiente y sin discriminaci\u00f3n de las personas con discapacidades a las que alude las normas citadas anteriormente. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la inexistencia de violaci\u00f3n al derecho colectivo, es evidente que no se requiere prueba de ello, dado que, para la prosperidad de la acci\u00f3n popular, basta con que exista la amenaza o riesgo de la vulneraci\u00f3n al derecho colectivo. As\u00ed entonces, la implementaci\u00f3n de int\u00e9rpretes y gu\u00edas int\u00e9rpretes sin reglamentaci\u00f3n previa no es excusa, dado que la persona que permanezca en las instalaciones del banco ser\u00e1, el intermediario entre el cliente y el asesor comercial, para la prestaci\u00f3n del servicio. <\/p>\n
Por \u00faltimo y en cuanto a la excepci\u00f3n gen\u00e9rica, para este Tribunal es evidente la vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos y de all\u00ed que, no se encuentre acreditado un hecho que exonere de dicha responsabilidad a la aqu\u00ed accionada, toda vez que por el hecho de que, hasta el momento, no se haya presentado una persona con las citadas discapacidades al banco, ello no significa que en el futuro tampoco acuda. La que, de llegar a presentarse y no encontrar, inmediatamente, al interprete que lo atienda, entonces, se ver\u00e1 sometido a esperas que las dem\u00e1s personas sin discapacidad no est\u00e1n obligadas a soportar. De all\u00ed, que a esas personas se le vulnerar\u00eda el derecho a la igualdad consagrado en el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, el cual propende por la protecci\u00f3n y garant\u00eda de los derechos de las personas m\u00e1s vulnerables\u00bb. <\/p>\n
Finalmente concluy\u00f3 que correspond\u00eda revocar la sentencia apelada, y conceder el amparo a los servicios p\u00fablicos y la prestaci\u00f3n eficiente y oportuna, por lo qu\u00e9 orden\u00f3 al Banco Davivienda SA que, en el t\u00e9rmino razonable prudente de tres (3) meses contados a partir de la notificaci\u00f3n de la providencia, \u00abgarantice el servicio de un int\u00e9rprete y gu\u00eda de int\u00e9rprete para las personas con discapacidad auditiva y\/o visual dentro de las instalaciones del banco en la sucursal de san Juan de Cesar la Guajira\u00bb. <\/p>\n
4. En ese orden, advierte la Sala que el Tribunal Superior de Riohacha accionado, en la decisi\u00f3n censurada, y con fundamento en las pruebas practicadas, expuso los motivos por los cuales era procedente revocar la sentencia de primer grado, al explicar que si bien es cierto, en la oficina del Banco Davivienda SA Sucursal de San Juan del Cesar, exist\u00edan avisos, e informaci\u00f3n visual y luminosa para el reconocimiento de personas con discapacidad visual y auditiva, no menos cierto era, que las empresas contratadas para tal fin, prestaban el servicio en l\u00ednea, esto es, que una vez el cliente bancario y su acompa\u00f1ante se acercaban a la entidad financiera, deb\u00edan diligenciar un formulario, para luego agendar una cita para que el \u00abint\u00e9rprete\u00bb le prestara la asistencia requerida y se \u00abinforma al acompa\u00f1ante sobre el d\u00eda y la hora de la prestaci\u00f3n del servicio\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, aun cuando el banco tiene la disposici\u00f3n de prestar la atenci\u00f3n de personas con discapacidad, desconoce el medio de comunicaci\u00f3n fijado por las empresas contratadas para la atenci\u00f3n de los usuarios del servicio, de donde concluy\u00f3 que la entidad no cuenta en esa sucursal, con un \u00abint\u00e9rprete y gu\u00eda int\u00e9rprete\u00bb, ni con personal calificado para tal fin, como lo ordena el art. 8\u00ba de la ley 892 de 2005, raz\u00f3n por la cual concedi\u00f3 el amparo al derecho colectivo al acceso de los servicios, as\u00ed como a la prestaci\u00f3n eficiente y oportuna, sentencia que se encuentra motivada y cuenta adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria. <\/p>\n
Por lo anterior, resulta improcedente utilizar la acci\u00f3n constitucional para atacar el fallo que le result\u00f3 desfavorable, si se tiene en consideraci\u00f3n, que en la funci\u00f3n del juez natural, cuenta con libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma e independiente, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica de los medios de pruebas practicados en el proceso, a partir de los cuales debe formar su convencimiento, juicios que desde luego deben estar acordes con el ordenamiento legal que rige la citada actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Advierte la Sala, que la pretensi\u00f3n del solicitante, corresponde a una discrepancia de criterios2, respecto de las razones expuestas por el Tribunal accionado para desatar el recurso de apelaci\u00f3n propuesto, no siendo la acci\u00f3n de tutela el escenario para debatir la posici\u00f3n adoptada por el juez natural frente al asunto puesto a su consideraci\u00f3n, ni mucho menos puede ser motivo suficiente para conceder el amparo invocado. <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Banco Davivienda SA contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Corte Constitucional sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-231 de 1994, T-483 de 1997, T-008 de 1998, T-204 de 1998, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-1031 de 2001, SU-1185 de 2001, SU-159 de 2002 y T-772 de 2002. <\/p>\n
2\u0002 Como lo ha precisado esta Sala: \u00abel mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo. Corte Suprema de Justicia\u00bb (STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, STC4705-2016, 13 ab. Rad, 00077-01, CSJ STC13184-2021, STC-2021-02184). <\/p>\n
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STC4181-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4181-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00937-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por el Banco Davivienda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62651","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62651","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62651"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62651\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62651"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62651"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62651"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}