STC4189-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4189-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00982-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Infraestructura Concesionada S.A.S. -INFRACON- en liquidaci\u00f3n judicial contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes que actuaron en el proceso Ejecutivo bajo radicado 2018-0360. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando mediante apoderado judicial, el interesado pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a una recta administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, en el tr\u00e1mite del proceso ejecutivo atr\u00e1s referido. <\/p>\n
En compendio, sostuvo que, CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S., fue admitida por la Superintendencia de Sociedades el 2 de octubre de 2015 en proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial, por lo que en la etapa de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, el Banco Davivienda solicit\u00f3 que dentro de los cr\u00e9ditos a su favor se incluyeran los que como avalista de la sociedad YUMA ten\u00edan las sociedades CONALVIAS e INFRACON, que corresponden a los pagar\u00e9s que ser\u00edan objeto del proceso ejecutivo con radicado 2018-0360. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, en el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, CONALVIAS reconoci\u00f3 a Davivienda como acreedor por el total del aval otorgado por los pagar\u00e9s N\u00b0 07000472900353133, 07000472900353125, 07000472900353141, 07000472900353158 y 07000472900353166; as\u00ed mismo, la entidad bancaria acept\u00f3 expresamente que el deudor INFRACON, empresa de la cual era el \u00fanico accionista CONALVIAS, transfiriera la totalidad de sus bienes a este \u00faltimo, para que este asumiera directa y exclusivamente el pago de las obligaciones de ambas sociedades. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, Yuma Concesionaria S.A. y Davivienda, suscribieron un contrato de cr\u00e9dito sindical, que, con ocasi\u00f3n al mismo, CONALVIAS e INFRACON firmaron un aval solidario \u00abhasta\u00bb por el 34,67% de los pagar\u00e9s 07000472900353133,07000472900353125,07000472900353141, 07000472900353158 y 07000472900353166, por lo que ante el incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por YUMA CONCESIONARIA SA, el Banco Davivienda, el 26 de junio de 2018, esto es, dos a\u00f1os despu\u00e9s de aprobado el acuerdo de reorganizaci\u00f3n de CONALVIAS, inici\u00f3 proceso ejecutivo en contra del deudor principal y todos sus avalistas, con el fin de obtener el pago de los pagar\u00e9s aludidos. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, el proceso correspondi\u00f3 al Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite en el que contest\u00f3 la demanda, proponiendo las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 i) Extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por novaci\u00f3n, ii) Extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por el proceso concursal de YUMA CONCESIONARIA, iii) El aval otorgado recae sobre el saldo del capital del pagar\u00e9 y iv) Reducci\u00f3n de intereses. <\/p>\n
Pese a las excepciones formuladas y a las pruebas obrantes en el expediente [proceso de reorganizaci\u00f3n]; la autoridad judicial, en sentencia del 27 de mayo de 2021, declar\u00f3 no probadas las excepciones promovidas y orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por la suma de $41.893.966.190, como capital m\u00e1s los intereses moratorios. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, tal como lo expres\u00f3 en el recurso de apelaci\u00f3n, la providencia desconoci\u00f3 lo previsto en el C\u00f3digo Civil con relaci\u00f3n a la posibilidad de que el \u00abanimus novandi\u00bb pueda ser t\u00e1cito, ya que Davivienda acept\u00f3 expresamente el acuerdo de reorganizaci\u00f3n, en el que la accionante transfiri\u00f3 todos sus activos a CONALVIAS para el cubrimiento de lo adeudado, por lo que INFRACON ya no era deudor solidario de YUMA, pues en virtud del acuerdo de CONALVIAS, esta \u00faltima asumi\u00f3 la totalidad del pago de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, refiri\u00f3 que, surtido el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, el 17 de septiembre de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, profiri\u00f3 sentencia confirmando la decisi\u00f3n de primera instancia, determinaci\u00f3n en la que se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, por una interpretaci\u00f3n inadecuada de los hechos expuestos, adem\u00e1s de la omisi\u00f3n del fallador de no apreciar los indicios que demuestran el \u00abanimus novandi t\u00e1cito\u00bb de Davivienda y por la inaplicaci\u00f3n de las siguientes normas: Art\u00edculo 70 de la Ley 1116 de 2006, art\u00edculos 1574, 1575, 1576, 1693 y 1696 del C\u00f3digo Civil y 264 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00ab(\u2026) Revocar las sentencias de fechas 17 de septiembre de 2021 y 27 de mayo del mismo a\u00f1o, proferidas por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito respectivamente, negando las pretensiones de la demanda formulada por el Banco Davivienda S.A. y declarando la prosperidad de las excepciones de fondo formuladas a lo largo de este proceso\u00bb <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, resalt\u00f3 que, en ese despacho judicial se adelant\u00f3 el proceso objeto de la queja constitucional, en el que se dict\u00f3 sentencia el 27 de mayo de 2021 declarando no probadas las excepciones de m\u00e9rito, decisi\u00f3n que fue apelada por el demandado [aqu\u00ed accionante], siendo confirmada el 17 de septiembre siguiente por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sostuvo que no ha vulnerado los derechos reclamados por el accionante, en tanto que, la decisi\u00f3n emitida en el juicio ejecutivo se ajust\u00f3 a derecho, con observancia de los postulados constitucionales y normativos. <\/p>\n
Finalmente agreg\u00f3 que, por auto del 22 de marzo de 2022, se orden\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente a la Superintendencia de Sociedades, en virtud de la admisi\u00f3n al proceso de liquidaci\u00f3n judicial de INFRACON SAS. <\/p>\n
2. El Banco Davivienda solicit\u00f3 denegar el amparo, en tanto que, en el juicio ejecutivo objeto de reproche no se vulner\u00f3 por las autoridades judiciales, ning\u00fan derecho de los reclamados por el accionante, actuando conforme a las normas vigentes, pues la simple intervenci\u00f3n dentro de un tr\u00e1mite concursal no resulta ser prueba id\u00f3nea y suficiente para acreditar la extinci\u00f3n de la solidaridad ni mucho menos la de una obligaci\u00f3n y, con ello la ausencia de exigibilidad y ejecuci\u00f3n frente a los deudores garantizados, ello constituye un flagrante desconocimiento de la prenda general de los acreedores. Por el contrario, el Juez de conocimiento cumpli\u00f3 con los elementos contenidos en la ley 1116 de 2006 y los elementos contenidos en el c\u00f3digo civil y c\u00f3digo general del proceso respecto de los modos de extinguir las obligaciones <\/p>\n
3. El representante legal de Yuma Concesionaria S.A. en reorganizaci\u00f3n, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite ante la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, habida cuenta que, las providencias cuya revocatoria se pretende, i) Fueron proferidas al interior de un proceso ejecutivo del que Yuma Concesionaria S.A. en Reorganizaci\u00f3n ya no hace parte, en virtud de la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial y (ii) El fallo proferido dentro de las dos instancias, no tiene efecto alguno para Yuma Concesionaria S.A. en Reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, de entrada, advierte la Sala la improsperidad del amparo, por las razones que pasar\u00e1n a exponerse. <\/p>\n
3. Revisado el escrito de demanda se observa, que el reclamo constitucional se enfila contra las sentencias proferidas por el Juzgado 41 Civil del Circuito [27 de mayo de 2021] y por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 [17 de septiembre de 2021], dentro del proceso Ejecutivo promovido por banco Davivienda contra Yuma Concesionaria S.A., Alianza Fiduciaria S.A. en calidad de vocera del Fondo de Capital Privado Ruta del Sol Compartimiento A e Infraestructura Concesionada SAS, radicado bajo el N\u00b0 2018-00360. <\/p>\n
Sin embargo, esta Sala entrar\u00e1 a revisar la decisi\u00f3n adoptada en segunda instancia, esto es, la Sentencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el pasado 17 de septiembre, en tanto que, en ella se defini\u00f3 la controversia planteada en el juicio ejecutivo de marras, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n formulado por el accionante contra la sentencia que el Juzgado 41 Civil del Circuito dict\u00f3 el 27 de mayo de 2021. <\/p>\n
4. En este sentido, cotejados los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y los expuestos por el Tribunal accionado en la providencia censurada, en nada luce arbitraria o caprichosa, por cuanto la determinaci\u00f3n que se adopt\u00f3 no es el resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
5. En efecto, para fundamentar la decisi\u00f3n cuestionada la autoridad judicial refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal confirmar\u00e1 la sentencia apelada, por las siguientes razones: <\/p>\n
<\/p>\n
a. La primera, porque las obligaciones incorporadas en los pagar\u00e9s no se extinguieron por novaci\u00f3n, dado que el acuerdo celebrado entre Conalv\u00edas y sus acreedores en el marco del proceso de reorganizaci\u00f3n de esa sociedad no sustituy\u00f3 las deudas, ni evidencia la intenci\u00f3n de novar por parte del banco ejecutante. <\/p>\n
En este punto es necesario resaltar que Infracon S.A.S. es avalista de Yuma concesionaria S.A. y no de Conalv\u00edas, raz\u00f3n por la cual lo que haya sido acordado en el proceso de reorganizaci\u00f3n de esta otra sociedad avalista no repercute, en modo alguno, en el alcance de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por la ejecutada, como avalista del obligado principal en un 34.67%, menos a\u00fan si se repara en que las deudas que el banco cobra en ese juicio concursal son las mismas cuyo pago pretende en esta ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre la extinci\u00f3n de una deuda por novaci\u00f3n, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que, Al tenor del art. 1687 del C.C., la novaci\u00f3n es un acto jur\u00eddico por medio del cual hay \u201c(\u2026) sustituci\u00f3n de una nueva obligaci\u00f3n a otra anterior, la cual queda, por tanto, extinguida\u201d. Como manifestaci\u00f3n de la voluntad exige capacidad jur\u00eddica y de obrar para expresar el consentimiento; del mismo modo, reviste un animus novandi, como intenci\u00f3n de llevarla a cabo; de manera que el acto reclama la validez de la obligaci\u00f3n primitiva, as\u00ed como la \u201c(\u2026) del contrato de novaci\u00f3n\u201d (art. 1689 ej\u00fasdem). <\/p>\n
Si la novaci\u00f3n es sustituci\u00f3n obligacional (art. 1687), no se puede equiparar, como err\u00f3neamente se expone en la censura, con el simple traspaso de un cr\u00e9dito, mutatio creditoris o de la deuda como mutatio debitoris; al contrario, la novaci\u00f3n siempre apareja, como doble efecto, la extinci\u00f3n de una obligaci\u00f3n (extintivo) y el nacimiento de otra diferente (constitutivo), \u00abaliquid novi\u00bb, en cuanto, la segunda obligaci\u00f3n es novedosa respecto de la obligaci\u00f3n primitiva. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, es el propio acuerdo aludido el que descarta la novaci\u00f3n, pues en su cl\u00e1usula 29.10 se estipul\u00f3 lo siguiente: \u201cNovaci\u00f3n. La suscripci\u00f3n del presente acuerdo no implica novaci\u00f3n de las obligaciones contra\u00eddas por la empresa [Conalv\u00edas], las cuales contin\u00faan vigentes, con las modificaciones aqu\u00ed establecidas en cuanto a sus condiciones de plazo e intereses.\u201d (p. 45, archivo \u201c2016-01-251312-000.Acuerdo de Reorganizaci\u00f3n\u201d, carpeta 02, cdno. 4), disposici\u00f3n que, es \u00fatil resaltar, se repiti\u00f3 \u00edntegramente en la reforma al acuerdo en cuesti\u00f3n. (p. 33, \u201carchivo 2018-01-410160-000. Reforma del Acuerdo\u201d, ib.). <\/p>\n
<\/p>\n
b. La segunda, porque el art\u00edculo 70 de la ley 1116 de 2006 no dice ni tiene el alcance que le da la parte recurrente. <\/p>\n
En efecto, esa disposici\u00f3n autoriza la continuidad de las ejecuciones contra garantes o deudores solidarios, cuando otro de ellos ha entrado en proceso de insolvencia. Por eso el acreedor debe manifestar \u201csi prescinde de cobrar su cr\u00e9dito\u201d respecto de los dem\u00e1s obligados, y en caso de guardar silencio, \u201ccontinuar\u00e1 la ejecuci\u00f3n contra los garantes o deudores solidarios\u201d. M\u00e1s a\u00fan, dice su par\u00e1grafo que, \u201csi al inicio del proceso de insolvencia un acreedor no hubiere iniciado proceso ejecutivo en contra del deudor, ello no le impide hacer efectivo su derecho contra los garantes o codeudores.\u201d <\/p>\n
Por consiguiente, mientras no se produzca el pago, la ejecuci\u00f3n contra los dem\u00e1s garantes y deudores solidarios puede \u2013 y debe \u2013 continuar. Y si el acuerdo entre el avalista en proceso de reorganizaci\u00f3n y el banco acreedor no traduce pago alguno, sino reglas que procuran la soluci\u00f3n de las deudas, no es posible sostener que, por mandato de esa disposici\u00f3n de la ley 1116 de 2006, tras el acuerdo en cuesti\u00f3n deben finalizar las ejecuciones. Ni la norma dice eso, ni puede interpret\u00e1rsele en esos t\u00e9rminos <\/p>\n
En este orden de ideas, como el banco solicit\u00f3 continuar el proceso contra Infraestructura Concesionada S.A.S. \u2013 Infracon, como deudor solidario y avalista del 34.67% (p. 18, ib.), y esta sociedad no ha probado que pago o que su deuda se extingui\u00f3, luce correcta la decisi\u00f3n de darle continuidad al juicio. <\/p>\n
<\/p>\n
c. La tercera, porque si Infracon S.A.S. es avalista de Yuma Concesionaria S.A., resulta incontestable que los acuerdos sobre intereses que hayan efectuado el acreedor y alguno de los avalistas no necesariamente impactan el alcance y contenido de la obligaci\u00f3n que tiene la sociedad ejecutada, entre otras razones porque la obligaci\u00f3n del avalista es aut\u00f3noma. <\/p>\n
Otras reflexiones merecer\u00edan el argumento si el acuerdo se hubiere celebrado con la sociedad avalada, puesto que \u201cel avalista quedar\u00e1 obligado en los t\u00e9rminos que corresponder\u00edan formalmente al avalado\u2026\u201d (C. de Co., art. 636). Sin embargo, como toda la discusi\u00f3n se remite a los pagos parciales que hicieron otros avalistas, o al acuerdo ajustado con Conalv\u00edas, que no es el obligado principal ni es el avalado, el reproche del apelante cae en el vac\u00edo. <\/p>\n
Cumple resaltar en este punto que en el interrogatorio absuelto por la representante legal de Infracon, en audiencia de 14 de diciembre de 2020, se le pregunt\u00f3 si Conalv\u00edas hab\u00eda pagado algunas de las sumas que se cobran en este proceso (min. 46:49), a lo que contest\u00f3: \u201cno, no tengo conocimiento de que hayan cancelado ninguna suma\u201d (min. 47:16), lo que tambi\u00e9n afirm\u00f3 la representante legal de Davivienda (min. 13:42). Y si ello es as\u00ed, deviene claro que la ejecuci\u00f3n deb\u00eda proseguir <\/p>\n
<\/p>\n
d. La cuarta, porque el obligado cambiario no puede pretender que se frustre la pretensi\u00f3n de pago de su acreedor, en cuanto tenedor leg\u00edtimo de los t\u00edtulos-valores, por la v\u00eda de sembrar un manto de duda sobre el monto de las obligaciones, menos a\u00fan si, como sucede en este caso, no ha hecho un solo pago. <\/p>\n
Los t\u00edtulos-valores, como se sabe, tienen fuerza probatoria y, por ende, demuestran por s\u00ed solos el derecho en ellos incorporado. En virtud del principio de literalidad y de la regla de completividad se bastan a si mismos porque el suscriptor queda obligado conforme a su tenor literal (C. de Co., art. 626). Tales documentos, adem\u00e1s, se presumen aut\u00e9nticos (C. de Co., art. 793; CGP, art. 244) y veraces, por lo que el juez, salvo prueba en contrario que en este juicio no existe, debe atenerse a su texto sin admitir conjeturas o elucubraciones sobre la medida del derecho, ayunas de prueba, que se despejan f\u00e1cilmente con s\u00f3lo remitirse a los instrumentos de cr\u00e9dito. <\/p>\n
Lo cierto es que la sociedad ejecutada debe la suma de $41.893.966.190, por concepto de capital, pues el aval que otorg\u00f3 \u201chasta por el 34.67%\u201d (pp. 8, 13, 18, 23 y 28, archivo 01, cdno. principal), no est\u00e1 en funci\u00f3n del saldo de la obligaci\u00f3n sino del derecho incorporado en los pagar\u00e9s. Eso fue lo que garantiz\u00f3 y no puede ahora desconocerse, menos a\u00fan al amparo de documentos que no fueron tenidos en cuenta como prueba (auto de 26 de febrero de 2021; pp. 2 y 3, archivo 41, cdno. principal), y que, en cualquier caso, no dicen lo que el apelante sugiere -puesto que s\u00f3lo se remite a una parcela de ellos sin reparar en todo su contenido y en el conjunto de las pruebas recaudadas-(\u2026)\u00bb <\/p>\n
[Derivado expediente digital. Archivo denominado pruebas. 1. Copia digital de la sentencia de fecha 17 de septiembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Trib.pdf] <\/p>\n
6. Determinaci\u00f3n esta que en nada luce arbitraria o antojadiza, menos a\u00fan vulneradora del debido proceso, por cuanto, la autoridad accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la normativa que rige los procesos ejecutivos, haciendo alusi\u00f3n a la codificaci\u00f3n del C\u00f3digo Civil para argumentar por qu\u00e9 para el caso concreto no se puede hablar de \u00abnovaci\u00f3n\u00bb, de cara a la documental allegada y al estudio de las pruebas que reposan en el expediente, para as\u00ed definir, la obligaci\u00f3n que le asiste al accionante en calidad de deudor del Banco Davivienda, conforme a los pagar\u00e9s base de la acci\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
Y es que, de lo expuesto por el accionante, se observa con claridad, que la pretensi\u00f3n del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para confirmar la decisi\u00f3n de negar las excepciones de m\u00e9rito formuladas y ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.) <\/p>\n
V\u00e9ase c\u00f3mo, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que la acci\u00f3n de tutela por su car\u00e1cter residual y subsidiario, no est\u00e1 llamada a revisar las resoluciones de las autoridades y en especial de los jueces, a menos que, sea manifiesta la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales reclamadas, esto es, que se trate de un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, pues no cualquier disentimiento tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
8. En consecuencia, sin m\u00e1s consideraciones por innecesarias, se impone negar la tutela formulada por Infraestructura Concesionada S.A.S. -INFRACON- en tanto que, la autoridad accionada actu\u00f3 con total apego de las normas que rigen la materia, sin que se advierta la transgresi\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales alegadas por el accionante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Infraestructura Concesionada S.A.S. -INFRACON contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito, ambos de esta ciudad. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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STC4189-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4189-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00982-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Infraestructura Concesionada S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62658","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62658","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62658"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62658\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62658"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62658"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62658"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}