STC4191-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4191-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01308-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 8 de julio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Marlene Montoya Ram\u00edrez contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado n\u00ba 2017-00594. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la solicitante suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente en calidad de c\u00f3nyuge de Jos\u00e9 Alcides Agudelo Montoya quien falleci\u00f3 el 15 de marzo de 2015, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, a quien correspondi\u00f3 conocer, mediante fallo de 8 de mayo de 2019 neg\u00f3 las pretensiones formuladas en la demanda, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 11 de junio de 2019. <\/p>\n
Inconforme, la aqu\u00ed accionante interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en sentencia SL1742-2021 del 5 de mayo de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
En su sentir, los funcionarios accionados incurrieron en una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y desconocieron el precedente jurisprudencial, en especial la sentencia SU-005 de 2018 que permite la aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para personas en condiciones de vulnerabilidad como ella, que es una mujer de una comunidad rural, habitante de una vereda ubicada en Manizales, sin ning\u00fan tipo de educaci\u00f3n que revela una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 54.55% estructurada en 2017 y que depend\u00eda econ\u00f3micamente del causante. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a \u00abla Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en el t\u00e9rmino de los 30 d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del fallo, dictar una sentencia en sustituci\u00f3n en la que se amparen los derechos fundamentales y, por lo tanto, se acceda al otorgamiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, conforme al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral se opuso a la prosperidad del amparo y se\u00f1al\u00f3 que en el caso concreto no era viable la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990 con fundamento en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, dado que el fallecimiento del causante Jos\u00e9 Alcides Agudelo Montoya, se produjo el 10 de marzo de 2015, por lo cual, la norma que regula el caso es la Ley 797 de 2003, sin que se cumplieran los requisitos exigidos por la misma para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que tampoco estaban reunidos los presupuestos establecidos en la sentencia SL1884-2020, para aplicar las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que permitieran otorgar la prestaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones adelantadas y solicit\u00f3 negar el amparo ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n en las prerrogativas fundamentales invocadas, y argument\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida por esa Corporaci\u00f3n se adopt\u00f3 de acuerdo a los criterios de legalidad y la jurisprudencia vigente al momento de su emisi\u00f3n. <\/p>\n
3. Colpensiones pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, por no haberse materializado ning\u00fan defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de las autoridades accionadas y tampoco se prob\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (P.A.R.I.S.S.), se\u00f1al\u00f3 que a ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto I.S.S. emitida por el Gobierno Nacional, perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media, por tanto, Colpensiones es la entidad competente como nueva administradora del aludido r\u00e9gimen pensional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, con fundamento en que la interpretaci\u00f3n adoptada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral para dirimir el asunto, no revelaba transgresi\u00f3n a los derechos invocados por la actora, dado que sigui\u00f3 el precedente como \u00f3rgano de cierre. <\/p>\n
Asimismo, aclar\u00f3 que en estricto sentido se permite al juez apartarse de los postulados de la Corte Constitucional, siempre que cumpla con el deber de transparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, como ocurre en la decisi\u00f3n cuestionada, en donde se expusieron ampliamente los fundamentos que llevaron a adoptar la determinaci\u00f3n y las razones por las que se escogi\u00f3 la postura de la jurisdicci\u00f3n laboral y no la de la nombrada Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Consider\u00f3 que los fundamentos expuestos en la sentencia de casaci\u00f3n proferida el 5 de mayo de 2021, corresponden a la valoraci\u00f3n del juez bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento, lo cual permite que la misma sea inmutable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante quien adujo que no le asiste raz\u00f3n a lo decidido por el a quo constitucional, al considerar que las interpretaciones son adecuadas, pues por el contrario dicha visi\u00f3n es opuesta a los postulados constitucionales, motivo por el cual se aleg\u00f3 como requisito espec\u00edfico de procedencia la violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, pues la postura acogida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no es acorde con la naturaleza del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Por tanto, insisti\u00f3 en los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto en estudio, la accionante pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se deje sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 5 de mayo de 2021 y, en su lugar, se le ordene un nuevo pronunciamiento en el cual se acceda al otorgamiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada en el proceso ordinario que promovi\u00f3 contra Colpensiones, con ocasi\u00f3n del fallecimiento de su esposo Jos\u00e9 Alcides Agudelo Montoya. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en la violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica -art\u00edculo 53- y el desconocimiento del precedente judicial, en especial la sentencia SU-005 de 2018 que permite la aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para personas en condiciones de vulnerabilidad como ella. <\/p>\n
3. Estudiada la decisi\u00f3n cuestionada, observa la Sala, que la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral indic\u00f3 que la controversia radicaba en determinar la procedencia de reconocer la pensi\u00f3n de sobreviviente con fundamento en la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, comoquiera que el Tribunal Superior de Manizales consider\u00f3 que no se encontraban satisfechos los requisitos para su aplicaci\u00f3n, mientras que la recurrente estim\u00f3 su viabilidad, de conformidad con los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Al respecto, se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal ad quem no incurri\u00f3 en los yerros jur\u00eddicos atribuidos y explic\u00f3 que, seg\u00fan lo reiterado por esa Sala de Casaci\u00f3n el derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes debe solventarse por regla general bajo la norma vigente al momento del fallecimiento del asegurado, que en el caso concreto era la Ley 797 de 2003 y, porque la aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para esa clase de prestaci\u00f3n, como excepci\u00f3n, no supone una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de normas, con el fin de conseguir la que mejor se adapte a las circunstancias personales de cada reclamante, aserci\u00f3n que fundament\u00f3 en lo se\u00f1alado en la sentencia SL884-2020. <\/p>\n
Enseguida, explic\u00f3 la imposibilidad de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, bajo el siguiente argumento, <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, al descender al caso en examen, encuentra la Sala que al amparo de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa no es posible acudir a los art\u00edculos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, para acceder a la prestaci\u00f3n reclamada como lo pretende la parte actora, en tanto el deceso del causante ocurri\u00f3 en vigencia de la Ley 797 de 2003, y en esas condiciones resulta jur\u00eddicamente inviable hacer un retroceso o salto normativo a efectos de atender las aspiraciones de la recurrente. <\/p>\n
De otra parte, la Sala ha estimado que no fue la intenci\u00f3n del legislador perpetuar las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en lo atinente a la regulaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por tal raz\u00f3n estableci\u00f3 reglas claras sobre hasta d\u00f3nde difiere sus efectos jur\u00eddicos la Ley 797 de 2003, y en tal sentido, se\u00f1al\u00f3 el 26 de enero de 2006, es decir hasta esa fecha el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 continu\u00f3 produciendo efectos para ese prop\u00f3sito (CSJ SL25770-2020)\u00bb. <\/p>\n
Determin\u00f3 que en el caso de la demandante no proced\u00eda la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, por cuanto el causante falleci\u00f3 el 10 de marzo de 2015, es decir, por fuera del aludido marco temporal, m\u00e1xime cuando para el momento de entrar a regir la Ley 797 de 2003 no se encontraba cotizando al sistema de pensiones, pues el \u00faltimo aporte lo realiz\u00f3 el 7 de diciembre de 1990. <\/p>\n
Ahora, en punto al apartamiento de los lineamientos fijados en la sentencia SU-005-2018, explic\u00f3 de manera detallada lo se\u00f1alado por esa Corporaci\u00f3n referente a la fuerza vinculante del precedente constitucional y la diferencia entre las decisiones derivadas del control abstracto de constitucionalidad y las derivadas de providencias de acciones de tutela, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abEl primero tiene una fuerza vinculante especial y obligatoria en raz\u00f3n de sus efectos erga omnes y su desconocimiento significa una trasgresi\u00f3n a las disposiciones de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (C-083-1995, C836-2001, C-335-2008 y C-539-2011); mientras que el segundo, aunque tambi\u00e9n tiene fuerza vinculante, le permite al juez apartarse de sus postulados siempre que cumpla con el deber de trasparencia y argumentaci\u00f3n suficiente, en armon\u00eda con los derechos y los principios constitucionales; ello, debido a los efectos inter partes que produce la jurisprudencia en estos casos (SU-611- 2017). <\/p>\n
En este contexto, teniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional \u2013a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de la sentencia SU-005-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casaci\u00f3n de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuaci\u00f3n (deber de argumentaci\u00f3n suficiente): (\u2026) <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). (\u2026) <\/p>\n
En consecuencia, la introducci\u00f3n de reglas ajenas a las legales puede alterar la estabilidad y las proyecciones financieras sobre las que se ha dise\u00f1ado el sistema pensional y comprometer la realizaci\u00f3n de los derechos de las generaciones futuras. Por este motivo, el reconocimiento de las pensiones debe sujetarse al cumplimiento estricto de cada una de las condiciones exigidas por <\/p>\n
las leyes para su causaci\u00f3n y pago. <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales\u00bb. (SL1884-2020 y SL1938-2020) (\u00c9nfasis adrede). <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por la accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Casaci\u00f3n Laboral aqu\u00ed accionada explic\u00f3 de manera amplia y suficiente su proceder en el caso concreto, con fundamento en la jurisprudencia emitida por esta Corporaci\u00f3n referente a la pensi\u00f3n de sobrevivientes y la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, as\u00ed como los motivos que llevaron a su apartamiento del precedente constitucional \u2013SU-005-2018-. <\/p>\n
En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica realizada por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n y, por ello, resulta la improcedencia del amparo, pues, aunque la accionante no comparta los argumentos desarrollados por esa Sala de Casaci\u00f3n por resultarle desfavorables, no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso, la jurisprudencia y la normativa aplicable al caso. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC 1212-2022, y STC2621-2022). <\/p>\n
5. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnad ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite asignado a esta Sala el 25 de marzo de 2022. <\/p>\n
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STC4191-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4191-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01308-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 8 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62660","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62660","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62660"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62660\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62660"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62660"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62660"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}