STC4196-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4196-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01648-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal integrada por Conjueces, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Francisco Mart\u00ednez Cort\u00e9s, coadyuvado por Jaime Rodr\u00edguez Alfonso, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva al Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad y a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado 2009-07174-02. <\/p>\n
1. Francisco Mart\u00ednez Cort\u00e9s reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Para sustentar su reproche, expuso en s\u00edntesis de su extenso escrito, que en su contra se inici\u00f3 proceso penal por los delitos de fraude procesal en concurso heterog\u00e9neo con estafa agravada tentada y falsedad en documento p\u00fablico, tr\u00e1mite impulsado en raz\u00f3n de su gesti\u00f3n como abogado en el proceso ejecutivo iniciado contra el ISS, y que fuera adelantado ante el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Tras relatar los antecedentes del juicio, el peticionario advirti\u00f3 que la Fiscal\u00eda le imput\u00f3 los mencionados delitos \u00absin tener una sola prueba en [su] contra\u00bb, quedando tambi\u00e9n vinculado Mario Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez como procesado, \u00abcoimputado\u00bb quien logr\u00f3 celebrar un preacuerdo con el ente instructor y salir beneficiado luego de rendir \u00abuna declaraci\u00f3n falsa (\u2026) manifestando que [\u00e9l] le hab\u00eda pagado una suma irrisoria de 40,000 pesos a fin de que \u00e9l le pusiera una huella en un documento que posteriormente resultar\u00eda dentro del expediente donde se tramitaba el proceso ejecutivo singular donde yo actu\u00e9 como abogado \u00fanicamente al final\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que ninguna de las 27 pruebas que fueron recepcionadas en la investigaci\u00f3n, demostraban su responsabilidad en los citados delitos, no obstante, el testimonio de Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez, fue la base de la sentencia condenatoria emitida en su contra el 18 de mayo de 2018 por el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, autoridad que desconoci\u00f3 el \u00abc\u00famulo de contradicciones presentadas en [las] tres declaraciones\u00bb del nombrado Mario Hern\u00e1ndez Rodr\u00edguez y su inter\u00e9s en raz\u00f3n del mencionado preacuerdo, \u00abcelebrado con la finalidad de que declarara en [su] contra cualquier cosa\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que apel\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, pero el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 Sala Penal la confirm\u00f3 el 21 de agosto de 2018 y aunque interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la demanda fue inadmitida el 17 de febrero de 2021, en AP528-2021. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que le pidi\u00f3 al Ministerio P\u00fablico activar en su nombre el mecanismo de insistencia frente al mencionado auto, esa autoridad a trav\u00e9s de la Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, en comunicaci\u00f3n de 14 de julio de 2021, se neg\u00f3 a impulsarlo al no cumplirse los presupuestos establecidos para ello. <\/p>\n
Sostuvo que esta acci\u00f3n es procedente porque agot\u00f3 todos los medios de defensa a su alcance, y en raz\u00f3n adem\u00e1s, a que es evidente la \u00abv\u00eda de hecho cometida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1\u00bb, toda vez que dio por demostrada su responsabilidad en las conductas punibles referenciadas, cuando ning\u00fan elemento demostrativo permit\u00eda llegar a esa conclusi\u00f3n, m\u00e1xime si su \u00ab actuaci\u00f3n se limit\u00f3 a presentar de buena fe el poder de sustituci\u00f3n de quien dijo llamarse JAIME EDUARDO FERREIRA (quien ya estaba reconocido como abogado dentro del proceso ejecutivo) (\u2026) y solicitar la terminaci\u00f3n del proceso y la entrega de los dineros embargados, actuaciones que no son ilegales y me correspond\u00eda efectuar como abogado\u00bb. <\/p>\n
Como consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 \u00abDEJAR SIN EFECTO la providencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la sentencia de fecha 21 de agosto del a\u00f1o 2018\u00bb y, en su lugar, ordenar la emisi\u00f3n de otra decisi\u00f3n \u00abajustada a derecho seg\u00fan los cargos endilgados\u00bb. <\/p>\n
2. Si bien el peticionario adicion\u00f3 su reclamo para reprochar la gesti\u00f3n adelantada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el proceso controvertido, motivo por el cual las diligencias fueron enviadas a la Sala de Casaci\u00f3n Civil, aqu\u00e9l desisti\u00f3 de tales cuestionamientos y pidi\u00f3 que el asunto siguiera surti\u00e9ndose ante la primera Sala mencionada, solicitud acogida en auto de 15 de septiembre de 2021 dentro del radicado 2021-03339-00. <\/p>\n
3. Mediante providencia de 23 de septiembre de 2021 fueron aceptados los impedimentos manifestados por los Magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal para decidir la tutela rese\u00f1ada en primera instancia, design\u00e1ndose, en consecuencia, los Conjueces que emitieron el fallo aqu\u00ed impugnado. <\/p>\n
4. Por su parte, Jaime Rodr\u00edguez Alfonso, quien asegur\u00f3 haber actuado como defensor del accionante en el proceso penal cuestionado, manifest\u00f3 que interven\u00eda en este asunto como coadyuvante, toda vez que, en resumen, se incurri\u00f3 en indebida valoraci\u00f3n probatoria y, asimismo, debi\u00f3 declararse \u00abla prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal\u00bb respecto de algunos de los delitos imputados a quien fuera su defendido, raz\u00f3n por la cual, en su criterio, se vulneraron los derechos de \u00e9ste. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en liquidaci\u00f3n solicit\u00f3 negar las pretensiones del accionante porque la sentencia cuestionada est\u00e1 en firme, y adem\u00e1s, Francisco Mart\u00ednez Cort\u00e9s \u00abgoz\u00f3 con todas las garant\u00edas del debido proceso, raz\u00f3n por la cual, es notoria la ocurrencia del fen\u00f3meno de COSA JUZGADA, sin que sea dable ahora desconocer dicho pronunciamiento judicial, respecto del cual debe indicarse que fue proferido en segunda instancia, siendo definitivo y por supuesto invariable\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal en Sala de Conjueces, neg\u00f3 el amparo solicitado al incumplir el presupuesto de inmediatez, pues evidenci\u00f3 que la demanda de tutela se formul\u00f3 el 10 de agosto de 2021, esto es, luego de transcurrir casi 3 a\u00f1os desde la emisi\u00f3n de la sentencia controvertida -21 de agosto de 2018-. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el accionante no demostr\u00f3 la ocurrencia de un perjuicio irremediable y, con todo, resalt\u00f3 que en el auto AP52817 de febrero de 2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal advirti\u00f3 que no se observaba lesi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en el proceso censurado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 Jaime Rodr\u00edguez Alfonso en calidad de coadyuvante y afirmando actuar como \u00abagente oficioso\u00bb del peticionario, y advirti\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Penal constitucional sostuvo equivocadamente la falta de inmediatez de la demanda de tutela, dado que no tuvo en cuenta \u00abque hubo apelaci\u00f3n contra la Sentencia Condenatoria, luego Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n, posteriormente y ante la negativa a admitirla para su revisi\u00f3n en sede de Casaci\u00f3n, se interpuso el recurso de s\u00faplica ante la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Delegada para la Casaci\u00f3n-\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que en el asunto penal seguido a Mart\u00ednez Cort\u00e9s, se cometieron distintas irregularidades, e insisti\u00f3 en que, adem\u00e1s de valorarse de manera insuficiente las pruebas, no se decret\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal frente a los delitos imputados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Advierte la Sala, que adem\u00e1s de no estar acreditada la calidad de apoderado judicial de Jaime Rodr\u00edguez Alfonso para intervenir en este particular tr\u00e1mite en nombre de Francisco Mart\u00ednez Cort\u00e9s, tampoco puede avalarse su participaci\u00f3n como \u00abagente oficioso\u00bb, pues no adujo los motivos que le impidieron al accionante presentar la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre lo primero, esta Sala en un asunto similar, sostuvo: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto\u2026De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada\u00bb improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa (CSJ STC1042-2019, reiterada en STC256-2022). <\/p>\n
Y, en cuanto a la agencia oficiosa, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00abCabe recordar, que la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha considerado que los presupuestos para que proceda el reconocimiento de tal figura en materia de la acci\u00f3n de tutela son: \u00ab(i) la manifestaci\u00f3n del agente oficioso en el sentido de actuar como tal; [y] (ii) la circunstancia real, que se desprenda del escrito de tutela ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir, consistente en que el titular del derecho fundamental no est\u00e1 en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa. Solo cuando estos dos requisitos se presentan simult\u00e1neamente, puede concluirse que el agente est\u00e1 legitimado por activa para solicitar la garant\u00eda de derechos fundamentales de los cuales no es titular\u00bb (C. C. ST-1075 de 2012, citada entre otras, en CSJ STC15799-2021 y, STC1197-2022). <\/p>\n
2. Ahora, en relaci\u00f3n a la coadyuvancia aducida por Jaime Rodr\u00edguez Alfonso, esta Sala, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha reiterado que la participaci\u00f3n de tales sujetos se limita a respaldar las pretensiones y argumentos del accionante inicial, por tanto, ning\u00fan pronunciamiento particular procede frente a sus puntuales censuras. As\u00ed, se ha indicado <\/p>\n
\u00ab[C]omo lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, m\u00e1s no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: (\u2026) \u00abcon independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12, CSJ STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545, STC11096-2019, STC2652-2021, STC6149-2021 y STC15528-2021). <\/p>\n
3. Al margen de lo expuesto y de aceptarse que Jaime Rodr\u00edguez Alfonso est\u00e1 habilitado para impugnar el fallo de primer grado como coadyuvante, debe anunciarse que la sentencia recurrida ser\u00e1 confirmada, pues con independencia de la inmediatez que ech\u00f3 de menos el a quo constitucional, la cual no se acredit\u00f3 porque la tutela se formul\u00f3 oportunamente -10 de agosto de 2021-, dado que Francisco Mart\u00ednez Cort\u00e9s solo supo de la inviabilidad de la insistencia solicitada al Ministerio P\u00fablico frente al auto AP528-2021, hasta el 14 de julio de 2021, lo cierto es que la protecci\u00f3n no sale adelante en raz\u00f3n de la incuria del accionante Mart\u00ednez Cort\u00e9s. <\/p>\n
En efecto, observa la Sala que aqu\u00e9l no formul\u00f3 de manera adecuada el recurso extraordinario de casaci\u00f3n con el que contaba para reprochar la sentencia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, confirmatoria de la condena a \u00e9l impuesta y, por ello, en la mencionada providencia AP528-2021, la Sala de Casaci\u00f3n Penal inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n que propuso. <\/p>\n
As\u00ed, se encuentra que el primer cargo lo sustent\u00f3 en que \u00ablos juzgadores violaron directamente el art\u00edculo 344 [de la Ley 906 de 2004] (\u2026) porque en la audiencia preparatoria se decret\u00f3 como prueba sobreviniente el testimonio de Mario Hern\u00e1ndez\u00bb, pero sin tener en cuenta que la Fiscal\u00eda sab\u00eda de la existencia de dicho testigo, ya que hab\u00eda celebrado un preacuerdo con \u00e9l. Frente a ese ataque, la Sala Especializada consider\u00f3 que el demandante omiti\u00f3 exponer las razones aducidas por los falladores de instancia para concluir que la declaraci\u00f3n del prenombrado era una \u00abprueba sobreviniente\u00bb, por tanto, si se pretend\u00eda demostrar que con la aceptaci\u00f3n de ese elemento de convicci\u00f3n se vulner\u00f3 el debido proceso, debieron rebatirse los argumentos expuestos por los juzgadores. <\/p>\n
Concretamente, la Sala de Casaci\u00f3n Penal afirm\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tendr\u00eda que haber explicado por qu\u00e9 no puede considerarse como una circunstancia sobreviniente el hecho de que un procesado haya decidido someterse a la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, lo que generaba un cambio sustancial frente al derecho de no declarar en su contra. Y si pretend\u00eda cuestionar la importancia de esa prueba, tendr\u00eda que haber expuesto las razones por las cuales la versi\u00f3n de uno de los part\u00edcipes en la conducta punible no resultaba altamente relevante para la esclarecer aspectos centrales del debate. <\/p>\n
Como el censor eludi\u00f3 estas elementales cargas argumentativas, su disertaci\u00f3n no puede tenerse como sustentaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente y en cuanto al segundo cargo, fundado en que existi\u00f3 un \u00abfalso juicio de raciocinio\u00bb porque los jueces de instancia basaron su condena en un testimonio incorporado irregularmente y adem\u00e1s desconocieron las pruebas que le eran favorables, y de las cuales se conclu\u00eda que no firm\u00f3 la demanda ejecutiva y tampoco la conciliaci\u00f3n materia del cobro, la Sala de Casaci\u00f3n Penal consider\u00f3 que se estaban eludiendo \u00ablos fundamentos de la condena\u00bb, particularmente la participaci\u00f3n del procesado como \u00abcoautor\u00bb, y, de igual modo, le indic\u00f3 que hab\u00eda soslayado referirse a la valoraci\u00f3n del Tribunal en cuanto a la apreciaci\u00f3n de la declaraci\u00f3n de dicho testigo contrastada con otros elementos demostrativos, y concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ablos argumentos del censor claramente se orientan a exponer su punto de vista sobre la valoraci\u00f3n probatoria, lo que, a lo sumo, podr\u00eda ser tenido como alegato de instancia, pero bajo ninguna circunstancia como sustentaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, resalt\u00f3 que los juzgadores no consideraron que Mario Hern\u00e1ndez haya sido condenado (y al parecer tiene o ten\u00eda otro proceso pendiente) por el delito de falsedad documental, lo que, seg\u00fan da a entender, permite poner en entredicho su credibilidad. Al efecto, no tuvo en cuenta que, seg\u00fan el testigo, fue precisamente en ese contexto (de falsificaci\u00f3n de documentos) en que fue contactado por el procesado para obtener un sello falso y poner su huella en uno de los documentos utilizados para la defraudaci\u00f3n (lo que se corrobor\u00f3 a trav\u00e9s de dictamen pericial)\u00bb. <\/p>\n
Luego, sobre el tercer cargo, cimentado en que hubo un \u00abfalso juicio de existencia por suposici\u00f3n\u00bb, toda vez que la condena se apoy\u00f3 en una prueba testimonial incorporada irregularmente y que evidenciaba distintas \u00abinconsistencias\u00bb, la Sala de Casaci\u00f3n Penal se\u00f1al\u00f3 que el recurrente no concret\u00f3 la \u00abtrascendencia\u00bb de su ataque en relaci\u00f3n con los \u00abprincipales soportes de la condena\u00bb, esto es, que \u00e9l intervino activamente en el tr\u00e1mite dirigido a enga\u00f1ar al juzgado civil involucrado en el delito y a afectar el patrimonio del ISS y que adem\u00e1s fue se\u00f1alado por uno de los testigos como la persona que promovi\u00f3 la falsificaci\u00f3n de uno de los documentos usados para lograr la defraudaci\u00f3n, por tanto, estim\u00f3 la Sala Especializada, que las disertaciones del casacionista no pod\u00edan \u00abtenerse como un cargo independiente, pues all\u00ed, en esencia, se reiteran los argumentos expuestos en los dos cargos anteriores. Finalmente, no puede pasar desapercibido que el impugnante se refiri\u00f3 reiteradamente a la violaci\u00f3n de las reglas de la l\u00f3gica, pero no especific\u00f3 cu\u00e1l fue el postulado de la sana cr\u00edtica que fue desconocido o indebidamente aplicado por los juzgadores\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, en cuanto al cuarto cargo, por \u00aberror in procedendo error de garant\u00eda\u00bb, sustentado en el desconocimiento de los \u00abprincipios de inmediaci\u00f3n y concentraci\u00f3n\u00bb, la Sala accionada precis\u00f3 que el recurrente no explic\u00f3 la incidencia que esta situaci\u00f3n \u00abpudo tener en la valoraci\u00f3n de las pruebas y, en general, en las decisiones tomadas en ambas instancias, lo que constituye raz\u00f3n suficiente para que su disertaci\u00f3n no pueda ser tomada como sustentaci\u00f3n adecuada del recurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como Francisco Mart\u00ednez Cort\u00e9s no hizo uso adecuado del recurso extraordinario con el cual contaba para lograr un pronunciamiento del juez natural sobre los argumentos aqu\u00ed aducidos, pues se equivoc\u00f3 al formular los cargos antes rese\u00f1ados, no es posible por esta v\u00eda residual y extraordinaria superar tal descuido. <\/p>\n
Sobre el cumplimiento de la t\u00e9cnica exigida a los demandantes en sede de casaci\u00f3n, esta Sala, en asuntos constitucionales, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb (CSJ, STC8583-2019, criterio reiterado en STC15185-2021 y STC13995-2021, STC012-2022 y STC1213-2022, entre otras). <\/p>\n
En consecuencia, en el evento en estudio se estructura la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, como quiera que la acci\u00f3n constitucional no fue concebida como sustituto de los mecanismos judiciales creados por el legislador. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no sobra se\u00f1alar que la Sala de Casaci\u00f3n Penal en el citado auto AP528-2021, expresamente se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se advierte la vulneraci\u00f3n de alguna garant\u00eda fundamental que amerite el ejercicio de las facultades oficiosas de la Corte y la lleve a pronunciarse en camino a su protecci\u00f3n\u00bb; lo cual refuerza el fracaso de la protecci\u00f3n solicitada, pues en el escenario natural se realiz\u00f3 un control constitucional sobre la actuaci\u00f3n surtida, sin que sea viable por esta v\u00eda extraordinaria desconocerlo. <\/p>\n
4. De conformidad con lo explicado, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmado, pero por las razones aqu\u00ed expresadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio ) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC4196-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4196-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01648-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 6 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62663","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62663","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62663"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62663\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62663"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62663"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62663"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}