STC4198-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4198-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01889-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 5 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Primax Colombia S.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado n\u00ba 2015-00108. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderada judicial, la sociedad reclamante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso, defensa, y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 que Alfonso Galvis Ricardo inici\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de Primax Colombia S.A., con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, as\u00ed como la actualizaci\u00f3n del salario base de liquidaci\u00f3n desde su vinculaci\u00f3n a la empresa hasta cuando se caus\u00f3 el derecho. <\/p>\n
Mediante sentencia de 9 de febrero de 2017, el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, resolvi\u00f3, entre otros aspectos, condenar a la demandada a pagar la \u00abcompensaci\u00f3n legal\u00bb a partir del 22 de octubre de1995, en el equivalente a 20 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes para la fecha, junto con los incrementos anuales del IPC, decisi\u00f3n confirmada el 8 de marzo de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Frente a la anterior determinaci\u00f3n, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala Especializada en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3, mediante sentencia SL1835-2021 de 12 de mayo de 2021, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Adujo que el IPC aplicado por el juzgador de primer grado en la liquidaci\u00f3n que realiz\u00f3 del valor de la mesada pensional de Galvis Ricardo para los per\u00edodos 1996, 1997, 1998 y 2009, no corresponden con el certificado por el DANE, error que tuvo incidencia en el valor que calcul\u00f3 para la mesada de julio de 2011 equivalente a $11.374.969 cuando deb\u00eda ser de $9.570.958, lo que genera una diferencia de $2.164.011 que se causa mensualmente en favor del pensionado, sin que exista sustento normativo o jur\u00eddico que la respalde y que mensualmente tiene un impacto econ\u00f3mico negativo para la compa\u00f1\u00eda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ese yerro implica no solo un desconocimiento del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, el cual se\u00f1ala que el incremento de las mesadas pensionales se debe hacer conforme al IPC certificado por el DANE para el a\u00f1o inmediatamente anterior, sino tambi\u00e9n una omisi\u00f3n al tope de 20 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes al que se le conden\u00f3 conforme lo reglado por el canon 2 del Decreto 314 de 1994. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que \u00abde la decisi\u00f3n cuestionada, aflora de forma clara un perjuicio irremediable\u00bb ya que su derecho a la defensa se encuentra notablemente menoscabado por la determinaci\u00f3n infundada <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 que \u00abse ordene modificar la liquidaci\u00f3n proferida por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 que fue confirmada integralmente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. y NO CASADA por la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00ba 3 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ajust\u00e1ndose el valor de la mesada pensional a partir del mes de julio de 2011, as\u00ed: 2011 $9.570.758 3,17%, 2012 $9.927.747 3,73%, 2013 $10.169.984 2,44%, 2014 $10.367.282 1,94%, 2015 $10.746.725 3,66%, 2016 $11.474.278 6,77%, 2017 $12.134.049 5,75%, 2018 $12.630.332 4,09%, 2019 $13.031.977 3,18%, 2020 $13.527.192 3,80%, 2021 $13.744.980 1,61%\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 defendi\u00f3 la legalidad de su decisi\u00f3n y manifest\u00f3 que la providencia cuestionada, adem\u00e1s de razonable, fue proferida con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la ley y la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el an\u00e1lisis efectuado al \u00fanico cargo propuesto, no pudo centrarse en verificar los argumentos expuestos en el escrito de tutela, dado que constituyen materia novedosa no discutida en las instancias ni en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
A su vez, precis\u00f3 que, si la sociedad actora considera que el Tribunal se equivoc\u00f3 en sus c\u00e1lculos y estimaciones, debi\u00f3 acudir a los mecanismos previstos en el ordenamiento procesal para superar la supuesta equivocaci\u00f3n. \u00abLo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que la duda que autoriza la aclaraci\u00f3n, adici\u00f3n o correcci\u00f3n de una providencia judicial debe existir objetivamente en el cuerpo de la decisi\u00f3n, que no en la mente de las partes, ni ser producto de una petici\u00f3n que procura modificar lo resuelto por el autor del pronunciamiento o introducir una tem\u00e1tica que no fue debatida a lo largo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que desde el punto de vista probatorio se est\u00e1 a lo indicado en las pruebas obrantes en el expediente y, alleg\u00f3 copia del audio de la decisi\u00f3n impartida en segunda instancia el 8 el marzo de 2017. <\/p>\n
3. El titular del Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de esta ciudad, relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el asunto cuestionado y afirm\u00f3 que no ha vulnerado garant\u00eda fundamental alguna, dado que el tr\u00e1mite se surti\u00f3 como en derecho corresponde, respetando el debido proceso. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, argumentando que si la inconformidad de la compa\u00f1\u00eda reclamante radica en el presunto error cometido por los falladores al momento de liquidar el valor de la mesada pensional otorgada a Alfonso Galvis Ricardo, le correspond\u00eda proponer su discusi\u00f3n en el proceso ordinario a trav\u00e9s de los mecanismos dispuesto por el ordenamiento jur\u00eddico y no por la v\u00eda constitucional, pues la misma no es apta para tratar asuntos que por ley son asignados a las distintas jurisdicciones. <\/p>\n
No obstante, destac\u00f3 que si se dieran por acreditados los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, tampoco se observaba un desconocimiento de las prerrogativas invocadas, puesto que la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 no reflejaba la existencia de un defecto sustantivo, contrario a ello, consider\u00f3 que la misma estuvo debidamente fundamentada y sustentada en argumentos razonables. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la sociedad accionante, la cual manifest\u00f3 que solo se limit\u00f3 a defender y analizar la posici\u00f3n de la hom\u00f3loga laboral, olvidando examinar detalladamente las pruebas y errores en que incurrieron las autoridades convocadas al liquidar el valor de las mesadas pensionales ordenadas a favor de Alfonso Galvis; destac\u00f3 que no hubo pronunciamiento sobre las mismas, ni los puntos centrales o defectos planteados en la solicitud de amparo; adem\u00e1s, reproch\u00f3 que \u00abno se adentr\u00f3 en el expediente del proceso ordinario laboral para verificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y las condiciones particulares del fallo\u00bb; por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n esta llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los argumentos sustento de la impugnaci\u00f3n propuesta por Primax Colombia S.A., se concluye que la sentencia emitida por el a quo constitucional ser\u00e1 confirmada, en raz\u00f3n a que el motivo de disenso de la solicitante se contrae a cuestionar la falta de valoraci\u00f3n probatoria y supuestos errores en que incurrieron las autoridades judiciales accionadas al momento de liquidar el valor de las mesadas pensionales otorgadas a Alfonso Galvis Ricardo. <\/p>\n
No puede olvidarse que la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Ahora bien, ante la expectativa de la compa\u00f1\u00eda querellante para que en esta instancia se efect\u00fae la valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas y se ordene modificar la liquidaci\u00f3n efectuada por el juzgador de primera instancia, se destaca que la valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, sobre ello, esta Sala ha expresado: <\/p>\n
\u00ab[R]esulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01 y STC859-2022). <\/p>\n
3. De conformidad con lo anterior, el fallo impugnado ser\u00e1 confirmado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite asignado a esta Sala el 28 de marzo de 2022. <\/p>\n
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