STC4199-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4199-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02650-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 20 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Adelayda Cuenca Trochez contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso laboral con radicado n\u00ba 2014-00329. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, igualdad y justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En compendio, relat\u00f3 que inici\u00f3 proceso ordinario laboral contra Colpensiones, con el fin de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente en calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del afiliado Luis Joiver Villa Monta\u00f1o, asunto tramitado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Palmira, y mediante sentencia de 24 de noviembre de 2015 se conden\u00f3 a la Administradora al pago de la prestaci\u00f3n reclamada, as\u00ed como a la mesada adicional e intereses moratorios al tenor del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue revocada en grado jurisdiccional de consulta, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 21 de septiembre de 2016, para en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones. <\/p>\n
Contra esa decisi\u00f3n, formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, en sentencia SL1645-2021 del 27 de abril de 2021, dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Adujo la actora que en su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n por parte del Estado, las autoridades accionadas debieron tomar medidas que garantizaran el goce efectivo a una pensi\u00f3n bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, m\u00e1xime cuando el causante dej\u00f3 cotizadas m\u00e1s de 939 semanas, lo cual no rompe el equilibrio financiero del sistema pensional. <\/p>\n
Adem\u00e1s, afirm\u00f3 que desconocieron el precedente judicial como lo son las sentencias SU-005 de 2018 y SU-149 de 2021 de la Corte Constitucional, resaltando que para la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda no se exig\u00eda el test de procedencia. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto las decisiones judiciales de fondo, y ordenar la expedici\u00f3n de nuevas decisiones, en las cuales se analice el derecho bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al tenor de lo ordenado en sentencia SU005\/2018 de la Corte Constitucional y dem\u00e1s anteriores que estaban vigentes a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 manifest\u00f3 que en el caso concreto no fue posible la aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, comoquiera que seg\u00fan el precedente jurisprudencial imperante, el que por ley est\u00e1 obligada a acoger, entre ellas las sentencias SL5091-2020, SL3448-2018 y SL2337-2020, tal figura jur\u00eddica no puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 29 de enero de 2006, por tanto, como el deceso del afiliado causante se produjo el 2 de julio de 2013, el acuerdo 049 de 1990 no pod\u00eda ser tenido en cuenta para resolver las s\u00faplicas de la interesada. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en aras de garantizar los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital e igualdad, se estudi\u00f3 en detalle s\u00ed el afiliado ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con dicha normativa y, por ende, generase la pensi\u00f3n de sobreviviente, sin embargo, se determin\u00f3 que no caus\u00f3 esa garant\u00eda. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que, el hecho de no haber sido favorable la decisi\u00f3n a los intereses de la solicitante, no significa que se hubiera incurrido en el error jur\u00eddico acusado, ni tampoco que la Sala hubiera desatendido los precedentes a los que estaba obligada a acoger. Igualmente, record\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia adicional, misma que, en el caso concreto se torna extempor\u00e1nea, dado que entre la fecha de la providencia atacada y la de la presentaci\u00f3n del mecanismo han transcurrido alrededor de 9 meses. <\/p>\n
2. Colpensiones a trav\u00e9s de la Directora de Acciones Constitucionales pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, toda vez que las actuaciones surtidas en el proceso cuestionado se encuentran ajustadas a derecho, adem\u00e1s, porque la actora no puede pretender que el juez constitucional bajo un mecanismo revestido de inmediatez, conceda pretensiones que ya fueron rebatidas dentro del asunto, m\u00e1xime cuando no se prob\u00f3 vulneraci\u00f3n a derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En el mismo sentido se pronunci\u00f3, el apoderado sustituto de Colpensiones en el pleito reprochado. <\/p>\n
3. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (P.A.R.I.S.S.), se\u00f1al\u00f3 que a ra\u00edz de la orden de supresi\u00f3n y liquidaci\u00f3n del extinto I.S.S. emitida por el Gobierno Nacional, perdi\u00f3 la competencia para resolver peticiones relacionadas con la administraci\u00f3n del R\u00e9gimen de Prima Media, por tanto, Colpensiones es la entidad competente como nueva administradora del aludido r\u00e9gimen pensional. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 el amparo, tras argumentar que la acci\u00f3n de tutela no es una instancia del proceso ordinario, ni fue instaurada como una jurisdicci\u00f3n paralela. Con todo, analiz\u00f3 la sentencia cuestionada y precis\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 s\u00ed evalu\u00f3 la aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pero determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar a conceder la pensi\u00f3n reclamada acorde con el precedente jurisprudencial de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente. <\/p>\n
Destac\u00f3 que de conformidad a lo sostenido por esa Sala de Decisi\u00f3n en otras oportunidades, si bien la \u00abla posici\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral frente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, difiere de la interpretaci\u00f3n sentada por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-005-2018, no por ello puede calificarse de vulneradora de garant\u00edas fundamentales, pues lo cierto es que, la discrepancia de criterios interpretativos, no es una situaci\u00f3n que por s\u00ed misma configure causal espec\u00edfica de procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que tal y como lo ha se\u00f1alado en casos similares, la interpretaci\u00f3n adoptada por la Sala de Decisi\u00f3n Laboral accionada, se fundament\u00f3 en la consolidada l\u00ednea de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral frente a la aplicaci\u00f3n del referido principio y, cuando se presentan interpretaciones diversas y razonables de las Altas Cortes, el funcionario judicial puede adoptar la tesis que considere m\u00e1s ajustada al caso concreto, sin que ello convierta su decisi\u00f3n en arbitraria. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la accionante quien solicit\u00f3 revocar el pronunciamiento del a quo constitucional y, en consecuencia, ordenar el amparo de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n esta llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento en estudio, la reclamante pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional se dejen sin efectos las decisiones emitidas por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 27 de abril de 2021 y por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga el 21 de septiembre de 2016 y, en su lugar, se les ordene emitir un nuevo pronunciamiento en el cual se analice el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa al tenor de lo ordenado en la sentencia SU-005 de 2018 de la Corte Constitucional y dem\u00e1s decisiones vigentes a la presentaci\u00f3n de la demanda laboral, precedente judicial que, en su sentir, fue desconocido por las accionadas. <\/p>\n
Al respecto, advierte la Sala que si bien el amparo fue formulado el 14 de diciembre de 2021, es decir transcurridos alrededor de siete (7) meses despu\u00e9s de notificada la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que el presupuesto temporal que ha establecido la jurisprudencia para la procedencia del amparo se tiene por superado, teniendo en cuenta que la controversia recae sobre derechos pensionales que revelan el car\u00e1cter de irrenunciables e imprescriptibles, cuya presunta afectaci\u00f3n se considerar\u00e1 actual (CSJ STC6492-2021). <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, se observa que la solicitud de protecci\u00f3n constitucional no tiene vocaci\u00f3n de \u00e9xito, comoquiera que estudiada la sentencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, no se identific\u00f3 el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, infundada o contraria a los preceptos que rigen la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
Para lo anterior, basta examinar lo se\u00f1alado por la Sala accionada, la que luego de rese\u00f1ar los antecedentes del asunto y sintetizar los fundamentos del recurso extraordinario, determin\u00f3 que no eran materia de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u00abi) que Luis Joiver Villa Monta\u00f1o falleci\u00f3 el 2 de julio de 2013; ii) que era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n; iii) que cotiz\u00f3 un total de 939 semanas entre el 1\u00b0 de enero de 1967 hasta el 30 de abril de 2004 y; iv) que no efectu\u00f3 cotizaci\u00f3n alguna dentro de los tres a\u00f1os anteriores a su muerte\u00bb <\/p>\n
Posteriormente, indic\u00f3 que de conformidad con los pronunciamientos de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, -por regla general- la norma aplicable para zanjar un conflicto jur\u00eddico en donde est\u00e1 de por medio definir la concesi\u00f3n de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, debe ser la que est\u00e9 vigente al momento de la muerte del causante; no obstante, puntualiz\u00f3 que ante la falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n para ese tipo de prestaciones, se ha admitido la posibilidad de aplicar el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para acudir a las directrices que se fijaban en la norma inmediatamente anterior a la que reg\u00eda esos asuntos. <\/p>\n
Con fundamento en esa l\u00ednea argumentativa, determin\u00f3 que pretender la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990, como lo solicit\u00f3 la recurrente ser\u00eda acudir a una norma plus ulterior, postura no v\u00e1lida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, quien ha advertido que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata, por lo cual \u00abno es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica en las legislaciones anteriores al fallecimiento hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte m\u00e1s favorable (SL5091-2020). <\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que, seg\u00fan lo definido por la hom\u00f3loga permanente, el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, no puede estar latente en el tiempo, pues dada la fecha de vigencia de la Ley 797 de 2003 que introdujo modificaciones a la Ley 100 de 1993 respecto a las pensiones de sobrevivientes, no puede extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 29 de enero de 2006, aserci\u00f3n que soport\u00f3 con lo consignado en la sentencia SL2337-2020. <\/p>\n
Finalmente, realiz\u00f3 un estudio para establecer si el causante hab\u00eda cumplido con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez, frente a lo cual expuso: <\/p>\n
\u00ab[C]omo el se\u00f1or Lu\u00eds Joiver Villa Monta\u00f1o era beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que naci\u00f3 el 5 de mayo de 1941 por lo que a la entrada en vigencia la Ley de Seguridad Social superaba los 40 a\u00f1os, le corresponde a la Sala verificar la aplicaci\u00f3n de la regla dispuesta en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, con el fin de establecer si cumpli\u00f3 con los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n de vejez de que trata el Acuerdo 049 de 1990 y por ende, transmitir la de sobrevivientes para la demandante recurrente. <\/p>\n
Pues bien, al revisar la densidad de semanas cotizadas por el causante, se evidencia que cotiz\u00f3 en total 939 semanas entre el 1 de enero de 1967 y el 30 de abril de 2004, de las cuales, en los \u00faltimos veinte a\u00f1os anteriores al cumplimiento de los sesenta a\u00f1os, esto es entre el 5 de mayo de 1981 y el 5 de mayo de 2001, cotiz\u00f3 479 semanas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es imperioso precisar que el causante no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de vejez y por tanto tampoco gener\u00f3 la de sobrevivientes, conclusiones que no se pueden soslayar, so pretexto de la defensa de derechos fundamentales como el del m\u00ednimo vital o de igualdad, que no observa la Corte se conculquen con la decisi\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, dispuso no casar la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2016 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, en el proceso iniciado por la aqu\u00ed accionante contra Colpensiones. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que el fallo de primer grado habr\u00e1 de ser confirmado, comoquiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los yerros alegados por la accionante y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Decisi\u00f3n accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en la jurisprudencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente referente a la pensi\u00f3n de sobrevivientes y la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica realizada por la Sala accionada, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n y, por ello, resulta la improcedencia del amparo, pues, aunque la accionante no comparta los argumentos desarrollados por resultarle desfavorables, no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el proceso, la jurisprudencia y la normativa aplicable al caso. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC 1212-2022, y STC2621-2022). <\/p>\n
5. Ahora bien, en lo atinente al supuesto desconocimiento de los lineamientos fijados en la sentencia SU-005 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, se tiene que en pret\u00e9rita oportunidad la Sala de Casaci\u00f3n Laboral se pronunci\u00f3 frente a la fuerza vinculante del precedente constitucional y su apartamiento, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00ab[T]eniendo en cuenta que los principios constitucionales no son absolutos y que su aplicaci\u00f3n debe ser proporcional \u2013a fin de no quebrantar otros bienes jur\u00eddicos superiores valiosos para los individuos y la sociedad-, respecto de la sentencia de tutela T-953-2014 que refiere la censura en el cargo, la Sala considera oportuno se\u00f1alar que la misma tiene efectos inter partes. Y, en todo caso, dicho criterio fue posteriormente modificado a trav\u00e9s de la sentencia SU-005-2018, de cuyo contenido esta Sala de Casaci\u00f3n de la Corte se aparta, en cumplimiento de los requisitos de trasparencia y suficiencia definidos por la Corte Constitucional (C-621-2015 y SU-354-2017), por las razones que expone a continuaci\u00f3n (deber de argumentaci\u00f3n suficiente): (\u2026) <\/p>\n
Pues bien, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, en la pr\u00e1ctica, esa decisi\u00f3n significa la aplicaci\u00f3n absoluta e irrestricta del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa e impone reglas diferentes a las legales para el reconocimiento de la prestaci\u00f3n de sobrevivencia, las cuales, a su vez, pueden afectar la eficacia de las reformas introducidas al sistema pensional. Asimismo, desconoce los principios de aplicaci\u00f3n en el tiempo de la legislaci\u00f3n de seguridad social, principalmente los de aplicaci\u00f3n general e inmediata y retrospectividad. <\/p>\n
Adem\u00e1s, de aplicarse cualquier disposici\u00f3n anterior se dar\u00edan efectos plus ultraactivos a normativas derogadas en una sucesi\u00f3n de tr\u00e1nsitos legislativos, lo que afecta el principio de seguridad jur\u00eddica, pues genera incertidumbre sobre la norma aplicable en la medida en que el juez podr\u00eda hacer un ejercicio hist\u00f3rico para definir la concesi\u00f3n del derecho pensional con aquella que m\u00e1s se ajuste a los intereses del reclamante, en detrimento de los de car\u00e1cter general, lo cual, a juicio de la Sala, no es posible (CSJ SL1683-2019, CSJ SL1685-2019, CSJ SL2526-2019 y CSJ SL2829-2019). <\/p>\n
En s\u00edntesis, es preciso indicar que no se trata de desconocer el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa sino de delinear correctamente su campo de aplicaci\u00f3n y actualizarlo conceptualmente bajo la \u00e9gida del modelo constitucional de prevalencia del inter\u00e9s general sobre el particular, la solidaridad y la garant\u00eda de efectividad de los derechos fundamentales sociales. <\/p>\n
(SL1884-2020 y SL1938-2020) (Negrilla de esta Sala). <\/p>\n
6. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
7. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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