STC4201-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4201-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02033-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 19 de octubre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jaime Vallejo Fl\u00f3rez y Juan Gabriel Varela Alonso contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y los Juzgados Diecinueve y Cincuenta y Nueve Penales del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00ba 2019-00118. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jaime Vallejo Fl\u00f3rez representado judicialmente por Juan Gabriel Varela Alonso, quien, a su vez, act\u00faa en nombre propio, imploraron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, \u00aba ejercer la profesi\u00f3n en condiciones dignas\u00bb, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
En s\u00edntesis, relat\u00f3 el apoderado, que el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 adelanta proceso penal en contra de Jaime Vallejo, por los delitos de \u00abfalsedad en documento privado en concurso con fraude procesal\u00bb, frente al cual el 30 de julio de 2020 present\u00f3 solicitud de recusaci\u00f3n con fundamento en lo estipulado en el numeral 13 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal.2 <\/p>\n
Manifest\u00f3 que la funcionaria recusada remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 hasta el 20 de agosto siguiente, es decir, transcurridos 21 d\u00edas, desconociendo lo contemplado en el art\u00edculo 60 inciso final de la Ley 906 de 2004, el cual establece que \u00abLa recusaci\u00f3n se propondr\u00e1 y decidir\u00e1 en los t\u00e9rminos de este C\u00f3digo, pero presentada la recusaci\u00f3n, el funcionario resolver\u00e1 inmediatamente mediante providencia motivada\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que seg\u00fan consta en la respectiva anotaci\u00f3n de la p\u00e1gina de consulta de procesos, el 28 de agosto de 2020 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se abstuvo de dar tr\u00e1mite a la recusaci\u00f3n y la devolvi\u00f3 al Juzgado de origen para que acatara el procedimiento all\u00ed consignado, decisi\u00f3n que seg\u00fan afirm\u00f3, desconoce puesto que no le fue notificada ni comunicada. <\/p>\n
En acatamiento a lo ordenado por el Superior, la titular del Juzgado Diecinueve Penal del Circuito el 29 de junio de 2021, orden\u00f3 enviar las diligencias al Centro de Servicios Judiciales, con el fin de que se efectuara el reparto del incidente, asunto que correspondi\u00f3 al Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, el que en providencia de 20 de septiembre de 2021 no acept\u00f3 la recusaci\u00f3n, orden\u00f3 la remisi\u00f3n inmediata del expediente al Juzgado Diecinueve y, dispuso adem\u00e1s, la compulsa de copias disciplinarias en su contra, es decir del abogado Juan Gabriel Valera Alonso. <\/p>\n
Adujo que no existe concordancia en ninguna de las anotaciones de la p\u00e1gina de consulta, pues la informaci\u00f3n presentada no corresponde con la realidad, por lo cual se debe determinar de quien es la inconsistencia, \u00abSi es del Honorable Tribunal, tenemos qu\u00e9, la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado 59 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que rechaza la recusaci\u00f3n, se dio por fuera del momento en el cual le fue remitido seg\u00fan el Tribunal, esto es 15 de septiembre de 2021. Si ello es as\u00ed, existe una vulneraci\u00f3n a las reglas de reparto\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo de otra parte, que dando una interpretaci\u00f3n a la norma que regula el tr\u00e1mite de las recusaciones, el funcionario cuestionado debe remitir la actuaci\u00f3n al Despacho que le sigue en turno, por tanto, en el caso concreto debi\u00f3 ser el Juzgado Veinte Penal del Circuito de Bogot\u00e1, por lo que resulta inexplicable que se \u00abasignara a un juzgado 40 turnos m\u00e1s adelante\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, desde otra interpretaci\u00f3n, como la Juez Diecinueve no acept\u00f3 la causal, aunque reconoci\u00f3 ser ciertos los hechos que la motivaron, la recusaci\u00f3n debi\u00f3 haber sido resuelta por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, si a\u00fan en gracia de discusi\u00f3n, se aceptara que el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, pod\u00eda tomar la decisi\u00f3n, \u00e9ste, sin justificaci\u00f3n alguna, tard\u00f3 \u00ab76 d\u00edas\u00bb en resolver la recusaci\u00f3n cuando la norma se\u00f1ala que el t\u00e9rmino es de 3 d\u00edas improrrogables. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abla recusaci\u00f3n tard\u00f3 en ser \u201cresuelta\u201d 417 d\u00edas por causas imputables \u00fanica y exclusivamente a los funcionarios Judiciales encargados de resolverla, quienes no sab\u00edan qu\u00e9 tr\u00e1mite darle (en el caso de la Juez 19 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y el honorable Tribunal Superior de Bogot\u00e1) y la mora judicial inexcusable (del Juzgado 59 Penal del Circuito de Bogot\u00e1), todas estas circunstancias con desmedro del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Complement\u00f3, que el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico, dado que no era el competente para conocer de la recusaci\u00f3n formulada, por cuanto la Ley 1395 de 2010 es una normativa de descongesti\u00f3n anterior, que se\u00f1al\u00f3 la competencia en el juez de igual categor\u00eda que el recusado, para que determine y decida acerca de la procedencia o no de la causal de recusaci\u00f3n; no obstante, con ocasi\u00f3n de la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, se estatuy\u00f3 que es el Superior quien decidir\u00e1 de plano, si considera que no requiere de la pr\u00e1ctica de pruebas. Regulaci\u00f3n que, en su sentir, resulta aplicable por el principio de integraci\u00f3n contenido en el canon 25 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
Por tanto, a su juicio, tiene prevalencia la Ley 1564 de 2012, la cual asigna competencia al superior jer\u00e1rquico del juez recusado y, para el caso concreto, le correspond\u00eda a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 decidir sobre el incidente de recusaci\u00f3n y no a la Juez Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de esa ciudad. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que adem\u00e1s, ese Juzgado tampoco podr\u00eda resolver la petici\u00f3n, al no ser el que segu\u00eda en turno al juez recusado, pues la asignaci\u00f3n para resolver la recusaci\u00f3n cuando se acepta la causal, es por virtud de remisi\u00f3n directa al juzgado siguiente en turno, en este caso el Veinte Penal del Circuito y, no por reparto realizado por el centro de servicios judiciales. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito tambi\u00e9n incurri\u00f3 en defecto sustantivo, al aplicar una norma que resulta incompatible con la materia objeto de definici\u00f3n judicial y, en defecto procedimental absoluto por extender deliberadamente el an\u00e1lisis a aspectos que no ten\u00edan cabida en el desarrollo del tr\u00e1mite de recusaci\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que al no haberse tramitado la recusaci\u00f3n por la autoridad que ten\u00eda la competencia y conforme al C\u00f3digo de Procedimiento Penal, hace que la actuaci\u00f3n adelantada sea susceptible de ser anulada v\u00eda tutela en procura de retomar el tr\u00e1mite que corresponde y como mecanismo para restablecerles los derechos lesionados. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 (i) \u00abse ordene restablecer los derechos fundamentales vulnerados, anulando todo lo actuado al interior del proceso (\u2026) a partir de la decisi\u00f3n proferida por la Juez 59 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 la recusaci\u00f3n interpuesta por la defensa, para que se le d\u00e9 el tr\u00e1mite a la misma en la forma establecida en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal\u00bb y, (ii) \u00abAnte la aceptaci\u00f3n de los hechos que motivaron la interposici\u00f3n de la recusaci\u00f3n por la causal 13 del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, se surta el tr\u00e1mite correspondiente al art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y se asigne la competencia a otro juzgado distinto al Juzgado 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, quien ya resolvi\u00f3 peticiones frente a los mismos hechos en sede de Control de Garant\u00edas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La titular del Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, inform\u00f3 que en auto de 20 de septiembre de 2021, resolvi\u00f3 no aceptar la recusaci\u00f3n planteada contra la titular del Juzgado Diecinueve hom\u00f3logo y dispuso la remisi\u00f3n inmediata del expediente al despacho de origen para que continuara con el tr\u00e1mite correspondiente, y agreg\u00f3, que en esa misma providencia orden\u00f3 la compulsa de copias en contra del abogado Juan Gabriel Valera Alonso. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en decisi\u00f3n de 28 de agosto de 2020, determin\u00f3 que no le asist\u00eda competencia para resolver el incidente de recusaci\u00f3n, pues el tr\u00e1mite correspondiente era remitir al juzgado que le segu\u00eda en turno al del funcionario recusado, para que decidiera de plano. Por tanto, sostuvo que su decisi\u00f3n no obedeci\u00f3 a una interpretaci\u00f3n caprichosa o arbitraria a la ley, sino que se ci\u00f1\u00f3 a lo dispuesto por ese Tribunal. <\/p>\n
Frente al reproche elevado por el actor sobre el reparto realizado a la actuaci\u00f3n, quien afirm\u00f3 que correspond\u00eda al Veinte Penal hom\u00f3logo por la secuencia aritm\u00e9tica, reiter\u00f3 que las diligencias arribaron por designaci\u00f3n realizada de forma aleatoria a trav\u00e9s del sistema de reparto, asunto que se escapa a sus competencias funcionales. <\/p>\n
2. El Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, relat\u00f3 que mediante auto de 30 de julio de 2020, declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n propuesta en su contra y dispuso remitir la actuaci\u00f3n al Tribunal Superior de Bogot\u00e1, con el fin que determinara la procedencia del impedimento estudiado, autoridad que el 28 de agosto de 2020, se abstuvo de resolver el asunto, en el entendido que \u00abla judicatura\u00bb a que se refiere el art\u00edculo 60 inciso 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, es \u00abel que sigue en turno\u00bb, conforme a la interpretaci\u00f3n que dio la Corte Suprema de Justicia en auto AP4816-2018. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, si bien la decisi\u00f3n de Tribunal Superior de Bogot\u00e1 data de 28 de agosto de 2020, ese Despacho judicial, solo tuvo conocimiento de la misma hasta el 26 de junio de 2021, donde orden\u00f3 enviar el diligenciamiento a la oficina de reparto para que fuera asignado, correspondiendo al Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, despacho que mediante auto de 20 de septiembre de 2021, resolvi\u00f3 no aceptar la recusaci\u00f3n propuesta y le devolvi\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. La Procuradora Judicial 19 Penal II solicit\u00f3 declarar la improcedencia del auxilio por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva respecto de esa delegada, e indic\u00f3 que en punto a la queja elevada por la tardanza en la resoluci\u00f3n de la recusaci\u00f3n, hay hechos cumplidos y, adem\u00e1s, mencion\u00f3 que el interesado no plante\u00f3 una impugnaci\u00f3n al reparto, exponiendo su inconformidad. <\/p>\n
4. El Fiscal 23 Delegado, manifest\u00f3 que la recusaci\u00f3n formulada por el accionante fue resuelta en su escenario natural, por tanto, cualquier desacuerdo con esas decisiones no puede ser objeto para utilizar la acci\u00f3n de tutela como una instancia adicional. Consider\u00f3 preocupante el desbordado uso de este mecanismo por parte del mismo defensor, a nombre propio o de sus representados, \u00aben este y las dem\u00e1s rupturas derivadas del caso de Brasil\u00bb. Situaci\u00f3n que solicit\u00f3 sea revisada. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional, tras determinar de un lado que, resultaba inane la protesta del actor frente a la eventual tardanza en la que incurrieron las accionadas en la definici\u00f3n del tr\u00e1mite incidental, pues la misma fue superada con anterioridad a la presentaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
Consider\u00f3 igualmente, que en relaci\u00f3n con el reparto del asunto al Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y no al hom\u00f3logo Veinte, no constituye agravio a la garant\u00eda del fallador natural, ya que la expresi\u00f3n \u00abque le sigue en turno\u00bb, no significa el inmediatamente siguiente, como lo entendi\u00f3 el reclamante. <\/p>\n
Precis\u00f3 que la gesti\u00f3n realizada por el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, obedeci\u00f3 a la orden dada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, cuando se abstuvo de conocer el tr\u00e1mite cuestionado y dispuso que lo adecuado era remitirlo al \u00abjuzgado que le sigue en turno\u00bb para que decidiera de plano, y, adem\u00e1s, explic\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abEn cuanto a que la aludida postulaci\u00f3n tuvo que ser atendida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al ser el superior funcional de la falladora recusada, seg\u00fan el CGP, dado que se trata de una normatividad posterior a la Ley 1395 de 2010, que modific\u00f3 en ese aspecto el CPP de 2004, se responde que los casos de antinomia son resueltos con base en los siguientes principios: (i) jerarqu\u00eda, (ii) especialidad y (iii) temporalidad, en su correspondiente orden. <\/p>\n
De ese modo, se advierte que ambos compendios normativos ostentan la misma jerarqu\u00eda, al tratarse de leyes ordinarias. Por ende, no resulta \u00fatil para desatar el conflicto que esgrimen los libelistas. Sin embargo, el principio de la especialidad s\u00ed es funcional, porque permite aseverar que debe prevalecer el estatuto adjetivo de car\u00e1cter punitivo, el cual contiene su propia regulaci\u00f3n sobre el tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n. En consecuencia, tampoco se percibe vulneraci\u00f3n en ese aspecto\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, consider\u00f3 que la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 mediante la cual declar\u00f3 infundada la recusaci\u00f3n, contiene motivos razonables, producto de una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica propia de la adecuada actividad judicial. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el abogado peticionario, cuestionando la ausencia de an\u00e1lisis a la totalidad de las pretensiones y hechos vertidos en el escrito de tutela, por lo cual, solicit\u00f3 el estudio de la acci\u00f3n en su integridad, as\u00ed como de los cargos constitutivos de v\u00eda de hecho, reiterando los argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El apoderado judicial y accionante, cuestiona el proceder de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y de los Juzgados Cincuenta y Nueve y Diecinueve Penales del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento igualmente de esta Ciudad, en el tr\u00e1mite dado a la recusaci\u00f3n que propuso frente a la titular de \u00e9ste \u00faltimo despacho judicial. <\/p>\n
2. Frente a la tardanza alegada por el actor en el procedimiento surtido, se advierte que la misma fue superada antes de la formulaci\u00f3n de la presente la acci\u00f3n de tutela, no obstante, ello no impide, recordar a los funcionaros judiciales el deber de atender de manera oportuna y de conformidad a la ley, las reclamaciones de los usuarios de la justicia. <\/p>\n
3. Ahora bien, una vez estudiadas las decisiones emitidas por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite de la recusaci\u00f3n, no reflejan el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, infundada o contraria a los preceptos que rigen la materia, puesto que obedecen a la aplicaci\u00f3n de la normativa que gobierna el tr\u00e1mite de las recusaciones, as\u00ed como a la jurisprudencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, frente al procedimiento establecido para esos asuntos. <\/p>\n
3.1 En efecto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se abstuvo de zanjar la recusaci\u00f3n formulada contra el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito con funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad y orden\u00f3 enviar las diligencias al juez que segu\u00eda en turno, de conformidad con el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal y en virtud de lo establecido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto AP4816-2018 Rad 54045, decisi\u00f3n que se encuentra razonable y ajustada a la reglamentaci\u00f3n propia de la materia. <\/p>\n
3.2 Por otra parte, en lo referente al reparto efectuado para la asignaci\u00f3n del asunto, el cual, en sentir del peticionario debi\u00f3 ser al Juzgado Veinte Penal del Circuito y no al Cincuenta y Nueve hom\u00f3logo, se advierte que, tal y como lo manifest\u00f3 el a quo constitucional, dicha expresi\u00f3n no significa que sea el inmediatamente siguiente, sino aqu\u00e9l titular que est\u00e1 \u00abad portas\u00bb para asumir el conocimiento de un espec\u00edfico asunto, con todo, lo relevante en ese procedimiento es que, como ocurri\u00f3 en el caso concreto, el asunto haya sido conocido por el juez de igual categor\u00eda y especialidad al recusado. <\/p>\n
3.3 Ahora, en punto a los defectos alegados por el accionante, frente a la decisi\u00f3n emitida el 20 de septiembre de 2021, por el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1, mediante la cual resolvi\u00f3 no aceptar la recusaci\u00f3n planteada contra la Juez Diecinueve hom\u00f3loga, se advierte que los mismos no se encuentran configurados, conforme pasa a exponerse. <\/p>\n
Referente al defecto org\u00e1nico, se evidenci\u00f3 que esa sede judicial asumi\u00f3 el conocimiento del asunto, atendiendo lo ordenado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, circunstancia que permite descartar la queja atribuida en ese sentido; lo mismo puede afirmarse respecto a la configuraci\u00f3n de los defectos sustantivo y procedimental absoluto, pues contrario a lo afirmado por el actor la norma aplicada por la referida falladora resulta compatible con la materia objeto de definici\u00f3n judicial, adem\u00e1s no se evidenci\u00f3 el deliberado an\u00e1lisis en aspectos que en su sentir no ten\u00edan cabida en el desarrollo del tr\u00e1mite de recusaci\u00f3n, pues lo all\u00ed expuesto, estuvo fundamentado en razones suficientes para resolver de la manera que se hizo. <\/p>\n
Mem\u00f3rese lo definido en esa determinaci\u00f3n, en lo que aqu\u00ed interesa: <\/p>\n
\u00abV\u00e9ase que, la recusaci\u00f3n propuesta por el defensor de confianza, tal como lo indic\u00f3 el apoderado del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional debi\u00f3 ser rechazada de plano, al verificarse que la misma fue superflua al punto que no se alleg\u00f3 alg\u00fan sustento del que se pudiera en realidad verificar que, con la decisi\u00f3n emitida por la Juez 19 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogot\u00e1, como segunda instancia de garant\u00edas, dentro del radicado 110016000096201700270 en la que decidi\u00f3 una imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de dos ciudadanos completamente diferentes. <\/p>\n
Entonces, t\u00e9ngase en cuenta que el togado de la defensa al no haber allegado elemento al menos sumario del que se pudiera verificar que la decisi\u00f3n adoptada como juez de segunda instancia comprometi\u00f3 su juicio para conocer la causa seguida contra los m\u00e9dicos Jaime Eduardo Vallejo P\u00e9rez y Luz Oriana Morales Cardona, por lo que se insiste, no se verifica de manera alguna que se encuentre comprometida la imparcialidad de la Juez 19 Penal del Circuito, para continuar con el conocimiento del proceso 110016000000201900118. <\/p>\n
Aunado a ello, se tiene que el delegado fiscal fue claro en indicar que a partir del CUI matriz por el que qued\u00f3 radicada la denuncia interpuesta por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional, a medida que avanzaba la investigaci\u00f3n se origin\u00f3 la ruptura por la cuerda procesal y, por ende, la seguida contra Jaime Eduardo Vallejo P\u00e9rez y Luz Oriana Morales Cardona tiene un CUI completamente distinto y que nada tiene que ver con el que tuvo conocimiento la Juez 19 Penal del Circuito cuando actu\u00f3 como segunda instancia de control de garant\u00edas. <\/p>\n
As\u00ed, se itera y teniendo en cuenta las manifestaciones del fiscal, agente del ministerio p\u00fablico y apoderado de v\u00edctimas la decisi\u00f3n de segunda instancia adoptada por la juez 19 hom\u00f3loga, no conoci\u00f3 ning\u00fan elemento o evidencia que hable o difiera sobre la responsabilidad de los aqu\u00ed acusados, pues se trataba de la imposici\u00f3n de medida de aseguramiento de dos ciudadanos completamente diferentes. <\/p>\n
Corolario con lo anterior, si la recusaci\u00f3n propuesta por el defensor tuviera alg\u00fan fundamento real y procedente, la misma Juez 19 Penal del Circuito se hubiera declarado impedida para conocer presente asunto, lo que no fue as\u00ed pues, se insiste, se tratan de dos investigaciones diferentes, que si bien nacen a partir de actos administrativos de convalidaci\u00f3n en diferentes pa\u00edses y la que conoci\u00f3 como control de garant\u00edas de segunda instancia, como lo indic\u00f3 el fiscal, fue de una universidad de Per\u00fa y la del caso que conoce en la actualidad es de universidad de Brasil\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, el Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 insisti\u00f3 que la recusaci\u00f3n propuesta se encontraba infundada, ya que la misma no debi\u00f3, incluso, ser negada sino rechazada de plano, por ser improcedente y dilatoria, adem\u00e1s porque no cumpl\u00eda los criterios legales y jurisprudenciales. <\/p>\n
En otras determinaciones, dispuso: <\/p>\n
\u00abAtendiendo las circunstancias en las que ha incurrido la defensa de los procesados, se ordena compulsar copias ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, para que se investiguen las posibles irregularidades en que haya podido incurrir el abogado Juan Gabriel Valera Alonso, frente a las peticiones impertinentes e infundadas que han impedido avanzar el proceso siendo evidentemente dilatorias, m\u00e1xime que lleva casi dos a\u00f1os sin que se haya podido tan siquiera realizar la audiencia <\/p>\n
de acusaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
4. De los argumentos transcritos, advierte la Sala que habr\u00e1 de confirmar la sentencia constitucional de primer grado, comoquiera que no se constata desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele la v\u00eda de hecho alegada por el quejoso y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas el ataque dirigido a descalificar la decisi\u00f3n del Juzgado Cincuenta y Nueve Penal del Circuito de Bogot\u00e1 accionado, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para obtener una mejor opini\u00f3n y, por ello, resulta la improcedencia del amparo, pues, aunque el accionante no comparta los argumentos desarrollados por resultarle desfavorables, no pueden tildarse de sesgados o caprichosos, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n, avalada por el contexto particular que revelaba el asunto y la normativa aplicable al caso. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC 1212-2022, y STC2621-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Tr\u00e1mite remitido a esta Sala el 24 de marzo de 2022. <\/p>\n
2\u0002 ART\u00cdCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento: <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
13. Que el juez haya ejercido el control de garant\u00edas o conocido de la audiencia preliminar de reconsideraci\u00f3n, caso en el cual quedar\u00e1 impedido para conocer el juicio en su fondo. <\/p>\n
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STC4201-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4201-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02033-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n1 del fallo proferido el 19 de octubre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62667","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62667","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62667"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62667\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62667"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62667"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62667"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}