STC4207-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
STC4207-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00025-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 27 de enero de 2022, por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Robert Widmark Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes dentro del proceso penal con radicado 2017-15747. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su nombre, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por los accionados, en el juicio penal atr\u00e1s referido. <\/p>\n
Como fundamento de lo pretendido, sostuvo que en su contra se adelanta proceso penal por el supuesto delito de acto sexual abusivo con menor de 14 a\u00f1os, que cursa en el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que en la audiencia preparatoria adelantada el 14 de enero de 2020, la abogada que lo represent\u00f3 \u00abno ten\u00eda muchos conocimientos en el campo del Derecho Penal y mucho menos en el caso de los delitos sexuales\u00bb, raz\u00f3n por la cual la inexperiencia de la profesional del derecho, gener\u00f3 una indebida defensa t\u00e9cnica y una consecuente nulidad de lo actuado. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, cambi\u00f3 de defensor, y \u00e9ste formul\u00f3 incidente de nulidad, que neg\u00f3 el Juzgado de conocimiento en diciembre (sic) de 2020, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el Tribunal el 10 (sic) de noviembre de 2021, decisiones en las que, afirm\u00f3, se incurri\u00f3 en defecto sustantivo, en tanto que, pese a que qued\u00f3 demostrada la indebida representaci\u00f3n de la defensa t\u00e9cnica de su anterior abogada en la audiencia preparatoria conforme a las pruebas obrantes en el proceso, \u00e9sta no fue declarada. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abse decrete la nulidad de la Audiencia preparatoria que se realiz\u00f3 por parte del Juzgado 42 Penal del Circuito de Bogot\u00e1 con funci\u00f3n de conocimiento el d\u00eda 14 de enero del a\u00f1o 2.020\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 a trav\u00e9s del Magistrado que presidi\u00f3 la decisi\u00f3n atacada de 17 de noviembre de 2021, que \u00e9sta fue producto del an\u00e1lisis detallado y concreto de los elementos de juicio incorporados al proceso, sin que se observe en ella arbitrariedad violatoria de garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Juez Cuarenta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogot\u00e1, luego de hacer un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso penal objeto de la queja constitucional, se\u00f1al\u00f3 que en la audiencia preparatoria la defensa del actor no fue negligente ni inactiva, efectu\u00f3 el descubrimiento y las solicitudes probatorias por lo que, \u00abno es cierto que la abogada no haya hecho la presentaci\u00f3n de las razones de conducencia, pertinencia y utilidad, pues estas eran indispensables para acceder a sus solicitudes probatorias\u00bb. Por lo anterior, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela, en tanto que, este mecanismo no puede ser utilizado como una tercera instancia, pues los argumentos en que se fundamenta el amparo constitucional, son los mismos ventilados en la solicitud de nulidad, la que ya fue resuelta por ese Juzgado en auto de 3 de diciembre de 2020, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Procuradora 18 Judicial II Penal de Bogot\u00e1, indic\u00f3 no advertir la irregularidad procesal a la que refiere el accionante, en tanto que adem\u00e1s de que la estrategia defensiva es una facultad potestativa de quien lo representaba, si la defensa no interpuso recursos en el momento del decreto probatorio, tal situaci\u00f3n atendi\u00f3 a que la gran mayor\u00eda de pruebas hab\u00edan sido decretadas. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Consejo Superior de la Judicatura, solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
5. Yensi Dalila Casta\u00f1eda Rojas dijo, que oportunamente le manifest\u00f3 al accionante que no era experta en asuntos penales, y actu\u00f3 en calidad de defensora debido al corto tiempo en que se iba a celebrar la audiencia. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente la tutela, ante el quebrantamiento del principio de subsidiariedad, al considerar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se evidencia que el demandante pretende que en esta sede excepcional se acepte sus proposiciones relacionadas con la solicitud de nulidad de lo actuado dentro del proceso penal que se sigue en su adversidad, desconociendo que como el diligenciamiento cuestionado est\u00e1 en curso, es al interior del mismo donde debe hacer valer las garant\u00edas que estima lesionadas, a trav\u00e9s de los mecanismos ordinarios y extraordinarios consagrados al interior de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n
V\u00e9ase que si la sentencia es desfavorable a los intereses del actor puede apelarla, incluso, interponer el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es decir que, es dentro del diligenciamiento objetado donde el accionante debe ejercer todas las prerrogativas que le otorga la Ley, para la defensa de sus intereses, en la medida en que el presente mecanismo ha sido instituido para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, pero no es una tercera instancia a la de los jueces competentes.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con tal determinaci\u00f3n, el accionante la impugn\u00f3, bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) El Juez constitucional de primera instancia incurri\u00f3 en un error judicial en la providencia, tras se\u00f1alar que la tutela fue presentada a trav\u00e9s de apoderado judicial, cuando lo cierto es que, fue instaurada a t\u00edtulo personal y sin intervenci\u00f3n de ning\u00fan profesional en derecho. <\/p>\n
(ii) Reitera que la audiencia preparatoria adelantada por el Juzgado accionado est\u00e1 viciada de nulidad por una indebida defensa t\u00e9cnica, ante el desconocimiento e inexperiencia en asuntos penales, de quien fungi\u00f3 como su apoderada en la citada diligencia; hecho que fue comprobado por la confesi\u00f3n que rindi\u00f3 la profesional en Derecho en su escrito de contestaci\u00f3n de la presente Acci\u00f3n de Tutela. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que quien lo representaba para aquel momento, debi\u00f3 interponer los recursos ordinarios que ten\u00eda a su alcance en el momento en que le fueron negadas las pruebas que se pretend\u00edan hacer valer en el juicio oral para demostrar su inocencia, por lo que no es de recibo lo manifestado por el Juez de primer grado al se\u00f1alar que \u00absi se interpon\u00edan dichos recursos hubiese sido una acci\u00f3n dilatoria y una falta disciplinaria que estuviese cometiendo mi abogada en ese momento, al contrario, ella estuviese ejerciendo en debida forma mi respectiva defensa t\u00e9cnica y no me estuviese violando el Debido Proceso por una indebida Defensa T\u00e9cnica\u00bb (sic) <\/p>\n
(iii) Indic\u00f3 que, no comparte lo expuesto por el Agente del Ministerio P\u00fablico cuando se\u00f1al\u00f3 que \u00abesa era la estrategia de defensa de mi abogada de ese entonces, ya que de no poderse controvertir las decisiones de las autoridades que administran justicia no existir\u00edan los respectivos recursos ordinarios (Reposici\u00f3n, Apelaci\u00f3n, Queja) ni extraordinarios (Casaci\u00f3n, S\u00faplica y Revisi\u00f3n) ni se podr\u00eda acudir a Acciones de naturaleza de Derecho Constitucional como es el caso de la presente Acci\u00f3n de Tutela cuando se vulneran Derechos Fundamentales de Primera Generaci\u00f3n y Conexos como es el caso de la violaci\u00f3n al Debido Proceso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada, advierte la Sala la improcedencia de la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional impugnada, en tanto que, las providencias cuestionadas obedecen a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable, lo cual se evidencia a partir del an\u00e1lisis del auto de 17 de noviembre de 2021 proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, mediante el cual, se resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n elevada por el apoderado de Robert Widmark Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, contra la decisi\u00f3n de negar el incidente de nulidad. <\/p>\n
2. Ahora bien, analizados los reparos formulados por el accionante en la impugnaci\u00f3n, se concluye lo siguiente: <\/p>\n
2.1 Frente al primero de ellos, seg\u00fan el cual en el fallo objeto de impugnaci\u00f3n, se incurri\u00f3 en una imprecisi\u00f3n, puesto que, en la parte inicial se se\u00f1al\u00f3: \u00abSe resuelve la acci\u00f3n de tutela promovida por el apoderado de Robert Widmark Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, en contra de (\u2026)\u00bb, mientras que, lo cierto es que el se\u00f1or Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez act\u00faa en causa propia, ha de decirse que ese error, en nada afecta la decisi\u00f3n adoptada por el juez constitucional de primera instancia, ni se enfila atacar alguno de los argumentos expuestos por el a quo para concluir en la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2.2 Insiste el impugnante en que la audiencia preparatoria adelantada por el juzgado accionado el 14 de enero de 2020, se encuentra viciada de nulidad por una indebida defensa t\u00e9cnica de quien fung\u00eda como su apoderada judicial para aquel momento, pretendiendo por este mecanismo excepcional, se declare la nulidad de dicha actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Pretensi\u00f3n que ya fue elevada y resuelta por los jueces de conocimiento, en el proceso penal adelantado contra del accionante, v\u00e9ase como, mediante apoderado judicial, promovi\u00f3 incidente de nulidad por las mismas razones aqu\u00ed aducidas que fue negado por el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, en audiencia de 3 de diciembre de 2020, al considerar que una vez revisada la actuaci\u00f3n, no se advirti\u00f3 la inactividad endilgada a la apoderada judicial que represent\u00f3 los intereses del accionante en la audiencia preparatoria, decisi\u00f3n que fue apelada por el apoderado judicial del accionante, en la misma diligencia. [Derivado expediente digital. Archivo 01110016990692017574700 AUD. JUZGAMIENTO. (13-12-2020]. <\/p>\n
Avocado el conocimiento por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en providencia de 17 de diciembre de 2021, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abPrecisado lo anterior, como quiera que la solicitud de nulidad radica en que la abogada de ROBERT WIDMARK HERN\u00c1NDEZ GONZ\u00c1LEZ no ejerci\u00f3 su labor defensiva en el transcurso de la audiencia preparatoria, es necesario verificar su actuaci\u00f3n en dicha etapa. <\/p>\n
El 14 de enero de 2020, instalada la audiencia preparatoria, de conformidad con el art. 356 de la Ley 906 de 2004, la Juez le otorg\u00f3 la palabra a la defensa para que manifestara sus observaciones al descubrimiento probatorio, ante lo cual se\u00f1al\u00f3 que se encontraba conforme con la entrega. Seguidamente realiz\u00f3 el descubrimiento probatorio de una fotograf\u00eda, la entrevista de Miguel Eduardo Osorio Acosta y el informe base de opini\u00f3n pericial de una psic\u00f3loga perito forense. <\/p>\n
Continuando con la ritualidad procesal, la defensa procedi\u00f3 a la solicitud probatoria la cual consisti\u00f3 en los testimonios de Robert Widmark Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, Mercedes Ca\u00f1\u00f3n, Alejandro Hern\u00e1ndez Gonz\u00e1lez, Miguel Eduardo Osorio, Mar\u00eda Fernanda Forero Cogollo, Aracely Mar\u00eda Charry Berm\u00fadez, Andrea Avella Soto, Luisa Fernanda Chaparro, de la menor v\u00edctima y de Claudia Alexandra Rodr\u00edguez Yepes. <\/p>\n
Ante este panorama procesal, es claro que del ejercicio defensivo de la abogada de ROBERT WIDMARK HERN\u00c1NDEZ GONZ\u00c1LEZ, no se puede calificar de inactivo o, como lo asevera el recurrente, desconocedor del esquema adversarial de la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante en su providencia resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn efecto, en la debida oportunidad, la defensora realiz\u00f3 el descubrimiento, enunciaci\u00f3n y, finalmente, solicitudes probatorias sin que sin mayores elementos de juicio se tachen de defectuosos por el nuevo defensor porque seg\u00fan su particular modo de ver, no se garantiza el derecho de defensa del acusado, cuando la pertinencia de esos elementos de convicci\u00f3n es innegable. As\u00ed, no cabe sostener que la abogada antecesora estuvo ausente o inactiva para el ejercicio de la defensa. No. Aqu\u00ed la apoderada cuestionada no solamente solicit\u00f3 el testimonio del procesado sino, adem\u00e1s, present\u00f3 testigos adicionales, los investigadores del caso que recibieron entrevistas rendidas por la presunta afectada, la prima de la menor, la v\u00edctima (estos \u00faltimos como prueba com\u00fan con la Fiscal\u00eda, pero en directo) y la psic\u00f3loga forense que realizar\u00e1 el informe base de opini\u00f3n pericial. Otra cosa, es que no todas hayan sido decretadas. <\/p>\n
Se dijo que los testimonios del procesado, de Mercedes Ca\u00f1\u00f3n y la psic\u00f3loga forense eran suficientes para la anterior defensora, de manera que no es cierto que no haya elementos para incorporar en juicio oral. <\/p>\n
De otra parte, el art. 37 de la Ley 1123 de 2007 \u201cC\u00f3digo Disciplinario del Abogado\u201d, no refiere a la obligaci\u00f3n de los abogados de interponer los recursos ordinarios y extraordinarios como erradamente lo expone el recurrente. El citado art\u00edculo establece como falta a la debida diligencia profesional \u201c3. Obrar con negligencia en la administraci\u00f3n de los recursos aportados por el cliente para cubrir los gastos del asunto encomendado.\u201d En ese sentido, no se entiende la argumentaci\u00f3n realizada por el defensor frente a este t\u00f3pico. <\/p>\n
Debe resaltarse, por dem\u00e1s, que, en materia de defensa t\u00e9cnica, no es la valoraci\u00f3n o la cr\u00edtica que merezca una estrategia o postura del profesional del derecho que asiste al procesado la que debe analizarse, sino la real afectaci\u00f3n de los derechos de \u00e9ste, en otras palabras, debe demostrarse la incidencia de la supuesta irregularidad en los derechos del implicado. <\/p>\n
La queja del recurrente radica, realmente, en el desacuerdo con la actividad de su antecesora, controversia que no puede abordar la Sala, toda vez que cada profesional tiene su forma de adelantar la labor encomendada sin que sea posible establecer o delimitar cu\u00e1l puede ser la postura m\u00e1s conveniente a los intereses del procesado. <\/p>\n
No resulta acertado, entonces, que, una vez conocido el proceso en la etapa preparatoria, con una visi\u00f3n posterior, se construyan gen\u00e9ricos reparos sobre la forma como se cumpli\u00f3 la actuaci\u00f3n defensiva en la instancia, pues siempre ser\u00e1 posible encontrar distintas maneras de adelantar ese ejercicio, dado que esto depende del enfoque intelectual de cada letrado. Es que, no le es dado a la nueva defensa t\u00e9cnica desconocer actuaciones consolidadas cuestionando la estrategia o asesor\u00eda brindada por quien le antecedi\u00f3, pues esto puede llevar a desconocer la buena fe as\u00ed como la lealtad que rigen las actuaciones procesales\u00bb <\/p>\n
Y bajo esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3 <\/p>\n
\u00abPara demostrar la ausencia de defensa t\u00e9cnica es necesario verificar que la ignorancia y falta de aptitud del abogado anule sus posibilidades de controversia e impugnaci\u00f3n. No elevar determinadas solicitudes probatorias o insistir en las mismas o demarcar una estrategia espec\u00edfica, no conlleva a la orfandad defensiva o la inadecuada defensa porque el ejercicio de tales actuaciones no responde a una carga ineludible para la defensa dada la presunci\u00f3n de inocencia y el principio de la duda que operan a su favor\u00bb. [Derivado expediente digital. Archivo 97 Aprobado 2017-15747 ROBERT WIDMARK HERNANDEZ GONZALEZ- Nulidad Confirma actos sexuales con m [26987)]. <\/p>\n
Con ese panorama, no es posible afirmar que el Tribunal accionado haya adoptado la decisi\u00f3n de forma caprichosa, comoquiera que los apartes transcritos dan cuenta que la determinaci\u00f3n reprochada fue debidamente fundamentada y de su lectura es posible concluir que analiz\u00f3 la actuaci\u00f3n desplegada por la apoderada judicial que adelant\u00f3 la defensa t\u00e9cnica del accionante en la audiencia preparatoria, y de all\u00ed concluy\u00f3 que, el ejercicio defensivo de la abogada no se pod\u00eda calificar como inactivo o como desconocedor del procedimiento que establece la ley 906 de 2004. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como quiera que la providencia no luce antojadiza, resulta evidente que el anhelo del actor es imponer su opini\u00f3n y la acci\u00f3n de tutela \u00ab(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ STC2827-2021, citada entre muchas en STC044-2022). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha predicado que la acci\u00f3n de tutela por su car\u00e1cter residual y subsidiario no est\u00e1 llamada a revisar las resoluciones de las autoridades y en especial de los jueces, a menos que, sea manifiesta la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales reclamadas, esto es, que se trate de un obrar a todas luces arbitrario, grosero o ajeno a la ley, pues no cualquier disentimiento tiene la virtualidad de quebrantar la autonom\u00eda que el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica les asigna. <\/p>\n
3. Finalmente y en cuanto a la manifestaci\u00f3n de que no comparte lo manifestado por el Agente del Ministerio P\u00fablico al contestar la acci\u00f3n de tutela, se trata simplemente de una discrepancia de criterio que no amerita pronunciamiento constitucional, m\u00e1xime cuando no se trata de una de las autoridades accionadas. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada, por las razones expuestas en precedencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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