STC4212-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4212-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02589-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de enero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Jos\u00e9 Antonio Amastha de Le\u00f3n instaur\u00f3 en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de ese Distrito, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2018-00003. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, \u00abfavorabilidad\u00bb e \u00abigualdad\u00bb, para que se ordenara a las autoridades convocadas dejar sin efectos las providencias emitidas el 21 de septiembre y 17 de noviembre de 2021 y, en su lugar, \u00abotorguen el subrogado de la libertad condicional\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado acusado lo conden\u00f3 a 70 meses de prisi\u00f3n como c\u00f3mplice del delito de concierto para delinquir agravado (6 ag. 2020), veredicto que apel\u00f3 y a la fecha se encuentra pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo que el 31 de agosto del a\u00f1o pasado solicit\u00f3 la libertad condicional por el cumplimiento de las tres quintas (3\/5) partes de la pena impuesta y \u201cde los dem\u00e1s requisitos legalmente exigidos en la normal penal\u201d; sin embargo, el despacho del circuito la neg\u00f3 \u201cdesconociendo y omitiendo las sentencias C-757 de 2015 y T-640 de 2017 de la Corte Constitucional y el art\u00edculo 30 de la Ley 1709 de 2014, de manera ilegal, arbitraria, injusta, obrando de forma caprichosa con deslealtad y mala fe\u201d (21 sep. 2021), decisi\u00f3n que el superior ratific\u00f3 (17 nov.). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 29 de noviembre de 2021 \u201cinsisti\u00f3\u201d en dicha rogativa, de conformidad con los art\u00edculos 65 de la Ley 599 de 2000, 471 de la Ley 906 de 2004 y 30 de la Ley 1709 de 2014; empero el estrado acusado la desestim\u00f3 (30 nov.). <\/p>\n
Tild\u00f3 de \u201cilegales e improcedentes\u201d los prove\u00eddos expedidos por las dependencias querelladas, adem\u00e1s de que transgredieron sus atributos b\u00e1sicos. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Antioquia aport\u00f3 el auto controvertido el cual, seg\u00fan afirm\u00f3, \u201cresponde con suficiencia las inquietudes del accionante\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo neg\u00f3 la salvaguarda, tras colegir que \u00ablos funcionarios judiciales demandados emitieron sus decisiones bajo par\u00e1metros de ponderaci\u00f3n, con fundamento en los cuales entraron a determinar qu\u00e9 resulta m\u00e1s provechoso para el encausado y la comunidad: si continuar la ejecuci\u00f3n de la pena en establecimiento carcelario o proceder con la libertad del sentenciado. De tal ejercicio, sin dejar de valorar los dem\u00e1s aspectos se\u00f1alados por el legislador, la conclusi\u00f3n apunt\u00f3 a que el delito por el cual ha sido castigado JOS\u00c9 ANTONIO AMASTHA DE LE\u00d3N, mismo que fue catalogado por el juez fallador en la providencia de condena como de una entidad grave, seg\u00fan el relato de los hechos, debe imponerse por encima de cualquier otra circunstancia (\u2026) En ese hilo conductor, los razonamientos plasmados en los prove\u00eddos cuestionados se advierten ajustados a derecho, pues se encuentran fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el precursor sin exponer los argumentos de disenso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, se advierte que el an\u00e1lisis de esta Sala se circunscribir\u00e1 al pronunciamiento dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia (17 nov. 2021), al zanjar la discusi\u00f3n suscitada en el asunto confutado. <\/p>\n
2.- Precisado lo anterior, se advierte que dicho prove\u00eddo no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
En efecto, la Magistratura reprochada inicialmente recalc\u00f3 que en relaci\u00f3n con la \u00ablibertad condicional\u00bb regulada en el art\u00edculo 64 de la Ley 599 de 2000, con las modificaciones previstas en la Ley 1709 de 2014, es sine qua non la evaluaci\u00f3n, entre otros aspectos, de la gravedad de la conducta penal por la cual se \u00abconden\u00f3\u00bb al implicado, en s\u00edntesis, \u00abla concesi\u00f3n del mecanismo liberatorio est\u00e1 supeditada, a la valoraci\u00f3n por parte del juez de conocimiento de la gravedad del delito o delitos por los cuales purga la pena el sentenciado, siendo ese factor, uno de los que debe tener en cuenta el juez para determinar su procedencia\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese derrotero, emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis requerido y observ\u00f3 que, si bien Jos\u00e9 Antonio superaba las \u201c3\/5 partes\u201d del castigo que fij\u00f3 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia en primera instancia, esto es, con 1.260 d\u00edas, en tanto fue capturado desde el 29 de noviembre de 2017, no logr\u00f3 verificar el \u00ab\u00e1mbito subjetivo\u00bb que lig\u00f3 a \u00abla conducta punible de concierto para delinquir agravado en calidad de c\u00f3mplice por la cual fuera sentenciado\u00bb y fue esa la circunstancia que impidi\u00f3 concederle el beneficio rogado. <\/p>\n
En apoyo de su postura, transcribi\u00f3 la Sentencia C-756 de 2014 en la que se examin\u00f3 el art\u00edculo 30 de la referida Ley 1709 y, a partir de all\u00ed, respald\u00f3 lo cavilado por el juzgador cognoscente, como quiera que Amatsha de Le\u00f3n <\/p>\n
\u00abpuso en peligro efectivo el bien jur\u00eddico tutelado por la disposici\u00f3n trasgredida, esto es, la seguridad p\u00fablica, puesto que seg\u00fan los hechos relatados en la sentencia de primer grado, el procesado entre los a\u00f1os 2016 y 2017, como integrante de la Polic\u00eda Nacional de Colombia y estando en ejercicio de sus funciones en el municipio de Taraz\u00e1 Antioquia, prest\u00f3 ayuda a una estructura criminal organizada dedicada al tr\u00e1fico de estupefacientes y la extorsi\u00f3n en varios municipios del Bajo Cauca Antioquia o, siendo su aporte el de suministrar informaci\u00f3n acerca de operativos y movimientos de la Fuerza P\u00fablica y no actuar en contra de los miembros de esa agremiaci\u00f3n criminal\u00bb. <\/p>\n
En torno a ello, agreg\u00f3 que m\u00e1s all\u00e1 de la \u00abvulneraci\u00f3n del bien jur\u00eddicamente protegido\u00bb, lo que otorgaba mayor relevancia era <\/p>\n
\u00abla gravedad de la conducta atribuida al acusado, habida cuenta que se trataba de una persona revestida de especiales funciones como miembro de la Polic\u00eda Nacional, enfocadas todas en la protecci\u00f3n de la comunidad, en quien reca\u00edan altas expectativas sociales en torno al desempe\u00f1o de una labor importante y trascendente como la relacionada con atacar a las bandas criminales que llenan de violencia y zozobra bastantes municipios del pa\u00eds por las cruentas y escabrosas luchas que se fraguan principalmente por el control del tr\u00e1fico de expectativas que al ser defraudadas colocaron a la sociedad en una situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad, impidiendo adem\u00e1s que otros funcionarios honestos lograran neutralizar el accionar de esas organizaciones delincuenciales\u00bb. <\/p>\n
Con ese raciocinio, concluy\u00f3 que para alcanzar el sustituto \u00abno resulta suficiente la calificaci\u00f3n de la conducta en grado de ejemplar o buena, simple y llanamente\u00bb, habida cuenta que para su viabilidad era menester, it\u00e9rese, <\/p>\n
\u00abla valoraci\u00f3n de la conducta objeto de condena, todo ello porque la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n penal cumple con unos fines, entre los cuales se encuentra adem\u00e1s de la progresividad del tratamiento penitenciario, la prevenci\u00f3n general, como mecanismo disuasorio orientado a proteger el inter\u00e9s colectivo de la sana convivencia social, y de retribuci\u00f3n justa, que busca castigar efectivamente y con el rigor requerido, aquellas conductas que afectan grave o repetidamente, los intereses de las personas y, en general de la comunidad\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que ning\u00fan desatino se advierte en la resoluci\u00f3n refutada, puesto que es el producto de un pormenorizado examen de los hechos; y al margen de que la Sala o el suplicante compartan o no tales reflexiones, las mismas no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis, avalada por el contexto particular que evidenciaba el paginario. <\/p>\n
3.- Ergo, se refrendar\u00e1 lo fustigado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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