STC4213-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4213-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00039-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 17 de febrero de 2022, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela que Germ\u00e1n Enrique P\u00e9rez Bertel formul\u00f3 contra los Juzgados Tercero Civil del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal, ambos de la mencionada ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes y terceros intervinientes en el ejecutivo hipotecario radicado n\u00b0 2005-00864. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la vivienda digna, por cuanto, no obstante haber solicitado al citado juzgado de ejecuci\u00f3n la terminaci\u00f3n del referido proceso, este no accedi\u00f3 a su petici\u00f3n, tras echar de menos la \u00abreestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Manifesto que, promovi\u00f3 una acci\u00f3n de tutela que luego del tr\u00e1mite correspondiente, la concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil en sentencia constitucional de 25 de noviembre de 2019, y le orden\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena dejar sin valor y efecto las providencias de 23 de marzo y 26 de septiembre de 2017, as\u00ed como de 26 de febrero de 2018, con las cuales neg\u00f3 la solicitud referida, para que, en su lugar, examinara la tem\u00e1tica relacionada con la exigencia echada de menos, como requisito para adelantar la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que la orden fue cumplida parcialmente, ya que por auto de 28 de noviembre de 2019, se dejaron sin valor ni efecto los autos atacados, aunque fue solo hasta el 9 de noviembre de 2020 que declar\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, decisi\u00f3n que fue apelada y revoc\u00f3 el 19 de noviembre de 2021 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, argumentando que la aludida orden de tutela jam\u00e1s dispuso la culminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, aunado a que existe otra obligaci\u00f3n pendiente de pago, en cobro coactivo a cargo del ejecutado. <\/p>\n
De tal manera, le orden\u00f3 \u00abal Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, desarrollar una labor proactiva tendiente a establecer la capacidad de pago del ejecutado, como elemento determinante para decidir sobre la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb; decisi\u00f3n que el accionante estim\u00f3 arbitraria y contraria a lo ordenado en sede de tutela. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo explicado, solicit\u00f3, ordenarle al Juzgado Civil del Circuito accionado: (i) revocar \u00abel auto de segunda instancia de fecha 19 de noviembre de 2021\u00bb; (ii) cumplir \u00abcon la jurisprudencia [del] Tribunal y [\u2026] las Cortes Suprema de Justicia y [\u2026] Constitucional\u00bb; (iii) confirmar \u00abla orden de terminaci\u00f3n del proceso impartida en el auto que revis\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n\u00bb y, (iv) reconocer \u00abcostas y agencias en derecho del proceso, toda vez que se causaron y a\u00fan se siguen causando\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, consider\u00f3 que no ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental, y menos aun cuando sus decisiones provienen de las \u00f3rdenes de sus superiores. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil de Circuito de la misma ciudad, manifest\u00f3 que en las consideraciones del auto de 19 de noviembre del 2021, indic\u00f3 que la providencia revocada hab\u00eda sido proferida por el juzgado de primer grado para dar cumplimiento a la Sentencia STC15892-2019 de 25 de noviembre de 2019, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, en la que se dispuso: \u00abordenar al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena dentro de las cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia deje sin valor y efecto los prove\u00eddos 23 de marzo, 26 de septiembre de 2017 y, 26 de febrero de 2018 que negaron la solicitud de terminaci\u00f3n del proceso por falta reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el accionante con el prop\u00f3sito de que examine la tem\u00e1tica relacionada con la exigencia de reestructurar el cr\u00e9dito cobrado en un juicio como requisito para adelantar la ejecuci\u00f3n, teniendo en cuenta las precedentes reflexiones y adopte una nueva decisi\u00f3n.\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que en dicho fallo no se orden\u00f3 expresamente la terminaci\u00f3n del proceso, sino que, simplemente, se dispuso pronunciarse nuevamente sobre las solicitudes elevadas en tan sentido, raz\u00f3n por la cual, en la decisi\u00f3n censurada encontr\u00f3 acertado la alegaci\u00f3n de la parte apelante, en cuanto a que, seg\u00fan la jurisprudencia, la falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito impide la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite compulsivo, pero no genera necesariamente la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del proceso, ya que existen excepciones a dicha consecuencia, relacionadas con la capacidad de pago del deudor, lo cual no fue tenido en cuenta por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, al que le orden\u00f3 \u00abdesarrollar una labor proactiva tendiente a establecer la capacidad de pago del ejecutado, como elemento determinante para decidir sobre la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, adem\u00e1s, que la decisi\u00f3n proferida est\u00e1 debidamente fundamentada, principalmente, en la interpretaci\u00f3n del fallo de tutela mencionado, y la Jurisprudencia aplicable, desarrollada por la Sala de Casaci\u00f3n Civil sobre la tem\u00e1tica en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Aleg\u00f3 adem\u00e1s, que no se cumpli\u00f3 con el presupuesto general de procedencia del mecanismo de amparo, relativo al agotamiento de los medios de defensa judicial al alcance del accionante, si se tiene en cuenta que lo pretendido por el promotor de la causa es que se d\u00e9 por terminado el proceso ejecutivo al que se viene haciendo referencia, ya que, en su criterio, ese es el alcance del fallo, efecto para el cual el actor cuenta con la posibilidad de presentar el correspondiente incidente de desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, declar\u00f3 improcedente el amparo, tras considerar que el actor fue \u00abnegligente y omisivo a la hora de activar los mecanismos id\u00f3neos en procura de resolver la problemtica -sic- que atraviesa, por el contrario, apunt\u00f3 directamente a la protecci\u00f3n de sus derechos invocando una nueva actuaci\u00f3n constitucional, tanto m\u00e1s, cuando si se trata de un presunto incumplimiento a una orden de tutela, lo que debe hacer el actor, es iniciar incidente de desacato contra las autoridades judiciales replicadas y, de ser el caso, al probarse la infracci\u00f3n, estas sean sancionadas conforme lo establece el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para se\u00f1alar que la orden de terminaci\u00f3n del proceso no fue dirigida al Juez Tercero Civil del Circuito de Cartagena, por lo que no se encuentra de acuerdo con tener que iniciar un incidente de desacato en su contra, sin embargo, ha \u00abde seguir la instrucci\u00f3n dada\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que existe jurisprudencia suficiente que se\u00f1ala que el proceso debe darse por terminado sin mayor dilaci\u00f3n y sin atender nada m\u00e1s que la inexistencia del tr\u00e1mite de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito; aleg\u00f3 que la Jueza tutelada est\u00e1 \u00abcreando un tr\u00e1mite inexistente en nuestro ordenamiento en los procesos ejecutivos\u00bb, y que los jueces se deben al imperio de la Ley y la Constituci\u00f3n, as\u00ed como a los tratados y convenios suscritos con otras naciones. <\/p>\n
Finaliz\u00f3 diciendo que no comparte la postura de la primera instancia, \u00abtoda vez que dentro de la acci\u00f3n de tutela que orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, no se instaur\u00f3 en contra del juzgado confutado, ni se le llam\u00f3 a ning\u00fan t\u00edtulo al Despacho tutelado, por lo que ser\u00eda impropio pedir que cumpla una orden dada en una acci\u00f3n de tutela en la que no fue parte en grado alguno, que tendr\u00eda la entidad tal, de poderse predicar una nulidad de aquel proceso constitucional.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Acorde con la invariable l\u00ednea jurisprudencial reiterada por esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela no procede contra decisiones o actuaciones jurisdiccionales, a fin de darle prevalencia a los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, esto es, la autonom\u00eda e independencia de la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como el derecho sustancial y el imperio de la Ley, entre otros. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De manera muy excepcional, solo en aquellos casos en los que el funcionario accionado ha incurrido en un proceder arbitrario, claramente opuesto a la ley o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, es posible activar el mecanismo, previo el cumplimiento de sendos requisitos [generales y espec\u00edficos1] que demuestren la imperiosa necesidad de la intervenci\u00f3n del juez de la tutela para restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el asunto en estudio, el accionante acudi\u00f3 a esta acci\u00f3n de tutela inconforme con la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena el 19 de noviembre de 2021, en el proceso ejecutivo adelantado en su contra y radicado bajo el n\u00b0 200500864, mediante la cual, dicha autoridad revoc\u00f3 el auto de 9 de noviembre de 2020, proferido por el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de la misma ciudad, con el que, a su vez, hab\u00eda declarado la terminaci\u00f3n del referido asunto, por ausencia de la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado. <\/p>\n
Para arribar a esa decisi\u00f3n, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena concluy\u00f3 que la orden de tutela precitada no hab\u00eda dispuesto la culminaci\u00f3n inmediata de la actuaci\u00f3n, sino un nuevo estudio sobre la petici\u00f3n elevada en esos t\u00e9rminos por el ejecutado, la que si bien obtuvo decisi\u00f3n favorable en primera instancia, revoc\u00f3 de cara a la jurisprudencia y la existencia de otra obligaci\u00f3n del demandado, pendiente de pago y en cobro coactivo, por lo que le orden\u00f3 al juez a quo \u00abdesarrollar una labor proactiva tendiente a establecer la capacidad de pago del ejecutado, como elemento determinante para decidir sobre la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, decisi\u00f3n que, el aqu\u00ed accionante estim\u00f3 arbitraria y contraria a lo ordenado en precedencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Tal y como lo se\u00f1al\u00f3 el impugnante, la disposici\u00f3n impartida por esta Corte en el fallo de tutela STC15892 de 25 de noviembre del 20192, se dirigi\u00f3 al Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de Cartagena, por lo que, en principio, solo era en contra de esta autoridad que pod\u00eda presentarse un eventual incidente de desacato, dado que, conforme a lo reglado en el art\u00edculo 52 del Decreto Estatutario 2591 de 1991, el mismo debe tramitarse frente a \u00abLa persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base\u00bb en esa normativa, y como claramente lo asever\u00f3 el interesado, ese Despacho -seg\u00fan su criterio- cumpli\u00f3 a cabalidad con la disposici\u00f3n aludida. <\/p>\n
Lo anterior, descarta de tajo la ausencia del requisito de subsidiaridad echado de menos por el Tribunal constitucional de primera instancia, e impone realizar otro an\u00e1lisis sobre el particular. <\/p>\n
5. Ciertamente, la discusi\u00f3n aqu\u00ed es otra, pues la discrepancia del actor se circunscribe es a lo decido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena en sede de apelaci\u00f3n, lo que de ninguna manera puede entenderse desacato al aludido fallo, sino de la funci\u00f3n atribuida por la ley a esa autoridad, en ejercicio de su autonom\u00eda e independencia judicial. <\/p>\n
De tal manera, se estima necesario analizar la mencionada decisi\u00f3n, a fin de establecer si la misma obedece o no, a un criterio razonable o s\u00ed, por el contrario, se trata de un capricho o dislate del referido juzgador, como fuera denunciado por el solicitante del amparo. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En la providencia en cuesti\u00f3n de 19 de noviembre de 2021, se indic\u00f3 que esta Corte, en el fallo constitucional varias veces mencionado, hab\u00eda determinado que en este asunto no se hab\u00eda cumplido con el requisito de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito ejecutado, por lo que no se cumpl\u00eda entonces con el presupuesto de exigibilidad del t\u00edtulo y, por lo tanto, no era posible continuar con la ejecuci\u00f3n; sin embargo, \u00abno se orden\u00f3 expresamente la terminaci\u00f3n del proceso\u00bb, sino el estudio de la petici\u00f3n elevada en tal sentido por el demandado, a la luz de las consideraciones realizadas en esa providencia. <\/p>\n
Record\u00f3, adem\u00e1s, que la Jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha establecido que la falta de reestructuraci\u00f3n de un cr\u00e9dito hipotecario para la adquisici\u00f3n de vivienda, otorgado antes del 31 de diciembre de 1999, bajo el sistema UPAC, \u00abno implica la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del proceso ejecutivo, ya que existen excepciones a dicha consecuencia, relacionadas, b\u00e1sicamente, con la falta de capacidad de pago del deudor\u00bb3, entre otras, la existencia de cobros coactivos, escenario que le impone a los jueces que conocen de ese tipo de asuntos, \u00abemprender una actividad proactiva\u00bb en orden a establecer s\u00ed, pese a la existencia de una deuda de tal linaje, el respectivo deudor cuenta o no, con la capacidad econ\u00f3mica para asumir las obligaciones que se originaren en una eventual reestructuraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que el auto de 9 de noviembre de 2020, por el que el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n Civil Municipal de dispuso la terminaci\u00f3n del proceso, tuvo como \u00fanico origen la orden de tutela referida, e inobserv\u00f3 la restante doctrina superior emitida sobre el tema, dejando de lado un \u00abelemento determinante para decidir\u00bb sobre el particular.4 <\/p>\n
<\/p>\n
7. Al revisar con detenimiento la providencia judicial revocada, se observa que, en efecto, all\u00ed, con base en lo ordenado por esta Sala de Casaci\u00f3n en la Sentencia STC15892-2019, simplemente se realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones acaecidas dentro del juicio, se plante\u00f3 como problema jur\u00eddico determinar si se deb\u00eda o no declarar la ilegalidad de estas y, finalmente, se concluy\u00f3 que, como en el expediente no obraba la reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito cobrado, se deb\u00eda, sin otras consideraciones, terminar el asunto y abstenerse de continuar con el mismo, como en efecto sucedi\u00f3.5 <\/p>\n
<\/p>\n
8. As\u00ed las cosas, emerge evidente que en esa decisi\u00f3n no se hizo ning\u00fan an\u00e1lisis puntual sobre la verdadera situaci\u00f3n econ\u00f3mica del deudor, concretamente, sobre si el mismo cuenta o no con la capacidad econ\u00f3mica suficiente para asumir las obligaciones que llegare a pactar con su acreedor en una eventual reestructuraci\u00f3n, y la incidencia que sobre esto tendr\u00eda el cobro coactivo cuya medida cautelar se encuentra consignada en el certificado de tradici\u00f3n y libertad del predio hipotecado, lo que a la postre dio como resultado su revocatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
9. De esa manera, tomando en consideraci\u00f3n de un lado, que, ciertamente, la Sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n el 25 de noviembre del 2019, no orden\u00f3 la terminaci\u00f3n autom\u00e1tica del proceso ejecutivo, sino el estudio riguroso de la petici\u00f3n elevada por el demandado en tal sentido a la luz de los lineamientos jurisprudenciales emitidos sobre el particular y, de otra parte, que, en cumplimiento de dicho ordenamiento se profiri\u00f3 una decisi\u00f3n deficiente -en criterio del juzgado del circuito convocado- se concluye que la decisi\u00f3n atacada por esta v\u00eda guarda consonancia con los pronunciamientos que en similares t\u00e9rminos ha realizado esta Sala Especializada, sin que resulte ni desproporcionada ni antojadiza, por el contrario, se trata de un criterio interpretativo razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
10. Si bien es cierto, de tiempo atr\u00e1s, esta Sala ven\u00eda sosteniendo que en aquellos procesos ejecutivos hipotecarios con cr\u00e9ditos adquiridos bajo el sistema UPAC que no hubieran sido reestructurados, pero que contaban con embargos de remanentes o cobros coactivos vigentes, no hab\u00eda lugar a su terminaci\u00f3n, pues dicho escenario demostraba fehacientemente la incapacidad de pago del demandado6, no lo es menos, que esa postura nunca fue absoluta, debido a que tales criterios no resultaban suficientes para arribar a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, en un evento de visos similares al examinado, la Corte redefini\u00f3 su criterio, al punto de concluir que \u00abno basta con advertir la existencia de un tr\u00e1mite ejecutivo o de unos embargos de remanentes vigentes contra el accionado, para impedir la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, cuando este no haya sido reestructurado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999, por ausencia de la capacidad de pago del demandado, pues los operadores judiciales est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de valorar, en conjunto, todas las pruebas y elementos de juicio del caso concreto, que le permitan concluir si hay lugar o no a la terminaci\u00f3n del proceso, con base en los requisitos establecidos para el efecto\u00bb. [STC5248-2021] [\u00c9nfasis no original] <\/p>\n
Sobre el particular, se consider\u00f3 que lo m\u00e1s razonado era mantener la postura adoptada desde la sentencia STC14779-2019, toda vez que, adem\u00e1s de lo dicho en esa oportunidad, la legislaci\u00f3n vigente no establece una prueba solemne o tarifa legal para acreditar la capacidad econ\u00f3mica de una persona. Por el contrario, conforme al art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez deber\u00e1 apreciar las pruebas \u00aben conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos\u00bb. [Ib\u00eddem] <\/p>\n
Es m\u00e1s, se precis\u00f3 la necesidad de que los juzgadores de conocimiento, en casos an\u00e1logos, no tuvieran por desvirtuada la capacidad econ\u00f3mica de los deudores de cr\u00e9ditos de vivienda otorgados en UPAC con la simple existencia de un embargo coactivo inscrito sobre el predio gravado hipotecariamente, siendo de \u00absu resorte emprender una actividad proactiva en tal materia\u00bb [Ejusdem] tesis que en esa oportunidad reiter\u00f3 reciente pronunciamiento que en tal sentido se\u00f1alaba: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) pese a haberse entendido, como elemento demostrativo de esa eventualidad, la existencia de otros compulsivos en donde se haya decretado el embargo de los remanentes o cobros coactivos, tal circunstancia, per se, no apareja tal conclusi\u00f3n, porque ese mero hecho, contemplado en bruto, no lleva impl\u00edcita la incapacidad de pago del enjuiciado. <\/p>\n
Por el contrario, resulta indispensable una labor proactiva del juzgador para esclarecer con suficiencia este presupuesto, teniendo en cuenta que de ello depende la prerrogativa para los deudores de reorganizar su cr\u00e9dito hipotecario atendiendo a sus \u00abreales posibilidades financieras\u201d, para, de esa manera, garantizarles la facultad de conservar su lugar de habitaci\u00f3n, derecho de rango supralegal y fin primordial de la Ley 546 de 1999. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Avalar ese proceder aparejar\u00eda el desconocimiento de las reglas probatorias propias del procedimiento civil porque introduce una presunci\u00f3n de car\u00e1cter judicial sin sustento en la ley o en la Constituci\u00f3n, donde el hecho base pasa a ser el \u201cembargo coactivo\u201d para de ah\u00ed deducirse la insolvencia patrimonial de los deudores (CSJ STC474-2020 de 29 enero, citando CSJ, STC14779-2019 de 30 octubre). <\/p>\n
11. De modo que, en este caso, la autoridad enjuiciada suministr\u00f3 razones suficientes para revocar el auto de 9 de noviembre de 2019, las que, como ya se dijo, guardan armon\u00eda con el precedente jurisprudencial proferido en la materia, y que deben ser respetadas, pues la intromisi\u00f3n constitucional, trat\u00e1ndose de providencias judiciales, est\u00e1 reservada para casos de indiscutible arbitrariedad, esto es, cuando \u00abse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo\u00bb [CSJ STC4330-2021]. <\/p>\n
Encuentra la Sala una interpretaci\u00f3n razonable desarrollada con vista en lo aportado al proceso, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en elaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la interpretaci\u00f3n judicial desplegada por la autoridad accionada. <\/p>\n
Las inferencias realizadas por el juzgador acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. [CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050]. <\/p>\n
Se insiste, lo pretendido por el censor se reduce a exponer su inconformidad con la decisi\u00f3n atacada, e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 decidir la apelaci\u00f3n del auto tantas veces reiterado, sin que ello, por s\u00ed solo, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce que este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas revela mayor aceptaci\u00f3n, pues como bien lo ha dicho la Corte, \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (STC1981-2018). <\/p>\n
12. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, aunque por los anteriores razonamientos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Los muchos fallos de tutela proferidos con base en la Sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional, entre otros, las Sentencias de 3 de marzo de 2011, Rad. 00329-00 de la CSJ y SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012 de la C.C. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. EXPEDIENTE 2022-00039 Folios 64 a 82. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. EXPEDIENTE 2022-00039 Folios 53 a 63. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. EXPEDIENTE 2022-00039 Folios 37 a 44. <\/p>\n
6\u0002 Entre otras, STC1551-2017 que reitera lo considerado en las sentencias STC13347-2015, STC11343-2016 y STC17838-2016. <\/p>\n
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STC4213-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4213-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 13001-22-13-000-2022-00039-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 17 de febrero de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62674","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62674","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62674"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62674\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62674"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62674"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62674"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}