STC4214-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4214-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00051-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de marzo de 2022, proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela que Luis Eduardo Calder\u00f3n, Elcira Calder\u00f3n Fl\u00f3rez, Orlando Palacios Salazar y Luz Marina Lemus Palacios formularon contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, la Empresa Generadora de Energ\u00eda EMGESA S.A. y la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos del mismo municipio, extensiva al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Garz\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron citados el Fondo Para la Financiaci\u00f3n Agropecuario- Finagro, la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S., Jorge Calder\u00f3n Herrera, Fabiola Naranjo de Calder\u00f3n, Javier Calder\u00f3n Naranjo, Elo\u00edsa Palacio Salazar, Mar\u00eda Salazar Ordo\u00f1ez, Rosalba Bautista Polo, Eider Farid Calder\u00f3n Naranjo, Jes\u00fas Hernando Calder\u00f3n Naranjo, \u00c9dgar Calder\u00f3n Naranjo, Yumary Mar\u00edn Guti\u00e9rrez, Jes\u00fas Mar\u00eda Palacios Salazar, Ronald Dar\u00edo Sora Figueroa, Jos\u00e9 Wilmer Calder\u00f3n Narango, Diego Alexander Melgarejo Triana, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso civil radicado bajo el n\u00b0 41298 31 03 001 2014 00161 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los accionantes solicitaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, vida, salud, vivienda y educaci\u00f3n, presuntamente vulnerados en el proceso mencionado. <\/p>\n
En sustento del amparo manifestaron que en el proceso de expropiaci\u00f3n iniciado por EMGESA en su contra, del que conoce el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, se realiz\u00f3 una diligencia de entrega anticipada, que los despoj\u00f3 de las casas que hab\u00edan sido de su propiedad, las cuales fueron demolidas. <\/p>\n
Agregaron que, solo hasta el 18 de mayo de 2021, el Juzgado fij\u00f3 el monto de la indemnizaci\u00f3n que se les deb\u00eda pagar por parte de la empresa demandante, y expidi\u00f3 los oficios n\u00b0 612 y 613 del 12 de julio de 2021, con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n, a fin de cumplir con el tr\u00e1mite de registro de la sentencia y el acta de entrega definitiva. <\/p>\n
Indicaron haber tenido que realizar m\u00faltiples peticiones al Juzgado para que exhortara a EMGESA para que realizara el referido registro, por lo que se expidieron diferentes autos para ejecutar el respectivo requerimiento. <\/p>\n
Afirmaron que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n, aun no se ha realizado el pago de la indemnizaci\u00f3n de la cual son acreedores, pese a que son personas vulnerables, campesinos y con importantes afecciones a su salud, lo que comporta el menoscabo de sus derechos fundamentales y los de su n\u00facleo familiar. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicitaron que se ordenara a EMGESA efectuar el pago de la indemnizaci\u00f3n se\u00f1alada por el Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, y a la que tienen derecho con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n del que fueron objeto sus predios, con el fin de evitar un perjuicio irremediable, mientras se surte el registro echado de menos. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, inform\u00f3 que despleg\u00f3 sus actuaciones dentro de los plazos razonables y de conformidad con las normas que regulan la materia, por lo que, a su parecer, no ha incurrido en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, entre otras cosas, el 14 de julio de 2021 remiti\u00f3 los oficios respectivos a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos correspondiente, con el fin de dar cumplimiento a la inscripci\u00f3n de la sentencia y el acta de entrega definitiva del bien expropiado y que, por solicitud incoada por la apoderada de los aqu\u00ed accionantes, el 28 de julio de 2021, dispuso requerir a EMGESA S.A. E.S.P., con el fin de que informara las gestiones que ha adelantado sobre el particular; petici\u00f3n que fue reiterada el 26 de julio de 2021 y el 18 de agosto del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 23 de agosto de 2021, EMGESA alleg\u00f3 memorial en el que mencion\u00f3 las gestiones que viene adelantando para el precitado registro, lo cual se puso en conocimiento de los demandados mediante auto del 25 de agosto subsiguiente. <\/p>\n
Adujo, que dicha compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n inform\u00f3 que el 25 de agosto de 2021, radic\u00f3 ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n, los documentos respectivos para el tr\u00e1mite, y que, el 14 de septiembre siguiente, la apoderada judicial de la parte demandada alleg\u00f3 una nota devolutiva causada por la hipoteca y los embargos que se encuentran inscritos en los folios de la matr\u00edcula inmobiliaria de los bienes objeto de expropiaci\u00f3n. <\/p>\n
Con base en ese acto administrativo, profiri\u00f3 el 30 de septiembre siguiente el auto correspondiente, as\u00ed como nuevos oficios con las correcciones indicadas por la referida oficina. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que de otra parte, el 21 de septiembre de 2021, el apoderado de los demandados solicit\u00f3 el pago de la indemnizaci\u00f3n, sin el registro de la sentencia y el acta de entrega. Asimismo, que el 4 de octubre siguiente, la apoderada judicial de EMGESA alleg\u00f3 otra nota devolutiva, lo que origin\u00f3 expedir nuevos oficios con las aclaraciones solicitadas, entre ellas, una sobre el nombre de la apoderada judicial de la parte actora. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 a otros requerimientos que realiz\u00f3 a la demandante, as\u00ed como otra serie de actos administrativos emitidos por la ORIP, entre ellos, una suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para tales efectos, y que el 25 de enero de 2022, remiti\u00f3 a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n y a la apoderada judicial de EMGESA, el \u00faltimo oficio aclarando el \u00e1rea del bien expropiado a efectos de que se surta el registro de la sentencia y el acta de entrega definitiva. <\/p>\n
<\/p>\n
2. EMGESA asegur\u00f3 que ha realizado de forma diligente todas las actuaciones necesarias para el registro de la sentencia objeto del litigio, actuaci\u00f3n que, si bien se encuentra en cabeza suya, depende del an\u00e1lisis y calificaci\u00f3n que realice la Oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n, y de los oficios expedidos por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que desde el 25 de agosto de 2021 realiz\u00f3 el primer ingreso para el registro extra\u00f1ado, pero que a partir del 10 de septiembre se empezaron a expedir varias notas devolutivas indicando, entre otras cosas, que exist\u00edan incongruencias entre los linderos citados en los documentos allegados y los inscritos en el folio de matr\u00edcula, y que se echaba de menos la disposici\u00f3n del despacho frente al levantamiento de embargo e hipoteca. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que realiz\u00f3 las peticiones necesarias ante el juez de conocimiento, para que se realizaran las correcciones del caso, y que incluso hasta el 16 de febrero de 2022, procedi\u00f3 a ingresar por tercera vez a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n, la documental expedida por el Juzgado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n, a su vez, ratific\u00f3 lo informado tanto por el Juzgado como por EMGESA, y asegur\u00f3 no haber omitido el deber de realizar el proceso de registro. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO solicit\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, aduciendo que de ninguna parte del escrito inicial se colige hubiese incurrido en alguna violaci\u00f3n a los derechos fundamentales de los accionantes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. En Liquidaci\u00f3n, aleg\u00f3 carencia de legitimaci\u00f3n por pasiva y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Neiva, neg\u00f3 el amparo tras descartar mora judicial en las actuaciones acaecidas en el proceso de expropiaci\u00f3n ya referido, en consideraci\u00f3n a que, \u00aben medio de la complejidad del asunto, el titular del despacho judicial encartado, ha mostrado debida diligencia, atendiendo los asuntos relacionados con el juicio en forma oportuna, ya que se advierte que entre un requerimiento o solicitud y su resoluci\u00f3n, transcurre apenas el t\u00e9rmino prudencial, para el ingreso del proceso al despacho para su estudio\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, asever\u00f3 que \u00abEMGESA ha cumplido con la carga procesal que le impone la norma en cuesti\u00f3n, ha estado presta a radicar en oportunidad las notas devolutivas, as\u00ed como los oficios reexpedidos para subsanar las deficiencias se\u00f1aladas y dicho sea de paso, m\u00ednimo inter\u00e9s le acontece en retrasar el registro de la sentencia y acta de entrega del inmueble, puesto que el valor destinado a indemnizar a los propietarios expropiados, ya obra a \u00f3rdenes del despacho\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, indic\u00f3 que no observ\u00f3 capricho en las actuaciones de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Garz\u00f3n, puesto que han estado respaldadas en las normas que regulan los procedimientos registrales previstos en la Ley 1579 de 2012, adem\u00e1s que fue diligente revisando \u00abla complejidad del predio objeto de expropiaci\u00f3n, el cual, adem\u00e1s fue objeto de un proceso alterno de pertenencia, que modific\u00f3 los propietarios y la superficie\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, las autoridades accionadas no incurrieron en conductas activas u omisivas que deliberadamente condujeran a la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, que ameritaran para su restablecimiento la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que \u00abnada se alleg\u00f3 para acreditar la existencia o la inminencia de la ocurrencia de un perjuicio, as\u00ed como tampoco de lo irreparable que llegar\u00eda a resultar o de que la causa del mismo, tuviera origen en la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las entidades accionadas.\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron los accionantes para reiterar que son personas humildes, de protecci\u00f3n constitucional, que desde el a\u00f1o 2015 cuando fueron desalojadas para darle paso a la entrega anticipada, deambulan en los pueblos aleda\u00f1os pagando arriendo, y soportando situaciones dif\u00edciles que trae consigo el desplazamiento y desarraigo de su comunidad. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que interpusieron la acci\u00f3n de tutela como una medida provisional para evitar un perjuicio irremediable, puesto que se ven perjudicados, como se desprende de \u00abla historia cl\u00ednica de la paciente neufrologica Elcira Calder\u00f3n Florez [que necesita dinero para pagos de gastos m\u00e9dicos que no cubre su EPS, vi\u00e1ticos para desplazamiento a otra ciudad entre otros] los registros de nacimiento de los hijos de Luz Marina Lemus, entre otros madre soltera a cargo de cuatro menores de edad, que necesitan el pago de la indemnizaci\u00f3n de manera pronta, oportuna, eficaz\u00bb. <\/p>\n
Indicaron la afectaci\u00f3n del m\u00ednimo vital de Orlando Palacios, que cuenta con menor de edad que depende de su padre para la satisfacci\u00f3n de sus necesidades b\u00e1sicas, y de Luis Calder\u00f3n, desempleado que afronta una dif\u00edcil situaci\u00f3n despu\u00e9s de pandemia y se ve obligado a acudir a los famosos prestamos gota a gota, para su m\u00ednimo vital. <\/p>\n
Complementaron que \u00ablas 14 matr\u00edculas inmobiliarias no est\u00e1n sometidas a registro para pago, es simplemente cumplir con una providencia judicial, que en nuestro medio y la misma Corte Constitucional en providencia de 329 de 1994 con ponencia de DR. Jose Gregorio Hern\u00e1ndez, nos recuerda que la ley y las providencias Judiciales, son para cumplirlas, ning\u00fan colombiano puede sustraer esta obligaci\u00f3n nacida en el contrato social que rige un Estado de Derecho; En archivo de la oficina registro figuran a nombre de los 14 indemnizados y son mis prohijados (luego para cumplir con el pago de la indemnizaci\u00f3n ordenada por el despacho, en comento, no hay que registrar nada)\u00bb <\/p>\n
De la misma manera, aseguraron que la afectaci\u00f3n al n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria ordenada en providencia se cumpli\u00f3 y solo concern\u00eda al predio de Jorge Calder\u00f3n Herrera y Fabiola Naranjo de Calder\u00f3n cuya matr\u00edcula inmobiliaria es la numero 202-23109, personas que ya recibieron su pago, y que \u00ablo m\u00e1s f\u00e1cil y que no era objeto de registro sino de cumplir la orden judicial, ordenando el pago a\u00fan est\u00e1 pendiente sin que [\u2026] encuentre[n] razones para no hacerlo.\u00bb <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas cuando quiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, consistente en el \u00abgrave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicaci\u00f3n inmediata e impostergables\u00bb1 para neutralizar, en la medida en que sea posible, su quebrantamiento, excluyendo hechos inciertos, riesgos potenciales y hechos verificados en el pasado remoto2, y para cuya determinaci\u00f3n deben confluir los siguientes criterios a saber: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave; (iii) que sea necesaria la adopci\u00f3n de medidas urgentes y, (iv) que las mismas sean inaplazables.3. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conforme al escrito de tutela, la queja tiene su causa en una presunta mora judicial en el tr\u00e1mite del proceso de expropiaci\u00f3n radicado con el n\u00famero 41298 31 03 001 2014 00161 00, promovido por EMGESA en contra de, entre otros, los accionantes, concretamente, en relaci\u00f3n con el registro de la sentencia que el 12 de octubre de 2017 profiri\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n, (Huila), as\u00ed como de la respectiva acta de entrega de los bienes expropiados se debe realizar para acceder al pago de la indemnizaci\u00f3n de que trata el numeral 12\u00b0 art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso4. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de esta Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00abaquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014 y STC605-2022). <\/p>\n
Igualmente la Corte ha reiterado que, <\/p>\n
\u00abuno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales\u00bb [CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, STC10877-2021 y STC605-2022]. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Del material probatorio allegado al expediente de tutela, as\u00ed como de la revisi\u00f3n de las actuaciones realizadas tanto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garz\u00f3n accionado como por las entidades vinculadas, no se advierte que las mismas hubiesen incurrido en ninguna dilaci\u00f3n que pudiese calificarse como arbitraria o abiertamente negligente, ya que, de cara al tr\u00e1mite que establece el art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso para los procesos de expropiaci\u00f3n, el aqu\u00ed analizado, a pesar de la clara complejidad que reflejan los bienes inmuebles involucrados en el mismo, y la multiplicidad de pretensiones elevadas en \u00e9l, en todo caso, refleja un curso justificado que de manera alguna podr\u00eda materializar la vulneraci\u00f3n endilgada por los accionantes. <\/p>\n
Es del caso memorar que \u00abLa protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 y STC2665-2022, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, es claro que los accionantes deben agotar por completo el tr\u00e1mite regulado para este tipo de juicios, previo a acudir a este mecanismo expedito y sumario, aduciendo situaciones inciertas y riesgos potenciales que tampoco pueden ser apreciados como un verdadero perjuicio inminente o irremediable, como es el caso de las razones que se se\u00f1alaron en el escrito de impugnaci\u00f3n, las que de manera alguna fueron acreditadas, m\u00e1s que con las manifestaciones hechas por la apoderada de los mismos. <\/p>\n
Si bien es cierto, una de las particularidades que reviste a la tutela es su evidente car\u00e1cter informal, es necesario corroborar los hechos que dan cuenta de la violaci\u00f3n denunciada, pues, no puede concederse si no existe prueba de la transgresi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental que requiera el amparo constitucional en un proceso preferente y sumario5, ya que \u00abla persona que alega la ocurrencia de un perjuicio irremediable debe acreditar probatoriamente los hechos en los que funda la configuraci\u00f3n de dicha situaci\u00f3n\u00bb6, sin que para ello sea suficiente una simple afirmaci\u00f3n sin sustento probatorio. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Consecuencia de todo lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
1\u0002 Cfr. Sentencia T-161 de 2005. <\/p>\n
2\u0002Cfr. Sentencia T-1190 de 2004. <\/p>\n
3\u0002 Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, resultan relevantes, entre otras tantas, las sentencias T-225 de 1993; SU-544 de 2001; SU-1070 de 2003; T-827 de 2003; T-1225 de 2004 y T-702 de 2008. <\/p>\n
4\u0002 El que en su numeral 12\u00b0 reza: \u00abRegistradas la sentencia y el acta, se entregar\u00e1 a los interesados su respectiva indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
5\u0002 \u00c9nfasis no original Cfr, Sentencia T-702 de 2000 MP. Alejandro Mart\u00ednez Caballero, reiterada en 2017, en Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
6\u0002 Sentencia T-471\/17 M. S.: Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
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STC4214-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4214-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 41001-22-14-000-2022-00051-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 7 de marzo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62675","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62675","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62675"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62675\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62675"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62675"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62675"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}