STC4216-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4216-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00057-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Outsourcing Castro Moscoso S.A.S. contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota y en el que se solicit\u00f3 la remisi\u00f3n del expediente contentivo de la acci\u00f3n de tutela bajo radicado 2022-00042. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la sociedad accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado Civil del Circuito de Funza en el tr\u00e1mite constitucional ya referido. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1al\u00f3 que en el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota, curs\u00f3 proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado con radicado 2014-00075, que culmin\u00f3 con sentencia estimatoria de las pretensiones, y ante anomal\u00edas en la entrega de los inmuebles objeto del juicio, radic\u00f3 solicitud de nulidad, no obstante, ante la mora de ese despacho en resolver, formul\u00f3 acci\u00f3n de tutela que fue asignada por reparto al Juzgado Civil del Circuito de Funza, bajo el radicado 2021-00278. <\/p>\n
Inform\u00f3 que en raz\u00f3n a que el 29 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo Municipal accionado, emiti\u00f3 auto rechazando de plano la solicitud de nulidad, e inform\u00f3 tal actuaci\u00f3n al Juzgado Civil del Circuito de Funza, en sentencia de 10 de mayo de 2021 se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela por carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, contra el auto que rechaz\u00f3 de plano la nulidad, interpuso los recursos ordinarios, y ante la tardanza en resolverlos, el 2 de noviembre de 2021 requiri\u00f3 al Juzgado Municipal de conocimiento solicit\u00e1ndole pronunciamiento, y al no obtener respuesta positiva, formul\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela contra ese Despacho, que se radic\u00f3 en el Juzgado Civil del Circuito de Funza con el N\u00b0 2022-00042. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que ese despacho la inadmiti\u00f3 en auto de 7 de febrero de 2022, apoy\u00e1ndose en el art\u00edculo 17 del Decreto 2591 de 1991, exigiendo se hiciera presentaci\u00f3n personal al poder, citando como fundamento el art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Explic\u00f3 que, frente a esa decisi\u00f3n present\u00f3 un memorial indicando que esa exigencia era arbitraria e ilegal, por cuanto, seg\u00fan lo dispuso el legislador en el art\u00edculo 17 de Decreto 2591 de 1991, la \u00fanica causal para inadmitir una acci\u00f3n de tutela es cuando \u00ab…no pudiere determinarse el hecho o la raz\u00f3n que motiva la solicitud de tutela\u00bb, situaci\u00f3n que no se presentaba y que adem\u00e1s, la exigencia de la presentaci\u00f3n personal, desconoce lo dispuesto en el art\u00edculo 5 del Decreto 806 de 2020 seg\u00fan el cual los poderes \u00abse podr\u00e1n conferir sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos y no requerir\u00e1n de ninguna presentaci\u00f3n personal o reconocimiento\u00bb. <\/p>\n
Expuso, que pese a lo alegado, el Juzgado Civil del Circuito de Funza el 9 de febrero de 2022 rechaz\u00f3 el amparo, decisi\u00f3n que recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n in\u00fatilmente, porque igualmente fue rechazada el 11 de febrero siguiente. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado \u00abque en el improrrogable t\u00e9rmino de dos (2) d\u00edas le d\u00e9 el tr\u00e1mite de rigor a la acci\u00f3n de tutela formulada por la sociedad OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO SAS. contra el JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE COTA y la INSPECCI\u00d3N SEGUNDA DE POLIC\u00cdA DE COTA, atendiendo las observaciones que esa magistratura le haga para no seguir vulnerando los derechos fundamentales de la accionante\u00bb. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Cota, inform\u00f3 que, mediante auto de fecha 16 de febrero de 2022, resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad de forma adversa, y contra tal decisi\u00f3n se interpusieron recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, a los que se encuentra pendiente dar tr\u00e1mite, debido al alto volumen de congesti\u00f3n que presenta el despacho. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Funza, adujo que, le correspondi\u00f3 por reparto la acci\u00f3n de tutela con radicado No. 2022-0042, formulada por la sociedad Outsorcing Castro Moscoso SAS contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Cota y, una vez revisado el escrito contentivo del amparo en auto de 7 de febrero de 2022, procedi\u00f3 a inadmitirla con el fin de que el apoderado del accionante allegar\u00e1 el poder que lo facultara para iniciarla conforme al art\u00edculo 74 del C\u00f3digo General del Proceso, o en su defecto, lo aportar\u00e1 en la forma y t\u00e9rminos que regula el inciso final del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 806 de 2020, sin que dicho requerimiento fuera subsanado, por lo que se procedi\u00f3 al rechazo de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la tutela debe ser denegada, por cuanto el despacho tan solo le exigi\u00f3 al aqu\u00ed accionante un requisito formal ajustado a la ley contentivo en la aportaci\u00f3n del poder en la forma y t\u00e9rminos que exige el art\u00edculo 74 del CGP o en su defecto, como lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 5\u00b0 del Decreto 806 de 2020, al precisar que \u00abLos poderes otorgados por personas inscritas en el registro mercantil, deber\u00e1n ser remitidos desde la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico inscrita para recibir notificaciones judiciales\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cundinamarca Sala Civil-Familia, neg\u00f3 el amparo, bajo los siguientes argumentos, <\/p>\n
\u00abrevisado el expediente, la Sala encuentra que la tutela formulada no estaba llamada a prosperar, ya que no supera la etapa de cumplimiento de los requisitos generales, comoquiera que se afirma que la actora sociedad Outsourcing Castro Moscoso S.A.S act\u00faa por medio del abogado Luis Orlando Rodr\u00edguez Acosta, pero no se alleg\u00f3 poder especial que acreditara el mandato que se afirma fue conferido para adelantar la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Significa que como el amparo se presenta no por la amenaza o lesi\u00f3n de garant\u00edas del actor, sino de terceros titulares de los intereses que se discuten en aquel tr\u00e1mite judicial, y que no se advierten circunstancias que indiquen que la representante legal de la sociedad accionante se encuentre en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n, debilidad manifiesta o imposibilidad material de acudir directamente a la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
De donde se concluye que no se re\u00fanen en el caso los requisitos de la representaci\u00f3n judicial, para estudiar el reclamo de quien dice actuar en representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica pues \u201cla legitimaci\u00f3n por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional\u201d, con ello, que no se configuran los presupuestos de la agencia oficiosa, por lo que tampoco es dable entender que el se\u00f1or Rodr\u00edguez Acosta actuaba en dicha calidad\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad accionante la impugn\u00f3 aduciendo, \u00abInexplicablemente esa magistratura en la providencia que estoy impugnando, al narrar los antecedentes de esta acci\u00f3n, narra eso (sic) y transcribe algunos apartes de los argumentos que expusimos al pretender subsanar la inadmisi\u00f3n de la tutela, pero, insisto, inexplicablemente concluye que no hay poder, diciendo que es necesario para legitimarse en la causa en una acci\u00f3n de tutela cuando quien la presenta no es la persona que directamente tiene afectados sus derechos fundamentales, citando el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, norma \u00e9sta que posibilita que el afectado con la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales puede actuar a trav\u00e9s de representantes, y precept\u00faa, adem\u00e1s, que los poderes se presumen aut\u00e9nticos. Eso fue, justamente, lo que ocurri\u00f3 en este caso y que el operador judicial accionado desconoci\u00f3 para exigirle presentaci\u00f3n personal al poder que se present\u00f3 junto con la acci\u00f3n de tutela, la que finalmente fue rechazada\u00bb <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el poder si se present\u00f3 y que se presume aut\u00e9ntico, por lo que la exigencia del juzgado accionado fue arbitraria y caprichosa, adem\u00e1s de se\u00f1alar que el tr\u00e1mite que se le debe impartir a las acciones de tutela es breve y ordinario, y no ordinario como lo hizo el juez en el presente caso, inadmitiendo y rechazando la solicitud. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para proteger los derechos fundamentales de cualquier persona, amenazados o vulnerados por acci\u00f3n u omisi\u00f3n de una autoridad, el constituyente estableci\u00f3 en el art. 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica la v\u00eda preferente de la tutela, que le permite a todo ciudadano acudir a la Rama Judicial en busca de una orden que impida el acto amenazante o lo suspenda. <\/p>\n
2. En el caso sub judice, el amparo suplicado tiene como fundamento la inconformidad de la sociedad accionante, frente a las providencias emitidas por el Juzgado Civil del Circuito de Funza, mediante las cuales inadmiti\u00f3 y posteriormente rechaz\u00f3 la tutela, que es ahora objeto de queja constitucional. <\/p>\n
3. Desde ahora, advierte la Sala, la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa que encontr\u00f3 el a quo en la acci\u00f3n que ahora es objeto de estudio, mas no, como de manera errada lo entendi\u00f3 el abogado solicitante, de la asignada al Juzgado Civil del Circuito de Funza, bajo radicado N\u00b0 2022-00042-00. <\/p>\n
4. En efecto, en relaci\u00f3n con la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo, el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991 establece, que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
En el presente asunto, el solicitante dijo actuar en calidad de apoderado judicial de la sociedad Outsourcing Castro Moscoso SAS, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00famero 2022-00042. <\/p>\n
5. En relaci\u00f3n con lo anterior, la Corte ha sostenido que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren presuntamente en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC 29 sep. 2003, rad 00245-01, reiterada en STC926-2018, STC4611-2018, entre otras) <\/p>\n
En consecuencia, es claro que el promotor no es el afectado por la vulneraci\u00f3n de los derechos suplicados ni est\u00e1 habilitado para instaurar la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
6. Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n lo que se pretendiera es amparar los derechos del poderdante, debe hacerse referencia a lo que se\u00f1ala la Corte en sus diversos pronunciamientos: <\/p>\n
\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb <\/p>\n
\u00abDe este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb <\/p>\n
\u00abLa falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CSJ STC1042-2019). <\/p>\n
Para el caso en estudio, dado que el promotor no alleg\u00f3 el poder especial para reclamar por los derechos de su representado en la presente acci\u00f3n de tutela, no pod\u00eda invocar la protecci\u00f3n pretendida. <\/p>\n
7. Conforme a lo anterior, y dado que la legitimidad para actuar es un presupuesto de la acci\u00f3n de tutela, que en este caso no se cumple, se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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STC4216-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC4216-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2022-00057-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62677","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62677","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62677"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62677\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62677"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62677"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62677"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}