STC4217-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4217-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2022-00096-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 17 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la acci\u00f3n de tutela formulada por John Jairo D\u00e1vila Pineda, quien adujo actuar como apoderado judicial de Rub\u00ed del Socorro Castellar Pe\u00f1aloza, contra el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda Municipal de San Jacinto, la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos del Carmen de Bol\u00edvar, el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, y las partes e intervinientes en el ejecutivo hipotecario, radicado 2016-0006. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. John Jairo D\u00e1vila Pineda, quien sostuvo actuar en \u00abcalidad de apoderado judicial de la se\u00f1ora RUBI DEL SOCORRO CASTELLAR PE\u00d1ALOZA\u00bb (sic), reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso \u00abal incurrir el accionado en la causal gen\u00e9rica de procedibilidad de la acci\u00f3n de amparo de defecto sustantivo\u00bb. <\/p>\n
Como fundamento del reparo, se\u00f1al\u00f3 que en el Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto (Bol\u00edvar) se adelanta el proceso ejecutivo hipotecario, iniciado por Oscar Mart\u00ednez Castro contra Rubi Castellar Pe\u00f1aloza, tr\u00e1mite en el que se libr\u00f3 mandamiento ejecutivo y orden\u00f3 el embargo del inmueble hipotecado, medida que fue cumplida por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de El Carmen de Bol\u00edvar. <\/p>\n
Adujo que fue designado como abogado de la demandada y en cumplimiento de su funci\u00f3n, en la audiencia inicial llevada a cabo el 19 de mayo de 2021, \u00abinterpuse incidente de nulidad contra la actuaci\u00f3n por imposibilidad de transferencia comercial del inmueble garant\u00eda de la obligaci\u00f3n; adem\u00e1s present\u00e9 solicitud de levantamiento de la medida cautelar impuesta sobre el bien ra\u00edz\u00bb, la que declar\u00f3 improcedente el juzgado de conocimiento, motivo por el cual interpuso recurso de apelaci\u00f3n \u00abalegando b\u00e1sicamente una posible falsedad documental\u00bb, y, adicionalmente, arguy\u00f3 que \u00abla hipoteca es una forma de enajenaci\u00f3n del inmueble, pues constituye una limitaci\u00f3n al dominio\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el 27 de enero de 2022, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar, confirm\u00f3 la providencia recurrida \u00abargumentando que cuando se constituye una hipoteca sobre un inmueble para garantizar el pago de una obligaci\u00f3n, en todo caso el deudor sigue conservando el dominio o propiedad del inmueble y por supuesto la posesi\u00f3n del mismo\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho por defecto sustantivo \u00abpor cuanto la decisi\u00f3n judicial atacada desconoce normas de rango legal por error grave en su interpretaci\u00f3n, como son la ley 3\u00aa de 1991, art\u00edculo 8\u00ba y la ley 1537 2012\u00bb, y, solicit\u00f3: <\/p>\n
(i) \u00abdeclarar la nulidad incoada y en consecuencia dejar sin efecto el auto combatido con esta acci\u00f3n constitucional\u00bb, y, (ii) \u00abEn subsidio, s\u00edrvase ordenar al accionado que en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes al fallo que acoja esta acci\u00f3n de amparo, vuelva a dictar el fallo que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n pero siguiendo las \u00f3rdenes y directrices que imparta ese honorable Tribunal, si decide que me asiste la raz\u00f3n en cuanto a que efectivamente se ha dado la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso de la accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, adem\u00e1s de remitir el expediente digitalizado del proceso hipotecario, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el mismo y se\u00f1al\u00f3 que cit\u00f3 y referenci\u00f3 la normativa acorde a la situaci\u00f3n procesal, y sustent\u00f3 la decisi\u00f3n seg\u00fan los soportes allegados al ejecutivo. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bol\u00edvar adem\u00e1s de remitir el link del expediente objeto de censura, se\u00f1al\u00f3 que \u00abfund\u00f3 su decisi\u00f3n en el sentido de que si bien la ley 3 de 1991, en su art\u00edculo 8, modificado por el art\u00edculo 12 de la ley 1537 de 2012, establece una limitaci\u00f3n a la transferencia de dominio, pero de ninguna manera puede entenderse a la hipoteca como transferencia de dominio, pues la misma es solo una garant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
3. Oscar Segundo Mart\u00ednez Castro indic\u00f3 que todas las actuaciones adelantadas se realizaron respetando las garant\u00edas procesales de las partes. <\/p>\n
4. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de El Carmen de Bol\u00edvar, hizo menci\u00f3n a la normativa que regula a dichas entidades. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Cartagena neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la decisi\u00f3n rebatida no incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, pues \u00abacertados estuvieron los despachos en primera y segunda instancia, al considerar que independientemente de la confusi\u00f3n que en un principio se gener\u00f3 respecto de los documentos que sirvieron de base para el registro de las anotaciones que preceden a la hipoteca sobre el inmueble\u2026lo cierto es que las limitaciones de dominio que se pueden verificar en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria en nada inciden con la hipoteca y menos con el embargo mencionado\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el abogado John Jairo D\u00e1vila Pineda, quien indic\u00f3 \u00abla sentencia de primera instancia impugnada no tuvo consideraci\u00f3n alguna respecto de los argumentos esbozados por el suscrito en el ordinal segundo del escrito de tutela, que en mi humilde criterio demuestra lo razonable de la interpretaci\u00f3n normativa que defiendo en esta tutela y en ese sentido la irrazonabilidad de las decisiones de primera y segunda instancia decretadas en el proceso ejecutivo de marras, que denegaron la solicitud de desembargo y de nulidad de gravamen hipotecario deprecadas con fundamento en las prohibiciones inscritas en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble de propiedad de la accionante\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abes innegable que ante el derecho preferencial del municipio cedente del inmueble, en caso de transferencia de la propiedad del mismo, no es posible entender c\u00f3mo va a funcionar la garant\u00eda hipotecaria en favor del acreedor que la constituy\u00f3 dado que el art\u00edculo 21 de la ley citada, en el inciso cuarto establece ese derecho preferencial y fija un tr\u00e1mite para hacer efectivo el mismo\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que, tanto las providencias proferidas por los Juzgados de instancia, como la sentencia constitucional impugnada, nada dicen sobre la prohibici\u00f3n de los 10 a\u00f1os, tantas veces desarrolladas por \u00e9l, y por lo tanto, concluy\u00f3 que, \u00abhacen que el art\u00edculo 21 de la ley 1537 2012, en la pr\u00e1ctica sea simplemente letra muerta, pues a trav\u00e9s de constituciones de hipotecas y de embargos decretados ya sea a consecuencia de acciones hipotecarias o simplemente ejecutivas singulares, se puede dejar sin ning\u00fan efecto a tales prohibiciones, lo cual para m\u00ed es inexplicable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuando la acci\u00f3n de tutela se introdujo en el ordenamiento como una herramienta preferente para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de autoridades p\u00fablicas y a\u00fan de los particulares en los casos establecidos por la ley, se hizo bajo la premisa de que quien acudiera a la jurisdicci\u00f3n estuviera habilitado para ello. <\/p>\n
Lo anterior porque siempre se ha considerado que as\u00ed se trate de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 10\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, determina que aquella se podr\u00e1 ejercer por la \u00abpersona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, para facilitar la defensa de derechos ajenos, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 la presunci\u00f3n de autenticidad de los poderes otorgados y la agencia oficiosa cuando el titular de las garant\u00edas constitucionales no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa, pero en tal caso, as\u00ed deber\u00e1 manifestarse en la solicitud. <\/p>\n
Sobre este tema, la Sala se ha pronunciado de la manera que sigue: \u00ab(\u2026) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb. (CSJ SC 9 Feb. 1996, Exp. 2822; 9 Oct. 1998, Exp. 5429; 19 Feb, 2002, Exp. 0159-01; 24 Feb. 2004, Exp. 00219-01; 11 Mar. 2009, Exp. 00001-01, STC9428-2021, STC110-2022 y, STC2624-2022 entre otras muchas). <\/p>\n
3. En el supuesto que analiza la Corte, la solicitud de protecci\u00f3n aparece elevada por el abogado John Jairo D\u00e1vila Pineda, quien alega la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de su representada Rubi del Socorro Castellar Pe\u00f1alosa y solicita declarar la nulidad del proceso ejecutivo hipotecario, petici\u00f3n que no pueden salir adelante, toda vez que no alleg\u00f3 poder especial conferido por la se\u00f1ora Castellar Pe\u00f1alosa para actuar en este tr\u00e1mite excepcional, careciendo entonces de postulaci\u00f3n para intervenir y reclamar ese proceder, pues aunque fue designado como apoderado de la se\u00f1ora Castellar Pe\u00f1alosa ante la renuncia del aabogado de la nombrada se\u00f1ora y la manifestaci\u00f3n de \u00e9sta de carecer de recursos econ\u00f3micos en el proceso ejecutivo hipotecario, tal circunstancia no lo habilita para representarla en el presente tr\u00e1mite constitucional, puesto que nada imped\u00eda para que la presuntamente agraviada le otorgara el poder echado de menos. <\/p>\n
Luego, \u00fanicamente la se\u00f1ora Rubi del Socorro ser\u00eda la legitimada para alegar la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales por parte del Juzgado accionado, en virtud de las competencias que la ley atribuye, como quiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala en STC2076-2020, reiter\u00f3 que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (citada en STC5643-2021 y STC-2624-2022). <\/p>\n
En ese orden, al no ser el abogado actor el titular de los derechos presuntamente vulnerados y no haber aportado poder especial, resulta inviable estudiar de fondo el amparo que promueve por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. <\/p>\n
4. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada, pero por los motivos aqu\u00ed expuestos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
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