STC4225-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4225-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-00990-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Gustavo S\u00e1nchez Rojas contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de la nombrada ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00b0 154001312100220180000201. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante quien presenta la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, requiri\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, m\u00ednimo vital, trabajo, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, vivienda digna, \u00abacceso progresivo a la tierra y la seguridad alimentaria\u00bb, presuntamente vulnerados en el proceso mencionado, por la Corporaci\u00f3n accionada. <\/p>\n
Para sustentar su reclamo expuso que el proceso cuestionado fue iniciado en 2018 por M\u00f3nica Calder\u00f3n y Marcos C\u00e1ceres Guar\u00edn, tr\u00e1mite del que conoci\u00f3 el Juzgado Segundo Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta y en el que alegaron haber sido despojados ilegalmente del predio \u00abdenominado Parcela 4 Palmarito de las fincas Hatico y Santa Ana, ubicado en el corregimiento de Palmarito del municipio de C\u00facuta, Norte de Santander\u00bb, por lo cual reclamaron que se decretaran medidas de reparaci\u00f3n y satisfacci\u00f3n en su favor, en los t\u00e9rminos de la Ley 1448 de 2011. <\/p>\n
De manera oportuna, Janer Avenda\u00f1o Mora, Gustavo S\u00e1nchez Rojas -aqu\u00ed accionante- y el Banco Agrario de Colombia, se opusieron a la citada demanda, alegando, el primero, su calidad de propietario del bien mencionado adquirido con buena fe exenta de culpa; el segundo, su condici\u00f3n de poseedor, transmitida en raz\u00f3n del contrato de \u00abpromesa verbal de compraventa\u00bb celebrado con Avenda\u00f1o Mora; y, la entidad bancaria, su buena fe al haberle otorgado un pr\u00e9stamo hipotecario a quien figuraba como due\u00f1o del bien, previo el estudio \u00abriguroso de t\u00edtulos\u00bb que adelant\u00f3. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 el accionante que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta en la sentencia de 4 de junio de 2021 acogi\u00f3 las pretensiones de los demandantes, empero al reconocerle su situaci\u00f3n de vulnerabilidad se le tuvo como \u00absegundo ocupante\u00bb, manteni\u00e9ndose el statu quo que ostentaba frente al predio reclamado y orden\u00f3, en consecuencia, que los reclamantes participaran en \u00abla consecuci\u00f3n de un inmueble rural o urbano\u00bb con la intervenci\u00f3n de la UAEGRTD. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que si bien el Tribunal valor\u00f3 su situaci\u00f3n y lo reconoci\u00f3 como \u00absegundo ocupante\u00bb, no adopt\u00f3 ninguna decisi\u00f3n \u00aben pro de no agravar [su] situaci\u00f3n de vulnerabilidad\u00bb, dado que permitir que permanezca en el bien como lo ha hecho, no le protege sus \u00abderechos fundamentales, pues legalmente no [es] propietario del bien ni [se] orden\u00f3 el reconocimiento de una indemnizaci\u00f3n, situaci\u00f3n que [lo] mantiene en un estado de preocupaci\u00f3n y zozobra al sentir que en cualquier momento [les] pueden solicitar a [\u00e9l] y a [su] familia el desalojo del mismo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que es una persona de la tercera edad, con m\u00faltiples enfermedades y sin capacidad para laborar, su sustento depende del mencionado inmueble, el cual est\u00e1 en peligro de perder, toda vez que el Banco Agrario de Colombia inici\u00f3 un \u00abcobro ejecutivo\u00bb contra Janer Avenda\u00f1o Mora, ante la falta de pago del pr\u00e9stamo hipotecario que le otorg\u00f3 a este \u00faltimo. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que ya en pasada ocasi\u00f3n perdi\u00f3 un predio en otro tr\u00e1mite de restituci\u00f3n de tierras y eso afect\u00f3 su vida y la de su familia, raz\u00f3n por la cual, es necesario que se ordene la adopci\u00f3n de medidas para salvaguardar sus derechos a la vivienda y manutenci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que con escritos de \u00abdiciembre del a\u00f1o 2021 y febrero del a\u00f1o 2022 present[\u00f3] derechos de petici\u00f3n\u00bb para lograr una decisi\u00f3n sobre lo aqu\u00ed expuesto; sin embargo, no obtuvo \u00abuna respuesta de fondo\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la Corporaci\u00f3n accionada \u00abla modificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n adoptada en sentencia el 4 de junio de 2021\u00bb, en el sentido de reconocerle \u00ablos derechos que [le] asisten como segundo ocupante, y se [le] ubique en otro predio de iguales condiciones y cualquier otra medida que pueda garantizar [sus] derechos\u00bb. <\/p>\n
2. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 30 de marzo se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a la accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado N\u00b0 154001312100220180000201. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Procuradora 19 Judicial para la Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta relat\u00f3 los antecedentes del caso censurado y expuso que el Tribunal enjuiciado no lesion\u00f3 los derechos del peticionario, pues \u00abcumpli\u00f3 con las normas constitucionales y legales que enmarcan esta clase de proceso\u00bb. <\/p>\n
El Banco Agrario de Colombia manifest\u00f3 que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; no obstante, pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n al no haber quebrantado los derechos del solicitante. <\/p>\n
La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de C\u00facuta se opuso a la prosperidad del amparo por incumplir el requisito de inmediatez, pues la sentencia cuestionada por el actor se emiti\u00f3 hace m\u00e1s de nueve (9) meses -4 de junio de 2021-. A\u00f1adi\u00f3 que no proced\u00edan las medidas reclamadas por el interesado porque en dicho fallo \u00abse resolvi\u00f3 que conservar\u00eda el estado de cosas frente al inmueble objeto de reclamaci\u00f3n, es decir, ninguna situaci\u00f3n se le alter\u00f3 o modific\u00f3\u00bb. Destac\u00f3, asimismo, que las peticiones del actor se resolvieron el pasado 11 de marzo, remiti\u00e9ndose a su correo electr\u00f3nico la providencia correspondiente, sin que sea posible demandar la protecci\u00f3n del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb en actuaciones jurisdiccionales. <\/p>\n
La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas \u2013UAEGRTD- pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite al no tener legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. No puede olvidarse, que si bien el ordenamiento establece que la acci\u00f3n de tutela se trata de un procedimiento breve y sumario y por lo mismo, distante de las formalidades que se exigen para otra clase de juicios, no es posible eludir el respeto a requisitos tales como, el de la subsidiariedad, la inmediatez y la legitimaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En el asunto en estudio, advierte la Corte el fracaso del amparo planteado frente a la sentencia proferida por el Tribunal accionado el 4 de junio de 2021, al desconocer el presupuesto de la inmediatez, en tanto que se constata, que la queja constitucional fue formulada el 28 de marzo de 2022, esto es, luego de transcurrir m\u00e1s de nueve (9) meses desde el presunto hecho vulnerador, t\u00e9rmino que supera el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala como suficiente para acudir oportunamente a este auxilio, exigencia sobre la que la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u00ab[S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, entre otras). <\/p>\n
Por tanto, si el peticionario se demor\u00f3 en proponer este amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la Corporaci\u00f3n atacada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime si no adujo razones para justificar su tardanza. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, corresponde indicarle al se\u00f1or S\u00e1nchez Rojas, que esta Sala ha advertido reiteradamente la improcedencia del \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb dentro de las actuaciones jurisdiccionales, puesto que, \u00abLas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (ver entre otras STC8023-2020, reiterada en STC3077-2021, STC6517-2021, STC12833-2021, STC1190-2022 y 1968-2022). <\/p>\n
Visto lo anterior, y en raz\u00f3n a que como las solicitudes que efectu\u00f3 Gustavo S\u00e1nchez Rojas el 3 de diciembre de 2021 y el 21 de febrero de 2022 se dirigieron, a lograr la \u00abmodificaci\u00f3n\u00bb del fallo emitido por el Tribunal accionado en el sentido de que emitiera medidas para proteger sus derechos como \u00absegundo ocupante\u00bb, en este caso, la alegada vulneraci\u00f3n debe revisarse a la luz del debido proceso y no en cuanto al derecho de petici\u00f3n, al tratarse de cuestiones eminentemente jurisdiccionales. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, examinadas las pruebas allegadas, se encuentra que la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, en providencia de 10 de marzo de 2022 se pronunci\u00f3 frente a los reclamos del accionante, advirti\u00e9ndole que la petici\u00f3n relativa a que \u00abel fundo rural denominado \u201cParcela 4 Palmarito de las fincas Hatico y Santa Ana\u201d se le titule \u201clibre de deudas\u201d\u00bb, deb\u00eda rechazarse, en raz\u00f3n a que en la sentencia de 4 de junio de 2021, se hab\u00eda especificado con suficiencia que la relaci\u00f3n que \u00e9l ten\u00eda con el inmueble se mantendr\u00eda, providencia que por lo dem\u00e1s, no pod\u00eda modificarse al hallarse ejecutoriada. As\u00ed le indic\u00f3: <\/p>\n
\u00abObedece lo anterior al hecho que al decidirse que conservar\u00eda el estado de cosas frente al inmueble que fue objeto de la Litis, ninguna afectaci\u00f3n se le caus\u00f3 con el proceso, luego no es merecedor de ninguna medida de atenci\u00f3n adicional, pues que estas, en armon\u00eda con el principio de acci\u00f3n sin da\u00f1o, van dirigidas a los segundos ocupantes que, con ocasi\u00f3n de la restituci\u00f3n, queden en grado de desprotecci\u00f3n frente a los derechos que se vieron abocados a perder (art. 2\u00b0 del Acuerdo 33 de 2016 de la UAEGRTD), lo que, como se dijo, aqu\u00ed no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Entonces, deber\u00e1 el memorialista estarse a lo dispuesto en el resolutivo \u201cSEGUNDO\u201d de la sentencia, misma que hace rato alcanz\u00f3 firmeza y en este momento lo all\u00ed resuelto es inmutable, vinculante y definitivo, en raz\u00f3n a los efectos de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Las consideraciones precedentes no lucen arbitrarias o lesivas de garant\u00edas sustanciales, pues, en realidad, la relaci\u00f3n del accionante con el inmueble pretendido en restituci\u00f3n, qued\u00f3 completamente dilucidada en el fallo de 4 de junio de 2021, donde se reconoci\u00f3 su calidad de \u00absegundo ocupante\u00bb, permiti\u00e9ndosele continuar en el predio ejerciendo la posesi\u00f3n que dijo tener, en aras de proteger sus derechos como sujeto en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. <\/p>\n
4. Debe completarse, que no resultaba posible disponer en favor del accionante compensaciones o la cancelaci\u00f3n de la hipoteca que pesa sobre el predio que ocupa, pues adem\u00e1s de no reclamar tales cuestiones en el proceso antes de su definici\u00f3n, lo cierto es que a\u00fan cuenta con las v\u00edas ordinarias correspondientes para alcanzar la protecci\u00f3n de su vivienda, como quiera que, de ser el caso, puede interponer las demandas respectivas a fin de lograr el pleno dominio del inmueble o, de pretenderlo, el cumplimiento de los compromisos que con \u00e9l adquiri\u00f3 el vendedor Janer Avenda\u00f1o Mora, con lo cual es claro el fracaso de lo pretendido al desconocerse el requisito de subsidiariedad, pues la acci\u00f3n de tutela procede \u00absiempre que el afectado no posea otro medio de defensa judicial para obtener su restablecimiento\u00bb; de manera que, \u00ab[m]ientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en CSJ STC3807-2018, STC3986-2020, STC6904-2020, STC1067-2021, STC9022-2021, STC930-2022 y, STC2619-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Gustavo S\u00e1nchez Rojas contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de C\u00facuta. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de servicio) <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Ausencia justificada) <\/p>\n
<\/p>\n
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