STC4237-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC4237-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00016-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de marzo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la tutela que Diego Esteban Benavides Aguirre le instaur\u00f3 al Juzgado Segundo de Familia de esa urbe, extensiva a Germ\u00e1n Alfredo Benavides Ponce y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2022-00007-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que \u00abse deje sin efecto el auto de fecha 2 de febrero de 2022, por medio del cual se resolvi\u00f3 abstenerse de librar mandamiento ejecutivo de alimentos dentro del radicado 51001-31-10-002-2022-00007-00\u00bb y, en consecuencia, se ordenara al estrado querellado que \u00ab(\u2026) proceda a proferir una nueva sentencia en la que se disponga: 1. Como petici\u00f3n principal: librar mandamiento de pago por las sumas relacionadas en el ac\u00e1pite de pretensiones de la demanda, o en su defecto, 2. Como petici\u00f3n subsidiaria: se la inadmita, concediendo para subsanarla el t\u00e9rmino establecido en el art\u00edculo 90 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
En apoyo, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Segundo de Familia de Pasto conoci\u00f3 la demanda coercitiva de alimentos que le inco\u00f3 a su progenitor Germ\u00e1n Alfredo Benavides Ponce (rad n\u00ba 2022-00007) con base en las obligaciones insolutas, por los siguientes conceptos: a) \u00ab$6\u00b4142-078.oo, que corresponde a la segunda cuota del acuerdo conciliatorio llevado a cabo dentro de la diligencia realizada el d\u00eda 2 de julio de 2021 al interior del proceso ejecutivo de alimentos (\u2026) 2018-00189-00 que curs\u00f3 en el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto (\u2026)\u00bb y b) \u00abPor las cuotas de alimentos de los meses de agosto y septiembre de 2021, que ascienden en su totalidad a ($2\u00b4091.594)\u2026\u00bb (17 en. 2022). <\/p>\n
Sostuvo que el despacho fustigado se abstuvo de librar mandamiento de pago y centr\u00f3 su negativa en que el t\u00edtulo ejecutivo es compuesto y no se arrim\u00f3 a la Litis i) \u00abCopia aut\u00e9ntica del acta de audiencia que contiene el auto aprobatorio del acuerdo proferido\u00bb; ii) \u00abPrimera copia aut\u00e9ntica que preste m\u00e9rito ejecutivo del Acta de Conciliaci\u00f3n n\u00ba 78-2000\u00bb y; iii) \u00abla constancia o certificaci\u00f3n del mensaje de datos que acredite la transmisi\u00f3n o remisi\u00f3n del poder por parte del litigante Diego Esteban Benavides Aguirre a sus apoderados judiciales\u00bb (02 feb.). <\/p>\n
Adujo que con dicha providencia se incurri\u00f3 en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, \u00abAl anteponer cuestiones formales ante el derecho sustancial que tiene el suscrito a recibir las sumas de dinero reclamadas\u00bb, conducta que se agrav\u00f3 \u00absi se tiene en cuenta que las exigencias en cuanto a los dos t\u00edtulos valores (sic) que contienen las obligaciones claras, expresa y exigibles sometidas a cobro coercitivo, no son aplicables en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Segundo de Familia de Pasto defendi\u00f3 la legalidad de lo rituado, envi\u00f3 el enlace del paginario confutado y se opuso al resguardo por improcedente, porque \u00abpues pese a estar representado por apoderado judicial, en una conducta constitutiva de incuria dej\u00f3 de hacer uso del mecanismo del que dispon\u00eda y cu\u00e1l era el presentar el recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo proferido el 2 de febrero de 2022 en antes citado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Pasto concedi\u00f3 el amparo, al estimar, en primer lugar, que \u00ab(\u2026) el accionante carece de medios de defensa distintos a la acci\u00f3n de amparo (\u2026) si bien el auto atacado proferido el d\u00eda 02 de febrero de 2022 por el Juzgado Segundo de Familia del Circuito de Pasto, era susceptible del recurso de reposici\u00f3n contemplado en el art. 318 del Estatuto Procesal, es lo cierto que en dicha providencia, adem\u00e1s de abstenerse de librar el mandamiento de pago deprecado por el accionante, el Juzgado no reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva a los apoderados del ejecutante, lo que cerraba la posibilidad de recurrir la providencia\u00bb. <\/p>\n
Luego, abord\u00f3 el estudio de \u00abdos de las causales espec\u00edficas de procedibilidad del amparo\u00bb, la primera \u00abdefecto procedimental\u00bb y, concluy\u00f3, que \u00abRespecto al primero de los requisitos, considera esta Corporaci\u00f3n que constituye un obst\u00e1culo para acceder a la administraci\u00f3n de justicia y para la eficacia del derecho sustancial, entendi\u00e9ndose que es una barrera por dem\u00e1s injustificada si reparamos en que fue la Jueza Segunda de Familia de esta localidad, quien aprob\u00f3 el acuerdo conciliatorio al que llegaron las partes el 02 de julio de 2021 dentro del proceso ejecutivo de alimentos N\u00b0 520013110002-2018-00189-00 y, por ende, tiene a su disposici\u00f3n el expediente. Siendo as\u00ed, condicionar el mandamiento de pago al cumplimiento de tales exigencias, deviene en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto\u00bb. <\/p>\n
En segundo lugar, por avizorar el \u00abdefecto material o sustantivo\u00bb, dado que \u00abEn cuanto a la segunda exigencia, la Sala vuelve sobre las explicaciones brindadas l\u00edneas arriba, estim\u00e1ndose por tanto que carece de sustento y, frente al primer requisito, encuentra la Sala que tal como relat\u00f3 el accionante, dada la fecha de suscripci\u00f3n del acuerdo, es decir, 06 de abril de 2000, se infiere que al mismo no le eran exigibles las disposiciones de la Ley 640 de 2001, cuerpo normativo que empez\u00f3 a regir un (1) a\u00f1o despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n, por lo que si ello aconteci\u00f3 el 05 de enero de 2001, la norma era obligatoria a partir del 06 de enero de 2002. Por ende, no se pod\u00eda esperar el acatamiento de una disposici\u00f3n que a\u00fan no exist\u00eda para la fecha del acuerdo y al hacerlo, el juzgado encartado incurri\u00f3 en un defecto material o sustantivo\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, tras dejar sin efectos la resoluci\u00f3n del pasado 2 de febrero, mand\u00f3 al funcionario convocado que \u00ab(\u2026) provea nuevamente sobre la demanda ejecutiva de alimentos presentada al interior del mencionado asunto, teniendo en cuenta lo atr\u00e1s considerado\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el Juzgado Segundo de Familia de Pasto insistiendo en la falta del requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb expresada en la contestaci\u00f3n a la demanda superlativa, por tratarse de \u00abuna conducta constitutiva de incuria [porque el actor] dej\u00f3 de hacer uso del mecanismo del que dispon\u00eda y cu\u00e1l era el presentar el recurso de reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo proferido el 2 de febrero de 2022 en antes citado, \u00fanico mecanismo y herramienta procedente para debatir en ese momento procesal lo resuelto en dicho AUTO a voces del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del proceso\u201d. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablos apoderados judiciales del hoy actor constitucional ALEX BRAHINER ALVAREZ RAMOS y MICHAEL HUMBERTO CORDOBA PANCHALO pod\u00edan v\u00e1lidamente interponer el remedio horizontal, superando o subsanando la irregularidad de falta de autenticidad del mandato inicialmente otorgado a trav\u00e9s de la convalidaci\u00f3n a posteriori aportando con el recurso de reposici\u00f3n el respectivo mensaje de datos que acredite la transmisi\u00f3n o remisi\u00f3n del poder as\u00ed conferido o, en su defecto, adosando con la respectiva impugnaci\u00f3n otro poder con la nota de presentaci\u00f3n personal, sujet\u00e1ndose desde luego entonces, a las exigencias previstas por el legislador tanto en el Art, 5\u00ba. Del Decreto 806 de 2020 como al Art.74 del CGP, saneando de esta manera su propia omisi\u00f3n en orden a lograr el reconocimiento de personer\u00eda adjetiva (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Ab initio emerge la revocatoria de la sentencia de primer grado y el fracaso de la salvaguarda promovida por Diego Esteban Benavides Aguirre, por inobservancia de la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, dado que desaprovech\u00f3 la oportunidad que la legislaci\u00f3n adjetiva procesal concede para combatir la inconformidad que expone en \u00abtutela\u00bb. De modo que, no puede valerse de este excepcional remedio para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, ya que era el pleito objetado el escenario id\u00f3neo donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas que invoca, debido al car\u00e1cter residual del auxilio. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque el Juzgado Segundo de Familia de Pasto se \u00abAbstu[vo] de librar mandamiento ejecutivo de alimentos solicitado en la demanda (\u2026) a favor de DIEGO ESTEBAN BENAVIDES AGUIRRE y en contra del se\u00f1or GERM\u00c1N ALFREDO BENAVIDES PONCE\u00bb (2 feb. 2022), decisi\u00f3n que qued\u00f3 en firme, por no haber sido recurrida por el impulsor, a pesar de que contra ella cab\u00eda el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso para ser desatado por el mismo despacho. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el sedicente tuvo la facultad de exponer ante el juez natural la inconformidad que ahora plantea en esta sui generis justicia, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir la determinaci\u00f3n que \u00abdeneg\u00f3 la orden de apremio\u00bb. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n al no haber empleado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tiene dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (STC6663-2018, citada en STC762-2021 y STC9878-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021 y STC9878-2021). <\/p>\n
2.- Ahora bien, contrario a lo afirmado por el a quo constitucional, la exigencia echada de menos no se conjura por el hecho de no haberse reconocido personer\u00eda adjetiva a los abogados del actor en el auto combatido; comoquiera que dicha circunstancia bien pudo ser subsanada en momento posterior por tales profesionales, a efectos de demostrar su derecho de postulaci\u00f3n e interpelar el interlocutorio fustigado convalidando la actuaci\u00f3n de su mandante y, deb\u00eda ser tenida en cuenta por el iudex encartado para tramitar el mecanismo impugnatorio en caso de llegarse a formular, lo cual, se itera, no acaeci\u00f3 en la Lid. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, que mutatis mutand aplica al sub lite, esta Corporaci\u00f3n apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por consiguiente, si el pretendido representante carece de poder para actuar en nombre o por cuenta del poderdante o si se extralimita en el desarrollo de la procuraci\u00f3n, tales actos son, en principio inoponibles al titular de los derechos, de manera que no fijan sus efectos en su \u00f3rbita jur\u00eddica, a menos claro est\u00e1 que, posteriormente, los ratifique en la forma prevista en el art\u00edculo 2186 del C\u00f3digo Civil, conforme al cual, \u2018El mandante cumplir\u00e1 las obligaciones que a su nombre ha contra\u00eddo el mandatario dentro de los l\u00edmites del mandato. Ser\u00e1, sin embargo, obligado el mandante si hubiere ratificado expresa o t\u00e1citamente cualesquiera obligaciones contra\u00eddas a su nombre\u2019. Vale decir, que esa convalidaci\u00f3n del mandante hace ingresar en su \u00f3rbita jur\u00eddica, con efectos retroactivos, los actos celebrados por el representante. En el \u00e1mbito procesal, y comoquiera que la actuaci\u00f3n del apoderado materializa derechos fundamentales, como la debida defensa en juicio, cuando un procurador judicial act\u00faa sin ning\u00fan poder (y s\u00f3lo en este caso), la consecuencia prevista es de otra \u00edndole y consiste en la posibilidad de invalidar la actuaci\u00f3n judicial (art. 140.7 C. de P. C.) (\u2026). No puede decirse que la convalidaci\u00f3n a posteriori realizada en este caso por el Banco demandado quebranta el principio de preclusi\u00f3n de los actos procesales, porque el recurso fue oportunamente interpuesto, es decir que el abogado Carlos Steer Luna lo present\u00f3 en t\u00e9rminos; lo que se trata de establecer es si esa impugnaci\u00f3n, en esas condiciones presentada y en la oportunidad establecida por la norma procesal, le era imputable a la parte demandada, y lo cierto es que \u00e9sta as\u00ed lo ha aceptado, ratificaci\u00f3n que tiene alcance tal que se retrotrae al mismo momento en que el apoderado exterioriz\u00f3 el prop\u00f3sito de combatir en apelaci\u00f3n la decisi\u00f3n adoptada. (\u2026)\u00bb (CSJ ST de 17 de agosto de 2007, Rad. 2007-01165-00, reiterado en AC3126-2014) -Subrayado Adrede-. <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se infirmar\u00e1 el veredicto opugnado, para negar el anhelo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Diego Esteban Benavides Aguirre. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
EN COMISI\u00d3N DE SERVICIOS <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC4237-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC4237-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 52001-22-13-000-2022-00016-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 11 de marzo de 2022 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62689","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62689","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62689"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62689\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62689"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62689"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62689"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}