STC4254-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4254-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00942-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Financiera Comultrasan contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del distrito judicial de Bucaramanga; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2012-00027. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogada, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con la sentencia de 31 de enero de 2022, mediante la cual la magistratura convocada, en el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios que se adelant\u00f3 dentro del juicio ejecutivo por ella instaurado, confirm\u00f3 (con algunas modificaciones) la condena que en primera instancia se le hizo extensiva por los da\u00f1os causados al tercero incidentante (Jos\u00e9 Antonio Ariza) con motivo de las demoras presentadas en el tr\u00e1mite de aprehensi\u00f3n y secuestro de un veh\u00edculo que, finalmente, tuvo que ser desembargado al demostrarse que \u00e9l era su poseedor. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, censur\u00f3 que al confirmar dicha condena, el tribunal no reconoci\u00f3 la importancia que debi\u00f3 darle al hecho de que mediante auto de 9 de abril de 2014 (cuyos efectos fueron confirmados posteriormente en prove\u00eddo de 18 de enero de 2016), se acept\u00f3 la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que ella efectu\u00f3 en favor de Luz Johanna Su\u00e1rez Ib\u00e1\u00f1ez, por lo que, desde ese entonces, dej\u00f3 de ser responsable por lo que ocurriera en dicho juicio, lo cual incluye la celeridad en el perfeccionamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en la fustigada sentencia, el tribunal consider\u00f3 que, al no haberse dispuesto de manera expresa que la mencionada cesi\u00f3n conllev\u00f3 una sustituci\u00f3n procesal, deb\u00eda entenderse que entre los contratantes se gener\u00f3 un litisconsorcio cuasinecesario, lo que implica que los efectos del juicio tambi\u00e9n le eran extensibles a la cedente. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que ese entendimiento va en contrav\u00eda con los efectos legales de la cesi\u00f3n; desconoce la jurisprudencia del propio tribunal y de esta Corte, y adem\u00e1s redunda en una falta o indebida notificaci\u00f3n y representaci\u00f3n judicial en su contra, ya que desde el momento en que fue aceptada la cesi\u00f3n del cr\u00e9dito, el fallador de conocimiento dispuso tener por revocado el poder que ella inicialmente le hab\u00eda conferido al abogado que inicialmente represent\u00f3 sus derechos en ese pleito y posteriormente no se le volvi\u00f3 a vincular a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3, finalmente, que a partir de la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n, \u00able era imposible a la Financiera Comultrasan enterarse de las actuaciones posteriores a la aceptaci\u00f3n de la cesi\u00f3n y al reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica del nuevo apoderado de la cesionaria\u00bb, m\u00e1xime cuando \u00aben el tramite surtido al interior del incidente de desembargo, y\/o la oposici\u00f3n al secuestro formulada por el apoderado de JOSE ANTONIO ARIAS, la entidad accionante no hab\u00eda sido convocada a dicha audiencia, no se le hab\u00eda corrido el traslado para aportar y solicitar la pr\u00e1ctica de pruebas, el apoderado judicial de la parte opositora desisti\u00f3 del interrogatorio del representante legal de Financiera Comultrasan, en consecuencia, era improcedente condenar al pago de perjuicios a Financiera Comultrasan que ya no era parte dentro del proceso y no contaba derecho de postulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado fallo y se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez desestimando la demanda incidental en lo que a ella respecta. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Bucaramanga enfatiz\u00f3 que el contenido de la demanda de tutela no denuncia un proceder trasgresor de su parte y agreg\u00f3 que no puede ofrecer mayor detalle sobre el juicio ejecutivo n\u00b0 2010-00615, puesto que el expediente fue remitido a otra autoridad judicial desde el a\u00f1o 2013. <\/p>\n
3. Los Juzgados Primero y D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga se abstuvieron de pronunciarse sobre el fondo del asunto, tras relievar que la demanda de tutela se dirige contra una providencia emitida por otro despacho judicial. <\/p>\n
4. Uno de los servidores judiciales del Despacho de la Magistrada que profiri\u00f3 la providencia objeto de censura, advirti\u00f3 que dicha funcionaria se encuentra en licencia no remunerada y que el expediente del proceso materia del pretendido amparo ya fue devuelto al juzgado de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Preliminarmente conviene advertir que esta Corporaci\u00f3n ya se hab\u00eda pronunciado sobre el incidente de regulaci\u00f3n de perjuicios que hoy nuevamente se cuestiona, con motivo de la demanda de tutela que promovi\u00f3 Luz Johanna Su\u00e1rez Ib\u00e1\u00f1ez; tr\u00e1mite cuya primera instancia culmin\u00f3 con un fallo desestimatorio de las pretensiones (STC2702-2022, 9 mar.) que posteriormente fue impugnado por la parte actora. <\/p>\n
Se anota lo anterior para destacar que las resultas de ese tr\u00e1mite primigenio no inciden mayormente en esta nueva actuaci\u00f3n, pues si bien es cierto que en aquella oportunidad esta Sala respald\u00f3 la razonabilidad de la fustigada sentencia, ello se hizo desde la particular \u00f3ptica planteada en el escrito de tutela, el cual fue por entero ajeno a la eventual injerencia de Financiera Comultrasan en la causaci\u00f3n de los perjuicios materia del reclamo indemnizatorio y a su participaci\u00f3n en el tr\u00e1mite incidental donde se orden\u00f3 su reparaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tal motivo, en esta segunda ocasi\u00f3n emprender\u00e1 la Corte un nuevo estudio del fustigado tr\u00e1mite incidental, a partir de los espec\u00edficos fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la demanda de tutela en referencia, verificando en primer lugar si el pretendido resguardo satisface el presupuesto de subsidiariedad y, de superarse lo anterior, si las irregularidades denunciadas en el libelo introductor, ameritan la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue incorporado al ordenamiento para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas. De ah\u00ed que, mientras subsistan medios regulares de defensa, o los mismos est\u00e9n siguiendo el cauce previsto por el legislador, no sea viable acudir al remedio constitucional previsto en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica (a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad iusfundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u201d\u00bb (CSJ STC 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas pautas al asunto bajo estudio, se advierte la improsperidad del resguardo, puesto que la actora no aleg\u00f3, ni tampoco demostr\u00f3, que antes de acudir a este excepcional mecanismo de protecci\u00f3n, formul\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que ten\u00eda a su alcance para denunciar la falta de notificaci\u00f3n y representaci\u00f3n judicial en la que ahora insiste y reclamar con ese fundamento la invalidaci\u00f3n procesal que tambi\u00e9n aqu\u00ed solicit\u00f3. <\/p>\n
Lo anterior, porque ciertamente el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, establece como causal de dicho remedio procesal, \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb, por lo que si esa es la discrepancia de la ac\u00e1 convocante con el fallador de la causa, tal mecanismo jur\u00eddico es el que deber\u00eda activarse en lugar de acudir al juez excepcional, pues a \u00e9ste no le es dable intervenir en raz\u00f3n a la naturaleza subsidiaria y residual de la tutela. <\/p>\n
Respecto de la declaraci\u00f3n de improcedencia del amparo, soportada en la causal contemplada en el numeral 1\u00ba del canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, y concretamente cuando se ha aducido inexistencia o deficiencias en la notificaci\u00f3n de quien tiene inter\u00e9s en el proceso judicial, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel ordenamiento jur\u00eddico consagra medios ordinarios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la accionante controvertir mediante otro mecanismo legal, concretamente el incidente de nulidad o, en su defecto, el recurso de revisi\u00f3n, los hechos que soportan la queja constitucional, de manera que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aqu\u00ed planteadas, entre ellas, la indebida notificaci\u00f3n (…)\u00bb (CSJ STC, 24 sep. 2008, rad. 00144-01, citada en STC6324-2019, 23 may. 2019, rad. 00032-01, entre otras). <\/p>\n
Del mismo modo, en casos de similares contornos al que ahora se analiza, la Corte sostuvo que: \u00abel promotor cuenta con la opci\u00f3n de debatir la indebida notificaci\u00f3n que alega en el juicio ordinario, mediante la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (…), el cual puede promover independientemente de su desenlace, siempre y cuando se atienda la oportunidad legal y apoye la petici\u00f3n en una de las causales establecidas en el art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso]; en tal sentido, resulta ilustrativo el inciso tercero del art\u00edculo 142 ib\u00eddem al se\u00f1alar: \u201cla nulidad por indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento en legal forma, podr\u00e1 tambi\u00e9n alegarse durante la diligencia de que tratan los art\u00edculos 337 a 339, o como excepci\u00f3n en el proceso que se adelante para la ejecuci\u00f3n de la sentencia, o mediante el recurso de revisi\u00f3n si no se aleg\u00f3 por la parte en las anteriores oportunidades\u00bb\u00bb (CSJ STC, 24 may. 2012, rad. 2012-00999-00, citada entre otras en STC7069-2019, 5 jun. 2019, rad. 01678-00). <\/p>\n
En las condiciones descritas, al no encontrarse agotados todos los medios de defensa judicial previstos legalmente, deviene inviable la aspiraci\u00f3n deprecada, pues para ello los interesados deben acreditar que se dirigieron ante las autoridades competentes para poner de presente su reclamo, y no obtuvieron respuesta o la misma fue desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la tutela proceder\u00eda cuando no se cuenta con otro medio defensivo, o porque contando con \u00e9l, \u00e9ste resulta inane o ineficaz frente a lo pretendido, en la medida en que \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, citada entre otras en STC9813-2019, 25 jul. 2019, rad. 00198-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado, se impone denegar el resguardo, porque la demanda en referencia desatiende el requisito de subsidiariedad que la gobierna. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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