STC4259-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4259-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00913-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ren\u00e9 Paulino Ariza Fern\u00e1ndez contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, tr\u00e1mite al cual fueron citados el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar, los ex-Cabildos Gobernadores y autoridades ind\u00edgenas del Resguardo Caicemapa, las comunidades La Ceiba, Caimito, Para\u00edso y Madre Vieja, el Ministerio del Interior, la Secretar\u00eda de Asuntos Ind\u00edgenas Departamentales, la Alcald\u00eda Municipal de Distracci\u00f3n, as\u00ed como las partes e intervinientes en la salvaguarda n\u00b0 2022-00002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, \u00aben calidad de autoridad tradicional reconocida aut\u00f3nomamente por mi comunidad Clanil Territorial de la comunidad Madre Vieja del Resguardo Ind\u00edgena Wayuu de Caicemapa municipio de Distracci\u00f3n\u00bb, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, \u00aba la participaci\u00f3n en la toma de decisiones en cosas que nos afectan, ejercicio de gobierno propio, autonom\u00eda pol\u00edtica, administrativa, vida digna de los menores y la comunidad en general del control social\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel Resguardo Ind\u00edgena Way\u00fa \u201cCaicemapa\u201d tiene el establecimiento y estructura de gobierno propio encargado del orden econ\u00f3mico, social y administrativo a t\u00edtulo colectivo bajo la figura de Cabildo Gobernado, quien es el ejecutor de los programas sociales en todos sus \u00f3rdenes y representa legal y formalmente a dicho resguardo, compuesto por cuatro comunidades: La Ceiba, Caimito, Para\u00edso y Madre Vieja\u00bb, y en tal virtud, mediante \u00abacta de fecha 19 de diciembre de 2015 se aprob\u00f3 por unanimidad y en consenso unas reglas para la escogencia y elecci\u00f3n del Cabildo Gobernador (\u2026), determin\u00e1ndose que se rotaria cada dos a\u00f1os, debiendo permitirse que cada comunidad ocupara el mandato de gobierno\u00bb. <\/p>\n
Que en desarrollo de lo anterior, \u00abla comunidad de La Ceiba cumpli\u00f3 su periodo en los a\u00f1os 2016 y 2017, escogiendo como Cabildo Gobernador a Jos\u00e9 Francisco Berardinelli L\u00f3pez\u00bb, sigui\u00f3 \u00abla comunidad del Caimito, quien eligi\u00f3 como Cabildo gobernador a Rub\u00e9n Arturo Ariza Pushaima, para el periodo 2018 y 2019\u00bb; luego \u00abla comunidad del Para\u00edso nombrando como Cabildo gobernadora a Lina Carolina P\u00e9rez Pushaiuna, cuyo periodo correspond\u00eda a la vigencia de los a\u00f1os 2020 y 2021\u00bb, pero esta, \u00abviolando el debido proceso promovi\u00f3 la aprobaci\u00f3n de un reglamento hecho por fuera al debate (\u2026), donde no estuvieron las familias aptas con poder decisorio\u00bb, con el cual se modificaron los acuerdos, \u00abeliminando la posibilidad de que la comunidad Madre Vieja pudiera cumplir su turno, lo cual es inaudito (\u2026), se impone y se hace elegir (\u2026) a manera de dictadura (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Que \u00aben cumplimiento del acuerdo pactado por todas las comunidades, el 11 de diciembre de 2021, convoqu\u00e9 a nombre de mi comunidad a asamblea para elegir el Cabildo Gobernador [y] el 3 de enero se realiza asamblea interna de la comunidad Madre Vieja y se solicita la posesi\u00f3n del se\u00f1or Huveiman Brito \u00c1lvarez (\u2026), y en fecha 13 de enero del 2022 es posesionado por parte de la Alcald\u00eda municipal de Distracci\u00f3n, quien a su vez es registrado y certificada su condici\u00f3n de por parte del Ministerio del Interior, en febrero 24 de 2022 (\u2026). Aun as\u00ed, la se\u00f1ora Lina Carolina P\u00e9rez Pushaina se somete a elecci\u00f3n al margen del reglamento (\u2026), y a su vez se declara elegida mediante acta N. 06 de fecha 11 de diciembre de 2021, para el periodo 2022 y 2023\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abla se\u00f1ora Lina Carolina P\u00e9rez Pushaina promovi\u00f3 tutela contra el municipio de Distracci\u00f3n para que se le amparen sus derechos de elegir y ser elegida (\u2026), siendo denegada [por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Juan del Cesar el 1\u00b0 de febrero de 2022]\u00bb, no obstante, \u00abse conmin\u00f3 a la Oficina Asuntos Ind\u00edgenas de la Alcald\u00eda y a la Direcci\u00f3n de Asuntos Ind\u00edgenas y Rom del Ministerio del Interior, para que dentro de sus competencias legales (\u2026), procedan a brindar un acompa\u00f1amiento para genera espacio de concertaci\u00f3n y di\u00e1logo tendiente a solucionar el conflicto\u00bb. <\/p>\n
Que, en virtud al recurso de impugnaci\u00f3n interpuesto por la all\u00ed accionante, el 4 de marzo de 2002, la colegiatura -ac\u00e1 convocada- revoc\u00f3 el fallo de primer grado y accedi\u00f3 al amparo invocado por la se\u00f1ora P\u00e9rez Pushaina, raz\u00f3n por la que \u00absustentamos nuestro descontento [pues] no analiz\u00f3 ni penetr\u00f3 en el campo jur\u00eddico de los planteamientos formulados, [ya que] la Sala de conocimiento omiti\u00f3 su deber funcional como juez constitucional (\u2026) de desentra\u00f1ar la verdad del fin que se persegu\u00eda [al] dejar de lado el debate sobre qui\u00e9n es realmente la persona que legitima la condici\u00f3n de gobernador (a) ind\u00edgena del resguardo Caicemapa (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Tanto el solicitante como un n\u00famero plural de \u00abmiembros de la comunidad Madre Vieja\u00bb, que coadyuvaron la presente demanda, pretenden que esta Corporaci\u00f3n, entre otros pronunciamientos, declare la \u00abnulidad [del] fallo de segunda instancia de tutela proferido por [el] Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha La Guajira, Sala Civil-Familia-Laboral, por ser violatorio a la diversidad \u00e9tnica, del debido proceso, igualdad y dem\u00e1s derechos invocados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Riohacha, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda General, remiti\u00f3 las direcciones de correo electr\u00f3nico de los vinculados al proceso de tutela anterior. <\/p>\n
2. El Ministerio del Interior se opuso a lo pretendido, aduciendo a su favor \u00abfalta de legitimaci\u00f3n material en la causa por pasiva\u00bb, al se\u00f1alar que \u00abno existe nexo de causalidad entre la violaci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales invocados y el Ministerio del Interior, comoquiera que no es la entidad p\u00fablica que presuntamente viol\u00f3 o amenaz\u00f3 los derechos fundamentales invocados\u00bb. Igualmente, adujo \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales (\u2026), por no ser [esa cartera] la entidad que ha vulnerado los derechos agenciados\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretaria de Asuntos Ind\u00edgenas del Departamento de La Guajira, solicit\u00f3 declarar improcedente el amparo al considerar que no cumple el requisito de la subsidiariedad, pues el interesado cuenta con la posibilidad de formular \u00abacci\u00f3n de cumplimiento\u00bb o de \u00abinstaurar una denuncia penal\u00bb, o tambi\u00e9n gestionar una acci\u00f3n de \u00abreparaci\u00f3n directa\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que de cara a la querella \u00abno existe ninguna prueba que ratifique la vulneraci\u00f3n\u00bb de los derechos fundamentales invocados, y que a la Gobernaci\u00f3n \u00abno le asiste ning\u00fan tipo de responsabilidad\u00bb frente a los hechos denunciados, por lo que pidi\u00f3 se declare a su favor \u00abfalta de legitimidad por pasiva\u00bb. <\/p>\n
4. Lina Carolina P\u00e9rez Pushaina, cuestion\u00f3 \u00abla calidad de los 113 suscribientes – coadyuvantes\u00bb de la demanda tutelar, aduciendo que uno de ellos \u00absuscribi\u00f3 el acta aprobatoria de la asamblea No. 003 del 19 de septiembre de 2021 por la cual se aprob\u00f3 el reglamento interno del resguardo ind\u00edgena de Caicemapa\u00bb, por lo que consider\u00f3 \u00abun contrasentido que coadyuvara esta acci\u00f3n\u00bb, mientras que \u00ab14 asuscribientes no se encuentran reportados en la base censal que reposa en el Ministerio del Interior (\u2026), aparecen 3 c\u00e9dulas erradas o mal escritas, dos personas relacionadas que no firman y firman incluso un menor de edad\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose puntualmente a cada uno de los hechos, asegur\u00f3 que el tribunal accionado \u00abno representa ninguna vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, al igual que los actos realizados como cabildo gobernador no representan ninguna afrenta a los derechos reclamados\u00bb, y por ello pidi\u00f3 se declare la \u00abimprocedencia del mecanismo de amparo al no cumplirse ninguna de las subreglas de procedibilidad de acci\u00f3n de tutela contra fallo de tutela, y porque no existe ninguna causal de invalidez que pueda llevar a nulitar la actuaci\u00f3n, no se puede por esta v\u00eda reabrir el contenido del reglamento interno [el cual] se encuentra rigiendo y recoge el sentir de las mayor\u00edas de nuestro resguardo, reabrir el debate sobre el mismo es afectar la autonom\u00eda de la comunidad ind\u00edgena (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
5. Nelson Enrique Ipuana Uriana y Jos\u00e9 Domingo Epinay\u00fa, \u00abactuando como autoridades tradicionales de la comunidad Madre Vieja\u00bb, manifestaron que exist\u00edan irregularidades en la relaci\u00f3n de firmas de los coadyuvantes; que el hoy accionante \u00abno es quien toma de forma unilateral las decisiones de la comunidad sino las tres autoridades que representamos 3 clanes\u00bb; que \u00abel acta a trav\u00e9s de la cual se reconoci\u00f3 a Huveiman Brito \u00c1lvarez no tiene validez puesto que para tal decisi\u00f3n no fueron convocadas las autoridades de Madre vieja [pues] para esa fecha reg\u00eda el reglamento interno aprobado el 19 de septiembre de 2021 [y que] Ren\u00e9 Paulino Ariza viene obstaculizando el proceso de elecci\u00f3n., igualmente seg\u00fan la ley 89 de 1890, ninguna autoridad puede convocar a la elecci\u00f3n de cabildo gobernado, solo el cabildo saliente\u00bb. Acotaron que \u00abel reglamento interno se llev\u00f3 a cabo respetando la autonom\u00eda de nuestro pueblo wayuu, nuestros usos y costumbres\u00bb. <\/p>\n
6. Judith Mar\u00eda Gonz\u00e1lez Epinay\u00fa, Avelio Solano Gonz\u00e1lez y Benjam\u00edn Rafael Epinay\u00fa Pushiana, \u00aben calidad de autoridad tradicional de la comunidad El Para\u00edso\u00bb, pidieron que se nieguen las pretensiones porque en sentir de su comunidad se funda en \u00abcriterios falsos\u00bb, puesto que el \u00abreglamento interno el cual fue realizado y aprobado por la Asamblea General del Resguardo [persigue] mantener un orden y que dentro de nuestra autonom\u00eda de gobierno nos encontremos representados por un solo Cabildo Gobernador que seamos la comunidad que tengamos el derecho de elegir y ser elegidos y no que una sola comunidad escoja y quiera imponer el cabildo como lo est\u00e1 haciendo el se\u00f1or Ren\u00e9 Paulino Ariza Fern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
7. Jos\u00e9 Pushaina, \u00aben calidad de autoridad tradicional de la comunidad La Ceiba\u00bb, se pronunci\u00f3 en t\u00e9rminos similares a la anterior, e igualmente pidi\u00f3 defendi\u00f3 la validez del reglamento interno, pues con \u00e9l se otorga autonom\u00eda a las comunidades para la elecci\u00f3n de su Cabildo Gobernador, lo cual difiere del criterio del hoy tutelante quien pretende \u00abelegir de manera unilateral al se\u00f1or Huveiman Brito \u00c1lvarez\u00bb. <\/p>\n
8. Miguel Gonz\u00e1lez Apshana, \u00aben calidad de autoridad tradicional de la comunidad El Caimito\u00bb, contesto en los mismos t\u00e9rminos descritos anteriormente por los representantes de las anteriores comunidades, y por ende tambi\u00e9n se opuso a lo pretendido mediante el presente mecanismo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si el presente asunto satisface los presupuestos gen\u00e9ricos de procedibilidad, y de superarse lo anterior, si la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Riohacha, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de los querellantes, al revocar el fallo de primera instancia que desestimaba una acci\u00f3n constitucional y en su lugar conceder el amparo. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Si bien se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra providencias judiciales, excepcionalmente tiene cabida para restablecer el orden jur\u00eddico y para ello, la Corte Constitucional ha definido los presupuestos generales y espec\u00edficos, precisando respecto de los primeros, que en el caso revisado, todos ellos deben confluir para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n deprecada. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y cotejados con las piezas procesales pertinentes, la Sala declarar\u00e1 improcedente el amparo, porque: (i) no cumple el requisito general consistente en que no puede dirigirse contra una sentencia de tutela; y, (ii) desatiende el presupuesto, igualmente gen\u00e9rico, de la subsidiariedad. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad se configura en tanto el actual ataque lo dirige el actor y los coadyuvantes, para quebrantar la sentencia de segunda instancia proferida por la colegiatura acusada el 4 de marzo de 2022, en el marco de una acci\u00f3n de tutela promovida por Lina Carolina P\u00e9rez Pushaina (rad. 2022-00002), al considerar que incurri\u00f3 en yerros de procedibilidad al revocar el fallo desestimatorio de primer grado que los favorec\u00eda, afectando con ello \u00abla voluntad aut\u00f3noma de nuestra comunidad\u00bb y dem\u00e1s prerrogativas protegidas por la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
En tales condiciones, se insiste que la inconformidad que se suscite frente a un fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento, pues para ese prop\u00f3sito, el ordenamiento jur\u00eddico previ\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al veredicto de primer grado -ya surtido en el caso bajo examen-, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, como instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, al tenor del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica: <\/p>\n
\u00abEl mecanismo constitucional dise\u00f1ado para controlar las sentencias de tutela de los jueces constitucionales que conocen y deciden sobre las acciones de tutela, por decisi\u00f3n del propio Constituyente, es el de la revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional. Esta regulaci\u00f3n, no s\u00f3lo busca unificar la interpretaci\u00f3n constitucional en materia de derechos fundamentales sino erigir a la Corte Constitucional como m\u00e1ximo tribunal de derechos constitucionales y como \u00f3rgano de cierre de las controversias sobre el alcance de los mismos. Adem\u00e1s, excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela mediante una nueva acci\u00f3n de tutela \u2013 bajo la modalidad de presuntas v\u00edas de hecho – porque la Constituci\u00f3n defini\u00f3 directamente las etapas b\u00e1sicas del procedimiento de tutela y previ\u00f3 que los errores de los jueces de instancia, o inclusive sus interpretaciones de los derechos constitucionales, siempre pudieran ser conocidos y corregidos por un \u00f3rgano creado por \u00e9l \u2013 la Corte Constitucional \u2013 y por un medio establecido tambi\u00e9n por \u00e9l \u2013 la revisi\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) la importancia de evitar que toda sentencia de tutela pueda impugnarse, a su vez, mediante una nueva tutela, con lo que la resoluci\u00f3n del conflicto se prolongar\u00eda indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jur\u00eddica como del goce efectivo de los derechos fundamentales, radica en la necesidad de brindar una protecci\u00f3n cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados. De all\u00ed la perentoriedad de los plazos para decidir, la informalidad del procedimiento y el mecanismo de cierre encomendado a la propia Corte Constitucional, v.gr. el tr\u00e1mite procesal de la revisi\u00f3n eventual, con miras a garantizar la unificaci\u00f3n de criterios y la supremac\u00eda constitucional. Todo ello por decisi\u00f3n del Constituyente, que opt\u00f3 por regular de manera directa la acci\u00f3n de tutela y no sigui\u00f3 la t\u00e9cnica tradicional de deferir al legislador estos aspectos de orden procedimental. <\/p>\n
(\u2026) La \u00fanica alternativa para manifestar inconformidad con la sentencia de tutela de segunda instancia propiamente dicha que se encuentra en firme, es la intervenci\u00f3n de la parte interesada en el proceso de selecci\u00f3n para revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, ya que de otra forma se propiciar\u00eda una cadena interminable de demandas contra sentencias de tutela, lo que pugna contra la efectividad de este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional (art. 86 C.P.), contra el principio fundamental dirigido a asegurar el goce efectivo de los derechos y deberes constitucionales (art. 2 C.P.) y contra el principio de la seguridad jur\u00eddica\u00bb (CC SU-1219\/01). <\/p>\n
En ese mismo sentido, esta Sala ha enfatizado que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta especial jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda constitucional, pues \u00abresulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01), y que dar apertura a otra querella de igual naturaleza para refutar lo resuelto en una precedente, \u00ababrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, citada entre otras en STC7633-2021, 24 jun. 2021, rad. 00176-01). <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Se predica en la modalidad de existencia de otro medio de defensa judicial que a\u00fan no ha sido agotado, en la medida en que, la sentencia de tutela reprochada, esto es, la dictada por el tribunal accionado el 4 de marzo de 2022, a\u00fan puede ser objeto de examen por parte de la Corte Constitucional a trav\u00e9s de la eventual revisi\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, el Decreto 2591 de 1991 y la reglamentaci\u00f3n expedida por dicha Corporaci\u00f3n, entre otras disposiciones. <\/p>\n
En ese sentido, n\u00f3tese que del seguimiento realizado a dicho veredicto, la Sala establece que de cara a la posible selecci\u00f3n para su revisi\u00f3n, el 18 de marzo de 2022 el asunto fue radicado en la Corte Constitucional bajo el n\u00famero T8644359, sin que hasta esta data se haya proferido pronunciamiento alguno, situaci\u00f3n que conlleva a afirmar que tal decisi\u00f3n no ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, por lo que acudir a la tutela para rebatirla, \u00abequivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la propia Constituci\u00f3n ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (CC T-307\/15). <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se cumple el requisito de la subsidiariedad, frente a lo cual esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que tal presupuesto es inherente al ruego tuitivo, comoquiera que: <\/p>\n
Si el presunto defecto es de fondo y se materializa en el fallo de la acci\u00f3n de tutela, contra esa providencia no es viable interponer posteriormente otra acci\u00f3n de igual naturaleza, toda vez que los mecanismos jur\u00eddicos id\u00f3neos establecidos para analizar la constitucionalidad de una sentencia de amparo se concretan \u00fanicamente en la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia y en la revisi\u00f3n a cargo de la Corte Constitucional. <\/p>\n
Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. <\/p>\n
Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u201ccomo el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u201d [sentencia del 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00]\u00bb (CSJ STC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, citada en STC7950-2021, 30 jun. 2021, rad. 00863-01, entre otras muchas). <\/p>\n
Entonces, por cuanto no se ha surtido el procedimiento para la eventual revisi\u00f3n de la precitada resoluci\u00f3n, sigue abierto ese escenario jur\u00eddico en el cual puede intervenir cualquier interesado, y en caso de no seleccionarse podr\u00e1 hacer uso del derecho o facultad de insistencia, previo cumplimiento de las exigencias previstas en la ley y los reglamentos pertinentes. <\/p>\n
As\u00ed, el auxilio deviene improcedente por incumplir el principio de la subsidiariedad, frente a lo cual se recuerda que el uso racional de la tutela, conforme a la naturaleza jur\u00eddica, se reserva para los casos en que el ciudadano carece de otros instrumentos de protecci\u00f3n de sus prerrogativas superiores, pues la acci\u00f3n no se erige como herramienta sustitutiva, alternativa, paralela ni complementaria de las dem\u00e1s que consagra el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, tampoco procede como mecanismo transitorio, porque aunado a la ausencia de reproche sobre la aptitud del medio de defensa que tiene a su alcance, los solicitantes no probaron la existencia de perjuicio irremediable, evento para el cual se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, ex. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se declarar\u00e1 la improcedencia de la presente acci\u00f3n, toda vez que con ella se persigue quebrantar un fallo de similar estirpe, y tambi\u00e9n, porque desatiende otro presupuesto gen\u00e9rico consistente en la subsidiariedad, habida cuenta que la salvaguarda en cuesti\u00f3n, a\u00fan no ha culminado el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo implorado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 17 feb. 2004, exp. 2003-00076-01 y STC, 27 ago. 2004, exp. 2004-00306-01, entre otras. <\/p>\n
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STC4259-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC4259-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-00913-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Ren\u00e9 Paulino Ariza […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[48],"tags":[],"class_list":["post-62701","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-abril-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=62701"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/62701\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=62701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=62701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=62701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}