STC4263-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC4263-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00951-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Axa Colpatria Seguros S.A. frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado 11\u00b0 Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la IPS Instituto de Neurociencias Cl\u00ednica del Sol Ltda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La compa\u00f1\u00eda promotora deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderada, el respeto de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la colegiatura recriminada con ocasi\u00f3n de lo que resolviera, en segunda instancia, dentro del expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2019-00029\u00bb. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene dejar sin valor lo all\u00ed dirimido. <\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que ante el Juzgado 11\u00b0 Civil del Circuito de Barranquilla se surti\u00f3 el descrito litigio, por demanda que en contra suya instaurara la IPS Instituto de Neurociencias Cl\u00ednica del Sol Ltda., para el cobro de las sumas contenidas en diversas facturas (con cargo al SOAT). <\/p>\n
Adujo que de la contienda, luego de colmadas las etapas de rigor, provino fallo el 23 de marzo de 2021 favorable a \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n por todo el valor que se libr\u00f3 [en el] mandamiento de pago\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 haber recurrido en apelaci\u00f3n el referido pronunciamiento; empero, el Tribunal fustigado lo confirm\u00f3 mediante sentencia mayoritaria de 13 de octubre posterior, no aclarada ni adicionada1 con auto de 12 de enero de la anualidad en curso. <\/p>\n
Critic\u00f3 lo resuelto en segunda instancia pues, en s\u00edntesis, la corporaci\u00f3n judicial denunciada i) quiso pasar por alto los reparos impugnatorios consistentes en la prescripci\u00f3n del \u00abcontrato de seguros\u00bb y la \u00abacci\u00f3n cambiaria\u00bb e igualmente sobre \u00ablas dem\u00e1s excepciones propuestas en la contestaci\u00f3n de (\u2026) demanda\u00bb, am\u00e9n de que ii) le impuso una \u00abcarga (\u2026) de enlistar factura por factura\u00bb, en aras de acreditar la demostrada existencia de \u00abt\u00edtulos ejecutivos complejos\u00bb a la luz del decreto 056 de 2015 (art\u00edculo 26), todo, a fin de \u00abno hacer el estudio (\u2026) de los documentos que se cobraban\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte dio apertura al ruego de amparo, emiti\u00f3 las comunicaciones y llam\u00f3 a rendir los informes de que trata el canon 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 11\u00b0 Civil del Circuito \u00eddem memor\u00f3 lo sucedido en el pleito disentido, del que comparti\u00f3 copia magn\u00e9tica. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La IPS involucrada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, siempre que sean vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose del discurrir de los jueces, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de un irrefutable atropello, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, cada vez que aparezca el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por el delineado trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario jurisdiccional cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico cuando el agraviado no cuente con otro canal de patrocinio. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios detentan la libertad discreta y proporcional para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento, la justicia constitucional puede inmiscuir en tal funci\u00f3n, si aquellos consolidan una flagrante desviaci\u00f3n de su desempe\u00f1o. <\/p>\n
Total, en este nivel ha manifestado que <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
Es verdad que cuando el sentenciador natural opta por apartarse de la jurisprudencia sin exponer argumentos fidedignos o, de las leyes sustantivas y\/o adjetivas, entre otros contextos de vulneraci\u00f3n, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Hecha la anterior salvedad, se apresta a auscultar en sus cimientos la resoluci\u00f3n objeto de cr\u00edtica; esto es, la sentencia dimanada del Tribunal accionado, por mayor\u00eda, el 13 de octubre de 2021; por dem\u00e1s, definitoria de la ejecuci\u00f3n repelida. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo medular, all\u00ed se esgrimi\u00f3: \u00abes indiferente a la decisi\u00f3n a tomar en la presente instancia, el asumir (\u2026) cualquiera de las tesis aceptadas como razonables\u00bb en torno a la reclamaci\u00f3n ejecutiva de facturas de salud con cargo al SOAT \u2013bien sea bajo la categor\u00eda de t\u00edtulos valores, ora, de t\u00edtulos \u00abcomplejos\u00bb\u2013, pues en el litigio \u00abno [hubo] controversia\u00bb frente al cobro, por falta de \u00abtacha\u00bb a los concernientes documentos y, a la postre, la parte inconforme con el fallo de primer grado tampoco \u00abprecis[\u00f3 a] cu[\u00e1]les de [las] facturas les h[izo] falta (\u2026) anexos\u2026\u00bb. <\/p>\n
Colocadas as\u00ed las cosas, deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta especial jurisdicci\u00f3n, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
El Tribunal fustigado ciertamente rehus\u00f3 atender los reparos blandidos por la aqu\u00ed quejosa al descorrer el traslado de segunda instancia, atientes a i) la \u00abPRESCRIPCI\u00d3N ORDINARIA DEL CONTRATO DE SEGURO\u00bb, con el que sostuvo, entre otros aspectos, la supuesta inaplicabilidad de la \u00abinterrupci\u00f3n\u00bb del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, en materia de seguros, y ii) la prescripci\u00f3n \u00abDE LA ACCION CAMBIARIA\u00bb sobre \u00abuna parte de las facturas cobradas\u00bb, si de relieve se pone que en sus consideraciones s\u00f3lo tuvo en cuenta, aparentemente, la r\u00e9plica referente a la naturaleza de los t\u00edtulos ejecutivos reclamados. <\/p>\n
De suerte que el aludido juzgador ten\u00eda que haber impartido respuesta a la totalidad de las inconformidades plasmadas por el extremo all\u00ed recurrente (ac\u00e1 tutelante). No hacerlo as\u00ed supuso un serio dislate de motivaci\u00f3n, agravado por el hecho de que el razonamiento formalista que le diera al \u00faltimo reproche arriba descrito (naturaleza de las facturas base de cobro) dej\u00f3 de examinar el trasfondo de la alzada en ese sentido, como lo es \u00abla obligaci\u00f3n de analizar nuevamente el titulo ejecutivo\u00bb. El Tribunal ni siquiera tom\u00f3 partido en concluir si los documentos objeto de recaudo son o no t\u00edtulos complejos. <\/p>\n
Total, el aut\u00e9ntico fundamentar de los jueces, en palabras de esta Corte, equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798-2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (\u00c9nfasis ajeno – CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda grave falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador judicial recriminado, sumido en ausente e inadecuada fundamentaci\u00f3n, escatim\u00f3 mayor esfuerzo en desatar un pronunciamiento valedero de cara a la apelaci\u00f3n que le brind\u00f3 potestad para terciar al interior del juicio disentido; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a restarle efecto y proveer otra vez. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado por Axa Colpatria Seguros S.A. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, que en un t\u00e9rmino no mayor a quince (15) d\u00edas, contado a partir del momento en que reciba el expediente ejecutivo n.\u00b0 \u00ab2019-00029\u00bb, y luego de dejar sin valor la sentencia mayoritaria ah\u00ed proferida el 13 de octubre de 2021, as\u00ed como todas las resoluciones que de ello dependan, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la tutelante, acorde a lo plasmado en la considerativa de este pronunciamiento. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado 11\u00b0 Civil del Circuito de la misma ciudad deber\u00e1 enviar el descrito dossier al Tribunal, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a su notificaci\u00f3n, a fin de que esta \u00faltima corporaci\u00f3n pueda impartir cumplimiento a lo aqu\u00ed mandado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n la elev\u00f3 la aqu\u00ed accionante, en su condici\u00f3n de ejecutada. <\/p>\n
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