STC4265-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4265-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00958-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (06) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 de los \u00c1ngeles Guio D\u00edaz contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del distrito judicial de Bucaramanga; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2017-00342. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de segunda instancia de 9 de febrero de 2022, mediante el cual la magistratura convocada, mediante una argumentaci\u00f3n que consider\u00f3 contraria al ordenamiento jur\u00eddico, revoc\u00f3 la prosperidad del incidente de regulaci\u00f3n de honorarios por \u00e9l promovido y, en su lugar, rechaz\u00f3 de plano la demanda incidental. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, censur\u00f3 que dicha determinaci\u00f3n se finc\u00f3 exclusivamente en el hecho de que en el juicio no hubo realmente una revocatoria del mandato que le hubiera facultado a promover el tr\u00e1mite de regulaci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, con lo cual termin\u00f3 por desconocerse, seg\u00fan lo dijo el convocante, que \u00abla raz\u00f3n por la cual no existi\u00f3 REVOCATORIA O RENUNCIA del poder, se fundamenta en que las partes en nombre propio e incluso sin consideraci\u00f3n alguna de mi poderdante, radicaron memorial de DESISTIMIENTO DEL PROCESO, por tanto no hubo oportunidad alguna para que la REVOCATORIA O RENUNCIA del poder se radicara en el despacho\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto el fustigado auto y se ordene resolver nuevamente el asunto, pero esta vez confirmando la prosperidad de sus pretensiones. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La magistratura accionada defendi\u00f3 la legalidad de la providencia objeto de censura. <\/p>\n
2. Oscar Eduardo Guerra Ochoa e Iv\u00e1n Bol\u00edvar Hern\u00e1ndez se opuso a la prosperidad de la salvaguarda por considerar que la fustigada providencia no involucra v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa para intervenir en esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga hizo un recuento de lo acontecido en el juicio que incumbe a este tr\u00e1mite y recalc\u00f3 que all\u00ed no se trasgredi\u00f3 ninguna garant\u00eda fundamental de los involucrados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la magistratura convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al desestimar el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios promovido por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto \u2013 razonabilidad de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal revoc\u00f3 la prosperidad de la demanda incidental formulada por el aqu\u00ed convocante, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, la magistratura inici\u00f3 recordando el contenido del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso y la jurisprudencia que sobre el particular ha proferido la Corte. Con base en ello, resalt\u00f3 que \u00ab\u00fanicamente quien como apoderado resulta separado del acontecer procesal por relevo definitivo ante la revocatoria del poder que hace su poderdante, est\u00e1 legitimado para reclamar la regulaci\u00f3n de honorarios, contando con un t\u00e9rmino perentorio de treinta (30) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del prove\u00eddo que al respecto se dicte, dado que, si tal plazo vence se debe acudir a otro escenario con esa finalidad\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, record\u00f3 que \u00abel 12 de agosto de 2021 el abogado Jos\u00e9 de los \u00c1ngeles Gu\u00edo D\u00edaz promovi\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios frente a Jorge Iv\u00e1n Bol\u00edvar Hern\u00e1ndez por la gesti\u00f3n realizada como su apoderado al interior del proceso declarativo de nulidad radicado 2017-00342, que adelant\u00f3 en su contra Cecilia Dur\u00e1n Jaimes y otros. En pos de ello adujo que entre las partes existi\u00f3 contrato verbal de prestaci\u00f3n de servicios. Por auto del 23 de agosto de 2021 se dispuso correr traslado al demandante para que pidiera las pruebas que pretendiera hacer valer y acompa\u00f1ara los documentos y pruebas anticipadas que se encontraran en su poder. El 31 de agosto de 2021 el incidentado Jorge Iv\u00e1n Bol\u00edvar Hern\u00e1ndez, asistido de abogado, se opuso a la petici\u00f3n de regulaci\u00f3n, manifestando que, entre las partes existi\u00f3 contrato escrito de prestaci\u00f3n de servicios, pero nunca se revoc\u00f3 el poder al abogado incidentalista, pues \u00e9ste lo represent\u00f3 desde la contestaci\u00f3n de la demanda hasta la terminaci\u00f3n del proceso y durante el tr\u00e1mite no se design\u00f3 apoderado diferente. Sostiene que, el no pago de los honorarios obedece a que el proceso reci\u00e9n culmin\u00f3 y no ha tenido tiempo para realizarlo. Por prove\u00eddo del 3 de septiembre de 2021 se decretaron pruebas. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n acusada\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, coligi\u00f3 que \u00abel tr\u00e1mite impartido por la Juez de primer grado al incidente de regulaci\u00f3n de honorarios gestado por el abogado Jos\u00e9 de los \u00c1ngeles Guio D\u00edaz fue por completo desacertado, puesto que, para ello es presupuesto obligatorio que medie la revocatoria expresa del poder por el poderdante a su apoderado, o que se designe otro abogado, situaciones que en el presente asunto no han ocurrido, comoquiera que, al precitado profesional del derecho no se le revoc\u00f3 el mandato para representar a Jorge Iv\u00e1n Bol\u00edvar Hern\u00e1ndez al interior del proceso declarativo de nulidad de escritura p\u00fablica, por lo que lo condigno era el rechazo de plano del incidente planteado en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 130 del C\u00f3digo General del Proceso, que prescribe: \u201cEl juez rechazar\u00e1 de plano los incidentes que no est\u00e9n expresamente autorizados por este c\u00f3digo y los que se promuevan fuera de t\u00e9rmino o en contravenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 128. Tambi\u00e9n rechazar\u00e1 el incidente cuando no re\u00fana los requisitos formales\u201d. Se impone, entonces, con respaldo en las consideraciones que han quedado consignadas revocar la decisi\u00f3n censurada, que carece de sustento legal, para en su lugar rechazar de plano el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios propuesto por el abogado Jos\u00e9 de los \u00c1ngeles Guio D\u00edaz frente a Jorge Iv\u00e1n Bol\u00edvar Hern\u00e1ndez\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre otras en STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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