STC4269-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC4269-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-00971-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de seis de abril de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., seis (6) de abril de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Amalia Ure\u00f1a y H\u00e9ctor Qui\u00f1onez Barrag\u00e1n contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma especialidad de Villavicencio y los intervinientes en el juicio n\u00ba 2017-00164. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por la demora de la magistratura encartada en resolver la solicitud que le formularon el 14 de diciembre de 2021, para que modificara la sentencia de 29 de septiembre de ese mismo a\u00f1o (en cuanto al \u00e1rea y linderos del predio en disputa) de acuerdo con el informe de georreferenciaci\u00f3n que, el pasado 7 de febrero, le entreg\u00f3 la unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas, lo cual, seg\u00fan lo dijeron, es necesario para que se proceda a elaborar el aval\u00fao comercial del que depende la entrega de la compensaci\u00f3n por equivalente que se orden\u00f3 en su favor en la sentencia de restituci\u00f3n. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se ordene a la magistratura encartada que efect\u00fae el aludido ajuste. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad Administrativa Especial para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
2. La magistratura accionada manifest\u00f3 que \u00abel 25 de marzo de 2022 se expidi\u00f3 auto posfallo en donde se analiz\u00f3 la situaci\u00f3n requerida por los hoy accionantes y la UAEGRTD \u2013 Meta, adoptando las medidas que se estimaron pertinentes para su pronta soluci\u00f3n. Igualmente, se impuls\u00f3 el tr\u00e1mite de compensaci\u00f3n. El citado auto se notific\u00f3 a las partes e intervinientes el 28 de marzo de 2022 por lo que se encuentra surtiendo t\u00e9rmino de ejecutor\u00eda. Y por cuanto se expidi\u00f3 previamente a la interposici\u00f3n y admisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no hay duda que los cargos por mora judicial carecen de fundamento\u00bb. <\/p>\n
3. La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa y agreg\u00f3 que los actores no demostraron la existencia de la vulneraci\u00f3n denunciada ni la eventualidad de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Restituci\u00f3n de Tierras de Villavicencio reliev\u00f3 que en la demanda de tutela no se expresa ninguna irregularidad que le sea atribuible. <\/p>\n
5. La Direcci\u00f3n de Gesti\u00f3n Catastral del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi hizo un recuento de las funciones que le corresponden en el marco de los procesos de restituci\u00f3n de tierras y aludi\u00f3 a los requisitos que deben satisfacerse para que sea viable elaborar un aval\u00fao comercial de los predios comprendidos en esos tr\u00e1mites. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. De los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales para la viabilidad de la acci\u00f3n de tutela, siendo ellos: \u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC SU-813\/07). Subraya la Sala. <\/p>\n
Por tanto, resulta imprescindible que en el examen preliminar se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, siendo forzoso que el fundamento de hecho planteado devele una situaci\u00f3n en la que se hallen comprometidos derechos de rango fundamental, de no ser as\u00ed, la pretensi\u00f3n no puede prosperar, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el presupuesto b\u00e1sico para la procedencia del amparo es la vulneraci\u00f3n o la amenaza de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental y en ese sentido puede anotarse que las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales deben estar inescindiblemente relacionadas con la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, lo que implica que para lograr el amparo constitucional, no basta acreditar la concurrencia de una de las vulneraciones gen\u00e9ricas arriba se\u00f1aladas \u2013que bien podr\u00edan ser subsanadas a trav\u00e9s de los mecanismos y recursos ordinarios- es necesario tambi\u00e9n, que tal defecto en la providencia vulnere derechos fundamentales (Art. 86 C.P.)\u00bb (CC T-701\/04). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, en relaci\u00f3n con la tutela, que: <\/p>\n
\u00abpara su procedencia se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada en STC11419-2020, 11 dic. 2020, rad. 00378-01, entre otras). <\/p>\n
3. Caso concreto – ausencia de vulneraci\u00f3n <\/p>\n
Aplicadas las rese\u00f1adas premisas al asunto bajo estudio, pronto se advierte la improsperidad de la solicitud de amparo en referencia, pues, contrario a lo que sostuvo la parte convocante, la magistratura accionada ya se pronunci\u00f3 frente a la solicitud que le fue elevada el 14 de diciembre de 2021, a trav\u00e9s del auto de 25 de marzo pasado (dictado 5 d\u00edas antes de la fecha en que se radic\u00f3 la demanda de tutela), en el cual dispuso: <\/p>\n
\u00ab6.1. ADVIERTE que no est\u00e1 en discusi\u00f3n la plena individualizaci\u00f3n del bien restituido, el cual, se identifica con el c\u00f3digo catastral n.\u00ba 01-00-0102-0002-000, el FM Inmobiliaria n.\u00ba 236-40106 y se tiene certeza que corresponde con el que f\u00edsicamente est\u00e1 ubicado en la Carrera 8 n.\u00ba 22 \u2013 28 Barrio Montoya Pava de Granada \u2013 Meta. Por el contrario, lo que ahora se procura es determinar su adecuada extensi\u00f3n con el fin de verificar si corresponde con la que se report\u00f3 en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos y\/o en las bases de datos del IGAC (la cartogr\u00e1fica y jur\u00eddica), una labor que permitir\u00e1 la actualizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de manera que sea homog\u00e9nea. <\/p>\n
6.2. En consecuencia, se dispone, REQUERIR a la UAEGRTD \u2013 META y IGAC – META, para que en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 20 d\u00edas presenten al Tribunal conjuntamente informe t\u00e9cnico predial consolidado sobre el inmueble ubicado en la Carrera 8 n.\u00ba 22 \u2013 28 Barrio Montoya Pava de Granada \u2013 Meta, c\u00f3digo catastral n.\u00ba 01-00-0102-0002-000 y FM Inmobiliaria n.\u00ba 236-40106, de tal manera que, se corroboren los datos del ITG e ITP que present\u00f3 la primera de las citadas entidades. El informe consolidado: (i) tendr\u00e1 como uno de sus insumos la visita al predio que debe realizar el IGAC con el fin de avaluar comercialmente el citado bien; (ii) deber\u00e1 indicar el \u00e1rea que debe ser tenida definitivamente en cuenta con el fin de determinar la procedencia de correcci\u00f3n de la sentencia; (iii) explicar y justificar los aumentos catastrales que ha presentado el predio desde el a\u00f1o 2018. <\/p>\n
6.3. Finalmente, en cuanto a la solicitud de compulsar copias a las que se refiere el solicitante, el Tribunal le hace saber que si considera que con la inconsistencia que se present\u00f3 en el ITP e ITG se incurre en faltas disciplinarias y\/o delitos bien puede formular las quejas o denuncias que estime pertinentes. Orden para priorizar avalu\u00f3 comercial del bien <\/p>\n
7. En el asunto de la referencia se protegi\u00f3 por compensaci\u00f3n el derecho de restituci\u00f3n del predio urbano con nomenclatura Carrera 8 n.\u00ba 22 \u2013 28 FM Inmobiliaria n.\u00b0 236-40106 ubicado en Granada \u2013 Meta, raz\u00f3n por la cual en el ordinal 2.1 de la parte resolutiva de la sentencia se requiri\u00f3 al Fondo de la UAEGRTD iniciar el tr\u00e1mite administrativo para concretar la reparaci\u00f3n. <\/p>\n
8. Dado que el aludido tr\u00e1mite implica la realizaci\u00f3n de un aval\u00fao comercial del bien a cargo del IGAC, considerando que dicha labor tiene la aptitud para que se entregue el informe t\u00e9cnico predial consolidado (supra n.\u00b0 6.2), se dispone REQUERIR a JORGE AUGUSTO BONIL CUBIDES, Subdirector de Catastro del IGAC y responsable del Grupo de Aval\u00faos de la entidad para que designe un funcionario y\/o un contratista de la entidad para que practique avalu\u00f3 comercial con fines de compensaci\u00f3n al citado predio. El funcionario encargado del aval\u00fao deber\u00e1 estar capacitado y\/o contar apoyo para verificar la extensi\u00f3n del terreno en la visita que se deber\u00e1 programar en un t\u00e9rmino no superior a los 10 d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de la orden. El avalu\u00f3 se deber\u00e1 entregar al Tribunal a m\u00e1s tardar 15 d\u00edas despu\u00e9s de realizada la aludida visita. Suspensi\u00f3n provisional parcial de orden y requiere cumplimiento <\/p>\n
9. Por cuanto la extensi\u00f3n del predio restituido con FM Inmobiliaria n.\u00ba 236- 40106 se encuentra en proceso de corroboraci\u00f3n conforme se explic\u00f3 anteriormente (supra n.\u00ba 2 a 6), se dispone, SUSPENDER PROVISIONALMENTE el cumplimiento de lo dispuesto en el literal \u201cii\u201d del ordinal cuarto de la parte resolutiva sentencia proferida el 29 de septiembre de 2021 en el asunto de la referencia, relacionada con la actualizaci\u00f3n del citado folio de matr\u00edcula inmobiliaria. <\/p>\n
En consecuencia, COMUNICAR lo anterior a la ORIP \u2013 San Mart\u00edn con el fin que: 9.1. Hasta nueva orden, se ABSTENGA de cumplir con el mencionado literal que en su tenor dice \u201c(ii) actualizar el citado FM Inmobiliaria con base en los datos del informe de georreferenciaci\u00f3n rese\u00f1ados en el p\u00e1rrafo quinto de la presente sentencia.\u201d <\/p>\n
9.2. En el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 15 d\u00edas ACREDITE EL CUMPLIMIENTO de lo que se orden\u00f3 en el literal \u201ci\u201d del ordinal cuarto de la citada sentencia relacionado con \u201c(i) cancelar las medidas cautelares que se decretaron sobre el predio urbano con nomenclatura Carrera 8 n.\u00ba 22 \u2013 28, FM Inmobiliaria n.\u00b0 236- 40106, ubicado en Granada \u2013 Meta.\u201d\u00bb <\/p>\n
En este orden, la controversia que plante\u00f3 la parte actora resulta infundada, pues ni por acci\u00f3n ni por omisi\u00f3n el querellado ha amenazado y menos quebrantado sus intereses superiores, lo que conlleva la inexistencia de yerro procesal, sustantivo o de otra \u00edndole que pueda habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
Al respecto, de vieja data la Corte Constitucional ha sostenido que seg\u00fan el canon 86 de la Constituci\u00f3n y los art\u00edculos 5\u00b0 y 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, \u00absin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado\u00bb (SU-975\/03), por tanto, al no poderse endilgar conducta transgresora al accionado, el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, ya que, \u00abpara que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan\u00bb (CC T-883\/08). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda ante la falta de consolidaci\u00f3n de la afectaci\u00f3n invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(Comisi\u00f3n de Servicios) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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